En el primer semestre de 2025, cerca de 12.000 estudiantes del Meta quedaron sin transporte escolar por más de un mes debido a la negligencia del gobierno nacional, que no gestionó a tiempo los recursos. La falta del servicio vulnera el derecho a la educación en zonas rurales y evidencia una crisis profunda en la administración pública. Exigimos una respuesta inmediata para garantizar que el derecho a la educación no siga siendo violentado y se cumpla la promesa del Gobierno Nacional de la gratuidad de la Educación.
¿De dónde sale la plata para el transporte escolar?
De acuerdo con la circular No. 079 de 2025 emitida por la Secretaría de Educación del Meta, el Sistema General de Regalías (SGR) es el principal mecanismo que financia el servicio de transporte escolar en el Meta. En algunos municipios, como Villavicencio, se complementa con recursos propios, pero la mayor parte del financiamiento proviene de estos fondos nacionales. El proceso administrativo debería ser sencillo: el Ministerio de Hacienda administra el SGR, expide los decretos para asignar los recursos y le corresponde a los gobiernos locales presentar proyectos para materializar estos recursos, gestionando las licitaciones necesarias para garantizar que el servicio se mantenga operativo. Sin embargo, el proceso administrativo ha sido ineficiente, lo que ha desencadenado una crisis para las y los estudiantes y sus familias.
Aunque el transporte escolar en el Meta se financia principalmente con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), esta no debería ser la fuente principal. Según lo establecido, el Sistema General de Participaciones (SGP) es el encargado de cubrir programas educativos como este. Sin embargo, los recortes históricos a la educación por parte de gobiernos anteriores han dejado desfinanciados estos servicios, obligando a recurrir a fondos inestables como el SGR para garantizar su continuidad.
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Una negligencia que pagan las y los estudiantes y sus familias
En el Meta, cerca de 12.000 estudiantes se encuentran sin poder asistir a clases debido a la interrupción del servicio de transporte escolar, que lleva suspendido más de un mes. Este servicio es fundamental para estudiantes de áreas rurales, donde el acceso a las instituciones educativas depende en gran medida de este medio de transporte, y las familias no tienen los recursos para solventar opciones privadas. Según la Circular No. 082 de la Secretaría de Educación del Meta, la crisis actual se originó por problemas administrativos que han dejado a miles de estudiantes sin la posibilidad de continuar con su educación, corroborando una vez más que la gratuidad de la educación es una quimera.
La falla comenzó cuando el Ministerio de Hacienda no expidió a tiempo el decreto necesario para cerrar el bienio correspondiente al periodo 2023-2024, lo que impidió la transferencia de recursos para la licitación del servicio escolar de 2025-2026. Aunque el Decreto 379 de 2025 resolvió parcialmente esta situación, el servicio no se restablecería, hasta el 5 de mayo, lo que ha generado una espera insostenible de más de un mes.
Mientras tanto, municipios como Cumaral han visto a más de 400 estudiantes fuera de las aulas, y este problema afecta a otros 12 municipios donde el transporte escolar ha sido suspendido. Sin el transporte escolar, el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes más vulnerables queda comprometido, y la desigualdad se profundiza, puesto que, muchos de estos estudiantes provienen de familias de bajos ingresos que no tienen cómo cubrir el costo de un transporte privado.
En medio de la falta de respuesta del gobierno, algunas comunidades han decidido tomar cartas en el asunto. En Acacías, por ejemplo, un grupo de estudiantes, padres de familia y ciudadanos se unió para ofrecer una solución temporal. Con la colaboración de actores locales como la alcaldía y empresas, lograron reunir recursos suficientes para poner en marcha 10 buses, con monitoras, conductores y combustible, permitiendo que los estudiantes pudieran continuar asistiendo a clases. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes a largo plazo, y la situación sigue sin resolverse en muchos otros municipios.
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¿Y ahora qué sigue?
Este caos no es fruto de un evento inesperado, sino el resultado de una gestión irresponsable de los recursos y una planificación inadecuada por parte de las autoridades nacionales. Es inaceptable que el gobierno de Gustavo Petro, que se comprometió a defender los derechos de los jóvenes y estudiantes y, la gratuidad de la educación, permita, que miles de ellos queden sin su acceso debido a desidias administrativas. Esta crisis pone de manifiesto una falta de compromiso con la educación pública, que debería ser una prioridad para cualquier gobierno.
Las y los estudiantes rechazamos esta falta de acción y exigimos una respuesta urgente por parte del gobierno. Es fundamental que el presidente Petro y su equipo trabajen en conjunto con las autoridades locales y departamentales para restablecer el servicio de transporte escolar de manera permanente. Los estudiantes no pueden seguir siendo víctimas de la ineficiencia administrativa; su derecho a la educación no debe depender de burocracias inoperantes, ni de recortes presupuestales.
Valoramos las soluciones propuestas, como las de Acacías, que es un esfuerzo de la sociedad, y hacemos un llamado a todos los sectores, incluidos jóvenes, docentes, padres y líderes comunitarios, a mantenerse unidos en la lucha por garantizar el acceso a una educación pública, gratuita y la calidad para todos y todas. El derecho a la educación no puede seguir siendo una promesa vacía; es hora de que el gobierno nacional tome medidas concretas.
