Estados Unidos y Colombia son dos países diferentes y con intereses diametralmente opuestos, demostrados por su relación asimétrica de potencia dominante y país dominado, y por la actitud de todos nuestros gobiernos que, sin excepción desde hace más de 100 años, se han sometido a los designios de Washington en detrimento de la soberanía de Colombia. Con De la Espriella, tal como lo ha anunciado al someterse al Escudo de las Américas formulado por Trump, no solo continuará el derrotero de los anteriores, sino que profundizará la entrega de nuestra soberanía.   

El derecho a la autodeterminación de Colombia está cada vez más comprometido

Según la Carta de las Naciones Unidas, que es la que rige el Derecho Internacional y a la que deben someterse todos sus países miembros, el Derecho a la libre Determinación de los pueblos es crucial porque atañe a la soberanía, es decir, a que cada país tenga la autonomía de decidir su destino sin intervención extranjera (Carta ONU, artículo 1, inciso 2). Colombia y Estados Unidos deben someterse al Derecho Internacional porque son miembros de la ONU, en otras palabras, sus constituciones se supeditan a los principios de ese Derecho. Por eso, el artículo 9 de la Constitución de Colombia establece que las relaciones exteriores se fundamentan en la soberanía nacional y en la autodeterminación de los pueblos.

Si revisamos la historia de las relaciones entre Washington y el hemisferio americano, desde el Corolario Roosevelt de 1904 hasta el reciente Escudo de las Américas de Donald Trump, encontramos que se ha profundizado la dependencia y el sometimiento en beneficio del enorme poder financiero norteamericano y en detrimento del crecimiento y el desarrollo de los países considerados su “patio trasero”.

El Corolario Roosevelt, del presidente Theodore Roosevel, quien se incautó a Panamá en 1903, modificó el principio anticolonial de la Doctrina Monroe, “América para los americanos”, para utilizarlo en pro del neocolonialismo del país del Norte como “América para los norteamericanos”, y constituirse así en “policía internacional”. Y el Escudo de las Américas refuerza el sometimiento de los países del continente americano bajo la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, en que el Corolario Trump se dirige a someter aún más al hemisferio occidental. Este principio rector de la política exterior de Estados Unidos es el que profundiza las relaciones asimétricas que han sido impuestas, sin excepción, por todos los gobernantes estadounidenses.   

Por eso, desde principios del siglo XX cuando el presidente Marco Fidel Suárez propuso su doctrina respice polum (mirar hacia el polo o la estrella del norte), que hacía referencia a Estados Unidos, la soberanía de Colombia ha estado avasallada en diversos campos de sus recursos naturales y sus potencialidades humanas,  comenzando por el saqueo del petróleo y otros productos extractivos, hasta el expolio de las capacidades productivas de sus habitantes del campo y la ciudad, materializado en los tratados de libre comercio impuestos por el Consenso de Washington en 1989.

Igual sucede con la soberanía militar y la capacidad de defensa contra el crimen organizado, siempre dirigido por los intereses estratégicos del Pentágono con el interés de mantener su injerencia militar en nuestro país. Esa es la principal cusa del fracaso de la lucha contra el narcotráfico, porque los Estados Unidos no lo combaten en su propio territorio, que es donde está la demanda de estupefacientes, sino que lo traslada a las zonas de producción del nuestro.             

Todos esos atentados contra la soberanía nacional han sido enfrentados por el pueblo colombiano, pero nuestros gobernantes siempre se han alineado a favor de los intereses del país del norte. Por ejemplo, la lucha de los trabajadores petroleros logró que se constituyera ECOPETROL, la empresa nacional que debe velar por la nuestra soberanía energética, pero el mandato de Gustavo Petro se dedicó a debilitarla dentro de sus concepciones de falso ambientalismo dirigidas por intereses estratégicos norteamericanos, con el objeto de ralentizar el crecimiento de Colombia.

De la Espriella anuncia que se someterá al Escudo de las Américas

Al estrechar las relaciones con Estados Unidos, aún más que los anteriores presidentes de Colombia, significa que lo está haciendo en el momento en que esa potencia intensifica las violaciones al Derecho Internacional al intervenir en los asuntos de los países que no se someten a sus designios. Así lo ha hecho Donald Trump con países sometidos como Venezuela para tomar el control de su petróleo, e incluso con naciones aliadas como Canadá o Dinamarca y su posesión de Groenlandia. Y lo advirtió con claridad después de su intervención criminal en Venezuela, que después vendrán varios países de América Latina, incluido Colombia.

Abelardo de la Espriella, con nacionalidad norteamericana, no puede abjurar a la lealtad al país que juró defender, por lo que seguirá alineándose con lo que imponga Washington, es decir, atentando contra nuestra soberanía, la Carta de la ONU y la propia Constitución de Colombia. Además, en una posición vasalla, juró someterse al Escudo de las Américas, por lo que recibió el apoyo de Donald Trump y anuncia la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestro territorio para combatir el narcotráfico, olvidando que la Corte Constitucional, mediante el Auto 288 de 2010, le bloqueó a Álvaro Uribe el intento de instalar siete bases militares del Pentágono sin contar con el Congreso.

Los presidentes de Colombia siempre han tratado de desconocer la separación de poderes cuando se afecta nuestra soberanía, tal como lo hicieron Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro cuando permitieron el ingreso y la permanencia de Colombia como como primer “socio global” de la OTAN en América Latina, la alianza militar del Atlántico Norte dirigida por Estados Unidos, en abierto acto de violación del Derecho Internacional. Y en concreto, el presidente Petro nunca objetó la intención norteamericana de convertir el paraíso de la biodiversidad de la isla de Gorgona en una base militar.   

Pero en política exterior Abelardo De la Espriella también viola el Derecho Internacional al respaldar la ocupación de Israel desde 1967 de los Altos del Golán, territorio que hace parte de Siria y que solo Estados Unidos había reconocido. Y al reanudar relaciones con el estado sionista de Benjamín Netanyahu anunciando el retiro de Colombia de la demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, el nuevo presidente quiere ubicar la embajada de Colombia en Jerusalén, ciudad que nunca han reconocido las Naciones Unidas como parte de Israel.

Las violaciones a la Carta de la ONU del nuevo presidente respaldan la posición de Trump quien ha manifestado abiertamente que no cree en el Derecho internacional porque se rige por su propia moralidad, la que lo guía para financiar y armar a Israel en pro del genocidio y la limpieza étnica en Palestina, y para cometer los crímenes de guerra contra Venezuela e Irán.

Pero una de sus propuestas más aberrantes, que atenta contra el libre comercio de Colombia, es la oposición de De la Espriella para que Colombia entre en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, es decir, a que podamos comerciar con el país oriental para preferir centrarnos en el monopolio coercitivo que ha ejercido Estados Unidos sobre el comercio global. El libre comercio, bandera que ha defendido Occidente desde hace dos siglos, ahora se está convirtiendo en un obstáculo para los intereses hegemónicos globales de Estados Unidos.

