En las condiciones actuales, mantener y corregir el modelo de salud existente es la única manera viable de garantizar el derecho a la salud de los colombianos. A partir de 2027 se concertará una reforma con los actores del sistema teniendo como prioridad a los usuarios y pacientes.

Sergio Fajardo planea recuperar a la Nueva EPS a partir de una rigurosa auditoría externa y del nombramiento de un interventor de alto nivel. Fajardo la capitalizará para sacarla a flote por el bien de sus ahora 14 millones de afiliados, si se tienen en cuenta los traslados a esta entidad contemplados en el Decreto 0182 de 2026.

 En el programa de salud de Fajardo, las auditorías independientes se extienden a todas las EPS, en particular a las que se encuentran intervenidas, y al Nuevo Modelo de Salud impuesto por el gobierno a los maestros afiliados al FOMAG, que ha aumentado significativamente el gasto y empeorado la prestación de los servicios.

Según el resultado de las auditorías, el gobierno de Fajardo plantea reordenar el sistema de aseguramiento. Continuará siendo de carácter mixto, tanto con EPS como con clínicas y hospitales públicos y privados. A manera de ilustración, aseguradoras como la Nueva EPS o Capital Salud con mayoría accionaria gubernamental se consideran públicas. 

Se mantiene la presencia de EPS privadas con ánimo de lucro como lo han sido hasta ahora Sura, Aliansalud y Sanitas. Pero también tendrán lugar en el sistema EPS sin ánimo de lucro como lo han sido Compensar y Salud Mía. En el aseguramiento conviene aprender lo positivo de los hospitales y clínicas que son fundaciones sin ánimo de lucro y que se han posicionado entre las mejores de América Latina.

 El que permanezcan EPS e IPS de distinta naturaleza jurídica es, en la situación actual, la única manera de garantizar el acceso inmediato a medicamentos y a los servicios que el presidente Petro ha desarticulado para improvisar uno nuevo sin tener las condiciones materiales, ni la correlación de fuerzas política, ni la experiencia administrativa.

Lecciones de la Ley 100

La Ley 100 creó un sistema de aseguramiento social caracterizado por adaptar el modelo de seguro social al régimen contributivo y el modelo del servicio nacional de salud al régimen subsidiado, en el cual la prima de seguro de los más pobres la cubre el Estado, condición que precisamente le valió ser denominado aseguramiento social. Creó además el modelo de seguros privados al dejar espacio para la medicina prepagada y las pólizas de seguro de salud.

 William Hsiao, experto en sistemas de salud de la Universidad de Harvard y del Banco Mundial, describe el sistema de salud colombiano y en particular el régimen subsidiado en esos términos. Es un grave error del gobierno del presidente Petro plantear que las EPS son simplemente intermediarias financieras que hacen negocio con los recursos públicos y que se roban la plata.

 Este error parte de desconocer que las EPS con el correr de los años y la reglamentación y normas complementarias a la Ley 100, particularmente con la expedición de la Política de Atención Integral de Salud (PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), adquirieron plenamente funciones de compañías aseguradoras, específicamente en lo que concierne a la gestión del riesgo financiero. 

 Tanto el presidente como sus dos ministros de salud se equivocaron también al menospreciar el peso económico y político nacional e internacional del sector asegurador, no obstante haberse aliado y cogobernado durante los primeros años de esta administración con los políticos que mejor han representado los intereses de las EPS en Colombia.

 El gobierno nacional cayó además en la trampa de creer que la astucia política puede superar la correlación de fuerzas necesaria para sacar adelante una reforma de la trascendencia de la reforma de la salud.

 Plantear mantener las EPS no significa que el actual modelo de aseguramiento sea el ideal o que no adolezca de graves problemas. El sistema de la Ley 100 generó graves inequidades en salud. Aunque hoy el sistema de salud cobija a la inmensa mayoría de la población, no beneficia por igual a todos los colombianos. Tal es el caso de la pandemia, durante la cual se hicieron evidentes las desigualdades en la mortalidad por COVID-19. El sistema de salud no evitó que el número de fallecimientos fuera muchísimo mayor en los estratos más pobres y entre los afiliados al régimen subsidiado.   

Tres etapas de la Ley 100

 El sistema de aseguramiento social tuvo una primera etapa de apertura del mercado de aseguramiento (1993-2011). Los gobiernos favorecieron la proliferación de EPS que hoy se sufre y de alguna manera consintieron en que se anidaran los focos de corrupción todavía existentes.

La segunda etapa (2012-2022) fue de modernización del modelo, redistribución del mercado y de movimientos sociales en contra de la Ley 100. En este período, no se logró desarrollar el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) renovada incluida en la Ley 1438 de 2011, ni se consolidaron el PAIS y el MIAS (MAITE).

 Si bien la Ley Estatutaria de 2015 conjuró el movimiento social de 2103, introdujo un híbrido que a la vez que mantuvo el modelo de aseguramiento promulgó el derecho a la salud en términos de una contradicción que aún hoy no se ha resuelto, por ejemplo, en lo que respecta al plan de beneficios.

 Esa contradicción se ilustra en que tanto la exministra Carolina Corcho como el exministro Alejandro Gaviria se consideran coautores de la Ley Estatutaria y en que aún hoy se lee en la página web del Ministerio de Salud la advertencia de que la Ley estatutaria es compatible con el aseguramiento en salud.

