El gobierno de Donald Trump impulsa el rediseño de distritos electorales en Texas, Ohio, Carolina del Norte y Misuri, estrategia respaldada por un fallo de la Corte Suprema que anuló en mayo el mapa de mayoría afroamericana de Luisiana. California y otros estados demócratas responden con sus propios mapas antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

La situación interna en Estados Unidos enfrentará una dura prueba en las elecciones de noviembre del presente año, elecciones conocidas en Estados Unidos como de Medio Término.  A las falencias estructurales del sistema electoral que permite elegir un presidente derrotado en las urnas, pero con mayor número de votos en los colegios electorales, se suman los continuos ataques provenientes de los propios republicanos al presidente Trump.

La toma violenta del Capitolio el 6 de enero de 2021

Donald Trump perdió la reelección el 3 de noviembre del 2020 frente a Joe Biden e inmediatamente desconoció los resultados electorales alegando fraude en varios Estados de mayoría demócrata. Hay evidencia de que, además, Trump presionó a funcionarios de Georgia en procura de modificar las cifras electorales a su favor en ese Estado.

 Ante el resultado adverso, Trump incitó a grupos extremistas blancos de su movimiento MAGA para que ingresaran al Capitolio el 6 de enero de 2021 con el propósito de impedir que la plenaria del Congreso ratificara el resultado del colegio electoral, último y decisivo paso en el proceso de oficializar el triunfo de Biden como nuevo presidente de la Unión. La cruenta toma del Capitolio por los partidarios de Trump fracasó.

Desde entonces, atrincherado en el partido republicano y en el movimiento MAGA, Donald Trump se propuso demostrar que le robaron las elecciones e inició una serie de demandas, exigencias de investigación y amenazas contra quienes administran el sistema electoral en distintas ciudades y Estados de la Unión.

Reelegido Trump como presidente en el 2024, las acciones confluyeron en una estrategia de reforma del sistema electoral instrumentada desde la Casa Blanca. Apuntaba a cambiar los requisitos para ejercer el voto, además de allanamientos, amenazas, acusaciones, demandas y manipulaciones dirigidas a garantizar a como dé lugar las mayorías para el Partido Republicano en ambas cámaras del Congreso en noviembre de 2026.

Los cambios ya se hicieron

 En Estados Unidos, los representantes a la Cámara son elegidos por distritos electorales previamente establecidos. Tradicionalmente, el número de distritos, y por tanto de representantes, es revisado cada diez años, una vez se conoce el resultado del censo nacional. Los Estados son autónomos para definir la metodología con que se rediseña el mapa de cada distrito electoral en el propio territorio.

 Una vez instalado en la Casa Blanca por segunda vez, Trump rompió la tradición y ordenó a los gobernadores de los Estados donde su partido es mayoritario rediseñar los distritos electorales de tal manera que se aumente la votación republicana en cada distrito. Con la jugada, el gobierno pretende asegurar para el Partido Republicano los escaños que le permitan alcanzar la mayoría en la Cámara durante los dos años finales de su período. Claramente se trata de una estratagema en contra del Partido Demócrata.

 Es el caso de Texas, un Estado con mayoría de votantes republicanos y en el cual el rediseño de los distritos electorales les daría a los seguidores de Trump cinco representantes más a la Cámara. Otros Estados de mayoría republicana como Ohio, Carolina del Norte y Misuri han procedido de manera similar.

El Partido Demócrata, obligado a reaccionar en los Estados donde es mayoría, ha procedido en el mismo sentido. Es el caso de California en donde el rediseño de los distritos le permitiría obtener cinco nuevos escaños.

Se inicia así una guerra de rediseño de distritos electorales entre republicanos y demócratas. Uno a uno se pelean los escaños en una disputa que desafía las normas legales tanto estatales como federales y tiene a los directorios en un franco enfrentamiento, que llega hasta los estrados judiciales y las autoridades estatales. Son esas instancias las que definen la constitucionalidad con la que cada Estado rediseña el mapa electoral del distrito.

La Corte Suprema le da una mano a Trump

 El Estado de Louisiana tiene derecho a seis asientos en la Cámara de Representantes. En 2024, la legislatura había creado un segundo distrito de mayoría afroamericana. Un grupo de ciudadanos demandó el mapa alegando que se había basado en un perfil meramente racial.

 A principios de mayo y haciendo caso omiso de que Louisiana es un Estado mayoritariamente negro que ha enfrentado durante décadas la segregación racial y barreras para votar, la Corte falló mayoritariamente por seis a tres anulando el mapa del nuevo distrito electoral. La sentencia argumenta que “el diseño de los distritos se basó exclusivamente en criterios raciales” y que, con ello, el mapa del distrito favorece a los votantes negros frente a los blancos.

 La bancada afroamericana del Congreso se reunió y condenó el fallo. La congresista Terri Sewell de Alabama declaró que la decisión de la Corte “ha asestado un golpe devastador a nuestra democracia y a la ley del derecho al voto de 1965, pavimenta el camino para la reducción mas grande a la representación de votantes negros y de las minorías desde la época de la reconstrucción”.

Las voces de la bancada afroamericana denuncian que el fallo de la Corte da luz verde al plan trumpista de supresión del voto.  Señalan además que los republicanos y Trump intentan erosionar la democracia para escapar de la rendición de cuentas en las urnas. “Quieren robar las elecciones y nosotros desde la bancada negra decimos NO!”.

Para Terri Sewell y su bancada, defender el espíritu de la ley del derecho al voto de 1965 es crucial para mantener una democracia multirracial en Estados Unidos y un camino real para las reivindicaciones de las gentes negras, los latinos, los nativos estadounidenses y los asiaticoamericanos.

En Tennessee, con una legislatura de mayoría republicana, se aprobó un nuevo mapa congresional para repartir el único distrito de mayoría negra del Estado con el fin de ayudar a los republicanos de esa circunscripción electoral a asegurar los nueve escaños.

