El artículo 2.3 del Acuerdo de Promoción Comercial dispone que, salvo las excepciones contempladas, ninguna parte puede aumentar un arancel existente ni adoptar uno nuevo sobre una mercancía originaria. Por eso, la decisión plantea una posible incompatibilidad con el TLC. La legislación interna estadounidense no elimina sus obligaciones internacionales, aunque Washington puede invocar las excepciones del Acuerdo. La controversia debe resolverse mediante los mecanismos pactados.

El recargo anterior se adoptó bajo la Sección 122. Al expirar, Trump lo reemplazó por medidas de la Sección 301, tras investigar a 60 economías por no prohibir o controlar eficazmente la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Estados Unidos asignó el 10 % a economías con prohibición, compromiso vinculante o régimen parcial; a Colombia la ubicó en el grupo del 12,5 %.

La reacción tardía del gobierno Petro

La investigación comenzó el 12 de marzo. Hubo audiencias el 28 y 29 de abril, una determinación de la USTR el 2 de junio, comentarios públicos hasta el 6 de julio y nuevas audiencias del 7 al 9 de julio. El Gobierno colombiano conoció durante meses el riesgo arancelario.

El 6 de julio, el Ministerio de Comercio publicó un proyecto de resolución sobre debida diligencia y prevención del trabajo forzoso en las cadenas de suministro. Recibió comentarios hasta el 21 de julio. Cuando Estados Unidos tomó la decisión, seguía siendo un proyecto y no equivalía a una prohibición legal plenamente adoptada y aplicada a las importaciones producidas con trabajo forzoso.

No se trataba de aceptar sin discusión todas las exigencias de Washington, sino de actuar a tiempo: construir una norma eficaz, negociar compromisos, solicitar un tratamiento diferente y defender los derechos de Colombia bajo el TLC. El gobierno Petro llegó a la decisión final sin la regulación exigida y sin evitar que el país fuera ubicado en el grupo más gravado.

Las flores, el caso emblemático

 El arancel no cubre todas las exportaciones colombianas. Las excepciones incluyen café verde y tostado, banano y plátano, aguacate, piña, mango y otras frutas, además de determinados minerales, energéticos, medicamentos e insumos estratégicos.

Las flores frescas no aparecen en las excepciones generales aplicables a Colombia. Rosas, claveles, crisantemos, lirios y otras flores cortadas quedaron expuestas al 12,5 %. Asocolflores presentó el 6 de julio comentarios ante la USTR para acreditar los estándares laborales del sector y solicitar su exclusión, pero la petición no fue acogida.

En 2025, Colombia exportó flores por US$2.439,5 millones y más de 344.000 toneladas. Estados Unidos recibió el 77 % de esas ventas; el gremio suele redondear esa participación a cerca del 80 %. Es un sector con una dependencia extraordinaria de un solo mercado.

El arancel lo paga formalmente el importador, pero puede trasladarse parcialmente al exportador mediante menores precios, renegociación de contratos o reducción de pedidos. No representa automáticamente una pérdida del 12,5 % del valor exportado, pero sí presiona los márgenes de una actividad que ya enfrenta mayores costos y variaciones cambiarias.

La contradicción del TLC

 Colombia abrió progresivamente su mercado a los productos estadounidenses, mientras Estados Unidos conserva instrumentos internos para imponer nuevas cargas cuando considera afectados sus intereses. La pregunta es inevitable: ¿para qué sirve un TLC si Colombia cumple sus obligaciones de apertura, pero no utiliza sus mecanismos cuando el socio más poderoso restablece gravámenes? Dejando claro que no compartimos el TLC pero, tampoco aceptamos que se viole en contra del interés nacional de Colombia.

El capítulo 21 permite solicitar consultas cuando una parte considera que una medida de la otra es incompatible con el Acuerdo o le niega beneficios razonablemente esperados. También prevé la intervención de la Comisión de Libre Comercio y, si no hay solución, un panel. Colombia debe evaluar igualmente las posibilidades existentes en la Organización Mundial del Comercio.

La primera prueba de Abelardo

Abelardo de la Espriella es todavía presidente electo y solo asumirá las competencias del Estado el 7 de agosto. Hoy no puede presentar formalmente una reclamación diplomática ni activar los procedimientos del TLC. Sí puede fijar una posición pública inequívoca y preparar la actuación de su gobierno.

El 24 de julio, su equipo anunció trabajo conjunto con Asocolflores y un plan de choque. Informó que el ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, se reunirá con la presidenta del gremio, Laura Valdivieso, y mencionó coberturas cambiarias, crédito preferencial e incentivos para preservar el empleo rural formal. Es una reacción inicial positiva, respaldada por el comunicado divulgado por el gobierno entrante.

Pero un plan sectorial no sustituye la defensa comercial del país. Desde el primer día de su mandato, Abelardo deberá decidir si solicita consultas bajo el TLC, presenta una reserva formal de derechos, reclama exclusiones específicas y negocia la eliminación del recargo. Mientras tanto, el gobierno Petro, que conserva las competencias hasta el 7 de agosto, debe iniciar esas gestiones sin esperar el cambio de mando.

La cercanía con Trump puede facilitar canales de negociación, pero también convertirse en una razón para guardar silencio. La prueba no consiste en insultar al mandatario estadounidense ni en iniciar una guerra comercial, sino en negociar con serenidad desde una posición nacional, firme y no subordinada.

Qué debe hacer Colombia

Colombia debe adoptar una prohibición clara contra la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso y crear mecanismos verificables de control. No solo para responder a Estados Unidos, sino porque competir con bienes elaborados mediante explotación laboral perjudica a los trabajadores y productores colombianos.

Una vez expedida y aplicada la norma, debe solicitar la revisión del arancel y negociar su eliminación para los bienes amparados por el TLC. La floricultura debe ser prioritaria por su peso exportador, generación de empleo y estándares laborales. Mientras avanza la negociación, se requiere un programa transitorio de crédito, garantías, coberturas cambiarias, promoción de nuevos mercados y reducción de costos logísticos.

Dignidad Agropecuaria y otras organizaciones han exigido renegociar los tratados que lesionen la producción y el trabajo nacional, proteger el mercado interno y utilizar la política comercial en defensa del desarrollo autónomo. La decisión de Trump confirma que los TLC no eliminan el proteccionismo de las grandes potencias: Estados Unidos conserva instrumentos unilaterales que Colombia redujo o abandonó.

Los aranceles de Trump constituyen la primera gran prueba internacional para Abelardo. Deberá demostrar si su cercanía con Washington sirve para defender los intereses nacionales o si termina convertida en silencio y subordinación.

Colombia no necesita una guerra verbal con Estados Unidos, pero tampoco puede aceptar que el socio más poderoso modifique unilateralmente las condiciones del TLC mientras exige el cumplimiento estricto de las obligaciones colombianas. Una verdadera política de patria debe proteger a quienes producen, trabajan y exportan desde Colombia, incluso cuando la amenaza provenga de un gobierno ideológicamente cercano.

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Es totalmente contradictorio e inaceptable que un presidente que ganó las elecciones pregonando defender la patria colombiana deba guardar lealtad y fidelidad a un país extranjero. Por esta razón crece día a día un notorio rechazo a la injerencia de EE. UU. en los asuntos internos de Colombia y se alzan voces que exigen que, para posesionarse como presidente de la República, De la Espriella debe renunciar a su nacionalidad estadounidense.

