El presidente Gustavo Petro promueve un Paro Nacional de 48 horas para el 28 y 29 de mayo, según él, contra el Senado por negar la Consulta Popular. Consulta que valga decir, estaba bien lejos de recuperar los derechos laborales quitados en la Reforma Laboral de Uribe y de otros gobiernos.

Ahora bien, el país sí está en mora de unirse y convocar a un gran Paro Nacional, tan grande como el de 2021 en contra del Gobierno Duque, pero está vez, en contra del Gobierno Petro. El factor de unidad es evidente, no hubo cambio, ni en la forma de gobernar ni en el contenido de las políticas económicas y sociales.

La forma de gobernar de Gustavo Petro reúne todo lo malo de los gobiernos anteriores. Como el irrespeto a la división de poderes, el ataque constante a la prensa, el matoneo hacia todo aquel que piense diferente, la compra de congresistas y el abuso de poder de los Gobiernos de Uribe o las alocuciones semanales e incompetencia del Gobierno Duque y, ni hablar manoseo clientelista al Congreso de la República como en los Gobiernos de Santos; tan solo hay que ver la repartija constante de ministerios para comprenderlo. Rasgos, por cierto, que todos los gobiernos anteriores han compartido, aunque con distintas intensidades y formas de ejecución. ¿Este no es motivo para un Paro Nacional?

En lo que respecta a las políticas económicas y sociales, hay que tener claro que la mayoría de las decisiones de un presidente dependen de lo que decida hacer, no están atadas únicamente a lo que logre tramitar en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno Petro repite esa excusa para esconder el desastre que arrastra su gestión. Miremos un caso concreto.

No hace falta ninguna aprobación del Congreso para respaldar a las MiPyMes. Estas empresas son el 99,5 % del total en el país, generan el 80 % del empleo formal y aportan el 40 % del PIB. ¿Entonces? Lo que falta no es vía libre legislativa. Es voluntad.

Lo único que necesita es invertir recursos públicos en créditos especiales, subsidios a las tasas de interés, participación en compras públicas, entre otras. Políticas que deben ir orientadas a sectores estratégicos con valor agregado, como la industria y la agroindustria, con metas de cumplimiento y seguimiento a los recursos invertidos. ¿Por qué no se hace?

El Gobierno Petro tampoco necesita del Congreso para cumplirle a los campesinos y productores agrarios del país, a los mismos que les prometió renegociar los TLC y que a la fecha no ha cumplido. Invertir en infraestructura para servicios públicos, construcción de vías terciarias, acceso a financiamiento o políticas similares a las de las MiPyMes solo requieren de voluntad política.

En general, el Gobierno Petro no necesita del Congreso para, administrar correctamente a Ecopetrol en vez de marchitarla, financiar correctamente la educación pública, subsidiar la tasa de interés del ICETEX, modificar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, adelantar proyectos de vivienda VIS y VIP, cubrir los subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3,  subsanar la deuda en el acceso a medicamentos, comprar y entregar las tierras productivas en la Reforma Agraria que lleva menos del 15% de cumplimiento, liquidar las concesiones viales que han incumplido el contrato, fortalecer la fuerza pública para garantizar seguridad, establecer aranceles que protejan la producción nacional e invertir en otras tantas necesidades que agobian al país, pero que de forma inexplicable no se hace. ¿Estos no son motivos para un Paro Nacional?

Es que ni siquiera las reformas que se han aprobado en el Congreso benefician al pueblo colombiano. Las dos reformas más importantes responden a lineamientos de organismos internacionales como el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, en detrimento de los intereses nacionales. La reforma tributaria impone a los colombianos una carga fiscal adicional de 20 billones de pesos anuales desde 2023, muchos de estos impuestos son indirectos y regresivos, como el IVA, el impuesto al carbono y el de vehículos. Además, se incrementó la carga tributaria sobre Ecopetrol. No fueron los 4.000 colombianos más ricos quienes sintieron el impacto, sino los millones de ciudadanos en situación de pobreza.

Un caso similar se dio con la reforma pensional. Bajo el argumento de crear un bono pensional mensual de apenas 233.000 pesos para adultos mayores sin pensión —una transferencia que podría y debería gestionarse desde el DPS sin necesidad de una reforma estructural—, se obligó a millones de jóvenes a destinar parte de su salario a fondos privados de pensión, los cuales ofrecen una tasa de reemplazo inferior a la de Colpensiones.

Además, parte del ahorro pensional va para el sostenimiento del bono pensional, poniendo en riesgo la pensión futura de los jóvenes de hoy. Con la perla de dejarle a los Fondos Privados el manejo de más de $200 billones del ahorro individual que actualmente tienen en sus bancos.

Es evidente así que la palabra “reforma” no es sinónimo de beneficio para el pueblo, depende del contenido de estas. Lo mismo ocurrió con la fallida Reforma a la Educación, la embolatada Reforma a la Salud y la insuficiente Reforma Laboral. Ninguna apuntaba a un cambio verdadero, pero unidas, son motivos suficientes para un Paro Nacional.

Estas son las verdaderas razones de que ni siquiera haya iniciado el cambio necesario y prometido. Por eso el país sigue manteniendo bajo crecimiento económico con altas tasas de desempleo, informalidad, desigualdad y pobreza. Hay muy poca creación de riqueza y la industria se sigue marchitando.

La situación económica de la inmensa mayoría de los hogares es cada día más y más difícil. Los sectores populares viven en la pobreza y los sectores de ingresos medios con el agua hasta el cuello, al filo de la pobreza. Eso sí, a los verdaderos ricos los están “volviendo más ricos, miren las ganancias de Sarmiento, de Gilinski o de Santodomingo”, reconoció correctamente el presidente Gustavo Petro en Barranquilla (minuto 56:55). ¿Cuál cambio?

digámosle sí al Paro Nacional, pero contra el mal gobierno de Gustavo Petro que es mucha palabrería, pero cero cambio.