El colonialismo es el que se vuelve a imponer, porque no solo significa la presencia de tropas del Pentágono en nuestro país, sino que, cual virrey de la era colonial, el nuevo mandatario es norteamericano y ha debido renunciar a esa nacionalidad antes de posesionarse, para no someter a Colombia a un conflicto de intereses que se resolverá indudablemente en favor de Estados Unidos y en detrimento de nuestra soberanía.

La entrada ¿A qué país va a servir el norteamericano Abelardo De la Espriella? se publicó primero en La Tribuna.

Esta tragedia recordó que Colombia ha sido epicentro de intensos terremotos como el de Armenia de 1999, que causó 1185 muertos, y de otros como el sismo del Pacífico del 31 de enero de 1906, con una magnitud de 8,8, que afectó las costas de Nariño y Cauca. En Cúcuta, el 18 de mayo de 1875, un terremoto destruyó por completo a esta ciudad y poblaciones vecinas, con entre 5.000 y 10.000 personas muertas. En Tumaco, el12 de diciembre de 1979, un sismo de magnitud 8,1 frente a las costas de Nariño provocó un tsunami que causó la muerte de más de 450 personas. Y el terremoto del Eje Cafetero del 25 de enero de 1999, de magnitud 6,2 con epicentro en Córdoba (Quindío) devastó Armenia, Pereira y otras localidades, dejando cerca de 1185 muertos.

Los anteriores terremotos son parte de una cadena de movimientos sísmicos que sufre Colombia debido a que es uno de los 40 países ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, además de la presencia de tres cordilleras andinas y del cruce de corrientes marinas. El Cinturón de Fuego del Pacífico es una gran franja en forma de herradura de unos 40.000 kilómetros que rodea el océano Pacífico. Concentra cerca del 90 % de todos los terremotos del mundo y el 75 % de los volcanes activos del planeta debido al choque y movimiento de las placas tectónicas, según el SGC. Los terremotos aún no se pueden prever, pero sí debe alistarse al país y la población para minimizar los riesgos y los desastres, como hacen otros países que tienen la misma ubicación como: Chile, México, Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, Nueva Zelanda o Indonesia.

El SGC divide a Colombia en zonas sísmicas: La ALTA, con probabilidad de sismos fuertes, la forman: Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Huila, Norte de Santander, Santander, Magdalena y La Guajira. La INTERMEDIA, con sismos moderados: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Meta, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Y la BAJA, por sismos menos destructivos: Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Vichada y San Andrés y Providencia. En Colombia tiembla con frecuencia por estar ubicada en la unión de las placas: Nazca, Pacífico, Suramericana y Caribe Norte, por lo que, a pesar de algunos avances en la prevención, se debe profundizar más con una Política Pública de Estado.

Esa política pública de Estado tiene que ser insobornable, que priorice la vida, no solo con fuertes normas de sismo-resistencia, sino de prevención de deslaves, erupciones y desbordamientos de los ríos. ¡Es urgente que Colombia se rija por Sistemas de Riesgos!

La entrada Colombia es un país con constantes desastres naturales que aún no desarrolla suficiente prevención se publicó primero en La Tribuna.

El orden imperial europeo impuesto en Asia Occidental

El Medio Oriente siempre ha sido objeto de la codicia de Occidente, primero por los intereses de los imperios británico y francés, y después por el norteamericano. El petróleo ha sido el más importante recurso ambicionado, pero también el control de las vías marítimas y sus pasos estrechos, claves para monopolizar el comercio global.

Con la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el Asia Occidental pasó a formar parte del sistema colonial europeo. Reino Unido y Francia, mediante el Acuerdo secreto Sykes-Picot de 1916, se repartieron los residuos de ese gran imperio turco que había durado más de 400 años y redibujaron fronteras según su conveniencia sin contar con los deseos soberanos de los pueblos árabes nuevamente invadidos. Así, instalaron monarquías clientelares repartidas a tribus del Golfo Pérsico sobornadas por los intereses en el petróleo.

Los mismos imperios europeos dividieron la Siria otomana: mientras Francia ocupó el norte creando al Líbano, separado de Siria, Gran Bretaña se tomó lo que correspondía a Palestina. El Mandato Británico era una avanzada colonial en alianza con el sionismo político, logrado mediante un acuerdo de 1917 entre el Reino Unido y los potentados judíos, entre ellos, Rotschild. Se llamó Declaración Balfour, en la que se anunciaba un «hogar judío» en Palestina, lo que implicaba que los nativos palestinos debían ceder parte de sus tierras a los judíos perseguidos en Europa.

Cuando los británicos se retiraron de ese Mandato, en 1948, los sionistas procedentes de Europa, que venían colonizando y sometiendo a los palestinos, a menudo con métodos terroristas, crearon el Estado de Israel, por lo que a Occidente le quedó asegurado una punta de lanza estatal en Medio Oriente. Fue la época en que el imperio británico decaía y el norteamericano tomaba su lugar hegemónico, contando con el apoyo del nuevo Estado para sus objetivos de poder y dominio en la región. Así, hoy se explica la relación cómplice y genocida entre el sionismo y Estados Unidos.

Irán, el único Estado de la región que ha logrado resistir el dominio occidental

El apetito económico de Occidente se materializó en Irán a principios del siglo XX cuando los británicos se apoderaron del nuevo recurso energético que reemplazaba al carbón y consolidaron la British Petroleum Company en una concesión desfavorable a los iraníes. Después, con la entrada de Estados Unidos para competir con Inglaterra por el petróleo, se asociaron con los británicos para el saqueo del petróleo de Irán y con el mismo fin instalaron en Arabia Saudita la compañía arábigo-norteamericana, Aramco.

Pero en Irán surgió un escollo para los intereses británicos y norteamericano. En 1953, el primer ministro iraní, Mohammad Mosaddegh, decidió nacionalizar el petróleo controlado por Occidente, apoyado por el parlamento iraní. Por eso fue derrocado por la CIA y el MI6 británico para suprimir las instituciones democráticas y consolidar el poder soberano del Sha Reza Pahlevi, sumiso a Occidente y a sus intereses sobre el petróleo.

De ahí surgen dos perspectivas contrapuestas: la de Irán, tratando de recuperar su soberanía por el petróleo, lograda finalmente en 1979 con la Revolución Islámica que derrocó al Sha y restituyó la República, y el de las monarquías árabes, que mantuvieron su condición de vasallas del Imperio norteamericano, sobornadas por los intereses financieros asociados a la consolidación del petrodólar, para cuya defensa el Pentágono les ha impuesto bases militares.

