La política es parte esencial de la sociedad. El aumento del precio de la gasolina, los altos costos de las tarifas de energía, la crisis financiera de las universidades públicas, los recortes a los subsidios del ICETEX, las importaciones de cerca de 15 millones de toneladas de productos agropecuarios que podríamos producir aquí y nuestras relaciones de subordinación ante potencias como EE. UU., por solo citar algunos ejemplos, dependen de decisiones políticas.

En esta encrucijada, el dilema que encara la juventud en Colombia es limitarse a padecer la política o atreverse a hacerla para conquistar las transformaciones nacionales y democráticas.

Las malas decisiones del continuismo del pasado y el falso cambio

Nuestros graves problemas son fruto de decisiones contrarias al interés general. Desde 1990 el breviario neoliberal utilizado por todos los gobiernos ha profundizado el subdesarrollo, lo cual se prueba con la poca creación de fuentes de empleo y riqueza, la desigualdad social y la corrupción. Y con Petro nada cambió, porque, al igual que los anteriores mandatarios, obedece las imposiciones del FMI y la OCDE, y su gobierno promueve la corrupción y acentúa el autoritarismo.

Ante este desolador panorama hacemos causa común con la aspiración de Jorge Robledo de regresar al Senado y promover un esfuerzo unificado con el Nuevo Liberalismo, el MIRA y Dignidad y Compromiso para construir la Coalición Ahora Colombia, un proyecto distinto al continuismo del pasado y al falso cambio.

La carrera de obstáculos de la juventud en Colombia

Si al país le va mal, también los jóvenes sufrirán el mismo destino. Es lo que explica por qué se hace tan dramática la carrera de obstáculos de la juventud en Colombia para estudiar, trabajar y tener pensión. Las universidades públicas, mal financiadas, resienten de un déficit de 19 billones de pesos (SUE), lo que dificulta avanzar en la universalidad, gratuidad y calidad de la educación. Mientras tanto, el ICETEX, lejos de ser un auxiliar de la política educativa, se ha vuelto un dolor de cabeza para los deudores, al tiempo que afloran las universidades privadas de garaje, porque las de calidad son pocas debido a los altos costos.

El trabajo productivo decrece. Para el trimestre febrero-abril de 2025 la informalidad fue del 56,8% y el desempleo de la juventud en Colombia fue del 16,0% (DANE). Peor aún, pensionarse será más difícil y menos digno por los recortes de la reforma pensional petrista. ¡Y la fuga de cerebros al exterior no cesa de crecer!

Los consejos de juventud: una oportunidad para transformar el país

En estas condiciones, las elecciones para los Consejos Locales de Juventud son una oportunidad para que los jóvenes entre 14 y 28 años discutan sus problemas, planteen propuestas para superarlos, fortalezcan su organización y adelanten la movilización.

La voz crítica de la juventud en estos espacios debe servir para cuestionar: ¿Puede una economía rezagada de 7.000 dólares de riqueza per cápita anuales brindar mejores oportunidades? ¿La educación debe ser un derecho o una fuente de lucro? ¿Habrá empleo si el país no desarrolla la industria y el agro? ¿Tendremos pensión en medio de tanta informalidad? Con los Consejos de Juventud, nos encontramos al frente una herramienta valiosa para aportar al genuino progreso de Colombia.

Las veces que la juventud participó en política y marcó la diferencia

La juventud en Colombia ha jugado un papel decisivo en los avances democráticos y acontecimientos de importancia nacional: su participación en la gesta de independencia contra España, el memorable  movimiento estudiantil de 1971, las movilizaciones en rechazo al ALCA y los TLC, la victoria de la MANE en 2011 sobre la pretensión de Santos de profundizar el ánimo de lucro en la educación, el histórico acuerdo de 5,8 billones de pesos para el rescate presupuestal de nuestras universidades públicas en 2018, el Paro contra el “Paquetazo” de Duque en 2019 y lo propio en el Paro Nacional de 2021, entre otros.

Hoy, la juventud de Dignidad y Compromiso también se prepara para esta brega, porque este no es el país en el que nos tocó vivir, sino el que nos tocó transformar.

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La situación de las colombianas

Para entender la situación del país, basta con mirar las cifras: 5,9 millones de personas sobreviven con menos de $200.000 al mes, según el informe de pobreza monetaria y desigualdad del DNP (2023). Aunque un millón de personas superó la línea de pobreza, que sigue representando una condición de miseria tanto para mujeres como para hombres, la reducción de este indicador favoreció más a los hombres, lo que amplió la brecha de género.

