La negativa a firmar nuevos contratos de exploración, desarrollar los yacimientos descubiertos, invertir en mantenimiento de pozos y mejorar el recobro hizo que la producción de gas natural, crudo y refinados retrocediera de tal manera que se están importando el 30% de las necesidades de gas y el 35% de las gasolinas. Las refinerías, además, no cuentan con la proporción de crudos livianos que exige su diseño operativo.

El valor de las importaciones para cubrir la demanda interna alcanzó en 2025 la suma de 5.600 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio.

Con el anuncio de un fenómeno de El Niño aumentará la demanda de gas para las termoeléctricas y, con ello, la competencia con los requerimientos para uso doméstico y vehicular, además de la incidencia de los altos costos del gas importado, cuyo promedio, a junio de 2026, en puerto de Cartagena, fue de 15,86 dólares por millón de pies cúbicos.

Al respecto, la Unión Sindical Obrera, USO, varios voceros de la industria como CAMPETROL, la ACP, NATURGAS, la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la UIS, la Asociación de Amigos de Ecopetrol, exfuncionarios de la industria y expertos de la energía prendieron las alarmas por la caída evidente de las reservas y producción de gas, el estancamiento de las de crudo y el escandaloso retroceso en las utilidades de Ecopetrol.

Afloraron las consecuencias de una política aventurera que satanizó la actividad petrolera, metió a Ecopetrol en proyectos de energía solar y eólica, irrentables y abandonados por multinacionales, y en inversiones ajenas a su condición de petrolera como la transmisión eléctrica.

Mientras tanto, se recortaron las inversiones en mantenimiento y recobro de sus campos, ampliación y modernización de las refinerías y se retardó de manera irresponsable el desarrollo de los yacimientos descubiertos en el Bloque Tayrona, que se calcula pueden producir 400 MPCD de gas y, de esta manera, evitar la importación que hoy se hace de EE. UU. y Trinidad por más de 300 MPCD. Preocupa que la cantidad exagerada de consultas previas, terminen provocando más retraso en el desarrollo de los pozos Sirius l y Sirius 2 y en consecuencia se prolongue nuestra condición de importadores de Gas Natural.

La Unión Sindical Obrera tiene razón al exigir suficiente inversión para exploración, producción, refinación y transporte por parte de Ecopetrol. Su rol principal deben ser los hidrocarburos.

Es innegable que Gustavo Petro debilitó sustancialmente a Ecopetrol y a la industria petrolera nacional, con la promesa incumplida de hacer una transición energética express hacia fuentes de energía más limpias.

Al final, solo hubo unos pequeños avances en generación solar, ninguno en eólica y se hizo pura especulación y demagogia con la geotérmica. La canasta energética del país, según la UPME, sigue siendo la misma de las últimas décadas: petróleo 41-43%, gas natural 20-23%, carbón 10-14%, hidroelectricidad 10%, biomasa, leña y otras, menos de 10%. La composición de las fuentes de energía no cambió.

Todo este daño se hizo con conocimiento del gobierno, la Presidencia y la Junta Directiva de Ecopetrol.

Por eso, cuando directivos de la USO, presididos por César Loza y luego por Martín Ravelo, le exigieron al gobierno de Gustavo Petro rectificar la política petrolera nacional, recibieron el respaldo de importantes sectores de la sociedad, empezando por los trabajadores, técnicos y profesionales de la industria.

El gobierno hizo caso omiso de los justos reclamos de los sindicalistas, muy a pesar del apoyo económico y político que le dieron en la campaña de 2022.

Con el gobierno de Donald Trump abalanzado sobre los recursos energéticos y naturales del Continente, como lo denota el raponazo al petróleo y a la soberanía de Venezuela, y un Abelardo de La Espriella que se proclama afín a sus políticas, recobra vigencia la defensa de Ecopetrol y de la seguridad energética nacional como tareas de primer orden.

Toca exigir la firma de nuevos contratos de exploración, desarrollar con urgencia los pozos de gas del Bloque Tayrona en aguas del mar Caribe, hacer mantenimiento a los campos de producción y mejorar el recobro, y ampliar y modernizar las refinerías para evitar importaciones de gasolina y futuras de ACPM y combustible de aviación.

Debe darse una mayor y más ilustrada discusión sobre la conveniencia de hacer fracking, para lo que hay aprobado hacer unos pilotos que darán luces.

También es necesario discutir la pertinencia de las inversiones en exploración en Brasil, cuando esos recursos se requieren con urgencia para financiar los correctivos anteriormente señalados.

