En reforma agraria, distribución y acceso a la tierra por campesinos que quieren trabajarla, la meta oficial del gobierno de Petro fue entregar 1,5 millones de hectáreas, mediante el Fondo de Tierras, a población rural sin tierra o con tierra insuficiente.

El gobierno reactivó el debate nacional sobre la propiedad, fortaleció instituciones ligadas a su redistribución y destinó recursos cercanos a $8 billones. Sin embargo, en sus informes mezcla procesos distintos. Una cosa es formalizar; otras, incorporar tierras al Fondo, comprar, entregar provisionalmente o titular de manera definitiva. No son equivalentes ni responden de igual forma a la meta anunciada.

Las cifras muestran resultados mayores en formalización que en redistribución efectiva, titulación definitiva y consolidación productiva de campesinos sin tierra. Por eso debe rechazarse la propaganda según la cual todas las hectáreas involucradas en algún trámite fueron compradas, entregadas y puestas a producir. Formalizar no es comprar; incorporar al Fondo no es entregar; ceder provisionalmente no es titular; y adjudicar una finca no significa que ya produzca y garantice ingresos. El cuadro resume las cifras oficiales.

El balance final del Ministerio de Agricultura informó 2.284.306 hectáreas formalizadas, 806.081 incorporadas al Fondo y 351.000 entregadas. El Informe de Gestión 2025 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) registró, al 31 de diciembre, 226.654,68 hectáreas compradas, 232.092,35 comprometidas y 25.952,71 recibidas mediante donaciones y transferencias gratuitas.

Las 351.000 hectáreas anunciadas al cierre equivalen al 23,4 % de la meta de 1,5 millones. No puede afirmarse que el gobierno no hizo nada, pero quedó bastante lejos de lo propuesto.

Formalizar es importante

La formalización reconoce un título, da seguridad jurídica y facilita el crédito, el acceso a programas públicos, la herencia y el ejercicio legal de la propiedad. Pero, en la mayoría de los casos, el beneficiario ya poseía u ocupaba la tierra. Las 2.284.306 hectáreas formalizadas no pueden presentarse como igual número de hectáreas entregadas a nuevos propietarios sin tierra.

Lo realmente comprado, comprometido y entregado

Al terminar 2025, la ANT había comprado 226.654,68 hectáreas; otras 232.092,35 figuraban oficialmente como «comprometidas» y no estaban incluidas dentro de las hectáreas reportadas como compradas. Para esa fecha reportó 286.091,21 hectáreas entregadas. En distintos momentos, el gobierno habló de tierras gestionadas, ofertadas, comprometidas o incorporadas como si fueran compras, confundiendo a la opinión pública. El balance obliga a distinguir cada categoría.

La entrega provisional

Hasta diciembre de 2025, 161.028,34 hectáreas, cerca del 56 % de lo entregado, tenían carácter provisional. Esa tenencia permite trabajar el predio, pero no equivale a propiedad definitivamente registrada. Puede ser útil mientras avanza el trámite, pero la imprecisión política aparece cuando se presenta como adjudicación terminada.

¿Cuánta tierra llegó específicamente a campesinos?

El balance público no desagrega suficientemente cuántas familias completamente carentes de tierra recibieron propiedad registrada. Durante 2025, la ANT informó 122.417,07 hectáreas entregadas a comunidades campesinas, vinculadas a 6.058 familias: 23.715,80 registradas, 33.994,03 tituladas y pendientes de registro y 64.707,24 provisionales. El 52,9 % de esa superficie campesina estaba bajo modalidad provisional.

El número de familias ligado a entregas provisionales puede corresponder a organizaciones o asociaciones y no permite calcular hectáreas individuales. Tampoco todos los beneficiarios eran necesariamente campesinos que nunca tuvieron tierra. Las categorías oficiales incluyen población sin tierra o con tierra insuficiente, víctimas, comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinos asociados. No quedó claro cuántas familias pasaron de no tener tierra a ser propietarias definitivas con escritura registrada.

Tierra entregada no significa tierra productiva

En los balances oficiales consultados no aparece un sistema nacional consolidado que permita saber cuántas de las 351.000 hectáreas estaban sembradas o tenían ganado, cuánto produjeron y vendieron, cuál fue el ingreso neto, cuántos proyectos contaban con agua, crédito, asistencia y vías, o cuántos predios seguían improductivos. Hubo siembras de arroz, maíz, yuca, plátano, sandía, cacao y otros productos, y comenzó Sembrando Vida, pero esas experiencias no permiten extrapolar un resultado nacional.

La reforma agraria fue medida principalmente en hectáreas, títulos y actos administrativos, no en cosechas, ingresos, rentabilidad y permanencia productiva. Sin capital de trabajo, riego, asistencia, comercialización, almacenamiento y precios, puede entregarse tierra sin crear productores sostenibles.

El balance final reportó cerca de 41.000 títulos, más de 116.000 familias beneficiadas por formalización y una inversión cercana a $8 billones en acceso y distribución. Sin embargo, el gobierno no convirtió la reforma agraria en una transformación productiva de la magnitud anunciada: alcanzó cerca de la cuarta parte de la meta y no dejó una cifra clara de campesinos sin tierra convertidos en propietarios registrados, ni un balance nacional de producción, ventas e ingresos en los predios entregados.

El contraste con Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella propone titulación, seguridad jurídica, ampliación de la superficie agrícola, aprovechamiento de la Altillanura y la Orinoquía, crédito, agroindustria, alianzas con capital privado y conversión de campesinos en propietarios, emprendedores o accionistas.

Las preguntas son inevitables: ¿continuará la compra de tierras para campesinos sin tierra? ¿Qué ocurrirá con las 232.092 hectáreas comprometidas y no compradas al cierre de 2025? ¿Concluirá la titulación de las entregas provisionales? ¿Mantendrá el Fondo de Tierras y respetará las Zonas de Reserva Campesina? ¿Quién será propietario de las nuevas áreas productivas? ¿Los campesinos controlarán sus proyectos o quedarán subordinados a inversionistas y agroindustrias?

Dignidad Agropecuaria defiende el acceso progresivo a la propiedad, la titulación gratuita de predios a campesinos, la lucha contra la extranjerización y la inversión estatal sostenida en carreteras, riego, electrificación y demás bienes públicos necesarios para producir. No se trata solo de repartir hectáreas: la tierra debe permitir arraigo, producción nacional, ingresos dignos, permanencia de pequeños y medianos productores, desarrollo del mercado interno y fortalecimiento de la seguridad y la soberanía alimentarias.

Conclusión

La reforma agraria de Petro no fue una ficción, pero tampoco alcanzó la transformación proclamada. Compró, formalizó y entregó una cantidad de tierra que el Gobierno calificó como «sin precedentes». Quedó lejos de su meta redistributiva, dejó una alta proporción de entregas provisionales y no demostró cuánto de esa tierra producía y garantizaba ingresos.

Abelardo de la Espriella recibirá predios comprados, negocios comprometidos, títulos pendientes y familias que esperan apoyo productivo. Su obligación no será comenzar de cero ni convertir la reforma agraria en un programa exclusivo de agroindustria. Tendrá que completar lo pendiente y demostrar si su defensa de la propiedad incluye realmente a los campesinos sin tierra o solo a quienes puedan integrarse al capital empresarial.

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El artículo 2.3 del Acuerdo de Promoción Comercial dispone que, salvo las excepciones contempladas, ninguna parte puede aumentar un arancel existente ni adoptar uno nuevo sobre una mercancía originaria. Por eso, la decisión plantea una posible incompatibilidad con el TLC. La legislación interna estadounidense no elimina sus obligaciones internacionales, aunque Washington puede invocar las excepciones del Acuerdo. La controversia debe resolverse mediante los mecanismos pactados.

El recargo anterior se adoptó bajo la Sección 122. Al expirar, Trump lo reemplazó por medidas de la Sección 301, tras investigar a 60 economías por no prohibir o controlar eficazmente la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Estados Unidos asignó el 10 % a economías con prohibición, compromiso vinculante o régimen parcial; a Colombia la ubicó en el grupo del 12,5 %.

