Organizaciones de arroceros anunciaron un paro nacional indefinido desde el 14 de julio. La decisión surge tras una nueva rebaja en el precio del arroz paddy verde, el incumplimiento de compromisos pactados en marzo y las dificultades generadas por el contrabando y los tratados de libre comercio. El arroz se siembra en más de 200 municipios.

La crisis del arroz se agudiza: paro nacional arranca el 14 de julio

La decisión está tomada. A partir del lunes 14 de julio, organizaciones de productores de arroz en Colombia iniciarán una movilización nacional indefinida. El anuncio fue hecho por Dignidad Agropecuaria Colombiana , Dignidad Arrocera Nacional y sectores de arroceros independientes tras evaluar la caída en el precio de compra del arroz paddy verde, el incumplimiento de acuerdos previos por parte del Gobierno nacional y la continuidad de una política comercial que, según denuncian, ha debilitado la producción nacional de alimentos claves en la dieta de los colombianos.

El comunicado conjunto, firmado el 25 de junio de 2025, plantea que “un bajonazo de precios en diciembre de 2024 y otro en junio de 2025 configuran un desastre para los arroceros colombianos, frente a los costos crecientes de sus cultivos”. En el comunicado advierten que las decisiones de la industria molinera, el contrabando de arroz y las condiciones impuestas por los tratados de libre comercio han afectado a pequeños, medianos y grandes productores, por igual.

Rebaja de precios sin concertación

La medida que precipitó el paro fue la reducción en el precio de compra del arroz paddy verde anunciada por la industria molinera durante el último fin de semana de junio. La carga de 125 kilogramos fue rebajada de $171.000 a $158.000 en la región del Ariari, una de las principales zonas productoras. También se registraron recortes de $15.000 en el centro del país y de $11.000 en el Meta y otras regiones llaneras.

Según Dignidad Agropecuaria, la decisión fue tomada después de una reunión en la que participaron representantes del Ministerio de Agricultura, la industria y los productores. En dicho encuentro, las organizaciones presentaron datos sobre los elevados costos de producción y la inviabilidad del precio anterior. La reducción posterior, afirman, contradijo lo discutido y profundizó la indignación.

“Están condenando al arroz nacional”

Óscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria, difundió un video en el que expresó la gravedad del escenario actual. Allí explicó que la industria rebajó el precio luego de conocer la difícil situación de los agricultores. “El precio que tenían, antes de este que acaban de rebajar, ya era deficitario y les estaba generando elevadísimas pérdidas frente a los costos de producción”, señaló.

Gutiérrez advirtió que decisiones como esta empujan a la quiebra a miles de productores y debilitan la posibilidad de que Colombia consuma arroz cultivado en su territorio. “Quieren acabar con otro cultivo más como ya lo hicieron con el trigo, el sorgo, la soya, el algodón y otros más”. En ese contexto, convocó a una protesta nacional y pidió al Gobierno que actúe y resuelva la crisis.

Una cadena dominada por pocos

El comunicado del 1 de julio recuerda que la industria molinera que controla el mercado opera como un duopolio. Según el texto, este esquema de concentración ha sido tolerado por los distintos gobiernos, mientras los consumidores siguen pagando precios altos. En contraste, los agricultores reciben pagos cada vez más bajos por su producción.

Las organizaciones plantean que la política de precios actual no solo impone pérdidas recurrentes al productor, sino que distorsiona toda la cadena agroalimentaria. Proponen establecer acuerdos que permitan cubrir los costos reales y asegurar utilidades razonables, sin excluir a ningún eslabón.

“Los acuerdos de precios no quieren llevar a excluir a ningún sector de su tasa de ganancia, tampoco persiguen arruinar a alguno”, se lee en el comunicado. El objetivo, aseguran, es que los consumidores paguen precios ajustados a los costos reales y no a decisiones monopólicas.

Casanare, Tolima y Huila se suman a la protesta

Productores de arroz de departamentos como Casanare, Tolima y Huila confirmaron su adhesión al paro nacional. En Yopal, cerca de 1.300 agricultores respaldaron la convocatoria y solicitaron una reunión urgente con el Ministerio de Agricultura. Según declaraciones recogidas por medios locales, la situación en estas regiones es especialmente compleja por el precio del arrendamiento de tierras.