Trump desafía a la administración electoral

 En entrevista concedida al programa Democracy Now, el periodista de Reuters, Ned Parker, denunció las medidas que la administración Trump está tomando para hacerse al control del sistema electoral y para castigar a quien considera sus enemigos. Parker, quien junto con su equipo recibió el Premio Pulitzer 2026 gracias a esta investigación, señaló que, desde la Casa Blanca se ordenaron allanamientos a las oficinas de administración electoral del condado Fulton, en Georgia, que en Ohio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició investigaciones sobre fraude electoral, y que en Nevada, el FBI realizó interrogatorios a funcionarios de la oficina electoral preguntando sobre información relacionada con registro de votación de las elecciones 2020.

En Estados Unidos no hay una oficina federal para la administración de las elecciones. Por la Constitución son las legislaturas estatales y locales las que establecen la normatividad electoral, de manera que las elecciones han sido siempre manejadas por oficiales estatales y locales. Buscar a través de órdenes ejecutivas y otras medidas del presidente Trump imponer la autoridad federal sobre los administradores locales y estatales de las elecciones abre la puerta al control autoritario del gobierno sobre lo que ha sido un pilar de la democracia electoral en el país. Democracia que, si bien ha estado atada al restringido sistema bipartidista, podría aún verse sometida a mayores limitaciones y a la negación de derechos adquiridos por la población.

Las elecciones de noviembre de 2026, elecciones de Medio Término, se convierten en prueba de fuego. En ellas se medirá el nivel de aprobación o rechazo que tienen las medidas del gobierno Trump. Con las elecciones de 35 senadores, la totalidad de la Cámara de Representantes y muchas gobernaciones, la balanza puede inclinarse al campo demócrata creando un ambiente favorable para que se inicie un proceso de destitución del presidente (impeachment, como se dice en inglés) lo cual marcaría un precedente único en el año del aniversario 250 de la independencia del hoy disminuído imperio de Estados Unidos de Norteamérica.

Los colombianos han sido entrampados por el presidente Petro, quien, mediante una calculada campaña, copó el espacio de la izquierda, que tiene la misión de defender la soberanía y la autodeterminación nacionales. El entrampamiento le funcionó con la cooptación de una parte de esa izquierda que terminó al servicio del imperialismo agresor del país. Parodiando al Quijote de La Mancha: “no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios”, en Colombia “no se mueve sin la voluntad de Estados Unidos”, y durante el Gobierno Petro nada distinto sucedió, puesto que fue uno de los más monitoreados por EE. UU., con la presencia física de altos funcionarios en la Casa de Nariño. Así, en febrero de 2024 fueron enviados desde la Casa Blanca el asesor adjunto de Seguridad Nacional de EE. UU., Jon Finer, y el asesor para el Hemisferio Occidental, Juan González, mientras que en agosto de 2025 el turno correspondió a una delegación bipartidista de congresistas encabezada por los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego, junto al entonces encargado de negocios, John McNamara.

Además, fueron muy comentadas varias de las visitas del Comando Sur de EEUU, con la general Laura Richardson (2022-2024), con quien se acordaron temas de seguridad nacional, medio ambiente y ejercicios militares conjuntos con el portaaviones USS George Washington en Bahía Málaga; igualmente se recibió al almirante Alvin Holsey en abril de 2025, nuevo jefe del Comando Sur, quien llegó a Bogotá para reunirse con altos mandos militares, y públicamente invitado por el presidente Petro a la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena, para dialogar sobre la seguridad en el mar Caribe. Petro también se reunió en Washington con el presidente Donald Trump y su gabinete, incluidos el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. Con todo este arsenal, EE. UU. se aseguró que el “izquierdista” Petro les garantizara sus intereses en Colombia. ¡Más arrodillado, imposible!

 EE.UU. mantiene el dominio sobre Colombia de diferentes formas: Adhesión al Consenso de Washington que impone el modelo neoliberal; participación en el tanque de pensamiento que es la OCDE; el manejo de la economía con las imposiciones de la banca multilateral –FMI, BM, BID–; la absorción de la producción y la vida de los colombianos mediante el TLC, puesto que recoge todos los aspectos de la Nación; además de la sujeción territorial con un Acuerdo Complementario para la Cooperación del 2009 que permite al personal militar y contratista estadounidense el uso compartido y acceso a siete bases operadas por las Fuerzas Militares de Colombia: Tres bases aéreas: Germán Olano Moreno en Palanquero, Alberto Pawells Rodríguez en Malambo y Capitán Luis Fernando Gómez Niño en Apiay; dos fuertes militares del Ejército: Tolemaida en Nilo y Larandia en Caquetá, y dos bases navales: ARC Bolívar en Cartagena y ARC Málaga en Bahía Málaga. A esto, el Gobierno Petro les aseguró una Estación de Guardacostas en Isla Gorgona y la presencia militar del Grupo Aéreo del Amazonas y la Brigada de Selva de las Fuerzas Militares colombianas en Leticia.

El 3 de julio de 2026 el presidente Petro le imploró a Trump que le devuelva la visa y lo retire de la lista OFAC, o Lista Clinton: “El presidente aseguró que Trump desconocía que él y su familia continúan en la Lista OFAC, por lo que, según Petro, el mandatario estadounidense se comprometió a revisar la situación y actuar frente al tema”, dice un comunicado de la Casa de Nariño. ¡Así, es el Imperio con sus lacayos!

En 2022 la mayoría de quienes acudieron a las urnas votaron como castigo al pésimo Gobierno de Duque y de quienes le antecedieron. Gobiernos que además de aplicar a rajatabla el recetario neoliberal, en detrimento de la producción nacional, dieron muestras de su descomposición con corruptelas inmensas en todo el país. Son recordados casos como el de Agro Ingreso Seguro, el de Odebrecht y el de Centros Poblados. El proyecto de Gustavo Petro se presentó como “el cambio” frente a este y otros asuntos, no obstante, los múltiples escándalos de corrupción que plagaron su gobierno lo ubican como continuista en línea con sus antecesores.

