Sergio Fajardo planea recuperar a la Nueva EPS a partir de una rigurosa auditoría externa y del nombramiento de un interventor de alto nivel. Fajardo la capitalizará para sacarla a flote por el bien de sus ahora 14 millones de afiliados, si se tienen en cuenta los traslados a esta entidad contemplados en el Decreto 0182 de 2026.

 En el programa de salud de Fajardo, las auditorías independientes se extienden a todas las EPS, en particular a las que se encuentran intervenidas, y al Nuevo Modelo de Salud impuesto por el gobierno a los maestros afiliados al FOMAG, que ha aumentado significativamente el gasto y empeorado la prestación de los servicios.

Según el resultado de las auditorías, el gobierno de Fajardo plantea reordenar el sistema de aseguramiento. Continuará siendo de carácter mixto, tanto con EPS como con clínicas y hospitales públicos y privados. A manera de ilustración, aseguradoras como la Nueva EPS o Capital Salud con mayoría accionaria gubernamental se consideran públicas. 

Se mantiene la presencia de EPS privadas con ánimo de lucro como lo han sido hasta ahora Sura, Aliansalud y Sanitas. Pero también tendrán lugar en el sistema EPS sin ánimo de lucro como lo han sido Compensar y Salud Mía. En el aseguramiento conviene aprender lo positivo de los hospitales y clínicas que son fundaciones sin ánimo de lucro y que se han posicionado entre las mejores de América Latina.

 El que permanezcan EPS e IPS de distinta naturaleza jurídica es, en la situación actual, la única manera de garantizar el acceso inmediato a medicamentos y a los servicios que el presidente Petro ha desarticulado para improvisar uno nuevo sin tener las condiciones materiales, ni la correlación de fuerzas política, ni la experiencia administrativa.

Lecciones de la Ley 100

La Ley 100 creó un sistema de aseguramiento social caracterizado por adaptar el modelo de seguro social al régimen contributivo y el modelo del servicio nacional de salud al régimen subsidiado, en el cual la prima de seguro de los más pobres la cubre el Estado, condición que precisamente le valió ser denominado aseguramiento social. Creó además el modelo de seguros privados al dejar espacio para la medicina prepagada y las pólizas de seguro de salud.

 William Hsiao, experto en sistemas de salud de la Universidad de Harvard y del Banco Mundial, describe el sistema de salud colombiano y en particular el régimen subsidiado en esos términos. Es un grave error del gobierno del presidente Petro plantear que las EPS son simplemente intermediarias financieras que hacen negocio con los recursos públicos y que se roban la plata.

 Este error parte de desconocer que las EPS con el correr de los años y la reglamentación y normas complementarias a la Ley 100, particularmente con la expedición de la Política de Atención Integral de Salud (PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), adquirieron plenamente funciones de compañías aseguradoras, específicamente en lo que concierne a la gestión del riesgo financiero. 

 Tanto el presidente como sus dos ministros de salud se equivocaron también al menospreciar el peso económico y político nacional e internacional del sector asegurador, no obstante haberse aliado y cogobernado durante los primeros años de esta administración con los políticos que mejor han representado los intereses de las EPS en Colombia.

 El gobierno nacional cayó además en la trampa de creer que la astucia política puede superar la correlación de fuerzas necesaria para sacar adelante una reforma de la trascendencia de la reforma de la salud.

 Plantear mantener las EPS no significa que el actual modelo de aseguramiento sea el ideal o que no adolezca de graves problemas. El sistema de la Ley 100 generó graves inequidades en salud. Aunque hoy el sistema de salud cobija a la inmensa mayoría de la población, no beneficia por igual a todos los colombianos. Tal es el caso de la pandemia, durante la cual se hicieron evidentes las desigualdades en la mortalidad por COVID-19. El sistema de salud no evitó que el número de fallecimientos fuera muchísimo mayor en los estratos más pobres y entre los afiliados al régimen subsidiado.   

Tres etapas de la Ley 100

 El sistema de aseguramiento social tuvo una primera etapa de apertura del mercado de aseguramiento (1993-2011). Los gobiernos favorecieron la proliferación de EPS que hoy se sufre y de alguna manera consintieron en que se anidaran los focos de corrupción todavía existentes.

La segunda etapa (2012-2022) fue de modernización del modelo, redistribución del mercado y de movimientos sociales en contra de la Ley 100. En este período, no se logró desarrollar el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) renovada incluida en la Ley 1438 de 2011, ni se consolidaron el PAIS y el MIAS (MAITE).

 Si bien la Ley Estatutaria de 2015 conjuró el movimiento social de 2103, introdujo un híbrido que a la vez que mantuvo el modelo de aseguramiento promulgó el derecho a la salud en términos de una contradicción que aún hoy no se ha resuelto, por ejemplo, en lo que respecta al plan de beneficios.

 Esa contradicción se ilustra en que tanto la exministra Carolina Corcho como el exministro Alejandro Gaviria se consideran coautores de la Ley Estatutaria y en que aún hoy se lee en la página web del Ministerio de Salud la advertencia de que la Ley estatutaria es compatible con el aseguramiento en salud.

 La tercera etapa (2022-2026) se inició con el intento de negociación entre las EPS y el gobierno de Gustavo Petro, partidario de una reforma que elimine algunas de sus funciones principales como aseguradoras. Continuó con la andanada del gobierno contra las EPS por el control de los billonarios recursos de la salud y el intento de hacer una reforma por decreto.

 Esta etapa concluye con el fracaso de las intervenciones del gobierno a ocho EPS que afilian a más de 25 millones de colombianos y del nuevo sistema de salud de los maestros en un contexto de deterioro financiero, explosión de quejas por parte de los pacientes y anarquización del sistema de aseguramiento.

Reordenar el sistema y luego reformarlo

 Ante la crisis, Fajardo advierte: “No sabemos qué sistema de salud recibiremos en agosto de 2026” y plantea poner en marcha una campaña para recuperar el sistema de aseguramiento a fin de promover eficiencia, liquidez y sostenibilidad financiera desde el día uno (1) de su gobierno y mientras se conocen los resultados y recomendaciones de las auditorías externas e independientes ya mencionadas.

 Recuperar el sistema de aseguramiento en los primeros meses incluye entre otras medidas:

•  Reconocer la UPC como insuficiente, tal como lo determina la Corte Constitucional, y ordenar el recálculo inmediato de la misma. Generalizar el giro directo desde la ADRES actuando en calidad de tesorería, pero no como pagador único, y fortalecer las auditorías concurrentes.
• La crisis es de tal magnitud que, para conjurarla inicialmente, al igual que en los tiempos de la pandemia, se justifica acudir a un préstamo externo que pudiera dar salida a la sostenibilidad financiera inicial. Todavía el gobierno no aporta evidencia en favor de su argumento de que la plata sí alcanza, pero se la roban. Lo cierto es que, durante la presente administración, aunque ha aumentado el gasto en salud, la plata tampoco alcanza.
• Superar la crisis requiere identificar y caracterizar de manera inmediata las principales barreras asociadas con el acceso a medicamentos y a una atención oportuna y de calidad y tomar las medidas pertinentes. Esto implica, entre tantas otras acciones: hacer ajustes que permitan realizar gestión del riesgo en tiempo real y especificar un plan nacional de contingencia en citas y cirugías y entrega de medicamentos, al igual que establecer indicadores de desempeño y de logro en cada uno de estos programas.
• Posteriormente, todos los actores, actuando bajo la rectoría del Estado en cabeza de la presidencia y del Ministerio de Salud, concertarán el articulado de una reforma estructural del sistema de salud que preserve el aseguramiento, pero redunde en beneficio común, con respeto del derecho a la salud y los derechos del talento humano y los trabajadores de la salud. Un sistema de salud, en el que, como dice Jorge Enrique Robledo, los usuarios y pacientes sean los reyes, que provea bienestar a la población y en especial a los colombianos que más lo necesitan.

Cómo se diferencia Fajardo de Paloma, Abelardo y Cepeda

 En contraste, la propuesta de Paloma y Abelardo ofrece más de lo mismo de la vieja Ley 100 con sus odiosas e injustas desigualdades, y la de Cepeda, sin fruncir el ceño, lo mismo respalda la reforma anti-EPS de Petro que promete concertar una nueva reforma con EPS, farmacéuticas y demás actores. Cepeda heredaría los exabruptos del presidente Petro y de sus funcionarios como el flamante nuevo superintendente de salud, quien se atrevió a transferir directamente a la cuenta de NEQUI de un paciente el valor de los medicamentos. Medida que paradójicamente tiene un carácter privatizador, según concepto del Dr. Andrés Vecino, experto en sistemas de salud.