En Tolima y Huila, el arriendo por hectárea puede alcanzar los $ 2 millones/año. En cambio, en los Llanos Orientales, el promedio está entre $500.000 y $700.000. Esta diferencia de costos genera desventajas adicionales para los productores de estas zonas, que, además, deben afrontar alzas en los insumos, fertilizantes y transporte.

El contrabando que no cesa

Uno de los factores más reiterados en los comunicados de Dignidad Agropecuaria es el contrabando. En el texto del 25 de junio, se señala que este fenómeno “golpea la economía de toda la cadena y nutre de recursos mafias que, además, pervierten y corrompen a importantes agentes del Estado”.

El arroz ingresado ilegalmente desde Ecuador y Venezuela, afirman, genera una competencia desleal, afecta los precios internos y crea un mercado paralelo sin control ni trazabilidad. Además, los productores advierten que estas redes ilícitas están acompañadas de actores armados que imponen sus intereses y profundizan la informalidad en el sector.

TLC en la mira

Las organizaciones arroceras también responsabilizan a los tratados de libre comercio de haber generado condiciones adversas para la producción nacional. En su análisis, los TLC suscritos por Colombia han creado una competencia desleal y apabullante que desestimula la siembra y pone en riesgo la soberanía alimentaria.

“El otro asunto, que no es de menor importancia, es la desigualdad generada por la suscripción de tratados de libre comercio”, señala el comunicado del 25 de junio. En el mismo documento, se afirma que dichos acuerdos deben ser revisados, renegociados o eliminados si no superan las condiciones desiguales que han impuesto al agro.

Un llamado a intervenir el mercado

En las conversaciones con el Gobierno, las organizaciones plantearon la necesidad de que el Estado intervenga en la fijación de precios. Consideran que la vieja ley de la oferta y la demanda ya no es suficiente para garantizar un sistema justo de comercialización.

“Si no se intervienen o acuerdan entre los participantes de la cadena alimentaria y con la presencia rectora del Estado, se generarán graves distorsiones”, advierten. Para los productores, el precio de compra debe servir como base para la conformación del precio al consumidor, de modo que todos los actores de la cadena puedan operar sin pérdidas.

Fedearroz expresa su preocupación

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), aunque no forma parte directa del paro, también expresó su preocupación. En un comunicado emitido el 1 de julio, su gerente, Rafael Hernández, advirtió que la disminución del precio del arroz paddy verde entre $10.000 y $15.000 por carga es una mala noticia para el sector.

“Esta situación implica una noticia nefasta para el sector arrocero colombiano, como quiera que golpea directamente al eslabón más débil de la cadena, como es el productor”, indicó. Fedearroz también señaló que la tendencia a la baja se ha venido presentando desde comienzos de 2025.

El Consejo Nacional del Arroz fue convocado

Tras conocer el anuncio del paro, el Ministerio de Agricultura convocó una reunión extraordinaria del Consejo Nacional del Arroz. Dignidad Agropecuaria informó que asistirán al encuentro, pero reiteraron que la movilización seguirá en pie hasta que se anuncien soluciones concretas.

“Queremos señalar que se requieren soluciones inmediatas, el reajuste del precio interno a niveles que no impliquen pérdidas para los arroceros y un comportamiento que defienda la producción nacional de arroz”, afirmaron en el comunicado del 1 de julio.

Una movilización por la permanencia en el campo

Los organizadores del paro afirman que la protesta es pacífica, civilizada y busca defender el derecho a seguir cultivando arroz en Colombia. El cereal se produce en más de 200 municipios y abastece el consumo interno. Según los gremios, permitir que la producción local desaparezca afectaría no solo a los agricultores, sino a toda la economía rural del país.

“Nos resistimos a desaparecer. El arroz es el único cultivo semestral que abastece el consumo interno. Invitamos a los demás sectores de la economía, a las organizaciones gremiales y sociales, a las autoridades locales y a la ciudadanía en general a entender nuestra protesta”, señala el comunicado del 7 de julio.