Por eso, mientras Wall Street fortaleció el dominio del dólar en la región apoyado en las monarquías del Golfo, Irán se ha constituido en el único país que se ha opuesto a los designios hegemónicos de Occidente, porque otros países que lo intentaron fueron agredidos para imponerles gobernantes sumisos a sus intereses: Libia, Somalia, Sudán, Irak, Afganistán, Siria y Líbano. El único que faltaba era Irán, que ha resistido a Washington y al interés de la ambición de los grandes poderes financieros trasnacionales.

Pero dentro de estos países han surgido movimientos autónomos de resistencia contra la dominación norteamericana-sionista, tales como Hezbolá en Líbano, Ansar Alá en Yemen y Muqawama en Irak, que pugnan por la soberanía de sus países. En este marco, el Pentágono, sometido a la dirección de inteligencia del Mossad israelí, lo que ha impuesto en Medio Oriente es un estado de guerra permanente.

Con la guerra en Irán el poder norteamericano comienza a derrumbarse

Irán se ha constituido en un tatequieto a las ambiciones hegemónicas de Estados Unidos y el sionismo internacional en Medio Oriente. La guerra de agresión que inició hace cinco meses el Pentágono ha fracasado estruendosamente, hasta tal punto que Donald Trump se ha visto humillado por el poderío de la respuesta de Teherán, sostenida por el arma disuasoria que representa el estrecho de Ormuz para sus intereses geoestratégicos.

Por eso, Trump ha suplicado varias veces un alto el fuego e incluso firmó un Memorando de Entendimiento, que se constituyó en el testimonio de su rendición, seguro de haber logrado controlar el estrecho de Ormuz. Sin embargo, al no conseguirlo, lo rompió y reinició la guerra de agresión contra Irán sin poder mostrar a sus conciudadanos el trofeo que necesitaba para acreditarlo como triunfador y para tratar de mejorar su imagen deteriorada ante el fracaso militar.

La derrota del poder militar norteamericano se hace evidente por la destrucción que Teherán les ha propinado a las bases militares que instaló para defender la hegemonía del petrodólar, pero que ha utilizado para atacar a Irán. Estados Unidos se está resignando a tener que retirarse de ellas atendiendo el pedido de las monarquías que las albergan, pues se constituyen en un blanco fácil para la resistencia iraní, por lo que aspiran a conseguir una seguridad regional que no dependa del Pentágono.

Se sugiere que de ahí surge el reciente pacto de defensa mutua entre Arabia Saudita, Paquistán y Turquía, firmado en La Meca, que parece responder a los deseos de paz y seguridad formulados por China y Rusia. Pero la explicación más plausible para el objeto de ese pacto es la que expresa el experto en defensa y coronel retirado norteamericano Douglas McGregor: es una alianza anti israelí» diseñada para proteger la región del proyecto del Gran Israel»

Dicha alianza corresponde a la intención de la asociación comercial de los países BRICS de no continuar bajo el dominio hegemónico militar y financiero de Washington. Porque la tendencia en la región es también a negociar en petroyuanes, la moneda de China, país que hoy ha superado a Estados Unidos en poder económico.

Pese a lo que pueda pasar en ese forcejeo de Trump entre continuar amenazando con destruir la civilización iraní o negociar, la región intervenida no podrá ya ser la misma de antes, cuando Washington dominaba a sus anchas. Sin su control del petróleo por el estrecho de Ormuz, sin sus bases militares y sin poder controlar el dólar como moneda de reserva global, el Imperio comenzará a derrumbarse y Asia Occidental será el primer clavo de su ataúd. Pero como China está en la mira del Imperio occidental, ese necesariamente será el último y definitivo, aunque faltará la caída del Estado genocida sionista y de otros centros de poder hegemónico en el mundo.

Un nuevo orden global multipolar comienza a afianzarse y el viejo hegemónico norteamericano se derrumba. Como todos los imperios caerá, porque su crisis interna lleva inmersa su propia contradicción producto de la decadencia moral, económica y política de su dirigencia, pese a que continúa ostentando la grandeza del pasado, que inexorablemente está perdiendo ante su frustración por no poder ya mantener el poder global.

La entrada Se derrumba el poder de Occidente en Medio Oriente se publicó primero en La Tribuna.

El concepto de costo país “Involucra todos los costos en dinero por cualquier insumo, tasa o tributo, trámite o práctica restrictiva de comercio, que innecesariamente cueste, y encarezca los productos, tanto en el mercado interno como en el externo”, en otras palabras, este concepto responde a las siguientes preguntas: ¿Qué tan costoso es producir riqueza en Colombia comparada con otros países? ¿Qué tan costoso es producir un dólar en Colombia en comparación con otros países? O, lo que es lo mismo, ¿Dónde es más barato producir una misma mercancía, en Colombia o en otro país con el que compite? No olvidar que, en el comercio internacional, la competencia no es entre las empresas individualmente concebidas, sino entre los estados, pues lo que define todo son las condiciones que genera este último para la producción de tales empresas. 

Pues bien, el costo país colombiano ya es alto por cuenta de la alta carga tributaria, los caros peajes, servicios públicos costosos, elevados precios de los combustibles, altos costos de formalización, entre otros, lo que le resta competitividad a Colombia. Con las alzas de los avalúos catastrales se agravará esta compleja situación. 

Las empresas sufren menoscabo por el alza de los avalúos catastrales

Una empresa que sea propietaria de un inmueble, con el alza del avalúo catastral, de entrada, debe pagar más impuesto predial, lo que significa su impacto más inmediato y uno de los más significativos. Puede que al predio lo cubra alguno de los límites de incremento que fija la ley o que se pacten en los concejos municipales, sin embargo, los incrementos se mantendrán anualmente hasta el punto en que termine pagando el impuesto plenamente, es decir, el valor derivado de aplicar la tarifa fijada por el concejo al valor del avalúo catastral, definido por el gestor catastral. 

Esto ya implica un considerable incremento en los costos de funcionamiento; por añadidura, el predial no es el único golpe, pues, el avalúo catastral influye directamente en el cálculo de por lo menos otros nueve impuestos o contribuciones. Más impuestos, más costo país, menos utilidad, menos competitividad.

Ahora bien, si la empresa no es dueña del predio donde opera, seguramente deba pagar más arriendo por el hecho de que el propietario del bien le traslade parte del incremento de ese impuesto.

Los frutos perniciosos del alza arbitraria al predial

Empero, los impactos van mucho más allá del impuesto predial. Entre los efectos futuros, se encuentran los cambios en la estratificación que deberán adoptar los municipios por orden del artículo 309 del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro, que modificó el artículo 2 de la Ley 732 de 2002, proceso en el que se debe tener en cuenta obligatoriamente la información resultante de las actualizaciones catastrales realizadas en el marco de la política nacional de Catastro Multipropósito. En ese sentido, se avizoran cambios por ejemplo en el costo que deben pagar las empresas por concepto de servicios públicos, pues la tarifa, depende del estrato en que se encuentre ubicado el predio.   