La injerencia en asuntos internos de otros países y a favor de sus propios intereses es una política bipartidista en EE. UU., que viene de mucho tiempo atrás y que en Colombia ha contado con la complicidad de los presidentes que han gobernado desde comienzos del siglo XX hasta hoy, incluido Gustavo Petro. De ello dan cuenta hechos históricos como la separación de Panamá, la Misión Kemmerer, la Masacre de las Bananeras, la injerencia en asuntos como la explotación del petróleo con las concesiones De Mares y Barco vendidas a la Tropical Oil Company y a la COLPET y después a GULF respectivamente, la Alianza Para el Progreso o el Plan ATCON para la educación pública, la adaptación de toda la institucionalidad colombiana al Consenso de Washington o el Plan Colombia; todas intervenciones de EE. UU. en Colombia.

La injerencia no ha cesado a la fecha y esto se refleja en hechos más recientes como la firma y ejecución del TLC con EE. UU. que es el principal entre los que hemos firmado y se mantiene pese a los constantes incumplimientos por parte de ese Estado, integración de Colombia a la OTAN como “socio global”, presencia militar estadounidense en la Amazonía colombiana, el ingreso de Colombia a la OCDE, la presencia militar gringa en bases militares colombianas, la construcción de una base militar al servicio de la táctica geopolítica de EE. UU. en el santuario ecológico de Gorgona, o el hecho de que Colombia sacrifique su soberanía energética al dejar de explorar y extraer gas para dedicarse a importarlo principalmente de EE. UU. y así ayudarle a solucionarle su problema de excedentes.  

La injerencia favorece siempre a EE. UU. y perjudica a Colombia

Otro de los frentes de intervención por parte de EE. UU. en la economía nacional deriva del chantaje de la deuda pública, mediante el cual, Colombia siempre necesita de préstamos para financiarse y organismos como el Banco Mundial o el FMI siempre están presentes para prestar a cambio de concesiones de todo tipo que favorezcan a multinacionales, fondos de inversión y a los mismos EE. UU. No es poco que, como lo ha denunciado el ex senador Jorge Robledo, el FMI lleve más de 80 años orientando la política colombiana, y que, mientras seguimos a punto de ahogarnos en la pobreza, el hambre y el subdesarrollo, esa entidad sea insistente en felicitar la macroeconomía colombiana y en la propuesta de profundizar sus medidas.  

Todos los hechos anteriores han sido permitidos por los gobiernos de Gustavo Petro, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe y por sus predecesores y todos han significado enormes trabas para el desarrollo económico, político y social para Colombia y ninguno de los dos candidatos en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella hoy electo, ni Iván Cepeda, plantearon ni propusieron nada que contradijera esta intervención.

Particular escozor genera que las primeras relaciones de los gobiernos electos son con funcionarios de EE. UU. Hagamos referencia a los dos últimos casos: Abelardo de la Espriella, una vez elegido, se comunicó con funcionarios estadunidenses e incluso con el mismo Donald Trump, práctica que no fue diferente a la de su predecesor, quien justo después de ser elegido habló con Joe Biden, entonces presidente de EE. UU. y antes de posesionarse, se reunió con el embajador de EE. UU. en Colombia.

Las estrategias de Seguridad

Para convencerse de todo lo anterior, basta leer la  Estrategias de Seguridad Nacional de Biden y de Trump: La primera, señala que: “Aunque el entorno internacional se ha vuelto más conflictivo, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial. Nuestra economía, nuestra población, nuestra innovación y nuestro poder militar continúan creciendo, a menudo superando a los de otros países grandes. Nuestras fortalezas nacionales intrínsecas —el ingenio, la creatividad, la resiliencia y la determinación del pueblo estadounidense; nuestros valores, diversidad e instituciones democráticas; nuestro liderazgo tecnológico y dinamismo económico; y nuestro cuerpo diplomático, profesionales del desarrollo, comunidad de inteligencia y fuerzas armadas— siguen siendo inigualables. Tenemos experiencia en el uso y la aplicación de nuestro poder en combinación con nuestros aliados y socios, quienes contribuyen significativamente a nuestras propias fortalezas. Hemos aprendido tanto de nuestros fracasos como de nuestros éxitos. La idea de que debemos competir con las grandes potencias autocráticas para moldear el orden internacional goza de un amplio apoyo bipartidista en el país y cada vez mayor en el extranjero”. 

Por su parte, la Estrategia de Seguridad de Donald Trump, que se ufana de expresar el corolario Trump a la Doctrina Monroe, establece: “Estados Unidos conserva la posición más envidiable del mundo, con activos, recursos y ventajas líderes a nivel mundial, entre los que se incluyen:

•         Un sistema político aún ágil que puede rectificar el rumbo;
•         La economía más grande e innovadora del mundo, que a la vez genera riqueza que podemos invertir en intereses estratégicos y nos proporciona influencia sobre los países que desean acceder a nuestros mercados;
•         El sistema financiero y los mercados de capitales líderes del mundo, incluidos los estatus del dólar como moneda de reserva mundial; los más avanzados, innovadores y rentables del mundo;
•         El sector tecnológico, que sustenta nuestra economía, proporciona una ventaja cualitativa a nuestras fuerzas armadas y fortalece nuestra influencia global;
•         El ejército más poderoso y capaz del mundo;
•         Una amplia red de alianzas, con aliados y socios mediante tratados en las regiones de mayor importancia estratégica del mundo;
•         Una geografía envidiable con abundantes recursos naturales, sin competencia de potencias físicamente dominantes en nuestro hemisferio, fronteras sin riesgo de invasión militar y otras grandes potencias separadas por vastos océanos;
•         Un “poder blando” e influencia cultural sin parangón; y
•         El coraje, la fuerza de voluntad y el patriotismo del pueblo estadounidense.”

¿En qué coinciden ambas estrategias?

Dicen que los Estados Unidos debe mantener su hegemonía política, económica y cultural en el mundo, coinciden en que China es su principal enemigo y en que América Latina toda y el hemisferio debe someterse a su estrategia hegemonista. ¿En qué se diferencia? En algunos matices como el discurso, algunos aspectos de coyuntura y las excusas con que lo justifican. Lo mismo que los gobiernos colombianos: cada cual tiene una excusa diferente para someterse, entre ellos, la lucha contra las guerrillas, la lucha contra el narcotráfico, la paz, el cambio climático, entre otros.

Se concluye entonces que la injerencia de EE. UU. en Colombia es una política de Estado practicada tanto por el partido Demócrata como por el partido Republicano. Donald Trump no ha sido el primer gobernante de Estados Unidos que ha intervenido en los asuntos internos de Colombia. Presidentes demócratas como Joe Biden, Obama y otros, lo han hecho también. Lo hacen a nombre de la seguridad nacional de EE. UU. y con variopintas excusas como la lucha contra las drogas, la lucha contra la insurgencia, la lucha contra el comunismo, o en defensa de la democracia, el ambientalismo, entre otros.

Por ello, los colombianos que sufrimos estas injerencias, debemos unirnos para defender los intereses nacionales, entre ellos lograr el desarrollo económico de Colombia con una producción industrial y agropecuaria fuerte y capaz de ofrecer trabajos suficientes y dignos, la fortaleza de la democracia, el desarrollo de la educación y la ciencia, la derrota real y constante de la corrupción, entre otros; objetivos que no pueden lograrse sin la lucha por recuperar nuestra soberanía nacional ¡Manos a la obra!