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La bancarrota y el desastre actual de la salud en Colombia se incubó y se mantiene hoy en medio de la debilidad o el desbordamiento de la autoridad nacional del sistema.

Ley 100 y Petro: dos antecedentes de una rectoría debilitada

Primero fue la ley 100 que, con su énfasis en la libertad de mercado a costa del papel del Estado, fragmentó la dirección de la salud hasta el extremo de llegar a fusionar el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo.

En su momento, el respetado Dr. Roberto Esguerra Gutiérrez afirmó: “La Ley 100 es buena, fue un error darle al sector privado el control de las políticas de salud y de los programas de promoción y prevención…y agregó: El Estado debe centralizar las políticas de salud …Tenemos que rescatar el Ministerio de Salud”.

Luego vino el gobierno de Gustavo Petro que, asumiendo un rol extremo, decidió manejar el sistema de salud por medio de órdenes presidenciales, a menudo simplemente ordenes verbales, con la excusa que el congreso no le ha aprobado su reforma a la salud.  Así, impuso a través de sus ministros un nuevo modelo de salud a los maestros y anunció la desaparición del régimen exceptuado que los rige y que fuera establecido por una ley vigente. Así ordenó liquidar las EPS quebradas.

En ambos casos, la rectoría ha estado relegada a un segundo plano, es decir la dirección del sistema de salud a la cual le corresponde la responsabilidad estatal de brindar bienestar a la población y de garantizar el derecho a la salud no ha cumplido a cabalidad con su función de conducir, regular y fiscalizar lo concerniente al sector salud.

Fajardo propone un Puesto de Mando para ordenar la salud

Cuando Fajardo plantea que en el primer día de su mandato establecerá un Puesto de Mando Presidencial (PMP) para empezar a solucionar el caos de la salud, Fajardo está anunciando que durante su gobierno y de acuerdo con la ley, el sistema de salud contará con una rectoría estratégica nacional.

Ahora, la rectoría no niega la gobernanza. El concepto y las funciones estatales básicas de la rectoría aparecieron cuando se estableció en Alemania el primer sistema de salud en el mundo mediante la Ley del Seguro Médico de 1883.  Entonces, se crearon fondos de enfermedad en distintos sectores de la producción, independientes entre sí y que se autogestionaban pero que respondían obligatoriamente a un marco legal centralizado.

El concepto de gobernanza surgió asociado a las políticas económicas de libre mercado en los 1980s, particularmente durante el gobierno radicalmente neoliberal de Margaret Thatcher en el Reino Unido. En principio, la gobernanza tenía como objetivo debilitar la rectoría del Estado introduciendo en los organismos de gobierno, un peso mayoritario de los representantes del sector privado.

En Colombia, la rectoría del sistema de salud ha sido débil y la gobernanza ha sido inefectiva esto ha facilitado, no solo que la corrupción a lo largo y ancho del sistema de salud haya hecho de las suyas, sino que no se cumplan o se cumplan a medias, metas factibles de alcanzar en salud dentro del marco legal y las políticas públicas existentes a lo largo de los gobiernos desde el de César Gaviria hasta el de Gustavo Petro.

Fajardo fue el primer candidato presidencial en convocar, dialogar, realizar grupos focales… con todos los agentes del sistema de salud, bajo la premisa que una rectoría fuerte no excluye, sino que se complementa con los acuerdos y la coordinación de los distintos niveles de gobernanza dentro del sistema de salud.

En este escenario de rectoría y gobernanza, las autoridades de salud deben cumplir en beneficio de la población, las funciones esenciales de la salud pública de que habla la Organización Panamericana de la Salud y encontrar solución a los conflictos que suelen presentarse entre los actores del sistema, en razón de sus intereses económicos particulares.

La experiencia de Fajardo en la alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquia, lo perfilan como el mejor candidato para liderar y tomar las decisiones necesarias para superar la crisis y hacer una reforma.

Una agenda con control, trazabilidad y programas regionales

Tanto la rectoría como la gobernanza del sistema de salud tendrán un papel determinante en el gobierno de Sergio Fajardo, en el nivel nacional, regional y municipal. Estarán basadas en criterios e indicadores de desempeño, trazabilidad y transparencia.  Rectoría y gobernanza tendrán su mejor expresión en la creación de la Agencia Nacional Anticorrupción en Salud y en los programas especiales para las regiones más pobres y vulnerables, empezando por Cauca, Catatumbo y Chocó.

En palabras de Fajardo, la meta es: “Mejorar el rol del Estado como ordenador y rector del sistema de salud y garante último de la consagración del goce efectivo del derecho a la salud”.

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En materia de salud, la responsabilidad por la dirección, control y vigilancia del servicio público esencial recae en el Gobierno nacional y, específicamente, en los funcionarios encargados de administrarlo. Por ello, resulta particularmente grave que quienes tienen a su cargo esa conducción hayan optado por revictimizar a un paciente frente a una deficiencia del sistema que ellos mismos dirigen.

Resulta incongruente -aunque no sorprendente- que el Gobierno nacional reproche y culpabilice, por una muerte evitable, a la madre de un menor que sufrió un accidente y falleció por la falta de un medicamento. De paso, se reprocha también al niño por hacer lo que cualquier niño desea hacer: jugar y divertirse. Existen, al menos, tres circunstancias que contradicen las afirmaciones oficiales.

La primera es que, si bien la Constitución de 1991 consagra el deber de cuidar la salud, en materia de atención y prestación del servicio no existe la figura de la exclusión de atención del paciente. Independientemente de que una persona se exponga a un riesgo y de que, como consecuencia de este, se produzca un evento adverso que comprometa su bienestar o su vida, el sistema debe propender por ofrecer una atención integral y completa. En Colombia no existe el abandono del paciente por un riesgo atribuible a él mismo. Además, las afirmaciones relacionadas con la bicicleta han sido ampliamente rebatidas.

La segunda circunstancia es que, en el ámbito del derecho médico, existe la figura de la pérdida de oportunidad. Esta consiste en la supresión, como consecuencia de un error en la atención en salud, de la posibilidad de que el paciente conozca si un tratamiento habría sido efectivo. Esa oportunidad fue eliminada por el sistema y, en particular, por la EPS intervenida por el Gobierno -sobre cuya administración, además, se han suscitado dudas en torno a la designación de sus interventores, en un contexto que evidenció desorden institucional cuando dos funcionarios se atribuyeron mutuamente la responsabilidad-. En consecuencia, nunca se sabrá si Kevin habría vivido, por cuánto tiempo, qué habría sido en su adultez, cómo habría sido su vida o si su calidad de vida habría mejorado.

La tercera consideración es aún más evidente: se trata de un niño, cuyos derechos prevalecen, como lo establece el artículo 44 de la Constitución de 1991. El derecho a la salud también está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y ha sido reiterado en abundante jurisprudencia constitucional, que recuerda el deber de eliminar las barreras administrativas que impidan la garantía y el goce efectivo del derecho, tanto en la prevención como en la atención y paliación de la enfermedad.

Finalmente, las expresiones ligeras a que nos tienen acostumbrados desde la dirección del sistema, el silencio de la EPS, la crisis de medicamentos y la administración estatal de una entidad que, lejos de resolver sus dificultades, las profundizó, evidencian que la voluntad política -tristemente denominada como el “chuchuchú”- puede imponerse al ejercicio del control ciudadano y al ejercicio de los derechos fundamentales. Resulta inquietante que un sistema que muchos considerábamos deficiente haya podido deteriorarse aún más bajo la promesa de su transformación. El sistema ya era malo y no creíamos que podría a ser peor.

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Un plan técnico para recuperar el sistema

Sergio Fajardo presentó una hoja de ruta enfocada en devolver estabilidad al sistema de salud y recuperar la confianza entre pacientes, prestadores y aseguradores. Propuso auditorías externas y otras medidas para garantizar el flujo y el control de los recursos.

Durante el encuentro explicó que su equipo con base en un diagnóstico detallado de la crisis actual ha formulado una serie de medidas para restablecer el orden en el hoy caótico sistema de salud. Señaló la falta de información transparente sobre el estado real de las EPS, el desbalance en la Unidad de Pago por Capitación, UPC y el deterioro institucional. Su plan plantea recalcular los valores de la UPC con base en datos verificables y crear un sistema de información que permita seguimiento público de cada peso destinado a la atención.

