La minería nacional en Colombia atraviesa una crisis. Más de tres millones de trabajadores, en su mayoría artesanales y de pequeña escala, denuncian criminalización, represión y exclusión estatal, mientras la gran minería mantiene privilegios. El dilema entre formalización o persecución define hoy el futuro del sector.

No solo se debate quién debe hacer minería, sino quién puede hacerlo sin ser criminalizado. Desde el gobierno de Álvaro Uribe hasta el actual, se ha mantenido una narrativa polarizada: o se apuesta por la gran minería multinacional, o se empuja a los mineros nacionales a la informalidad y a la estigmatización.

El espejismo de la “minería bien hecha”

La gran minería ha sabido posicionarse como modelo ejemplar. Con el respaldo de gobiernos y millonarias inversiones en propaganda, se nos ha vendido la idea de la “minería bien hecha”. Pero esa versión omite el impacto real: especulación financiera con títulos mineros, acaparamiento de tierras y, en muchos casos, daños ambientales irreversibles.

La marginalización del minero nacional

Mientras tanto, miles de mineros tradicionales, ancestrales y de pequeña escala, se enfrentan a una legalidad diseñada para excluirlos. No acceden a títulos mineros, enfrentan operativos violentos y son criminalizados por no cumplir con una legislación que les cierra todas las puertas. La informalidad no es una elección: es la única salida que les queda.

Ambientalismo de escritorio y realidades del territorio

La posición del gobierno actual, influenciada por sectores académicos y ambientalistas, se acerca a una postura que podríamos llamar “ambientalismo vulgar”: rechazan toda forma de minería sin considerar su realidad social. Desde esta óptica, se defiende una minería a pala y batea, como si el país no necesitara materiales para construir escuelas, carreteras o sistemas de salud.

Este discurso ignora que más de tres millones de colombianos viven de la minería artesanal, de pequeña y mediana escala. En muchos municipios, esta es la única fuente real de ingresos.

El Estado ausente… o represivo

En vez de acompañar procesos de formalización, el Estado ha respondido con fuerza y represión. Las leyes han impuesto restricciones absurdas, prohibiendo el uso de maquinaria sin ofrecer alternativas viables. La aplicación del decreto 2235 de 2012 —que permite la destrucción de equipos sin orden judicial— ha sido la herramienta principal de “política minera” en Colombia.

Mientras tanto, la ley 2250 de 2022, que fue fruto de consenso en la Comisión Tripartita (Gobierno, Congreso, mineros), sigue sin ser reglamentada. El gobierno actual, que prometía el cambio, ha repetido las viejas tácticas de división y sabotaje, instalando mesas regionales que debilitan la unidad de los mineros.

¿Legalizar para sobrevivir?

Los mineros nacionales no se oponen a la regulación. Por el contrario, han promovido estándares ambientales, laborales y técnicos. Han marchado, protestado, escrito, exigido… pero su voz sigue siendo ignorada. La narrativa oficial los confunde con grupos criminales, cuando en realidad son trabajadores que quieren hacer las cosas bien pero no encuentran cómo.

Minería sí, pero con soberanía

Negar el papel de la minería es negar la historia del país. La minería ha hecho posible gran parte del desarrollo humano. Hoy, debe ser parte de una estrategia nacional que fomente la industrialización, respete el medio ambiente y reconozca el derecho de los mineros nacionales a existir y prosperar.

Seguir condenándolos a la ilegalidad es más que una injusticia: es un error estratégico que debilita la soberanía, destruye economías locales y profundiza la desigualdad.

Colombia necesita una política minera diferenciada, seria y soberana. No se trata de defender a la minería a cualquier costo. Se trata de decidir si queremos un país con desarrollo propio o uno hipotecado a intereses foráneos y a discursos vacíos que ignoran la realidad de millones.