El caso de la UNGRD pasa a la historia como uno de los más escandalosos pues se transfirieron recursos desde el Ministerio de Hacienda hacia esta entidad por 1.4 billones de pesos. Su objetivo era desviar recursos para apalancar la actividad del gobierno en el Congreso y pagar favores de campaña. En toda esa actividad se generaron sobrecostos por aproximadamente 300 mil millones de pesos. El latrocinio se destapó en el año 2024 por medios de comunicación y entes de control debido a que se descubrió una operación de inflación de los costos en la adquisición de carrotanques cisterna destinados a abastecer de agua a las comunidades pobres de la Guajira. Como este, otros tantos proyectos en varias zonas del país registraron sobrecostos con el objeto de utilizar esos recursos para pagar coimas. Un multimillonario robo de recursos de la nación para comprar apoyos políticos en el Congreso, mientras las comunidades quedaban desprotegidas ante las emergencias.

Las defraudaciones no son casos aislados

Hicieron parte de una administración que llegó al extremo de sobornar a algunos miembros del Congreso. Lo que allí se ejecutó no fue un asunto menor ni de “ruedas sueltas”. Fue un entramado de corrupción de grandes proporciones que involucró a varios de los más altos funcionarios del gobierno y de su bloque, el Pacto Histórico. Tras las declaraciones de los testigos clave del caso, se conoció que estuvieron implicados congresistas de varios partidos a quienes era necesario sobornar para que mostraran su apoyo a la aprobación de créditos internacionales y reformas en trámite o próximas a cursar en el Congreso. Se imputaron cargos penales contra ministros del gobierno Petro y el círculo más cercano al presidente: Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Olmedo López, antiguo director de campaña de Petro y exdirector de la UNGRD. Sneyder Pinilla, mano derecha de Olmedo López y exsubdirector de UNGRD. Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y exdirector de Inteligencia Nacional y Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las regiones.

De igual manera, aparecen vinculados Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente. Y, según las acusaciones, tuvo una matriz de colaboración que involucra a más de 25 congresistas que incluye a figuras como Wadith Manzur, Karen Manrique y Martha Peralta Epiauyú.

La sociedad condena el enriquecimiento ilícito con los recursos públicos.

Sin importar la afinidad política que se tenga, la sociedad colombiana en pleno debe rechazar este tipo de actuaciones. Es inaceptable que los recursos públicos se desvíen y utilicen como caja menor de los gobiernos de turno, y menos los de una entidad como la UNGRD, porque en el plano concreto implica jugar con la vida y la salud de millones de colombianos. ¿Quién sino la UNGRD se encarga de prevenir, mitigar y responder ante desastres naturales como deslizamientos, avalanchas, inundaciones y terremotos? Resulta paradójico que estas actuaciones del alto gobierno vayan en contravía de su tan conocido eslogan “Potencia mundial de la vida”.

Por último, resulta evidente que este escándalo, y otros como el de Sarabia, el de Nicolás Petro, los múltiples nombramientos irregulares, terminaron desdibujando las pretendidas banderas de anticorrupción y de cambio agitadas por el gobierno Petro y pasando factura a la campaña de su candidato Iván Cepeda. Tanto, que hasta fervientes figuras del petrismo lo han reconocido. Por eso, resulta por lo menos desubicado buscar en causas externas lo que a leguas se nota tiene una causa endógena, que sin duda influyó en la derrota del candidato Cepeda en la reciente contienda electoral.

En días pasados, más de veinte exmagistrados de las altas cortes y experimentados abogados, en una declaración detallada, rechazaron que Abelardo de la Espriella fuera candidato a la presidencia de Colombia, por haber jurado ser ciudadano norteamericano.

Dicho juramento obliga a De la Espriella, so pena de sanciones legales en Estados Unidos si lo viola, a defender, como presidente de Colombia, primero que todo, no los intereses colombianos, sino los norteamericanos.

Este fue el texto que De la Espriella juró cumplir en EE. UU.:

“Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales; que tendré verdadera fe y lealtad a la misma; que llevaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; que realizaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; que realizaré trabajos de importancia nacional bajo dirección civil cuando así lo exija la ley; y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni propósito de evasión; así que ayúdame Dios”.

Es fácil demostrar que pueden darse contradicciones antagónicas entre los intereses de Colombia y los de Estados Unidos. Por ejemplo, basta recordar que, violando el TLC firmado con Colombia, el presidente Donald Trump aumentó los aranceles a las exportaciones colombianas hacia EE. UU.

Es tan inadmisible que el presidente de Colombia pueda ser estadounidense que lo cuestiona hasta el senador norteamericano Bernie Moreno. El presidente De la Espriella queda obligado a respaldar a EE. UU. hasta en sus políticas más agresivas contra Colombia, como la de Donald Trump, que consagra, en “el corolario Trump a la Doctrina Monroe”, América para los norteamericanos.

Ante estas realidades, los colombianos debemos exigirle a Abelardo de la Espriella que renuncie a la ciudadanía de EE. UU., como tuvo que hacerlo Luis Gilberto Murillo con la suya para poder posesionarse como embajador de Colombia en Washington. Así se lo exigió el gobierno norteamericano, que no le permitió ser, al mismo tiempo, ciudadano estadounidense y representante de los intereses colombianos.

Si Abelardo de la Espriella se empecina en ser, al mismo tiempo, presidente de Colombia y ciudadano norteamericano, corre el riesgo de que esa decisión lo obligue a responder a acusaciones por el delito de traición a la patria, tipificado en la Ley 599 de 2000.