También anunció que, desde el primer día de gobierno, instalará un Puesto de Mando Presidencial para la Salud, un mecanismo que concentrará decisiones urgentes y coordinación directa con los ministerios, las entidades territoriales y los prestadores de servicios médicos. El propósito es atender de manera inmediata las fallas críticas del sistema y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Equipo de salud y enfoque técnico

El programa fue diseñado por un grupo con trayectoria en gestión pública, investigación y atención directa en salud. Lo integran Luz María Agudelo, exsecretaria de Salud de Medellín y Antioquia, con experiencia en fortalecimiento hospitalario; Bernardo Useche, presidente del Centro de Estudios del Trabajo -Cedetrabajo, experto en Salud pública y salud mental; Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, con énfasis en evaluación de políticas; y Víctor Correa, médico y exrepresentante a la Cámara, con experiencia en atención primaria y gestión territorial, Arturo Montejo, médico y académico experto en medicina familiar; Marcela Garcés, médica y especialista en salud pública; Javier Criales, expresidente de la Asociación Colombiana de pediatría y Ángela Molina, bacterióloga y epidemióloga.

Entre las primeras acciones, propuso una auditoría independiente a todas las EPS intervenidas y al régimen de salud del magisterio. El objetivo es aclarar el uso de los recursos, las responsabilidades financieras y las obligaciones pendientes con hospitales y trabajadores. Al igual que conocer las razones del dramático incremento de la negación de servicios a los usuarios e identificar las principales barreras asociadas con el acceso a medicamentos.

Fajardo indicó que su plan prioriza la reapertura de servicios cerrados en urgencias, pediatría y salud mental. Estas medidas buscan restablecer la atención básica, reducir los tiempos de espera y garantizar cobertura efectiva en regiones con mayor déficit.

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Una presentación ante todos los actores del sistema

La convocatoria reunió a los principales sectores del sistema, con el propósito de compartir los fundamentos técnicos de la propuesta y abrir un proceso de diálogo estructurado.

Fajardo explicó que el sistema no atraviesa una crisis coyuntural, sino un deterioro acumulado que exige orden administrativo, información verificable y gestión sostenida.

Durante su intervención, afirmó que el sistema colombiano arrastra una crisis financiera y de confianza que se refleja en la falta de liquidez, el cierre de servicios y la inequidad territorial. Mencionó que las autoridades desconocen la información real sobre el estado de las EPS y sobre el uso de los recursos públicos en salud, lo que impide tomar decisiones acertadas.

De acuerdo con el documento presentado, la propuesta se desarrollará por etapas. Los primeros cien días estarán dedicados a la estabilización financiera y a la reapertura de servicios básicos. Entre 2026 y 2027 se formulará el plan nacional de desarrollo con el fin de sentar las bases de un nuevo modelo de salud concertado con todos los actores. En la última fase, entre 2028 y 2030, se implementarán los mecanismos acordados para restructurar y saldar la deuda con los hospitales. El enfoque busca mantener la rectoría estatal del sistema de salud.

Respaldo en su experiencia de gestión

Sergio Fajardo respaldó la propuesta en su experiencia como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Recordó que en ambos cargos aplicó políticas de transparencia, control de recursos y fortalecimiento de la red pública hospitalaria. En su exposición, afirmó que la gestión en Antioquia permitió sanear hospitales y firmar pactos de transparencia con los municipios.

Se mejoró la cobertura de atención primaria, se impulsaron equipos básicos de salud, se fortalecieron los hospitales departamentales y se crearon espacios de seguimiento financiero entre autoridades locales. Fajardo dijo que ese modelo demostró que es posible administrar los recursos públicos con rigor y participación ciudadana.

“En Antioquia no se pierde un peso”, repitió, retomando una frase que lo acompañó en sus anteriores gobiernos. Añadió que el mismo principio regirá la gestión nacional en salud durante su Presidencia.

Una propuesta con cooperación y concertación

El programa presentado busca integrar a todos los actores del sistema. Fajardo insistió en que el sector necesita cooperación, no fragmentación, y que la recuperación de la confianza depende de la participación de cada institución en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Durante el evento, reiteró que el deterioro institucional no se resuelve con confrontación política, sino con planificación, consenso técnico y cumplimiento. Llamó a los gremios, las EPS, los hospitales y los trabajadores del sector a participar en la construcción de soluciones comunes.

Los principales representantes de los gremios del sector salud que asistieron al encuentro resaltaron lo valioso de la convocatoria y la disposición de Sergio Fajardo para escuchar a todos los actores del sistema. Coincidieron en que la reunión marcó una diferencia frente al clima de confrontación que domina la discusión nacional, pues el Fajardo optó por construir su propuesta mediante cooperación y concertación técnica. Destacaron que el diálogo abierto con hospitales, EPS, farmacéuticas, trabajadores y pacientes es el camino para recuperar la confianza y avanzar hacia soluciones reales para el sistema de salud.

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Usuarios del Hospital San Félix exige soluciones a la crisis hospitalaria en Caldas

En el documento, veedores y líderes de la comunidad denunciaron la degradación del sistema de salud en Caldas y la amenaza de colapso del principal centro hospitalario del Magdalena Medio.

La misiva detalló cómo las citas con médicos generales pueden tardar hasta ocho días y las de especialistas varios meses, incumpliendo lo dispuesto por la normativa que exige plazos de tres y cinco días. Denunció también que los medicamentos formulados nunca se entregan completos, obligando a los pacientes a costear de su bolsillo tratamientos esenciales. La carta agregó que las EPS no cubren los traslados de pacientes remitidos a otras ciudades, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordena, y que incluso se niegan fármacos vitales para la hipertensión, la diabetes o enfermedades renales.

Un hospital ahogado por las deudas

El documento recordó que la deuda de las EPS con el Hospital San Félix ya supera los 40 mil millones de pesos, mientras que en todo Caldas el saldo pendiente asciende a más de 400 mil millones. Esa carga financiera ha obligado al cierre de servicios en varias instituciones y amenaza la supervivencia de la ESE San Félix, que sostiene la atención de cerca de 500 mil habitantes del Magdalena Medio.

La crisis se agudizó con la intervención de la Superintendencia de Salud a la Nueva EPS. Según los usuarios, lejos de mejorar, la situación se deterioró: los atrasos en los pagos crecieron y se disparó el riesgo de un efecto dominó que pondría en jaque a toda la red hospitalaria del departamento.

La voz de los usuarios en las calles

Antes de que la carta fuera radicada, las asociaciones de usuarios ya habían salido a las calles. El 29 de agosto realizaron un plantón frente a la sede de la Nueva EPS en La Dorada. “Estamos en una emergencia porque el hospital vive de vender servicios a las EPS y estas no están pagando, particularmente la Nueva EPS. Llamamos al Gobierno nacional a que pague esta astronómica deuda”, expresó Eduardo Muñetón Bustamante, presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital San Félix.

La protesta fue descrita como un acto pacífico y democrático para defender el derecho a la salud. Con megáfonos y pancartas, los doradenses se reunieron a exigir respuestas, convencidos de que el deterioro del hospital refleja el abandono estatal y la indiferencia frente a una comunidad que se siente condenada a un nuevo “paseo de la muerte”.

Cronología de una crisis anunciada

San Félix, en caída desde marzo

El deterioro del Hospital San Félix no comenzó en septiembre. En un comunicado del 17 de marzo, la gerencia señaló que la deuda exigible y conciliada de la Nueva EPS alcanzaba los 25 mil millones de pesos. Ese mismo documento exigía un giro inmediato de 10.376 millones para poder sostener los servicios básicos, advirtiendo que la situación financiera había llegado a un límite. Sin embargo, este valor era sólo una parte de la cartera.

Pero la deuda con el Hospital podría ser mayor. Un informe de cartera publicado en el mes de mayo mostró que las cuentas por cobrar de la institución superaban los 48.200 millones de pesos. De ese total, 31.823 millones correspondían a la Nueva EPS, equivalentes a dos de cada tres pesos adeudados. Esa cifra incluía servicios facturados, pero aún sin pago, muchos en proceso de conciliación o con glosas pendientes. A la deuda de la Nueva EPS se sumaban 5.095 millones de Asmet Salud, 2.355 millones de Famisanar y montos menores de otras entidades. La administración advirtió que más del 60 % de esas cuentas llevaba más de 90 días vencida, lo que comprometía la atención de miles de usuarios, pues los pagos mínimos recibidos no alcanzaban para sostener servicios de mediana y alta complejidad.

