Sobre la idea de que Colombia se rajó en las pruebas PISA, el último informe de la OCDE para Colombia indica que «Los resultados promedio de 2025 en Colombia fueron aproximadamente los mismos que en 2022 en matemáticas, lectura y ciencias». Lo anterior, también lo explica el informe, ocurre porque el país tuvo un mayor número de estudiantes en cobertura en zonas marginales, lo que influyó en el leve descenso. La pregunta es entonces ¿qué papel tienen los maestros en esos resultados?

Recordemos que la prueba PISA es una herramienta que mide a los países miembros de la OCDE en materia educativa. No mide a los maestros. Lo que se busca, según el mismo informe, es tener una visión sobre qué tan bien están preparando los sistemas educativos a los estudiantes para los desafíos de la vida real y el éxito futuro. La prueba pretende identificar cómo las naciones forman a los jóvenes para las exigencias actuales.

En esta última versión 2025, participaron jóvenes de 15 años, de 91 países, en cuatro áreas del conocimiento diferentes: ciencias, matemáticas, lectura crítica y aprendizaje en el mundo digital. Colombia se mantuvo estable en ciencias y mostró una leve disminución en las otras tres áreas. En el año 2022 Colombia tenía 383 puntos en matemáticas, 409 en lectura y 411 en ciencias. Para el 2025 los resultados fueron 381 en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias. Resultados muy cercanos, con una población mayor, según el mismo informe de la OCDE.

¿Cuánto invierten Colombia, Chile y Uruguay por estudiante durante la vida escolar?

Chile y Uruguay aparecen con resultados un poco mejores que los de Colombia. ¿Qué diferencia hay? Allá, la inversión per cápita, desde los 6 años hasta los 15 años de edad, es mayor que la inversión que hace nuestro país en el mismo periodo de tiempo. Si se comparan los informes individuales que hace la organización multilateral para los tres países, se puede concluir que, en el transcurso de la vida escolar, en Chile y en Uruguay, hay una mayor financiación por cada estudiante durante la trayectoria del menor en el sistema educativo. Al sumar los recursos que ha invertido el Estado durante esos diez años, aproximadamente, encontramos que Chile invierte $60.600 dólares PPP y Uruguay invierte $47.200 dólares PPP. Por su parte, Colombia apenas dispone de unos US$37.300 PPP.

Lo anterior explica cosas como la falta de docentes en las instituciones educativas de Colombia o la deficiente infraestructura escolar, por ejemplo, el informe de la OCDE para Colombia 2026 señala que «En 2025, el 40% de los estudiantes en Colombia estaban en escuelas cuyos directores informaron que la instrucción se vio obstaculizada, al menos hasta cierto punto, por una falta percibida de personal docente» y «un 24% estaba en instituciones donde también se reportaban problemas relacionados con personal docente insuficiente o inadecuadamente cualificado».

¿Qué condiciones de enseñanza y aprendizaje produce la inversión en educación?

Este análisis de acumulado por estudiante durante los años escolares es mucho más cercano a la realidad que simplemente decir “Colombia ha subido su inversión en educación porque invierte un porcentaje X del PIB en esta materia”, ya que un análisis más riguroso nos obliga a revisar cómo llegan y se gastan esos recursos en los territorios. El ejemplo de países como Uruguay, que tienen un PIB menor que el de Colombia, pero que, al final de la vida escolar de cada joven, invierten una suma mayor que Colombia, sirve para cuestionar la calidad misma de la educación. Pues, la calidad cuesta y, como lo señaló la OCDE, en Colombia, el 40% de los rectores informaron que los estudiantes vieron sus clases afectadas por falta de docentes.

No basta con preguntar ¿cuánto dinero se invierte en educación? Tenemos que preguntarnos ¿cómo se utilizan esos recursos? ¿Y qué condiciones generan esos recursos para aprender? Hay que mirar: ¿cuántos profesores tiene el sistema y cuántos estudiantes atiende cada uno?, ¿qué infraestructura tienen las escuelas y con qué materiales cuentan?, ¿cómo se atiende a los estudiantes que tienen mayores dificultades?, ¿qué tan frecuente es la repitencia o cómo se están promoviendo los estudiantes?, ¿qué condiciones tiene la educación rural?, ¿qué oportunidades existen durante la primera infancia?, ¿cómo se forma y se acompaña a los docentes?, y, algo fundamental, ¿cómo se distribuyen los recursos entre los distintos territorios y poblaciones? Cabe recordar que, el informe de la OCDE menciona que “aproximadamente el 63% de los estudiantes en Colombia asistieron a escuelas cuyos directores informaron que la falta de material educativo y el 62% estaban en escuelas donde se percibía que la falta de infraestructura física obstaculizaba la instrucción”.

Invertir una determinada cantidad de dinero no garantiza, por sí mismo, una educación de calidad. Lo verdaderamente importante es ver qué condiciones de enseñanza y aprendizaje produce esa inversión y qué tan capaz es el sistema de garantizar que un niño, independientemente del lugar donde nazca, de su condición socioeconómica o de la escuela a la que asista, tenga oportunidades reales y semejantes para aprender.

¿Cómo influyen las condiciones socioeconómicas en los resultados de PISA 2025 Colombia?

Otro elemento que hay que mirar para hablar de calidad educativa es el aspecto socioeconómico de los estudiantes. El informe de la prueba PISA hace un análisis riguroso de las condiciones socioeconómicas de los jóvenes que las presentan, y sus conclusiones relacionan el estatus socioeconómico de las escuelas con sus puntajes en ciencias. Allí se establece que «Existe una correlación positiva donde las escuelas con mayor estatus socioeconómico promedio obtienen puntuaciones significativamente más altas en ciencias». Acto seguido, se afirma que «La mayoría de las escuelas en Colombia se ubican por debajo del promedio de la OCDE tanto en estatus socioeconómico como en rendimiento en ciencias». No se puede hablar de calidad educativa separando las condiciones socioeconómicas de los jóvenes que presentan las pruebas, y la mayoría de las escuelas en Colombia están por debajo de la media en condiciones socioeconómicas.

Analizar las condiciones socioeconómicas importa porque la escuela no recibe estudiantes que parten exactamente del mismo lugar. Un niño puede llegar a quinto con una biblioteca en su casa, internet, acompañamiento familiar y alimentación adecuada. Otro puede llegar después de haber recorrido kilómetros hasta la escuela, sin conectividad, con dificultades económicas y con un acompañamiento familiar deficiente. Los dos se sientan frente al mismo examen, pero no llegaron desde el mismo punto de partida. Evaluar el resultado sin mirar las condiciones en las que se produce puede llevarnos a conclusiones equivocadas.

Otro elemento que juega un papel importante a la hora de hablar de calidad educativa es el acompañamiento familiar. Este constituye un factor determinante en el rendimiento académico y en el desarrollo integral de los estudiantes. Según los indicadores del informe PISA, la participación activa y el respaldo continuo del entorno familiar potencian la motivación y el compromiso escolar de los jóvenes y ayudan a reducir el efecto de las brechas generadas por las desigualdades socioeconómicas que afectan a las escuelas. La literatura sobre evaluación del aprendizaje señala que la existencia de un ambiente de apoyo socioafectivo y académico en el hogar fortalece las capacidades de resiliencia de los alumnos, favoreciendo la continuidad en sus trayectorias educativas y traduciéndose en un efecto positivo sobre sus resultados de aprendizaje.

La calidad educativa se relaciona entonces con varios factores a la vez. En el estudio que hace la OCDE para Colombia en el año 2022 se midió que el país acumula unos US$37.300 PPP por estudiante entre los 6 y los 15 años, frente a US$47.200 de Uruguay y US$60.600 de Chile. Asimismo, el último informe reflejó que el 40 % de los estudiantes percibía que, asistía a escuelas con falta de docentes y la mayoría de las escuelas del país está por debajo del promedio de la OCDE en estatus socioeconómico. Con esas condiciones, los resultados no permiten atribuir el puntaje solo a la labor de los maestros, sino, más bien, al sistema educativo en general que es en últimas lo que realmente revisa la OCDE a través de las pruebas PISA.

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México es cuna de grandes artistas y entre ellos, excelsos humoristas, destacándose Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, por cuyo nombre nadie lo conoce, pero si se consulta por Mario Moreno ‘Cantinflas’, nacido en 1911, es posible que las últimas cuatro generaciones tengan muy buenos recuerdos de sus cerca de 50 películas, dramas y comedias que escribió, dirigió, produjo e interpretó, casi todas con un contenido de mensajes sociales que han perdurado en el tiempo y forman parte de la historia. Es una verdadera delicia disfrutar de su lenguaje, que aparenta una verborrea, un galimatías, tan enrevesado que se hace necesario un instante de reflexión para soltar la carcajada. Además de su particular hablar, ‘Cantinflas’ se distingue por su vestuario de pantalones caídos y por un caminado y baile acompasado. ¡Qué gran personaje! 

El 23 del mes pasado, a Abelardo de la Espriella –ADLE–, el ciudadano estadounidense que ese país le impuso como presidente a Colombia, en medio de su populismo derechista, le dio por ponerse una pistola al cinto para salir a patrullar la seguridad en Santa Marta, que estuvo tomada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Desde entonces, ADLE decidió seguir llevando “pistola al cinto”, como ‘Cantinflas’ en su legendaria película “Por mis pistolas”. Mientras ADLE sale a conquistar “Locolombia”, el comediante lo hizo con la arisca Arizona, liberándola de maleantes para poder recuperar su herencia familiar, ni más ni menos que una mina. Pero mientras ‘Cantinflas’ hizo amigos para repartir su riqueza, ADLE decidió en Barranquilla entregar las riquezas de “Locolombia” a su poderoso Estados Unidos.