Bogotá, 4 de julio de 2026

El Consejo Nacional Electoral mediante el escrutinio consolidó los resultados que en el preconteo del 21 de junio de 2026 arrojaron como ganador de la Presidencia de Colombia al derechista Abelardo de La Espriella. Su elección es producto del pésimo Gobierno de Gustavo Petro por: Sus promesas incumplidas; el desastre del sistema de salud; el fracaso de la Paz Total –que sumió al país en una ola de violencia–; su posición postrada ante el gobierno de EEUU; la espiral de impuestos –reforma tributaria e incremento de los combustibles–; la asquerosa corrupción de sus “amigotes”, a los cuales les mantuvo un silencio cómplice y la delirante transición energética extrema, que casi acaba con Ecopetrol, además de sus alucinaciones y peroratas.

El Gobierno de Petro llega a la antesala de las elecciones con un país hastiado por la traición de un cambio que se convirtió en frustración, lo cual comenzó a equilibrar utilizando los recursos del Estado, a través de contratos de trabajo, Órdenes de Prestación de Servicios, la repartija de plata a manos llenas a sectores que se dejaron corromper como algunas Juntas de Acción Comunales, organizaciones sindicales e indígenas, oenegés, corporaciones, fundaciones, etc., y un enorme gasto en contratación publicitaria. La corrupción que es la utilización de los recursos del Estado en beneficio propio fue constante en el Gobierno Petro. Como lo hacen “los mismos con las mismas”, a punta de corrupción estuvo a punto de reelegirse en cuerpo ajeno.

Los colombianos deben tener claro que el Gobierno de Petro nunca fue de izquierda; él mismo, en algún arrebato de sinceridad, lo reconoció el 6 de septiembre de 2021 en El Tiempo: “Gustavo Petro habló sobre la campaña de 2022 y dice que no es de izquierda. ‘Es que yo ya no divido la política entre izquierdas y derechas, como se hacía en el siglo XX. En ese momento yo fui un joven de izquierda (…) La política en el siglo XXI está atravesada por otra inquietud diferente (…) Hay dos grandes campos que son la política de la vida y la de la muerte’”, afirmó. A Petro, la izquierda le apesta, solo la utilizó por conveniencia, por mostrarse como un “falso profeta”, de ahí su propensión a destruir proyectos que sean de verdadera izquierda. La izquierda no es funcional a ningún imperialismo, propende por la soberanía y la autodeterminación nacionales y no se constituye en su agente como lo hizo Gustavo Petro; además, la izquierda hace autocrítica, todo lo contrario, al aún presidente de Colombia.

Ahí encuentran la razón de su comportamiento, pues las personas que adoptan políticas de derecha, como el presidente Petro, confunden los métodos de la utilización de la violencia con los utilizados por la izquierda, que son ampliamente democráticos; tampoco acuden a la autocrítica: nunca vieron los colombianos al presidente Petro asumiendo sus irresponsabilidades, ni respondiendo por la corrupción de sus correligionarios, ni por sus errores y equivocaciones. ¡Su palabra es palabra de Cristo! Y nadie lo hace entrar en razón. ¡Que lo digan los damnificados de su “amistad”!

Ahora la culpa de su estruendosa derrota es del proceso electoral, el mismo que lo llevó a él a ser elegido en diversos cargos de elección popular y ganarse cerca de $100 mil millones de pesos en reposición, uno de los colombianos que más ha usufructuado del Estado; y de paso, culpa a quienes tuvieron el valor de ser independientes y votaron, con toda razón, en blanco. ¡Entre los dos candidatos no había de dónde escoger!

El caso de Joachim Klement muestra qué tan poco se contrasta hoy la información, incluso en grandes medios. Desde mayo, la historia de sus predicciones para 2014, 2018 y 2022 circuló sin que nadie confirmara la evidencia previa a esos mundiales que la sustentara.

Meses antes del Mundial leí una noticia sobre las supuestas predicciones de Joachim Klement para los mundiales de 2014, 2018 y 2022. Poco después empecé a encontrar reels y publicaciones en las redes sociales, en las que se repetía la misma historia: Klement había diseñado un algoritmo capaz de anticipar a los campeones de Brasil 2014 (Alemania), Rusia 2018 (Francia) y Qatar 2022 (Argentina).

Según esa versión, la empresa para la que trabajaba Klement había desarrollado un algoritmo capaz de predecir al campeón del Mundial. La curiosidad me llevó a buscar los registros de la empresa y apareció la primera sorpresa: había sido creada después del Mundial de Rusia 2018. A partir de ahí busqué noticias porque, como seguidor del fútbol, no recordaba que una predicción de semejante magnitud hubiera tenido la repercusión que ahora se le atribuía.

La historia apareció en la BBC el pasado 26 de mayo, en DW el 3 de junio y fue replicada por Bloomberg, The New York Times, The Washington Post, The Guardian y Le Monde. En español encontré publicaciones en El País, El Mundo y La Nación. En Colombia, en El País de Cali, El Tiempo, El Espectador y Semana. Incluso fue mencionada en noticieros deportivos y los narradores la han repetido en varias transmisiones de los partidos.

Tanto despliegue me despertó una inquietud: si algunos de los principales medios de comunicación daban por cierta la historia de las predicciones de Klement para los tres mundiales anteriores, ¿por qué no encontraba evidencia que permitiera sostenerla? Sin embargo, seguía sin convencerme el hecho de que la empresa no existiera para el Mundial de 2018.

Entonces acudí a Google. Probé distintas combinaciones de búsqueda e incluso escribí únicamente "Joachim Klement". Aparecieron millones de resultados relacionados con las predicciones. Sin embargo, utilicé la herramienta de fechas y limité el rastreo entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014 y, posteriormente, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, es decir, los periodos en los que cabría esperar una mayor cantidad de publicaciones sobre cada Mundial. El resultado fue sorprendente: no había nada. No aparecieron publicaciones en Facebook, ni entradas de blogs, ni noticias en medios de comunicación ni debates en internet previos a los mundiales de 2014 y 2018 que dejaran constancia de aquellas predicciones.