Agosto: la suspensión de servicios

El 22 de agosto, un nuevo comunicado del hospital informó que la deuda reconocida con la Nueva EPS había llegado a los 26 mil millones y que la falta de recursos comprometía la atención crítica. “La salud de nuestros pacientes no puede depender de pagos mínimos ni de la desatención financiera por parte de la EPS”, advirtió la institución.

El 25 de agosto se materializó lo que parecía inevitable: el Hospital San Félix suspendió los servicios a más de 48 mil usuarios de la Nueva EPS en La Dorada. A esa crisis se sumaron la Clínica Avidanti en Manizales, el Hospital Universitario de Caldas, que también cerraron atención a la aseguradora. En conjunto, tres de las principales instituciones del departamento dejaron de recibir pacientes por la imposibilidad de cubrir los costos básicos.

Septiembre: efecto dominó en Caldas

La crisis del San Félix provocó un traslado masivo de pacientes hacia Manizales. El Hospital Santa Sofía reportó una sobreocupación de más del 200 por ciento en sus servicios de urgencias, lo que agravó la situación de la red hospitalaria del departamento. La Territorial de Salud anunció un plan de contingencia para mitigar los efectos, pero los usuarios denunciaron que las medidas eran insuficientes y que los servicios seguían colapsados. El 16 de septiembre la Alcaldía de Manizales informó que el Hospital Infantil Rafael Henao Toro de Manizales, también se uniría a la lista de instituciones que le cerraron las puertas a los usuarios de la Nueva EPS.

La Nueva EPS bajo intervención

Mientras los hospitales se ahogan, la Nueva EPS sigue bajo control de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, auditorías recientes revelaron un deterioro mayor. Un informe de la Contraloría documentó anticipos pendientes por 15,27 billones de pesos, 22 millones de facturas sin auditar, 9 millones de ellas repetidas, y deudas hospitalarias por más de 21 billones.

Pese a esas cifras, el presidente Gustavo Petro insistió en su alocución del 12 de septiembre en que no rescataría a las EPS. “La Nueva EPS ha tenido, casi desde el primer día, una historia de robo. No voy a salvar las EPS, que la Comisión Séptima mire a ver”, declaró en cadena nacional.

Mientras el Gobierno  descarga la responsabilidad en el Congreso, la gente de La Dorada sigue esperando una cita médica, un medicamento o un traslado que nunca llegaba.

La distancia entre Bogotá y La Dorada

Para los usuarios del Hospital San Félix, no se trata de salvar a las EPS, sino de salvar vidas. La gente no espera discursos ni excusas: necesita médicos, medicamentos y transporte para ser atendida. La comunidad percibe que, mientras el gobierno de Gustavo Petro se enreda en debates políticos, en Caldas se mueren personas que pudieron recibir atención a tiempo.

El costo humano de la crisis hospitalaria

Vidas en suspenso en La Dorada

En La Dorada, conseguir una cita médica se convirtió en una carrera contra el tiempo. Los usuarios relatan que deben esperar semanas para un médico general y meses para un especialista, a pesar de que la norma exige plazos de tres y cinco días. Cada retraso aumenta el riesgo de complicaciones, y muchas veces las enfermedades se agravan hasta volverse irreversibles.

Medicamentos incompletos y tratamientos interrumpidos

La carta enviada al gobernador describe cómo, de los cuatro o cinco fármacos recetados, los dispensarios entregan solo dos o tres. Lo que falta debe pagarse del bolsillo de cada familia o simplemente se deja de tomar. Ese vacío en los tratamientos ha conducido a recaídas y fallecimientos que los usuarios consideran evitables.

El “paseo de la muerte” en Caldas

Cuando los pacientes son remitidos a otras ciudades, la situación se agrava. Las EPS no reconocen el transporte del enfermo ni del acompañante, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordena. Quienes no tienen recursos deben aplazar o renunciar a la atención, lo que convierte el traslado en un nuevo “paseo de la muerte” para los habitantes de La Dorada y el Magdalena Medio.

Un hospital sin oxígeno financiero

Mientras tanto, el Hospital San Félix, que debería ser el soporte del oriente de Caldas, sobrevive con una deuda que supera los 40 mil millones de pesos. La institución cerró servicios en varias áreas y funciona en estado de precariedad, lo que pone en riesgo a los cerca de 500 mil habitantes que dependen de él.

Radiografía del desorden nacional

La crisis de la salud en Caldas es una radiografía del desorden nacional. La intervención de la Nueva EPS no ha mejorado la situación, y los hospitales están al borde del colapso. Los usuarios del San Félix, respaldados por cientos de firmas y movilizaciones, han dicho basta. El llamado es directo al gobernador y al Gobierno nacional: actuar ya o asumir la responsabilidad por cada vida perdida en este laberinto hospitalario.

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La Contraloría advirtió el 9 de septiembre que la Nueva EPS acumula anticipos sin legalizar por más de 15 billones, facturas sin auditar por 22 billones y deudas con hospitales que comprometen la sostenibilidad del sistema. Tres días después, en alocución presidencial, Gustavo Petro insistió en culpar al pasado, pero los datos revelan un deterioro bajo su propia intervención.

Petro eludió responder a los hallazgos que generaron alerta de la Contraloría sobre la crítica situación administrativa y financiera de la Nueva EPS.
El presidente Petro, en su alocución del 12 de septiembre, recalcó que “la Nueva EPS ha tenido, casi desde el primer día, y casi desde su primera afiliación, una historia de robo” y que se ha cometido fraude con la salud del pueblo. No hay duda de que la historia de corrupción en las EPS es larga y que la Fiscalía deberá definir responsabilidades. Pero el punto que no puede pasar desapercibido es otro: los hallazgos más recientes de la Contraloría prueban que el deterioro se ha profundizado durante el año y medio en que la Nueva EPS ha estado bajo intervención del propio gobierno.

Aunque el informe completo de la Contraloría no se ha dado a conocer al público, en su comunicado del 9 de septiembre, el ente de vigilancia describió un panorama alarmante:

• Anticipos pendientes por legalizar: de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y a $15,27 billones en el primer semestre de 2025.
• Facturas sin auditar: 22,7 millones de registros por $22,1 billones, de los cuales 9,1 millones eran repetidas.
• Cuentas por pagar: $21,37 billones a marzo de 2025.
• Reservas técnicas: subestimadas en $11,1 billones.

Estas cifras no se refieren al pasado remoto de la Nueva EPS ni a la herencia de gobiernos anteriores. Son la radiografía de lo ocurrido bajo el control directo del gobierno nacional desde abril de 2024, cuando la Superintendencia de Salud intervino la entidad. Es aquí donde el discurso presidencial evade la realidad: Petro atribuye el desastre exclusivamente al pasado, pero los números muestran que el desgreño administrativo y financiero se disparó durante su propia gestión.

El espejo de los reclamos de los usuarios

Si las cifras contables de la Contraloría ya eran alarmantes, los datos de la Supersalud completan el cuadro. Entre enero y junio de 2024, la Nueva EPS registró 153.425 reclamos en el régimen contributivo. Un año después, en el mismo período, ya en plena intervención, la cifra saltó a 179.666. En el régimen subsidiado ocurrió lo mismo: de 53.110 quejas en 2024 a 64.750 en 2025.

Es decir, mientras el presidente solo mira al pasado como responsable del saqueo, los afiliados viven un presente de mayor frustración. La intervención del gobierno central no redujo las quejas: por el contrario, las disparó.

Esto debería preocupar al gobierno al igual que cualquier balance maquillado en el pasado. Porque no se trata solo de cifras contables sino de ciudadanos que enfrentan demoras en citas, falta de medicamentos y hospitales ahogados por cuentas impagas. Que una EPS bajo control estatal acumule más reclamos que en los años previos, muestra que la crisis de gestión no se ha corregido; se ha agudizado.

La Resolución 70646 y el riesgo fiscal

El 21 de agosto de 2025, la Superintendencia de Salud expidió la Resolución 70646, modificando los estatutos de la Nueva EPS. A primera vista, se trata de un ajuste técnico que flexibiliza las reglas para la emisión y cesión de acciones. En la práctica, es un paso decisivo para que el gobierno pueda convertirse en accionista mayoritario.