De ser así, se agravaría la situación actual derivada de unos costos de producción altos, pues, lejos de disminuirse los altos costos ya existentes, por la vía de cambios en la estratificación se incrementa lo que deben pagar las empresas por ejemplo en energía eléctrica, gas, acueducto, entre otros. Es evidente que, a muchas empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, les resultará insostenible mantener empleos, productos y puede que —en el peor de los casos— estas alzas sean la estocada final para cerrar no pocas empresas. Más costos por servicios públicos y más impuestos en un mismo mercado, no significa otra cosa que —de nuevo— menos competitividad.

Y como si no fuera poco, más carga tributaria para los ciudadanos significa menos capacidad de pago para comprar lo que las empresas ofrecen al mercado. Más plata que deba pagar cada ciudadano por concepto de impuesto predial, renta, patrimonio, entre otros, significa menos plata para comprar pan, ropa, tecnología, turismo y demás bienes que puedan ofrecer las empresas. 

Los productores agropecuarios también se ven afectados

Mucha más grave es la situación de los productores agropecuarios, llámense empresarios, campesinos o indígenas; pues, ya hoy existe una grave crisis por concepto del tradicional abandono estatal, el alto costo de los insumos y las importaciones de productos que se pueden producir en el territorio nacional. El volumen de importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales  es creciente y ya alcanza los 16.9 millones de toneladas. Solo en cereales, durante el 2025 se importaron más de trece millones de toneladas. Cada grano que se importa es un grano que deja de producir y procesar el agro colombiano. 

El alza de los avalúos catastrales incrementa los costos de producción no solo por la vía de los impuestos sino también, porque el avalúo influye en el acceso a los escasísimos subsidios a la producción agropecuaria. En el agro, más avalúo significa menos posibilidades de ser competitivos y una nueva tranca al desarrollo productivo de Colombia.   

Es necesario que Colombia levante su información catastral en todo el territorio nacional, que la mantenga actualizada y que esa información la use para diseñar políticas públicas que respondan a los muchos problemas que sufre el país; no obstante, el objetivo fundamental de esa información catastral no debe ser incrementar los impuestos y menos, de la forma desproporcionada que se ha hecho en diferentes partes del país, enfoque al que se oponen diferentes organizaciones entre las que cuentan la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, Dignidad Agropecuaria Colombiana, la Veeduría Manuela Beltran por un catastro justo y un predial pagable.

De ahí que, a las empresas, especialmente las agrarias e industriales y mucho más si pertenecen al segmento de las micro, pequeñas y medianas, también les importa conocer a fondo las causas del alza de los avalúos catastrales y las consecuencias que generan y, con ello, organizarse y contribuir a que se modifique estructuralmente la política nacional del Catastro Multipropósito.

La entrada Las alzas de los avalúos catastrales incrementan los costos de las empresas  se publicó primero en La Tribuna.

Operaciones militares de EE. UU. en Colombia: la Constitución limita al presidente y el Auto 288 de 2010 ya fijó límites

El presidente de la República no puede autorizar por sí solo el tránsito de tropas extranjeras ni asumir mediante un acuerdo ejecutivo nuevas obligaciones militares. La Constitución distribuye esas competencias entre el Senado, el Consejo de Estado, el Congreso y la Corte Constitucional. El Auto 288 de 2010 ya fijó un antecedente frente a la cooperación militar con Estados Unidos.

La discusión surge después de que Pete Hegseth afirmara el 12 de agosto en Panamá que el Gobierno de Abelardo de la Espriella había solicitado la participación estadounidense en “operaciones militares conjuntas” contra organizaciones calificadas por Washington como narcoterroristas. Un concepto jurídico emitido por el abogado y profesor de derecho público Andrés Pachón toma ese anuncio como punto de partida para examinar los límites del Ejecutivo colombiano.
El documento advierte que no se conoce públicamente el instrumento jurídico que sustentaría las operaciones, ni su alcance, duración o reglas. Sin esos datos no puede establecerse si se habla de cooperación técnica cubierta por instrumentos vigentes o de facultades militares sometidas a otros trámites constitucionales.

El presidente no decide solo el tránsito de tropas

El artículo 173.4 de la Constitución entrega al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. El artículo 189.7 autoriza al Presidente a permitirlo únicamente durante el receso del Senado y previo dictamen del Consejo de Estado. El artículo 237.3 exige que el Gobierno oiga a ese tribunal en los casos de tránsito de tropas extranjeras y de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra.

Si una operación requiere el ingreso o tránsito de tropas estadounidenses por Colombia, la decisión presidencial no sustituye de forma ordinaria la competencia del Senado. La lucha contra el narcotráfico, los grupos armados o las organizaciones criminales no elimina ese reparto constitucional de funciones.

El profesor Pachón advierte que, si las actuaciones comprenden porte o empleo de armas, aeronaves militares, drones, operaciones aéreas, participación directa, selección de objetivos o uso de la fuerza, podrían comprometerse competencias del Senado y, según las obligaciones asumidas, del Congreso y de la Corte Constitucional. Son escenarios condicionales. La información pública disponible no permite afirmar que tales facultades hayan sido concedidas.

El Auto 288 ya fijó un límite en 2010

En 2009 el Presidente  Álvaro Uribe firmó con Estados Unidos un acuerdo militar y decidió ponerlo en vigor sin tramitarlo como tratado internacional ante el Congreso y la Corte Constitucional, El Ejecutivo sostuvo que desarrollaba compromisos anteriores y no necesitaba aprobación legislativa. Ante la denuncia de varios congresistas y organizaciones de la sociedad civil, la Corte Constitucional lo examinó en el Auto 288 de 2010 y encontró obligaciones nuevas y una extensión de compromisos anteriores.

La Sala Plena decidió remitir el acuerdo al presidente para que recibiera el trámite previsto para los tratados. El instrumento no podía surtir efectos internos hasta obtener aprobación del Congreso y control constitucional, finalmente el proyecto se archivo porque el presidente no hizo el trámite requerido.

La decisión respalda una parte precisa de la advertencia de 2026. La denominación de “acuerdo simplificado” no permite asumir obligaciones que materialmente corresponden a un nuevo tratado. Los artículos 189.2 y 150.16 asignan al presidente la celebración y al Congreso la aprobación o improbación de los tratados. El artículo 241.10 entrega a la Corte su revisión.

El precedente tiene un límite. En 2010 la Corte no hizo un examen material de todas las cláusulas ni resolvió de fondo el cargo basado en el artículo 173.4 sobre tránsito de tropas. Su decisión se concentró en las nuevas obligaciones creadas sin cumplir el procedimiento de un tratado. Por eso es de gran importancia conocer el acuerdo firmado por el gobierno para determinar su alcance.

Cooperación técnica y uso de la fuerza

Colombia y Estados Unidos mantienen instrumentos sobre asistencia militar, misiones consultivas, narcotráfico e interdicción. El Auto 288 revisó esos antecedentes antes de concluir que el acuerdo de 2009 excedía su alcance.