La reacción tardía del gobierno Petro

La investigación comenzó el 12 de marzo. Hubo audiencias el 28 y 29 de abril, una determinación de la USTR el 2 de junio, comentarios públicos hasta el 6 de julio y nuevas audiencias del 7 al 9 de julio. El Gobierno colombiano conoció durante meses el riesgo arancelario.

El 6 de julio, el Ministerio de Comercio publicó un proyecto de resolución sobre debida diligencia y prevención del trabajo forzoso en las cadenas de suministro. Recibió comentarios hasta el 21 de julio. Cuando Estados Unidos tomó la decisión, seguía siendo un proyecto y no equivalía a una prohibición legal plenamente adoptada y aplicada a las importaciones producidas con trabajo forzoso.

No se trataba de aceptar sin discusión todas las exigencias de Washington, sino de actuar a tiempo: construir una norma eficaz, negociar compromisos, solicitar un tratamiento diferente y defender los derechos de Colombia bajo el TLC. El gobierno Petro llegó a la decisión final sin la regulación exigida y sin evitar que el país fuera ubicado en el grupo más gravado.

Las flores, el caso emblemático

 El arancel no cubre todas las exportaciones colombianas. Las excepciones incluyen café verde y tostado, banano y plátano, aguacate, piña, mango y otras frutas, además de determinados minerales, energéticos, medicamentos e insumos estratégicos.

Las flores frescas no aparecen en las excepciones generales aplicables a Colombia. Rosas, claveles, crisantemos, lirios y otras flores cortadas quedaron expuestas al 12,5 %. Asocolflores presentó el 6 de julio comentarios ante la USTR para acreditar los estándares laborales del sector y solicitar su exclusión, pero la petición no fue acogida.

En 2025, Colombia exportó flores por US$2.439,5 millones y más de 344.000 toneladas. Estados Unidos recibió el 77 % de esas ventas; el gremio suele redondear esa participación a cerca del 80 %. Es un sector con una dependencia extraordinaria de un solo mercado.

El arancel lo paga formalmente el importador, pero puede trasladarse parcialmente al exportador mediante menores precios, renegociación de contratos o reducción de pedidos. No representa automáticamente una pérdida del 12,5 % del valor exportado, pero sí presiona los márgenes de una actividad que ya enfrenta mayores costos y variaciones cambiarias.

La contradicción del TLC

 Colombia abrió progresivamente su mercado a los productos estadounidenses, mientras Estados Unidos conserva instrumentos internos para imponer nuevas cargas cuando considera afectados sus intereses. La pregunta es inevitable: ¿para qué sirve un TLC si Colombia cumple sus obligaciones de apertura, pero no utiliza sus mecanismos cuando el socio más poderoso restablece gravámenes? Dejando claro que no compartimos el TLC pero, tampoco aceptamos que se viole en contra del interés nacional de Colombia.

El capítulo 21 permite solicitar consultas cuando una parte considera que una medida de la otra es incompatible con el Acuerdo o le niega beneficios razonablemente esperados. También prevé la intervención de la Comisión de Libre Comercio y, si no hay solución, un panel. Colombia debe evaluar igualmente las posibilidades existentes en la Organización Mundial del Comercio.

La primera prueba de Abelardo

Abelardo de la Espriella es todavía presidente electo y solo asumirá las competencias del Estado el 7 de agosto. Hoy no puede presentar formalmente una reclamación diplomática ni activar los procedimientos del TLC. Sí puede fijar una posición pública inequívoca y preparar la actuación de su gobierno.

El 24 de julio, su equipo anunció trabajo conjunto con Asocolflores y un plan de choque. Informó que el ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, se reunirá con la presidenta del gremio, Laura Valdivieso, y mencionó coberturas cambiarias, crédito preferencial e incentivos para preservar el empleo rural formal. Es una reacción inicial positiva, respaldada por el comunicado divulgado por el gobierno entrante.

Pero un plan sectorial no sustituye la defensa comercial del país. Desde el primer día de su mandato, Abelardo deberá decidir si solicita consultas bajo el TLC, presenta una reserva formal de derechos, reclama exclusiones específicas y negocia la eliminación del recargo. Mientras tanto, el gobierno Petro, que conserva las competencias hasta el 7 de agosto, debe iniciar esas gestiones sin esperar el cambio de mando.

La cercanía con Trump puede facilitar canales de negociación, pero también convertirse en una razón para guardar silencio. La prueba no consiste en insultar al mandatario estadounidense ni en iniciar una guerra comercial, sino en negociar con serenidad desde una posición nacional, firme y no subordinada.

Qué debe hacer Colombia

Colombia debe adoptar una prohibición clara contra la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso y crear mecanismos verificables de control. No solo para responder a Estados Unidos, sino porque competir con bienes elaborados mediante explotación laboral perjudica a los trabajadores y productores colombianos.

Una vez expedida y aplicada la norma, debe solicitar la revisión del arancel y negociar su eliminación para los bienes amparados por el TLC. La floricultura debe ser prioritaria por su peso exportador, generación de empleo y estándares laborales. Mientras avanza la negociación, se requiere un programa transitorio de crédito, garantías, coberturas cambiarias, promoción de nuevos mercados y reducción de costos logísticos.

Dignidad Agropecuaria y otras organizaciones han exigido renegociar los tratados que lesionen la producción y el trabajo nacional, proteger el mercado interno y utilizar la política comercial en defensa del desarrollo autónomo. La decisión de Trump confirma que los TLC no eliminan el proteccionismo de las grandes potencias: Estados Unidos conserva instrumentos unilaterales que Colombia redujo o abandonó.

Los aranceles de Trump constituyen la primera gran prueba internacional para Abelardo. Deberá demostrar si su cercanía con Washington sirve para defender los intereses nacionales o si termina convertida en silencio y subordinación.

Colombia no necesita una guerra verbal con Estados Unidos, pero tampoco puede aceptar que el socio más poderoso modifique unilateralmente las condiciones del TLC mientras exige el cumplimiento estricto de las obligaciones colombianas. Una verdadera política de patria debe proteger a quienes producen, trabajan y exportan desde Colombia, incluso cuando la amenaza provenga de un gobierno ideológicamente cercano.

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Sergio Fajardo planea recuperar a la Nueva EPS a partir de una rigurosa auditoría externa y del nombramiento de un interventor de alto nivel. Fajardo la capitalizará para sacarla a flote por el bien de sus ahora 14 millones de afiliados, si se tienen en cuenta los traslados a esta entidad contemplados en el Decreto 0182 de 2026.

 En el programa de salud de Fajardo, las auditorías independientes se extienden a todas las EPS, en particular a las que se encuentran intervenidas, y al Nuevo Modelo de Salud impuesto por el gobierno a los maestros afiliados al FOMAG, que ha aumentado significativamente el gasto y empeorado la prestación de los servicios.

Según el resultado de las auditorías, el gobierno de Fajardo plantea reordenar el sistema de aseguramiento. Continuará siendo de carácter mixto, tanto con EPS como con clínicas y hospitales públicos y privados. A manera de ilustración, aseguradoras como la Nueva EPS o Capital Salud con mayoría accionaria gubernamental se consideran públicas. 

Se mantiene la presencia de EPS privadas con ánimo de lucro como lo han sido hasta ahora Sura, Aliansalud y Sanitas. Pero también tendrán lugar en el sistema EPS sin ánimo de lucro como lo han sido Compensar y Salud Mía. En el aseguramiento conviene aprender lo positivo de los hospitales y clínicas que son fundaciones sin ánimo de lucro y que se han posicionado entre las mejores de América Latina.

 El que permanezcan EPS e IPS de distinta naturaleza jurídica es, en la situación actual, la única manera de garantizar el acceso inmediato a medicamentos y a los servicios que el presidente Petro ha desarticulado para improvisar uno nuevo sin tener las condiciones materiales, ni la correlación de fuerzas política, ni la experiencia administrativa.

Lecciones de la Ley 100

La Ley 100 creó un sistema de aseguramiento social caracterizado por adaptar el modelo de seguro social al régimen contributivo y el modelo del servicio nacional de salud al régimen subsidiado, en el cual la prima de seguro de los más pobres la cubre el Estado, condición que precisamente le valió ser denominado aseguramiento social. Creó además el modelo de seguros privados al dejar espacio para la medicina prepagada y las pólizas de seguro de salud.