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El empeño por construir una izquierda democrática fue obstaculizado por Gustavo Petro cuando se opuso a la dirección correcta que le estaba dando Carlos Gaviria como presidente del PDA. El propósito de Petro era, hoy lo podemos comprobar, regresar a las concepciones fracasadas de la izquierda del siglo XX, pero simultáneamente a las prácticas corruptas y politiqueras de la derecha. Por eso, hoy Sergio Fajardo está retomando las banderas de Carlos Gaviria para rescatar la democracia y la decencia partidaria.

Cómo Gustavo Petro se le atravesó a Carlos Gaviria

 Carlos Gaviria logró más de 2.600.000 votos cuando fue candidato del PDA en 2006, la segunda votación después de la que reeligió a Álvaro Uribe, incluso superior a la del tradicional Partido Liberal. El éxito conseguido por la izquierda democrática bajo la dirección de Gaviria llevó al uribismo a considerarlo su enemigo más peligroso.

 Pero ese propósito común de construir una izquierda democrática fue poco a poco desdibujándose al interponerse el interés personal de Gustavo Petro, quien comenzó a actuar como una rueda suelta dentro del PDA, al desconocer sus estatutos y el Ideario de Unidad que habían firmado quienes se comprometieron a defender los principios democráticos. Es así como comenzó a hacer componendas al margen de las decisiones consensuadas del partido que presidía Carlos Gaviria.

El primer ejemplo de esa traición a los principios democráticos surgió cuando el PDA se opuso al lesivo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que durante el gobierno de Uribe se estaba negociando. Pero Gustavo Petro, a título personal, llegó a acuerdos con el Partido Demócrata en Estados Unidos, los que intentó imponerle al partido, por lo que Gaviria y la Dirección Nacional los rechazaron.

Después, cuando Carlos Gaviria había sido propuesto con sobradas razones como candidato del PDA para las presidenciales del 2010, Gustavo Petro se le interpuso postulándose como aspirante. Al surgir dos candidatos, era necesario realizar una consulta que decidiera quién representaba al partido. La consulta, como era abierta, permitía que votaran sectores diferentes al PDA, entre ellos, el del uribismo, que no necesitaba consulta porque estaba unificado en torno a la candidatura de Juan Manuel Santos. Por tanto, fueron los sufragios extraños al partido de la izquierda democrática los que decidieron la candidatura de Petro en contra de la de Gaviria, por lo que Santos y Uribe se debieron de sentir victoriosos.

 En las presidenciales del 2010, el respaldo al candidato del PDA, Gustavo Petro, fue de solo 1.400.000 sufragantes, mientras Carlos Gaviria, cuatro años antes, había logrado más del doble. Y lo insólito es que inmediatamente triunfó Santos en esas elecciones, Petro hizo acuerdos con él, nuevamente en forma unilateral y personalista, desconociendo la decisión del partido de hacerle oposición a Santos, el candidato de Uribe. Y en forma descarada acudió a la Dirección Nacional del PDA para exigir la presidencia del partido con el fin de llevarlos a cabo, pero al ser rechazada originó su retiro del PDA.

 Esta historia es poco conocida, pero es la que explica el abandono y la traición de Petro al Ideario de Unidad democrática que habían concebido Carlos Gaviria y Jorge Enrique Robledo desde 2002. Con Petro presidente veinte años después, se pudo comprobar que la perfidia y el oportunismo habían logrado triunfar desquiciando el rumbo de la izquierda democrática para que surgiera otra “izquierda” que reeditara las viejas prácticas politiqueras y corruptas. Por eso este gobierno no puede ser considerado de izquierda ni se puede afirmar que haya existido ningún cambio prometido.

“El fin justifica los medios”

 Para llegar al poder Petro ha empleado la misma fórmula maquiavélica de “el fin justifica los medios”, como lo demostró cuando se alió hasta con los clanes ya conocidos que financiaron campañas de gobiernos anteriores, a cambio de contratos y otras de las llamadas mermeladas. Recordemos la frase reciente del fiel aliado petrista Gustavo Bolívar, quien desplazado por el uribe-santista Armando Benedetti en el gobierno actual, se atrevió a decir: “Petro le vendió el alma al diablo”. La afirmación resume cómo se torció el camino de la izquierda democrática para darle continuidad a la “izquierda” del clientelismo, la violencia y la corrupción.

 La fórmula ganadora ya ensayada es la que sigue imperando en las actuales elecciones, porque los candidatos que hoy lideran las encuestas lo han logrado precisamente porque son financiados por poderosísimos intereses corruptos, los mismos que han costeado los gobiernos anteriores a Petro. Y “el fin justifica los medios” es la misma receta de Cepeda para ganar estas elecciones, y  es la más criticada por Sergio Fajardo, actual candidato presidencial de Dignidad y Compromiso, quien se destaca sin duda por el rescate de las banderas democráticas de Carlos Gaviria al alertar sobre las formas nefastas de hacer la política basada en “el todo vale”. Recordemos la frase acusadora de Gaviria: “El que paga para llegar, llega para robar”.

Sin embargo, el hoy candidato petrista intenta apropiarse hipócritamente del legado de Carlos Gaviria, a pesar de que fue uno de los traicionados por Petro en el PDA. Pero a Cepeda no le importa, porque su fin no se guía por su dignidad, sino para continuar haciendo lo mismo que su caudillo traicionero. El oportunismo sigue imperando con el objetivo de posar como democrático.    

 Y por el lado uribista ya conocemos su forma de gobernar, por lo que no es posible mirar al pasado para reeditarlo. Por eso existe una tercera opción en esta contienda, representada por Sergio Fajardo, al que las encuestas tienen borrado porque los indecisos siguen tras el espejismo de la polarización reinante, propagada con la premisa falsa de que la confrontación en esta contienda es entre la izquierda y la derecha, entre el petrismo y el uribismo, cuando se ha demostrado que Petro no es de izquierda.

 El enfrentamiento es en realidad entre dos sectores del establecimiento que tienen los mismos intereses politiqueros y corruptos, pero revestidos con ropajes diferentes. Se está reeditando la misma disputa presuntamente antagónica de la “manguala liberal y conservadora”, solo que hoy podemos llamarla manguala uribe-petrista.

 La clarividente frase de Carlos Gaviria se hizo realidad: “Petro gana porque le hace demasiadas concesiones al establecimiento”.

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Lo que ocurre es que el manejo clientelista y corrupto de la empresa ha alcanzado tales proporciones que, ante la amenaza a la estabilidad de Ecopetrol, la pérdida de la soberanía energética y el daño al bienestar de la población, el sindicato está obrando en consecuencia con su tradición histórica de defender los intereses nacionales y de los trabajadores.

Una parte considerable de la opinión pública y los accionistas minoritarios también piden la renuncia del presidente de la petrolera, por el grave daño que su permanencia le causa a la imagen y a la economía de la empresa. Sin embargo, Roa se sostiene gracias al respaldo del presidente de la República y de la Junta Directiva, a quienes parece no importarles el impacto negativo que esa decisión tiene sobre Ecopetrol.