Y no menos importante, exigir que la presidencia de Ecopetrol recaiga en una persona con conocimiento en energía y petróleo, con idoneidad para el cargo, y que se descarte el acostumbrado pago de favores políticos y de campaña del mandatario de turno.

A la dirigencia de la USO y de la CUT les toca estar a la cabeza de estas reivindicaciones nacionales y, con autonomía e independencia, apoyarse en la movilización organizada y civilista para defender la soberanía energética y el patrimonio y esfuerzo de los colombianos, representados en Ecopetrol.

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El pasado 3 de agosto del 2026, Colombia se despertó con una pésima noticia: Propal, una histórica empresa industrial colombiana tuvo que finalizar sus operaciones y liquidarse, lo que deja desempleo, menos producción de riqueza y más sometimiento y dependencia del mercado colombiano frente a las importaciones.

Las razones las explicó en Blu Radio Pedro Felipe Carvajal, presidente de la Junta Directiva de la empresa, y son las mismas que sufren muchas otras empresas, particularmente del renglón industrial, y que golpean con mucha más fuerza a las pequeñas y medianas empresas:

“Tenemos una revaluación del 30%, tenemos un costo financiero por las nubes, tenemos un costo energético disparado, tenemos una presión inflacionaria, tenemos una carga tributaria excesiva y cuando uno le suma ese costo país, Colombia como plataforma tiene un costo muy alto y eso nos afecta mucho la competitividad”

Y más adelante agregó:

“Países que no tienen protección son muy vulnerables y en el caso de Colombia, pues hoy, lamentablemente debemos dar esta lamentable noticia”

El costo país colombiano

El costo país, al que se refiere el doctor Carvajal en su entrevista, hace referencia a los costos de producir en Colombia comparada con otros países. Comprende costos energéticos, tributarios, logísticos, laborales y procedimientos regulatorios para la formalización, condiciones de comercio internacional y el grado de respaldo y protección del Estado al tejido empresarial.

En Colombia, contrasta la importancia de este concepto con lo poco que se tiene en cuenta en el debate político y económico, de lo que no puede derivar otra cosa que un costo país alto, un empresariado que trata de progresar en medio de las difíciles condiciones de competitividad que poca atención reciben del Estado y un mercado interno inundado de importaciones.

A diciembre del 2025, el kW/h, alcanzó los 0.273 USD para hogares, mucho más alto que el promedio global (0.175 USD por KW/H) y está más cerca del más costoso que del más barato. De otro lado, hay estudios que concluyen en que, a agosto del 2025, las empresas en Colombia pagan la energía más cara de América Latina y un 50% más costosa que en EEUU, país del que provienen muchos productos que compiten en el mercado nacional con los de empresas colombianas. Lo peor de todo es que este costo amenaza con incrementarse.

La tarifa del 35% de renta sitúa a Colombia como el país que, junto con Argentina, es el que más cobra por impuesto de renta, y el 4° entre 164 a nivel global. Realidad especialmente crítica para las micro, pequeñas y medianas empresas, pues si se compara lo que efectivamente paga este segmento comparada con las empresas de mayor capacidad, se tiene que las MIPYMES pagan una tasa efectiva de renta de 29%, en tanto que las grandes tienen una del 22%.  

De otro lado, Colombia es el tercer país menos competitivo en términos tributarios de la OCDE —aspecto que tiende a agravarse, por ejemplo, a causa del alza de los avalúos catastrales o las reformas tributarias locales y nacionales que se avecinan—; tiene 185 casetas de peajes y es el que más tiene en América Latina a la vez de ser uno de los que más cobra por ellos. En lo que tiene qué ver con los combustibles, Colombia ocupa el 6° lugar en América Latina donde son más costosos y en la mayoría de los casos, los combustibles son más caros en nuestro país que en otros con los que competimos.

Además, Colombia produce más caro para su mercado interno que para el mercado externo, con el agravante de que, costas afuera, el mercado se compite con empresas de otros países con costos más baratos a los que no les da pena, por ejemplo, poner aranceles, como el caso de EEUU. En cuanto a la productividad, Colombia se encuentra en la vergonzosa situación de producir tres veces menos por hora laborada que el promedio de esa organización. Claramente, el problema no es de calidad de las empresas, es de condiciones de producción, entre las que resalta el costo país.   

Estos datos, entre muchos otros disponibles y que se suman a los de las importaciones baratas, explican lo caro que es producir en Colombia, lo difícil que es competir frente a importadores y lo necesario que es que el gobierno nacional adopte decisiones concretas que respalden, promuevan y defiendan la producción y el trabajo nacional. 