 William Hsiao, experto en sistemas de salud de la Universidad de Harvard y del Banco Mundial, describe el sistema de salud colombiano y en particular el régimen subsidiado en esos términos. Es un grave error del gobierno del presidente Petro plantear que las EPS son simplemente intermediarias financieras que hacen negocio con los recursos públicos y que se roban la plata.

 Este error parte de desconocer que las EPS con el correr de los años y la reglamentación y normas complementarias a la Ley 100, particularmente con la expedición de la Política de Atención Integral de Salud (PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), adquirieron plenamente funciones de compañías aseguradoras, específicamente en lo que concierne a la gestión del riesgo financiero. 

 Tanto el presidente como sus dos ministros de salud se equivocaron también al menospreciar el peso económico y político nacional e internacional del sector asegurador, no obstante haberse aliado y cogobernado durante los primeros años de esta administración con los políticos que mejor han representado los intereses de las EPS en Colombia.

 El gobierno nacional cayó además en la trampa de creer que la astucia política puede superar la correlación de fuerzas necesaria para sacar adelante una reforma de la trascendencia de la reforma de la salud.

 Plantear mantener las EPS no significa que el actual modelo de aseguramiento sea el ideal o que no adolezca de graves problemas. El sistema de la Ley 100 generó graves inequidades en salud. Aunque hoy el sistema de salud cobija a la inmensa mayoría de la población, no beneficia por igual a todos los colombianos. Tal es el caso de la pandemia, durante la cual se hicieron evidentes las desigualdades en la mortalidad por COVID-19. El sistema de salud no evitó que el número de fallecimientos fuera muchísimo mayor en los estratos más pobres y entre los afiliados al régimen subsidiado.   

Tres etapas de la Ley 100

 El sistema de aseguramiento social tuvo una primera etapa de apertura del mercado de aseguramiento (1993-2011). Los gobiernos favorecieron la proliferación de EPS que hoy se sufre y de alguna manera consintieron en que se anidaran los focos de corrupción todavía existentes.

La segunda etapa (2012-2022) fue de modernización del modelo, redistribución del mercado y de movimientos sociales en contra de la Ley 100. En este período, no se logró desarrollar el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) renovada incluida en la Ley 1438 de 2011, ni se consolidaron el PAIS y el MIAS (MAITE).

 Si bien la Ley Estatutaria de 2015 conjuró el movimiento social de 2103, introdujo un híbrido que a la vez que mantuvo el modelo de aseguramiento promulgó el derecho a la salud en términos de una contradicción que aún hoy no se ha resuelto, por ejemplo, en lo que respecta al plan de beneficios.

 Esa contradicción se ilustra en que tanto la exministra Carolina Corcho como el exministro Alejandro Gaviria se consideran coautores de la Ley Estatutaria y en que aún hoy se lee en la página web del Ministerio de Salud la advertencia de que la Ley estatutaria es compatible con el aseguramiento en salud.

 La tercera etapa (2022-2026) se inició con el intento de negociación entre las EPS y el gobierno de Gustavo Petro, partidario de una reforma que elimine algunas de sus funciones principales como aseguradoras. Continuó con la andanada del gobierno contra las EPS por el control de los billonarios recursos de la salud y el intento de hacer una reforma por decreto.

 Esta etapa concluye con el fracaso de las intervenciones del gobierno a ocho EPS que afilian a más de 25 millones de colombianos y del nuevo sistema de salud de los maestros en un contexto de deterioro financiero, explosión de quejas por parte de los pacientes y anarquización del sistema de aseguramiento.

Reordenar el sistema y luego reformarlo

 Ante la crisis, Fajardo advierte: “No sabemos qué sistema de salud recibiremos en agosto de 2026” y plantea poner en marcha una campaña para recuperar el sistema de aseguramiento a fin de promover eficiencia, liquidez y sostenibilidad financiera desde el día uno (1) de su gobierno y mientras se conocen los resultados y recomendaciones de las auditorías externas e independientes ya mencionadas.

 Recuperar el sistema de aseguramiento en los primeros meses incluye entre otras medidas:

•  Reconocer la UPC como insuficiente, tal como lo determina la Corte Constitucional, y ordenar el recálculo inmediato de la misma. Generalizar el giro directo desde la ADRES actuando en calidad de tesorería, pero no como pagador único, y fortalecer las auditorías concurrentes.
• La crisis es de tal magnitud que, para conjurarla inicialmente, al igual que en los tiempos de la pandemia, se justifica acudir a un préstamo externo que pudiera dar salida a la sostenibilidad financiera inicial. Todavía el gobierno no aporta evidencia en favor de su argumento de que la plata sí alcanza, pero se la roban. Lo cierto es que, durante la presente administración, aunque ha aumentado el gasto en salud, la plata tampoco alcanza.
• Superar la crisis requiere identificar y caracterizar de manera inmediata las principales barreras asociadas con el acceso a medicamentos y a una atención oportuna y de calidad y tomar las medidas pertinentes. Esto implica, entre tantas otras acciones: hacer ajustes que permitan realizar gestión del riesgo en tiempo real y especificar un plan nacional de contingencia en citas y cirugías y entrega de medicamentos, al igual que establecer indicadores de desempeño y de logro en cada uno de estos programas.
• Posteriormente, todos los actores, actuando bajo la rectoría del Estado en cabeza de la presidencia y del Ministerio de Salud, concertarán el articulado de una reforma estructural del sistema de salud que preserve el aseguramiento, pero redunde en beneficio común, con respeto del derecho a la salud y los derechos del talento humano y los trabajadores de la salud. Un sistema de salud, en el que, como dice Jorge Enrique Robledo, los usuarios y pacientes sean los reyes, que provea bienestar a la población y en especial a los colombianos que más lo necesitan.

Cómo se diferencia Fajardo de Paloma, Abelardo y Cepeda

 En contraste, la propuesta de Paloma y Abelardo ofrece más de lo mismo de la vieja Ley 100 con sus odiosas e injustas desigualdades, y la de Cepeda, sin fruncir el ceño, lo mismo respalda la reforma anti-EPS de Petro que promete concertar una nueva reforma con EPS, farmacéuticas y demás actores. Cepeda heredaría los exabruptos del presidente Petro y de sus funcionarios como el flamante nuevo superintendente de salud, quien se atrevió a transferir directamente a la cuenta de NEQUI de un paciente el valor de los medicamentos. Medida que paradójicamente tiene un carácter privatizador, según concepto del Dr. Andrés Vecino, experto en sistemas de salud.

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La bancarrota y el desastre actual de la salud en Colombia se incubó y se mantiene hoy en medio de la debilidad o el desbordamiento de la autoridad nacional del sistema.

Ley 100 y Petro: dos antecedentes de una rectoría debilitada

Primero fue la ley 100 que, con su énfasis en la libertad de mercado a costa del papel del Estado, fragmentó la dirección de la salud hasta el extremo de llegar a fusionar el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo.

En su momento, el respetado Dr. Roberto Esguerra Gutiérrez afirmó: “La Ley 100 es buena, fue un error darle al sector privado el control de las políticas de salud y de los programas de promoción y prevención…y agregó: El Estado debe centralizar las políticas de salud …Tenemos que rescatar el Ministerio de Salud”.

Luego vino el gobierno de Gustavo Petro que, asumiendo un rol extremo, decidió manejar el sistema de salud por medio de órdenes presidenciales, a menudo simplemente ordenes verbales, con la excusa que el congreso no le ha aprobado su reforma a la salud.  Así, impuso a través de sus ministros un nuevo modelo de salud a los maestros y anunció la desaparición del régimen exceptuado que los rige y que fuera establecido por una ley vigente. Así ordenó liquidar las EPS quebradas.

En ambos casos, la rectoría ha estado relegada a un segundo plano, es decir la dirección del sistema de salud a la cual le corresponde la responsabilidad estatal de brindar bienestar a la población y de garantizar el derecho a la salud no ha cumplido a cabalidad con su función de conducir, regular y fiscalizar lo concerniente al sector salud.