Este no es un problema reciente ni exclusivo de un solo gobierno. La ofensiva neoliberal y aperturista impuesta al país por Estados Unidos, desde el gobierno de César Gaviria, ha tenido a Ecopetrol como uno de sus objetivos permanentes. Han sido los trabajadores y amplios sectores de la sociedad quienes, con denuncias y movilizaciones, lo han impedido. Tanto Álvaro Uribe como Gustavo Petro le han causado graves daños a la estatal petrolera. El primero impuso el regreso al antinacional contrato de concesión, privatizó parte de la empresa y prorrogó los contratos de asociación de gas de La Guajira y de los yacimientos de Caño Limón.

Petro, por su parte, la ha debilitado con la irracional satanización de la industria del petróleo y el gas: no ha permitido nuevos contratos de exploración, ha retrasado la explotación de los campos gasíferos recién descubiertos en la Costa Caribe y ha empujado al país a la crítica condición de importador de crudo y gas. Esta dañina política se ha agravado con la terquedad de mantener a Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol, muy a pesar de las investigaciones e imputaciones de la Fiscalía por actos de corrupción en la empresa y por violaciones a la ley en la gerencia de la campaña electoral del propio Petro.

Vale recordar que Ecopetrol no es una empresa cualquiera. Desde 1951, cuando el decreto que la creó le permitió recibir los campos petroleros de la Concesión De Mares y la Refinería de Barrancabermeja de manos de la Tropical Oil Company, se convirtió en el motor del desarrollo industrial y comercial más importante del país. Durante más de 70 años y en lucha constante contra las multinacionales y las actuaciones privatizadoras y corruptas de varios gobiernos, Ecopetrol se ha consolidado como una empresa que garantiza en buena parte la soberanía energética del país y aporta cuantiosas sumas a las finanzas del Estado, favorece la balanza comercial del país, y estimula el desarrollo económico y social a las regiones petroleras.

Toca rescatar la viabilidad de la empresa, recuperar el autoabastecimiento de crudo y gas y garantizar precios determinados por los costos nacionales de producción que beneficien a los consumidores. La USO, en ejercicio de su autonomía e independencia, reclama por la defensa de los trabajadores, la producción petrolera y la seguridad energética de la nación. Los colombianos debemos apoyar con decisión estos justos reclamos.

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Transcurridos tres años y seis meses del gobierno de Gustavo Petro, valdría la pena contrastar lo propuesto por él en la campaña electoral de 2022 con su accionar en materia de empleo público y trabajo digno.

Es bien sabido que los problemas estructurales de los trabajadores estatales no se originaron en el actual gobierno. Son el producto de las malas políticas en todos los gobiernos anteriores, sin excepción, regímenes que conciben una administración pública minusválida, con baja financiación, poca o nula creación de empleo formal y directo y tercerizada en privados incluso en sus funciones esenciales.

Petro prometió en la campaña dar solución a las reivindicaciones de los trabajadores estatales. Pero al contrario de lo prometido, sus casi cuatro años en la presidencia mostraron más de lo mismo. Lejos de corregir con rigurosidad y seriedad las malas políticas y prácticas de los partidos tradicionales, las igualó o incluso empeoró.

La deuda con el mérito

 La meritocracia ha sido quebrantada de raíz, como lo prueba el escándalo de Juliana Guerrero y su pretendida imposición en el Ministerio de la Igualdad y Equidad. De septiembre a la fecha se conoció que Juliana Guerrero se graduó sin presentar el examen de Saber-Pro y que la Fundación San José anuló su título por no haber registro de actividad académica. No es el único embuchado, son más de veinte los funcionarios que habrían obtenido de manera irregular sus títulos profesionales para poder ser contratados en entidades públicas.

 Para entregarle el Viceministerio de Juventudes a Juliana Guerrero lo intentaron todo. Además de las graves inconsistencias de la aspirante en la hoja de vida que ella dio a conocer, el Gobierno pretendió modificar el Manual de Funciones de la entidad de manera exprés y sin consultar a la organización sindical. Incluso recién posesionada Mariela Barragán en la Función Pública, se intentó modificar el Decreto 1083 de 2015 para disminuir los requisitos de los viceministerios del Ministerio de Igualdad. El Gobierno nacional, en distintas instancias y con la justificación pública del presidente Petro, actuó sistemáticamente para violentar el principio constitucional del mérito, que se consagra como obligación para el ingreso al empleo público.

Las organizaciones sindicales estatales hemos rechazado esas actuaciones de “nombramientos sastre” en otros gobiernos por desprofesionalizar el empleo público, afectar el adecuado desarrollo de la función pública y, en la mayoría de los casos, ser mecanismos encaminados a aceitar la politiquería y el clientelismo.

La deuda con la formalización

Son dos los principales problemas del empleo público, la permanente desformalización y la falta de presupuesto. Las plantas permanentes de personal no solo han permanecido prácticamente congeladas, sino que se han configurado nóminas paralelas mediante órdenes de prestación de servicio mucho más grandes y en muchos casos, desempeñando funciones misionales y permanentes. Es un problema de décadas y que ningún gobierno ha decidido atender con seriedad. Para noviembre de 2022, éramos 612.762 empleados públicos del orden nacional, territorial y de otras ramas, excluyendo a los uniformados y al magisterio colombiano. Sin embargo, había también en las entidades 516.234 trabajadores vinculados a través de órdenes de prestación de servicio y 395.206 tercerizados o vinculados en contratos con personas jurídicas.

“El contrato de prestación servicios debe pasar a la historia”, dijo el candidato Gustavo Petro en la campaña. Hoy, las OPS de entidades orden nacional, adscritas o vinculadas el ejecutivo pasaron de 48 mil personas en 2022 a 64 mil contratadas con esa modalidad en 2024, según datos de La Silla Vacía.

La Función Pública dio a conocer en 2023 un Plan de Formalización Laboral con muchas dudas para su ejecución y presentando las plantas temporales como una vía hacia la formalización, práctica que además de ilegal es inconveniente porque burla la estabilidad a largo plazo. A tales artificios mañosos se ha opuesto históricamente la CUT. Parece que ya no.

Según datos del DAFP, el gobierno Petro apenas incrementó en un 5% la planta permanente de personal del Estado, pero se decidió por crear 5.000 empleos temporales a última hora, como los del Ministerio del Trabajo y la Unidad de Planeación Minero-Energética, al borde de la Ley de Garantías y con terminación en 2026 y 2027, respectivamente. En cambio, las plantas de personal permanentes, que eran compromiso con organizaciones sindicales como es el caso de la UNGRD, no ha visto la luz tampoco bajo la dirección de Carlos Carrillo, con tres años de incumplimiento del acuerdo colectivo y mientras la entidad funciona con una importante nómina de contratistas entre la Unidad y el Fondo de Adaptación.

No está de más recordar las consecuencias que tiene deslaboralizar el empleo público extendiendo por todas partes las órdenes de prestación de servicio. No solo por el impacto negativo en el funcionamiento de la administración pública, sino además porque a esos cientos de miles de trabajadores que desempeñan funciones misionales y permanentes en el Estado se les violenta la estabilidad y con ello, la adecuada remuneración, el bienestar laboral e incluso el derecho a la asociación y la negociación colectiva. El Estado tiene el 60% de su fuerza laboral precarizada y sigue dependiendo de un ejército de cerca de 900.000 contratistas, muchos de ellos prolongando el mal del clientelismo que “dinamiza” la política electoral.