 La tercera etapa (2022-2026) se inició con el intento de negociación entre las EPS y el gobierno de Gustavo Petro, partidario de una reforma que elimine algunas de sus funciones principales como aseguradoras. Continuó con la andanada del gobierno contra las EPS por el control de los billonarios recursos de la salud y el intento de hacer una reforma por decreto.

 Esta etapa concluye con el fracaso de las intervenciones del gobierno a ocho EPS que afilian a más de 25 millones de colombianos y del nuevo sistema de salud de los maestros en un contexto de deterioro financiero, explosión de quejas por parte de los pacientes y anarquización del sistema de aseguramiento.

Reordenar el sistema y luego reformarlo

 Ante la crisis, Fajardo advierte: “No sabemos qué sistema de salud recibiremos en agosto de 2026” y plantea poner en marcha una campaña para recuperar el sistema de aseguramiento a fin de promover eficiencia, liquidez y sostenibilidad financiera desde el día uno (1) de su gobierno y mientras se conocen los resultados y recomendaciones de las auditorías externas e independientes ya mencionadas.

 Recuperar el sistema de aseguramiento en los primeros meses incluye entre otras medidas:

•  Reconocer la UPC como insuficiente, tal como lo determina la Corte Constitucional, y ordenar el recálculo inmediato de la misma. Generalizar el giro directo desde la ADRES actuando en calidad de tesorería, pero no como pagador único, y fortalecer las auditorías concurrentes.
• La crisis es de tal magnitud que, para conjurarla inicialmente, al igual que en los tiempos de la pandemia, se justifica acudir a un préstamo externo que pudiera dar salida a la sostenibilidad financiera inicial. Todavía el gobierno no aporta evidencia en favor de su argumento de que la plata sí alcanza, pero se la roban. Lo cierto es que, durante la presente administración, aunque ha aumentado el gasto en salud, la plata tampoco alcanza.
• Superar la crisis requiere identificar y caracterizar de manera inmediata las principales barreras asociadas con el acceso a medicamentos y a una atención oportuna y de calidad y tomar las medidas pertinentes. Esto implica, entre tantas otras acciones: hacer ajustes que permitan realizar gestión del riesgo en tiempo real y especificar un plan nacional de contingencia en citas y cirugías y entrega de medicamentos, al igual que establecer indicadores de desempeño y de logro en cada uno de estos programas.
• Posteriormente, todos los actores, actuando bajo la rectoría del Estado en cabeza de la presidencia y del Ministerio de Salud, concertarán el articulado de una reforma estructural del sistema de salud que preserve el aseguramiento, pero redunde en beneficio común, con respeto del derecho a la salud y los derechos del talento humano y los trabajadores de la salud. Un sistema de salud, en el que, como dice Jorge Enrique Robledo, los usuarios y pacientes sean los reyes, que provea bienestar a la población y en especial a los colombianos que más lo necesitan.

Cómo se diferencia Fajardo de Paloma, Abelardo y Cepeda

 En contraste, la propuesta de Paloma y Abelardo ofrece más de lo mismo de la vieja Ley 100 con sus odiosas e injustas desigualdades, y la de Cepeda, sin fruncir el ceño, lo mismo respalda la reforma anti-EPS de Petro que promete concertar una nueva reforma con EPS, farmacéuticas y demás actores. Cepeda heredaría los exabruptos del presidente Petro y de sus funcionarios como el flamante nuevo superintendente de salud, quien se atrevió a transferir directamente a la cuenta de NEQUI de un paciente el valor de los medicamentos. Medida que paradójicamente tiene un carácter privatizador, según concepto del Dr. Andrés Vecino, experto en sistemas de salud.

A la izquierda se la demonizó por su afinidad ideológica con los grupos armados que acudieron a la lucha armada en el siglo pasado, por lo que adquirió el rótulo de “extrema izquierda”. Pero despuntando este siglo, dirigentes que desde siempre habían rechazado la lucha armada, entre ellos Carlos Gaviria Díaz y Jorge Enrique Robledo, se empeñaron en llevar a la izquierda por los cauces civilistas. Así nació el Polo Democrático Alternativo, PDA, que logró unificar a los sectores inconformes y democráticos del país, luchando además contra la corrupción y el clientelismo que imperaban desde el Frente Nacional. 

El empeño por construir una izquierda democrática fue obstaculizado por Gustavo Petro cuando se opuso a la dirección correcta que le estaba dando Carlos Gaviria como presidente del PDA. El propósito de Petro era, hoy lo podemos comprobar, regresar a las concepciones fracasadas de la izquierda del siglo XX, pero simultáneamente a las prácticas corruptas y politiqueras de la derecha. Por eso, hoy Sergio Fajardo está retomando las banderas de Carlos Gaviria para rescatar la democracia y la decencia partidaria.

Cómo Gustavo Petro se le atravesó a Carlos Gaviria

 Carlos Gaviria logró más de 2.600.000 votos cuando fue candidato del PDA en 2006, la segunda votación después de la que reeligió a Álvaro Uribe, incluso superior a la del tradicional Partido Liberal. El éxito conseguido por la izquierda democrática bajo la dirección de Gaviria llevó al uribismo a considerarlo su enemigo más peligroso.

