El evento se llevará a cabo el miércoles 27 de noviembre, de 8:30 a. m. a 12:00 m., con transmisión en vivo a través de las cuentas de YouTube y Facebook de la asociación.

Reconocidos expertos como Amylkar Acosta, Felipe Bayón, Juan Carlos Echeverri, Francisco Lloreda y Jorge Enrique Robledo, entre otros, debatirán sobre la política energética del gobierno, la transición energética y el papel crucial del petróleo y el gas en el corto y mediano plazo, especialmente frente al cambio climático.

La discusión promete aportar claridad sobre los efectos económicos y sociales de la crisis en Ecopetrol, una empresa estratégica para la soberanía energética del país.Más información:📧 amigosecopetrol@gmail.com📱 WhatsApp: 315 851 5163

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Los titulares advierten sobre una comprometida situación de la empresa por los resultados económicos y misionales, de lo cual poco énfasis se hace, y también por las denuncias de corrupción que comprometen al presidente de la compañía y exgerente de la campaña de Gustavo Petro, Ricardo Roa.

Los organismos de control interno de la empresa, los del Estado y los de la justicia deben investigar a fondo las denuncias de corrupción que prestigiosos medios y periodistas han divulgado y que ni el gobierno ni Ecopetrol ni Ricardo Roa han desvirtuado satisfactoriamente. Se destaca la relacionada con la adquisición y mantenimiento de un apartamento de Ricardo Roa que lo involucra en relaciones anómalas con el empresario William Vélez, quien acaba de cerrar el gran negocio de venderle a Ecopetrol la generadora de electricidad TermoMorichal, en el departamento de Meta, por 42 millones de dólares. A William Vélez se le concedió la operación de dicha unidad por un año a razón de 2 millones de dólares mensuales, tal como lo denuncia Daniel Coronell en la revista Cambio.

También son de extrema preocupación las extensas denuncias de corrupción reveladas por La Silla Vacía y Caracol 6 AM sobre la injerencia del señor Julián Caicedo, compañero sentimental del presidente de Ecopetrol, no solo en la definición de distintas contrataciones de la subsidiaria de Ecopetrol, Cenit, empresa encargada del transporte de hidrocarburos, sino también por los nombramientos de personal en distintos puestos de trabajo.

Las denuncias de corrupción deben ser investigadas con rigor y despejar cualquier duda, pues se trata del manejo de una empresa que incide en la generación de empleo, la activación de firmas de servicios e ingeniería, el comercio y los ingresos de la nación por regalías, utilidades e impuestos, con más de 50 billones de pesos al año.

El segundo aspecto de las menciones sobre Ecopetrol se relaciona con el manejo que el gobierno de Gustavo Petro y sus ministros de Minas han determinado sobre la política petrolera nacional, y cuyas consecuencias le hacen un gran daño a la economía y al bienestar de la población y atentan contra una transición responsable y soberana, pues se trata de la seguridad energética.

Los flacos resultados financieros de Ecopetrol en estos nueve meses de 2024, la amenazante posibilidad de perder la autosuficiencia en la producción de crudo y gas, el alarmante endeudamiento de la empresa, la caída de casi un 50% de su valor en bolsa y la decisión irracional de no firmar nuevos contratos de exploración, deben movilizar a la opinión pública y a las fuerzas políticas a exigir que se revise de raíz la orientación de la política petrolera y energética del gobierno, única garantía para una transición responsable y soberana.

En los primeros nueve meses de 2024, Ecopetrol tuvo una caída en los ingresos por refinación de 132.7%, al pasar de 2,78 billones en 2023 a menos 900 mil millones en 2024, pérdida motivada por la disminución de los márgenes de refinación y por falta de optimización y mantenimiento adecuado de sus unidades.

Las utilidades del tercer trimestre de 2024 cayeron 28,7% con respecto al 2023, de 5,8 billones a 3,6 billones. En total, las utilidades de estos nueve meses han caído un 25,6%. Por supuesto que influye la fluctuación de los precios del crudo, el hecho de que el gas que compran las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena aumentó más del 30%, mientras que la demanda interna de refinados bajó 3.9%.

La producción de crudo está en 752.000 barriles diarios y tiene un componente de producción en campos asociados en Estados Unidos, cuya rentabilidad está por probarse y cuyo volumen alcanza los 95.200 barriles diarios, lo que permite deducir que la producción real en Colombia es de tan solo 656.800 barriles diarios.

Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, de los 40 pozos exploratorios que se deberían perforar en 2024, sólo se han perforado 11 al mes de agosto, y según declaraciones recientes de Ricardo Roa, apenas se llegaría a 16, cifra deficiente para lograr reponer y aumentar las reservas del país. Según esta misma fuente, las compañías que operan en Colombia se han comprometido a perforar 110 pozos exploratorios hasta 2030, y de ahí en adelante no hay programación porque no hay firmados nuevos contratos. Las reservas probadas del país están estipuladas para siete años, hasta el 2031, y de ahí en adelante reina la incertidumbre.