La deuda con los salarios

 El incremento al salario mínimo del 23% es importante y contribuye a cerrar una deuda histórica con cerca de 1,2 millones de trabajadores. Sin embargo, fue una decisión que adoleció de una falla aún no corregida, pues para sostener dicho incremento se requerían medidas complementarias tendientes a proteger a las pequeñas y medianas empresas que generan el 80% del empleo formal del país. Sin esas medidas, el dinero de más que tendrán los trabajadores resultará invertido en la adquisición de bienes y servicios importados, beneficiando el trabajo y la producción extranjera.

 Tampoco tuvo en cuenta el Gobierno de Petro el impacto sobre los empleados públicos y los correspondientes incrementos salariales, pues se agudizó la brecha estructural negativa que tenemos los servidores públicos frente al incremento del salario mínimo. De 2014 a 2024, los empleados públicos habíamos perdido 10,4 puntos porcentuales frente al salario mínimo, pero en los últimos dos años este dato se profundizó negativamente hasta alcanzar los 29 pp. Mientras en 2014 un profesional grado 12 ganaba un equivalente a 4 SMLV, para el 2026 gana un equivalente a 2,9 SMLV. Es evidente la disminución de nuestro poder adquisitivo y el achatamiento por lo bajo de la estructura salarial del empleo público.

 Con el objetivo de cerrar las brechas históricas, una política salarial responsable requería de parte del Gobierno nacional acciones equilibradas para el sector público y el privado, con medidas complementarias que protegieran a la MIPYMES e incrementos progresivos a lo largo del cuatrienio. Pero, muy por el contrario, el Gobierno promovió en los tres primeros años acuerdos por lo bajo presentando los argumentos de siempre: la regla fiscal y la dificultad presupuestal.

 Esta actitud del Gobierno está plenamente definida en sus decisiones sobre el Presupuesto General de la Nación. Mientras el presupuesto de funcionamiento del Estado, del que se pagan nuestros salarios y nuestros derechos, crece apenas en un 1,15%, el presupuesto para el servicio de la deuda creció un 5,7%.  El pago de la deuda pública absorbió en 2025 $112.8 billones del Presupuesto General de la Nación y nos demuestra que el Gobierno es un excelente pagador con los bancos y el capital financiero internacional, pero un deudor moroso con sus propios trabajadores.

¡Independencia sindical para seguir luchando!

 Los datos son irrebatibles, en estos aspectos estructurales del empleo público, el Gobierno nacional se raja frente a lo propuesto en la campaña electoral. El presupuesto continúa capturado por el servicio de la deuda, la estructura salarial se aplana hacia abajo afectando el poder adquisitivo de los empleados públicos, la formalización laboral camina a paso de tortuga y las órdenes de prestación de servicio continúan creciendo, mientras el mérito se sigue negociando al servicio de los poderosos.

 La crisis estructural del empleo público no nació con este mandato. Es el resultado de décadas de políticas neoliberales que dieron prioridad a la tercerización y el marchitamiento de la carrera administrativa en favor de la clientela política. Sin embargo, resulta paradójico que la administración que llegó con la promesa histórica de dignificar al trabajador estatal haya terminado por profundizar sus problemas.

 Cobra vigencia que el movimiento sindical adopte una política de independencia frente al principal patrón estatal, el Gobierno nacional. Este principio fundacional de nuestras organizaciones permite representar genuinamente los intereses de los trabajadores, valorar el accionar del gobierno de acuerdo con la conveniencia de sus políticas y recurrir a la movilización para oponerse a políticas regresivas, defender derechos laborales adquiridos o conquistar nuevos. El futuro de un empleo público democrático depende en buena parte de la capacidad del sindicalismo de defender sus reivindicaciones más allá del gobierno de turno.

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La explicación en contexto

 Cada gobierno norteamericano lanza su propia Estrategia de Seguridad Nacional (NSS por sus siglas en inglés), acorde con sus intereses globales y con las condiciones geoestratégicas cambiantes. Mientras las NSS de Trump 01 y de Biden priorizaban su estrategia en el Indo-Pacífico al considerar a China como su mayor amenaza, la de Trump 02 la enfoca en el Hemisferio Occidental y fundamentalmente en su patio trasero, acudiendo a la Doctrina Monroe, tal como lo explica el aspirante al Senado Jorge Enrique Robledo en reciente nota de La Tribuna.

Claro que China sigue siendo la mayor amenaza comercial para los intereses de Washington, pero a Trump, al parecer, le resulta más práctico cortar las relaciones de Pekín con la débil Latinoamérica, para que ellas se hagan exclusivamente con Estados Unidos. Es un ataque directo contra la asociación comercial de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica) y todos aquellos que pretenden desprenderse de la hegemonía del dólar, lo que se ha llamado el ‘Sur global’.

En el mundo está decayendo el orden unipolar, comandado por Estados Unidos, mientras emerge uno multipolar que amenaza la hegemonía del primero. En ese marco, en que el comercio de los BRICS se consolida en el mundo y el poder de Wall Street ya no puede competir en pie de igualdad, el Pentágono recurre al poder de la fuerza y se está convirtiendo en el mayor peligro para la paz global.

Así se entiende lo que ha pasado en Venezuela y también lo que se ha venido preparando en el patio trasero norteamericano con un nuevo ingrediente: la violación del Derecho Internacional ya sin tapujos.

Las implicaciones de las NSS para Colombia

 Después del ataque a Venezuela, Trump amenazó a Colombia. Pero eso no es nuevo, porque hace parte de la continuidad estratégica de seguridad del Pentágono, que se remonta a varios años. El primer gobierno de Trump incluyó a nuestro país como primer “socio global” no miembro de la OTAN en Latinoamérica, una ampliación ofensiva del Atlántico Norte al Indo-Pacífico.

El papel de la OTAN radica en controlar militarmente al mundo al servicio de los Estados Unidos, con el objeto de mantener su hegemonía global. Eso explica la creación de “socios globales”, aunque no miembros, porque no pertenecen a la Alianza atlántica del Norte. Estos países son Australia, Corea del Sur, Japón, Mongolia, Nueva Zelanda, Irak y Pakistán, todos relacionados con los intereses estadounidenses en el Indo-Pacífico, para cercar a China. ¿Por qué se agregó a Colombia como primer país latinoamericano a esa lista?

Si observamos la ubicación geoestratégica privilegiada de nuestro país, entendemos por qué se lo ancló, durante el mandato Trump 01, ratificado después por el de Biden, en esa alianza militar comandada por Estados Unidos. Primero, tiene costa en el Pacífico y está mirando a Asia; segundo, con costa en el Caribe, límites con Venezuela y próximo al Canal de Panamá, que une los dos océanos, porque uno de los objetivos estratégicos para los intereses globales de Estados Unidos es controlar las rutas navales.

Los gobiernos colombianos, el de Juan Manuel Santos con Trump 01, el de Iván Duque con Biden y después el de Gustavo Petro también con Biden, lo aceptaron sumisos, pero ninguno de ellos se percató de las graves implicaciones para la soberanía de Colombia. Es más, durante el gobierno de Petro es cuando más visitas a nuestro país hizo la comandante del Comando Sur del Pentágono, Laura Richardson, quien dijo claramente que la “seguridad nacional” de Estados Unidos estaba ligada a los recursos naturales de la región, y mencionó el “triángulo del litio” (Argentina, Chile, Bolivia), el petróleo de Venezuela y el agua dulce de la Amazonia, que implica a Colombia.