Entrenamiento, asesoría, intercambio de inteligencia o apoyo técnico pueden desarrollarse bajo acuerdos existentes cuando permanecen dentro de obligaciones previamente aceptadas. Una autorización para que personal militar extranjero ejerza fuerza dentro del territorio, si llegara a existir, exige identificar quién actúa, con qué armas, bajo qué mando, durante cuánto tiempo y con qué base jurídica.

Soberanía frente a la actuación militar extranjera

La soberanía es la capacidad de Colombia para decidir quién puede ejercer fuerza armada dentro de sus fronteras y qué autoridades pueden autorizarla. El artículo 3 de la Constitución dispone que la soberanía reside en el pueblo. El artículo 9 establece que las relaciones exteriores se fundamentan en la soberanía nacional y en la autodeterminación de los pueblos.

El Auto 288 vinculó los tratados con la soberanía, la seguridad y la existencia de la nación. La Corte sostuvo que compromisos relacionados con el monopolio de la fuerza y el territorio requieren deliberación democrática y participación de las instituciones previstas por la Constitución. Esas materias no quedan bajo la voluntad exclusiva de quien ocupe la Presidencia.

La relación con Estados Unidos agrega antecedentes que explican la cautela. La Oficina del Historiador del Departamento de Estado reconoce que el Corolario Roosevelt de 1904 derivó en un uso creciente de la fuerza militar estadounidense para intervenir en países del hemisferio. Un documento del Consejo de Seguridad Nacional de 1958 propuso estrechar relaciones militares latinoamericanas para orientar a sus fuerzas hacia objetivos de Washington y preservar el acceso estadounidense a bases consideradas vitales. En marzo de 2026, Hegseth volvió a reivindicar la Doctrina Monroe como fundamento de la política regional.

Política regional de la cual hace parte el Escudo de las Américas. El “Escudo de las Américas” es una organización regional creada por los Estados Unidos para alinear a todos los países de América Latina y el Caribe bajo su estrategia nacional de seguridad orientada a contener el avance de China. Washington despliega una estrategia orientada a preservar su hegemonía en la región frente al avance de competidores internacionales. Ante la consolidación de China como el principal aliado comercial de múltiples naciones latinoamericanas, Estados Unidos expresa su preocupación sobre la posibilidad de que el capital económico de Pekín se traduzca en el control estratégico de infraestructura portuaria, desarrollos tecnológicos y decisiones políticas. En respuesta, se ha impulsado la reactivación de pactos militares y económicos diseñados para “proteger” el hemisferio dentro de la zona de influencia estadounidense. Estados Unidos utiliza la excusa de la lucha contra el terrorismo y los carteles de la droga para asociar su política económica con la intervención militar.

En una relación militar asimétrica, los controles constitucionales impiden que la cooperación se convierta por decisión presidencial en capacidad de actuación extranjera dentro del territorio. Combatir organizaciones criminales pertenece a las responsabilidades del Estado colombiano. Permitir que fuerzas de otro Estado actúen militarmente dentro de Colombia requiere someter cualquier facultad concedida a los procedimientos que la Constitución reserva al Senado, al Congreso, al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional. Mientras el Gobierno no publique el instrumento que sustenta las operaciones, resulta imposible establecer cuáles controles deben activarse. El precedente de 2010 deja una regla verificable: cuando una cooperación militar crea obligaciones internacionales nuevas, el Ejecutivo no puede darle efectos internos sin el trámite constitucional previsto para los tratados.

La entrada Operaciones militares de EE. UU. en Colombia: De la Espriella repite el plan que la Corte le frenó a Álvaro Uribe en 2010 se publicó primero en La Tribuna.

La “Potencia mundial de la vida” dejó un país sumido en la violencia. Su equivocada estrategia de paz fortaleció a los grupos armados ilegales, así como a la criminalidad organizada, rural y urbana, disparando el secuestro, la extorsión, el sicariato, el robo, el atraco, etc. Sobre este fracaso, el populismo de derecha sentó sus reales para regresar al Poder. Pero, además, ese populismo de supuesta izquierda mantuvo al país tutelado por los EEUU, anexada su economía con el TLC, sujeto al FMI y al Banco Mundial; aumentó la deuda externa y permitió el tránsito de tropas estadounidenses por el territorio nacional y la instalación de un nuevo puesto de guardacostas en la isla de Gorgona. Es toda una farsa decir que el Gobierno Petro fue de izquierda, cuando él mismo ha negado serlo, pero consiguieron el objetivo de estigmatizar a toda la izquierda con un pésimo gobierno que no la representó. Fue un gobierno de “más de lo mismo”.

Entrados en la “Patria milagro”, hay que tener claro que, con ese tutelaje de EEUU, a Colombia le espera más de lo mismo, puesto que haciendo lo mismo no se pueden esperar resultados diferentes. Es muy grave que Abelardo de la Espriella se haya posesionado sin renunciar a la ciudadanía estadounidense, ya que para obtenerla juró “renunciar absolutamente a toda lealtad y fidelidad a cualquier soberanía o Estado extranjero del que se haya sido ciudadano”, adquirió “el compromiso de apoyar y defender la Constitución y las leyes de los EEUU contra todo enemigo” y se obligó “de prestar servicio militar o de portar armas en nombre de EEUU cuando la ley lo requiera”.

Abelardo de la Espriella, defendiendo su compromiso con EEUU, el 7 de agosto de 2026, según el artículo 192 de la Constitución de Colombia, juró a Dios y prometió “al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”, dando cumplimiento al artículo 188 de la Carta que señala que “al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. Al haberle jurado lealtad eterna al “tío Sam”, De la Espriella no tiene la capacidad para defender la Constitución y los intereses de los colombianos. Ese es un problema de Soberanía de la patria, que es lo primero que tienen que recuperar los colombianos.

Con la “Patria milagro” viene el afianzamiento, igual que con Petro, de la recolonización neoliberal iniciada con la firma del expresidente Virgilio Barco en 1989 del Consenso de Washington. Lo expresó el presidente De la Espriella: “Uno de mis primeros actos de gobierno será suscribir el Escudo de las Américas”, además de mantener el TLC con EEUU, el mismo que arruinó la industria y el sector agropecuario nacionales. ¡Entre la Potencia mundial de la vida y la Patria milagro, el eslabón es el imperio! 

La entrada De Potencia Mundial de la Vida a la Patria Milagro se publicó primero en La Tribuna.

En reforma agraria, distribución y acceso a la tierra por campesinos que quieren trabajarla, la meta oficial del gobierno de Petro fue entregar 1,5 millones de hectáreas, mediante el Fondo de Tierras, a población rural sin tierra o con tierra insuficiente.

El gobierno reactivó el debate nacional sobre la propiedad, fortaleció instituciones ligadas a su redistribución y destinó recursos cercanos a $8 billones. Sin embargo, en sus informes mezcla procesos distintos. Una cosa es formalizar; otras, incorporar tierras al Fondo, comprar, entregar provisionalmente o titular de manera definitiva. No son equivalentes ni responden de igual forma a la meta anunciada.