A lo anterior se debe agregar que a partir de 2025 habrá importación de gas natural, sin que se haya establecido aún el volumen, que dependerá del avance en los trabajos de explotación de los recientes descubrimientos mar adentro en el Caribe y que la ministra Susana Muhamad ha torpedeado constantemente.

Muy desafortunado que la Unión Sindical Obrera, USO, considere de menor cuantía las acusaciones de corrupción y salga a defender a Ricardo Roa, sin que medien explicaciones contundentes y sin que ningún organismo de control o de justicia haya investigado y fallado al respecto. Es un desacierto invocar en el respaldo a Roa que hubo anteriores escándalos de corrupción, mayores que este que nos ocupa, casos también acertadamente denunciados por la USO y por quienes actualmente rechazan los desaciertos de este gobierno. Tan graves como los escándalos de REFICAR, INVERCOLSA, las ventas a futuro de crudos y las inversiones en Perú y Brasil, que en su momento alertó el senador Jorge Enrique Robledo, son las actuales denuncias de corrupción. Corrupción es corrupción, en cualquier momento de la historia y en cualquier tipo de gobierno, llámese de derecha, izquierda o centro. El deber de los trabajadores y sus organizaciones es defender la soberanía, el trabajo y la producción nacionales. Hoy, el patrimonio y el esfuerzo de los colombianos que representa Ecopetrol se ven amenazados por una política de transición energética aventurera que favorece los intereses de las multinacionales de la energía y que atornilla en la presidencia de la empresa a un personaje fuertemente cuestionado por denuncias de corrupción y además por violaciones a la ley en la gerencia de la campaña presidencial.

Toca unir al país por una transición energética responsable y soberana, garantizar la autosuficiencia de hidrocarburos y asegurar la permanencia de Ecopetrol como motor del desarrollo nacional. La USO sentirá el acompañamiento de todos los demócratas y progresistas de Colombia en la medida en que tenga coherencia con esta sentida problemática.

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El gas natural y el propano GLP (Gas Licuado del Petróleo) cubren la demanda calorífica de más de 11 millones de hogares, el país es autosuficiente en ACPM, combustible de aviación, combustóleo y puede serlo en gasolinas, lo que vuelve prioritarios encontrar y desarrollar nuevos yacimientos de crudo y gas. Hay 1.8 millones de hogares que usan leña y reemplazarla por gas domiciliario o GLP ayuda a contener la deforestación y a contaminar menos porque el gas produce 25% menos de CO2 y menos óxidos de nitrógeno que el carbón y el petróleo. Luego es demencial detener o demorar los trabajos de explotación de los promisorios campos gasíferos descubiertos en la Costa Caribe, como muy bien lo explicó el expresidente de Ecopetrol Felipe Bayón en Caracol.

Las declaraciones de Gustavo Petro ordenándole al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, que la política de su gobierno es cero carbón, cero petróleo y cero gas, son lapidarias para el autoabastecimiento y la seguridad energética. Ricardo Roa había anunciado recientemente el compromiso de desarrollar los yacimientos descubiertos en el mar Caribe, para lo cual se requiere gestión empresarial y recursos, de lo contrario la producción se retarda y las implicaciones en la economía y el bienestar de la población serán desastrosas.

Además, siendo que el carbón, la electricidad y el petróleo representan el 45% de las exportaciones del país y que Ecopetrol le aporta al fisco más de 50 billones de pesos en impuestos, regalías y utilidades; en la medida que no reemplacemos las reservas no tendremos exportaciones ni regalías, y sufriremos el impacto negativo del valor de las importaciones de petróleo y gas en el fisco y en el bolsillo de los colombianos.

La transición energética que plantea el gobierno de Gustavo Petro es demencial y dañina, y es muy grave que por afinidad ideológica o por intereses burocráticos, una parte del sindicalismo, las organizaciones sociales, la academia y los partidos que se reclaman alternativos, no levanten la voz contra estos desaciertos. Para nada riñe con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y la instalación de plantas de generación eléctrica solares y eólicas, con reponer y aumentar las reservas de gas natural, gas que está calificado como una fuente de energía limpia por todas las autoridades ambientales del mundo.

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Defender la subsistencia de ECOPETROL también le ha costado a los trabajadores inmensos sacrificios. Cuatro huelgas, innumerables paros, grandes movilizaciones, muchas denuncias y protestas, e incontables horas de trabajo han derivado en que Ecopetrol sea la primera y más importante empresa de Colombia, la cuarta empresa petrolera de América Latina, ubicada entre las veinte empresas petroleras del mundo y la 313ª empresa pública más grande del mundo, logros configurados en 73 años de existencia.

