El presidente Gustavo Petro convocó una consulta popular para el 7 de agosto de 2025, pese a la negativa del Senado y sin aval previo de la Corte Constitucional. Anunció que insistirá con firmas o una constituyente, lo que agudizó las críticas por omitir al Congreso y concentrar el poder en su figura.

 El 11 de junio de 2025, la Casa de Nariño informó: “El presidente Petro confirmó que firmó el decreto 639 con el cual el Gobierno convoca a los y las colombianas a la Consulta Popular… En X, el mandatario escribió: “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional” En el artículo 2 se determinó: Convóquese al pueblo de Colombia a una consulta popular en todo el territorio nacional para que, en ejercicio de su soberanía, el 7 de agosto de 2025 decida si aprueba o rechaza las siguientes preguntas de trascendencia nacional…”.

El 12 de junio, en entrevista con CNN en español, el presidente Gustavo Petro, después de explicar los argumentos para convocar la Consulta Popular, dijo que, si el decreto cae en la Corte Constitucional, “entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta…Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que el pueblo, en elecciones, masivamente, pida la Asamblea Nacional Constituyente”. Esta afirmación fue ratificada por su asesor de cabecera y hoy ministro de Justicia en funciones, Eduardo Montealegre, un exfiscal general de “mala recordación”.

El presidente Petro toma la decisión de “saltarse la cerca” institucional al desconocer, con argumentos bastante discutibles, los poderes Legislativo y Judicial. Esta tesis jurídica conllevó a que el presidente y su Gobierno no reconozcan el Poder Legislativo, puesto que en el Senado de la República hay una decisión en firme que negó el concepto favorable, constitucionalmente necesario para poder convocar la consulta. Pero, además, en ese “salto de canguro” se llevó por delante el Poder Judicial, el único con la capacidad constitucional de determinar si en el Congreso de la República se transgredieron las normas en la adopción de sus decisiones. En ese “triple salto mortal”, el Gobierno del presidente Petro se arrogó las funciones judiciales de los tres Poderes Públicos, derivando al país hacia el absolutismo de los reyes o soberanos. ¡Qué peligro!

 “El absolutismo es definido como una forma de gobierno en la que el poder se concentra en un solo individuo, generalmente un monarca, o soberano” (Wikipedia), cuyo poder omnímodo terminó siendo derrotado por las revoluciones democráticas avanzadas, con las luchas de los pueblos contra el absolutismo – el que legisla, juzga y ejecuta–,  acogiendo la tesis de Montesquieu y otros filósofos, quienes propusieron “la división del poder en diferentes ramas, cada una con funciones y responsabilidades específicas, permitiría un sistema de controles y equilibrios, donde cada poder vigilaría y limitaría a los demás” (Wikipedia). 

 Por su desespero de aferrarse al Poder del Estado, en persona o cuerpo ajeno, el presidente Gustavo Petro muestra la catadura derechista que siempre ha tenido, y arrastra a una parte de la izquierda petrista al peor de sus mundos: ¡Pobrecitos, ellos qué estarán pensando!