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El 19 de agosto, el ministro de Agricultura señaló la existencia de “una alianza estratégica con el Banco Mundial” para conseguir recursos y hacer productivas 1,5 millones de hectáreas a partir de 2027. Aparte del anuncio, no conocemos todavía los términos concretos de dicha alianza.
El 28 de agosto, el mismo funcionario informó que presentaría un marco normativo para movilizar más de $8 billones de inversión en la Orinoquía y la Altillanura, especialmente para sembrar maíz y soya. El 14 de septiembre comunicó que habría crédito hasta por 15 años, con períodos de gracia, junto con infraestructura, riego mediante pozos profundos y paneles solares, entre otras medidas para la región. Y el 21 del mismo mes se sumó el BID con “una alianza para apalancar recursos para el desarrollo agroindustrial”.
El proyecto anunciado contempla intervenir 400 mil hectáreas para la producción de maíz y otras 400 mil en soya, 800 mil hectáreas-cultivo al año rotando en el mismo terreno.
Con rendimientos de 6 toneladas por hectárea para maíz y 2,5 para soya, se obtendrían 2,4 millones de toneladas de maíz y un millón de toneladas de soya. Para alcanzar esa meta debemos preguntar: ¿con quién competirán quienes siembren en la Altillanura colombiana? La respuesta, en la práctica, es con la producción de Estados Unidos, origen del 100% del maíz amarillo importado por Colombia en 2025 y de prácticamente toda la soya en grano importada. Allá alcanzan rendimientos cercanos a 11,2 toneladas por hectárea de maíz y 3,55 toneladas de soya. Su productividad es sustancialmente mayor que la manejada en nuestro país. Primer asunto por tener en cuenta.
Las importaciones y la competencia internacional
Un segundo aspecto es la magnitud del mercado, dominado por Estados Unidos. Colombia importó en 2025 un total de 7 millones 308 mil toneladas de maíz amarillo, 595 mil toneladas de soya en grano y 2 millones 43 mil toneladas de torta de soya.
Y el productor estadounidense cuenta con un importante apoyo de su gobierno. Para 2026, el USDA estableció el Farmer Bridge Assistance (FBA), con US$11.000 millones en pagos extraordinarios a productores de cultivos extensivos. Los pagos se calculan por superficie sembrada, no por tonelada producida.
En maíz representan US109 por hectárea, y en soya US76,3 por hectárea. Con una TRM de $3.152 por dólar, equivaldrían aproximadamente a $345 mil por hectárea de maíz y $240 mil por hectárea de soya. A ello se agregan otros instrumentos de apoyo y seguros agrícolas.
Según USDA-ERS, los costos económicos de producción para 2026 son de aproximadamente US$202 por tonelada de maíz, unos 472 por tonelada de soya, cerca de $1 millón 488 mil pesos. Son costos en finca. En Colombia, como veremos, partimos de costos superiores.
Cuánto costaría producir en la Altillanura
Antes de producir en la Altillanura hay que adecuar los suelos. Las referencias utilizadas para este ejercicio sitúan esa inversión entre $8 y $9 millones de pesos por hectárea. Adecuar 400 mil hectáreas exigiría entre $3,2 y $3,6 billones de pesos. Si agregamos aproximadamente $2,26 billones para la siembra y cosecha del maíz y $1,76 billones para la soya, la inversión inicial en adecuación y capital de trabajo para la primera rotación completa estaría entre $7,2 y $7,6 billones.
Esa inversión en suelos debe amortizarse. Si tomamos un valor medio de $8,5 millones por hectárea y diez años, serían $850 mil por hectárea/año, que repartidos entre los dos cultivos equivaldrían a $425 mil por cultivo. Esto agrega, aproximadamente, $71 mil por tonelada de maíz y $170 mil a la de soya. Nuestros costos, antes de postcosecha y transporte, serían entonces de alrededor de $1 millón 12 mil por tonelada de maíz y $1 millón 927 mil por tonelada de soya.
