El travieso acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de Soledad parece estar diseñado para resistir el paso del tiempo. Desde su inicio en 2004, bajo la administración de Rosa Stella Ibáñez, hasta la más reciente gestión de la alcaldesa Alcira Sandoval, ha sobrevivido cambios de gobierno, extensiones legales y modificaciones que lo han transformado en una herramienta cuestionada. Con una vigencia extendida hasta 2024 y la posibilidad de sumar $150.000 millones más, este acuerdo ha dejado a los acreedores en espera de soluciones que se proyectan hasta 2034.

Este acuerdo inició sus trámites legales el 3 de septiembre de 2004 por solicitud de la entonces alcaldesa Rosa Stella Ibáñez Alonso. Tres días después, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución 2357, donde resuelve aceptar, en su artículo 1, la solicitud de promoción del acuerdo, dado que la administración territorial ha acreditado los requisitos exigidos por la Ley 550 de 1999 y designar como promotor al doctor Luis Leguizamón Cepeda.

A partir de esa fecha se inició el proceso encaminado a cuantificar las acreencias del ente territorial, pero Rosa Stella Ibáñez terminó separada del cargo por decisión del Consejo de Estado al declarar la nulidad de su elección . Fue reemplazada por Antonio Fernando Castillo, sin que este hubiera logrado materializar el acuerdo en el resto del mandato.

Cinco años y cinco meses después resurgió con fuerza de los escombros de las finanzas municipales. Al iniciarse el tercer año de la administración de José Zapata Guerrero, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la resolución No. 236 de 29 de enero de 2010, mediante la cual aceptó, nuevamente, la solicitud de promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de Soledad y designó como promotor al señor Andrés Hernández Jaramillo, acto administrativo firmado nada más y nada menos que por la supuesta “Dama de Hierro” de las finanzas públicas, Ana Lucía Villa.

Pero a pesar de que la administración Zapata promovió el proceso con avisos en La Libertad, estableció el cronograma de actividades, estudió el cumplimiento de los requisitos, publicó su inicio en el mismo periódico y determinó los derechos de votos, el acuerdo no logró concretarse durante el resto de su mandato.

La que le dio vida jurídica al travieso acuerdo fue la administración de Franco Castellano, quien, a los cuatro meses y diez días de posesionado, y una vez resueltas las objeciones a dicho acuerdo por parte de la Superintendencia de Sociedades, convocó para el 10 de mayo la asamblea de acreedores a fin de votar el acuerdo, acta registrada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 14 de mayo de 2012. A partir de esa fecha, y como cualquier yerba mala, el travieso acuerdo se resiste a morir.

Finalmente el acuerdo se firmó con vigencia hasta el 2020 y las deudas que el municipio, después de cinco años, 7 meses y 10 días de negociaciones, se compromete a cancelar durante los ocho años de vigencia del acuerdo suman $81.976 millones de pesos. Pero ¡oh sorpresa! faltando ocho días para el vencimiento del acuerdo, la administración de Rodolfo Ucrós logró que el Comité de Vigilancia le ampliara el plazo previsto de la vigencia del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2021, y el 7 de mayo del mismo año hizo la primera modificación incorporándole acreencias por $71.218 millones de pesos y extendiendo el plazo de su vigencia hasta el 2024.

Aquellos acreedores que abrigaban la esperanza de recibir el pago de sus acreencias y ponerle punto final al travieso acuerdo a más tardar el 31 de diciembre, se encontraron con que la alcaldesa Alcira Sandoval, quedó facultada, mediante el Acuerdo No. 000316 de 2024, para lograr una segunda modificación. Se le dieron seis meses, y al vencerse los términos sin lograrlo, el Concejo le amplió las facultades hasta el 31 de diciembre mediante el Acuerdo No. 000326. Lo que no logró la alcaldesa en seis meses, deberá hacerlo en 32 días. Por ahora tiene a su favor que fue fallada en contra la demanda que solicitaba inscribir la terminación del acuerdo de reestructuración de pasivos en el Ministerio. Pero no ha registrado hasta hoy el acta del Comité de Vigilancia ampliando la vigencia del acuerdo.

El travieso acuerdo no morirá por estos tiempos. Gozará de buena salud en el período de la médica Alcira Sandoval que, para su tratamiento, no utilizará el vilipendiado Acetaminofén. Es que estamos hablando de la mejor forma de apropiarse de los recursos de la alcaldía. Y si se llega a materializar la ampliación del acuerdo, se le estarían incorporando la no despreciable cifra de $150.000 millones de pesos, en lo que va de la administración Sandoval. ¿En qué se invertirían esos recursos? ¿No es una grosería, por decir lo menos, contra esos acreedores que soñaban con el pago de sus deudas y que las diferirán hasta 2034?

Nada raro que el 31 de diciembre la alcaldesa celebre la ampliación del travieso acuerdo.