Por eso, la NSS de Trump es continuidad de la de Biden, solo que con mayor énfasis en su patio trasero según la Doctrina Monroe. Y con mayor descaro, puesto que ya no utiliza el guante de terciopelo humanitario para embaucar a incautos y guardarles las formas a gobiernos embaucadores como el de Petro.

Además, en otro gesto de obsecuencia, Petro llegó incluso a proponer una “OTAN amazónica” supuestamente para preservar el recurso hídrico y otros del subsuelo, dejándose llevar por el falso ambientalismo de Biden. Ahora, bajo Trump, intenta salirse de la OTAN, no por considerarla una amenaza para nuestra soberanía, sino con el pretexto del rechazo del apoyo de Trump al genocidio en Gaza, como si Biden no lo hubiera también apoyado.

Las NSS de Estados Unidos de Biden y Trump tienen los mismos intereses geoestratégicos, que se pueden entender hoy dentro del contexto de cambio de orden global, en el que los gobiernos de Colombia se han supeditado a la hegemonía norteamericana poniendo en peligro la seguridad nacional del país.

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La Tribuna habló con el presidente de la Junta Directiva Nacional de SEDIAN, Manuel Castellanos, quién nos explicó que los conflictos internos se deben a una política de empleo errática impulsada desde la administración central. “La DIAN ha venido desvinculando trabajadores sin tener en cuenta pronunciamientos judiciales que revocan ese tipo de determinaciones”, dijo. Según él, se trata de una práctica que “persigue a la dirigencia sindical y desconoce la estabilidad laboral reforzada”.

Una entidad sin timón

La DIAN completa cuatro directores en tres años, tres de ellos encargados. Su efecto se refleja en la desorganización administrativa y la caída del recaudo. “No existe una política clara de empleo ni lineamientos en materia de direccionamiento del recaudo. Esa inestabilidad deja vacíos, y los más perjudicados son la nación y los trabajadores”, afirmó Castellanos.

El dirigente sindical señala que esta falta de liderazgo repercute directamente en la economía: “El descenso en los ingresos del país y el déficit presupuestal tienen relación con la ausencia de una política tributaria seria. A la DIAN le falta liderazgo y visión por parte del gobierno nacional”.

La persecución sindical

Detrás de los reclamos hay un patrón de decisiones administrativas que, según SEDIAN, buscan debilitar la organización sindical. Trabajadores que hacían parte de las mesas de negociación fueron desvinculados en medio del proceso. “Por un lado negocian con nosotros, y por otro despliegan un andamiaje para desvincular a quienes estaban buscando soluciones”, relató Castellanos.

En sus palabras, estas acciones tienen un trasfondo político: “Alguien está interesado en que el clima laboral se vea turbado con la finalidad de ocultar una problemática mayor y desviar la atención pública. Mientras tanto, se castiga a los dirigentes y se mantiene a la entidad en desorden”.

Más de mil trabajadores provisionales en riesgo de ser retirados del servicio

El conflicto también involucra a los empleados provisionales que siguen sin estabilidad por la falta de reglamentación del decreto de carrera administrativa aprobado en 2023. “La población impactada supera los mil trabajadores. Esa es una de las falencias más grandes del régimen de carrera”, precisó Castellanos.

La demora en expedir el decreto impide la designación formal de funcionarios, generando incertidumbre laboral y afectando la continuidad de los procesos internos. El sindicalista agregó que este incumplimiento demuestra “el poco interés con el que se miran los temas inherentes a los trabajadores de la DIAN por parte de los directores seccionales y del propio gobierno nacional.”

Se aprueba un paro nacional.

Las cuatro organizaciones sindicales de la entidad – SEDIAN, Sitach y Sinedian, aprobaron en asamblea iniciar un cese de labores nacional si el gobierno no responde a sus exigencias. “Esperamos una solución a la política de empleo, que cese la persecución sindical y que el Gobierno nombre a alguien en propiedad que actúe con independencia”, indicó Castellanos.

El nombramiento temporal del viceministro de Hacienda Carlos Emilio Betancourt Galeano como director encargado ha aumentado el descontento. “El Gobierno persiste en la idea de encargar a alguien que también está en una misión importante en el Ministerio de Hacienda, lo que resta capacidad operativa frente a los males de la entidad”, agregó el dirigente.

 La CUT da respaldo sindical y político

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresó su respaldo a los empleados de la DIAN. Timoteo Romero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la central, afirmó que “tres directores encargados mandan un mal mensaje en materia de evasión y corrupción. El pato lo pagan los trabajadores”. Propuso que mientras se expide el decreto de carrera se apliquen medidas de reubicación provisional “para evitar una masacre laboral”.

El vicepresidente de la CUT, Édgar Mojica Vanegas, coincidió en que la falta de dirección y el incumplimiento de acuerdos vulneran derechos laborales: “Rechazamos los despidos y pedimos al Gobierno Nacional que busque de inmediato una salida positiva que garantice empleo digno y respeto a los derechos adquiridos”.

Desde el ámbito político, el exsenador Jorge Robledo también respaldó la causa sindical: “La inestabilidad con tres directores en menos de un año demuestra que a este Gobierno le quedó grande la DIAN. No se puede hablar de justicia fiscal ni de lucha contra la evasión mientras se debilita a quienes garantizan el recaudo y sostienen el Estado”.

Incumplimientos y falta de ejecución

Castellanos aseguró que el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de la DIAN se habían comprometido a expedir los encargos en agosto, pero “esa desidia administrativa de querer tener a las organizaciones sindicales sentadas sin dar solución, pese a existir múltiples propuestas y planes conjuntos, ha sido la característica principal”.

El dirigente recordó que durante la gestión de Luis Eduardo Llinás y Pedro Arrieta desde la Dirección de Gestión Corporativa se acumularon compromisos sin ejecutar. Según sus declaraciones, “esa falta de ejecución se suma a investigaciones por supuestos casos de corrupción en las aduanas, mientras se ignoran los problemas estructurales del empleo en la entidad”.

Una crisis que trasciende lo laboral

El deterioro del clima interno tiene consecuencias directas sobre el recaudo y la confianza institucional. Cada cambio de dirección posterga reformas internas, altera equipos de trabajo y deja sin ejecución los compromisos pactados. La ausencia de liderazgo en un organismo que recauda más del 70% de los ingresos del Estado amenaza la estabilidad fiscal.

La situación ha llevado a que los sindicatos interpreten la interinidad como un mecanismo de control político. Sin nombramientos definitivos, los directores encargados dependen del visto bueno del Ministerio de Hacienda, lo que limita su autonomía.

Castellanos lo resume así: “La entidad necesita una cabeza independiente y dedicada al 100 %. No alguien que divida su tiempo entre la DIAN y el Ministerio”.

El silencio del gobierno puede precipitar el paro

A pesar de los reclamos, ni el presidente Gustavo Petro ni el Ministerio de Hacienda se han pronunciado oficialmente. Los trabajadores advierten que la falta de respuesta solo profundiza la crisis. “Son incumplimientos sistemáticos. Hemos presentado todos los informes y sustentaciones que exige la ley, y lo único que recibimos son promesas”, afirmó Castellanos.