 Pero ese propósito común de construir una izquierda democrática fue poco a poco desdibujándose al interponerse el interés personal de Gustavo Petro, quien comenzó a actuar como una rueda suelta dentro del PDA, al desconocer sus estatutos y el Ideario de Unidad que habían firmado quienes se comprometieron a defender los principios democráticos. Es así como comenzó a hacer componendas al margen de las decisiones consensuadas del partido que presidía Carlos Gaviria.

El primer ejemplo de esa traición a los principios democráticos surgió cuando el PDA se opuso al lesivo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que durante el gobierno de Uribe se estaba negociando. Pero Gustavo Petro, a título personal, llegó a acuerdos con el Partido Demócrata en Estados Unidos, los que intentó imponerle al partido, por lo que Gaviria y la Dirección Nacional los rechazaron.

Después, cuando Carlos Gaviria había sido propuesto con sobradas razones como candidato del PDA para las presidenciales del 2010, Gustavo Petro se le interpuso postulándose como aspirante. Al surgir dos candidatos, era necesario realizar una consulta que decidiera quién representaba al partido. La consulta, como era abierta, permitía que votaran sectores diferentes al PDA, entre ellos, el del uribismo, que no necesitaba consulta porque estaba unificado en torno a la candidatura de Juan Manuel Santos. Por tanto, fueron los sufragios extraños al partido de la izquierda democrática los que decidieron la candidatura de Petro en contra de la de Gaviria, por lo que Santos y Uribe se debieron de sentir victoriosos.

 En las presidenciales del 2010, el respaldo al candidato del PDA, Gustavo Petro, fue de solo 1.400.000 sufragantes, mientras Carlos Gaviria, cuatro años antes, había logrado más del doble. Y lo insólito es que inmediatamente triunfó Santos en esas elecciones, Petro hizo acuerdos con él, nuevamente en forma unilateral y personalista, desconociendo la decisión del partido de hacerle oposición a Santos, el candidato de Uribe. Y en forma descarada acudió a la Dirección Nacional del PDA para exigir la presidencia del partido con el fin de llevarlos a cabo, pero al ser rechazada originó su retiro del PDA.

 Esta historia es poco conocida, pero es la que explica el abandono y la traición de Petro al Ideario de Unidad democrática que habían concebido Carlos Gaviria y Jorge Enrique Robledo desde 2002. Con Petro presidente veinte años después, se pudo comprobar que la perfidia y el oportunismo habían logrado triunfar desquiciando el rumbo de la izquierda democrática para que surgiera otra “izquierda” que reeditara las viejas prácticas politiqueras y corruptas. Por eso este gobierno no puede ser considerado de izquierda ni se puede afirmar que haya existido ningún cambio prometido.

“El fin justifica los medios”

 Para llegar al poder Petro ha empleado la misma fórmula maquiavélica de “el fin justifica los medios”, como lo demostró cuando se alió hasta con los clanes ya conocidos que financiaron campañas de gobiernos anteriores, a cambio de contratos y otras de las llamadas mermeladas. Recordemos la frase reciente del fiel aliado petrista Gustavo Bolívar, quien desplazado por el uribe-santista Armando Benedetti en el gobierno actual, se atrevió a decir: “Petro le vendió el alma al diablo”. La afirmación resume cómo se torció el camino de la izquierda democrática para darle continuidad a la “izquierda” del clientelismo, la violencia y la corrupción.

 La fórmula ganadora ya ensayada es la que sigue imperando en las actuales elecciones, porque los candidatos que hoy lideran las encuestas lo han logrado precisamente porque son financiados por poderosísimos intereses corruptos, los mismos que han costeado los gobiernos anteriores a Petro. Y “el fin justifica los medios” es la misma receta de Cepeda para ganar estas elecciones, y  es la más criticada por Sergio Fajardo, actual candidato presidencial de Dignidad y Compromiso, quien se destaca sin duda por el rescate de las banderas democráticas de Carlos Gaviria al alertar sobre las formas nefastas de hacer la política basada en “el todo vale”. Recordemos la frase acusadora de Gaviria: “El que paga para llegar, llega para robar”.

Sin embargo, el hoy candidato petrista intenta apropiarse hipócritamente del legado de Carlos Gaviria, a pesar de que fue uno de los traicionados por Petro en el PDA. Pero a Cepeda no le importa, porque su fin no se guía por su dignidad, sino para continuar haciendo lo mismo que su caudillo traicionero. El oportunismo sigue imperando con el objetivo de posar como democrático.    

 Y por el lado uribista ya conocemos su forma de gobernar, por lo que no es posible mirar al pasado para reeditarlo. Por eso existe una tercera opción en esta contienda, representada por Sergio Fajardo, al que las encuestas tienen borrado porque los indecisos siguen tras el espejismo de la polarización reinante, propagada con la premisa falsa de que la confrontación en esta contienda es entre la izquierda y la derecha, entre el petrismo y el uribismo, cuando se ha demostrado que Petro no es de izquierda.

 El enfrentamiento es en realidad entre dos sectores del establecimiento que tienen los mismos intereses politiqueros y corruptos, pero revestidos con ropajes diferentes. Se está reeditando la misma disputa presuntamente antagónica de la “manguala liberal y conservadora”, solo que hoy podemos llamarla manguala uribe-petrista.