Fajardo propone un Puesto de Mando para ordenar la salud

Cuando Fajardo plantea que en el primer día de su mandato establecerá un Puesto de Mando Presidencial (PMP) para empezar a solucionar el caos de la salud, Fajardo está anunciando que durante su gobierno y de acuerdo con la ley, el sistema de salud contará con una rectoría estratégica nacional.

Ahora, la rectoría no niega la gobernanza. El concepto y las funciones estatales básicas de la rectoría aparecieron cuando se estableció en Alemania el primer sistema de salud en el mundo mediante la Ley del Seguro Médico de 1883.  Entonces, se crearon fondos de enfermedad en distintos sectores de la producción, independientes entre sí y que se autogestionaban pero que respondían obligatoriamente a un marco legal centralizado.

El concepto de gobernanza surgió asociado a las políticas económicas de libre mercado en los 1980s, particularmente durante el gobierno radicalmente neoliberal de Margaret Thatcher en el Reino Unido. En principio, la gobernanza tenía como objetivo debilitar la rectoría del Estado introduciendo en los organismos de gobierno, un peso mayoritario de los representantes del sector privado.

En Colombia, la rectoría del sistema de salud ha sido débil y la gobernanza ha sido inefectiva esto ha facilitado, no solo que la corrupción a lo largo y ancho del sistema de salud haya hecho de las suyas, sino que no se cumplan o se cumplan a medias, metas factibles de alcanzar en salud dentro del marco legal y las políticas públicas existentes a lo largo de los gobiernos desde el de César Gaviria hasta el de Gustavo Petro.

Fajardo fue el primer candidato presidencial en convocar, dialogar, realizar grupos focales… con todos los agentes del sistema de salud, bajo la premisa que una rectoría fuerte no excluye, sino que se complementa con los acuerdos y la coordinación de los distintos niveles de gobernanza dentro del sistema de salud.

En este escenario de rectoría y gobernanza, las autoridades de salud deben cumplir en beneficio de la población, las funciones esenciales de la salud pública de que habla la Organización Panamericana de la Salud y encontrar solución a los conflictos que suelen presentarse entre los actores del sistema, en razón de sus intereses económicos particulares.

La experiencia de Fajardo en la alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquia, lo perfilan como el mejor candidato para liderar y tomar las decisiones necesarias para superar la crisis y hacer una reforma.

Una agenda con control, trazabilidad y programas regionales

Tanto la rectoría como la gobernanza del sistema de salud tendrán un papel determinante en el gobierno de Sergio Fajardo, en el nivel nacional, regional y municipal. Estarán basadas en criterios e indicadores de desempeño, trazabilidad y transparencia.  Rectoría y gobernanza tendrán su mejor expresión en la creación de la Agencia Nacional Anticorrupción en Salud y en los programas especiales para las regiones más pobres y vulnerables, empezando por Cauca, Catatumbo y Chocó.

En palabras de Fajardo, la meta es: “Mejorar el rol del Estado como ordenador y rector del sistema de salud y garante último de la consagración del goce efectivo del derecho a la salud”.

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Esta iniciativa responde al mandato de 90 días impuesto por Donald Trump para diseñar una estrategia que garantice la hegemonía de Estados Unidos en la exploración espacial. Sin embargo, el desarrollo de este plan ha estado marcado por tensiones políticas, que alcanzaron su punto álgido con el nombramiento de Jared Isaacman como administrador de la NASA: un multimillonario sin experiencia política ni científica, con el título de ser el primer astronauta privado en realizar un paseo espacial y de ser comandante de una misión con civiles. ¡Un personaje con todo el estilo del presidente Trump! Adicionalmente, esta misión es producto de la colaboración entre el gobierno estadounidense y SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, conocida por su visión de colonizar Marte y por su retórica sobre la «expansión de la humanidad», que se beneficia de contratos millonarios financiados con fondos públicos.

Pero ¿por qué Estados Unidos está tan interesado en regresar a la Luna? En una entrevista con la BBC, Sarah Russell, directora del Museo de Historia Natural de Londres, explicó que la Luna alberga recursos esenciales comparables a los de la Tierra: tierras raras, agua, hidrógeno y helio. Estos elementos son clave para establecer una base lunar que facilite la exploración de otros planetas, como Marte. Pero más allá de esto, el programa Artemis prevé instalar reactores nucleares en su base permanente, lo que no solo ampliaría su capacidad energética, sino también su potencial estratégico y de defensa.

La carrera espacial del siglo XXI: EE.UU. vs. China

Recordemos que la última gran carrera lunar tuvo lugar entre 1957 y 1975, en el contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por demostrar su supremacía tecnológica y científica. La misión Apolo 11, que el 20 de julio de 1969 logró el primer alunizaje tripulado, se convirtió en un hito emblemático de esa rivalidad, impulsada por la decisión política de la administración de John F. Kennedy de consolidar el liderazgo estadounidense en un terreno estratégicamente crucial. Hoy, aunque el contexto internacional ha cambiado, asistimos a una dinámica similar: Estados Unidos enfrenta una carrera geopolítica contra China, que se extiende más allá de la Tierra.

China ha logrado avances significativos en tecnología espacial a través de la Administración Espacial Nacional de China (CNSA), destacando el alunizaje de la misión Chang’e 4 en 2019, el primero en la cara oculta de la Luna, y el despliegue del rover Yutu-2, que capturó imágenes inéditas. En 2021, lanzó el primer módulo de su estación espacial Tiangong y lidera el proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), en colaboración con más de 40 instituciones y países en desarrollo, con planes de construir una base en el Polo Sur lunar hacia 2035 y de expandir su infraestructura lunar en las siguientes décadas, posicionándose como un competidor clave en la carrera espacial, junto a Estados Unidos.

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de la ONU (1967) establece que la Luna y otros cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación nacional por reclamación de soberanía, uso, ocupación o cualquier otro medio. Según este acuerdo, la exploración espacial debe llevarse a cabo en beneficio de todos los países y con fines pacíficos. Sin embargo, la astronauta británica Helen Sharman ha señalado que, en la práctica, los países que logren establecer bases lunares podrían operar con autonomía durante periodos prolongados, sin que exista un mecanismo claro para regular o limitar sus actividades.

En este contexto, resulta relevante recordar que, durante su presidencia, Donald Trump impulsó la retirada de Estados Unidos de acuerdos multilaterales clave, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ante este historial de desvinculación de compromisos internacionales, surge una pregunta legítima: si una potencia espacial como Estados Unidos ha incumplido acuerdos fundamentales en la Tierra, ¿qué garantías existen de que respete los tratados que rigen el espacio ultraterrestre?

Un patrón histórico de dominación

La carrera por colonizar un pedazo de la Luna avanza y, con ella, la estrategia de Estados Unidos para defender su posición dominante. El afán de Estados Unidos por colonizar la Luna no es más que la extensión de un patrón histórico de apropiación y explotación: el mismo que ha impulsado la extracción de petróleo, gas y tierras raras en Medio Oriente y Latinoamérica, y que ha justificado intervenciones militares y diplomáticas en países como Dinamarca, siempre bajo el pretexto de «seguridad» o «progreso». Hoy, ese mismo modelo de dominación se proyecta más allá de la Tierra, disfrazado de innovación científica y avance tecnológico.

Aunque es innegable que la exploración espacial abre nuevas posibilidades para el conocimiento humano, es urgente cuestionar quién controla esos avances y con qué fines. La llamada «conquista» de la Luna no es un logro neutral: es una maniobra más del poder estadounidense para replicar en el espacio la lógica colonial que ha regido su relación con el planeta. La explotación de recursos lunares, la militarización de bases y la imposición de normas sin consenso internacional son, en esencia, la continuación de un sistema que prioriza el beneficio económico y geopolítico de unas pocas potencias sobre el bien común de la humanidad. Con la Luna convertida en un negocio de multimillonarios, como Musk e Isaacman, surge la duda: ¿estamos ante una nueva era de descubrimientos científicos o ante la colonización del espacio por parte de quienes ya dominan la Tierra?

La entrada Artemis II: la exploración lunar que intenta establecer la hegemonía de Estados Unidos en el espacio. se publicó primero en La Tribuna.

