El deterioro del sistema de salud en Colombia se agrava sin soluciones del gobierno. La Asociación Colombiana de Pensionados, ACOLPEN, responsabiliza a Gustavo Petro por la crisis, que afecta a pacientes y docentes bajo el nuevo modelo del FOMAG, con demoras en citas, cirugías y entrega de medicamentos. Piden acciones inmediatas para garantizar el derecho a la salud.

La atención de la salud de los colombianos se deteriora cada día más, sin que haya signos de mejoría. Peor aún, con la alocución televisada del presidente Gustavo Petro transmitida por los canales públicos y privados el pasado martes 15 de julio, quedó claro el mensaje que este gobierno no tiene la menor intención de resolver los innumerables problemas que impiden el derecho fundamental a la salud de la población.

Según el gobierno, la responsabilidad total de la tragedia que se vive, la tienen las EPS al no pagar las deudas que tienen con los prestadores directos del servicio, las IPS. Petro sostuvo, además, que el gobierno no tiene por qué pagar a hospitales y clínicas una deuda que es de las EPS como entidades privadas que son. 

Aunque el informe que presentó la Contraloría General de la República encontró que la deuda de las EPS es de 32,9 billones de pesos, el presidente Petro afirmó que son 100 billones, monto, más de tres veces mayor, que el propio Contador General salió a decir que no sabe de dónde la obtuvo el presidente Petro.

Aunque la Contraloría y la Corte Constitucional piden que se revise el valor de la UPC para poder hacer viable los costos del servicio público de salud, el gobierno nacional se empeña en sostener que la plata de la UPC si alcanza. Sin explicar por qué no le ha alcanzado en la Nueva EPS y demás EPS intervenidas donde los recursos se administran bajo su control y negándose entonces a resolver los problemas que hoy, más que en gobiernos anteriores, sufren los pacientes.

Es innegable que las talanqueras para acceder a la atención en salud se han multiplicado. Interminables colas para pedir una cita médica, sea general o especializada. Negación o largas demoras en la autorización de órdenes de laboratorio, procedimientos médico quirúrgicos, hospitalizaciones, y la desgracia de la no entrega de medicamentos, aún los medicamentos esenciales, de los cuales depende la vida de muchos pacientes.  

Esta misma situación está sufriendo el magisterio colombiano, gremio al cual, desde el 1° de mayo de 2024, el presidente Gustavo Petro impuso su denominado “nuevo modelo de salud” que cambió el modelo de contratación de los servicios de salud a los maestros mediante el Acuerdo 003 del Consejo Directivo del FOMAG y contando con el visto bueno de la mayoría del comité ejecutivo de FECODE.

 Se van a cumplir 14 meses de la prestación de un servicio totalmente desastroso y que no se compadece con el derecho ganado en duras batallas para que al magisterio se le atendiera con un modelo especial de atención en salud consagrado en la Ley 91 de 1989 y exceptuado de la Ley 100 de 1993.

Aunque con falencias que eran denunciadas por usuarios y sindicatos que siempre exigieron las soluciones pertinentes, el sistema anterior era mejor y contaba con algún grado de satisfacción. Hoy lo que prevalece es la inconformidad generalizada en el gremio docente ante la mala, malísima prestación del servicio de salud por parte de la Fiduprevisora y el FOMAG.  Al punto que los sindicatos filiales de FECODE han realizado paros y movilizaciones de protesta en Quindío, Caldas, Risaralda, Huila, Santander, Cundinamarca y otras regiones del país, los cuales precedieron el exitoso paro realizado el día de ayer por la Asociación Distrital de Educadores (la ADE) en la ciudad de Bogotá.

Desde la Asociación Colombiana de Pensionados , Acolpen, exigimos al gobierno de Gustavo Petro, responsable directo de la aguda crisis actual en el servicio de salud de la población cubierta tanto por el sistema general de la ley 100, como por el nuevo modelo de salud del magisterio, la solución inmediata a esta catástrofe que sufre nuestra población.

 La crisis afecta en especial a los pensionados, que, debido a las enfermedades crónicas y dolencias asociadas a nuestra avanzada edad, estamos en mayor riesgo ante la no entrega de medicamentos, muchos de ellos esenciales para nuestra subsistencia, y la demora o cancelación de citas y procedimientos quirúrgicos.

Señor presidente: no es la hora de discursos demagógicos y distractores, es la vida de los colombianos la que está en juego. Es el momento de actuar para resolver esta crisis de la salud que día a día se profundiza. La Constitución y la Ley tienen las herramientas para obligar a cumplir las obligaciones legales a quien corresponda, no más carreta.