Así que acudí a ChatGPT y le pedí ayuda para rastrear cualquier noticia, entrada de blog, tuit o registro que permitiera contrastar las afirmaciones sobre Joachim Klement antes de los mundiales de 2014 y 2018. Tampoco encontró evidencia. Por el contrario, las referencias localizadas eran posteriores al Mundial de Rusia y todas daban por sentado que las predicciones habían existido y habían sido acertadas.

El hecho plantea varias preguntas. ¿Por qué tantos medios de comunicación presentan como cierta una historia que hoy no parece poder contrastarse? ¿Qué evidencias existen, aparte de las afirmaciones del propio Klement, que demuestren que esas predicciones fueron hechas antes de los mundiales de 2014 y 2018?

Ayer, Países Bajos quedó eliminado por Marruecos, pese a que el algoritmo de Klement lo señalaba como campeón. Japón, otra de las selecciones destacadas por el modelo, corrió la misma suerte frente a Brasil. Es cierto que en 2022 acertó con Argentina, pero también era uno de los grandes favoritos: contaba con Messi en un momento extraordinario y con un plantel de primer nivel. Tampoco acertó con el subcampeón ni con las selecciones que presentó como sorpresas, por lo que el modelo podría haber tenido una importante dosis de fortuna. Además, si se tiene en cuenta que los candidatos reales al título suelen reducirse a cinco o seis selecciones, tampoco parece que pronosticar a Argentina como campeona en 2022 fuera una predicción especialmente improbable. Klement pudo haber acertado en ese Mundial, como también lo hicieron miles de personas que daban a Argentina como ganadora.

Con todo lo anterior, veo tres escenarios posibles.

El primero es que Klement realmente hubiera acertado y que su algoritmo hubiera señalado como campeones a Alemania y Francia antes de que se disputaran ambos mundiales, aunque esas predicciones hubieran circulado únicamente en ámbitos privados, como reuniones o conversaciones entre amigos. Aun así, tampoco resultaba especialmente arriesgado considerar como favoritos a Alemania, Francia o Argentina. Para sostener esa hipótesis sería necesario encontrar alguna evidencia que, hasta hoy, parece haberse diluido en un océano de información digital. Resulta, cuando menos, llamativo que no exista un solo rastro verificable.

El segundo escenario es que la información se hubiera perdido. No sería imposible: muchos blogs desaparecen y numerosas publicaciones de Twitter (hoy X) y Facebook terminan eliminándose o resultan prácticamente irrecuperables.

El tercero es que estemos frente a una narrativa construida después del Mundial de Qatar, en la que la suerte y una buena intuición hicieron lo suyo y que terminó reproduciéndose sin el debido contraste.

No puedo afirmar que Klement no acertara en sus predicciones para los mundiales de 2014 y 2018. Pero tampoco puedo demostrar que sí lo hizo. Tal vez estemos ante un fenómeno de bola de nieve en el que, por el atractivo de una historia extraordinaria, terminamos aceptando una afirmación para la que no encontramos evidencia verificable.

Y con esto en mente surgen nuevas preguntas. ¿Por qué la BBC, DW, The Washington Post y otros medios no localizaron publicaciones anteriores a los mundiales de 2014 y 2018 que respaldaran la historia? ¿Por qué no aclararon que las afirmaciones no podían corroborarse? ¿Por qué hoy se sigue compartiendo la misma narrativa como si estuviera plenamente demostrada?

Diversos autores han advertido que la sociedad contemporánea, marcada por la velocidad de la información, la búsqueda permanente de reconocimiento y la opacidad de los contenidos digitales, favorece una vida con menos cuestionamientos. Filósofos como Habermas, Byung-Chul Han y Fernando Broncano han cuestionado una sociedad en la que el pensamiento crítico pierde espacio frente a la rapidez, la indiferencia por los hechos y la circulación de información desprovista de contexto. Broncano, incluso, sostiene que vivimos en una sociedad digital productora de ignorancia.

Por eso, más allá de si Joachim Klement acertó o no, el verdadero problema quizá sea otro. Cada vez contrastamos menos la información que consumimos, incluso cuando proviene de fuentes que consideramos confiables. Y si eso ocurre con los medios de comunicación, cuya función consiste precisamente en verificar antes de publicar, el desafío para el debate público es todavía mayor. Contrastar, buscar evidencia y tratar de probar, o falsear, en palabras de Popper, las afirmaciones antes de aceptarlas deberían seguir siendo una obligación, no una opción.

 A la abierta intervención de Trump en la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia se le suma el hecho de que quien será presidente a partir del próximo 7 de agosto es ciudadano de los Estados Unidos. Al obtener la nacionalidad del país del norte, De la Espriella hizo un juramento que le implicó renunciar “absoluta y completamente a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjeros, de los cuales haya sido súbdito o ciudadano”.

Es totalmente contradictorio e inaceptable que un presidente que ganó las elecciones pregonando defender la patria colombiana deba guardar lealtad y fidelidad a un país extranjero. Por esta razón crece día a día un notorio rechazo a la injerencia de EE. UU. en los asuntos internos de Colombia y se alzan voces que exigen que, para posesionarse como presidente de la República, De la Espriella debe renunciar a su nacionalidad estadounidense.

La injerencia en asuntos internos de otros países y a favor de sus propios intereses es una política bipartidista en EE. UU., que viene de mucho tiempo atrás y que en Colombia ha contado con la complicidad de los presidentes que han gobernado desde comienzos del siglo XX hasta hoy, incluido Gustavo Petro. De ello dan cuenta hechos históricos como la separación de Panamá, la Misión Kemmerer, la Masacre de las Bananeras, la injerencia en asuntos como la explotación del petróleo con las concesiones De Mares y Barco vendidas a la Tropical Oil Company y a la COLPET y después a GULF respectivamente, la Alianza Para el Progreso o el Plan ATCON para la educación pública, la adaptación de toda la institucionalidad colombiana al Consenso de Washington o el Plan Colombia; todas intervenciones de EE. UU. en Colombia.

