En esta nota encontrarás:
El nuevo presidente de los colombianos tiene dos nacionalidades: la colombiana, por haber nacido en nuestro país, y la norteamericana adquirida en 2023 por naturalización o adopción, debido a su permanencia realizando negocios en Miami. En el juramento que hizo para adquirir esa nacionalidad abjuró a la lealtad a cualquier Estado extranjero, incluido Colombia, por lo que representa un indudable conflicto de intereses para el país que comienza a gobernar.
Estados Unidos y Colombia son dos países diferentes y con intereses diametralmente opuestos, demostrados por su relación asimétrica de potencia dominante y país dominado, y por la actitud de todos nuestros gobiernos que, sin excepción desde hace más de 100 años, se han sometido a los designios de Washington en detrimento de la soberanía de Colombia. Con De la Espriella, tal como lo ha anunciado al someterse al Escudo de las Américas formulado por Trump, no solo continuará el derrotero de los anteriores, sino que profundizará la entrega de nuestra soberanía.
El derecho a la autodeterminación de Colombia está cada vez más comprometido
Según la Carta de las Naciones Unidas, que es la que rige el Derecho Internacional y a la que deben someterse todos sus países miembros, el Derecho a la libre Determinación de los pueblos es crucial porque atañe a la soberanía, es decir, a que cada país tenga la autonomía de decidir su destino sin intervención extranjera (Carta ONU, artículo 1, inciso 2). Colombia y Estados Unidos deben someterse al Derecho Internacional porque son miembros de la ONU, en otras palabras, sus constituciones se supeditan a los principios de ese Derecho. Por eso, el artículo 9 de la Constitución de Colombia establece que las relaciones exteriores se fundamentan en la soberanía nacional y en la autodeterminación de los pueblos.
Si revisamos la historia de las relaciones entre Washington y el hemisferio americano, desde el Corolario Roosevelt de 1904 hasta el reciente Escudo de las Américas de Donald Trump, encontramos que se ha profundizado la dependencia y el sometimiento en beneficio del enorme poder financiero norteamericano y en detrimento del crecimiento y el desarrollo de los países considerados su “patio trasero”.
El Corolario Roosevelt, del presidente Theodore Roosevel, quien se incautó a Panamá en 1903, modificó el principio anticolonial de la Doctrina Monroe, “América para los americanos”, para utilizarlo en pro del neocolonialismo del país del Norte como “América para los norteamericanos”, y constituirse así en “policía internacional”. Y el Escudo de las Américas refuerza el sometimiento de los países del continente americano bajo la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, en que el Corolario Trump se dirige a someter aún más al hemisferio occidental. Este principio rector de la política exterior de Estados Unidos es el que profundiza las relaciones asimétricas que han sido impuestas, sin excepción, por todos los gobernantes estadounidenses.
Por eso, desde principios del siglo XX cuando el presidente Marco Fidel Suárez propuso su doctrina respice polum (mirar hacia el polo o la estrella del norte), que hacía referencia a Estados Unidos, la soberanía de Colombia ha estado avasallada en diversos campos de sus recursos naturales y sus potencialidades humanas, comenzando por el saqueo del petróleo y otros productos extractivos, hasta el expolio de las capacidades productivas de sus habitantes del campo y la ciudad, materializado en los tratados de libre comercio impuestos por el Consenso de Washington en 1989.
Igual sucede con la soberanía militar y la capacidad de defensa contra el crimen organizado, siempre dirigido por los intereses estratégicos del Pentágono con el interés de mantener su injerencia militar en nuestro país. Esa es la principal cusa del fracaso de la lucha contra el narcotráfico, porque los Estados Unidos no lo combaten en su propio territorio, que es donde está la demanda de estupefacientes, sino que lo traslada a las zonas de producción del nuestro.