 La clarividente frase de Carlos Gaviria se hizo realidad: “Petro gana porque le hace demasiadas concesiones al establecimiento”.

Es una verdadera desgracia tener que tomar una decisión entre lo peor y lo menos malo. En el proceso eleccionario colombiano este planteamiento se volvió axiomático, como si fuera una verdad revelada, evidente o incuestionable. He ahí uno de los graves errores, porque nunca será bueno escoger entre “el cáncer y la hepatitis”, como acuñó el exsenador Jorge Robledo. Pero el neoliberalismo tiene sus matrices comunicacionales para asegurar su continuismo y desde ahí urden verdaderos planes para manipular, no solo las realidades, sino los estados emocionales de los electores, incluyendo a las encuestas y los sondeos de opinión.

En Colombia este proceso está ahora permeado de tal manera que han puesto a sus habitantes a escoger entre esos dos males: ¡Los dos extremos!, la derecha identificada de frente con el modelo neoliberal y una supuesta izquierda que se “vende” como la redentora, pero que ha resultado ser la continuadora de ese modelo que garantiza a las minorías las grandes riquezas y le deja pequeñas reivindicaciones a las mayorías, las cuales son presentadas como “triunfos revolucionarios”, pero son parte de las imposiciones del FMI, el sistema financiero internacional y nacional y las corporaciones.

 En el primer grupo de neoliberales frenteros están los candidatos de la derecha: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella son discípulos de los principales impulsores de ese modelo de exclusión, lo defienden y tienen el respaldo de casi todos los sectores que disfrutan de sus beneficios. Del otro lado está el candidato Iván Cepeda, discípulo de Gustavo Petro, que aparenta avergonzarse de sus orígenes, es ambicioso como su jefe y está comprometido con taparle las graves denuncias de corrupción sucedidas durante estos cuatro años, de un período presidencial fracasado que deja al país en una crisis económica, social y política causada por el neoliberalismo que defiende “a hurtadillas”.

 Esos extremos –Paloma, Abelardo e Iván– se juntan en ese modelo neoliberal, aunque dan la apariencia de que sus ideas y actitudes son opuestas; se parecen más de lo que se esperaría, especialmente en sus efectos o en su naturaleza fundamental. Esta es la razón por la cual la estrategia de la derecha –“jalonada” por el expresidente Uribe– y la “izquierda” del presidente Petro es borrar el espectro del centro político, especialmente a su más importante figura, Sergio Fajardo, para poder antagonizar la política entre esos dos extremos, con la plena bendición de todos los detentadores que están detrás del verdadero Poder y los financiadores de esas campañas.

¿Qué junta a estos extremos? Casi todo, comenzando por las desproporcionadas y enfermizas ansias del Poder: Se someten a todas las imposiciones de Wall Street, de donde emana el modelo económico neoliberal; las facilidades que otorgan a los capitales financieros transnacionales; la onerosa deuda externa; garantías de márgenes financieros exorbitantes; pagar tasas de interés confiscatorias; se someten a la OCDE; son continuadores de los Tratados de Libre Comercio con EEUU y UE; permiten la corrupción; la perpetuación de la violencia; sus devaneos dictatoriales expresados en procesos ciudadanos disfrazados de democráticos, y la eliminación del Centro Político, o sea sacar de la contienda a Sergio Fajardo. Es muy triste para una sociedad que le impongan solo dos opciones para elegir el menor mal. Por eso lo “revolucionario” e independiente hoy es rebelarse. ¡Adelante con Fajardo presidente!

Se cumplieron dos años del nuevo modelo de contratación impuesto por el presidente Gustavo Petro. Antes del primero de mayo de 2024 había fallas en el servicio de salud, pero ahora todo se vino abajo y no hay solución a la vista. Solo promesas vacías y engaños permanentes. Nuestras vidas están en peligro.

Mientras tanto, los hallazgos de la Procuraduría y la Contraloría apuntan a un incumplimiento real del servicio y a una corrupción innegable. El hecho es monstruoso: se están robando los dineros del Fomag.

El principal reclamo que tenemos que hacer los docentes y pensionados es que el gobierno respete la Ley 91 del 89 que creó el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, FOMAG.

La Asociación Colombiana de Pensionados, ACOLPEN, denuncia la pésima atención del FOMAG al magisterio y sus pensionados y exige solución inmediata a este grave problema. Somos los pensionados los más afectados por nuestra avanzada edad.

Antes de mayo del 2024, el FOMAG no tenía planta de personal ni oficinas, y se disponía que la contratación del servicio médico del magisterio, sus pensionados y beneficiarios se hacía bajo la Ley 80 de contratación pública, con el cumplimiento de todos requisitos que establece la Ley.

Los oferentes tenían que presentar unas propuestas sujetas al pliego de condiciones que estableciera el consejo directivo del FOMAG. Se escogía la mejor propuesta y se definían unas regiones agrupando a varios departamentos. El último tuvo ocho regiones.

Quienes ganaban la licitación ponían todo, personal y oficinas administrativas, y contrataban los servicios con los prestadores de salud en cada uno de los territorios.

Hoy no hay licitación pública sino que se contratan a dedo todos los servicios entregándolos a sus amigotes y clientes, lo que les abre la puerta a la corrupción y el clientelismo. Son más de 3.200 contratos y hay alrededor de 1.500 empleados contratados por el Fomag. El gasto en salud del FOMAG presenta un aumento desenfrenado. Se gasta mucha más plata que antes, pero se presta un peor servicio.