ADLE también decidió firmar el 8 de septiembre el Decreto 1368 de 2026, con el cual se levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Además de servirle para justificar el continuar portando la “pistola al cinto”, con esa decisión el Estado colombiano renuncia a tener el monopolio de las armas, violando el Artículo 223 de la Constitución Política Nacional, en un país atravesado por todo tipo de violencias. Veremos en Colombia entonces a las familias tratando de armarse para asegurarse su propia seguridad, la cual es incapaz de garantizar el Estado dirigido por ADLE. Así como en la película ambientada en el Lejano Oeste mexicano, todo jefe de familia deberá convertirse en un “Siete Machos” combatiendo a la infinidad de “Guadalupes” que violan y asesinan para despojar y robar, hasta cuando llegue un Margarito (Cantinflas), humilde, trabajador, miedoso y bromista que salve a este inhóspito país.

ADLE está muy lejos de ser un ‘Cantinflas’, puesto que ¡este gran personaje enseñó lo que es el respeto por la vida!

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El Consejo Superior de la Judicatura informó al Congreso que la Rama solicitó $17,5 billones y que la propuesta incorporó aproximadamente $11,4 billones. El problema de fondo no consiste en escoger qué jurisdicción recibe una porción limitada de recursos. Consiste en determinar qué presupuesto necesita el Estado para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a jueces independientes y obtener decisiones oportunas.

El presupuesto de la justicia también define derechos

El presupuesto de la Rama Judicial no es una discusión puramente contable. Los recursos determinan, en buena medida, sí los derechos reconocidos por la Constitución pueden hacerse efectivos. La independencia judicial requiere algo más que la ausencia de órdenes externas: necesita una estructura capaz de funcionar, servidores suficientes y bien remunerados, despachos con medios materiales y condiciones que permitan decidir sin que la escasez presupuestal se convierta en una forma indirecta de condicionamiento.

El acceso a la justicia también depende de esas condiciones. Un ciudadano no recibe una respuesta efectiva cuando su proceso permanece años sin decisión por congestión, cuando faltan despachos para atender la demanda o cuando la infraestructura tecnológica no permite tramitar con eficiencia los expedientes. La mora judicial termina convirtiendo el tiempo en una barrera de acceso y puede vaciar de contenido el derecho que finalmente reconoce una sentencia.

La Judicatura ha vinculado sus necesidades para 2027 con el sostenimiento de la planta, la adquisición de bienes y servicios, las medidas de descongestión y el aumento de la demanda judicial. La misma entidad reportó que esa demanda creció 32 % durante el último cuatrienio. La discusión presupuestal, por tanto, debe responder cuánto cuesta garantizar una justicia más pronta, accesible y tecnológicamente capaz, y no limitarse a identificar una fuente ocasional de recursos.

Ese problema ya había sido advertido en un análisis previo de La Tribuna sobre el presupuesto de la Rama Judicial para 2027: el proyecto eleva nominalmente la apropiación frente a 2026, pero el margen es estrecho y la Rama pierde participación relativa dentro del Presupuesto General de la Nación. La cifra de $11,43 billones deben leerse, entonces, junto con las nuevas obligaciones y las necesidades acumuladas del servicio de justicia.

Una justicia atrasada cuesta derechos

La congestión judicial tiene consecuencias concretas. Un proceso laboral que tarda años puede afectar el sustento de una familia. Una controversia administrativa sin decisión prolonga la incertidumbre de ciudadanos y entidades. Un proceso penal congestionado compromete los derechos de víctimas y procesados. El problema también recae sobre quienes trabajan en los despachos: La Tribuna ha documentado la sobrecarga laboral y las carencias de personal en la Rama Judicial como factores que dificultan una respuesta oportuna a la demanda creciente.

A esas necesidades se suman la creación de nuevos despachos, la ampliación y estabilización de plantas, la descongestión, la infraestructura física, la digitalización, la interoperabilidad de sistemas y la aplicación responsable de nuevas tecnologías. Otro artículo de La Tribuna ya había advertido que la insuficiencia presupuestal afecta tanto las condiciones de los servidores como la capacidad de prestar justicia. El problema, por tanto, no nació con la discusión sobre la JEP ni puede resolverse únicamente mediante un traslado entre partidas.

Los $100.000 millones propuestos para trasladar desde la JEP pueden financiar necesidades puntuales. Sin embargo, frente a la diferencia de $6,1 billones entre lo solicitado por la Rama y lo incorporado en el proyecto, esa suma equivale a cerca del 1,6 %. La comparación no prueba por sí sola cuánto debería aprobar finalmente el Congreso, pero sí muestra que el traslado está muy lejos de responder a la dimensión de las necesidades que la propia Rama ha puesto sobre la mesa.

La deuda ocupa un espacio mucho mayor del presupuesto

El presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que fortalecer la justicia ordinaria es una prioridad de su Gobierno, sin embargo, esa afirmación puede contrastarse con las cifras del proyecto. La Presidencia informó que el PGN de 2027 asciende a $635 billones, de los cuales $155 billones se destinan al servicio de la deuda. Esa partida representa cerca del 24,5 % del presupuesto total y equivale a aproximadamente 13,6 veces todo el presupuesto proyectado para la Rama Judicial.

Es cierto que el Gobierno no puede simplemente dejar de pagar la deuda y trasladar esos recursos a los juzgados. Buena parte del servicio de la deuda corresponde a obligaciones previamente adquiridas y el presupuesto colombiano tiene rigideces jurídicas y financieras. Sin embargo, el peso de ese rubro sí reduce el margen fiscal disponible para otras políticas y permite examinar con mayor precisión qué espacio queda para convertir en recursos las prioridades que el Gobierno anuncia públicamente.

El contraste es todavía más fuerte cuando se separan los intereses. En la columna de David Mora publicada en La Silla Vacía se calcula que seis de cada diez pesos del servicio de la deuda irían a intereses y se señala que esos pagos superan el presupuesto de inversión pública. Esa es una interpretación del autor, no una posición institucional del medio, pero el dato central coincide con la magnitud oficial del servicio de la deuda y ayuda a mostrar cómo las obligaciones financieras estrechan el espacio para inversión y gasto público.

La pregunta política es inevitable: si la justicia ordinaria es una prioridad, ¿qué esfuerzo presupuestal adicional la convierte realmente en prioridad? La Rama solicitó una cifra muy superior a la incorporada en el proyecto, mientras el servicio de la deuda crece de manera sustancial. La tensión no autoriza a desconocer las obligaciones financieras del Estado, pero sí obliga a mirar el presupuesto como la expresión concreta de decisiones y restricciones, no solamente como una suma de declaraciones.

$100.000 millones no sustituyen una política para la justicia

En ese escenario aparece la propuesta de trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP a la justicia ordinaria. La cifra puede ser útil para financiar despachos, cargos o necesidades específicas. Lo que no hace es construir una política estructural de financiación para una Rama que necesita responder a congestión, aumento de demanda, infraestructura pendiente, modernización tecnológica y ampliación de capacidad institucional.

La financiación de la Rama debería partir de sus propias necesidades: cuántos despachos se requieren, cuál es el costo de reducir la congestión, qué planta permite atender la carga real, qué inversiones tecnológicas son indispensables y qué recursos necesitan los territorios donde acceder a un juez sigue siendo difícil. Cuando la respuesta consiste en buscar una partida dentro de otra jurisdicción, el debate se desplaza desde esas preguntas hacia una competencia por recursos escasos.

Ese desplazamiento también puede ocultar la responsabilidad de quienes formulan y aprueban el presupuesto. El Gobierno presenta el proyecto y fija su propuesta de gasto; el Congreso lo debate, modifica y aprueba. El resultado final debe ser evaluado por la capacidad de financiar las funciones constitucionales de las distintas instituciones, no por la habilidad de enfrentar unas necesidades públicas con otras.

La JEP también necesita garantías para cumplir su función

La Jurisdicción Especial para la Paz también ejerce funciones de justicia y requiere recursos para cumplirlas. Su presupuesto puede ser discutido, su ejecución puede ser controlada, sus resultados pueden ser evaluados y el Congreso puede modificar sus apropiaciones, sin embargo, ninguna de esas facultades convierte automáticamente su presupuesto en la fuente de financiación de las necesidades históricas de la justicia ordinaria.

El diseño constitucional de la JEP le reconoce autonomía administrativa, presupuestal y técnica. La Jurisdicción Especial para la Paz publica el marco normativo que contiene esas garantías y sus funciones. Esa autonomía no hace intangible cada peso asignado, pero obliga a que cualquier recorte considere las funciones que todavía debe cumplir y las condiciones materiales mínimas para desarrollarlas.

La Rama Judicial necesita financiación que permita garantizar independencia, acceso efectivo a la justicia, decisiones oportunas, nuevos despachos y modernización tecnológica. La JEP necesita recursos suficientes para cumplir su mandato constitucional. Convertir la discusión en una pugna sobre cuál de las dos “merece” funcionar con mejores condiciones reduce un problema estructural a una competencia presupuestal que no responde a las necesidades de fondo de ninguna de las dos.

El debate real está en las prioridades del presupuesto

La discusión sobre $100.000 millones ha terminado ocupando un espacio desproporcionado frente al tamaño del Presupuesto General de la Nación. Al mismo tiempo, la Rama reclama recursos muy superiores a los incorporados inicialmente, el servicio de la deuda alcanza $155 billones y el margen para inversión pública se estrecha. Ese es el escenario que debería examinar el Congreso cuando defina las apropiaciones de 2027.

La pregunta relevante ya no es cuál jurisdicción debe perder para que otra gane, debe ser: ¿cuánto está dispuesto a financiar el Estado para que la justicia funcione? y ¿qué decisiones fiscales permiten hacerlo sin desconocer otras obligaciones constitucionales? La independencia judicial, el acceso ciudadano a los jueces, la reducción de la mora, la creación de despachos y la innovación tecnológica dependen de que esa respuesta se traduzca en recursos suficientes y sostenibles.

El Congreso todavía puede modificar el proyecto, de ahí que la discusión que sigue debería permitir medir la prioridad de la justicia con una referencia más concreta que los discursos: la apropiación finalmente aprobada, su relación con las necesidades acreditadas por la Rama y la forma como se distribuye el esfuerzo fiscal dentro de un presupuesto fuertemente condicionado por el servicio de la deuda.