A este particular también se ha referido María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de ACOPI Bogotá – Cundinamarca: “el entorno empresarial en Colombia es muy obtuso, es muy difícil, es barroso, hace que, realmente, el sector empresarial tenga que saltar barreras para poder formalizarse, saltar barreras para poder cubrir los costos logísticos, los costos operativos, los costos de la energía eléctrica, (…)” Diagnóstico que coincide con el que hizo el doctor Carvajal cuando explicó las razones por las que Propal fue liquidada. 

Reducir el costo país, es objetivo del empresariado y de toda la nación.

Todo lo ya dicho se agrava por fenómenos naturales como el sismo de magnitud de 7.4 grados que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto, o el fenómeno del niño, y por otras de orden económico como la caída del dólar, el incremento de importaciones, la desgravación de productos lácteos pactada en el TLC con EEUU, el incremento en el costo del barril de petróleo, la vulnerabilidad del país frente al contrabando, entre otras.

Por eso, lo que corresponde hacer al empresariado colombiano como a los demás sectores de la sociedad, entre los que cuentan los trabajadores, campesinado, estudiantes, indígenas, científicos y todos quienes nos vemos afectados por el costo país alto, es definir de forma organizada y democrática una agenda en función de reducir el costo país colombiano, industrializar a Colombia, crear empleo digno y generar las condiciones necesarias para producir la riqueza suficiente que permita mejorar la calidad de vida de toda la nación.

Es de suma importancia que el sector productivo acumule las propuestas y reclamos, que ya ha hecho, en una sola agenda que sea presentada ante el actual gobierno nacional, los gobiernos departamentales, el Congreso y ante cualquier entidad que tenga competencia para tomar las decisiones necesarias para corregir esta situación y permitir crear riqueza para Colombia ¡La clave está en la unidad!

Ñapa: El gobierno nacional debe respaldar oportunamente y con su mayor capacidad a las empresas y trabajadores del sector productivo que se encuentran duramente golpeados por la caída del dólar. En Boyacá es clave el respaldo, entre otros sectores, al floricultor.

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El proyecto que podría redefinir los biocombustibles en Colombia

La propuesta del Ministerio de Minas y Energía para cambiar la forma en que se calculan los precios del etanol y el biodiésel generó una respuesta inmediata de los sectores de la caña y la palma. El plan plantea reemplazar el sistema vigente por uno basado en paridad de importación, que indexa los valores nacionales a los de Houston y Róterdam. Aunque el Gobierno lo presenta como una actualización técnica, sindicatos y productores advierten que podría desmontar la base productiva construida durante más de dos décadas.

Un cambio que asimila modelos subsidiados

Hasta ahora, los precios de los biocombustibles en Colombia se calculan con base en los costos reales de producción interna más referencias internacionales. Para el etanol, la fórmula parte del precio del azúcar y suma los gastos locales de transformación y transporte. Para el biodiésel, se usa el valor del aceite de palma complementado con los costos del metanol y la mezcla.
 Los proyectos de resolución reemplazarían ese equilibrio por un sistema atado a precios internacionales del etanol de maíz en Houston y del biodiésel FAME 0 RED en Róterdam, ambos formados en mercados con fuertes subsidios.

En Estados Unidos, el etanol se sostiene gracias al programa Renewable Fuel Standard, al Crédito Fiscal a la Producción Limpia y a subsidios que abarcan desde la planta hasta la distribución. En la Unión Europea ocurre algo similar bajo la Directiva de Energías Renovables (RED III), que fija metas obligatorias y otorga exenciones tributarias. En Colombia no existen subsidios energéticos ni fiscales para el etanol o el biodiésel. Por eso, vincular precios locales a mercados protegidos crea una competencia desigual que, según los gremios, puede llevar a la quiebra de las plantas nacionales.

El riesgo económico y laboral

El documento técnico del Ministerio reconoce que la nueva metodología reduciría 14,5 % el ingreso al productor de etanol y 23,9 % el del biodiésel, sin evaluar el efecto sobre la sostenibilidad empresarial ni el empleo. Para Dignidad Agropecuaria Colombiana, las medidas fiscales y tarifarias del Gobierno “destruyen la base productiva de los biocombustibles” y ponen en riesgo miles de empleos rurales, desde el Meta hasta el Valle del Cauca.

