La Contraloría General de la República reveló este 3 de julio hallazgos fiscales por más de $81.593 millones tras auditar el manejo del FOMAG. El nuevo modelo de salud, de autoría del gobierno Petro, resultó en contratos irregulares, sobrecostos y omisiones presupuestales, tal como habían advertido organizaciones docentes.

Auditoría de la Contraloría al FOMAG evidencia deterioro del servicio y desvíos financieros en el nuevo modelo de salud

La promesa gubernamental de mejorar la atención médica del magisterio terminó convertida en un costoso experimento fallido. Así lo demostró la auditoría financiera publicada por la Contraloría General de la Nación el 3 de julio de 2025, tras examinar la gestión fiscal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) durante 2024.

El documento reveló 21 hallazgos, de los cuales siete tienen incidencia fiscal, tres con posible connotación penal y veinte posibles faltas disciplinarias. La cifra de hallazgos fiscales alcanza los $81.593 millones. Los tres componentes auditados fueron pensiones, cesantías y servicios de salud, incluyendo la implementación del nuevo modelo impuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La investigación abarcó tanto el funcionamiento del sistema tradicional como el modelo instaurado en mayo de 2024. Este último fue presentado como una alternativa eficiente, pero según el informe, agravó la situación financiera y administrativa del FOMAG.

Contratación improvisada y sin respaldo presupuestal

Entre los hallazgos más delicados figura la omisión del Certificado de Registro Presupuestal (CRP) en el cierre de 2024, lo que dejó $75 mil millones en obligaciones sin respaldo legal. En 13 contratos por cerca de $525 mil millones, la ejecución inició sin CRP. Otros 52 contratos, por $648 mil millones, carecían de acta de inicio; seis contratos más, por $168 mil millones, no contaban con garantías.

La Contraloría también advirtió que el contrato 12076-024-2024, firmado inicialmente por $31 mil millones, terminó ampliándose a más de $776 mil millones sin liberación oportuna de los saldos iniciales, lo cual “evidencia un alto grado de improvisación en la contratación de servicios médicos”.

Para Bernardo Useche, director del equipo de salud de Cedetrabajo, “los hallazgos de la Contraloría confirman que el nuevo modelo de salud que los ministros de Petro en el Consejo Directivo del FOMAG impusieron al magisterio, con el beneplácito de la mayoría de los directivos nacionales de FECODE, ha sido un completo fracaso”.

Servicios más costosos y de menor calidad

Según la profe Victoria Avendaño, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, el gasto entre mayo y diciembre de 2024, ya bajo el nuevo modelo, fue de $2.46 billones. Entre enero y abril, el gasto fue de $1.195 billones. Es decir, el modelo nuevo duplicó el gasto en salud en menos de un año, con un sobrecosto acumulado del 44%.

La Fiduprevisora —entidad que administra el FOMAG— solicitó una adición presupuestal de $1.7 billones para 2025. Este dinero se extraería de los excedentes financieros del fondo, que deberían destinarse también a pensiones y cesantías.

“Dedicar todos los excedentes a cubrir estos déficits de salud deja desamparados a todos los demás sectores”, advirtió la profe Vicky. Actualmente hay más de 200 mil solicitudes represadas, entre pensiones de jubilación, sustitución y cesantías definitivas o parciales. En sus palabras, “el servicio médico empeoró y el gasto se disparó”.

Uso irregular de recursos y contratación sin control

Los sobrecostos no son el único problema. La Contraloría identificó pagos de sanciones moratorias por $48.100 millones con recursos del FOMAG, incumpliendo la destinación específica establecida por ley. Esto motivó traslados a la Fiscalía por presunta connotación penal.

Además, la Fiduprevisora firmó 10 contratos de transacción por $1.2 billones sin aprobación del Consejo Directivo, lo que constituye otra violación de los procedimientos legales y será también investigado penalmente.

En el contrato con la UT Riesgos Laborales, se evidenció una adición del 127,6%, superando ampliamente el límite del 50% permitido. En ese mismo contrato, se incumplieron los plazos para el pago de 43 facturas.

FOMAG, escenario de prácticas que el modelo prometía eliminar

Lo más preocupante es que varios hallazgos apuntan a posibles esquemas de corrupción. Según el comunicado de la Contraloría, se recibieron denuncias sobre conformación indebida de grupos empresariales para beneficiar a algunas IPS, creación de sociedades ficticias y transferencia de fondos a empresas en el extranjero.

También se investiga la ejecución de contratos con prestadores no habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Aunque no se ha verificado aún la pérdida efectiva de recursos, la Contraloría considera que se trata de un riesgo latente y recurrente.

Para el Dr. Useche, el informe confirma que “la incompetencia administrativa de los funcionarios petristas asignados a la implementación del nuevo modelo de salud es abismal”.

Repercusiones sobre derechos laborales del magisterio

La utilización de recursos destinados a pensiones y cesantías para cubrir sobrecostos en salud vulnera los derechos laborales de miles de docentes. La sanción moratoria por retraso en el pago de cesantías, por ejemplo, ya ha costado al Estado más de $4.220 millones.

La Contraloría advierte que más de cien solicitudes han llegado desde juzgados administrativos y tribunales exigiendo investigación fiscal por estos retrasos. Las fallas estructurales en la gestión de la Fiduprevisora y las entidades territoriales fueron señaladas con claridad.

El costo político de una reforma improvisada

El gobierno había presentado el nuevo modelo como ejemplo de la transformación que pretendía llevar a toda la red pública. El documento de la Contraloría, sin embargo, muestra que no sólo se repitieron las prácticas que se intentaban erradicar, sino que algunas se profundizaron.

“Hoy no lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría General de la Nación”, recalcó la profe Vicky. Tanto los informes como las cifras coinciden con las alertas tempranas lanzadas por organizaciones sindicales y académicas desde 2023.

El silencio del gobierno tras la publicación del informe ha generado indignación entre los docentes. La expectativa ahora recae sobre la Fiscalía y la Procuraduría, a quienes se trasladaron los hallazgos.

Conclusión técnica del órgano de control

La Contraloría concluyó que las fallas en la implementación del nuevo modelo —como la falta de CRP, la ejecución sin garantías, los pagos sin autorización del Consejo Directivo y el desvío de recursos— configuran responsabilidades fiscales y penales que deben ser esclarecidas.

Desde 2023 hasta la fecha, la entidad ha detectado 61 hallazgos en el FOMAG, de los cuales 23 tienen connotación fiscal por más de $548 mil millones. Otros 54 hallazgos fueron calificados como presuntas faltas disciplinarias, y cuatro tienen posible implicación penal.

Razones suficientes para ir a paro nacional

Ante el deterioro del servicio, el desvío de recursos y el silencio institucional, Victoria Avendaño llamó a no ceder ni guardar silencio. “Insisto: hay razones suficientes para que FECODE convoque paro nacional del magisterio en defensa de la Ley 91, el FOMAG y el derecho a la salud y la vida”, afirmó. Para ella, el momento exige acción colectiva, pues los hallazgos fiscales de la Contraloría confirman lo que durante meses se denunció sin respuesta: el modelo impuesto por el gobierno no sólo no resolvió los problemas, sino que los agravó.