En materia de salud, la responsabilidad por la dirección, control y vigilancia del servicio público esencial recae en el Gobierno nacional y, específicamente, en los funcionarios encargados de administrarlo. Por ello, resulta particularmente grave que quienes tienen a su cargo esa conducción hayan optado por revictimizar a un paciente frente a una deficiencia del sistema que ellos mismos dirigen.

Resulta incongruente -aunque no sorprendente- que el Gobierno nacional reproche y culpabilice, por una muerte evitable, a la madre de un menor que sufrió un accidente y falleció por la falta de un medicamento. De paso, se reprocha también al niño por hacer lo que cualquier niño desea hacer: jugar y divertirse. Existen, al menos, tres circunstancias que contradicen las afirmaciones oficiales.

La primera es que, si bien la Constitución de 1991 consagra el deber de cuidar la salud, en materia de atención y prestación del servicio no existe la figura de la exclusión de atención del paciente. Independientemente de que una persona se exponga a un riesgo y de que, como consecuencia de este, se produzca un evento adverso que comprometa su bienestar o su vida, el sistema debe propender por ofrecer una atención integral y completa. En Colombia no existe el abandono del paciente por un riesgo atribuible a él mismo. Además, las afirmaciones relacionadas con la bicicleta han sido ampliamente rebatidas.

La segunda circunstancia es que, en el ámbito del derecho médico, existe la figura de la pérdida de oportunidad. Esta consiste en la supresión, como consecuencia de un error en la atención en salud, de la posibilidad de que el paciente conozca si un tratamiento habría sido efectivo. Esa oportunidad fue eliminada por el sistema y, en particular, por la EPS intervenida por el Gobierno -sobre cuya administración, además, se han suscitado dudas en torno a la designación de sus interventores, en un contexto que evidenció desorden institucional cuando dos funcionarios se atribuyeron mutuamente la responsabilidad-. En consecuencia, nunca se sabrá si Kevin habría vivido, por cuánto tiempo, qué habría sido en su adultez, cómo habría sido su vida o si su calidad de vida habría mejorado.

La tercera consideración es aún más evidente: se trata de un niño, cuyos derechos prevalecen, como lo establece el artículo 44 de la Constitución de 1991. El derecho a la salud también está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y ha sido reiterado en abundante jurisprudencia constitucional, que recuerda el deber de eliminar las barreras administrativas que impidan la garantía y el goce efectivo del derecho, tanto en la prevención como en la atención y paliación de la enfermedad.

Finalmente, las expresiones ligeras a que nos tienen acostumbrados desde la dirección del sistema, el silencio de la EPS, la crisis de medicamentos y la administración estatal de una entidad que, lejos de resolver sus dificultades, las profundizó, evidencian que la voluntad política -tristemente denominada como el “chuchuchú”- puede imponerse al ejercicio del control ciudadano y al ejercicio de los derechos fundamentales. Resulta inquietante que un sistema que muchos considerábamos deficiente haya podido deteriorarse aún más bajo la promesa de su transformación. El sistema ya era malo y no creíamos que podría a ser peor.

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Transcurridos tres años y seis meses del gobierno de Gustavo Petro, valdría la pena contrastar lo propuesto por él en la campaña electoral de 2022 con su accionar en materia de empleo público y trabajo digno.

Es bien sabido que los problemas estructurales de los trabajadores estatales no se originaron en el actual gobierno. Son el producto de las malas políticas en todos los gobiernos anteriores, sin excepción, regímenes que conciben una administración pública minusválida, con baja financiación, poca o nula creación de empleo formal y directo y tercerizada en privados incluso en sus funciones esenciales.

Petro prometió en la campaña dar solución a las reivindicaciones de los trabajadores estatales. Pero al contrario de lo prometido, sus casi cuatro años en la presidencia mostraron más de lo mismo. Lejos de corregir con rigurosidad y seriedad las malas políticas y prácticas de los partidos tradicionales, las igualó o incluso empeoró.

La deuda con el mérito

 La meritocracia ha sido quebrantada de raíz, como lo prueba el escándalo de Juliana Guerrero y su pretendida imposición en el Ministerio de la Igualdad y Equidad. De septiembre a la fecha se conoció que Juliana Guerrero se graduó sin presentar el examen de Saber-Pro y que la Fundación San José anuló su título por no haber registro de actividad académica. No es el único embuchado, son más de veinte los funcionarios que habrían obtenido de manera irregular sus títulos profesionales para poder ser contratados en entidades públicas.

 Para entregarle el Viceministerio de Juventudes a Juliana Guerrero lo intentaron todo. Además de las graves inconsistencias de la aspirante en la hoja de vida que ella dio a conocer, el Gobierno pretendió modificar el Manual de Funciones de la entidad de manera exprés y sin consultar a la organización sindical. Incluso recién posesionada Mariela Barragán en la Función Pública, se intentó modificar el Decreto 1083 de 2015 para disminuir los requisitos de los viceministerios del Ministerio de Igualdad. El Gobierno nacional, en distintas instancias y con la justificación pública del presidente Petro, actuó sistemáticamente para violentar el principio constitucional del mérito, que se consagra como obligación para el ingreso al empleo público.

Las organizaciones sindicales estatales hemos rechazado esas actuaciones de “nombramientos sastre” en otros gobiernos por desprofesionalizar el empleo público, afectar el adecuado desarrollo de la función pública y, en la mayoría de los casos, ser mecanismos encaminados a aceitar la politiquería y el clientelismo.

La deuda con la formalización

Son dos los principales problemas del empleo público, la permanente desformalización y la falta de presupuesto. Las plantas permanentes de personal no solo han permanecido prácticamente congeladas, sino que se han configurado nóminas paralelas mediante órdenes de prestación de servicio mucho más grandes y en muchos casos, desempeñando funciones misionales y permanentes. Es un problema de décadas y que ningún gobierno ha decidido atender con seriedad. Para noviembre de 2022, éramos 612.762 empleados públicos del orden nacional, territorial y de otras ramas, excluyendo a los uniformados y al magisterio colombiano. Sin embargo, había también en las entidades 516.234 trabajadores vinculados a través de órdenes de prestación de servicio y 395.206 tercerizados o vinculados en contratos con personas jurídicas.

“El contrato de prestación servicios debe pasar a la historia”, dijo el candidato Gustavo Petro en la campaña. Hoy, las OPS de entidades orden nacional, adscritas o vinculadas el ejecutivo pasaron de 48 mil personas en 2022 a 64 mil contratadas con esa modalidad en 2024, según datos de La Silla Vacía.

La Función Pública dio a conocer en 2023 un Plan de Formalización Laboral con muchas dudas para su ejecución y presentando las plantas temporales como una vía hacia la formalización, práctica que además de ilegal es inconveniente porque burla la estabilidad a largo plazo. A tales artificios mañosos se ha opuesto históricamente la CUT. Parece que ya no.

Según datos del DAFP, el gobierno Petro apenas incrementó en un 5% la planta permanente de personal del Estado, pero se decidió por crear 5.000 empleos temporales a última hora, como los del Ministerio del Trabajo y la Unidad de Planeación Minero-Energética, al borde de la Ley de Garantías y con terminación en 2026 y 2027, respectivamente. En cambio, las plantas de personal permanentes, que eran compromiso con organizaciones sindicales como es el caso de la UNGRD, no ha visto la luz tampoco bajo la dirección de Carlos Carrillo, con tres años de incumplimiento del acuerdo colectivo y mientras la entidad funciona con una importante nómina de contratistas entre la Unidad y el Fondo de Adaptación.

No está de más recordar las consecuencias que tiene deslaboralizar el empleo público extendiendo por todas partes las órdenes de prestación de servicio. No solo por el impacto negativo en el funcionamiento de la administración pública, sino además porque a esos cientos de miles de trabajadores que desempeñan funciones misionales y permanentes en el Estado se les violenta la estabilidad y con ello, la adecuada remuneración, el bienestar laboral e incluso el derecho a la asociación y la negociación colectiva. El Estado tiene el 60% de su fuerza laboral precarizada y sigue dependiendo de un ejército de cerca de 900.000 contratistas, muchos de ellos prolongando el mal del clientelismo que “dinamiza” la política electoral.