Aproximadamente 2,5 millones de mujeres se encontraban desempleadas en diciembre de 2024 y ni qué decir de la informalidad, que hoy nos venden como “libertad” o una alternativa a los horarios de oficina, pero que a la larga son trabajos de mala calidad, sin derechos laborales como pensión, salud y seguridad social. El 2024, 11.240.000  mujeres estaban en esta situación.

La raquítica economía ha profundizado la pobreza y la desigualdad.

A lo largo del tiempo, la mayor parte del presupuesto nacional se ha destinado a cubrir los gastos de funcionamiento, que representan el 60% del total, seguidos por el pago de la deuda pública y sus intereses y, como resultado, la inversión en proyectos claves como educación, salud y vivienda recibe menos del 20% del presupuesto. Debemos más plata de la que tenemos para gastar.

¿Cómo puede haber un plan encaminado a resolver estas dificultades si no hay recursos?

La causa emancipatoria de la mujer

 Por causa de todo lo anterior, la niña y la mujer colombiana siguen agobiadas por la cosificación y sexualización de su cuerpo, por la doble jornada y las tareas domésticas y de cuidado relegadas a nosotras sin reconocimiento durante la etapa productiva, por la maternidad que ejercemos solas en el 80% de los casos o por el precario acceso a derechos sexuales en la edad reproductiva, cuya política nacional actualizada sigue siendo promesa de campaña. Seguimos agobiadas por la incertidumbre para la vejez; y como lo ha dicho la Universidad de los Andes, solo el 12 por ciento de mujeres en Colombia se pensionan. Y ni hablar de la violencia que atraviesa nuestra existencia desde el nacimiento, con la mutilación genital femenina o los feminicidios, el pan de cada día en este país.

 Es aquí donde las lectoras deben hacerse algunas preguntas, apuntando a resolver que el problema es económico ¿Por qué resulta más rentable para una mujer explotar su cuerpo a costa del daño físico y psicológico que le acarrea? Porque la alternativa para cualquier nivel de estudios es un trabajo de manicurista o en un callcenter, que no representa esta misma seguridad económica. Al fin y al cabo, la incertidumbre es tan alta que nos condena a pensar en el ahora y no en el futuro, no en nosotras como sujetos de derechos, sino como mercancías.

 ¿Por qué hombres extranjeros siguen viniendo a nuestro país a consumir cuerpos de mujeres y niñas a cambio de cosas o unos cuantos pesos?

 Porque nuestro Estado lo sigue permitiendo.

 ¿Por qué una mujer debe poner 7 horas cada día en labores de cuidado adicionales a las de su trabajo remunerado? Porque el actual modelo insiste en atribuirle al amor o a la condición biológica de las mujeres estas responsabilidades, en lugar de apuntar como iniciativa estatal a la inversión en materia de seguridad social, educación, alimentación y aseo, que alivien la carga de los hogares y redistribuyan las tareas entre hombres y mujeres.

 ¿Por qué las mujeres seguimos teniendo enfermedades en el sistema reproductivo sin causa ni cura y métodos anticonceptivos arcaicos? Porque en este país no ha sido prioritario invertir en ciencia e investigación. Es la cartera más baja de todas, así como tampoco ha sido prioritario que el poco desarrollo que hay incluya a las mujeres.

¿Por qué las víctimas de cualquier tipo de violencia basada en género tienden a mantenerse en estos ciclos de violencia?

 Porque en medio de la pobreza, la dependencia económica ante sus maltratadores es la mejor alternativa de subsistencia, pues encontrar un trabajo con el cual sostener un hogar con hijos es mucho más difícil para las mujeres pobres. Nunca es una decisión individual, nunca es su culpa.

 El único medio que nos saca de esta situación es un país rico, capaz de proveer acceso a un trabajo digno que nos garantice recursos suficientes para vivir y para construir nuestros propios proyectos de vida, con acceso a la educación y la ciencia, que investigue todo lo que el país necesita para continuar siendo productivo, que cuide nuestra salud, que garantice entornos seguros, sin violencia, con suficiente inversión para acabar con las desigualdades económicas y que transforme la cultura estructural, ofreciendo a alternativas a la cosificación de nuestros cuerpos.

 Es por todo lo anterior, que las mujeres usamos La Tribuna, en un día como este, Ocho de Marzo, para hacer un llamado a la sociedad en torno a la creación de riqueza. No basta con decretar la “industrialización con justicia social”, hay que ejecutar y ser coherente con tal consigna, pues, el debilitamiento a las empresas nacionales como Ecopetrol, la desindustrialización, el desfinanciamiento a la investigación para la productividad como el caso de Agrosavia, muestran que nos está gobernando una casta empeñada en lo contrario. ¡Las mujeres necesitamos un país con industria nacional y con agricultura próspera!