La injerencia no ha cesado a la fecha y esto se refleja en hechos más recientes como la firma y ejecución del TLC con EE. UU. que es el principal entre los que hemos firmado y se mantiene pese a los constantes incumplimientos por parte de ese Estado, integración de Colombia a la OTAN como “socio global”, presencia militar estadounidense en la Amazonía colombiana, el ingreso de Colombia a la OCDE, la presencia militar gringa en bases militares colombianas, la construcción de una base militar al servicio de la táctica geopolítica de EE. UU. en el santuario ecológico de Gorgona, o el hecho de que Colombia sacrifique su soberanía energética al dejar de explorar y extraer gas para dedicarse a importarlo principalmente de EE. UU. y así ayudarle a solucionarle su problema de excedentes.  

La injerencia favorece siempre a EE. UU. y perjudica a Colombia

Otro de los frentes de intervención por parte de EE. UU. en la economía nacional deriva del chantaje de la deuda pública, mediante el cual, Colombia siempre necesita de préstamos para financiarse y organismos como el Banco Mundial o el FMI siempre están presentes para prestar a cambio de concesiones de todo tipo que favorezcan a multinacionales, fondos de inversión y a los mismos EE. UU. No es poco que, como lo ha denunciado el ex senador Jorge Robledo, el FMI lleve más de 80 años orientando la política colombiana, y que, mientras seguimos a punto de ahogarnos en la pobreza, el hambre y el subdesarrollo, esa entidad sea insistente en felicitar la macroeconomía colombiana y en la propuesta de profundizar sus medidas.  

Todos los hechos anteriores han sido permitidos por los gobiernos de Gustavo Petro, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe y por sus predecesores y todos han significado enormes trabas para el desarrollo económico, político y social para Colombia y ninguno de los dos candidatos en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella hoy electo, ni Iván Cepeda, plantearon ni propusieron nada que contradijera esta intervención.

Particular escozor genera que las primeras relaciones de los gobiernos electos son con funcionarios de EE. UU. Hagamos referencia a los dos últimos casos: Abelardo de la Espriella, una vez elegido, se comunicó con funcionarios estadunidenses e incluso con el mismo Donald Trump, práctica que no fue diferente a la de su predecesor, quien justo después de ser elegido habló con Joe Biden, entonces presidente de EE. UU. y antes de posesionarse, se reunió con el embajador de EE. UU. en Colombia.

Las estrategias de Seguridad

Para convencerse de todo lo anterior, basta leer la  Estrategias de Seguridad Nacional de Biden y de Trump: La primera, señala que: “Aunque el entorno internacional se ha vuelto más conflictivo, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial. Nuestra economía, nuestra población, nuestra innovación y nuestro poder militar continúan creciendo, a menudo superando a los de otros países grandes. Nuestras fortalezas nacionales intrínsecas —el ingenio, la creatividad, la resiliencia y la determinación del pueblo estadounidense; nuestros valores, diversidad e instituciones democráticas; nuestro liderazgo tecnológico y dinamismo económico; y nuestro cuerpo diplomático, profesionales del desarrollo, comunidad de inteligencia y fuerzas armadas— siguen siendo inigualables. Tenemos experiencia en el uso y la aplicación de nuestro poder en combinación con nuestros aliados y socios, quienes contribuyen significativamente a nuestras propias fortalezas. Hemos aprendido tanto de nuestros fracasos como de nuestros éxitos. La idea de que debemos competir con las grandes potencias autocráticas para moldear el orden internacional goza de un amplio apoyo bipartidista en el país y cada vez mayor en el extranjero”. 

Por su parte, la Estrategia de Seguridad de Donald Trump, que se ufana de expresar el corolario Trump a la Doctrina Monroe, establece: “Estados Unidos conserva la posición más envidiable del mundo, con activos, recursos y ventajas líderes a nivel mundial, entre los que se incluyen:

•         Un sistema político aún ágil que puede rectificar el rumbo;
•         La economía más grande e innovadora del mundo, que a la vez genera riqueza que podemos invertir en intereses estratégicos y nos proporciona influencia sobre los países que desean acceder a nuestros mercados;
•         El sistema financiero y los mercados de capitales líderes del mundo, incluidos los estatus del dólar como moneda de reserva mundial; los más avanzados, innovadores y rentables del mundo;
•         El sector tecnológico, que sustenta nuestra economía, proporciona una ventaja cualitativa a nuestras fuerzas armadas y fortalece nuestra influencia global;
•         El ejército más poderoso y capaz del mundo;
•         Una amplia red de alianzas, con aliados y socios mediante tratados en las regiones de mayor importancia estratégica del mundo;
•         Una geografía envidiable con abundantes recursos naturales, sin competencia de potencias físicamente dominantes en nuestro hemisferio, fronteras sin riesgo de invasión militar y otras grandes potencias separadas por vastos océanos;
•         Un “poder blando” e influencia cultural sin parangón; y
•         El coraje, la fuerza de voluntad y el patriotismo del pueblo estadounidense.”

¿En qué coinciden ambas estrategias?

Dicen que los Estados Unidos debe mantener su hegemonía política, económica y cultural en el mundo, coinciden en que China es su principal enemigo y en que América Latina toda y el hemisferio debe someterse a su estrategia hegemonista. ¿En qué se diferencia? En algunos matices como el discurso, algunos aspectos de coyuntura y las excusas con que lo justifican. Lo mismo que los gobiernos colombianos: cada cual tiene una excusa diferente para someterse, entre ellos, la lucha contra las guerrillas, la lucha contra el narcotráfico, la paz, el cambio climático, entre otros.