Ecopetrol, por sus actividades industriales de exploración, producción, refinación, petroquímica, transporte, investigación y tecnología desarrollada en el país y en el exterior, obtiene ingresos por $143,1 billones anuales que representan el 9% del PIB nacional de hoy. De su dinámica económica, Ecopetrol transfiere al tesoro nacional $22 billones en dividendos, $26 billones por impuestos y $10 billones en regalías, sumando $58 billones que significan el 40,5% de sus ingresos y representan el 11% del presupuesto general de la nación.

Ecopetrol, en conjunto con otras empresas de la industria petrolera, genera 128,000 puestos de trabajo a nivel nacional. Los salarios y prestaciones sociales reconocidos en la industria circulan en la demanda interna. Además, se produce un impacto igual en la economía nacional a través de los bienes y servicios directos e indirectos que contratan o prestan las empresas por la demanda diversificada de la industria de los hidrocarburos. Esto se manifiesta en todas las actividades económicas del país, sean estas industriales, comerciales, financieras, de bienes y servicios, sociales o ambientales.

No hay hoy, ni lo habrá en por lo menos los próximos 50 años, como lo expresó el presidente de la USO, César Loza, “una actividad económica con la capacidad de generar la diversificación industrial y el impacto económico que produce la industria petrolera”. Partiendo de la realidad de que Colombia tiene petróleo y puede obtener más si lo busca explorando en las 23 cuencas sedimentarias que registra la página web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. El gobierno de Petro comete una torpeza mayúscula al suspender la firma de nuevos contratos de exploración y recortar la inversión en el mantenimiento de los campos existentes. Estas equivocaciones conducen a perder el autoabastecimiento y a terminar importando combustibles, con seguridad de Estados Unidos, como ya ocurre con el gas natural y el deficit de gasolina y naftas, con un grave impacto para las deficitarias finanzas del país.

Lo anterior en sintonía con los desafíos del cambio climático que causa la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global, por la combustión de hidrocarburos, carbón, leña, la deforestación, las distintas actividades de ganaderías y otras actividades antrópicas. Sin duda, el país debe adoptar una política de transición energética soberan y responsable, en la que primen sus necesidades e intereses nacionales, sin que con ello se desconozca que convivimos con otras naciones y sus pueblos en el mismo globo terrenal.

Colombia tiene que mejorar la calidad de los combustibles y demás derivados que producen sus refinerías, así como el parque industrial y automotor que los consume y seguirá consumiendo en buena parte de este siglo. También debe mejorar asuntos relativos a actividades de exploración y producción de hidrocarburos con sólidos mecanismos ambientales, que hagan sostenible la explotación para garantizar la soberanía energética nacional y la preservación y conservación de los ecosistemas.

Todo lo anterior para que Ecopetrol y las empresas petroleras que operan en el país, al igual que las empresas de generación de energías alternativas, consoliden un plan estratégico de mediano y largo plazo conducente a un necesario equilibrio en el uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables de que dispone la nación. Este plan de la industria de los hidrocarburos con las de las energías alternativas se complementan, para así dar un salto de calidad y cantidad hacia la prosperidad y la soberanía energética de la nación.

Se sabe que, sin la industria petrolera y Ecopetrol, no es posible llevar a cabo una transición o tener una matriz energética que ayude eficazmente a un mejor sistema ambiental mañana. Sin embargo, es paradójico que estemos hoy en el dilema del “prisionero”, donde cualquier solución parece condenar al país, cuando se escucha al presidente Gustavo Petro manifestar que el petróleo es el enemigo, que es un veneno que toca acabar pronto y convertir a Ecopetrol en otra empresa de energías “limpias”. Cuando lo sensato por el bien de las finanzas del país y el bienestar de su población, es deponer su ideología y populismo ambiental para hacer lo que están haciendo todos los gobernantes de los países petroleros del mundo, explotar esta fuente energética y petroquímica. ¿Será mucho pedir sensatez al gobierno nacional ante semejante panorama?

Ecopetrol, los trabajadores, la organización sindical y los colombianos no pueden dejar que el gobierno, haga con la Empresa lo que quiera, toca librar nuevas batallas para mantenerla como un patrimonio y esfuerzo de los colombianos. Porque de no defenderla hoy, el huracán de una transición energética mal ejecutada, borrará para siempre todo rastro de la gran empresa que jamás haya tenido el país. La hora le impondrá nuevamente a los trabajadores petroleros y sus organizaciones sindicales, encabezadas por la USO, el papel histórico de luchar como sus antepasados y sin doblegarse ante intereses antinacionales y antipopulares, salvaguardar la soberanía energética del país, incluida una transición autónoma y responsable.

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