Muchos de quienes conocen al presidente Petro han revelado que tiene la tendencia a obligar a los demás a hacer solo lo que a él “le da la gana”. Son los rasgos egocéntrico e individualista de su personalidad, que han aflorado en su actuar como mandatario de la Nación. El presidente Petro tiene propensión a no acatar –o hacerlo “como le dé la gana”– las determinaciones y fallos de las Instituciones. Para ejecutar esa inconformidad peligrosa siempre recurre al atajo o a la amenaza, como en el caso de la convocatoria de consultas populares o constituyentes, para tratar de imponer su visión. Esto deja al descubierto también su tendencia dictatorial y autocrática.
Según la visión general de la IA de Google, “un autócrata es una persona que ejerce el poder absoluto y supremo en un Estado, gobernando sin restricciones y donde su voluntad es la ley. Se caracteriza por concentrar todo el control político”, y un dictador es “un gobernante que ejerce el poder de manera absoluta, personalista y sin limitaciones jurídicas, apoyándose generalmente en la fuerza, la coacción o el fraude”. Muchas de las actuaciones e incluso investigaciones pendientes que tiene el Gobierno del Cambio encajarían en esas definiciones.
El presidente Petro nunca ha aceptado que el Congreso de la República es una Institución del Estado tan, o quizás más representativa de la democracia, que la figura del presidente; mientras el presidente Petro obtuvo 11.291.986 votos y representa solo la ideología del Pacto Histórico, el Congreso consiguió 18.636.732 y, con todos sus defectos y virtudes, allí están representadas todas las tendencias políticas que tuvieron la oportunidad de obtener curules y son los responsables de dictar las leyes que rigen a los colombianos. Por eso es que la Constitución llama a las dos Instituciones a trabajar en armonía, voluntad que no ha tenido el presidente Petro, quien solo busca imponer su ideología a un Congreso en donde no tiene las mayorías.
El último round entre el Presidente Petro y Congreso tuvo que ver con que el Congreso, el pasado 9 de diciembre de 2025, no aprobó una reforma tributaria con la que el presidente buscaba financiar un Presupuesto General de la Nación del actual ejercicio fiscal que se encuentra desfinanciado. El Gobierno del Cambio, en vez de hacer lo que es lógico, un recorte del gasto o aplazar algunas acciones del Estado, decidió declarar la Emergencia Económica y Social del país, sin haber hechos sobrevivientes, como lo exige la Constitución. Esta “jugadita” la hace mientras las Instituciones del Estado estaban de vacaciones y le permitió decretar su reforma tributaria, cuyos impuestos recaen sobre casi el 90 % de los colombianos –clases media y pobre–, y no solo sobre “megarricos”. Es decir, impone una reforma tributaria que una Institución democrática ya le había negado. Esto es autoritarismo.
Al regreso del período vacacional, la Corte Constitucional asume las demandas y decide suspender sus efectos, mientras toma una determinación de fondo. No es cualquier cosa la que estudia la Corte Constitucional, puesto que detrás está si se defiende el papel del Congreso en la democracia o se permite un régimen aún más presidencialista, en el cuál a cada negativa de este, el presidente acuda a un atajo, llámese Emergencia Económica u otra figura, como la Constituyente.
¡Petro peló el cobre!