Si la justicia es realmente una prioridad nacional, el presupuesto de 2027 debería permitir identificar dónde y cómo se materializa esa prioridad.

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No hay duda de la importancia que tiene la cadena de producción de flores en Colombia: genera 200.000 empleos en un 95 % formales, de los cuales el 60 % corresponde a mujeres. De cada cuatro empleos formales rurales femeninos, uno está en este sector y de cada 100 trabajadoras, 96 están vinculadas mediante un contrato formal, dato que no es menor si se tiene en cuenta que solo el 25,5 % de los empleos femeninos en el agro es formal. El sector por sí solo aporta un 0,5 % del PIB nacional y significa el 5,8 % de todo el PIB agropecuario. En el 2024, sus exportaciones correspondieron al 4,7 % del total colombiano y en el 2025, esas ventas al exterior se acercaron a los 2.500 millones de dólares. El sector siembra más de 10.000 hectáreas y, por tonelada de producto, las flores generan 7.000 dólares en exportaciones. Comparado con otros productos agrícolas, es el sector que más divisas genera por unidad.

Cundinamarca concentra más del 70 % de la producción, exporta más de 60.000 toneladas y da lugar a genera más de 115.000 empleos, en los que las mujeres vuelven a ser protagonistas, pues corresponden al 60 % de los empleos. La producción se encuentra principalmente en Madrid (18 %), Facatativá (9 %), El Rosal (8 %), Funza (5 %) y Tocancipá (5 %). Esas cifras explican la importancia de la floricultura para la economía de la Sabana de Bogotá.

La producción de flores es decisiva para departamentos como Antioquia y Boyacá, entre otros. En este último, la producción ha sido creciente y ya cuenta con 153 hectáreas cultivadas. Solo para San Valentín del 2026 se exportaron más de 11 millones de tallos desde tierras boyacenses. En Boyacá, el sector floricultor ha creado más de 1.000 empleos principalmente en municipios como Toca y Belén.

Estas cifras bastan para mostrar que es de interés nacional que se sostenga este sector productivo. Más allá del debate sobre si es sostenible o no que la economía colombiana dependa en tan alta medida de factores externos o si las flores por sí mismas permiten el desarrollo económico nacional, es urgente la atención a la crisis que atraviesa el tejido productivo y evitar las graves consecuencias que tendría el cierre de empresas en el sector, particularmente en la calidad de vida de sus trabajadores.

Causas de la crisis

Entre los causantes de la crisis, se encuentran factores económicos y políticos del momento, que se suman a otros estructurales. Entre los coyunturales están:

• • El bajo precio del dólar, que oscila alrededor de los $3.300, pues las flores se facturan en mercados internacionales en dólares y si esa divisa está desvalorizándose, se gana menos por el mismo trabajo.
  • La imposición unilateral por parte de EE. UU. de un arancel del 12,5 %, entre otros productos, a las flores colombianas, imposición que afecta gravemente al sector, pues el 80 % de las exportaciones van hacia ese país, y se mantiene un mes después de que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se haya posesionado.
  • El encarecimiento de los insumos, que solo en el primer trimestre del 2026 crecieron 1.6 %.
  • El alza en los costos logísticos internacionales, entre ellos los de los fletes aéreos que han llegado hasta un 70 % de incremento y marítimos en 286 % respecto del 2025. 
  • Problemas ambientales como el fenómeno de El Niño.

Estos problemas ya graves, que afectan la sostenibilidad de la producción, se suman a otros de orden estructural y propios del modelo económico colombiano:

• • Un alto costo país, que hace que producir en Colombia sea más caro que en otros países con los que se compite.
  • Poco respaldo del Estado a su tejido productivo.
  • Dependencia mayoritaria del sector de un solo mercado, el estadounidense.

Se necesitan medidas que atiendan las causas del problema

Se necesita que el gobierno nacional trabaje en diferentes frentes con el fin de atenuar la crisis y mejorar las condiciones de producción lo antes posible y que, para ello, ejecute la agenda de corto y mediano plazo acordada con Asocolflores, identifique todos los factores que influyen en la crisis y concierte acciones de largo aliento frente a cada uno de ellos. Sobre todo, se debe priorizar la continuidad y la calidad de los empleos.

En el corto plazo se necesita que, en defensa del interés nacional, se negocien con EE. UU. los aranceles impuestos unilateralmente por Donald Trump por cuanto, al ser mayores que los que tienen competidores directos como Ecuador (10 %), resultan en una nueva desventaja, muy difícil de superar, y porque desconocen acuerdos comerciales bilaterales como el TLC, acuerdo con el que se puede estar en desacuerdo pero que debe cumplirse, mucho más cuando su incumplimiento lesiona gravemente los intereses de Colombia.

Se deben tomar medidas que contengan, en lo posible, la desvalorización del dólar y diseñar un plan a corto, mediano y largo plazo que diversifique los destinos de exportación de nuestras flores, aun cuando signifique llevarle la contraria a funcionarios estadounidenses.

En el largo plazo, se requiere que el Estado colombiano adopte políticas que atiendan de raíz los problemas de la producción floricultora y de toda la agraria nacional: que reduzcan el costo país, que mitiguen y prevengan los efectos de fenómenos ambientales como El Niño, La Niña, las heladas, inundaciones y el cambio climático. Esas políticas deben aplicar la ciencia a los procesos de cultivo, cosecha, poscosecha y logística, y promover la adopción de cada vez mejores tecnologías, mejores prácticas ambientales y fitosanitarias y la reducción del costo de los insumos, entre otras. Mientras se avanza en ello, debe ser prioridad del Estado colombiano y de todos y toda la mejora continua de las condiciones laborales de los trabajadores del gremio.

Las muchas crisis que sufre el agro, entre las que se cuenta la de la floricultura, y en general la producción nacional, solo podrán solucionarse si empresarios, trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas y toda la nación nos unimos en un solo objetivo: el progreso real de la nación en su conjunto.

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Según la Corte Suprema de Justicia y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, con corte al 31 de marzo de 2026, las pretensiones económicas totales de terceros en todos los procesos judiciales en contra de Colombia ascienden a $832,39 billones, es decir, cerca de $200 billones más que el Presupuesto General de la Nación proyectado por el Gobierno de De La Espriella, aforado en $634,9 billones y actualmente en trámite en el Congreso de la República. Solo las diez demandas más cuantiosas contra Colombia suman $219,4 billones. El nuevo Gobierno enfrentará más de 285.000 procesos judiciales, además de arbitrajes internacionales y casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, advierten las dos instituciones judiciales.

El tamaño de los líos judiciales de Colombia se puede avizorar recordando el conflicto que tuvo este país con el “todopoderoso” Florentino Pérez, el mismo “dueño” del Real Madrid. “Hacia los años de 1990, el consorcio Commsa (Concesionaria del Magdalena Medio, S.A.), donde participaban las empresas españolas vinculadas a Florentino Pérez, se ganó la adjudicación para construir la autopista del Magdalena Medio. El consorcio recibió un millonario anticipo estatal de 77 millones de dólares, pero finalmente no construyó la carretera alegando problemas geológicos y de seguridad” (Google). Ahí comienza un gran conflicto porque el consorcio Commsa pretendía quedarse con el anticipo culpando a Colombia de no dar garantías para hacer la obra. “Tras varios años de pleitos jurídicos, recursos, apelaciones y gestiones bilaterales, se llegó a un acuerdo en 2007. La justicia colombiana determinó que se configuró un abuso de confianza, lo que forzó al consorcio español a restituir la totalidad del anticipo a las arcas del Estado colombiano, cerrando así la disputa sin que Colombia tuviera que indemnizar a las constructoras” (Google).

Al contabilizar en pasivos contingentes los $832,39 billones por posibles pérdidas, y si se le suma la onerosa deuda calculada entre 1,167 a 1,238 billones de pesos (cerca del 61 % del Producto Interno Bruto), de acuerdo con los reportes recientes del Ministerio de Hacienda y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Colombia no produce lo suficiente para pagar, lo que lo constituye en un país absolutamente inviable. La solución también la dio “Pacho”: ¡Colombia tiene que generar más riqueza, más acumulación de capital!

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En la Casa de Nariño, el Palacio de San Carlos, la Casa Blanca Criolla de Barranquilla o en la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena; ya los colombianos no saben dónde ubicar al poseedor del Solio de Bolívar. Pero de seguro sí saben cómo encontrar al nuevo “redentor”: Simplemente buscan en cualquier red social y se topan con miles de imágenes, videos y alocuciones de Abelardo de La Espriella –ADLE–, ciudadano norteamericano en ejercicio presidencial de una neocolonia de los gringos allende de sus fronteras llamada Colombia. A eso condujo el fracaso de un gobierno llamado “del Cambio” que dejó una herencia de mentiras, promesas incumplidas, desorden en las finanzas, corrupción, caos, bajo crecimiento y un aparato productivo en barrena, con un desempleo estructural con más de la mitad de los trabajadores en el rebusque.

Como todos los gobernantes populistas, el ciudadano norteamericano ADLE rápidamente marcó terreno: Todo su séquito tiene que ser de funcionarios “mudos”, el único que puede hablar es él, un caracterizado parlanchín, charlatán, locuaz, cotorra, célebre y sociable; todo un culto a la personalidad del nuevo engendro redentor derechista. Es el nuevo “influencer”, de esos mismos a los que la Corte Constitucional le exigió al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que les establezcan una regulación específica sobre los derechos y deberes de estos creadores de contenido en el entorno digital. Tiene razón el Tribunal, muchos de ellos hacen un grave daño a la humanidad.

El estadounidense ADLE sacó los lineamientos para regular su relación con los medios de comunicación, entre los que se encuentran: no conceder entrevistas ni ruedas de prensa a medios no considerados “amigos”, limitar las intervenciones de los ministros a declaraciones y centralizar la información mediante la vocería de la Presidencia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió que estas disposiciones pueden restringir el ejercicio periodístico y el escrutinio al Poder. Pero lo más grave es que reduce la información solo a la versión oficial, sin posibilidades de contrastarla ni de replicarla, lo cual es una clara violación a la Constitución Política.