La deuda con los salarios

 El incremento al salario mínimo del 23% es importante y contribuye a cerrar una deuda histórica con cerca de 1,2 millones de trabajadores. Sin embargo, fue una decisión que adoleció de una falla aún no corregida, pues para sostener dicho incremento se requerían medidas complementarias tendientes a proteger a las pequeñas y medianas empresas que generan el 80% del empleo formal del país. Sin esas medidas, el dinero de más que tendrán los trabajadores resultará invertido en la adquisición de bienes y servicios importados, beneficiando el trabajo y la producción extranjera.

 Tampoco tuvo en cuenta el Gobierno de Petro el impacto sobre los empleados públicos y los correspondientes incrementos salariales, pues se agudizó la brecha estructural negativa que tenemos los servidores públicos frente al incremento del salario mínimo. De 2014 a 2024, los empleados públicos habíamos perdido 10,4 puntos porcentuales frente al salario mínimo, pero en los últimos dos años este dato se profundizó negativamente hasta alcanzar los 29 pp. Mientras en 2014 un profesional grado 12 ganaba un equivalente a 4 SMLV, para el 2026 gana un equivalente a 2,9 SMLV. Es evidente la disminución de nuestro poder adquisitivo y el achatamiento por lo bajo de la estructura salarial del empleo público.

 Con el objetivo de cerrar las brechas históricas, una política salarial responsable requería de parte del Gobierno nacional acciones equilibradas para el sector público y el privado, con medidas complementarias que protegieran a la MIPYMES e incrementos progresivos a lo largo del cuatrienio. Pero, muy por el contrario, el Gobierno promovió en los tres primeros años acuerdos por lo bajo presentando los argumentos de siempre: la regla fiscal y la dificultad presupuestal.

 Esta actitud del Gobierno está plenamente definida en sus decisiones sobre el Presupuesto General de la Nación. Mientras el presupuesto de funcionamiento del Estado, del que se pagan nuestros salarios y nuestros derechos, crece apenas en un 1,15%, el presupuesto para el servicio de la deuda creció un 5,7%.  El pago de la deuda pública absorbió en 2025 $112.8 billones del Presupuesto General de la Nación y nos demuestra que el Gobierno es un excelente pagador con los bancos y el capital financiero internacional, pero un deudor moroso con sus propios trabajadores.

¡Independencia sindical para seguir luchando!

 Los datos son irrebatibles, en estos aspectos estructurales del empleo público, el Gobierno nacional se raja frente a lo propuesto en la campaña electoral. El presupuesto continúa capturado por el servicio de la deuda, la estructura salarial se aplana hacia abajo afectando el poder adquisitivo de los empleados públicos, la formalización laboral camina a paso de tortuga y las órdenes de prestación de servicio continúan creciendo, mientras el mérito se sigue negociando al servicio de los poderosos.

 La crisis estructural del empleo público no nació con este mandato. Es el resultado de décadas de políticas neoliberales que dieron prioridad a la tercerización y el marchitamiento de la carrera administrativa en favor de la clientela política. Sin embargo, resulta paradójico que la administración que llegó con la promesa histórica de dignificar al trabajador estatal haya terminado por profundizar sus problemas.

 Cobra vigencia que el movimiento sindical adopte una política de independencia frente al principal patrón estatal, el Gobierno nacional. Este principio fundacional de nuestras organizaciones permite representar genuinamente los intereses de los trabajadores, valorar el accionar del gobierno de acuerdo con la conveniencia de sus políticas y recurrir a la movilización para oponerse a políticas regresivas, defender derechos laborales adquiridos o conquistar nuevos. El futuro de un empleo público democrático depende en buena parte de la capacidad del sindicalismo de defender sus reivindicaciones más allá del gobierno de turno.

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El proyecto que podría redefinir los biocombustibles en Colombia

La propuesta del Ministerio de Minas y Energía para cambiar la forma en que se calculan los precios del etanol y el biodiésel generó una respuesta inmediata de los sectores de la caña y la palma. El plan plantea reemplazar el sistema vigente por uno basado en paridad de importación, que indexa los valores nacionales a los de Houston y Róterdam. Aunque el Gobierno lo presenta como una actualización técnica, sindicatos y productores advierten que podría desmontar la base productiva construida durante más de dos décadas.

Un cambio que asimila modelos subsidiados

Hasta ahora, los precios de los biocombustibles en Colombia se calculan con base en los costos reales de producción interna más referencias internacionales. Para el etanol, la fórmula parte del precio del azúcar y suma los gastos locales de transformación y transporte. Para el biodiésel, se usa el valor del aceite de palma complementado con los costos del metanol y la mezcla.
 Los proyectos de resolución reemplazarían ese equilibrio por un sistema atado a precios internacionales del etanol de maíz en Houston y del biodiésel FAME 0 RED en Róterdam, ambos formados en mercados con fuertes subsidios.

En Estados Unidos, el etanol se sostiene gracias al programa Renewable Fuel Standard, al Crédito Fiscal a la Producción Limpia y a subsidios que abarcan desde la planta hasta la distribución. En la Unión Europea ocurre algo similar bajo la Directiva de Energías Renovables (RED III), que fija metas obligatorias y otorga exenciones tributarias. En Colombia no existen subsidios energéticos ni fiscales para el etanol o el biodiésel. Por eso, vincular precios locales a mercados protegidos crea una competencia desigual que, según los gremios, puede llevar a la quiebra de las plantas nacionales.

El riesgo económico y laboral

El documento técnico del Ministerio reconoce que la nueva metodología reduciría 14,5 % el ingreso al productor de etanol y 23,9 % el del biodiésel, sin evaluar el efecto sobre la sostenibilidad empresarial ni el empleo. Para Dignidad Agropecuaria Colombiana, las medidas fiscales y tarifarias del Gobierno “destruyen la base productiva de los biocombustibles” y ponen en riesgo miles de empleos rurales, desde el Meta hasta el Valle del Cauca.

En comunicado los sindicatos y federaciones del sector cañero calculan que, de aprobarse las resoluciones, se perderían 28.000 puestos de trabajo inmediatos y que el cierre de plantas de etanol afectaría indirectamente a 350.000 familias vinculadas a la producción de panela, porque la sobreproducción de caña se destinaría a azúcar o panela. A esto se sumarían 18.000 empleos urbanos y rurales vinculados a la cadena del azúcar y la energía.

El peso del sector y la advertencia sindical

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Sintrainagro) advirtió que la política de precios afectaría directamente a un sector que representa 19,5 % del PIB agrícola y 12,1 % del PIB industrial del Valle del Cauca. La organización recordó que la cadena genera 286.000 empleos entre directos e indirectos y que la producción nacional de 456 millones de litros de etanol carburante compite en condiciones desiguales con los 56.000 millones de litros producidos en Estados Unidos gracias a subsidios estatales.

Johnson Torres, dirigente de Sintrainagro, aseguró que el proyecto “responde a las presiones del Banco Interamericano de Desarrollo para abrir el mercado a las importaciones subvencionadas”, lo que entregaría la soberanía energética y agrícola del país. Agregó que “con esas decisiones se destruye la industria nacional y se abre espacio al combustible extranjero más barato, pero altamente subsidiado, lo que “golpea a los trabajadores, a los pequeños productores y a las regiones”.
Las políticas neoliberales de apertura han desplazado cultivos nacionales y que seguir las directrices del BID profundiza la dependencia externa. Su columna recordó que el cultivo de caña y palma ha permitido sostener la economía de departamentos enteros como Valle del Cauca, Meta y Cesar, entre otros.

Una industria estratégica en riesgo

El cambio propuesto pondría en riesgo una de las pocas cadenas agroindustriales que el país ha logrado consolidar en torno a la energía limpia. El sector de los biocombustibles abastece entre el 8 y el 10 % del consumo de combustibles del transporte terrestre y contribuye a reducir cerca del 8 % de las emisiones de CO₂ en ese segmento. Su estructura actual articula agricultura, industria y distribución, lo que ha permitido sostener una producción estable y con empleo formal en las regiones.

