La nueva sobretasa al alumbrado público, incluida en la reforma tributaria de Carlos Fernando Galán, no es un tributo para transformar a Bogotá en una “ciudad inteligente” (Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 presentado al Concejo de Bogotá). Es un regalo encubierto para modernizar la infraestructura propiedad de ENEL, que hemos pagado durante años a través de la tarifa de alumbrado público, en el marco del convenio mediante el cual la multinacional italiana presta este servicio a la ciudad.

Por tercera vez, el alcalde Galán lleva al Concejo de Bogotá un proyecto para que, mediante el cobro de una sobretasa al impuesto predial, los estratos 4, 5 y 6 y el sector empresarial destinen 5 billones de pesos más, vía impuestos, para pagarle a la multinacional.

El proyecto promete una “modernización” pero se limita a un cambio de luminarias

El proyecto se presenta ante los medios de comunicación y la opinión pública como una modernización que convertiría el alumbrado público de Bogotá en un sistema inteligente y articulado. Sin embargo, su alcance real es mucho más limitado: se concentra en la sustitución de luminarias y en la telegestión del alumbrado, sin que signifique un avance tecnológico que fortalezca la información o combata la criminalidad. Es decir, no estamos frente a la construcción de una verdadera plataforma integral de alumbrado inteligente para la ciudad o de la incursión de Bogotá como ‘smart city’, sino principalmente ante el control de encendido y apagado de unos equipos que ya hacen parte del sistema.

Si el proyecto no contempla esa interconexión integral, resulta necesario preguntarse por qué los bogotanos tendrían que asumir una sobretasa de $5 billones para financiar una modernización cuyo alcance tecnológico es mucho más reducido de lo que el alcalde Galán y sus secretarios proponen.

Durante casi tres décadas, los bogotanos han venido pagando el sistema, pero la propiedad de la infraestructura está en cabeza de la multinacional ENEL

Desde 1997, el Distrito mantiene un convenio con ENEL para la prestación del servicio de alumbrado público. Después de casi tres décadas, lo razonable es que Bogotá conozca con claridad cuáles han sido las obligaciones de modernización a cargo de ENEL, cuáles se han cumplido y cuáles permanecen pendientes. También es necesario que se exponga claramente quién es propietario de los activos que conforman el sistema. Según el Informe Mensual de Supervisión y Control de Alumbrado Público de la UAESP correspondiente a mayo de 2026, de las luminarias existentes en Bogotá, 356.680 son propiedad de ENEL, mientras que apenas 9.868 pertenecen al Distrito.

No se puede presentar como una nueva necesidad de la ciudad aquello que ya estaba contemplado entre las obligaciones del operador o que ya ha sido financiado por los usuarios a través del pago del servicio. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto cuesta realmente el alumbrado público que hoy paga y cómo se distribuyen esos recursos. Para ello, la Administración debería explicar cuánto se destina a energía, operación y mantenimiento, infraestructura, reposición, expansión, modernización e interventoría. Sin una cuenta clara y detallada, resulta imposible determinar qué parte de los $5 billones corresponden a nuevas inversiones y qué parte podría estar financiando costos u obligaciones que ya se pagaron. ¿Estamos, entonces, ante una doble factura para los bogotanos?

El 94 % de los postes, el 98 % de los transformadores y el 82 % de las cámaras son propiedad de ENEL

Por lo tanto, aquí no se está financiando una revolución tecnológica desde cero. Se está cobrando nuevamente a la ciudadanía y a las empresas para modernizar y mantener los activos de una multinacional privada que, según los propios documentos técnicos del proyecto, es dueña del 94 % de los postes, el 98 % de los transformadores y el 82 % de las cámaras del sistema. La administración habla hoy de “alumbrado inteligente”, operado por los mismos, sin presentar una evaluación de las causas que llevaron al deterioro del sistema ni de la ejecución histórica de ENEL.

Desde 2017 existen alertas sobre los sobrecostos del alumbrado público de Bogotá

Las alertas no son nuevas. El Departamento Nacional de Planeación advirtió los elevados sobrecostos del alumbrado público de Bogotá. En 2017 encontró que la ciudad pagaba $763 por kilovatio hora por el suministro de energía para este servicio y calculó un sobrecosto de hasta 104 % frente a la tarifa del mercado regulado. A esto se suma el deterioro reciente del servicio: de 2024 a 2025, las fallas reportadas en el Sistema de Alumbrado Público pasaron de 85.000 a más de 200.000(UAESP, 2026).

El convenio de alumbrado público con ENEL vence el 30 de noviembre de 2026

La Administración pretende ocultar el reloj que corre en contra de Bogotá: el convenio mediante el cual ENEL presta actualmente el servicio de alumbrado público vence el próximo 30 de noviembre. Es imprudente someter a la ciudad al debate sobre una nueva sobretasa cuando está a punto de definirse el futuro del servicio. Su continuidad, no debería convertirse en chantaje para aprobar, con carácter de urgencia, una nueva carga de $5 billones para los bogotanos por los próximos 10 años.

Adicionalmente, es relevante conocer el esquema contractual con el que la administración pretende entregar nuevamente el servicio. Que con menos de cuatro meses de inicio la ciudad desconozca todos los detalles de lo que será la prestación del servicio durante la próxima década resulta profundamente cuestionable.

