Bajos precios del litro, disminución en el acopio, reducción del consumo nacional de leche y sus derivados, sustitución de la producción nacional por productos extranjeros al amparo de los TLC, todo confirma que los productores de leche atraviesan su peor momento. La crisis de la leche es la antesala de una nueva estocada a la soberanía alimentaria de Colombia.
El mercado de la leche nacional representa 12 billones de pesos, el 12% del PIB agropecuario. Según cifras del DANE y de la Unidad de Seguimiento al Precio del Ministerio de Agricultura, en 2023 la producción fue de 7.097 millones de litros de leche, acopiados 3.326 millones por la industria formal. De cada cien litros, 46 fueron a parar a la industria y los restantes se dividen así: 8 litros van para el autoconsumo en finca y los otros 46 se comercializan al jarreo o por medio de compradores como quesilleros y pequeñas industrias artesanales.
Para comprender por qué los bajos precios son un factor determinante en la crisis láctea, conviene analizar el mercado de leche. En Colombia hay dos grandes mercados: uno, el de la industria pasteurizadora y otro, el de los productores artesanales y el mercado abierto.
El primero se rige en forma obligatoria por la Resolución 017 de 2012 que, de acuerdo con las características físicas y químicas en la composición de la leche, además de otras variables externas, establece un precio mínimo para ser pagado al productor. Según cifras oficiales, los precios han caído en 14,9% entre junio del 2023 y junio del 2024, cuando se pagó en promedio 1.950 pesos por litro. En contraste, los precios al consumidor para los derivados lácteos se incrementaron en 4,3% en el mismo periodo y apenas si reportan una leve caída a finales de julio. Al tiempo en que hay estancamiento en los precios al productor y en el ingreso, no disminuyen los precios al consumidor.
El otro mercado es el de las quesilleras, queseras artesanales y empresas de producción de yogur u otros derivados, que no rigen sus pagos según la Resolución 017. No hay entonces un precio mínimo. El precio depende de la oferta y la demanda y es mucho más variable. Cerca del 46% del total de litros de leche anuales lo absorbe este mercado, denominado informal por la industria, aun cuando muchas de las empresas artesanales cumplen con los requisitos legales de funcionamiento. Hay reportes de zonas en las que el precio no llega ni a 800 pesos por litro, una completa ruina para cualquier productor.
Allí donde rige el pago por la Resolución 017, los precios suelen ser más estables, aunque existen elementos que juegan contra los productores, como las bonificaciones por calidad, que son voluntarias cuando deberían ser obligatorias, o el descuento por transporte incluso cuando el producto ya ha sido entregado a la empresa acopiadora. Sin embargo, en aquellas regiones donde predominan los actores que no se rigen por el pago mínimo de Resolución, los precios tienden a sufrir bajones importantes. De ahí la urgencia de fortalecer la industria nacional y garantizar la compra de la producción a unos precios que sean remunerativos y estables.
El consumo ha estado disminuyendo por causa de las bebidas de origen vegetal, las rendidas con lactosueros, también importados, y otros sustitutos. Agudiza el problema la producción de quesos, cuajadas y similares que contienen añadiduras de grasas y harinas, productos que se consideran homologados y afectan la producción. También la pobreza y los bajos ingresos han hecho que el consumo en Colombia se haya reducido en promedio a 153 litros por persona al año, 19 menos que los recomendados por la FAO. Así entonces, hay bajos precios al productor que no se traducen en un menor precio al consumidor y además disminuye el consumo de productos lácteos.
Las importaciones de derivados lácteos representan la estocada final en la crisis de la leche. Este fenómeno tiene su origen en los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos y la Unión Europea, y, por otro lado, en varios acuerdos con países de la CAN y el Mercosur. Hacia el 2010 las importaciones apenas superaban las 5.000 toneladas de derivados lácteos. A mediados de la década ya llegaban a 31.000. El año pasado fueron de 72.223 toneladas y costaron más de 235 millones de dólares.
La industria ha estado incrementando los inventarios de leche en polvo, lo que explica por qué varias de ellas se han retirado de las zonas de producción, lo que contribuye allí a la inestabilidad en los precios. Entre junio de 2023 y junio de 2024, según datos oficiales, los inventarios de leche en polvo entera crecieron de 9.490 a 17.979 toneladas, el 88,46%, un aumento que presiona aún más una producción nacional que no encuentra salida. Los esfuerzos de los productores por mejorar los sistemas de asociatividad y la calidad en la producción no se ven recompensados con mayores ingresos, un verdadero sinsentido.
Las importaciones ya están sustituyendo un mes de producción nacional. Si ingresó en 2023 el equivalente a 613 millones de litros de leche y la industria nacional acopió 3.326 millones de litros, quiere decir que las importaciones ya alcanzan el 18,3% del acopio formal. En cuanto al origen de las importaciones, del total de 72.223 toneladas, el 57,7% provienen de los Estados Unidos, país cuya productividad media está por el orden de las 10,5 toneladas/vaca al año, mientras que en Colombia el mismo indicador ronda las 1,3, según datos de la FAO. Del restante participan Bolivia, con el 9,7%, y Chile con el 6,9%.
Lo que la crisis láctea pone en peligro es la subsistencia de miles de familias que en 375.000 predios desarrollan su actividad, bien sea especializada o de doble propósito, y que generan 700.000 trabajadores permanentes en la cadena de producción, según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA.
En los últimos meses, diversas organizaciones gremiales y asociaciones de productores han estado protestando en las calles y ante el gobierno de Gustavo Petro para exigir las soluciones prometidas en tiempos de campaña, como la renegociación de los tratados de libre comercio, una condición necesaria para el desarrollo nacional y del sector. La dieta básica de los colombianos, que debería incluir cereales y lácteos, no puede ser extranjera. Es fundamental para la seguridad alimentaria de la nación conservar estos productos estratégicos hacia el mercado interno, fortalecer la industria nacional, crear empleo y aumentar los ingresos de los productores.
La competencia es entre países y el nuestro parece estar arriando la bandera, pues al gobierno de Petro le disminuyó el presupuesto al Ministerio de Agricultura en 4,1 billones de pesos, rebajándolo de 9,2 billones a 5,0 billones para el 2025. En Estados Unidos sí lo entienden. Cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció el inicio de investigación para activar mecanismos de protección comercial ante la importación de leche en polvo de Estados Unidos, cuyo sector agropecuario es altamente apoyado por el Estado, algunos senadores e instituciones norteamericanas presentaron una protesta formal ante el país. Y casi de inmediato, el Consejo de Exportación de lácteos de Estados Unidos (USDEC) y la Federación Nacional de Productores de Leche (NMPF) suscribieron un memorando de entendimiento con la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche de Colombia, para garantizar la cooperación mutua, que se entiende como un paso más en la importación de productos lácteos norteamericanos.
Una actitud soberana debería ser responder con claridad que estamos en disposición de comercializar con ellos, pero en términos de dignidad y de igualdad, no como un enclave de su capital ni como mercado para sus excedentes. Frente a la crisis láctea, es una cuestión de patriotismo la defensa de la producción, el empleo, la seguridad y la soberanía alimentarias.