La exigencia es volver a la licitación pública con la Ley 80 de contratación. Mientras se siga con el caos actual, no habrá forma de mejorar el servicio ni de controlar la corrupción y el robo de los dineros de los maestros y pensionados.

Sea cual fuere el gobierno de turno, el deber de ACOLPEN y el magisterio es reclamar el derecho de los maestros y pensionados a una atención pronta y efectiva. Lo contrario es traicionar al gremio por apoyar incondicionalmente a Petro, principal responsable de la debacle en el FOMAG. Persistiremos en que, para defender sus derechos sin vacilaciones, el movimiento sindical y pensional debe ser autónomo e independiente frente a cualquier gobierno.

Hallazgos fiscales por parte de la Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República reportó hallazgos fiscales por $21.000 millones, relacionados principalmente con la implementación del nuevo modelo de recaudo del Sistema de Transporte Público de Santa Marta (SEPT). En otras palabras, con corte al año 2026, el contrato suscrito para este fin no se ha cumplido, pese a que los recursos ya fueron desembolsados en el marco de un convenio de cofinanciación entre el Ministerio de Transporte y el SEPT.

El primer hallazgo fiscal que señaló la Contraloría fue por $19.840 millones, relacionado con un contrato firmado en el año 2023 para la implementación del sistema de recaudo centralizado, control de flota e información al usuario del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad.

Un segundo hallazgo, por $1.250 millones, para la ejecución y pago de una interventoría del contrato principal, pero como lo señaló la contraloría, no se advirtieron las irregularidades e incumplimientos de los compromisos pactados, lo que presuntamente podría acarrear consecuencias disciplinarias.

Desembolsos sin ejecución

Es alarmante que los recursos públicos de la ciudad no se manejen de manera correcta. Deja en entredicho el proceder del gobierno de Virna Johnson, aliada del candidato presidencial Carlos Caicedo, para suscribir contratos que no se cumplen. Se nota la falta de rigor a la hora de ejecutar pagos con la plata recaudada de los impuestos de los ciudadanos.

Así mismo le cabe responsabilidad al actual alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello, quien a pesar de haberse pronunciado después de conocerse el informe, manifestando que su administración informó el presunto detrimento de los recursos público, cabe preguntar: ¿por qué aún no está en funcionamiento y no ha resuelto la modernización del recaudo?  Ya pasaron más de dos años de haberse firmado el contrato y solo un poco más de 1 año para finalizar su administración.

Quedó en evidencia cómo terminaron desembolsando todo el dinero a pesar de que no se implementó la modernización del sistema de recaudo. Basta con subirse a los buses del transporte público y ver cómo quedaron instalados los equipos en algunas busetas de la ciudad, pero nunca se pusieron en funcionamiento.

Otro aspecto grave es el pago por la supervisión, que evidentemente no advirtió las fallas ni los incumplimientos del contrato, incluido en el acuerdo de cofinanciación con el Ministerio de Transporte para las vigencias 2023 y el primer semestre de 2025. En ese contexto, si la junta directiva del SEPT está conformada por delegados del Gobierno nacional y el acuerdo se suscribió con una cartera del gobierno de Gustavo Petro, surge una pregunta: ¿por qué el gobierno del “cambio” no veló por los intereses de los samarios?

¿Quiénes deben responder?

Estos hallazgos obligan a establecer no solo la responsabilidad administrativa de los encargados de implementar el sistema de recaudo electrónico, sino también la responsabilidad política de las dos administraciones distritales y del Gobierno nacional vinculados al contrato.

No hay duda de la gravedad de los hallazgos de la Contraloría, es importante que los organismos de control y la Fiscalía general, realicen las debidas investigaciones para encontrar las responsabilidades fiscales, disciplinarias e incluso penales a las que haya lugar. Y también es de suma importancia que los jefes de las administraciones involucradas en este caso asuman la responsabilidad política que les compete y hagan lo que sea necesario para reparar los daños causados a los samarios. Vale la pena mencionar el silencio del Concejo de Santa Marta ante estos presuntos casos de corrupción.

Unidad frente a los hechos de corrupción

Los samarios debemos unirnos para levantar una voz de exigencia al Gobierno de Gustavo Petro y a los gobernantes de la ciudad, para que demuestren un compromiso real con la transparencia en la ejecución de los recursos públicos. Son muchas las necesidades de la ciudad, y no tiene presentación que los pocos recursos públicos que hay, no se ejecuten ni se cuiden para que cumplan su objetivo central, que debe ser mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Le acude la razón a Sergio Fajardo, candidato presidencial, explicando parte de los males del país: “es la corrupción, estúpido”.

Coletilla: Envíe un derecho de petición con el fin de esclarecer lo que presuntamente puede ser un caso más de corrupción.

Sergio Fajardo propone crear un Puesto de Mando Presidencial desde el primer día de gobierno para enfrentar la crisis del sistema de salud en Colombia. La propuesta busca fortalecer la rectoría nacional, coordinar a los actores del sector y recuperar la capacidad estatal de conducción, regulación y vigilancia.

