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Todos los medios de comunicación han difundido profusamente el “acuerdo” anunciado el 1 de septiembre entre los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez, sobre la explotación de petróleo en Venezuela. Se sabe que es un acuerdo parecido, pero mucho más vergonzoso que el que conocimos en Colombia con el nombre de contratos de concesión, en los que la mayor parte de la renta obtenida por la explotación de petróleo se la llevan las multinacionales
En qué consiste el vergonzoso “acuerdo”
El acuerdo anunciado, que además de la naturaleza antinacional y vergonzosa con el que lo describo desde el titular, tiene varios aspectos que dan cuenta de que además de antinacional, es arbitrario e ilegal.
Consiste en que el gobierno venezolano le otorga título sobre 17 campos petroleros en lo que se denomina la Faja del Orinoco y también en la del Golfo de Maracaibo a la compañía denominada NABEP, sigla de North American Blue Energy Partners, con sede en el paraíso fiscal de Barbados, de propiedad del muy cuestionado empresario del combo de los bolichicos, Alejandro Betancur.
Según el vergonzoso acuerdo, NABEP participará en un nuevo acuerdo de riesgo compartido, o joint venture, para operar durante 25 años, prorrogables varias veces. Eso explica por qué Rodríguez habla de 25 años para tratar de ponerle un velo a la vergüenza y Trump de cien, que terminará siendo la realidad.
El Pentágono será dueño del 35% de la empresa, porcentaje que jamás podrá ser inferior y además tendrá el derecho a adquirir la quinta parte del petróleo explotado a precio de huevo, al costo de producción.
No sobra señalar aquí que el empresario Betancur, según varias informaciones de medios de comunicación, está relacionado íntimamente con la empresa Money Flight, investigada por el desvío de USD $1.200 millones de PDVSA entre 2014 y 2018, junto con su primo y socio Francisco Covint.
El Government Take
Es el nombre con el que se conoce el porcentaje que le queda al Estado por concepto de utilidades, ingreso o participación en un proyecto de explotación de recursos naturales como petróleo o gas. Es un medidor para catalogar lo atractiva que puede ser la inversión de una multinacional en cada país.
Lo vergonzoso del acuerdo anunciado y del que solo se conocen unas líneas generales, queda plasmado en este Cuadro, resumen comparativo de los regímenes y el rango estimado del Government Take en distintos países.
| Tipo de Régimen | Rango Estimado de Take | Principales Países | Rol de la Empresa Estatal (NOC) |
|---|---|---|---|
| Ultra Alto | 85% – 95%+ | Venezuela, Arabia Saudita, Irán | Monopolio o control operativo dominante. |
| Alto | 65% – 85% | Noruega, México, Brasil, Angola | Socia mayoritaria o fuerte recaudadora fiscal. |
| Moderado | 45% – 65% | Colombia, Perú, Guyana, Argentina | Reguladora con participación minoritaria o asociada. |
| Bajo | 30% – 45% | Estados Unidos, Reino Unido, Australia | No intervencionista; esquema basado puramente en impuestos. |
Con el que no dejamos de calificar de vergonzoso acuerdo, en Venezuela, el Government Take pasará de ser de ultra alto a bajo, es decir, quedará peor que en Colombia, Perú, Guyana o Argentina. Se quedarán con el 35% de la utilidad, pero, además, tendrán la gabela de comprar el 20% del petróleo a razón del costo de producción y no del precio internacional, lo que podría colocar a nuestro país vecino por debajo incluso de lo que se considera bajo.
Desde el punto de vista legal, el acuerdo está fundamentado en los llamados Contratos de Participación Productiva, introducidos en la legislación venezolana después de la captura de Maduro y de la decisión de la cúpula chavista de convertir a esa nación en una especie de protectorado gringo. A diferencia del tradicional modelo de Empresas Mixtas, en los que había un control accionario estatal, la nueva figura otorga una autonomía operativa y financiera a los inversionistas internacionales, lo que les garantiza unas mejores tasas de recobro.
Pero el tema de las gabelas a Washington no se queda en la simple participación vergonzosa en la renta del petróleo en los 17 campos petroleros que les entregan a los gringos el control de 65.000 millones de barriles de petróleo, cerca del 21% del total de las reservas venezolanas y que suman mucho más que las reservas del propio Estados Unidos, calculadas en 46.000 millones de barriles.
En la letra menuda del “convenio”, está establecida una cláusula más vergonzosa aún, un blindaje que le otorga a futuro a Estados Unidos la garantía de tener el 35 % de la propiedad, sin importar que haya capitalizaciones por parte del socio venezolano. Siempre seguirán siendo dueños de lo mismo, incluso si no aporten un dólar en eventuales capitalizaciones.