La huelga podría declararse en los próximos días si la reunión prevista con la administración no ofrece resultados. De no resolverse, el país enfrentaría el primer paro nacional en la historia reciente de la DIAN, con implicaciones directas en el recaudo fiscal y en la gestión aduanera.

Un laboratorio de improvisaciones

Los trabajadores no solo defienden sus cargos. Reclaman el derecho a un Estado que funcione con coherencia y respeto por quienes sostienen su estructura tributaria. “La DIAN no puede seguir siendo un laboratorio de improvisaciones. Si no hay estabilidad en la dirección, no habrá estabilidad en las finanzas públicas”, concluyó Castellanos.

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“La sobrecarga laboral y un déficit de más de seis mil servidores están llevando a la justicia colombiana a un punto de quiebre que no podemos seguir normalizando”.

La Rama Judicial de Colombia enfrenta una crisis sin precedentes: un déficit de 6.240 servidores y una sobrecarga laboral que supera los tres millones de casos al año. El descaecimiento afecta a jueces, fiscales y ciudadanos, y amenaza con paralizar el acceso a la justicia en 2025.

El pasado 15 de septiembre de 2025 un fiscal en Ibagué, en plena audiencia, sufrió una crisis nerviosa que obligó a suspender el trámite. El episodio fue noticia, pero sobre todo es un signo revelador: detrás de esa escena está el rostro de miles de personas que trabajan en la Rama Judicial bajo una presión insoportable. La justicia, que debería ser garantía de derechos, se ha convertido también en fuente de deterioro físico y emocional para quienes la hacen posible.

Congestión judicial

Los números confirman lo que los cuerpos y las mentes padecen. Según el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 20232026, entre 1996 y 2021 la demanda de justicia creció un 145,5%, mientras que la oferta de despachos apenas aumentó 41,5%. Para 2021, el inventario de procesos pendientes superó los dos millones, con un promedio de 374 procesos por despacho. En paralelo, el país pasó de 45 a más de 52 millones de habitantes en la última década, pero el número de jueces y juezas sólo aumentó un 5,4%. Hoy tenemos menos servidores y servidoras de justicia por habitante que hace diez años: de 13,11 por cada 100.000 personas en 2013, bajamos a 11,88 en 2024.

La congestión judicial es ya un lugar común, se nos convirtió en un paisaje agobiante. Cada reporte de estadística repite lo mismo: más ingresos que egresos, más procesos que sentencias, más expedientes que manos. En 2023 ingresaron 2,9 millones de procesos y salieron 2,3 millones; en 2024 ingresaron 3,2 millones y egresaron 2,6 millones. No se trata de falta de compromiso de quienes integramos la Rama Judicial, al contrario, es agotamiento por exceso de trabajo, consecuencia de un déficit de 6.240 servidoras y servidores judiciales, reconocidos oficialmente pero nunca corregidos.

La sobrecarga de trabajo, un riesgo para la salud

El impacto trasciende lo administrativo. En 2022, el Programa “Saludablemente» reveló que más del 60% de las personas funcionarias judiciales estaban en alto riesgo psicosocial, y un 83% presentó síntomas de estrés, con frecuencia dañina para la salud. No hablamos solo de productividad: hablamos de dignidad humana. El fiscal que tuvo que suspender la audiencia en Ibagué, según reportes, llevaba tres días sin dormir. ¿Qué clase de justicia puede ofrecer una persona en esas condiciones?

El país necesita con urgencia más despachos, más juezas y jueces, más funcionarios y funcionarias y, sobre todo, un presupuesto realista y suficiente. Sin esa base financiera, cualquier diagnóstico se queda en un enunciado sin efectos, como una problemática sin resolución. La congestión judicial no es una falla técnica ni un accidente histórico: es el resultado de decisiones políticas que han postergado lo inaplazable. Por eso, la solución debe traducirse en una decisión firme que exprese la voluntad política de asignar los recursos indispensables para garantizar un servicio de justicia digno.

Seguir naturalizando la congestión como una fatalidad equivale a aceptar que la justicia se derrumbe lentamente, como el edificio Nemqueteba de Bogotá, donde funcionan los juzgados de familia y laborales, arrastrando consigo a quienes la sostienen con jornadas extenuantes, con su salud quebrantada y sacrificando de paso el derecho fundamental de todos los colombianos y colombianas a acceder a la administración de justicia. Sin presupuesto, no hay reformas posibles. Y sin juezas, jueces ni personal judicial en condiciones laborales dignas, no habrá justicia para nadie.

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Un plan técnico para recuperar el sistema

Sergio Fajardo presentó una hoja de ruta enfocada en devolver estabilidad al sistema de salud y recuperar la confianza entre pacientes, prestadores y aseguradores. Propuso auditorías externas y otras medidas para garantizar el flujo y el control de los recursos.

Durante el encuentro explicó que su equipo con base en un diagnóstico detallado de la crisis actual ha formulado una serie de medidas para restablecer el orden en el hoy caótico sistema de salud. Señaló la falta de información transparente sobre el estado real de las EPS, el desbalance en la Unidad de Pago por Capitación, UPC y el deterioro institucional. Su plan plantea recalcular los valores de la UPC con base en datos verificables y crear un sistema de información que permita seguimiento público de cada peso destinado a la atención.

También anunció que, desde el primer día de gobierno, instalará un Puesto de Mando Presidencial para la Salud, un mecanismo que concentrará decisiones urgentes y coordinación directa con los ministerios, las entidades territoriales y los prestadores de servicios médicos. El propósito es atender de manera inmediata las fallas críticas del sistema y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Equipo de salud y enfoque técnico

El programa fue diseñado por un grupo con trayectoria en gestión pública, investigación y atención directa en salud. Lo integran Luz María Agudelo, exsecretaria de Salud de Medellín y Antioquia, con experiencia en fortalecimiento hospitalario; Bernardo Useche, presidente del Centro de Estudios del Trabajo -Cedetrabajo, experto en Salud pública y salud mental; Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, con énfasis en evaluación de políticas; y Víctor Correa, médico y exrepresentante a la Cámara, con experiencia en atención primaria y gestión territorial, Arturo Montejo, médico y académico experto en medicina familiar; Marcela Garcés, médica y especialista en salud pública; Javier Criales, expresidente de la Asociación Colombiana de pediatría y Ángela Molina, bacterióloga y epidemióloga.

Entre las primeras acciones, propuso una auditoría independiente a todas las EPS intervenidas y al régimen de salud del magisterio. El objetivo es aclarar el uso de los recursos, las responsabilidades financieras y las obligaciones pendientes con hospitales y trabajadores. Al igual que conocer las razones del dramático incremento de la negación de servicios a los usuarios e identificar las principales barreras asociadas con el acceso a medicamentos.

Fajardo indicó que su plan prioriza la reapertura de servicios cerrados en urgencias, pediatría y salud mental. Estas medidas buscan restablecer la atención básica, reducir los tiempos de espera y garantizar cobertura efectiva en regiones con mayor déficit.

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Una presentación ante todos los actores del sistema

La convocatoria reunió a los principales sectores del sistema, con el propósito de compartir los fundamentos técnicos de la propuesta y abrir un proceso de diálogo estructurado.

Fajardo explicó que el sistema no atraviesa una crisis coyuntural, sino un deterioro acumulado que exige orden administrativo, información verificable y gestión sostenida.