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El informe Progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: la perspectiva de género 2024, pública una cifra alarmante: para poner fin a la pobreza extrema de las mujeres se necesitan aproximadamente 137 años.

Resulta irónico que se revele dicha cifra, considerando que a la vez se expone en el mismo informe que para el 2050 se estima que 158 millones de mujeres más caerán en la pobreza extrema debido al cambio climático.

En el año 2015, con el fin de eliminar la pobreza, el hambre, el cierre de las brechas de desigualdad, entre otros, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 17 objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, como parte de la agenda global hasta el año 2030.

Pese a que se reportan avances en el cumplimiento de los ODS, la realidad es que se evidencia la feminización de la pobreza monetaria en el mundo. Además la desprotección social de las mujeres continúa siendo enorme:

En el 51% de los países hay trabas que impiden que las mujeres accedan a los mismos empleos que los hombres; en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería e incluso matemáticas solo el 35% de las personas graduadas son mujeres.

No se puede olvidar que para proteger los derechos de la mujer y erradicar la pobreza entre las mujeres, lo fundamental es el pleno desarrollo de las economías nacionales. En países atrasados y pobres, sectores de su población permanecerán en la pobreza. Adicionalmente se requiere de la mejora de diversos factores como, garantizar el acceso a una educación científica y de calidad, vinculación al mercado laboral; empleos dignos, remuneración con salarios justos, reducción de los niveles de informalidad y asegurar acceso a la salud, entre otros.

La pobreza extrema y monetaria en Colombia

El año pasado la pobreza monetaria, es decir, quienes tienen ingresos mensuales inferiores a $435.000, tuvo una ligera reducción pasando del 36,3% al 33%, mientras que la pobreza extrema que comprende ingresos mensuales de menos de $218.000 pasó del 13,8% al 11,4% según cifras del DANE.

La reducción es mínima, pero el problema es mucho más grave si se tiene en cuenta que las categorías de pobreza se definen con ingresos paupérrimos. Pues en realidad no se puede sobrevivir con $218.000 mensuales. Estas cifras son el reflejo del atraso y subdesarrollo al que está sometido el país.

Entre los pobres, las más afectadas son las mujeres. El DANE reveló que el 41,4% de las mujeres que son jefas de hogar viven en condiciones de pobreza , un 8.3% mayor que los hombres jefes de hogar.

La clasificación del DANE a cada hogar se basa en el nivel de ingresos mensuales, como se menciona a continuación:

• Pobreza extrema: entre $0 y $218.846 mensuales.
• Pobreza monetaria: entre $218.847 y $435.375 mensuales.
• Vulnerable: entre $435.376 y $853.608 mensuales.
• Clase media: entre $853.608 y $4.596.352 al mes.
• Clase alta: aquellos que obtienen ingresos por más de $4.596.352 al mes.

Estos rangos son preocupantes, puesto que evidencian el alto porcentaje de personas que tienen ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo, además es absurdo clasificar en la clase social alta a quien tenga ingresos superiores a 3 salarios mínimos.

Mientras el gobierno de Gustavo Petro y los medios de comunicación ponen cortinas de humo sacando titulares con noticias, como “1.6 millones de colombianos salieron de la línea de pobreza”, la pobreza estructural continúa siendo agobiante para la población.

A pesar de los intentos por categorizar la pobreza monetaria y minimizar su gravedad, la realidad es innegable. Los bajos ingresos impiden lograr una calidad de vida digna y se necesita reconocer que la situación es mucho más dolorosa de lo que se quiere admitir. Con el alto costo de los alimentos, los servicios públicos e incluso el transporte y la gasolina, a los colombianos apenas les alcanza para sobrevivir.

¿Qué hacer para erradicar la pobreza?

Hasta hoy, Colombia ha cumplido rigurosamente con las recomendaciones de los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero los resultados en materia económica no se reflejan en un mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

Es hora de que se implementen estrategias efectivas que aborden las causas profundas de la desigualdad económica y promuevan un cambio en la vida de la población. Por ejemplo, la renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC), que impulsaron la liberación total del mercado, atrayendo multinacionales que han terminado por quebrar a la industria y al campo colombiano. Esto se traduce en la imposibilidad para generar empleos, aumentando el hambre y la pobreza de hombres y mujeres.