La cuenta también llegará a empresas y mipymes

Y esos $5 billones no salen de un bolsillo abstracto. Los pagarían los ciudadanos y las empresas de Bogotá, incluidas miles de micro, pequeñas y medianas empresas que ya enfrentan mayores costos y nuevas cargas tributarias. Para la aprobación por el Concejo de una sobretasa permanente, la Administración deberá explicar cuánto representará para los distintos sectores económicos y cuál será su impacto acumulado sobre las empresas, la inversión, la generación de empleo y la competitividad de la ciudad.

Además, tampoco es cierto que este proyecto vaya a convertir el alumbrado público en un gran potenciador de la seguridad de Bogotá. El proyecto se limita estrictamente a la telegestión del alumbrado público y excluye expresamente la videovigilancia, la analítica urbana y la conectividad. No hay sensores para seguridad, no hay integración con la Policía ni una plataforma de datos en tiempo real para combatir el delito. Lo que existe es, esencialmente, un sistema remoto para encender, apagar y atenuar luminarias LED.

Si la tecnología puede hacer más eficiente el alumbrado público, esa eficiencia debería convertirse en un beneficio para la ciudad. Antes de cobrar más, la alcaldía de Bogotá debería demostrar qué ahorros puede generar la modernización, cuánto puede reducir los costos de operación y cómo se reduce el monto del  cobro que ENEL nos impone realiza a todos.

Bogotá sí necesita un mejor alumbrado, pero no a cualquier costo

Nadie puede estar en contra de que Bogotá modernice su alumbrado público. El verdadero debate no está en la necesidad de modernizarlo, sino en cómo hacerlo, cuánto debe costar y qué recibirá la ciudad a cambio. La modernización debe traducirse en un mejor servicio, mayor eficiencia energética, transparencia contractual, sostenibilidad fiscal y un uso más eficiente de los recursos públicos que pare de otorgar beneficios incalculables a grandes conglomerados extranjeros.

Por eso, debemos ejercer un control activo sobre este proyecto y exigir respuestas antes de aprobar nuevos impuestos. Carlos Fernando Galán y el Concejo de Bogotá tienen la responsabilidad de demostrar que no  se financiarán obligaciones ya contempladas en el esquema vigente con ENEL y que la destinación de recursos adicionales generará beneficios concretos para la ciudad. Bogotá necesita un alumbrado público moderno, eficiente y confiable, pero no puede descargar el costo sobre la clase media y el empresariado que ya se enfrenta a una asfixia financiera sin ver un retorno efectivo de sus impuestos.

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El gobierno de Bogotá anunció que el aumento del pasaje de Transmilenio para 2025 será de $250. Esto quiere decir que la tarifa cambiará de $2.950 a $3.200, para cualquiera de los servicios ofrecidos por el Consorcio (Transmilenio, TransmiZonal y TransmiCable), significa un aumento del 8.47%.

Este incremento obliga a los habitantes de Bogotá, nuevamente a meterse la mano al bolsillo, pues representa un porcentaje importante de sus ingresos. Si tenemos en cuenta que una persona hace en promedio 2 viajes al día, es decir, debe destinar mínimo $6.400 pesos para transporte. Si esos viajes los realiza los 30 días del mes, estaría gastando en promedio $192.000 pesos.

Esto sin tener en cuenta otros viajes que deben hacer las personas para otro tipo de actividades como, asistir a citas médicas, trámites, recreación o compras, entre otras. Este cálculo no tiene en cuenta a los jóvenes que estudian y no trabajan, que dependen económicamente de su familia, lo que implica un costo adicional. En este sentido, cada habitante de la capital que gana un salario mínimo deberá destinar para transporte un 13.49% de sus ingresos.

¿Transmilenio sin soluciones reales?

Año tras año el transporte sufre aumentos, esto obligó a la misma Alcaldía a implementar un nuevo esquema tarifario al que llamaron Transmipass, que tiene como propósito brindarle ahorro a los usuarios, quienes podrán acceder a 65 pasos por talanqueras con un costo de $160.000. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este nuevo esquema no brindará la posibilidad de acumular estos accesos mes a mes; adicionalmente tiene como límite 6 pasos diarios.

Transmipass , a pesar de presentarse como una alternativa de ahorro para las personas, realmente no lo es tanto, el costo del Transmipass representa un 11.25% del salario mínimo. Cada usuario de Transmilenio tendrá que pagar $2.336.000 pesos al año sin el Transmipass y $1.980.000 pesos al año comprando el Transmipass, costos que pueden ser más elevados si se tiene en consideración que los usuarios habitualmente realizan más de 2 viajes al día.

El costo del pasaje de Transmilenio en Bogotá no responde a las necesidades de sus habitantes. 

 En una ciudad donde, apenas 27 de cada 100 hogares tienen acceso a tres comidas al día. Casi el doble que, en 2019, Según la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) 2024 hecha por Bogotá ‘Cómo Vamos’ y que las más afectadas son mujeres jefes de hogar y personas mayores. No sorprende que en 2024 cerca de 550 mil personas al día se colaron en el Sistema de Transmilenio. Políticas propuestas como la de Pasaje Cero se hacen más urgentes y necesarias con el paso del tiempo.

Transmilenio reportó ingresos de 10.4 billones de pesos al 30 de noviembre de 2024. En una ciudad donde miles no pueden acceder a las tres comidas diarias, el aumento constante en las tarifas obliga a muchas personas a decidir entre alimentarse o pagar el pasaje. Esto evidencia una desconexión del sistema de transporte con las necesidades reales de sus habitantes.

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