Durante su intervención, afirmó que el sistema colombiano arrastra una crisis financiera y de confianza que se refleja en la falta de liquidez, el cierre de servicios y la inequidad territorial. Mencionó que las autoridades desconocen la información real sobre el estado de las EPS y sobre el uso de los recursos públicos en salud, lo que impide tomar decisiones acertadas.

De acuerdo con el documento presentado, la propuesta se desarrollará por etapas. Los primeros cien días estarán dedicados a la estabilización financiera y a la reapertura de servicios básicos. Entre 2026 y 2027 se formulará el plan nacional de desarrollo con el fin de sentar las bases de un nuevo modelo de salud concertado con todos los actores. En la última fase, entre 2028 y 2030, se implementarán los mecanismos acordados para restructurar y saldar la deuda con los hospitales. El enfoque busca mantener la rectoría estatal del sistema de salud.

Respaldo en su experiencia de gestión

Sergio Fajardo respaldó la propuesta en su experiencia como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Recordó que en ambos cargos aplicó políticas de transparencia, control de recursos y fortalecimiento de la red pública hospitalaria. En su exposición, afirmó que la gestión en Antioquia permitió sanear hospitales y firmar pactos de transparencia con los municipios.

Se mejoró la cobertura de atención primaria, se impulsaron equipos básicos de salud, se fortalecieron los hospitales departamentales y se crearon espacios de seguimiento financiero entre autoridades locales. Fajardo dijo que ese modelo demostró que es posible administrar los recursos públicos con rigor y participación ciudadana.

“En Antioquia no se pierde un peso”, repitió, retomando una frase que lo acompañó en sus anteriores gobiernos. Añadió que el mismo principio regirá la gestión nacional en salud durante su Presidencia.

Una propuesta con cooperación y concertación

El programa presentado busca integrar a todos los actores del sistema. Fajardo insistió en que el sector necesita cooperación, no fragmentación, y que la recuperación de la confianza depende de la participación de cada institución en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Durante el evento, reiteró que el deterioro institucional no se resuelve con confrontación política, sino con planificación, consenso técnico y cumplimiento. Llamó a los gremios, las EPS, los hospitales y los trabajadores del sector a participar en la construcción de soluciones comunes.

Los principales representantes de los gremios del sector salud que asistieron al encuentro resaltaron lo valioso de la convocatoria y la disposición de Sergio Fajardo para escuchar a todos los actores del sistema. Coincidieron en que la reunión marcó una diferencia frente al clima de confrontación que domina la discusión nacional, pues el Fajardo optó por construir su propuesta mediante cooperación y concertación técnica. Destacaron que el diálogo abierto con hospitales, EPS, farmacéuticas, trabajadores y pacientes es el camino para recuperar la confianza y avanzar hacia soluciones reales para el sistema de salud.

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El presupuesto 2026 asignado a la Rama Judicial es insuficiente y amenaza con profundizar la crisis estructural de la administración de justicia en Colombia. La reducción de recursos desconoce compromisos adquiridos, como la inclusión de la bonificación como factor salarial para más de 30 mil servidores, y perpetúa un déficit que impacta directamente en el acceso a la justicia. Mientras el Gobierno destina partidas para ampliar la planta de contratistas en entidades bajo su influencia, la Rama Judicial, con una planta de 36.810 servidores, que cargan sobre sus hombros un volumen excesivo de procesos, sigue siendo relegada en las decisiones trascendentales del país. Una financiación adecuada garantiza la independencia de la Rama Judicial y la calidad del servicio, mientras que una financiación deficitaria no solo limita la capacidad operativa del sistema, sino que deteriora las condiciones laborales de quienes lo sostienen y, en consecuencia, vulnera el derecho ciudadano a una justicia pronta y eficaz.

La bonificación judicial, una conquista burlada por todos los gobiernos, incluido el de Petro.

Fue necesario un prolongado cese de labores en el año 2012 para que el gobierno nacional accediera a la nivelación de la remuneración de los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía, lo que se hizo mediante el reconocimiento de una bonificación. Prestación que debía ser parte integrante del salario, pero que todas las administraciones han pagado desconociendo esta condición. Recordemos que el Gobierno firmó el Acuerdo Colectivo 2023-2024, en el cual se habilitó una mesa técnica con el fin de dejar establecido que la bonificación constituye un factor salarial y que, por tal razón, se haría efectiva a partir del 2025, promesa que ha incumplido el presidente. Pero eso no es todo: con miras a la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2026, el Consejo Superior de la Judicatura hizo una propuesta de presupuesto por la suma de $16.015.270 millones, pero el proyecto de presupuesto radicado por el Gobierno Nacional para esa vigencia contempla un valor de $11.622.218 millones.

Promesas vacías y más incumplimiento

El gobierno del presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por ser uno de los que más promesas ha incumplido, y la Rama Judicial ha sido objeto de estas imposturas: en el presupuesto presentado por el Gobierno se excluyen las previsiones para atender necesidades del sector justicia. Por ejemplo, la creación de 7.381 cargos permanentes y un plan de descongestión para garantizar la demanda de justicia pronta y oportuna, con un presupuesto de 724.286 millones para la creación de nuevos cargos y 240.707 millones en descongestión de los despachos judiciales. Ajustes que contribuirían a mitigar la pesada carga laboral de jueces y empleados.

Para el pago de la bonificación judicial como factor salarial se requieren $774.221 millones, de los cuales se cuenta con $224.752 millones. Cabe señalar: se necesita un presupuesto adicional de $549.469 millones para cubrir el total de los servidores judiciales. Esto no es solo una promesa incumplida, sino también un golpe directo al bolsillo de más de 30 mil familias colombianas.

La organización como respuesta

Las promesas del gobierno están lejos de cumplirse. No hay voluntad para materializarlas, por lo que la única salida que tienen los trabajadores judiciales es la organización, como una manera de orientar esfuerzos para la conquista de los derechos que no han sido reconocidos por simple voluntad política. Tal es el panorama, que para el mes de septiembre sigue sin realizarse el pago retroactivo de la bonificación judicial, una muestra de la nula voluntad del Gobierno en atender a los servidores del sector justicia.

Es cierto que las finanzas del país son deficitarias, pero esto no puede servir de excusa para restar presupuesto a sectores que no están alineados con las posiciones del Gobierno. Porque mientras a la Rama le niegan un presupuesto imprescindible para su normal funcionamiento, la contratación por OPS (órdenes de prestación de servicios) realizada por el Gobierno sumó 3,2 billones de pesos en 2024, y cerca de 8 billones desde su posesión. Cabe concluir que con lo gastado en OPS desde la posesión del Gobierno se podría financiar más de 10 veces la bonificación como factor salarial.

Es necesario que se garanticen los recursos de la Rama Judicial y que no queden sometidos a los intereses del círculo del Gobierno de turno, que al final terminaría transformándose en una manera de socavar a una de las ramas del poder público.

Exigir el cumplimiento de las promesas es solo una manera de garantizar a todos los trabajadores judiciales una mejoría en su calidad de vida y la de sus familias, exigencia que se viene gestando desde hace muchos años. El camino, entonces, es la organización. La participación de todas y todos los funcionarios de la Rama Judicial alrededor de puntos tan vitales como la independencia de este órgano del Estado, la actualización tecnológica, la bonificación, la creación de nuevos cargos. Así es como la historia del país, y del mundo, ha demostrado que se obtienen nuevos derechos. Y así es como se tendrá que hacer.

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