La destrucción de la producción nacional ha estancado la generación de riqueza, por esa razón no se puede erradicar la pobreza monetaria y extrema que afecta en mayor medida a las mujeres, haciendo que la posibilidad de garantizar derechos sea lejana.

Salir de la pobreza implica que en el país se desarrollen varios factores que permitan mejorar las condiciones de vida de la sociedad más allá del nivel de ingresos mensuales. Algunos ejemplos: garantizar la financiación adecuada a las universidades públicas e invertir en la mejora del sistema público de salud.

La coherencia en la implementación de las políticas es fundamental, el presidente Gustavo Petro debe entender que el problema estructural de la pobreza no se soluciona con discursos. De lo contrario, su retórica seguirá traduciéndose en “Pobreza, pobreza y más pobreza”.

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Estas cifras parecen ser positivas, razón por la que el gobierno nacional ha expresado que son el reflejo de que el cambio llegó al país. Sin embargo, no hay nada que celebrar. 

Esto solo quiere decir que, en un país de casi 51 millones de personas, 16,7 millones sobreviven con menos de $435.000 (línea de pobreza) al mes y 5,7 millones con menos de $219.000 (línea de pobreza extrema) al mes. ¡Inaceptable!

Bajo el mismo informe, el DANE analiza los datos sobre los programas o ayudas institucionales, destinados a la reducción de la pobreza y, según la directora de esta institución, “si no se contaran las ayudas, la incidencia monetaria hubiese aumentado de 33%  a 37,4% a nivel nacional”. 

Esta cifra es significativa, pues superaría el porcentaje alcanzado para el 2022, que se ubicó en el 36,6%, y estaría más cerca a la cifra del 2021, que fue del 39,7%, bajo las consecuencias de la pandemia. En el caso de la pobreza monetaria extrema, hubiera pasado del 13,8% al 16,1%. 

¿Podemos hablar de una feminización en la pobreza monetaria y pobreza extrema?

Al revisar las jefaturas de hogar, bajo el último informe de pobreza monetaria con enfoque diferencial del DANE, se identifica que del total de los hogares con jefatura femenina, el 41,4% se encuentra en situación de pobreza monetaria y el 16,7% en pobreza extrema. 

Si bien la realidad de la economía colombiana es difícil para la mayoría de la población, esta se recrudece para quienes, además de ser pobres, son mujeres. Es por eso que las luchas porque se garanticen los derechos alcanzados y se consigan los que faltan, no pueden estar desligadas de la exigencia por un país con condiciones económicas que permitan una vida digna para todos y todas. 

Por ejemplo, casi la mitad de las mujeres en edad de trabajar, se encuentra en la informalidad, de acuerdo a la categoría que el DANE asigna como “población fuera de la fuerza de trabajo”, mientras que para los hombres, esta misma cifra se ubica en apenas el 23%, conforme a las cifras de diciembre del 2023. 
Si a estas cifras se le suman las de desocupación tanto para mujeres como para hombres, la conclusión es que Colombia es un país en donde el 54% de las mujeres está oficialmente desocupada o en la informalidad, y el 30% de los hombres se encuentra en esta misma situación. 

Las cifras demuestran que la pobreza sí se encuentra feminizada, por lo que cualquier exigencia de transformación económica y de implementación de políticas públicas debe apuntar a las razones estructurales por las que la crisis se recarga en las personas más pobres y, dentro de estas, en las mujeres. 

Frente al desolador panorama, el Centro de Estudios para el Trabajo -CEDETRABAJO- recomienda “que el gobierno implemente medidas para estimular la inversión, mejorar el acceso al crédito y reducir los costos de los servicios públicos, con el fin de reactivar la economía y asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo”, como formas para detener la caída de la economía colombiana. 

Es hora de exigir cambios estructurales

El debate sigue sobre la mesa y el movimiento social y político de las mujeres, debe ampliar la mira de la exigencia de los derechos para avanzar en la lucha por cambios económicos estructurales que decanten en una sociedad con condiciones de vida dignas e igualitarias. 

Las acciones del gobierno de Gustavo Petro han estado encaminadas a mantener la postura de los gobiernos anteriores, asumiendo las “recomendaciones” de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), que incluyen, por ejemplo, las políticas hoy propuestas en la reforma tributaria 2.0, bajo la excusa de buscar una reactivación económica.

Mientras proponen más impuestos y adquisición de deuda, poco se habla de desarrollo económico a través del fortalecimiento de la industria y el agro, que abran la posibilidad a la generación de riqueza, empleos y mejores ingresos para la población colombiana.

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