En comunicado los sindicatos y federaciones del sector cañero calculan que, de aprobarse las resoluciones, se perderían 28.000 puestos de trabajo inmediatos y que el cierre de plantas de etanol afectaría indirectamente a 350.000 familias vinculadas a la producción de panela, porque la sobreproducción de caña se destinaría a azúcar o panela. A esto se sumarían 18.000 empleos urbanos y rurales vinculados a la cadena del azúcar y la energía.

El peso del sector y la advertencia sindical

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Sintrainagro) advirtió que la política de precios afectaría directamente a un sector que representa 19,5 % del PIB agrícola y 12,1 % del PIB industrial del Valle del Cauca. La organización recordó que la cadena genera 286.000 empleos entre directos e indirectos y que la producción nacional de 456 millones de litros de etanol carburante compite en condiciones desiguales con los 56.000 millones de litros producidos en Estados Unidos gracias a subsidios estatales.

Johnson Torres, dirigente de Sintrainagro, aseguró que el proyecto “responde a las presiones del Banco Interamericano de Desarrollo para abrir el mercado a las importaciones subvencionadas”, lo que entregaría la soberanía energética y agrícola del país. Agregó que “con esas decisiones se destruye la industria nacional y se abre espacio al combustible extranjero más barato, pero altamente subsidiado, lo que “golpea a los trabajadores, a los pequeños productores y a las regiones”.
Las políticas neoliberales de apertura han desplazado cultivos nacionales y que seguir las directrices del BID profundiza la dependencia externa. Su columna recordó que el cultivo de caña y palma ha permitido sostener la economía de departamentos enteros como Valle del Cauca, Meta y Cesar, entre otros.

Una industria estratégica en riesgo

El cambio propuesto pondría en riesgo una de las pocas cadenas agroindustriales que el país ha logrado consolidar en torno a la energía limpia. El sector de los biocombustibles abastece entre el 8 y el 10 % del consumo de combustibles del transporte terrestre y contribuye a reducir cerca del 8 % de las emisiones de CO₂ en ese segmento. Su estructura actual articula agricultura, industria y distribución, lo que ha permitido sostener una producción estable y con empleo formal en las regiones.

Si el nuevo esquema entra en vigencia, el ingreso de los productores quedaría sujeto a factores externos, como los fletes, los aranceles y el tipo de cambio, que no dependen de su gestión. En la práctica, el país terminaría calculando los precios como si importara los biocombustibles, aun cuando se elaboran con materias primas nacionales.

El argumento del Gobierno

El Ministerio de Minas y Energía sostiene que la revisión busca “actualizar metodologías” y “alinearlas con estándares internacionales”. Según su planteamiento, la paridad de importación permitiría reflejar la realidad del mercado global y evitar distorsiones.
 Los productores sostienen que la “realidad global” es de subsidios y protecciones. Estados Unidos y la Unión Europea invierten recursos públicos para sostener su competitividad; Colombia, en cambio, pretende someter su industria a precios foráneos sin respaldo estatal. Para Dignidad Agropecuaria, eso equivale a sustituir trabajo colombiano por trabajo extranjero.

Un precedente internacional

Brasil sirve de espejo. Durante más de treinta años protegió su industria del etanol con precios regulados, créditos blandos y compras garantizadas por Petrobras. Solo cuando alcanzó eficiencia y escala liberó gradualmente los precios. Colombia no ha completado ese ciclo y aún se encuentra consolidando su capacidad productiva. Exponerla a una competencia desleal, advierten expertos, significaría renunciar a la única industria nacional que materializa la transición energética en el territorio.

Una alianza gremial en defensa del trabajo

Los sindicatos de la caña convocaron a las autoridades locales, a los gremios y a la ciudadanía a respaldar un plan de acción nacional para defender el empleo y la producción agroindustrial. Preparan jornadas culturales, foros técnicos y movilizaciones en el Valle del Cauca y los Llanos Orientales.
 El objetivo común es mantener la metodología vigente de la Resolución 18-0643 de 2012, que garantizó estabilidad laboral, inversión y tributación municipal. También preservar las iniciativas de innovación en bioetanol para aviación y uso de vinaza y cachaza para generar energía, consideradas claves para reducir la dependencia del gas y los combustibles fósiles.

La discusión sobre el proyecto del 1 de octubre va más allá de un cálculo de precios. Define si Colombia mantiene una política energética soberana o la somete a los intereses de mercados subsidiados.
 El sector cañero y palmero insiste en que el debate no es ideológico sino económico. Sin protección, la cadena del biocombustible se fragmenta y con ella se pierde empleo, inversión y capacidad industrial.

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