Una auditoría de la Contraloría reveló múltiples hallazgos fiscales en el FOMAG por más de $800.000 millones. El informe, divulgado el 11 de julio de 2025 en Cartagena, responsabiliza a la Fiduprevisora y a entidades territoriales por fallas en pensiones, cesantías y contratos de salud. FECODE guarda silencio, pese a advertencias previas de su Comité Ejecutivo.

 Una auditoría financiera de la Contraloría General de la República al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, evidenció “un grave incumplimiento de los términos para el pago de las cesantías a los docentes y directivos docentes, que procedieron ante la justicia y en cuyas sentencias fue condenado el FOMAG, por lo que se causaron y pagaron sanciones e intereses moratorios en sumas cuantiosas.  La Contraloría, a través de su delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, hizo la gestión fiscal al pago de pensiones, cesantías y prestación de servicios médicos, en la que se detectaron hallazgos fiscales por $81.593 millones”.

 Según un comunicado de la Contraloría, se confirmaron hallazgos: “20 tienen connotación disciplinaria, 3 con presunta incidencia penal, 1 con incidencia de Disciplina Judicial, y 7 con incidencia fiscal”. El ente acusa de “una ineficiente gestión en el cobro de la cartera, por lo que se constituyó un hallazgo fiscal por $23.800 millones. Además, encontró 46 fallos pagados después de 10 meses de ocasionados, con intereses moratorios por $3.210 millones. Pagos de sanciones moratorias por $4.220 millones con títulos de Tesorería, TES. Y de sanciones moratorias por $48.100 millones con recursos directos del FOMAG, contraviniendo el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 en la destinación específica de los recursos. La auditoría se adelantó en el primer semestre de 2025, sobre la vigencia 2024. Se determinó la corresponsabilidad entre Fiduprevisora, administradora del FOMAG, y las entidades territoriales…”.

La Contraloría denunció: “Con operadores de salud, la Fiduprevisora suscribió 10 contratos de transacción en 2023 y 2024, por $1 billón 191.268 millones, sin evidencia de aprobación del Consejo Directivo, hallazgo trasladado a la Procuraduría y Fiscalía. Hubo noticias de presunta conformación de grupos empresariales para favorecer IPS; y de constitución de sociedades ficticias y destinación de recursos a sociedades radicadas fuera del país para ocultar recursos. En la ejecución del 2024, se encontraron hallazgos en: Omisión del Certificado de Registro Presupuestal por $75 mil millones. En 52 contratos, por $648 mil millones, no se suscribió acta de inicio. En 6 contratos de servicios de salud, por $168 mil millones, no se constituyeron garantías. 13 contratos de servicios de salud por $525 mil millones iniciaron ejecución sin registro presupuestal.  Múltiples falencias en la determinación de la población…  Se han establecido entre 2023 y 2025 un total de otros 61 hallazgos, 23 de estos con connotación fiscal por $548 mil millones, 54 con connotación disciplinaria, 4 con presunta incidencia penal y 5 con otra incidencia, trasladados al MinSalud, DIAN y Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

 Mientras, la mayoría del Comité Ejecutivo de FECODE hace “mutis por el foro”. Victoria Avendaño, integrante de ese Comité, que el 1 de mayo de 2024 le advirtió, a esas mayorías y al presidente Petro, de las falencias del Modelo de Salud, escribió en X: “¡Insisto! En que hay razones suficientes para que @fecode convoque PARO NACIONAL del Magisterio en defensa de la Ley 91, el FOMAG y el derecho a la salud y la vida. Son de suma gravedad los hallazgos fiscales de la Contraloría a los recursos del FOMAG, que suman $82.000 millones en: Pensiones, cesantías y servicios de salud, incluyendo el descalabro del nuevo modelo de salud impuesto por el Gobierno Nacional. Se demuestra que teníamos razón, sin embargo, el Gobierno de @petrogustavo persiste en mostrarlo como el piloto de la reforma a la salud”. ¡Los docentes deciden su suerte!