Las movilizaciones de las comunidades que reclaman rebaja significativa de las altas tarifas de servicios públicos domiciliarios, en especial las de energía eléctrica, no responden a una consigna recién elaborada de la oposición contra el gobierno ni pretenden darle un golpe de Estado. Es tan vieja como la ley 142 de 1994.

El impacto del modelo en las tarifas de servicios públicos

Ante el reclamo ciudadano, cada vez más unánime, tanto el ministro de Minas y Energía como el director de Planeación Nacional han cargado la responsabilidad en el modelo neoliberal. Ni la asfixia de los usuarios por las costosas tarifas ni las fallas permanentes en el servicio ni el atraso de Electricaribe ante el pésimo estado de la infraestructura en la Costa pueden achacarse al gobierno sino al modelo. 

No cabe entonces, según ellos, exigirle al gobierno nacional asumir las inversiones que se requieren para solucionar los problemas de cobertura, calidad y reducción de las pérdidas que encarecen al límite la tarifa a los usuarios costeños. La culpa es del neoliberalismo, no nuestra, repiten.

30 años es demasiado tiempo

La protesta contra las altas tarifas ha cruzado todos los gobiernos, que con apego fiel a los dictámenes neoliberales han aplicado tarifas basadas en la máxima rentabilidad, mientras empobrecen a la población y quiebran la producción industrial y agropecuaria. Los usuarios cumplen ya casi 30 años de sacrificio para pagarlas, renunciando a comer y a cumplir las demás obligaciones de la economía doméstica.

Treinta años es demasiado tiempo para no considerar evidente que la fórmula tarifaria debe ser modificada mermando la alta rentabilidad a las empresas de servicios, así esté garantizada por la Constitución, y haciendo énfasis más bien en el otro aspecto, el del artículo 365: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”.

El Ejecutivo está facultado para ejecutar

Quien asuma que la causa del drama está en la aplicación del modelo neoliberal debe actuar en consecuencia, y más si está facultado para decidir. El compromiso empieza por identificar, con la firme intención de ponerles fin, las normas constitucionales, legales y regulatorias que consagran solo ventajas a los inversionistas y lesionan los intereses de los usuarios. La Carta misma ordena a la ley consagrar como principios rectores del régimen tarifario la eficiencia económica y la suficiencia financiera, régimen que se extiende a las resoluciones de las Comisiones Reguladoras.

Las normas se autoincriminan

A continuación se repasan las normas que ponen en evidencia lo impagable de las tarifas.

Para argumentarlo, basta hacer lectura crítica del artículo 368 constitucional: “La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas”. 

El texto mismo indica que el privilegio otorgado a los inversionistas privados causará efectos excluyentes para las personas de menores ingresos, a las cuales se otorgarán subsidios para que puedan pagar los consumos básicos. 

El grupo al que hace referencia el artículo 368 se encuentra clasificado en los estratos residenciales 1, 2 y 3, y representa en promedio el 75% de los hogares colombianos, la gran mayoría. 

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, en el artículo 108, como la actualización catastral, con su enfoque fiscalista, pretenden excluir de las ayudas estatales a un gran sector, “focalizar” es la palabra que usan ambos, pues, en palabras del anterior Director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, sobran 3.5 millones de hogares en los estratos subsidiables. También la actualización catastral es usada como herramienta de datos para cambiar la clasificación socioeconómica de los usuarios.  

Una segunda autoincriminación sobre el impacto negativo de las tarifas rentables se aprecia en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994: “Las fórmulas tarifarias (…) excepcionalmente podrán modificarse (…) cuando sea evidente que lesionan injustamente los intereses de los usuarios”.  Y otra, la llamada Opción Tarifaria definida por las Comisiones Reguladoras. 

Ha de aclararse primero que los usuarios pagamos Opción Tarifaria desde 2008, no desde la época de pandemia. La Resolución CREG 168 de 2008 reza: “Como consecuencia de la aprobación de la nueva metodología de remuneración de la actividad de distribución y los precios de la energía pactados en los contratos a ser despachados a partir de enero de 2009; se prevé que podrían darse aumentos relevantes en la tarifa al usuario final, por lo que se considera pertinente autorizar a las empresas a adoptar una Opción Tarifaria que permita reducir el impacto para los usuarios de esos posibles incrementos”. ¿A qué se llama “reducir el impacto” con la “opción tarifaria”? A dar plazos más largos para pagar los “aumentos relevantes” en las tarifas a quienes no somos capaces de hacerlo en uno o en pocos meses.

Petro es lo mismo

La Resolución 101 028 del 24 de noviembre de 2023 de la CREG presidida por el actual ministro Camacho no se desvía un ápice de la línea cuando reconoce el fenómeno que se está dando en la Costa y en el resto del país ante el creciente número de usuarios que ven cortados los servicios de energía eléctrica y agua por falta de pago: 

“Ante los incrementos y la probable imposibilidad de pago de los usuarios, puede ponerse en riesgo la continuidad en la prestación del servicio, debido a la afectación de la suficiencia financiera de la empresa, generada por el no pago de la tarifa”. 

El gobierno no se preocupa por la mermada economía doméstica, sino porque el principio de suficiencia financiera y rentabilidad empresarial se verá afectado por la falta de pago.

¿La culpa es del neoliberalismo? Sí, pero el gobierno no debe tomarlo como pretexto para pasar de agache ante un problema que reviste caracteres de emergencia.

Invitación al Encuentro Nacional de Ligas y otras organizaciones de usuarios en Cartagena el 1º y 2 de noviembre.

Para consolidar la fuerza de nuestra reclamación nacional por tarifas pagables, subsidios suficientes y acceso universal a los servicios públicos domiciliarios es la hora de avanzar hacia una gran Unión Nacional de Usuarios.