La bancarrota y el desastre actual de la salud en Colombia se incubó y se mantiene hoy en medio de la debilidad o el desbordamiento de la autoridad nacional del sistema.

Ley 100 y Petro: dos antecedentes de una rectoría debilitada

Primero fue la ley 100 que, con su énfasis en la libertad de mercado a costa del papel del Estado, fragmentó la dirección de la salud hasta el extremo de llegar a fusionar el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo.

En su momento, el respetado Dr. Roberto Esguerra Gutiérrez afirmó: “La Ley 100 es buena, fue un error darle al sector privado el control de las políticas de salud y de los programas de promoción y prevención…y agregó: El Estado debe centralizar las políticas de salud …Tenemos que rescatar el Ministerio de Salud”.

Luego vino el gobierno de Gustavo Petro que, asumiendo un rol extremo, decidió manejar el sistema de salud por medio de órdenes presidenciales, a menudo simplemente ordenes verbales, con la excusa que el congreso no le ha aprobado su reforma a la salud.  Así, impuso a través de sus ministros un nuevo modelo de salud a los maestros y anunció la desaparición del régimen exceptuado que los rige y que fuera establecido por una ley vigente. Así ordenó liquidar las EPS quebradas.

En ambos casos, la rectoría ha estado relegada a un segundo plano, es decir la dirección del sistema de salud a la cual le corresponde la responsabilidad estatal de brindar bienestar a la población y de garantizar el derecho a la salud no ha cumplido a cabalidad con su función de conducir, regular y fiscalizar lo concerniente al sector salud.

Fajardo propone un Puesto de Mando para ordenar la salud

Cuando Fajardo plantea que en el primer día de su mandato establecerá un Puesto de Mando Presidencial (PMP) para empezar a solucionar el caos de la salud, Fajardo está anunciando que durante su gobierno y de acuerdo con la ley, el sistema de salud contará con una rectoría estratégica nacional.

Ahora, la rectoría no niega la gobernanza. El concepto y las funciones estatales básicas de la rectoría aparecieron cuando se estableció en Alemania el primer sistema de salud en el mundo mediante la Ley del Seguro Médico de 1883.  Entonces, se crearon fondos de enfermedad en distintos sectores de la producción, independientes entre sí y que se autogestionaban pero que respondían obligatoriamente a un marco legal centralizado.

El concepto de gobernanza surgió asociado a las políticas económicas de libre mercado en los 1980s, particularmente durante el gobierno radicalmente neoliberal de Margaret Thatcher en el Reino Unido. En principio, la gobernanza tenía como objetivo debilitar la rectoría del Estado introduciendo en los organismos de gobierno, un peso mayoritario de los representantes del sector privado.

En Colombia, la rectoría del sistema de salud ha sido débil y la gobernanza ha sido inefectiva esto ha facilitado, no solo que la corrupción a lo largo y ancho del sistema de salud haya hecho de las suyas, sino que no se cumplan o se cumplan a medias, metas factibles de alcanzar en salud dentro del marco legal y las políticas públicas existentes a lo largo de los gobiernos desde el de César Gaviria hasta el de Gustavo Petro.

Fajardo fue el primer candidato presidencial en convocar, dialogar, realizar grupos focales… con todos los agentes del sistema de salud, bajo la premisa que una rectoría fuerte no excluye, sino que se complementa con los acuerdos y la coordinación de los distintos niveles de gobernanza dentro del sistema de salud.

En este escenario de rectoría y gobernanza, las autoridades de salud deben cumplir en beneficio de la población, las funciones esenciales de la salud pública de que habla la Organización Panamericana de la Salud y encontrar solución a los conflictos que suelen presentarse entre los actores del sistema, en razón de sus intereses económicos particulares.

La experiencia de Fajardo en la alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquia, lo perfilan como el mejor candidato para liderar y tomar las decisiones necesarias para superar la crisis y hacer una reforma.

Una agenda con control, trazabilidad y programas regionales

Tanto la rectoría como la gobernanza del sistema de salud tendrán un papel determinante en el gobierno de Sergio Fajardo, en el nivel nacional, regional y municipal. Estarán basadas en criterios e indicadores de desempeño, trazabilidad y transparencia.  Rectoría y gobernanza tendrán su mejor expresión en la creación de la Agencia Nacional Anticorrupción en Salud y en los programas especiales para las regiones más pobres y vulnerables, empezando por Cauca, Catatumbo y Chocó.

En palabras de Fajardo, la meta es: “Mejorar el rol del Estado como ordenador y rector del sistema de salud y garante último de la consagración del goce efectivo del derecho a la salud”.

El haber convertido a una variopinta de dirigentes sindicales en apéndices de su Gobierno le ha servido al presidente Gustavo Petro para adormecer e inmovilizar a la clase obrera, que pasan de agache frente a la profunda crisis económica, social y política que vive la mayoría de los colombianos, corroborada por los indicadores oficiales. Petro ha utilizado “el espíritu del cambio” de los trabajadores para ofrecerles unas cuantas “prebendas”, pactadas con el capital internacional y el gobierno de EEUU, con cuyo engaño se toman al país mientras que las Centrales Obreras, con contadas excepciones, hacen “mutis por el foro”.