Se concluye entonces que la injerencia de EE. UU. en Colombia es una política de Estado practicada tanto por el partido Demócrata como por el partido Republicano. Donald Trump no ha sido el primer gobernante de Estados Unidos que ha intervenido en los asuntos internos de Colombia. Presidentes demócratas como Joe Biden, Obama y otros, lo han hecho también. Lo hacen a nombre de la seguridad nacional de EE. UU. y con variopintas excusas como la lucha contra las drogas, la lucha contra la insurgencia, la lucha contra el comunismo, o en defensa de la democracia, el ambientalismo, entre otros.

Por ello, los colombianos que sufrimos estas injerencias, debemos unirnos para defender los intereses nacionales, entre ellos lograr el desarrollo económico de Colombia con una producción industrial y agropecuaria fuerte y capaz de ofrecer trabajos suficientes y dignos, la fortaleza de la democracia, el desarrollo de la educación y la ciencia, la derrota real y constante de la corrupción, entre otros; objetivos que no pueden lograrse sin la lucha por recuperar nuestra soberanía nacional ¡Manos a la obra!

Desde el 28 de enero de 2026, los contratos que teníamos con cuatro empresas privadas para recoger la basura se acabaron. En ese momento, por decisión del presidente Gustavo Petro, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la ciudad entró en un modelo de libre competencia. ¿Qué significa esto? Que ya no hay una sola empresa responsable de un barrio, comuna o sector. En cambio, hasta nueve empresas distintas pueden competir al mismo tiempo por recoger la bolsa de basura de una misma cuadra, sin que exista una asignación territorial clara que defina quién responde por cada usuario.

Durante 17 años, cuatro prestadores privados operaron bajo el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), un modelo que permitía economías de escala para garantizar la cobertura en zonas vulnerables. Sin embargo, la decisión de la Superintendencia de transitar hacia la libre competencia, permitiendo la operación de hasta nueve empresas, ha fragmentado un mercado de cerca de 900.000 usuarios y más de $324.000 millones de pesos anuales.
Esto suena bien en el papel, pero en la práctica le crea un perjuicio al suscriptor En el trabajo sobre libre competencia y servicio de aseo – Caso Yumbo, elaborado por Juan José Suarez Grajales, advierte que, cuando muchas empresas compiten de esta forma, terminan preocupándose más por buscar y acumular clientes que por recoger bien las basuras: algo así como una “guerra del centavo”. También corremos el riesgo de la doble facturación; es decir, que a un mismo usuario dos operadores distintos le cobren el servicio por el mismo periodo. Es una arbitrariedad que ya se ha presentado en otros municipios cuando compiten conviven varios prestadores sin un catastro unificado, y es una de las preocupaciones centrales de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. Los usuarios no podemos pagar el desorden promovido en beneficio de la libre competencia, ni con pagos dobles ni con la disminución de la calidad del servicio.

Las inconsecuencias de Petro con las empresas municipales

Petro prometió devolverle Emsirva a Cali pronto. Sin embargo, de manera muy extraña, Emsirva (hoy controlada por un agente interventor nombrado por la SSPD) abrió una nueva licitación pública para contratar a otros privados por dos años más.
El verdadero valor de Emsirva no está en la empresa como tal, sino en su catastro de usuarios: la lista que contiene nombres, direcciones y recibos de los 900.000 hogares que pagan aseo en Cali, y que es la fuente real de ingresos del negocio. Emsirva es la única propietaria de ese catastro, pero el Gobierno nacional la mantiene intervenida desde hace 17 años sin devolverla. Por eso, devolver la empresa sin dejar claro que solo Emsirva tiene el derecho de explotar ese catastro la convertiría en un cascarón vacío, una "empresa fantasma", como la llama el alcalde de Cali, una entidad sin usuarios y, por tanto, sin los recursos que la hacen funcionar. La falta de claridad sobre quién puede usar el catastro y la negativa de los operadores privados a entregar oficialmente esa información constituyen una afrenta a la ciudad, y plantean la pregunta de fondo: ¿para qué devolver la empresa si pretenden entregar el negocio a privados antes de irse?
La Constitución es clarísima: el deber del Estado es asegurar que los servicios públicos funcionen con eficiencia para beneficio de todos los habitantes. El modelo de libre competencia ha traído el caos y el riesgo de los cobros dobles. Es por ello que el Distrito de Cali debe operar el servicio directamente.
Como representantes de la Liga de Usuarios, creemos que EMCALI podría ayudar a recuperar el servicio. ¿Por qué? Porque EMCALI es una empresa consolidada, con una gran infraestructura y el recurso humano y técnico necesario, que además ya tiene a su cargo la distribución de otros servicios públicos domiciliarios claves para una gestión de basuras inteligente como son el acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones. Una empresa de estas calidades puede dar el salto hacia una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos; que cuide las fuentes hídricas y que abra la puerta a proyectos de aprovechamiento, como la generación de energía a partir de residuos. El dinero que pagamos por el servicio de aseo debe quedarse en Cali y usarse para limpiar nuestras calles y mejorar el servicio, y no para que varias empresas privadas compitan por nuestras bolsas en el andén.

Aprendamos del tratamiento que los países avanzados dan a las basuras

Vale la pena mirar hacia los países nórdicos, donde el aseo dejó de entenderse como la simple recolección de basura para convertirse en una verdadera economía circular. En Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia el servicio lo coordinan los municipios y opera bajo una “jerarquía de residuos” que prioriza, en este orden, prevenir, reutilizar y reciclar, dejando la recuperación de energía casi como último recurso; enviar residuos a un relleno sanitario es la opción menos deseable y está prácticamente prohibido para la materia orgánica. Para lograrlo, los hogares separan sus residuos, por ejemplo, en Suecia, desde 2024; separar los residuos de alimentos es obligatorio por ley y funcionan sistemas de depósito y devolución, como el pant sueco, que devuelven dinero al ciudadano por cada envase que recicla.
Lo que no puede reutilizarse ni reciclarse se transforma en plantas de valorización energética que producen electricidad y calefacción para las viviendas, de modo que casi nada termina enterrado. Vista en términos físicos, la idea de fondo es a la vez sencilla y profunda: cada vez que un material se desecha y se entierra, su energía y su orden se dispersan sin remedio y aumentan la entropía del sistema. Mantener los materiales circulando (repararlos, reutilizarlos y reincorporarlos a la producción) hace que ese deterioro ocurra más despacio y que la ciudad extraiga el máximo valor de lo que ya produjo antes de devolverlo a la naturaleza. Esa es, precisamente, la clase de gestión integral y sostenible a la que Cali debería aspirar.
Es hora de que la basura deje de ser un negocio de unos pocos y vuelva a ser un servicio público de calidad, manejado por nuestra propia ciudad.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), y sea que guste o no el resultado, la Presidencia la ganó Abelardo de la Espriella, por quien no voté pues lo hice en blanco, como puedo demostrarlo. E Iván Cepeda ya reconoció ese triunfo.