Lo más grave es que las cadenas de medios que tienen monopolizada la información han comenzado a retirar programas y periodistas que le son incómodos al ciudadano estadounidense, como a Camila Zuluaga y su equipo de Blu Radio, previamente vetada por ADLE. Y luego RCN Televisión, que dio por terminado el contrato del caricaturista Vladimir Flórez, conocido como Vladdo. En un país en el que los grupos violentos persiguen al periodismo que denuncia, ¡el Estado no puede ser otro persecutor!

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Las recientes cumbres de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán, centro de Asia, y la de los países BRICS, celebrada unos días después en Nueva Delhi, India, fortalecen la alianza estratégica de las potencias China, Rusia e India en pro de un orden multipolar que haga contrapeso al unipolar hegemónico de Estados Unidos.  

Mientras tanto, la pugna por la hegemonía en la región del Medio Oriente tiende a profundizarse. Por una parte, las sanciones contra Irán, ahora extendidas a los países que comercian con Teherán, y la guerra entre Yemen y Arabia Saudita que corta los suministros de petróleo saudí por el mar Rojo, están profundizando la crisis energética y financiera en favor del nuevo orden global.               

La Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)

Se celebró en Biskek, Kirguistán, del 31 de agosto al 1 de septiembre pasado, conmemorando su 25º aniversario. Participaron los principales líderes de Eurasia, entre ellos Xi Jinping (China), Vladímir Putin (Rusia), Narendra Modi (India) y Masoud Pezeshkian (Irán), entre otros jefes de Estado de los diez países miembros, todos de Eurasia. La presencia de países fuertemente sancionados por Estados Unidos y Europa como Rusia e Irán, junto a grandes economías como China e India, demuestra la consolidación de un bloque eurasiático alternativo al poder hegemónico de Occidente.

Se destaca el discurso del presidente chino Xi Jinping, quien hizo énfasis en la construcción de la seguridad y la soberanía de la región euroasiática y en la paz y el desarrollo de los países miembros. Consideró a China y al área de la OCS como prioritaria para promover la iniciativa de la Franja y la Ruta de alta calidad para el Desarrollo Global. Anunció avances para desarrollar un centro internacional de cooperación para la aplicación de la IA con otros países de la OCS y toda la tecnología requerida.

La Cumbre de los países BRICS

Se realizó en Nueva Delhi, India, los días 12 y 13 de septiembre pasado después de 20 años de su creación. Es la reunión de cooperación económica global más importante desde la conformación de la estructura hasta hoy dominante surgida en la Conferencia de Breton Woods, en 1944, trazó los lineamientos y creó el FMI y el Banco Mundial, para consolidar el poder financiero liderado por Estados Unidos.

Los BRICS nacen, pues, como un contrapeso a ese poder norteamericano, ahora hegemónico unipolar después de la disolución de la Unión Soviética, y reúne a los países emergentes que constituyen la base del poder multipolar global. A los 5 países fundadores, los BRICS, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, se sumaron después otros cinco, Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, por lo que suman 10 los miembros de derecho. Arabia Saudita estuvo en la reciente Cumbre, pero sigue indeciso y no se considera miembro principal. Y hay otros 10 que son miembros asociados de los BRICS.

Los 10 miembros principales representan casi el 50% de la población y el 41 % de la producción mundial. En cambio, los países del G-7, el gran bloque dominado por Estados Unidos, con Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Japón, representan apenas el 12% de la población y el 28% de la producción global. Así, los BRICS son el bloque de cooperación económica más grande del mundo. Tanto esta cumbre como la de la OCS condenaron las agresiones de Estados Unidos e Israel contra Irán, país asiático miembro de las dos organizaciones.

Las sanciones secundarias de Trump a Irán profundizan la desdolarización

Irán se consolida como nueva potencia euroasiática después de casi siete meses de resistencia exitosa ante la agresión de Estados Unidos e Israel. Recientemente, para reiniciar otra guerra económica contra Irán, llamada “paria económico”, al anunciar sanciones secundarias, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Besent, acató la orden de Donald Trump de penalizar a todos los países y bancos que comercien con Teherán. Esa medida coercitiva e ilegal afecta a muchos Estados, que se verán obligados a escoger entre aceptarlas o quedar excluidos del sistema de transacciones bancarias Swift, ligado al monopolio hegemónico del dólar.

El efecto de esas sanciones contra países grandes como Rusia, India o China, en realidad poco los afecta porque se están acogiendo a los sistemas alternativos que están creando en las cumbres citadas para desprenderse del dólar. Pero países medianos o pequeños que no están integrados a la OCS ni a los BRICS, deberán salirse del redil financiero norteamericano para necesariamente acogerse a las organizaciones financieras alternativas que se están fortaleciendo. Esa situación, paradójica por lo demás, se está volviendo en contra de la guerra económica de Trump, que también fracasará, mientras se resquebraja la hegemonía del dólar.

Guerra entre Yemen y Arabia Saudita agudiza el conflicto en Medio Oriente  

Mientras continúan los ataques de Estados Unidos contra Irán por el control del estrecho de Ormuz, que se mantiene parcialmente cerrado, el conflicto bélico tiende a profundizar en Oriente Medio con la guerra no provocada que reinició Arabia Saudita contra Yemen el pasado 13 de julio. Ese día bombardeó la pista del aeropuerto internacional de Saná, capital de Yemen, para impedir el aterrizaje de un avión iraní que regresaba a yemeníes que habían participado en el funeral del Ayatola Jomeini, líder religioso de Irán, asesinado por Estados Unidos el 28 de febrero.

El ataque significó el rompimiento de un alto el fuego vigente desde 2022 entre Arabia Saudita y Yemen, y reinició la guerra que había comenzado hace 13 años cuando rebeldes yemeníes de Ansar Allah, llamados hutíes por Occidente, tomaron el control de la capital Saná, a finales de 2014, e hicieron huir a Adén, al sur, al gobernante apoyado por Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel. En 2015 los saudíes iniciaron una guerra de agresión contra Yemen, apoyados por mercenarios terroristas wahabíes, en la que masacraron a la población civil con un total de 20.000 muertos y 30.000 heridos. En 2022 se logró el alto el fuego que consolidó el poder de la coalición formada por las fuerzas de resistencia yemeníes en Saná.

 En esta nueva guerra, en la que el objetivo de los yemeníes es lograr su total independencia de Arabia Saudita, están derrotando a los mercenarios dirigidos por Riad, liberando más territorios y destruyendo bases militares e infraestructuras de ARAMCO, la empresa petrolera saudí. Y han cortado su exportación de crudo por el mar Rojo al destruir el Oleoducto Este-Oeste que atraviesa la península arábiga hasta el puerto de Yanbu, así como han controlado su paso por el estrecho de Bab al-Mandeb (ver mapa).

Arabia Saudita se queda sin alternativas, porque esa era su única salida debido a las restricciones para exportarlo por el estrecho de Ormuz, y se agrava el suministro de petróleo global, que queda disminuido en un 4%. Por esa razón, el barril del petróleo se está cotizando por encima de los 100 dólares y los precios de la gasolina y especialmente del diésel y el combustible de aviación están subiendo en forma dramática.  

Arabia Saudita, debilitada por la guerra contra Irán y sin recursos por no poder exportar petróleo, ha pedido el apoyo de Estados Unidos, pero es claro que no puede proporcionársela, lo mismo que las demás monarquías del Golfo, porque las bases militares norteamericanas fueron prácticamente destruidas por Irán. También solicitó la ayuda de Paquistán y Turquía, los dos países con los que suscribió el acuerdo de defensa de La Meca, pero tampoco respondieron porque el acuerdo de defensa está pensado como resistencia a la expansión del Gran Israel y tiene objetivos diferentes a la guerra con Yemen, que lleva años y no es retroactiva.

Como conclusión, se acelera la expulsión de Estados Unidos y su influencia en la región y se ratifica el desmoronamiento del poder occidental en Medio Oriente, basado en la coacción y la guerra, para dar paso a arquitecturas de seguridad regionales, que cuentan con el respaldo del nuevo poder no militar dirigido por la cooperación económica de los países BRICS y el Sur Global.

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Lo anterior hace parte del modelo neoliberal que con palabrería busca cambiar la caracterización y la naturaleza de todo vestigio social. Ahora a los que se rebuscan los volvieron “emprendedores”. Pero los más importantes ideólogos e historiadores les dieron a los campesinos las connotaciones de ser una clase social, que no se desnaturaliza porque les cambien el nombre. Es indudable que en el desarrollo de la historia la clase campesina ha sufrido las transformaciones propias del avance de los métodos y las relaciones de producción, pero porque le cambien el nombre no perderá sus características universales obtenidas como producto de la aparición de la agricultura, qué por lo tanto, no le pertenecen a ningún país ni gobierno, pues es la clase social que trabaja la tierra, produce la comida y genera los excedentes con base en los cuales se desarrolló toda nuestra civilización. Es un orgullo ser campesino

En Colombia la clase campesina se afianza a partir de las comunidades indígenas que tenían su agricultura comunal, transformada por las instituciones de la Conquista española como la Encomienda, la Mita y la Hacienda y el latifundio, que se apropiaron de grandes tierras baldías, despojando a los indígenas y mestizos. Hoy la clase campesina tiene su vigencia y reconocimiento social y legal en la Constitución, desarrollada en Actos Legislativos, Leyes, Decretos y Sentencias de la Corte Constitucional, y su vigencia económica se resume en que en Colombia, su clase campesina es la que garantiza la soberanía alimentaria, produciendo entre el 73 y el 83 % de los alimentos que se consumen en las ciudades, pero además, son guardianes del ambiente y tienen su propia identidad cultural con sus tradiciones musicales que reflejan la alegría, la sencillez y el amor por la naturaleza.