Las cifras muestran resultados mayores en formalización que en redistribución efectiva, titulación definitiva y consolidación productiva de campesinos sin tierra. Por eso debe rechazarse la propaganda según la cual todas las hectáreas involucradas en algún trámite fueron compradas, entregadas y puestas a producir. Formalizar no es comprar; incorporar al Fondo no es entregar; ceder provisionalmente no es titular; y adjudicar una finca no significa que ya produzca y garantice ingresos. El cuadro resume las cifras oficiales.

El balance final del Ministerio de Agricultura informó 2.284.306 hectáreas formalizadas, 806.081 incorporadas al Fondo y 351.000 entregadas. El Informe de Gestión 2025 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) registró, al 31 de diciembre, 226.654,68 hectáreas compradas, 232.092,35 comprometidas y 25.952,71 recibidas mediante donaciones y transferencias gratuitas.

Las 351.000 hectáreas anunciadas al cierre equivalen al 23,4 % de la meta de 1,5 millones. No puede afirmarse que el gobierno no hizo nada, pero quedó bastante lejos de lo propuesto.

Formalizar es importante

La formalización reconoce un título, da seguridad jurídica y facilita el crédito, el acceso a programas públicos, la herencia y el ejercicio legal de la propiedad. Pero, en la mayoría de los casos, el beneficiario ya poseía u ocupaba la tierra. Las 2.284.306 hectáreas formalizadas no pueden presentarse como igual número de hectáreas entregadas a nuevos propietarios sin tierra.

Lo realmente comprado, comprometido y entregado

Al terminar 2025, la ANT había comprado 226.654,68 hectáreas; otras 232.092,35 figuraban oficialmente como «comprometidas» y no estaban incluidas dentro de las hectáreas reportadas como compradas. Para esa fecha reportó 286.091,21 hectáreas entregadas. En distintos momentos, el gobierno habló de tierras gestionadas, ofertadas, comprometidas o incorporadas como si fueran compras, confundiendo a la opinión pública. El balance obliga a distinguir cada categoría.

La entrega provisional

Hasta diciembre de 2025, 161.028,34 hectáreas, cerca del 56 % de lo entregado, tenían carácter provisional. Esa tenencia permite trabajar el predio, pero no equivale a propiedad definitivamente registrada. Puede ser útil mientras avanza el trámite, pero la imprecisión política aparece cuando se presenta como adjudicación terminada.

¿Cuánta tierra llegó específicamente a campesinos?

El balance público no desagrega suficientemente cuántas familias completamente carentes de tierra recibieron propiedad registrada. Durante 2025, la ANT informó 122.417,07 hectáreas entregadas a comunidades campesinas, vinculadas a 6.058 familias: 23.715,80 registradas, 33.994,03 tituladas y pendientes de registro y 64.707,24 provisionales. El 52,9 % de esa superficie campesina estaba bajo modalidad provisional.

El número de familias ligado a entregas provisionales puede corresponder a organizaciones o asociaciones y no permite calcular hectáreas individuales. Tampoco todos los beneficiarios eran necesariamente campesinos que nunca tuvieron tierra. Las categorías oficiales incluyen población sin tierra o con tierra insuficiente, víctimas, comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinos asociados. No quedó claro cuántas familias pasaron de no tener tierra a ser propietarias definitivas con escritura registrada.

Tierra entregada no significa tierra productiva

En los balances oficiales consultados no aparece un sistema nacional consolidado que permita saber cuántas de las 351.000 hectáreas estaban sembradas o tenían ganado, cuánto produjeron y vendieron, cuál fue el ingreso neto, cuántos proyectos contaban con agua, crédito, asistencia y vías, o cuántos predios seguían improductivos. Hubo siembras de arroz, maíz, yuca, plátano, sandía, cacao y otros productos, y comenzó Sembrando Vida, pero esas experiencias no permiten extrapolar un resultado nacional.

La reforma agraria fue medida principalmente en hectáreas, títulos y actos administrativos, no en cosechas, ingresos, rentabilidad y permanencia productiva. Sin capital de trabajo, riego, asistencia, comercialización, almacenamiento y precios, puede entregarse tierra sin crear productores sostenibles.

El balance final reportó cerca de 41.000 títulos, más de 116.000 familias beneficiadas por formalización y una inversión cercana a $8 billones en acceso y distribución. Sin embargo, el gobierno no convirtió la reforma agraria en una transformación productiva de la magnitud anunciada: alcanzó cerca de la cuarta parte de la meta y no dejó una cifra clara de campesinos sin tierra convertidos en propietarios registrados, ni un balance nacional de producción, ventas e ingresos en los predios entregados.

El contraste con Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella propone titulación, seguridad jurídica, ampliación de la superficie agrícola, aprovechamiento de la Altillanura y la Orinoquía, crédito, agroindustria, alianzas con capital privado y conversión de campesinos en propietarios, emprendedores o accionistas.

Las preguntas son inevitables: ¿continuará la compra de tierras para campesinos sin tierra? ¿Qué ocurrirá con las 232.092 hectáreas comprometidas y no compradas al cierre de 2025? ¿Concluirá la titulación de las entregas provisionales? ¿Mantendrá el Fondo de Tierras y respetará las Zonas de Reserva Campesina? ¿Quién será propietario de las nuevas áreas productivas? ¿Los campesinos controlarán sus proyectos o quedarán subordinados a inversionistas y agroindustrias?

Dignidad Agropecuaria defiende el acceso progresivo a la propiedad, la titulación gratuita de predios a campesinos, la lucha contra la extranjerización y la inversión estatal sostenida en carreteras, riego, electrificación y demás bienes públicos necesarios para producir. No se trata solo de repartir hectáreas: la tierra debe permitir arraigo, producción nacional, ingresos dignos, permanencia de pequeños y medianos productores, desarrollo del mercado interno y fortalecimiento de la seguridad y la soberanía alimentarias.

Conclusión

La reforma agraria de Petro no fue una ficción, pero tampoco alcanzó la transformación proclamada. Compró, formalizó y entregó una cantidad de tierra que el Gobierno calificó como «sin precedentes». Quedó lejos de su meta redistributiva, dejó una alta proporción de entregas provisionales y no demostró cuánto de esa tierra producía y garantizaba ingresos.

Abelardo de la Espriella recibirá predios comprados, negocios comprometidos, títulos pendientes y familias que esperan apoyo productivo. Su obligación no será comenzar de cero ni convertir la reforma agraria en un programa exclusivo de agroindustria. Tendrá que completar lo pendiente y demostrar si su defensa de la propiedad incluye realmente a los campesinos sin tierra o solo a quienes puedan integrarse al capital empresarial.