Hoy, el Estado controla el 49,9 % de las acciones, mientras que las cajas de compensación suman el 50,1 %. Con la nueva norma, el gobierno podría hacerse con el control mayoritario o total de la Nueva EPS. No parece ser la medida más oportuna en un momento en que, bajo la Superintendencia de Salud, la Nueva EPS se encuentra al borde del abismo administrativo y financiero.

La responsabilidad de resolver la crisis actual de la Nueva EPS es toda de quien gobierna, independientemente de que haya recibido un lastre de las administraciones anteriores. La Resolución abre la puerta a un riesgo fiscal aún mayor al que la entidad está abocada hoy, sin que se haya intentado siquiera resolver primero sus fallas estructurales. La alerta de la Contraloría debe ser atendida y la solución a las barreras de acceso a los servicios de salud que padecen los 11,5 millones de afiliados a la Nueva EPS como consecuencia de los hallazgos reportados en el informe del ente de vigilancia y control debe ser la prioridad.

La reforma como condición y el enigma de las deudas hospitalarias

En su alocución del 12 de septiembre, Petro fue claro: “señores de la comisión séptima del Senado pueden decidir, mientras ustedes deciden las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar”.  La frase no es menor. Significa que, en el fondo, el presidente condiciona la solución de la crisis de la Nueva EPS y de todo el sistema a la aprobación de su reforma de salud, que apenas inicia trámite en la Comisión Séptima del Senado de la República. El problema es que el presidente Petro no tiene asegurada la mayoría de votos en el Senado, y mientras tanto, la crisis sigue impactando a los usuarios. Lo que debería ser una responsabilidad inmediata del Ejecutivo se traslada al terreno incierto del debate legislativo.

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Al mismo tiempo, los números no cuadran. Según la Contraloría, a marzo de 2025 la Nueva EPS acumulaba deudas con hospitales y prestadores por $21,37 billones. Esto ocurre en un contexto en el que la ADRES asegura que gira oportunamente y por giro directo el valor de la UPC. Para este año, con cerca de 11,5 millones de afiliados y una UPC anual fijada en $1.521.489,60 (contributivo) y $1.323.403,20 (subsidiado), la Nueva EPS debería recibir aproximadamente $16 billones.

¿Cómo explicar entonces que, con semejante flujo de recursos, las deudas a hospitales no disminuyen sino que crecen?

Hay dos lecturas posibles: o la gestión de los recursos es tan deficiente que se transforman en anticipos no legalizados y facturas represadas, o existe un manejo opaco que desvía parte de esos giros sin traducirse en pagos efectivos a los prestadores.

En cualquier caso, la conclusión es la misma: los hospitales se asfixian financieramente, carecen de liquidez y se ven obligados a cerrar servicios o dejar de prestarlos a una Nueva EPS que no les paga. Difícil de creer, pero mientras el Ministro de Salud repite una y otra vez que la plata sí alcanza y que los recursos son girados oportunamente desde la ADRES, los pacientes continúan enfrentando barreras de acceso y sufriendo muertes evitables.

Responsabilidad y cuentas claras

Petro insiste una y otra vez en que heredó un sistema saqueado. Esa afirmación tiene algún sustento pero es sesgada, puesto que también hay un legado de 30 años de un sistema de aseguramiento cuya eliminación improvisada, sin que existan condiciones para reemplazarlo, solo traería más problemas. La historia de corrupción en las EPS y demás agentes del sistema de salud es larga y la Fiscalía debe llegar hasta el final. Pero el comunicado de la Contraloría del 9 de septiembre dejó claro algo que no admite excusas: La crisis de la Nueva EPS se ha agravado bajo la intervención del gobierno.

Las cifras de la Nueva EPS son contundentes: anticipos sin legalizar por $15,27 billones a junio de 2025, 22,7 millones de facturas pendientes por $22,1 billones —9,1 millones repetidas—, cuentas por pagar por $21,37 billones y reservas técnicas subestimadas en $11,1 billones. El desproporcionado incremento en estas cifras ocurrió después de abril de 2024, cuando el gobierno asumió el control directo de la Nueva EPS.

La Contraloría resume con precisión su diagnóstico: “La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud”.

La voz de los usuarios no deja dudas: las quejas, como ya se anotó, crecieron tanto en el régimen contributivo (de 153.425 a 179.666) como en el subsidiado (de 53.110 a 64.750) en el último año. La intervención no redujo los reclamos, los aumentó.

Mientras tanto, la Resolución 70646 del 21 de agosto de 2025 flexibiliza los estatutos de la Nueva EPS para que el gobierno adquiera la mayoría accionaria sin haber corregido los problemas estructurales de gestión.

En conclusión, la Contraloría probó que la intervención no ha ordenado la casa. Al contrario, la Nueva EPS en 2025 ha agudizado su crisis financiera, ha multiplicado las barreras de atención en salud a sus afiliados y terminado por profundizar los obstáculos para una solución política a la necesaria reforma a la salud. La Fiscalía deberá perseguir el delito, ayer y hoy. La Contraloría tendrá que activar la responsabilidad fiscal donde haya mérito. Al gobierno, antes que imponer su modelo de reforma a la salud a retazos mediante decretos y resoluciones, adelantándose a si el Senado de la República la apruebe tal y como el presidente quiere, le corresponde demostrar con hechos que puede frenar la hemorragia financiera y administrativa. País que respeta su sistema de salud no posterga el llamado a responder a incendios: primero los apaga.

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La Ley 100 introdujo como actores principales en el sistema a las EPS y el modelo de aseguramiento social en salud. En el panorama que se avecina luego del desbarajuste ocasionado con la política implementada por el presidente Petro y sus ministros de salud, las multinacionales farmacéuticas representadas por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO, buscan jugar un rol preponderante en el nuevo sistema de salud que termine por configurarse.

 El objetivo va más allá: “… consolidar a Colombia como un hub regional de investigación” en América Latina. El interés de la industria farmacéutica en este empeño se basa en el hecho de que el mercado farmacéutico latinoamericano es uno de los de mayor crecimiento en el mundo con una población creciente de 660 millones adultos mayores. Interés incentivado por las recientes órdenes ejecutivas expedidas por el presidente Trump con el propósito de acelerar la producción de nuevas medicinas y disminuir los precios de los medicamentos en Estados Unidos, lo que obliga a las grandes farmacéuticas a aumentar los precios y los mercados en el exterior (Executive Order 14273 of April 15, 2025; Executive Order 14293 of May 5, 2025 – Executive Order 14297 of May 12, 2025)

El papel del Banco Mundial

 Si en 1993 la reforma neoliberal de salud en Colombia en beneficio de las compañías aseguradoras en salud fue diseñada por el Banco Mundial, hoy, el Banco ha definido también las líneas centrales de la política de participación de las gran industria farmacéutica en los sistemas de salud en América Latina y el Caribe: 1) Obtener mayor contratación pública que conlleve incremento de compras de sus medicamentos con recursos del Estado, 2) Mantener las normas de propiedad intelectual que protegen las patentes de sus productos farmacéuticos y 3) Aumentar exponencialmente el número de ensayos clínicos que generen nuevos medicamentos y otras tecnologías de salud patentables.

 Las orientaciones del Banco Mundial se han materializado en una estrategia formulada por la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, organización que agrupa “empresas farmacéuticas multinacionales líderes” y que actualmente está bajo la dirección de Yaneth Giha, exdirectora de AFIDRO y Ministra de Educación en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos.

Aseguradoras y farmacéuticas

 El propósito de los grandes laboratorios y compañías farmacéuticas es en primer lugar, articularse a los sistemas de salud y elevar las ventas de sus medicamentos y tecnologías con cargo a los recursos del Estado. Otro documento de la federación es claro al respecto: “El llamado que hacemos desde FIFARMA (…) es que los gobiernos de la región pongan en marcha planes de incremento en sus presupuestos para el sector salud”.

 Aseguradoras y farmacéuticas coinciden en que se aumente el presupuesto general en salud, pero tienen entre sí una contradicción económica. A mayor gasto en medicamentos menor presupuesto disponible para el aseguramiento. En la superficie se clama por el aumento del financiamiento público de la salud y de la UPC para responder a las tutelas, quejas y reclamos de la población, lo cual tiene sentido en la crisis actual de la salud, profundizada en el presente gobierno.

En el fondo, las casas farmacéuticas se aprestan a competir con las aseguradoras por un mayor monto de los recursos del Estado. Esto implica una disputa por los servicios y tecnologías que se incluyan en el plan de beneficios y que se contraten con hospitales y clínicas. A propósito, un riguroso estudio reciente del sistema de salud de Taiwán encontró que a medida que, con recursos del Estado, aumentaron las ganancias de las farmacéuticas, más se afectó la estabilidad financiera de los hospitales.