Aunque Colombia desarrolla un sistema agrícola dual – producción de campesinos, indígenas y consejos comunitarios y la de empresarios–, la jugarreta del ministro Dangond de reemplazar a los campesinos por “pequeños empresarios” es para dejar toda la producción concentrada en las multinacionales, poniendo en peligro la soberanía alimentaria y envileciendo a 14,9 millones de campesinos que son el 28,5 % de la población. Esa intención esta develada en el presupuesto para los productores en el 2027, de $938.280 millones, con un recorte del 32 %, y para todo el sector agropecuario, que pasa de $4,1 a $2,7 billones, un recorte del 34,1 %. Al convertir a los campesinos en empresarios, estos no podrán reclamar crédito oportuno, barato y suficiente, es decir, crédito de fomento; pero además desestimulan la lucha de clases. ¡La clase campesina será la gran aliada de los obreros para la más grande transformación de Colombia!Así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de su directora, María Carolina Restrepo, ordenó excluir la palabra “niñas” de la comunicación institucional para reemplazarla por el término general “niñez”, el Gobierno de Abelardo de la Espriella envió el 8 de este mes al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, a notificarle al Congreso de la República, en sus Comisiones Económicas conjuntas, que el Gobierno dejaría de usar la palabra “campesinos” para referirse a los productores de alimentos para convertirlos en “emprendedores”: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesino es despectivo. Acá les vamos a elevar el estatus a los que producen los alimentos del país”.

Lo anterior hace parte del modelo neoliberal que con palabrería busca cambiar la caracterización y la naturaleza de todo vestigio social. Ahora a los que se rebuscan los volvieron “emprendedores”. Pero los más importantes ideólogos e historiadores les dieron a los campesinos las connotaciones de ser una clase social, que no se desnaturaliza porque les cambien el nombre. Es indudable que en el desarrollo de la historia la clase campesina ha sufrido las transformaciones propias del avance de los métodos y las relaciones de producción, pero porque le cambien el nombre no perderá sus características universales obtenidas como producto de la aparición de la agricultura, qué por lo tanto, no le pertenecen a ningún país ni gobierno, pues es la clase social que trabaja la tierra, produce la comida y genera los excedentes con base en los cuales se desarrolló toda nuestra civilización. Es un orgullo ser campesino

En Colombia la clase campesina se afianza a partir de las comunidades indígenas que tenían su agricultura comunal, transformada por las instituciones de la Conquista española como la Encomienda, la Mita y la Hacienda y el latifundio, que se apropiaron de grandes tierras baldías, despojando a los indígenas y mestizos. Hoy la clase campesina tiene su vigencia y reconocimiento social y legal en la Constitución, desarrollada en Actos Legislativos, Leyes, Decretos y Sentencias de la Corte Constitucional, y su vigencia económica se resume en que en Colombia, su clase campesina es la que garantiza la soberanía alimentaria, produciendo entre el 73 y el 83 % de los alimentos que se consumen en las ciudades, pero además, son guardianes del ambiente y tienen su propia identidad cultural con sus tradiciones musicales que reflejan la alegría, la sencillez y el amor por la naturaleza.

Aunque Colombia desarrolla un sistema agrícola dual – producción de campesinos, indígenas y consejos comunitarios y la de empresarios–, la jugarreta del ministro Dangond de reemplazar a los campesinos por “pequeños empresarios” es para dejar toda la producción concentrada en las multinacionales, poniendo en peligro la soberanía alimentaria y envileciendo a 14,9 millones de campesinos que son el 28,5 % de la población. Esa intención esta develada en el presupuesto para los productores en el 2027, de $938.280 millones, con un recorte del 32 %, y para todo el sector agropecuario, que pasa de $4,1 a $2,7 billones, un recorte del 34,1 %. Al convertir a los campesinos en empresarios, estos no podrán reclamar crédito oportuno, barato y suficiente, es decir, crédito de fomento; pero además desestimulan la lucha de clases. ¡La clase campesina será la gran aliada de los obreros para la más grande transformación de Colombia!Así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de su directora, María Carolina Restrepo, ordenó excluir la palabra “niñas” de la comunicación institucional para reemplazarla por el término general “niñez”, el Gobierno de Abelardo de la Espriella envió el 8 de este mes al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, a notificarle al Congreso de la República, en sus Comisiones Económicas conjuntas, que el Gobierno dejaría de usar la palabra “campesinos” para referirse a los productores de alimentos para convertirlos en “emprendedores”: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesino es despectivo. Acá les vamos a elevar el estatus a los que producen los alimentos del país”.

Lo anterior hace parte del modelo neoliberal que con palabrería busca cambiar la caracterización y la naturaleza de todo vestigio social. Ahora a los que se rebuscan los volvieron “emprendedores”. Pero los más importantes ideólogos e historiadores les dieron a los campesinos las connotaciones de ser una clase social, que no se desnaturaliza porque les cambien el nombre. Es indudable que en el desarrollo de la historia la clase campesina ha sufrido las transformaciones propias del avance de los métodos y las relaciones de producción, pero porque le cambien el nombre no perderá sus características universales obtenidas como producto de la aparición de la agricultura, qué por lo tanto, no le pertenecen a ningún país ni gobierno, pues es la clase social que trabaja la tierra, produce la comida y genera los excedentes con base en los cuales se desarrolló toda nuestra civilización. Es un orgullo ser campesino

En Colombia la clase campesina se afianza a partir de las comunidades indígenas que tenían su agricultura comunal, transformada por las instituciones de la Conquista española como la Encomienda, la Mita y la Hacienda y el latifundio, que se apropiaron de grandes tierras baldías, despojando a los indígenas y mestizos. Hoy la clase campesina tiene su vigencia y reconocimiento social y legal en la Constitución, desarrollada en Actos Legislativos, Leyes, Decretos y Sentencias de la Corte Constitucional, y su vigencia económica se resume en que en Colombia, su clase campesina es la que garantiza la soberanía alimentaria, produciendo entre el 73 y el 83 % de los alimentos que se consumen en las ciudades, pero además, son guardianes del ambiente y tienen su propia identidad cultural con sus tradiciones musicales que reflejan la alegría, la sencillez y el amor por la naturaleza.

Aunque Colombia desarrolla un sistema agrícola dual – producción de campesinos, indígenas y consejos comunitarios y la de empresarios–, la jugarreta del ministro Dangond de reemplazar a los campesinos por “pequeños empresarios” es para dejar toda la producción concentrada en las multinacionales, poniendo en peligro la soberanía alimentaria y envileciendo a 14,9 millones de campesinos que son el 28,5 % de la población. Esa intención esta develada en el presupuesto para los productores en el 2027, de $938.280 millones, con un recorte del 32 %, y para todo el sector agropecuario, que pasa de $4,1 a $2,7 billones, un recorte del 34,1 %. Al convertir a los campesinos en empresarios, estos no podrán reclamar crédito oportuno, barato y suficiente, es decir, crédito de fomento; pero además desestimulan la lucha de clases. ¡La clase campesina será la gran aliada de los obreros para la más grande transformación de Colombia!

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El mensaje institucional era necesario. También urgía restablecer las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, tras cuatro años caracterizados por los cuestionamientos reiterados del anterior presidente de la República frente a decisiones judiciales que contrariaban sus intereses o posiciones políticas. Sin embargo, la independencia judicial no se garantiza únicamente mediante declaraciones públicas, reuniones protocolarias o medidas de protección. Su efectividad exige condiciones materiales que permitan a la administración de justicia cumplir sus funciones con suficiencia, continuidad y autonomía.

Desde esa perspectiva, surge una contradicción difícil de ignorar. El mismo Gobierno que proclama su respeto por la independencia judicial presentó ante el Congreso de la República un proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 que asigna a la Rama Judicial $11,43 billones: $9,91 billones para funcionamiento, $17.696 millones para el servicio de la deuda pública y $1,5 billones para inversión. Frente a la apropiación de 2026, este monto representa un incremento nominal de apenas el 4,61%, porcentaje inferior tanto a la inflación anual registrada en 2025, que alcanzó el 5,1%, como al pronóstico del Banco de la República, que sitúa la inflación al cierre de 2026 en el 6,9%.

En términos reales, la asignación proyectada ni siquiera compensaría la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante la vigencia precedente y, por tanto, no supondría un fortalecimiento efectivo del presupuesto judicial, sino la prolongación —e incluso la profundización— de su insuficiencia estructural.

Durante la última década, el presupuesto de la Rama Judicial registró un crecimiento significativo y aumentó su participación relativa en el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, esa evolución fue irregular e insuficiente para cubrir las necesidades acumuladas. El proyecto presupuestal para 2027 no solo interrumpe esa tendencia, sino que amenaza con revertirla, precisamente cuando la demanda de justicia, la congestión de los despachos y las obligaciones institucionales ejercen una presión creciente sobre la capacidad operativa de la Rama Judicial, sus funcionarios y servidores.

Una década de avances incompletos.

Entre 2017 y 2026, el presupuesto total de la Rama Judicial pasó de $3,54 a $10,92 billones, lo que representa un crecimiento nominal acumulado del 208,06%. Durante el mismo periodo, el Presupuesto General de la Nación aumentó de $224,42 a $546,97 billones, equivalente al 143,73%. Como la asignación destinada a la administración de justicia creció a un ritmo superior al del presupuesto nacional, su participación relativa se elevó del 1,58 % al 2,00%, con un promedio anual del 1,75% durante la década analizada. Si bien estas cifras descartan la existencia de una congelación presupuestal continua, no acreditan una trayectoria estable, sostenida y suficiente.

Entre 2021 y 2023, la participación de la Rama Judicial disminuyó o permaneció prácticamente estancada, mientras que una proporción considerable del avance acumulado se concentró en 2024, vigencia en la cual la apropiación registró un incremento excepcional del 41,68%. Sin ese aumento extraordinario, la evolución del presupuesto judicial habría permanecido muy próxima a la del Presupuesto General de la Nación y el crecimiento de su participación relativa habría sido considerablemente menor.