La entrada ¿Cumplió Petro la reforma agraria de Colombia en 2026? se publicó primero en La Tribuna.

A lo anterior vale agregar sus intenciones por concentrar el poder absoluto, con una actitud en negarse a aceptar las decisiones del Congreso de la República, volándose sus talanqueras para imponer su visión del Estado, amén de amenazas recurrentes de realizar procesos ciudadanos disfrazados de democráticos para aumentar su poder y gobernar con estados de excepción, muchos de ellos “tumbados” por la Corte Constitucional. Quiso forzar las reglas diseñadas, no para profundizar la democracia sino para atornillarse, poniendo a sus ventrílocuos a impulsar su reelección, mientras que hacia afuera la rechazaba. Ese mismo comportamiento lo tuvo contra el Poder Judicial: Puso magistrados de su bolsillo y despotricó de sus decisiones, muchas de las cuales jamás acató, por ejemplo, el ajuste de la Unidad Per Cápita para el presupuesto de la Salud, motivo por el cual murieron miles de colombianos.

Esas ínfulas de dictadorzuelo, con las cuales quiso forzar las reglas a su amaño, agregadas al trato déspota hacia sus funcionarios, el señalamiento y estigmatización a muchos periodistas –con lo cual buscó acallar la crítica– y las denuncias de profunda corrupción dentro de su Gobierno, tienen su punto máximo al final de su mandato, cuando se produce su derrota electoral, resultados que, siguiendo el ejemplo de otros déspotas como Donald Trump, se ha negado a reconocer sin haber publicado las pruebas que fundamentan su actitud antidemocrática. La intención de Petro era perpetuarse en cuerpo ajeno, con alguien que le garantizara el “tapen, tapen”, que al parecer se lo encontró por el error político del presidente electo, Abelardo de La Espriella, de no haberle aceptado el presidente del Senado a Álvaro Uribe, con lo cual se consolidó la alianza Petro-Uribe, con quien trata de déspota y dictador.

El epílogo es de película. Ante las denuncias por corrupción que se destaparon en los últimos veinte días de su Gobierno, Petro volvió a mostrar su talante agresivo de dictadorzuelo. Su ex mano derecha en el DAPRE, Angie Rodríguez, confirmó a los medios de comunicación los hechos de corrupción de las “Hermanas Guerrero”, ante lo cual el presidente Petro reaccionó el pasado 27 de julio: “Aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica… Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente”. Pues bien, Rodríguez fue despedida incapacitada este 1 de agosto, ¡qué ironía!, por el “Gobierno de los Trabajadores”. ¡Del populismo a la dictadura hay un paso cortico!

La entrada Petro: Final con ínfulas de dictador se publicó primero en La Tribuna.

Importancia estratégica del Estrecho de Gibraltar

La avalancha de más de 50.000 migrantes que arribaron a la ciudad española de Ceuta en el norte de África, entre el 29 y el 31 de julio, provenientes de Marruecos, no se explica únicamente como una crisis migratoria. Existen en el trasfondo de esta situación, razones geopolíticas de trascendencia.

A la guerra de agresión a Irán desatada por Estados Unidos e Israel en procura del control absoluto del estrecho de Ormuz y por extender su control territorial en la región del Oriente Medio, se suma ahora la intentona de alcanzar el control absoluto del estrecho de Gibraltar, el cual une al Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo, separa Europa de África y es la ruta por la que circula aproximadamente el 10% del comercio marítimo mundial, incluida buena parte del gas y el petróleo, vitales para la economía global.

Tal es la importancia de los 58 kilómetros de longitud de esta vía, que, en tiempos del imperio británico y la Reina Victoria, el estrecho fue clave para controlar la ruta marítima hacia la India, su principal colonia y para consolidar su hegemonía mundial. Actualmente, el estrecho es considerado un área crítica para los objetivos definidos en la Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos en su disputa con China. Veamos porqué:

Del lado del continente africano, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla son la única frontera terrestre de Europa con África. Ceuta es vecina de Marruecos, país que cuenta con el mayor puerto de contenedores del Mediterráneo localizado en la ciudad de Tanger. En 2025, el puerto movió 161 millones de toneladas en mercancías, un 13% más que el año anterior.  Este año 2026, el comercio por Tanger se ha incrementado en gran escala debido a la reconfiguración obligada del tráfico marítimo mundial a causa del bloqueo del Estrecho de Ormuz. En territorio español, cerca de la posesión británica de Gibraltar, se encuentra la Base Naval de Rota que sirve de puerto a destructores de la Marina de los Estados Unidos y donde están ubicadas las instalaciones del escudo antimisiles de la OTAN. Es, además, un puesto de vigilancia de los movimientos comerciales y militares en el Mar mediterráneo de las potencias consideradas rivales como Rusia y China.

El Eje Israel – Marruecos – Estados Unidos amenaza la integridad territorial de España

Marruecos, primer país en reconocer la independencia de los Estados Unidos en 1777, es aliado incondicional de Israel desde 2020, año en que el gobierno de Rabat firmó con Tel Aviv los Acuerdos de Abraham que establecieron no solo relaciones diplomáticas entre los dos países, sino que a la vez definieron tareas militares conjuntas dirigidas a controlar la influencia y las actividades iraníes en la zona del Magreb del norte de África. 

Para sellar el acuerdo entre Israel y el país árabe, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en contra de los intereses del movimiento independentista que busca establecer la República Árabe Saharaui Democrática. En abril de este año 2026, Marruecos firmó en Washington una hoja de ruta de cooperación en defensa para los próximos diez años que, en la práctica, subordina el desarrollo y el actuar militar marroquí a la estrategia de seguridad de Estados Unidos.

A los ojos de Trump y Netanyahu, el gobierno de Pedro Sánchez ha asumido un comportamiento independiente que obstaculiza el avance de la estrategia de seguridad y recolonización regional de Estados Unidos e Israel. El gobierno español continúa siendo miembro de la OTAN, pero ha establecido relaciones diplomáticas y expresado su solidaridad con Palestina, se ha negado a que se utilicen las bases militares estadunidenses en territorio español para operaciones que no hayan sido autorizadas por las Naciones Unidas o para misiones dirigidas contra Irán o Palestina.

Igualmente, o más grave aún para los intereses de Estados Unidos, Pedro Sánchez ha visitado Beijing en viaje oficial en cuatro ocasiones, en marzo de 2023, septiembre de 2024, abril de 2025 y abril de 2026. Como resultado, el comercio bilateral se ha fortalecido, sobrepasando en 2025 los 55.000 millones de dólares, y China es hoy el principal socio comercial de España luego de la Unión Europea. Además, España comparte con China la defensa irrestricta del multilateralismo y el respaldo al sistema internacional centrado en la ONU.