El 1 de mayo, Infobae publicó: “La central sindical CGT lanzó una advertencia a propósito del Día Internacional del Trabajo… Su presidente, Jorge Iván Diez, lamentó que los últimos años hayan visto una tendencia que considera perjudicial para la causa laboral al afirmar: Los trabajadores colombianos llevamos cuatro años en los que el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, ha sido instrumentalizado por el Gobierno como un acto de gestión de Gobierno… Un sector del sindicalismo ha invitado a un candidato a la Plaza de Bolívar para que intervenga ante los trabajadores en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo”. Diez también denunció que el presidente Gustavo Petro se haya presentado en la conmemoración de Medellín para hacer clientelismo a favor de su candidato, Iván Cepeda.

El Día del Trabajo es una conmemoración “sagrada” de la clase obrera para recordar a los mártires de Chicago que el 1 de mayo de 1886 se congregaron “sin colores políticos, sin sesgos ideológicos, sin dogmas de fe”, detrás de una consigna unitaria: “ocho horas de trabajo, ocho horas de educación y ocho horas de descanso”. No caben los discursos politizados del presidente del país, así hubiera sido “el revolucionario” de Petro, quien hoy posa de gran líder obrero, charretera que nunca ha ganado en el campo de batalla. Es una apropiación sindical e ideológica que llena de basura del más rancio capitalismo al movimiento obrero. Los “Primeros de Mayo” han sido utilizados históricamente por la dirigencia sindical del mundo para recordarle a la población que las condiciones laborales actuales son producto de arduas luchas y de muchos sacrificios; no han sido donativos de ningún gobierno progresista capitalista.

Al petrismo le cabe la responsabilidad de dividir al movimiento obrero para engañarlo y acabar con sus conquistas, como lo está haciendo con la destrucción de Ecopetrol, el desconocimiento del régimen especial de salud del Magisterio; la “macartización” de los dirigentes sindicales en sus alucinados Consejos de Ministros; o para decir parodias risibles como que: “hoy hay más vida en Colombia… Cuando hablo con la gente me dicen que el hambre ha retrocedido”, como lo hizo en Medellín, mientras su ministro de Hacienda les hacía a los colombianos un regalo envenenado: “A partir del 1 de mayo el precio por galón de gasolina en Colombia subirá $400, y el del diésel (ACPM) un poco menos”. Pero, además, ese ministro, Germán Ávila, confirmó que el gobierno Petro subirá el pago de impuestos a millones de colombianos con una nueva reforma tributaria: “dificultades políticas y sentencias judiciales limitaron los ingresos estatales y hay urgencias financieras”, justificó. Todo esto sucede sin que en las marchas del Primero de Mayo saliera un osado grito: ¡Abajo el Gobierno de Gustavo Petro!

“Operación Furia épica” fue la consigna de guerra que utilizaron Donald Trump y Benjamín Netanyahu para atacar a Irán, por el que confiaban un “cambio de régimen” inmediato. Pero después de dos meses de agresiones no han logrado el objetivo ni ninguno de los fines que utilizaron como pretexto para iniciar esa guerra criminal. Por eso, ahora Trump solo confía en la “furia económica” para continuar asfixiando a Irán y para tratar de cortarle las rutas comerciales a China. Se configura así una nueva escalada que cada vez cobra mayores implicaciones globales.   

La derrota militar de Estados Unidos

 Mientras Trump lanzaba al mundo entre aspavientos la narrativa de la victoria, lo que en realidad sucedía era su derrota, porque la respuesta de Irán ha hecho que las intenciones para someterla fracasaran, tanto la decapitación de la cúpula gobernante, como la opción militar y la diplomática. Y ningún ultimátum para lograr la rendición logró su cometido, como tampoco la amenaza criminal y genocida de que destruiría esa civilización hasta “hacerla regresar a la edad de piedra a la que pertenece”.

 Tratar de destruir civilizaciones como la persa, que tiene seis mil años de rica historia y cultura, no es sino una muestra de la ignorancia atrevida a la que recurre un imperio decadente dirigido por un presidente autoritario, que en realidad está llevando a su propio país a la edad de piedra. El fracaso es evidente. Ya no cuenta con ningún apoyo militar aliado y ni el Papa en Roma se le arrodilló sumiso cuando Trump le exigió ponerse de su lado.

 El supuesto ejército más poderoso del mundo no pudo vencer a Irán, porque “fue diseñado para volver a pelear la Segunda Guerra Mundial” y no para esta guerra, según el coronel norteamericano retirado Douglas McGregor (ver video). Porque la estrategia del Pentágono de utilizar portaviones y ataques navales y terrestres ya es obsoleta, mientras Irán prioriza la de los misiles, drones e interceptores, claves en la guerra moderna. Y las bases norteamericanas instaladas en los Estados monárquicos del Golfo, para atacar a Irán y defender el petrodólar, fueron destruidas de inmediato por los misiles iraníes.

La “furia épica” se desvaneció en Irán como un tigre de papel. Netanyahu sabía que el ejército israelí era incapaz de aniquilar el “régimen maldito”, por lo que confió en el norteamericano para conseguirlo. Así, Trump se vio sometido a una guerra imposible de ganar, a una guerra exigida por Netanyahu y el lobby israelí en Estados Unidos, es decir, por los donantes sionistas que ayudaron a Trump a ser elegido.