No es solo un acuerdo con la Casa Blanca, es política de gobierno que aprovechan otros inversionistas.
El acuerdo, que se supone suscribieron el Secretario de Energía de EE. UU. Chris Wright y la Presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez, es apenas uno de muchos actos administrativos derivados de la nueva ley de política petrolera impuesta por EE. UU. al gobierno títere de Venezuela. Este acuerdo, que analizaremos aparte, es uno de los muchos actos derivados de la decisión de los jefes actuales del socialismo del siglo XXI de entregar los recursos naturales venezolanos a las multinacionales norteamericanas, plasmados en la nueva Ley de Hidrocarburos, que crea la mencionada figura de los Contratos de Participación Productiva. Veamos.
Por ejemplo, para Chevron, los acuerdos establecen nuevas concesiones en la Faja del Orinoco, nuevos términos legales, fiscales y comerciales. La empresa invertirá más de US$ 7.000 millones en los próximos cinco años con el fin de multiplicar por más de dos la producción, para alcanzar unos 600.000 barriles diarios.
Chevron cuenta con tres coempresas en Venezuela. A una de ellas, con el curioso nombre de Petroindependencia, en la que tiene el 49% de las acciones, se le otorgó una nueva licencia para operar y explotar otros dos campos, los denominados Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A.
La también norteamericana Hunt Oil, radicada en Dallas, firmó un acuerdo para desarrollar los campos Caro y Carisito. Por su parte, los magnates colombianos Gilinski, que han empezado a incursionar en el negocio petrolero a través de su compañía Geo Park, acaban de asumir el campo Bare, en la riquísima Faja del Orinoco. También ha suscrito la actual mandataria encargada convenios con las norteamericanas Crossover y una alianza marco con la empresa Schlumberger, que, si bien no es una petrolera, se asocia para suministrar taladros y tecnología. Se sabe que el gobierno del protectorado gringo anda en conversaciones con ENI, Shell, British Petroleum y Repsol para nuevos proyectos. ¡Una verdadera y vergonzosa piñata!
El gas
El gas tiene su propia dinámica. Empresas como Shell, BP, XRG de los Emiratos Árabes y la UCC Holdin de Catar, han acordado una hoja de ruta para explotar, en la llamada Plataforma Deltana, el campo Loran. El propósito es exportar gas a Europa. La verdadera mina está en el gas, ya que, al amparo de la llamada Ley de Gas, tiene unas regalías mucho más bajas y ya hay una capacidad instalada robusta que requiere menores inversiones. Un negocio redondo.
En un foro celebrado en Houston los pasados 18 y 19 de mayo del año en curso, la ministra de Hidrocarburos venezolana, Paula Heno, y frente a la Asociación Estadounidense de Geólogos Petroleros (AAPG), proclamó orgullosa que Venezuela no solo muestra al mundo sus cuantiosas reservas de petróleo y gas, sino que también ofrece los mecanismos que permiten convertir esas reservas en barriles de superficie.
Los líos del acuerdo anunciado
Una de las vulnerabilidades del acuerdo reside en el socio. El dueño actual de NABEP es Alejandro Betancurt. Llegó a las grandes ligas empresariales de la mano de Chávez. En su mandato fundó Derwick Associates y en 2009, en el momento de una grave crisis eléctrica, firmó jugosos contratos para construir infraestructura energética. Contratos caracterizados por su opacidad.
Pero tal vez el asunto más complicado del vergonzoso “convenio” reside en que el anuncio de Trump, que tiene un claro propósito de controlar reservas de hidrocarburos, pero también de tratar de ganar las claves elecciones de mitaca en noviembre, no podrá lograr ni reducción de precios, ni aumento de las reservas estratégicas.
Rystad Energy, una reconocida consultora, estimó que para recuperar la alicaída producción petrolera venezolana a los niveles de los años noventa del siglo pasado, se requerirán cerca de USD $183.000 millones y más de una década. En ese momento producían 3.5 millones de barriles diarios y en este momento, escasamente llegan al millón.
Falta además ver cómo habrá de legalizar Donald Trump la asociación del Pentágono con una empresa privada venezolana, pues no existe en la legislación de Estados Unidos una figura que lo permita.
Un acuerdo vergonzoso para Venezuela y un fuego fatuo para el electorado estadounidense.
Periscopio: No menos vergonzoso es el estado de postración en que el saliente gobierno de Gustavo Petro ha dejado nuestra producción de petróleo y gas. Chávez y Maduro la destruyeron en Venezuela en medio de escándalos de corrupción y Petro la ahogó en Colombia con su maniático y falso ambientalismo, no carente de corrupción. Los anuncios de quién dirigirá nuestro Ecopetrol bajo De La Espriella no son auspiciosos.