Todos esos atentados contra la soberanía nacional han sido enfrentados por el pueblo colombiano, pero nuestros gobernantes siempre se han alineado a favor de los intereses del país del norte. Por ejemplo, la lucha de los trabajadores petroleros logró que se constituyera ECOPETROL, la empresa nacional que debe velar por la nuestra soberanía energética, pero el mandato de Gustavo Petro se dedicó a debilitarla dentro de sus concepciones de falso ambientalismo dirigidas por intereses estratégicos norteamericanos, con el objeto de ralentizar el crecimiento de Colombia.
De la Espriella anuncia que se someterá al Escudo de las Américas
Al estrechar las relaciones con Estados Unidos, aún más que los anteriores presidentes de Colombia, significa que lo está haciendo en el momento en que esa potencia intensifica las violaciones al Derecho Internacional al intervenir en los asuntos de los países que no se someten a sus designios. Así lo ha hecho Donald Trump con países sometidos como Venezuela para tomar el control de su petróleo, e incluso con naciones aliadas como Canadá o Dinamarca y su posesión de Groenlandia. Y lo advirtió con claridad después de su intervención criminal en Venezuela, que después vendrán varios países de América Latina, incluido Colombia.
Abelardo de la Espriella, con nacionalidad norteamericana, no puede abjurar a la lealtad al país que juró defender, por lo que seguirá alineándose con lo que imponga Washington, es decir, atentando contra nuestra soberanía, la Carta de la ONU y la propia Constitución de Colombia. Además, en una posición vasalla, juró someterse al Escudo de las Américas, por lo que recibió el apoyo de Donald Trump y anuncia la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestro territorio para combatir el narcotráfico, olvidando que la Corte Constitucional, mediante el Auto 288 de 2010, le bloqueó a Álvaro Uribe el intento de instalar siete bases militares del Pentágono sin contar con el Congreso.
Los presidentes de Colombia siempre han tratado de desconocer la separación de poderes cuando se afecta nuestra soberanía, tal como lo hicieron Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro cuando permitieron el ingreso y la permanencia de Colombia como como primer “socio global” de la OTAN en América Latina, la alianza militar del Atlántico Norte dirigida por Estados Unidos, en abierto acto de violación del Derecho Internacional. Y en concreto, el presidente Petro nunca objetó la intención norteamericana de convertir el paraíso de la biodiversidad de la isla de Gorgona en una base militar.
Pero en política exterior Abelardo De la Espriella también viola el Derecho Internacional al respaldar la ocupación de Israel desde 1967 de los Altos del Golán, territorio que hace parte de Siria y que solo Estados Unidos había reconocido. Y al reanudar relaciones con el estado sionista de Benjamín Netanyahu anunciando el retiro de Colombia de la demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, el nuevo presidente quiere ubicar la embajada de Colombia en Jerusalén, ciudad que nunca han reconocido las Naciones Unidas como parte de Israel.
Las violaciones a la Carta de la ONU del nuevo presidente respaldan la posición de Trump quien ha manifestado abiertamente que no cree en el Derecho internacional porque se rige por su propia moralidad, la que lo guía para financiar y armar a Israel en pro del genocidio y la limpieza étnica en Palestina, y para cometer los crímenes de guerra contra Venezuela e Irán.
Pero una de sus propuestas más aberrantes, que atenta contra el libre comercio de Colombia, es la oposición de De la Espriella para que Colombia entre en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, es decir, a que podamos comerciar con el país oriental para preferir centrarnos en el monopolio coercitivo que ha ejercido Estados Unidos sobre el comercio global. El libre comercio, bandera que ha defendido Occidente desde hace dos siglos, ahora se está convirtiendo en un obstáculo para los intereses hegemónicos globales de Estados Unidos.
El colonialismo es el que se vuelve a imponer, porque no solo significa la presencia de tropas del Pentágono en nuestro país, sino que, cual virrey de la era colonial, el nuevo mandatario es norteamericano y ha debido renunciar a esa nacionalidad antes de posesionarse, para no someter a Colombia a un conflicto de intereses que se resolverá indudablemente en favor de Estados Unidos y en detrimento de nuestra soberanía.