El crecimiento descrito, sin embargo, no puede evaluarse únicamente en términos nominales, pues es indispensable contrastarlo con el comportamiento de la inflación. Al descontar la variación anual del índice de precios al consumidor, se advierte que, en 2017, 2022 y 2026 el incremento de la apropiación presupuestal fue insuficiente para conservar su poder adquisitivo.

En 2022, esta diferencia representó una contracción real aproximada del 4,31%. Para 2026, con base en la proyección más reciente del Banco de la República, que sitúa la inflación al cierre del año en el 6,9%, la pérdida real se estima en cerca del 1,86%.

Si bien algunas vigencias registraron incrementos reales —en especial 2024—, el balance de la década evidencia que el crecimiento acumulado estuvo acompañado de retrocesos y fluctuaciones que impidieron consolidar una senda presupuestal estable y previsible. Esta discontinuidad limita la planeación estratégica de la Rama Judicial y dificulta la ejecución sostenida de políticas de mediano y largo plazo dirigidas a ampliar la planta de personal, mejorar la infraestructura judicial y profundizar la transformación tecnológica.

El retroceso de 2027 está en la participación.

El dato más revelador del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la República no es el incremento aislado del 4,61% asignado a la Rama Judicial, sino su contraste con el crecimiento del 16,08% previsto para el Presupuesto General de la Nación.

Mientras el presupuesto nacional aumenta cerca de $88 billones, la administración de justicia recibe apenas $503.448 millones adicionales. Esta diferencia reduce la participación de la Rama Judicial en el presupuesto nacional del 2,00% en 2026 al 1,80% en 2027, esto es, una caída de 0,20 puntos porcentuales, equivalente a una contracción relativa cercana al 9,9%.

La magnitud del retroceso adquiere mayor relevancia al examinar la evolución reciente. Entre 2023 y 2026, la participación de la Rama Judicial había aumentado aproximadamente 0,39 puntos porcentuales. El proyecto para 2027 revierte, en una sola vigencia, más de la mitad de ese avance. En consecuencia, aunque la apropiación judicial crece nominalmente, lo hace a un ritmo muy inferior al del Presupuesto General de la Nación y pierde peso dentro de la distribución global de los recursos públicos.

A lo anterior se suma el efecto inflacionario. Si al incremento nominal del 4,61% se le descuenta la inflación del 6,9% proyectada por el Banco de la República para el cierre de 2026 —referencia pertinente para estimar los ajustes salariales y el aumento de los costos que se trasladarán a la vigencia siguiente—, la asignación proyectada refleja una contracción real cercana al 2,14%. Existe, por tanto, una doble regresión: disminuye la participación de la Rama Judicial en el presupuesto nacional y, simultáneamente, el reajuste previsto no compensa la pérdida de poder adquisitivo.

Este efecto es especialmente crítico en los gastos de funcionamiento, cuya estructura presenta un elevado grado de rigidez, debido al peso predominante de los salarios, las prestaciones y las contribuciones asociadas a la planta de personal existente.

Bajo estas condiciones, el margen presupuestal para financiar cargos transitorios, adoptar medidas de descongestión y ampliar la oferta judicial en 2027 se reduce considerablemente. La señal fiscal es inequívoca; pese al aumento nominal de la apropiación, la participación relativa y la capacidad real de gasto de la Rama Judicial se contraen.

La meta del 3 % no es decorativa

El artículo 192C de la Ley 270 de 1996, incorporado por la Ley 2430 de 2024, estableció que el presupuesto de funcionamiento e inversión de la Rama Judicial deberá alcanzar una participación equivalente al 3% del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro Nacional. La disposición también prohibió que la apropiación anual sea disminuida o inferior, en términos reales, a la de la vigencia anterior y reconoció a la Rama Judicial autonomía para desagregar la asignación global aprobada.

Al ejercer el control previo de constitucionalidad, la Sentencia C-134 de 2023 declaró inexequible la expresión que imponía alcanzar el 3% en la vigencia fiscal inmediatamente siguiente, al considerar que una transición de un solo año podía afectar la planeación macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, la Corte no privó de contenido al mandato legal. Por el contrario, preservó la obligación de avanzar hacia esa meta en forma gradual e incremental.

Del marco normativo surgen, entonces, dos deberes concurrentes: aumentar progresivamente la participación presupuestal de la Rama Judicial hasta alcanzar el 3% y evitar que la apropiación disminuya en términos reales frente a la vigencia anterior.

Bajo este parámetro, el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público revela una orientación regresiva. Después de que la participación de la Rama Judicial se aproximara al 2,00% en 2026, la propuesta para 2027 la reduce al 1,80% del Presupuesto General de la Nación. La progresividad definida por la Corte Constitucional no obliga a alcanzar inmediatamente el 3%, pero sí exige una trayectoria verificable de avance. Por ello, una reducción de 0,20 puntos porcentuales en una sola vigencia difícilmente puede conciliarse con el carácter gradual e incremental del mandato estatutario.

La disminución proyectada también expone una dificultad de mayor alcance: el funcionamiento adecuado de la administración de justicia requiere una autonomía presupuestal real y efectiva. Esta garantía no se agota en la facultad de distribuir una asignación global previamente definida. Cuando el monto aprobado es insuficiente, la Rama Judicial solo adquiere autonomía para decidir cuál necesidad debe postergar; cumplir obligaciones laborales, ampliar la planta de personal, crear despachos, conservar sedes, adoptar medidas de descongestión o modernizar sus sistemas tecnológicos.

La independencia funcional de jueces y magistrados presupone, por tanto, un mínimo de capacidad institucional y financiera. Sin recursos suficientes, la autonomía reconocida formalmente pierde eficacia material y la prestación del servicio queda condicionada por las prioridades presupuestales del Ejecutivo. La independencia judicial no solo exige ausencia de interferencias en las decisiones jurisdiccionales; también requiere que la Rama Judicial disponga de los medios necesarios para cumplir sus funciones constitucionales sin depender de asignaciones que perpetúen su insuficiencia estructural.

El déficit ya existe y tiene nombre.

El proyecto de presupuesto de la Rama Judicial para 2027, elaborado por el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y radicado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en marzo de 2026, cuantificó las necesidades del sector en $17,53 billones.  Sin embargo, el proyecto presentado por el Gobierno nacional ante el Congreso de la República solo incorporó $11,43 billones. La diferencia global asciende a $6,10 billones y, únicamente en gastos de funcionamiento, alcanza $4,70 billones. No se trata, por tanto, de una discrepancia marginal, sino de una brecha que compromete la capacidad de operar, atender obligaciones exigibles y ampliar la oferta judicial.

La insuficiencia, además, no surge en 2027. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial estimó que, para 2026, los gastos de funcionamiento ya acumulaban un faltante de $672.525 millones. Pese a este déficit previo, el proyecto para la vigencia siguiente incrementa ese componente en apenas $453.060 millones. Incluso bajo el supuesto extremo de destinar la totalidad del aumento a cubrir la brecha heredada, solo se financiaría cerca del 67,4% y permanecerían pendientes $219.465 millones, sin contabilizar las nuevas necesidades salariales, operativas y normativas que deberán atenderse en 2027.

Esta restricción presupuestal compromete directamente la expansión de la capacidad institucional. La Rama Judicial proyectó la creación de 7.715 cargos permanentes, con un costo estimado de $1,57 billones, para responder al crecimiento de la demanda, equilibrar la relación entre ingresos y egresos y fortalecer los despachos con mayores niveles de congestión. A ello se suman 2.570 cargos transitorios previstos en el Plan Anual de Descongestión, valorados en $549.717 millones. La asignación propuesta por el Ministerio de Hacienda no ofrece respaldo suficiente para financiar estas medidas durante la vigencia fiscal de 2027.

En términos prácticos, el proyecto no solo deja sin cubrir obligaciones y necesidades acumuladas, sino que reduce al mínimo la posibilidad de crear nuevos despachos, fortalecer las plantas existentes y adoptar medidas eficaces de descongestión. El déficit, por consiguiente, tiene una consecuencia concreta: una oferta judicial prácticamente invariable frente a una demanda creciente.

La promesa incumplida

Mediante la Ley 2594 de 2026, el Congreso de la República buscó corregir una distorsión originada en el régimen salarial adoptado desde 2013. Los Decretos 382, 383 y 384 de ese año, complementados por los Decretos 022 de 2014 y 1269 de 2015, crearon y regularon la Bonificación Judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las direcciones seccionales. No obstante, establecieron que dicho concepto únicamente constituiría factor salarial para calcular los aportes al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con exclusión de sus efectos sobre las demás prestaciones sociales y las cesantías.

La Ley 2594 de 2026 reconoció la Bonificación Judicial como factor salarial para todos los efectos legales, sin excepción, a partir de su promulgación. Con esta modificación se pretendió corregir la desigualdad derivada del régimen anterior y contener el impacto fiscal de las reclamaciones y decisiones judiciales que ya habían reconocido dicho carácter salarial, cuyos costos acumulados se han estimado en más de $1,8 billones. Sin embargo, el proyecto presupuestal presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no incorpora apropiaciones suficientes para financiar la aplicación integral de la nueva disposición.

El proyecto formulado por la Rama Judicial calculó en $865.906 millones el costo de extender el carácter salarial de la bonificación a 37.352 servidores. De ese monto, $341.166 millones ya estaban incorporados en la nómina, mientras que se requerían $524.739 millones adicionales para cubrir la totalidad de la obligación. La ausencia de estos recursos no elimina el derecho reconocido por el legislador; aplaza su cumplimiento y traslada sus consecuencias a las vigencias futuras, con el consiguiente aumento del pasivo, las reclamaciones judiciales, los retroactivos, la indexación y los intereses. La bonificación evidencia, así, el costo de reconocer derechos laborales sin garantizar simultáneamente su financiación y se convierte en otra promesa incumplida para los servidores judiciales.