Si el nuevo esquema entra en vigencia, el ingreso de los productores quedaría sujeto a factores externos, como los fletes, los aranceles y el tipo de cambio, que no dependen de su gestión. En la práctica, el país terminaría calculando los precios como si importara los biocombustibles, aun cuando se elaboran con materias primas nacionales.

El argumento del Gobierno

El Ministerio de Minas y Energía sostiene que la revisión busca “actualizar metodologías” y “alinearlas con estándares internacionales”. Según su planteamiento, la paridad de importación permitiría reflejar la realidad del mercado global y evitar distorsiones.
 Los productores sostienen que la “realidad global” es de subsidios y protecciones. Estados Unidos y la Unión Europea invierten recursos públicos para sostener su competitividad; Colombia, en cambio, pretende someter su industria a precios foráneos sin respaldo estatal. Para Dignidad Agropecuaria, eso equivale a sustituir trabajo colombiano por trabajo extranjero.

Un precedente internacional

Brasil sirve de espejo. Durante más de treinta años protegió su industria del etanol con precios regulados, créditos blandos y compras garantizadas por Petrobras. Solo cuando alcanzó eficiencia y escala liberó gradualmente los precios. Colombia no ha completado ese ciclo y aún se encuentra consolidando su capacidad productiva. Exponerla a una competencia desleal, advierten expertos, significaría renunciar a la única industria nacional que materializa la transición energética en el territorio.

Una alianza gremial en defensa del trabajo

Los sindicatos de la caña convocaron a las autoridades locales, a los gremios y a la ciudadanía a respaldar un plan de acción nacional para defender el empleo y la producción agroindustrial. Preparan jornadas culturales, foros técnicos y movilizaciones en el Valle del Cauca y los Llanos Orientales.
 El objetivo común es mantener la metodología vigente de la Resolución 18-0643 de 2012, que garantizó estabilidad laboral, inversión y tributación municipal. También preservar las iniciativas de innovación en bioetanol para aviación y uso de vinaza y cachaza para generar energía, consideradas claves para reducir la dependencia del gas y los combustibles fósiles.

La discusión sobre el proyecto del 1 de octubre va más allá de un cálculo de precios. Define si Colombia mantiene una política energética soberana o la somete a los intereses de mercados subsidiados.
 El sector cañero y palmero insiste en que el debate no es ideológico sino económico. Sin protección, la cadena del biocombustible se fragmenta y con ella se pierde empleo, inversión y capacidad industrial.

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Productores alertan sobre el fin de la cadena algodonera

En un comunicado del 20 de octubre, Dignidad Agropecuaria Colombiana advirtió que la propuesta del Gobierno daría ventajas inmediatas a los confeccionistas, pero a costa de desmantelar la cadena algodonera. El gremio calcula que la medida pondría en riesgo 500 familias, 2.400 empleos anuales y los jornales rurales que dependen de la siembra. Las tres hilanderías activas quedarían sin materia prima nacional, sujetas a competir con hilados extranjeros y probablemente cerrarían.

El informe también recuerda que el cultivo lleva más de treinta años en declive. En las regiones algodoneras del país, donde antes se sembraban 300.000 hectáreas, hoy sobreviven unas 8.000. Los pequeños productores trabajan en tierras tomadas en arriendo por un solo ciclo y créditos caros. En Córdoba, Sucre, Cesar y Tolima, muchos ya dudan si volverán a sembrar.

🚨 ¡Defendamos la producción nacional algodonera!

El Gobierno propone eliminar los aranceles de importación de hilados, poniendo en peligro miles de empleos rurales y el futuro del algodón nacional.

Desde Dignidad Agropecuaria Colombiana acompañamos a los productores en defensa… pic.twitter.com/KS355hIkyC

— DignidadAgropecuaria (@Dignidad_Agro) October 20, 2025

El mercado global hunde los precios del algodón

El más reciente Reporte de Coyuntura Económica (semana 41 de 2025) de CONALGODÓN muestra que el precio interno de referencia cayó a $5.534.472 por tonelada, mientras la compensación del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón, FEPA, sigue en $482.510, insuficiente para cubrir los costos reales de producción. Con ese margen, cada hectárea sembrada se convierte en una apuesta arriesgada.

El mismo documento, basado en cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), confirma que el mundo produce más de lo que consume. En septiembre de 2025, la producción alcanzó 119 millones de pacas, frente a 112 millones consumidas, que sumadas a los inventarios iniciales termina con 83 millones en existencias finales. Esa sobreoferta mantiene los precios internacionales deprimidos.

Evolución del balance mundial del algodón (septiembre de 2025)

En la Bolsa de Nueva York, los contratos futuros bajaron de 65,59 a 64,91 centavos de dólar por libra. Aunque la diferencia parece mínima, implica una pérdida continua en rentabilidad. Con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, en $3.867,54, la caída se suavizó, pero el ingreso promedio por tonelada se redujo $138.970 en una semana. Los costos de insumos y transporte siguen subiendo, de modo que el productor opera en pérdida.

Analistas del sector advierten que, si se eliminan los aranceles, la presión de precios externos se trasladará de inmediato al mercado interno: las confecciones importarían insumos más baratos y el país perdería su base productiva. Esa mezcla de sobreoferta mundial, precios bajos y apertura arancelaria deja al algodón colombiano en una situación límite.

Golpe regional y abandono del campo

En las zonas rurales donde el algodón todavía se cultiva, la rentabilidad es mínima. Los agricultores trabajan con arrendamientos de corto plazo, sin asistencia técnica ni crédito asequible. Según datos gremiales, unas 500 familias podrían quedarse sin ingresos y 2.400 empleos desaparecerían. En municipios del Caribe y el Tolima- esos jornales son la única fuente de trabajo temporal.

El gremio sostiene que el Estado debe garantizar precios que cubran los costos reales y no seguir atado a la Bolsa de Nueva York, dominada por los grandes exportadores. “Sin un precio justo, el algodón desaparecerá y con él la infraestructura agrícola que aún sobrevive”, advierte el comunicado.

La posible aprobación del decreto consolidaría un modelo de dependencia externa: Colombia pasaría de productor a comprador de insumos básicos. Las hilanderías importarían toda la fibra, pero la industria de las confecciones ya no les compraría a ellos, importar los hilos les saldría más barato, y el vínculo entre campo e industria quedaría roto.

Del auge a la crisis: tres décadas de abandono

En los años setenta, el país sembraba entre 350.000 y 400.000 hectáreas de algodón. La fibra nacional abastecía a la industria textil y generaba exportaciones. Con la apertura económica de los noventa, las importaciones de textiles y fibras sintéticas desplazaron la producción local. Los Tratados de Libre Comercio redujeron la protección arancelaria y el cultivo perdió rentabilidad. En 1990 se producían 150.000 toneladas; hoy apenas 14.000.

El desmonte de las políticas agrícolas dejó al sector sin crédito, sin asistencia técnica y sin infraestructura de riego. Las máquinas de desmote quedaron abandonadas en La Mojana y en el valle del río Sinú y en otras zonas algodoneras del país. Los programas del FEPA y los subsidios al seguro agropecuario ofrecieron alivios momentáneos, pero nunca resolvieron la raíz del problema.

El dilema político

Para Dignidad Agropecuaria, eliminar los aranceles sin exigir compras locales es dejar el mercado en manos de los productores extranjeros. El gremio no pide subsidios nuevos, sino condiciones para competir: precios que reflejen los costos reales, programas de asistencia técnica y canales directos entre agricultores e hilanderías.

Según CONALGODÓN, el ingreso actual del agricultor está por debajo del nivel de sostenibilidad: para cubrir gastos de siembra, transporte y desmote, el precio por tonelada debería superar $7 millones, pero en el mercado ronda los $5,5 millones. Esa brecha explica por qué en cada temporada se pierden productores.

El debate sobre el decreto arancelario no es técnico, es político. De su aprobación depende si Colombia mantiene una base agrícola productiva, y lucha por aumentarla, o se resigna a depender de las importaciones para vestir a su población.

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El Café de Colombia pierde su identidad y su valor.

La mezcla con cafés importados de baja calidad destruye la prima de excelencia que por décadas distinguió a nuestros caficultores.