Más ensayos clínicos en Latinoamérica, parte de la estrategia global de frenar a China

 En este contexto, las multinacionales farmacéuticas han lanzado un plan para convertir a Colombia en tierra fértil que produzca un “crecimiento exponencial” de los ensayos clínicos con los que la industria crea productos farmacéuticos de “innovación” cuyas patentes garantizan altísimos precios y monopolios en el mercado.

 No extraña entonces que el Dr. Ignacio Gaitán, presidente actual de AFIDRO, haya declarado que: “América Latina podría cuadruplicar su participación en estudios clínicos”.  Este plan de expansión de los estudios clínicos en los que se evalúa si un nuevo medicamento tiene efecto preventivo o curativo (eficacia), y si no produce efectos adversos de consideración para la salud de los participantes (seguridad), se encuadra en el reconocimiento por parte de la industria de que “la investigación clínica es una actividad altamente competitiva, que se desarrolla en un entorno global”.

 En particular, para las multinacionales norteamericanas incrementar el número de ensayos clínicos en Latinoamérica se inscribe en la estrategia global de la industria de frenar el avance de China en la Investigación y Desarrollo (I & D) de productos farmacéuticos innovadores.

 En el período 2000-2004, el número de ensayos clínicos iniciados en China (274) fue 40 veces menor que los estudios emprendidos por Estados Unidos (11.830). En el período 2020-2024, Estados Unidos inició 48.192 ensayos clínicos, solo dos veces el número de los estudios iniciados por China (23.137). De continuar su ritmo de crecimiento, China será en corto tiempo el país a la vanguardia en la investigación farmacéutica, lo que tendrá un gran impacto en el mercado global a mediano plazo.

Evolución de los estudios clínicos iniciados en USA, CHINA y América Latina del 2000 hasta 2024

Fuente: Gráfico adaptado por La Tribuna – tomado de Informe FIFARMA – mayo 2025

Las grandes farmacéuticas consideran que Colombia y otros países latinoamericanos ofrecen condiciones muy favorables para su política de competir con China en la investigación de nuevos productos. El gasto público en salud crece, la población es étnicamente y racialmente diversa, el sistema de salud cubre la casi totalidad de la población, los costos de los ensayos clínicos son muy inferiores a los realizados en Europa o Norteamérica.

El gobierno de Gustavo Petro ha visto con buenos ojos el posicionamiento de las multinacionales en el país. Un documento del Ministerio de Salud de 2023 lo plantea: “En Colombia, la investigación clínica patrocinada por la industria farmacéutica ha ido avanzando en los últimos 30 años, posicionándose en el cuarto lugar en Latinoamérica y siendo uno de los países de gran interés por parte de la industria gracias a la infraestructura, calidad de los profesionales de la salud y cobertura del sistema de salud”.

 En consonancia con el Ministerio, el mes de mayo pasado, María Fernanda Velasco, directora médica de Pfizer Colombia informó: “Pfizer ha invertido más de 524.5 millones de dólares en investigación clínica desde 2020, posicionando la región como un punto estratégico para la validación científica de tratamientos innovadores para enfermedades complejas que afectan a muchas personas”. La Doctora Velasco agregó que Pfizer cuenta con más de 300 centros de investigación en Brasil y más de 250 en otros países de la región, incluyendo a Colombia. 

El papel de los Comités de Ética en Investigación

Ahora, multiplicar de manera expedita los ensayos clínicos requiere que los estudios obtengan rápida aprobación por Comités de Ética de la Investigación (CEI).  Estos comités surgieron luego de constatarse la comisión de delitos atroces en los experimentos médicos con prisioneros en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.

Abusos con los participantes en estudios clínicos en campos de concentración en la Segunda guerra Mundial

Posteriormente, en distintos momentos de la historia se ha documentado la existencia de condenables abusos con personas incluidas en diversos estudios clínicos (ver Tabla). Se hizo entonces necesario formular criterios y normas éticas y crear los CEI para garantizar la protección de las personas o pacientes participantes en este tipo de estudios.

Casos emblemáticos de medicamentos retirados del mercado por efectos adversos graves

Las compañías transnacionales de productos farmacéuticos consideran que el funcionamiento de los CEI es lento, que los criterios y normas éticas reguladoras de la investigación clínica se deben unificar internacionalmente y en últimas, que la aprobación de los ensayos debería hacerse en el país “por parte de un único comité”.

La propuesta se orienta a que los CEI sean reemplazados por Organizaciones de Investigación por Contrato o CROs por sus iniciales en inglés (Contract Research Organizations), compañías privadas afines a los intereses de la gran industria farmacéutica.

Los CEI no están exentos de problemas. Un estudio en ocho países latinoamericanos, que hicimos bajo la dirección de Nuria Homedes y Antonio Ugalde, encontró que, tanto en Colombia como en la región, los comités adolecen de falencias que debilitan su función protectora de los participantes, están expuestos a conflictos de interés con los patrocinadores y tienden a no dar prioridad a proyectos de investigación dirigidos a resolver las necesidades de salud de las poblaciones locales.

Sin embargo, un fuerte sistema de comités de ética independientes de la industria, centrado en la protección de los pacientes y en un conocimiento científico que ofrezca garantía de la seguridad y eficacia de los medicamentos investigados, podría dar mejores resultados que comités con protocolos orientados a favorecer la inversión de las multinacionales.

El dilema de Petro, del lado de las transnacionales o de la industria farmacéutica nacional

El gobierno a través del INVIMA convocó a la Primera Mesa Nacional de Investigación Clínica el pasado 11 de junio donde AFIDRO compartió su política de dar pasos adelante en posicionar al país como un hub en América Latina para el desarrollo de medicamentos que puedan ser patentados por las multinacionales farmacéuticas.

La gran industria farmacéutica debe mantener un lugar importante en el sistema de salud colombiano, pero la industria farmacéutica nacional debe fortalecerse.  Las decisiones que se tomen sobre los CEI y las condiciones en que agilicen los trámites del INVIMA y la regularización de los ensayos clínicos van a definir el nivel de incidencia de las multinacionales en el sistema de salud colombiano. Es una prioridad que se revise el capítulo 16 del TLC con Estados Unidos sobre propiedad intelectual. Es fundamental que la investigación clínica con recursos públicos conduzca a productos con patentes nacionales. Es el único camino para que Colombia se ubique en la senda de la seguridad y la soberanía farmacéutica.

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Auditoría de la Contraloría al FOMAG evidencia deterioro del servicio y desvíos financieros en el nuevo modelo de salud

La promesa gubernamental de mejorar la atención médica del magisterio terminó convertida en un costoso experimento fallido. Así lo demostró la auditoría financiera publicada por la Contraloría General de la Nación el 3 de julio de 2025, tras examinar la gestión fiscal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) durante 2024.

El documento reveló 21 hallazgos, de los cuales siete tienen incidencia fiscal, tres con posible connotación penal y veinte posibles faltas disciplinarias. La cifra de hallazgos fiscales alcanza los $81.593 millones. Los tres componentes auditados fueron pensiones, cesantías y servicios de salud, incluyendo la implementación del nuevo modelo impuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La investigación abarcó tanto el funcionamiento del sistema tradicional como el modelo instaurado en mayo de 2024. Este último fue presentado como una alternativa eficiente, pero según el informe, agravó la situación financiera y administrativa del FOMAG.

Contratación improvisada y sin respaldo presupuestal

Entre los hallazgos más delicados figura la omisión del Certificado de Registro Presupuestal (CRP) en el cierre de 2024, lo que dejó $75 mil millones en obligaciones sin respaldo legal. En 13 contratos por cerca de $525 mil millones, la ejecución inició sin CRP. Otros 52 contratos, por $648 mil millones, carecían de acta de inicio; seis contratos más, por $168 mil millones, no contaban con garantías.

La Contraloría también advirtió que el contrato 12076-024-2024, firmado inicialmente por $31 mil millones, terminó ampliándose a más de $776 mil millones sin liberación oportuna de los saldos iniciales, lo cual “evidencia un alto grado de improvisación en la contratación de servicios médicos”.

Para Bernardo Useche, director del equipo de salud de Cedetrabajo, “los hallazgos de la Contraloría confirman que el nuevo modelo de salud que los ministros de Petro en el Consejo Directivo del FOMAG impusieron al magisterio, con el beneplácito de la mayoría de los directivos nacionales de FECODE, ha sido un completo fracaso”.

