Terminó la COP16 en Cali sin lograr un acuerdo de declaración conjunta. Esto no se debe a la falta de voluntad o esfuerzo de la presidenta de la COP, la ministra de Ambiente Susana Muhamad, sino a la negativa de los países desarrollados a incrementar el financiamiento del Fondo Marco Global para la Biodiversidad.
Los países desarrollados, principales responsables de la contaminación, destrucción de la biodiversidad y cambio climático, han avanzado poco en sus compromisos de financiamiento. De los $20,000 millones de dólares que deben aportar para 2025, solo han destinado $407 millones, una cantidad que, en relación con el daño que generan a nivel mundial, resulta apenas simbólica.
La mercantilización de la biodiversidad
Las críticas hacia la COP16 y su presidenta, Susana Muhamad, surgen de que se mantuvo una lógica de mercado en las discusiones, enfocándolas en la financiación y distribución de los fondos. Se dejaron de lado temas clave para cumplir con los objetivos hacia 2030 y 2050, como la asignación de responsabilidades diferenciadas por país, la comercialización de los recursos genéticos, la biopiratería y la necesidad de impulsar el desarrollo de los países menos avanzados, entre otros.
Aunque se avanzó en mecanismos de evaluación y monitoreo del Marco Global de Biodiversidad, en la COP persiste la idea de tratar a todos los países y sus empresas transnacionales de manera casi uniforme, con algunas variaciones, lo cual facilita el incumplimiento de los compromisos globales de protección de la biodiversidad. En un contexto donde los compromisos son iguales, pero los países son desiguales y luchan por mantenerse en los mercados mundiales, siempre existirá una justificación para no cumplir. Por ello, cada país debería asumir responsabilidades diferenciadas, en proporción al daño que genera a nivel mundial.
Falta de compromiso financiero
Por iniciativa del gobierno de Petro, en la COP se creó el “Fondo de Cali,” con el objetivo de que las empresas que utilizan Información de Secuencia Digital (DSI) de recursos genéticos compartan una parte de sus ganancias. Estos recursos se destinarían, de manera directa o indirecta, a comunidades afectadas, como indígenas o poblaciones locales, quienes recibirían el 50% de lo recaudado.
Sin embargo, el “Fondo de Cali” enfrenta varias dificultades. Por un lado, las contribuciones son voluntarias y no se han establecido mecanismos sólidos de recolección, distribución ni controles contra la corrupción y el mal uso de los fondos. Por otro, este fondo perpetúa una visión comercial de los recursos genéticos, beneficiando a grandes empresas biotecnológicas, farmacéuticas y del sector agroquímico, que continúan acumulando ganancias a costa de la biodiversidad mediante el uso de DSI, mientras destinan solo una pequeña fracción a las comunidades y países perjudicados. Este fenómeno es lo que hoy se conoce como biopiratería digital.
Silencio del Gobierno ante la biopiratería
Lo más indignante fue el silencio de Gustavo Petro y sus delegados sobre la biopiratería durante la COP16. No mencionaron el tema ni intentaron ponerlo sobre la mesa, pese a ser el país anfitrión y ostentar la presidencia de este encuentro.
El Gobierno Nacional tuvo la oportunidad de impulsar la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y su Protocolo de Nagoya, que se centra en conservar la diversidad biológica, usar sus componentes de manera responsable y, en particular, asegurar una distribución justa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos. Al omitir esta discusión, el gobierno terminó favoreciendo la biopiratería, lo que beneficia a países como Estados Unidos y a sus grandes corporaciones, que acumulan alrededor del 50% de las patentes relacionadas con recursos genéticos, principalmente de naciones megadiversas como la nuestra.
El futuro incierto de la biodiversidad
No se tocó la urgencia de promover un desarrollo soberano en los países menos avanzados, permitiéndoles aumentar su productividad y fabricación de bienes, lo que les abriría puertas para generar riqueza y avanzar en innovación, tecnología y ciencia. Esto no solo mejoraría la calidad de vida de su población, sino que también les permitiría transformar sus sistemas alimentarios y energéticos, además de invertir en la conservación de la biodiversidad, el cuidado de sus fuentes de agua y la reforestación de sus bosques. En lugar de este enfoque, se sigue aplicando una postura en la que los países desarrollados contaminan sin mayor costo, mientras bloquean el progreso de los países menos avanzados.
Al final, la COP16 concluyó sin cambios reales; volvió a imponerse la comercialización de la biodiversidad a favor de las transnacionales de los países desarrollados, perdiendo así una valiosa oportunidad para avanzar en la protección de la biodiversidad. Seguimos retrocediendo.