Faltan inversiones en maquinaria, vías, pozos y riego, silos de secamiento y almacenamiento, plantas industriales para procesar la soya y la infraestructura necesaria para el bienestar de trabajadores, administradores y productores.
Si agregamos únicamente los costos de postcosecha y transporte que hemos calculado, el maíz puesto en Bogotá/Funza costaría aproximadamente $1 millón 192 mil pesos por tonelada desde Puerto López y $1 millón 240 mil pesos desde Puerto Gaitán. La soya estaría alrededor de $2 millones 36 mil pesos y $2 millones 84 mil pesos, respectivamente. (Los costos de postcosecha se estimaron con base en referencias de la cadena nacional del maíz, que sitúan el secamiento en $70.000 por tonelada y el almacenamiento en $15.000, mientras el transporte se calculó tomando como referencia el SICE-TAC del Ministerio de Transporte para las rutas desde la Altillanura hacia los centros de consumo).
Según las referencias de FENALCE utilizadas, el maíz amarillo importado tendría un costo cercano a $1 millón 106 mil pesos/tonelada y la soya a $1 millón 989 mil pesos/tonelada. Así, antes de reconocer utilidad alguna al agricultor, el maíz de la Altillanura resultaría entre 7,8% y 12,1% más costoso que el importado y la soya entre 2,4% y 4,8% más cara.
¿Es sostenible el negocio?
Ningún agricultor siembra simplemente para recuperar lo invertido. Debe obtener una rentabilidad que remunere su capital, su trabajo y los riesgos de la actividad. Si suponemos, para este ejercicio, una rentabilidad del 15% sobre los costos, el maíz tendría que venderse aproximadamente a $1 millón 371 mil pesos/tonelada desde Puerto López y $1 millón 426 mil pesos/tonelada desde Puerto Gaitán. Frente a $1 millón 106 mil pesos del importado, la diferencia sería de $265 mil a $320 mil pesos/tonelada.
En soya, el precio tendría que alcanzar aproximadamente $2 millones 341 mil pesos desde Puerto López y $2 millones 397 mil pesos desde Puerto Gaitán, frente a $1 millón 989 mil pesos de la importada, una diferencia de $352 mil a $408 mil pesos/tonelada.
La pregunta entonces es a qué productividad y a qué costo deberá Colombia producir maíz y soya en la Altillanura para competir con las importaciones y, simultáneamente, garantizar una rentabilidad que haga atractiva la inversión. Según nuestros cálculos, con esta estructura de costos y una rentabilidad del 15%, habría que acercarse a rendimientos de 8 toneladas por hectárea en maíz y 3 toneladas en soya. Alcanzar esas productividades se convierte en un asunto determinante para la viabilidad económica del proyecto.
En el caso de la soya aparece otro problema: Colombia importa más de dos millones de toneladas de torta de soya. No basta con producir el grano. Se requieren plantas de procesamiento que permitan triturarlo y transformarlo, junto con secamiento, almacenamiento y transporte. El proyecto no es solo agrícola, exige desarrollo agroindustrial.
Una política agrícola soberana puede plantearse el uso de instrumentos de protección de la producción nacional, como ha ocurrido históricamente en el desarrollo de las fuerzas productivas de numerosas naciones. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos limita el margen para utilizar aranceles frente a productos estadounidenses que han culminado sus procesos de desgravación, haciendo más exigente la competencia con el maíz y la soya de ese país.
Muchas preguntas quedan sobre la viabilidad del proyecto, pero algunas son de supremo interés: ¿de dónde saldrán los recursos? ¿Quién los prestará? ¿Cuánto pondrá el Estado? ¿Cuál será la tasa financiera? ¿Dónde estarán las plantas de secado, los silos y las industrias? ¿Cómo se resolverá el transporte?
Y una última pregunta: ¿se atreverá el gobierno nacional a retar al gobierno de Estados Unidos, país del que el presidente de la Espriella es ciudadano?