Según las cifras oficiales, De la Espriella ganó con 12,9 millones de votos e Iván Cepeda perdió con 12,7 millones -porcentajes de 49,6 y 48,7, respectivamente- y una diferencia de 251 mil sufragios, el 1% del total.

También hubo 427.026 en blanco, menos de los 501.987 de 2022, cuando Petro ganó la Presidencia.

Las bodegas petristas salieron a agredir a su antojo con la mentira descarada de que Cepeda perdió por quienes votamos en blanco. A pesar de que en 2022 nadie dijo que Petro le ganó la Presidencia a Rodolfo Hernández por culpa de los 501.987 sufragios en blanco que hubo.

Cuánto repugnan los malos perdedores, y más si mienten agrediendo a quienes no son responsables de su derrota, que tiene una causa fundamental e indiscutible: los enormes errores de Gustavo Petro, no enmendables con su clientelismo. Porque fueron muchos los electores de Petro arrepentidos, que no votaron por Cepeda ni por De la Espriella.

Ejemplos del mal gobierno de Petro que lo llevó a la derrota.

El muy mediocre crecimiento de la economía nacional, el 74 por ciento de los colombianos en la pobreza y la miseria, el muy ineficiente y corrupto sistema nacional de salud, el enorme fracaso de la “Paz total” y la gran violencia que nos azota y la mediocridad de sus ministros, mientras Petro engañaba con sus X y se pavoneaba por el mundo en viajes inútiles, despilfarrando la escasa plata del Estado.

Petro ganó la presidencia con la promesa de renegociar los TLC y ni intentó cumplirla, no hizo nada por reducir los costos de la electricidad, mantuvo la decisión de convertir a Gorgona en una base militar norteamericana y malbarató 19 millones de dólares en aviones de guerra que a Estados Unidos podrán servirle, pero no a los colombianos. Tras su falso ambientalismo, le hizo gran daño a la economía petrolera nacional y a Ecopetrol. Y su gobierno compite por ser el más más corrupto en la tradicional corrupción oficial de Colombia.

Coletilla Uno: todo indica que De la Espriella ganó y gobernará con los partidos Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical y Centro Democrático, que tan mal han gobernado a Colombia.

La seudoizquierda petrista, junto a su horda de bodegueros, fanáticos y dogmáticos, hacen inconmensurables esfuerzos para imponer en Colombia la narrativa de que ellos son los defensores de la vida y cualquiera que ose rebatir sus argumentos es un paramilitar violento. Los seguidores petristas obvian que su jefe de filas proviene de un pasado violento que, a pesar de la nobleza de los colombianos de aceptar su indulto, hasta hoy no ha tenido la valentía para hacer una autocrítica de ese pasado que dejó muertes y desolación, como en el caso del líder sindical José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, secuestrado y asesinado por su grupo armado ilegal, o la toma del palacio de Justicia donde fueron masacradas cerca de cien personas, hechos de los cuales le hace apología, a pesar de su reinserción a la vida civil y el papel como presidente del país.  

Una visión general de la IA de Google indica que: “Colombia ocupa el segundo lugar, después de Myanmar, a nivel mundial en criminalidad organizada; en el Índice de Criminalidad Global se encuentra en el puesto 27 con un 61,2 sobre 100, además del puesto 146 en el Índice de Paz Global; y es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos. Pero, además, el país proviene de un pasado del cual no propiamente debe sentirse orgulloso, en donde han confluido guerrillas, bandas criminales, grupos armados ilegales, crimen organizado, etc., con saldo de miles de asesinados”.

Por eso, el fracaso del gobierno Petro en términos de la lucha en contra de la violencia de todos los pelambres es mucho más que evidente. El cinismo está en que aún a través de los medios de comunicación se siga engañando a la población con la dicotomía vida o muerte, como si en verdad su discurso sectario y dogmático no fuera otro generador de todo tipo de odios convertidos en violencia, o como diría su amigo Carlos Carrillo: “incendiar el país”. Estudios de la Universidad Externado de Colombia y la revista Semana indican que durante el gobierno de Petro se han registrado más de 60.000 homicidios en total, con una tasa nacional cercana a los 26,5 casos por cada 100.000 habitantes, promediando tasas de los gobiernos anteriores.

Además, hay más datos que desmontan ese engendro de “Colombia, potencia mundial de la vida”. Durante el gobierno de Petro y con corte a mediados de 2026, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado más de 350 masacres que han dejado cerca de 1300 asesinatos. Y en el mismo período presidencial, Indepaz ha sumado más de 670 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, que organizaciones como Somos Defensores ya ha documentado en más de 400 casos, mientras el Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP) los ha elevado a más de 450. A esto se le podría agregar las más de 32.000 personas que han muerto en accidentes de tránsito.

Este petrismo seudoizquierdista vende la dicotomía entre la vida y la muerte como otra más de sus demagogias para aferrarse al poder. La violencia se erradicará cuando los generadores se desarmen y el pueblo remueva las trabas para su desarrollo económico, social y político. Con Robledo: ¡Los gobiernos cambian cuando cambien los pueblos!