No es extraño entonces que este año la Cámara de representantes de los Estados Unidos aprobara el Proyecto de Ley HR 8595 que asigna fondos para la seguridad nacional y en el que se incluyeron dos partidas de 20 millones de dólares para apoyar a Marruecos en su objetivo de anexar las ciudades de Ceuta y Melilla a su territorio. Proyectos de similar alcance se tramitan en el Senado del país norteamericano. El reporte congresional del 30 de abril 2026 que acompaña el texto de la ley declara: “Las ciudades de Ceuta y Melilla administradas por España están localizadas en territorio Marroquí y permanecen sujetas al reclamo de vieja data de Marruecos” (página 88).  El documento también insta al secretario de Estado a que propicie y participe en conversaciones entre España y Marruecos que definan el status futuro de Ceuta y Melilla.

Invasión de inmigrantes a Ceuta como herramienta de presión geopolítica

En los últimos meses voceros de los intereses de Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña en los medios para ambientar el ingreso masivo de migrantes marroquíes a Ceuta. Michael Rubin, exasesor del Pentágono, escribió justificando una gran marcha de inmigrantes marroquíes sobre Ceuta.  Amine Ayoub, analista político pro-israelí, recomendó el apoyo del Estado Judío a Marruecos en su empeño de anexar las ciudades de Ceuta y Melilla a su territorio.

El 20 de julio pasado, Pedro Sánchez y representantes de las principales compañías españolas de energía realizaron una exitosa visita a Argelia, país que comparte frontera con Marruecos. El acuerdo político y económico alcanzado con el gobierno del presidente Abdelmadjid Tebboune es beneficioso para Argelia y resuelve enormes problemas energéticos para España, al tiempo que la posiciona en condiciones ventajosas en Europa.

España queda importando de Argelia, el 34% del gas natural. Se aumenta en aproximadamente un 10%, el volumen canalizado a través de Medgaz, el gasoducto submarino que une a Argelia y España a través del mar Mediterráneo. Este gas más barato beneficiará a los consumidores. Aumenta también el transporte de gas natural licuado en buques metaneros con destino a las plantas regasificadoras españolas que harán un gran negocio. España puede así atender las necesidades de su mercado interno e incluso exportar al resto de Europa.

El mejoramiento de las relaciones y el volumen del intercambio comercial entre Argelia y España son realidades contrapuestas a la estrategia de la triple alianza Estados Unidos – Israel – Marruecos, estrategia dirigida a ejercer total control del estrecho de Gibraltar y del norte de África. Coincidencialmente o no, una semana después se desató el aluvión de migrantes marroquíes a Ceuta.

Hay consenso en que el cruce de la frontera por migrantes, en esas proporciones, no es posible sin la complacencia de la policía fronteriza de Marruecos como ya ocurrió en 2021 y en años anteriores. Seguramente, las mafias de traficantes de personas han estado involucradas en el asunto y probablemente, la ley española que impide devolver inmediatamente a inmigrantes que lleguen a nado al país ibérico también entra en la ecuación.

Lo cierto es que sin el contexto geopolítico no se puede explicar el asalto a Ceuta ni la conmovedora realidad de las aproximadamente 60 muertes por ahogamiento de jóvenes sin trabajo y sin futuro en su país de origen.

La reacción de Pedro Sánchez fue inmediata, se hizo presente en Ceuta, movilizó las fuerzas armadas, dispuso el regreso a Marruecos de la inmensa mayoría de los inmigrantes, excepto los menores de edad a los que las autoridades españolas están brindando la ayuda humanitaria y legal oportuna y necesaria.

Tanto la embajadora de Marruecos en España como el propio presidente del gobierno español han adoptado una postura diplomática para manejar el grave asunto de Ceuta, pero los antecedentes no dejan duda que Estados Unidos e Israel buscan asegurar el control del estrecho de Gibraltar mediante la incorporación al territorio de Marruecos, de Ceuta y Melilla, ciudades históricamente españolas

El presidente Pedro Sánchez merece toda la solidaridad internacional cuando ha declarado sin ambajes que lo ocurrido: “… es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta».

La entrada El asalto migrante a Ceuta: la jugada de EE.UU., Israel y Marruecos contra España se publicó primero en La Tribuna.

Esos extremos políticos en Colombia están reconocidos en el uribismo y el petrismo, que, por sus incoherencias, falta de escrúpulos y manipulación, se han presentado como enemigos irreductibles, adversarios irreconciliables, al estilo de los extremos villanos, cuál más malo el uno para el otro, rivales imperdonables, históricos, inconvencibles. Pues bien, así se han tratado en las campañas electorales los petristas y los uribistas; no se bajan de señalarse como violentos “paracos”, los unos, y “guerrillos”, los otros. La idea siempre ha sido hacerle creer al pueblo elector que no existe “salvador” diferente a uno de ellos y aspiran a turnarse el poder desapareciendo cualquier otra opción política.

 Hay mucha huella de sus acusaciones. El 21 de noviembre de 2025, Infobae Colombia publicó: “Petro acusó a Álvaro Uribe: “¡Largo! ¡Largo!… para ganar elecciones, les compraban el voto a los pobres, ese dinero, tenían que sacarlo robando al Estado y/o pidiéndole al narcotráfico. Y por eso el narcotráfico en Colombia tiene poder político y gobernanza paramilitar”, expuso”. El 27 de febrero de 2025, el mismo portal publicó una declaración de Iván Cepeda, excandidato presidencial del petrismo: “A Álvaro Uribe no le queda otra solución que reconocer que él y su hermano Santiago eran patriarcas en San Roque, Antioquia, cuando surgió el grupo paramilitar que terminó siendo el Bloque Metro y la Convivir El Cóndor. La relación de Uribe Vélez es incontrovertible”, expresó.

 Y Uribe, en el mismo sentido, atacó al presidente Petro. La revista Semana publicó el 20 de diciembre de 2025: “Temblaba ante los paramilitares y hoy, el presidente Petro, uno no sabe si está más enamorado de los paramilitares o de su viejo amor con las guerrillas… y allá iba a rendirle pleitesía a Carlos Castaño. Era pro-guerrillero en público y paramilitar en privado. Hoy está bien enamorado de unos y otros”. Son innumerables las acusaciones mutuas de estas dos vertientes políticas publicadas en los medios.

El hecho es que terminaron aliadas y sus congresistas, abrazados. Ambos partidos reconocen que han tenido intereses comunes en los que trabajaron juntos. Recién pasaron los procesos electorales nacionales en donde se dijeron “hasta de qué van a morir” y el pasado 20 de julio de 2026 consolidaron el petrouribismo en un acuerdo para administrar el Congreso, eligiendo como presidente del Senado al uribista – abelardista Honorio Henríquez, pero también eligen al Secretario general, Procurador general, Contralor general y Consejo Electoral, cargos claves en la lucha contra la corrupción. ¡Los extremos se juntaron y con ese petrouribismo está seguro el “tapen, tapen”!

La entrada Consolidación del ‘Petrouribismo’, es cierto: Los extremos se juntan se publicó primero en La Tribuna.