La emergencia absorbió parte del aumento antes de que comenzara la vigencia

El sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 introdujo una presión financiera y operativa que el anteproyecto elaborado en marzo no podía anticipar. Para atender los daños inmediatos, el Consejo Superior de la Judicatura destinó $208.000 millones provenientes de saldos de proyectos de inversión de 2026. De esa suma, $116.000 millones fueron dirigidos a la reparación y adecuación de sedes judiciales en Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y otras zonas afectadas, mientras que $92.000 millones se destinaron a recuperar y fortalecer la infraestructura tecnológica de los despachos damnificados.

La corporación también declaró la urgencia manifiesta, mediante el Acuerdo PCSJA26-12569 del 14 de agosto de 2026, por un término inicial de dos meses prorrogables. Esta decisión permitió contratar directamente las obras, bienes y servicios indispensables para reforzar y reparar las estructuras afectadas, arrendar sedes alternas, restablecer la conectividad, trasladar y proteger expedientes y garantizar la seguridad de los servidores judiciales.

La dimensión presupuestal de la emergencia es significativa: los $208.000 millones reasignados equivalen al 41,3% de todo el incremento nominal previsto para la Rama Judicial en 2027. Pese a esta nueva contingencia, el proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mantiene el presupuesto de inversión en $1,5 billones, el mismo monto solicitado antes del terremoto, y no individualiza en la sección 2701 una apropiación extraordinaria para financiar la reconstrucción.

En ausencia de recursos adicionales, la respuesta a la emergencia depende de traslados internos y de la reasignación de partidas previamente destinadas a otros proyectos. Esta operación permite atender las necesidades urgentes, pero no es presupuestalmente neutra: cada peso dirigido a reparar una sede, restablecer la conectividad o proteger un expediente deja de financiar mantenimiento preventivo, modernización tecnológica, adquisición de infraestructura o expansión territorial en otra zona del país. La emergencia no creó el déficit, pero sí profundizó la competencia por recursos que ya eran insuficientes.

Más demanda y nuevas obligaciones.

La presión presupuestal no proviene únicamente de obligaciones acumuladas; también obedece al crecimiento sostenido de la demanda de justicia. Según las estadísticas oficiales de la Rama Judicial, durante 2024 ingresaron 3.263.743 asuntos y se resolvieron 2.672.412, lo que representa una relación entre egresos e ingresos del 81,9% y una diferencia de 591.331 procesos. Esta diferencia aritmética no puede equipararse al inventario final, pues este también comprende expedientes acumulados de vigencias anteriores, reingresos y otros movimientos estadísticos. Sin embargo, sí revela un hecho relevante; durante ese año salieron menos asuntos de los que ingresaron al sistema de administración de justicia.

El comportamiento por especialidades confirma la persistencia de esa presión. En la jurisdicción laboral ingresaron 170.052 asuntos y egresaron 143.969, con una brecha de 26.083 procesos. En materia penal se registraron 704.055 ingresos y 600.216 egresos, para una diferencia de 103.839 asuntos. Estas cifras adquieren especial importancia ante la entrada en vigor, el 2 de abril de 2026, de la Ley 2452 de 2025, mediante la cual se expidió el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, aplicable a las demandas presentadas desde esa fecha.

El modelo procesal previsto por esta reforma, basado en la oralidad, la gestión digital y la celeridad, exige una capacidad institucional correspondiente: jueces, empleados, salas de audiencia, conectividad, sistemas informáticos y formación especializada. Una reforma procesal que no esté acompañada de los recursos necesarios corre el riesgo de convertir sus objetivos de eficiencia en una carga adicional para despachos ya congestionados. En tales condiciones, el costo de la insuficiencia presupuestal termina trasladándose tanto a los servidores judiciales como a los ciudadanos que esperan una decisión oportuna.

La situación de la justicia penal muestra, además, que el problema trasciende la capacidad exclusiva de los jueces. La Corporación Excelencia en la Justicia advirtió que el 93,2% de los casos activos registrados en el Sistema Penal Oral Acusatorio permanecía en la etapa de indagación. Este indicador no constituye, por sí solo, una tasa general de impunidad ni puede atribuirse exclusivamente a la administración judicial. La investigación y judicialización de los delitos compromete a toda la cadena penal: Fiscalía General de la Nación, policía judicial, defensa, jueces y autoridades responsables del diseño y la ejecución de la política criminal.

La cifra sí pone de manifiesto una debilidad estructural. Si la mayoría de los casos no supera la fase inicial, cualquier política dirigida a fortalecer la judicialización requiere recursos suficientes y coordinados en todas las etapas del sistema, incluida la capacidad de juzgamiento para aquellos procesos que llegan a conocimiento de los jueces. No basta, entonces, con incrementar la actividad investigativa si no se garantiza, al mismo tiempo, la infraestructura humana, física y tecnológica necesaria para celebrar audiencias y adoptar decisiones dentro de plazos razonables.

El aumento de la demanda y la entrada en vigor de nuevas obligaciones legales confirman que el presupuesto judicial no puede concebirse como un simple ejercicio contable anual. Imponer mayores responsabilidades sin financiar la capacidad requerida equivale a trasladar mandatos desprovistos de respaldo material a instituciones ya sobrecargadas. La conclusión es ineludible: no es posible garantizar una justicia oportuna ni combatir eficazmente la criminalidad sin recursos suficientes y articulados para todo el sistema.

Tres encuentros con la Corte Suprema; ningún compromiso fiscal cuantificado

La agenda presidencial con las altas cortes ha sido intensa. El 25 de junio de 2026, todavía como presidente electo, Abelardo De La Espriella participó en encuentros informales con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En la Corte Suprema, el diálogo comprendió asuntos relacionados con la independencia judicial, el presupuesto de la Rama y las extradiciones.

El 18 de agosto, ya posesionado y acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, efectuó su primera visita oficial al Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El 26 de agosto se reunió con la Sala Plena de la Corte Constitucional. Dentro de esa ronda institucional también se anunció una visita al Consejo Superior de la Judicatura, aunque las fuentes públicas consultadas no individualizan una sesión presidencial posterior con esa corporación.

Balance de información pública disponible al 4 de septiembre de 2026. La visita del 3 de septiembre consta en la comunicación oficial de Presidencia.

La reunión del 3 de septiembre elevó a tres los encuentros de Abelardo De La Espriella con la Corte Suprema. Durante la visita, el mandatario reiteró su respeto por las decisiones judiciales, se comprometió a proteger la autonomía de la Rama y ordenó reforzar la seguridad de los magistrados amenazados. A su vez, el Ministerio de Justicia respaldó las instrucciones impartidas a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección para fortalecer los esquemas de seguridad de los integrantes de la Sala de Casación Penal.

No obstante, las comunicaciones oficiales examinadas no contienen un compromiso presupuestal cuantificado, un cronograma de avance hacia la participación del 3%, una asignación extraordinaria para atender los daños ocasionados por el sismo ni una propuesta concreta para cubrir el faltante de funcionamiento. La reiteración del respeto institucional no ha estado acompañada, hasta ahora, de una respuesta fiscal proporcional a las necesidades expuestas por la propia Rama Judicial.

El propósito de este balance no es descalificar el diálogo ni medir la independencia judicial por el número de visitas presidenciales. Después de varios años de tensión entre el Ejecutivo y las Altas Cortes de Colombia, restablecer canales institucionales tiene un valor democrático indiscutible y corresponde al principio constitucional de colaboración armónica entre los órganos del Estado. Sin embargo, la interlocución política no sustituye las decisiones presupuestales necesarias para garantizar la capacidad material de la administración de justicia.

La contradicción surge cuando el discurso oficial anuncia el fortalecimiento de la justicia, mientras el proyecto fiscal reduce su participación relativa en el Presupuesto General de la Nación. El programa de gobierno incluyó la defensa de los jueces, el respeto por la separación de poderes y la independencia judicial, así como el fortalecimiento de la justicia y la judicialización. Al momento de elaboración de este artículo, tales compromisos aún no se han traducido en una senda presupuestal verificable. Por el contrario, el proyecto presentado al Congreso por el Ministerio de Hacienda disminuye el peso relativo de la Rama y deja sin financiación necesidades esenciales previamente identificadas.

La independencia judicial también requiere condiciones materiales para su ejercicio. Por ello, el verdadero alcance del compromiso gubernamental no puede medirse únicamente por las reuniones celebradas o por las declaraciones públicas, sino por la apropiación de recursos suficientes, el establecimiento de metas verificables y la adopción de un cronograma que permita avanzar hacia la autonomía presupuestal prevista por el ordenamiento jurídico.

Del diálogo a una política de Estado

El Congreso de la República aún puede corregir el rumbo del proyecto presupuestal. Para ello, la discusión legislativa debe traducir el diagnóstico en cinco decisiones concretas:

• Reconocer el déficit de funcionamiento acumulado desde 2026 y asignar los recursos necesarios para cubrirlo.
• Financiar integralmente las obligaciones derivadas de las leyes 2594 de 2026 y 2452 de 2025, evitando que los derechos y las reformas aprobados por el propio Estado queden reducidos a mandatos sin respaldo económico.
• Destinar recursos extraordinarios para reconstruir las sedes judiciales afectadas por el sismo, sin desplazar las inversiones previstas para mantenimiento, transformación tecnológica y ejecución de los proyectos en curso.
• Evaluar y financiar una ampliación permanente de la oferta judicial, sustentada en las cargas de trabajo, los niveles de congestión y las necesidades territoriales del servicio.
• Definir una trayectoria plurianual, gradual y verificable hacia la meta establecida en el artículo 192C de la Ley 270 de 1996, acompañada de indicadores públicos, metas anuales y mecanismos de rendición de cuentas.

La corrección también exige avanzar hacia una autonomía presupuestal que no se limite a distribuir una asignación global determinada por otro poder. La capacidad de definir prioridades pierde eficacia cuando los recursos disponibles son insuficientes para atender las obligaciones básicas. Una autonomía auténtica debe permitir que las necesidades de la Rama tengan una incidencia real en la formulación del presupuesto, sin perjuicio de los controles sobre eficiencia, ejecución, transparencia y resultados.