Servicios más costosos y de menor calidad

Según la profe Victoria Avendaño, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, el gasto entre mayo y diciembre de 2024, ya bajo el nuevo modelo, fue de $2.46 billones. Entre enero y abril, el gasto fue de $1.195 billones. Es decir, el modelo nuevo duplicó el gasto en salud en menos de un año, con un sobrecosto acumulado del 44%.

La Fiduprevisora —entidad que administra el FOMAG— solicitó una adición presupuestal de $1.7 billones para 2025. Este dinero se extraería de los excedentes financieros del fondo, que deberían destinarse también a pensiones y cesantías.

“Dedicar todos los excedentes a cubrir estos déficits de salud deja desamparados a todos los demás sectores”, advirtió la profe Vicky. Actualmente hay más de 200 mil solicitudes represadas, entre pensiones de jubilación, sustitución y cesantías definitivas o parciales. En sus palabras, “el servicio médico empeoró y el gasto se disparó”.

Uso irregular de recursos y contratación sin control

Los sobrecostos no son el único problema. La Contraloría identificó pagos de sanciones moratorias por $48.100 millones con recursos del FOMAG, incumpliendo la destinación específica establecida por ley. Esto motivó traslados a la Fiscalía por presunta connotación penal.

Además, la Fiduprevisora firmó 10 contratos de transacción por $1.2 billones sin aprobación del Consejo Directivo, lo que constituye otra violación de los procedimientos legales y será también investigado penalmente.

En el contrato con la UT Riesgos Laborales, se evidenció una adición del 127,6%, superando ampliamente el límite del 50% permitido. En ese mismo contrato, se incumplieron los plazos para el pago de 43 facturas.

FOMAG, escenario de prácticas que el modelo prometía eliminar

Lo más preocupante es que varios hallazgos apuntan a posibles esquemas de corrupción. Según el comunicado de la Contraloría, se recibieron denuncias sobre conformación indebida de grupos empresariales para beneficiar a algunas IPS, creación de sociedades ficticias y transferencia de fondos a empresas en el extranjero.

También se investiga la ejecución de contratos con prestadores no habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Aunque no se ha verificado aún la pérdida efectiva de recursos, la Contraloría considera que se trata de un riesgo latente y recurrente.

Para el Dr. Useche, el informe confirma que “la incompetencia administrativa de los funcionarios petristas asignados a la implementación del nuevo modelo de salud es abismal”.

Repercusiones sobre derechos laborales del magisterio

La utilización de recursos destinados a pensiones y cesantías para cubrir sobrecostos en salud vulnera los derechos laborales de miles de docentes. La sanción moratoria por retraso en el pago de cesantías, por ejemplo, ya ha costado al Estado más de $4.220 millones.

La Contraloría advierte que más de cien solicitudes han llegado desde juzgados administrativos y tribunales exigiendo investigación fiscal por estos retrasos. Las fallas estructurales en la gestión de la Fiduprevisora y las entidades territoriales fueron señaladas con claridad.

El costo político de una reforma improvisada

El gobierno había presentado el nuevo modelo como ejemplo de la transformación que pretendía llevar a toda la red pública. El documento de la Contraloría, sin embargo, muestra que no sólo se repitieron las prácticas que se intentaban erradicar, sino que algunas se profundizaron.

“Hoy no lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría General de la Nación”, recalcó la profe Vicky. Tanto los informes como las cifras coinciden con las alertas tempranas lanzadas por organizaciones sindicales y académicas desde 2023.

El silencio del gobierno tras la publicación del informe ha generado indignación entre los docentes. La expectativa ahora recae sobre la Fiscalía y la Procuraduría, a quienes se trasladaron los hallazgos.

Conclusión técnica del órgano de control

La Contraloría concluyó que las fallas en la implementación del nuevo modelo —como la falta de CRP, la ejecución sin garantías, los pagos sin autorización del Consejo Directivo y el desvío de recursos— configuran responsabilidades fiscales y penales que deben ser esclarecidas.

Desde 2023 hasta la fecha, la entidad ha detectado 61 hallazgos en el FOMAG, de los cuales 23 tienen connotación fiscal por más de $548 mil millones. Otros 54 hallazgos fueron calificados como presuntas faltas disciplinarias, y cuatro tienen posible implicación penal.

Insisto!! hay razones suficientes para que @fecode convoque paro nacional del magisterio en defensa de la Ley 91, el Fomag y el derecho a la salud y la vida.
Son de suma gravedad los hallazgos fiscales de la Contraloría General de la República en el manejo de recursos del @fomag.… pic.twitter.com/ErWgVEqM2H

— Victoria Avendaño (@vikyavenda) July 5, 2025

Razones suficientes para ir a paro nacional

Ante el deterioro del servicio, el desvío de recursos y el silencio institucional, Victoria Avendaño llamó a no ceder ni guardar silencio. “Insisto: hay razones suficientes para que FECODE convoque paro nacional del magisterio en defensa de la Ley 91, el FOMAG y el derecho a la salud y la vida”, afirmó. Para ella, el momento exige acción colectiva, pues los hallazgos fiscales de la Contraloría confirman lo que durante meses se denunció sin respuesta: el modelo impuesto por el gobierno no sólo no resolvió los problemas, sino que los agravó.

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El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0572 el 28 de mayo de 2025, que aumenta las tarifas de retención y autorretención en la fuente a partir del 1 de junio. Esto quiere decir que muchas personas naturales, empresas, cooperativas, clínicas y hospitales tendrán que adelantar una parte del impuesto de renta que pagarían en 2026.

El Gobierno argumenta que no es un nuevo impuesto, sino un mecanismo para que el recaudo ocurra en el mismo año en que se genera el ingreso. Sin embargo, varios sectores lo califican como una reforma tributaria hecha por decreto, que afecta el flujo de caja, la contratación, la producción de alimentos y la operación de hospitales y clínicas.

Golpe directo al campo colombiano

Dignidad Agropecuaria Colombiana calificó el Decreto 0572 como un «garrotazo tributario» al agro. La organización explicó que el gobierno aumentó las tarifas de retención y autorretención y, al mismo tiempo, bajó las bases mínimas desde las cuales se cobra. Esto significa que más campesinos deben pagar anticipadamente el impuesto de renta, incluso sin estar obligados a declarar.

Por ejemplo, antes una compra general estaba sujeta a retención si superaba los $1,34 millones. Ahora basta con una venta de $498.000 para que se cobre. En el caso del café pergamino y en cereza, antes se retenía desde $7,9 millones. Ahora, desde $3,48 millones, duplicando el número de caficultores afectados, sin cambiar la tarifa del 0,5 %.

Esto no solo disminuye los ingresos del productor. También crea un desbalance en el mercado: las cooperativas deben retener y cumplir la norma, mientras que compradores privados, informales o de ocasión no lo hacen. Según Dignidad Agropecuaria, eso deja a las cooperativas en clara desventaja y debilita las estructuras organizadas del campo.

El decreto también afecta a quienes venden leche, maíz, frutas, hortalizas o cualquier producto en pequeña escala. Estos productores ahora quedan obligados a cumplir con trámites tributarios para recuperar lo retenido: inscribirse en el RUT, declarar renta y contratar contadores. Muchos no tienen cómo asumir ese costo ni entienden el proceso.

“La mayoría del campesinado ni factura ni está formalizado. Ahora los quieren obligar a pagar como si fueran empresas grandes. Es una decisión injusta y desconectada del campo colombiano”, dijo Óscar Gutiérrez y añadió “a los campesinos los están castigando por vender su cosecha”.

Clínicas y hospitales sin margen para pagar

El sector salud también quedó atrapado. El decreto sube de 1,1 % a 3,5 % la autorretención en actividades como hospitalización, servicios diagnósticos y terapéuticos, y atención a pacientes con trastornos mentales. Instituciones públicas y privadas deberán pagar más al Estado, aunque no estén recibiendo sus ingresos completos.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) alertó sobre el impacto de esta medida sobre la ya grave situación de iliquidez de las IPS. La cartera por cobrar supera los 20 billones de pesos. Esto pone en riesgo la compra de insumos, el pago de personal y la atención a los pacientes.

En carta enviada al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la ACHC pidió excluir a clínicas y hospitales de este esquema de anticipos. También propuso aplicar medidas para mitigar la crisis, como ampliar el giro directo, capitalizar EPS intervenidas y mejorar el sistema de reclamaciones del SOAT.