Exigimos recuperar la calidad, la soberanía y el orgullo del Café de Colombia.

🧵 1/2… pic.twitter.com/xkIvjiTQ0H

— DignidadAgropecuaria (@Dignidad_Agro) October 18, 2025

El deterioro del diferencial cafetero golpea la economía nacional

La pérdida del diferencial cafetero, la prima que por años distinguió al café de Colombia en los mercados internacionales, empezó a sentirse en el bolsillo de los productores y en las cifras de exportación. Pasó de 80 a solo 17 centavos de dólar por libra, una caída superior al 75 %.
Esa reducción representa pérdidas anuales de más de 900 millones de dólares, equivalentes a cerca de 3,6 billones de pesos, tomando como referencia una tasa promedio de 3.900 pesos por dólar. El fenómeno no es coyuntural, sino resultado de políticas que permiten mezclar cafés importados de baja calidad con el grano nacional para su reexportación.
Esa práctica, advierte Dignidad Agropecuaria, ha deteriorado la reputación del producto y disminuido los ingresos de miles de familias cafeteras. Lo que antes garantizaba divisas al país y estabilidad a las regiones productoras, hoy favorece a intermediarios y multinacionales que concentran el negocio.

📉 De una prima de 80 centavos de dólar por libra, hoy solo quedan 17.

💸 Más de 900 millones de dólares se pierden al año y miles de familias cafeteras ven reducido su ingreso.

📢 Exigimos recuperar la calidad, la soberanía y el orgullo del Café de Colombia.

🧵 2/2 pic.twitter.com/U4jnX50QQN

— DignidadAgropecuaria (@Dignidad_Agro) October 18, 2025

Importaciones de café y caída del ingreso cafetero

Las normas que autorizaron la importación de café verde para mezclarlo y venderlo como “Producto de Colombia” terminaron reemplazando el grano nacional de forma silenciosa. Los granos de menor calidad ingresan al sistema productivo, reducen el precio interno y borran la ventaja del café colombiano en los mercados internacionales.

Durante años, el “Excelso – Café de Colombia” mantuvo un valor superior por su calidad, sabor y rigurosidad en los estándares de humedad, tamaño y pureza. Esa certificación era la garantía de origen que sustentaba la prima de calidad en la Bolsa de Nueva York. La introducción del “Café Producto de Colombia” y la flexibilización de las normas de exportación eliminaron esa ventaja.
El resultado es una pérdida progresiva de confianza en los compradores internacionales. Al mezclarse cafés importados de bajo valor, el grano colombiano dejó de ser percibido como un producto diferenciado. El país vende más volumen, pero recibe menos dinero por cada libra exportada.

Del pacto de cuotas al dominio de las multinacionales

La situación actual tiene raíces profundas. En 1989 terminó el pacto internacional de cuotas de la Organización Internacional del Café, un sistema que regulaba la producción y los precios del grano. Durante más de dos décadas ese modelo mantuvo cierta estabilidad: si los precios bajaban, los países exportadores reducían la oferta; si subían, la aumentaban.

Cuando Estados Unidos y sus aliados desmantelaron el acuerdo, impusieron la política del libre comercio. La decisión eliminó los mecanismos que protegían los ingresos de los países productores y abrió la puerta a la concentración del mercado. A partir de ese momento, las grandes compañías multinacionales controlaron las compras, la industrialización y la distribución del café.

Colombia, que había sostenido su reputación en la calidad del grano, comenzó a competir en un escenario de precios impuestos por los compradores. La Federación Nacional de Cafeteros adoptó medidas que, en vez de reforzar la calidad, permitieron la creación del “Café Producto de Colombia”, una versión degradada del tradicional “Excelso – Café de Colombia”. Esa modificación redujo los estándares y habilitó la mezcla de granos nacionales con cafés extranjeros de menor valor.

El comunicado de Dignidad Agropecuaria sostiene que esa transformación benefició a las empresas que comercializan y procesan el café, no a los productores. Mientras las multinacionales diversificaron sus marcas y ganancias, los caficultores vieron disminuir su participación en la renta total del negocio. La brecha se amplió: los costos de producción suben, los precios al productor bajan y la diferencia queda en manos de intermediarios.

La pérdida de confianza en el café de Colombia

Durante décadas, el café colombiano fue sinónimo de calidad en los mercados internacionales. Esa imagen se sustentaba en el control estricto de origen, en las normas de humedad y pureza del grano, y en la reputación del sello “Café de Colombia”. Con la flexibilización de las reglas, la credibilidad del país como proveedor premium se debilitó.

Los compradores internacionales pagan ahora precios más bajos porque no pueden garantizar que el producto corresponda al mismo nivel de calidad de años anteriores. La prima de calidad, que antes representaba un ingreso adicional, se convirtió en un margen que se desvanece. Cada libra vendida sin ese diferencial deja menos divisas al país y menos rentabilidad para los productores.
La pérdida del diferencial cafetero no solo afecta el comercio exterior. También golpea la economía interna de los municipios cafeteros, donde el café sigue siendo la base de la actividad económica. La disminución de ingresos reduce el consumo local, afecta el empleo y limita la inversión en infraestructura rural.

Consecuencias económicas de las importaciones de café

Las pérdidas calculadas por Dignidad Agropecuaria superan los 900 millones de dólares anuales, una muestra del deterioro estructural del ingreso cafetero. La reducción del diferencial cafetero afecta la balanza comercial del país y ha debilitado el flujo de divisas que sostenía la economía rural en los departamentos productores.

Cada libra vendida sin prima de calidad implica menos rentabilidad para el productor. En los municipios cafeteros, el descenso se traduce en menos empleo, menor consumo local y una caída en la inversión pública y privada. Las cooperativas, que antes reinvertían excedentes en programas comunitarios, enfrentan ahora dificultades para sostener su operación.

La pérdida de valor del café colombiano también repercute en la tasa de cambio. Al reducirse las exportaciones con valor agregado, el país depende de un mayor volumen para compensar la caída de ingresos, lo que genera sobreoferta y presiona aún más los precios internacionales.

Propuesta para recuperar la prima del café colombiano

El comunicado de Dignidad Agropecuaria propone revertir la política de flexibilización de calidad y retomar las condiciones originales del “Excelso – Café de Colombia”. El movimiento plantea suprimir la exportación de pasillas, aumentar la producción interna y eliminar el “Café Producto de Colombia”, al que señalan como principal responsable del deterioro del diferencial.

La organización sostiene que el país tiene capacidad para abastecer el consumo nacional con pasillas de producción interna y evitar la dependencia de cafés importados. La medida permitiría mejorar el ingreso rural y recuperar la confianza de los compradores internacionales.

También pide al Gobierno Nacional y al Comité Nacional de Cafeteros adoptar decisiones estructurales: restablecer estrictos controles de calidad, revisar las licencias de importación y fortalecer la certificación de origen. Solo así, afirma el movimiento, podrá volver a ganarse la confianza del mercado internacional con calidad y trazabilidad.

Un llamado a proteger el ingreso rural

Para Dignidad Agropecuaria Colombiana, la pérdida del diferencial cafetero resume un modelo comercial que ha transferido riqueza del campo hacia los grandes compradores internacionales. Cada centavo perdido por libra se traduce en menos ingresos para las familias productoras y en una reducción del valor real del trabajo agrícola.

El movimiento sostiene que el país necesita una política cafetera centrada en el ingreso y no en el volumen exportado. La prioridad, afirma, debe ser volver a ganarse la confianza del mercado internacional con calidad y trazabilidad. El problema ya no es de producción, sino de reglas de juego: las importaciones alteran el equilibrio del mercado y deterioran la marca más reconocida del país.

La advertencia llega en un momento crítico. Mientras la inflación encarece los insumos agrícolas, los precios internos del café caen y los márgenes de rentabilidad se estrechan. Si el país no corrige la ruta, Colombia podría perder el estatus de productor premium que durante décadas sustentó parte de su economía.

Dignidad Agropecuaria concluye que recuperar la prima de calidad del café colombiano es una decisión estratégica para la balanza comercial y la sostenibilidad rural. De mantenerse la actual política de importaciones, el país seguirá exportando el nombre del “Café de Colombia”, pero no su valor real.

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