Por eso, derrotado, Trump tuvo que retroceder y suplicar un alto el fuego para iniciar la diplomacia sobre la base de las exigencias de Irán, país vencedor indiscutible, alto el fuego violado de inmediato por Israel al atacar Líbano. En las negociaciones en Islamabad, los estadounidenses pretendieron hacer lo que no lograron en el campo de batalla, es decir, la rendición de los iraníes, cosa absurda que no podía admitir la diplomacia de Teherán, por lo que las negociaciones fracasaron.

Y como al imperio decadente le atañe cercar económicamente a Irán y cortarle el flujo comercial y energético a China, recurre a la “furia económica” bloqueando sus puertos y confiscando los barcos, aunque sin poder lograrlo en el Golfo Pérsico, porque la “potente” armada norteamericana no se atreve a exponerse allí ante los misiles iraníes.

Es poco probable que Trump vuelva a recurrir a un ataque militar inmediato porque la lección que le dio Irán fue contundente y, además, le desveló sus limitaciones. Continuará buscando las negociaciones para ganar tiempo y esperar mejores días para volver a atacar, aunque Irán ya no confía en la diplomacia de Washington. Pero la cúpula sionista, en su desespero, sí es capaz de optar por la “opción Sansón” para lanzar una bomba nuclear y de paso acelerar el mito bíblico del Armagedón o el fin de los tiempos.

Cada vez más lejos de su propia visión prometida de no meterse en guerras eternas y buscar una paz duradera, lo que está haciendo Trump es acelerar la caída de su imperio con las consecuencias que ya están haciendo estragos en los ámbitos globales. El intento de acabar de someter a Asia occidental a sus designios para seguir con China y Rusia, las dos grandes potencias de Eurasia que le compiten en el campo comercial, ha encontrado en Irán un muro de contención difícil de derribar.

El mundo se dirige inexorablemente a un nuevo orden global multipolar, para dejar atrás el dominio unipolar hegemónico de Washington. Aunque el Occidente político, o Norte global, no cederá fácilmente las conquistas logradas durante cinco centurias de colonialismo y apuntaladas por Estados Unidos en los últimos 125 años, a lo que asiste el mundo es a su caída y al surgimiento incontenible de otras potencias que buscan la cooperación comercial en pie de igualdad, la diversidad productiva y la contención del monopolio económico y financiero norteamericano, para bien del Sur global.

Desde el principio hasta el final, el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro ha sido señalado de vinculaciones con hechos de corrupción, cuyas denuncias iniciaron bien temprano, cuando su exnuera, exesposa de su hijo Nicolás Petro, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, reveló a principios de 2023 el entramado mediante el cual Nicolás recibió recursos, supuestamente ilícitos, de parte de Samuel Santander Lopesierra, alias “El hombre Marlboro” y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo de Alfonso “el Turco” Hilsaca; investigación que se encuentra en poder de las autoridades judiciales. Aquí apenas comienza a soltarse el ovillo de una serie de acusaciones para las cuales ni el Pacto Histórico ni sus congresistas, como su actual candidato, Iván Cepeda, menos el presidente Petro, entregaron respuestas satisfactorias; la mayoría han guardado silencio cómplice o simplemente tienden cortinas de humo.

El presidente Petro y su escudero Cepeda no habían tapado el escándalo cuando estalló otro, el 5 de junio de 2023: “…Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15 mil millones de barras, que pagará el tiempo de no sé qué, te llevé a ti al hijueputa de Prisa, hicimos 100 reuniones, no marica y la Jefa de Gabinete me recibe a las tres horas”, le decía Armando Benedetti, actual MinInterior, en unos audios a Laura Sarabia, antigua jefa de Gabinete del presidente, hoy embajadora en Reino Unido. Las palabras de Benedetti fueron más comprometedoras: “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, todos nos jodemos, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa [proceso] 8000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una hijueputada”.

 Otros escándalos más de corrupción salieron a flote, siendo uno de los más sonados el de la UNGRD, que inició con el robo de los dineros para la compra de los carrotanques para el agua en La Guajira, pero pasa de un billón de pesos. Estalló en febrero de 2024 y tiene presos, reos ausentes, procesados o indiciados a connotadas figuras del Gobierno Petro como los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, los congresistas Iván Name, Andrés Calle, Waldir Mansur y Karen Manrique y los funcionarios Sandra Ortíz, Carlos Ramón González, Olmedo López y Sneider Pinilla; además del contratista Luis Eduardo López Rosero.

Para que quede claro que el Gobierno del Cambio del Pacto Histórico de Petro y Cepeda está plagado de corrupción, otra alta funcionaria, exjefa de Gabinete del presidente Petro, Angie Rodríguez, hoy directora del Fondo de Adaptación, reveló que hay “una red criminal dentro del Gobierno”, por lo cual presentó denuncia ante la Fiscalía, además de otra por extorsión que tramitó ante el GAULA. Señaló a varios altos funcionarios e incluso dijo que, en el caso de Juliana Guerrero, el presidente ya sabía sobre los títulos falsos; pero además reveló que el presidente Petro la acusó ante los ministros de mantener “alianzas con paramilitares”, la calificó como “la reina del fentanilo” y la asoció con actividades de contrabando en Buenaventura.

El Pacto Histórico, el presidente Petro y su candidato Cepeda solo balbucean: “que investigue la Justicia”. ¡El Gobierno del Cambio resultó igual que lo mismo!