Bernardo Useche, director de Salud de Cedetrabajo, afirmó que, “el aumento en las tarifas de retención en la fuente, ordenado por el Decreto 0572, terminará por afectar no solo a los prestadores, sino también a los demás actores del sistema de salud, en especial a los pacientes y usuarios.”

Empresas: menos caja, menos empleo

El nuevo esquema de retención afecta directamente el flujo de caja de las empresas. Ahora deben adelantar pagos sobre ingresos que aún no han recibido. Esto limita su capacidad para invertir, contratar o mantener su operación al día.

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que el decreto le quita liquidez a las empresas sin explicar en qué se gastará el dinero adicional. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo. “Sin caja no hay empresa. Sin empresa no hay empleo. Y sin empleo, no hay país”.

Según Miguel Ángel Rodríguez, director de investigaciones de Cedetrabajo, la medida afecta especialmente a las microempresas, que representan el 93 % del tejido empresarial del país. Muchas no podrán sostenerse si deben pagar impuestos por adelantado, lo que podría llevar a cierres o despidos.

Los alimentos podrían subir de precio

La medida también afectará los precios de la canasta básica. Si el supermercado debe pagar más impuestos anticipados por la compra de alimentos o transporte de carga, ese sobrecosto lo traslada al precio final.

En abril de 2025, la inflación anual fue de 5,16 %. Los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más subieron. Con el nuevo decreto se espera un nuevo repunte en los precios, lo que afecta sobre todo a los hogares de menores ingresos.

El apuro fiscal y la presión del FMI

El Gobierno justificó el Decreto 0572 como una estrategia para suavizar el recaudo y reducir la evasión. Pero la verdadera razón parece ser otra: la urgencia por conseguir recursos. En 2024, el déficit fiscal alcanzó el 6,7 % del PIB. El Fondo Monetario Internacional advirtió que, si no se cumplen las metas fiscales, Colombia perdería el acceso a la Línea de Crédito Flexible.

En lugar de hacer una reforma tributaria abierta, el Ejecutivo optó por imponer estos cambios a través de un decreto. Esto genera inseguridad jurídica, porque un decreto puede ser tumbado más fácilmente en los tribunales.

La DIAN espera recaudar con esta medida unos 7,3 billones de pesos. Fedesarrollo calcula que podrían ser hasta 13,9 billones. Pero se trata de ingresos que el país dejaría de recibir en 2026. Es una salida temporal, que no soluciona el problema estructural del déficit.

Demandas y advertencias legales

Varias voces políticas ya anunciaron que demandarán el Decreto 0572 ante el Consejo de Estado. Denuncian que se trata de una reforma tributaria inconstitucional, hecha por decreto sin participación del Congreso.

El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, también criticó la medida. Dijo que es irresponsable y podría provocar ceses de pago masivos en las empresas. Para él, el decreto vulnera los principios de legalidad tributaria y equidad.

¿Quién paga realmente esta decisión?

Con el Decreto 0572 de 2025, el Gobierno intenta mejorar su flujo de caja, pero traslada la carga a sectores que ya están ahogados: campesinos, pequeñas empresas, hospitales. Quienes deberían ser protegidos, terminan sacrificados.

Lo grave es que esta medida no resuelve el problema fiscal de fondo. Solo adelanta ingresos. En 2026 habrá menos plata. Y si el decreto se cae por vía judicial, el hueco fiscal será más grande.

El agro, la salud y el empleo formal son pilares que deberían fortalecerse, no debilitarse. Este decreto hace lo contrario.

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Lea el comunicado aquí —- Por mi salud por tu salud—-

Intervención sin mejora: deudas, rezagos y un modelo en ruinas

La intervención a la Nueva EPS comenzó en abril de 2024. Ya entonces arrastraba una deuda superior a los $5 billones, múltiples fallas en la red de atención, una entrega deficiente de medicamentos y cerca de 280 mil quejas represadas, para finales de 2024 ya iban 358.319 quejas radicadas y solo en los tres primeros meses de 2025, se registraron más de 124.000 quejas según cifras de la Superintendencia. Lo que debía ser un proceso de saneamiento administrativo, terminó acentuando los problemas: los usuarios denuncian que hoy hay más trabas, más demoras y menos capacidad operativa que hace un año.

Medicamentos que no llegan, citas imposibles y hospitales desfinanciados

En el comunicado de los usuarios de la Clínica San Rafael y en el derecho de petición enviado al Ministerio de Salud por ASUDSALUD —firmado por más de 500 personas—, se documentan que los usuarios no reciben los medicamentos esenciales, enfrentan cancelaciones reiteradas de cirugías y no encuentran citas con especialistas. Hay fallas graves en el sistema de autorizaciones, demoras ilegales en la asignación de citas —que según el Decreto 019 de 2012 y la Resolución 1552 de 2013 no deberían superar cinco días— y barreras económicas impuestas por prestadores que no reciben pagos de la EPS.

@latribunacolombia

Sin medicina en el Eje Cafetero. Compartimos la causa que ha llevado a los usuarios de la Nueva EPS a manifestarse.

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Gobierno admite presión sobre las EPS para forzar la reforma

En una audiencia pública del Senado el 13 de mayo de 2025, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo declaró que el gobierno mantiene a las EPS «en cuidados intensivos» como mecanismo de presión para lograr la aprobación de la reforma. Las declaraciones que fueron registradas por diversos medios causaron rechazo inmediato. Legisladores de oposición, asociaciones de usuarios y profesionales de la salud calificaron la estrategia como un chantaje inaceptable, “Están jugando con la vida de la gente para defender una ideología, cuando lo que necesitamos es un método para poner orden y dar soluciones reales.” Afirmó Sergio Fajardo.

Proselitismo a nombre de la reforma

Bernardo Useche, director de Salud de Cedetrabajo ha señalado que la reforma de salud propuesta por el gobierno de Petro se enmarca en su estrategia de proselitismo electoral, más que en la solución efectiva de la crisis actual.

El propósito de emplear la discusión sobre la reforma a la salud como medio de agitación en la campaña electoral se confirma con el reciente anuncio del presidente de incluir en una nueva consulta popular preguntas sobre la producción y el acceso a medicamentos.

El Dr. Useche además, denuncia que el gobierno no está haciendo uso de las herramientas legales ya vigentes para obligar a cumplir los plazos en la entrega de medicamentos y citas, como lo establecen la Sentencia T-259 de 2019 o el Decreto 019 de 2012.
lo cierto es que ninguna de las acciones recientes del gobierno ha estado encaminada a aliviar el sufrimiento de la gente. El reciente decreto propuesto por el gobierno sobre el modelo preventivo no enfrenta las causas inmediatas del colapso en la atención, ni da respuesta a la falta de medicamentos y el no pago a hospitales. El Dr. Useche, cuestiona que se anuncien transformaciones estructurales sin financiación clara, mientras se mantiene la desprotección de los usuarios.

Lo urgente no es ampliar la retórica sobre un nuevo sistema, sino decretar de inmediato un plan de contingencia real: pagar las deudas a clínicas y hospitales, garantizar el suministro de medicamentos y resolver el acceso a servicios que hoy están paralizados, afirmó.

Cinco medidas urgentes para detener el deterioro del sistema de salud

El partido Dignidad y Compromiso ha llamado la atención respecto a que se debe solucionar la crisis con o sin reforma, para esto, hace seis (6) meses propuso acciones inmediatas para mitigar la emergencia:

• Desembolsar pagos atrasados a hospitales y clínicas.
• Activar el plan de liquidez solicitado desde 2023 por la ACHC.
• Refinanciar de forma urgente la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
• Sancionar prácticas de corrupción en contratación y manejo presupuestal.
• Garantizar mejores condiciones laborales al personal de salud mientras se discute la reforma.

Petición desde los territorios: un decreto de emergencia sanitaria

Las asociaciones de usuarios firmantes del comunicado del 16 de mayo piden que el gobierno expida un decreto nacional que permita enfrentar la crisis con medidas inmediatas. Exigen:

• Pagos urgentes a IPS y ESE.
• Contratación de nuevos operadores para entrega de medicamentos.
• Asignación de citas en los plazos establecidos por ley.
• Acciones que eviten despidos en hospitales sin liquidez.

Para los firmantes, la inacción del Ministerio de Salud y la Superintendencia está profundizando la crisis. Exigen que se asuman responsabilidades antes de continuar cualquier discusión legislativa sobre la reforma.

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