El incremento de los recursos, por sí solo, no garantiza una justicia oportuna y eficaz; constituye, sin embargo, una condición indispensable para ampliar la planta de personal, crear despachos, mantener la infraestructura tecnológica, reparar sedes y ejecutar las reformas procesales aprobadas por el Congreso. La insuficiencia presupuestal convierte los mandatos legales en obligaciones de difícil cumplimiento y traslada sus consecuencias a los servidores judiciales y a la ciudadanía.

El fortalecimiento de la administración de justicia debe consolidarse como una política de Estado, ajena a las prioridades transitorias de cada gobierno. Ello exige una planeación plurianual que articule presupuesto, talento humano, infraestructura, transformación digital y ampliación de la cobertura, con metas evaluables y responsabilidades institucionales definidas.

La Rama Judicial no necesita “milagros” ni nuevos anuncios. Requiere una política de Estado coherente, estable y orientada a su fortalecimiento efectivo. Esa política debe materializarse en compromisos verificables y partir de un presupuesto suficiente para garantizar su funcionamiento y ampliar la oferta de justicia al ritmo de la demanda ciudadana.

La independencia judicial se manifiesta en el respeto por las decisiones, en la protección de quienes las adoptan y en la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplirlas. Si las visitas a las Cortes y las declaraciones de respaldo no se traducen en una corrección presupuestal, el Gobierno habrá mejorado el tono de la relación institucional, pero no la capacidad material del Estado para administrar justicia.

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Todos los medios de comunicación han difundido profusamente el “acuerdo” anunciado el 1 de septiembre entre los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez, sobre la explotación de petróleo en Venezuela. Se sabe que es un acuerdo parecido, pero mucho más vergonzoso que el que conocimos en Colombia con el nombre de contratos de concesión, en los que la mayor parte de la renta obtenida por la explotación de petróleo se la llevan las multinacionales

En qué consiste el vergonzoso “acuerdo”

El acuerdo anunciado, que además de la naturaleza antinacional y vergonzosa con el que lo describo desde el titular, tiene varios aspectos que dan cuenta de que además de antinacional, es arbitrario e ilegal.

Consiste en que el gobierno venezolano le otorga título sobre 17 campos petroleros en lo que se denomina la Faja del Orinoco y también en la del Golfo de Maracaibo a la compañía denominada NABEP, sigla de North American Blue Energy Partners, con sede en el paraíso fiscal de Barbados, de propiedad del muy cuestionado empresario del combo de los bolichicos, Alejandro Betancur.

Según el vergonzoso acuerdo, NABEP participará en un nuevo acuerdo de riesgo compartido, o joint venture, para operar durante 25 años, prorrogables varias veces. Eso explica por qué Rodríguez habla de 25 años para tratar de ponerle un velo a la vergüenza y Trump de cien, que terminará siendo la realidad.

El Pentágono será dueño del 35% de la empresa, porcentaje que jamás podrá ser inferior y además tendrá el derecho a adquirir la quinta parte del petróleo explotado a precio de huevo, al costo de producción.

No sobra señalar aquí que el empresario Betancur, según varias informaciones de medios de comunicación, está relacionado íntimamente con la empresa Money Flight, investigada por el desvío de USD $1.200 millones de PDVSA entre 2014 y 2018, junto con su primo y socio Francisco Covint.

El Government Take

Es el nombre con el que se conoce el porcentaje que le queda al Estado por concepto de utilidades, ingreso o participación en un proyecto de explotación de recursos naturales como petróleo o gas. Es un medidor para catalogar lo atractiva que puede ser la inversión de una multinacional en cada país.

Lo vergonzoso del acuerdo anunciado y del que solo se conocen unas líneas generales, queda plasmado en este Cuadro, resumen comparativo de los regímenes y el rango estimado del Government Take en distintos países.

Con el que no dejamos de calificar de vergonzoso acuerdo, en Venezuela, el Government Take pasará de ser de ultra alto a bajo, es decir, quedará peor que en Colombia, Perú, Guyana o Argentina. Se quedarán con el 35% de la utilidad, pero, además, tendrán la gabela de comprar el 20% del petróleo a razón del costo de producción y no del precio internacional, lo que podría colocar a nuestro país vecino por debajo incluso de lo que se considera bajo.

Desde el punto de vista legal, el acuerdo está fundamentado en los llamados Contratos de Participación Productiva, introducidos en la legislación venezolana después de la captura de Maduro y de la decisión de la cúpula chavista de convertir a esa nación en una especie de protectorado gringo. A diferencia del tradicional modelo de Empresas Mixtas, en los que había un control accionario estatal, la nueva figura otorga una autonomía operativa y financiera a los inversionistas internacionales, lo que les garantiza unas mejores tasas de recobro.

Pero el tema de las gabelas a Washington no se queda en la simple participación vergonzosa en la renta del petróleo en los 17 campos petroleros que les entregan a los gringos el control de 65.000 millones de barriles de petróleo, cerca del 21% del total de las reservas venezolanas y que suman mucho más que las reservas del propio Estados Unidos, calculadas en 46.000 millones de barriles.

En la letra menuda del “convenio”, está establecida una cláusula más vergonzosa aún, un blindaje que le otorga a futuro a Estados Unidos la garantía de tener el 35 % de la propiedad, sin importar que haya capitalizaciones por parte del socio venezolano. Siempre seguirán siendo dueños de lo mismo, incluso si no aporten un dólar en eventuales capitalizaciones.

No es solo un acuerdo con la Casa Blanca, es política de gobierno que aprovechan otros inversionistas.

El acuerdo, que se supone suscribieron el Secretario de Energía de EE. UU. Chris Wright y la Presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez, es apenas uno de muchos actos administrativos derivados de la nueva ley de política petrolera impuesta por EE. UU. al gobierno títere de Venezuela. Este acuerdo, que analizaremos aparte, es uno de los muchos actos derivados de la decisión de los jefes actuales del socialismo del siglo XXI de entregar los recursos naturales venezolanos a las multinacionales norteamericanas, plasmados en la nueva Ley de Hidrocarburos, que crea la mencionada figura de los Contratos de Participación Productiva. Veamos.

Por ejemplo, para Chevron, los acuerdos establecen nuevas concesiones en la Faja del Orinoco, nuevos términos legales, fiscales y comerciales. La empresa invertirá más de US$ 7.000 millones en los próximos cinco años con el fin de multiplicar por más de dos la producción, para alcanzar unos 600.000 barriles diarios.

Chevron cuenta con tres coempresas en Venezuela. A una de ellas, con el curioso nombre de Petroindependencia, en la que tiene el 49% de las acciones, se le otorgó una nueva licencia para operar y explotar otros dos campos, los denominados Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A.

La también norteamericana Hunt Oil, radicada en Dallas, firmó un acuerdo para desarrollar los campos Caro y Carisito. Por su parte, los magnates colombianos Gilinski, que han empezado a incursionar en el negocio petrolero a través de su compañía Geo Park, acaban de asumir el campo Bare, en la riquísima Faja del Orinoco. También ha suscrito la actual mandataria encargada convenios con las norteamericanas Crossover y una alianza marco con la empresa Schlumberger, que, si bien no es una petrolera, se asocia para suministrar taladros y tecnología. Se sabe que el gobierno del protectorado gringo anda en conversaciones con ENI, Shell, British Petroleum y Repsol para nuevos proyectos. ¡Una verdadera y vergonzosa piñata!

El gas

El gas tiene su propia dinámica. Empresas como Shell, BP, XRG de los Emiratos Árabes y la UCC Holdin de Catar, han acordado una hoja de ruta para explotar, en la llamada Plataforma Deltana, el campo Loran. El propósito es exportar gas a Europa. La verdadera mina está en el gas, ya que, al amparo de la llamada Ley de Gas, tiene unas regalías mucho más bajas y ya hay una capacidad instalada robusta que requiere menores inversiones. Un negocio redondo.

En un foro celebrado en Houston los pasados 18 y 19 de mayo del año en curso, la ministra de Hidrocarburos venezolana, Paula Heno, y frente a la Asociación Estadounidense de Geólogos Petroleros (AAPG), proclamó orgullosa que Venezuela no solo muestra al mundo sus cuantiosas reservas de petróleo y gas, sino que también ofrece los mecanismos que permiten convertir esas reservas en barriles de superficie.

Los líos del acuerdo anunciado

Una de las vulnerabilidades del acuerdo reside en el socio. El dueño actual de NABEP es Alejandro Betancurt. Llegó a las grandes ligas empresariales de la mano de Chávez. En su mandato fundó Derwick Associates y en 2009, en el momento de una grave crisis eléctrica, firmó jugosos contratos para construir infraestructura energética. Contratos caracterizados por su opacidad.

Pero tal vez el asunto más complicado del vergonzoso “convenio” reside en que el anuncio de Trump, que tiene un claro propósito de controlar reservas de hidrocarburos, pero también de tratar de ganar las claves elecciones de mitaca en noviembre, no podrá lograr ni reducción de precios, ni aumento de las reservas estratégicas.

Rystad Energy, una reconocida consultora, estimó que para recuperar la alicaída producción petrolera venezolana a los niveles de los años noventa del siglo pasado, se requerirán cerca de USD $183.000 millones y más de una década. En ese momento producían 3.5 millones de barriles diarios y en este momento, escasamente llegan al millón.

Falta además ver cómo habrá de legalizar Donald Trump la asociación del Pentágono con una empresa privada venezolana, pues no existe en la legislación de Estados Unidos una figura que lo permita.

Un acuerdo vergonzoso para Venezuela y un fuego fatuo para el electorado estadounidense.

Periscopio: No menos vergonzoso es el estado de postración en que el saliente gobierno de Gustavo Petro ha dejado nuestra producción de petróleo y gas. Chávez y Maduro la destruyeron en Venezuela en medio de escándalos de corrupción y Petro la ahogó en Colombia con su maniático y falso ambientalismo, no carente de corrupción. Los anuncios de quién dirigirá nuestro Ecopetrol bajo De La Espriella no son auspiciosos.

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