La creación de riqueza en Tunja

Según el informe sobre Tejido Empresarial de la Cámara de Comercio de Tunja, a mayo del 2025, en la ciudad hay 15.952 unidades empresariales que generan 34.120 empleos e ingresos operacionales por un valor de 4.7 billones de pesos. Especial atención requiere la clasificación de las empresas por tamaño, pues, según ese mismo informe, 15.595, vale significar, la inmensa mayoría, son microempresas y representan el 16,8% de los ingresos operacionales; mientras que empresas pequeñas hay 299 con el 26.1% de los ingresos; medianas hay 46 con el 19.3% de los ingresos y, grandes, apenas 12 que concentran el 37,6% de los ingresos.

Ahora bien, cobra importancia otra cifra: de la totalidad de las empresas existentes en Tunja, solo 1.112 se dedican a la industria manufacturera, que ofertan 1.658 empleos. Es de suma prioridad tener en cuenta esta situación para mejorarla, por cuanto es ampliamente reconocida la potencialidad que tiene la industria para generar empleo de calidad, agregar valor, fortalecer y dinamizar encadenamientos productivos y, en suma, producir riqueza.  

Si bien constituye una base importante que hay que respaldar y proteger, falta mucho por hacer, pues, según cálculos de Cámara de comercio de Tunja, la ciudad cuenta con aproximadamente 145.000 personas en edad de trabajar y de ellos, cerca de 90.000 personas que, o tienen un trabajo o lo están buscando. De esa población, 9.291 personas siguen sin encontrar trabajo y 4.938 están ocupados en una labor inferior a la de sus capacidades.

Para darle trabajo digno a esas 9.291 personas, se requiere crear 464 empresas con capacidad cada una de dar 20 nuevos empleos; he ahí la importancia de que la alcaldía de la ciudad se ponga al servicio de generar las condiciones donde se pueda crear empresa y progresar económicamente.

De todo lo anterior se concluye que es de suma importancia que, en Tunja, desde la alcaldía municipal, se promueva una política de respaldo a la creación y crecimiento empresarial, que promueva la industria, premie la innovación, fortalezca encadenamientos productivos, brinde incentivos de crecimiento y formalización ciertos y asequibles a las MIPYMES.

El programa de Edward Parra encarna las aspiraciones de las gentes laboriosas

“Una ciudad solo progresa cuando genera oportunidades para su gente.” Esta frase, extraída del programa de gobierno de Edward Parra para las elecciones atípicas a la Alcaldía de Tunja, resume el problema principal de la ciudad y la oportunidad que la capital de Boyacá encuentra en el candidato del partido Dignidad y Compromiso. Lo que faltan son oportunidades para la gente, lo que propone Edward Parra es que la alcaldía de la ciudad se dedique a crearlas.

En ese objetivo Edward Parra tiene varias ventajas, entre las que se cuenta el hecho de su afiliación al l partido político Dignidad y Compromiso, de reconocido rigor en el debate público y de coherencia con su visión de la ciudad y la nación;  el entusiasmo y la energía propia de su juventud; tener los conocimientos técnicos y científicos de los problemas de la ciudad; conocerla físicamente por haberla caminado durante toda su vida; el liderazgo probado que como comunal ha ejercido; el equipo de trabajo de alta calidad con el que cuenta; su capacidad para construir a través de la propuesta de soluciones y del acierto de sus posiciones con respaldo científico en el debate público.

 Su programa interpreta las necesidades de la ciudad, de las que extraigo algunas:

•         Fortalecer los Centros de Emprendimiento Municipal.
•         Promover programas de formación empresarial.
•         Gestionar recursos para capital semilla y fortalecimiento empresarial.
•         Acompañar procesos de formalización empresarial.
•         Impulsar el emprendimiento femenino y juvenil.
•         Fortalecer la economía popular y solidaria.
•         Promover redes de cooperación entre emprendedores.
•         Facilitar el acceso a herramientas digitales para pequeños negocios
•         Crear la Mesa Municipal de Empleo y Productividad.
•         Fortalecer las ferias de empleo.
•         Promover programas de formación para el trabajo.
•         Gestionar incentivos para empresas generadoras de empleo.
•         Impulsar procesos de inserción laboral juvenil.
•         Fortalecer las compras públicas locales favoreciendo proveedores del municipio.
•         Promover programas de primer empleo.

Concluyo que el mejor candidato a la Alcaldía de Tunja en las elecciones atípicas del próximo 26 de julio es Eduard Parra. Con él la ciudad va a iniciar un proceso de recuperación y fortalecimiento de su tejido productivo con especial énfasis en la industria, las MIPYMES y teniendo como prioridad la generación de empleo, fundamentalmente en jóvenes y mujeres. Invito a votar por él.

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Durante 17 años, cuatro prestadores privados operaron bajo el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), un modelo que permitía economías de escala para garantizar la cobertura en zonas vulnerables. Sin embargo, la decisión de la Superintendencia de transitar hacia la libre competencia, permitiendo la operación de hasta nueve empresas, ha fragmentado un mercado de cerca de 900.000 usuarios y más de $324.000 millones de pesos anuales. Esto suena bien en el papel, pero en la práctica le crea un perjuicio al suscriptor En el trabajo sobre libre competencia y servicio de aseo – Caso Yumbo, elaborado por Juan José Suarez Grajales, advierte que, cuando muchas empresas compiten de esta forma, terminan preocupándose más por buscar y acumular clientes que por recoger bien las basuras: algo así como una “guerra del centavo”. También corremos el riesgo de la doble facturación; es decir, que a un mismo usuario dos operadores distintos le cobren el servicio por el mismo periodo. Es una arbitrariedad que ya se ha presentado en otros municipios cuando compiten conviven varios prestadores sin un catastro unificado, y es una de las preocupaciones centrales de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. Los usuarios no podemos pagar el desorden promovido en beneficio de la libre competencia, ni con pagos dobles ni con la disminución de la calidad del servicio.

Las inconsecuencias de Petro con las empresas municipales

Petro prometió devolverle Emsirva a Cali pronto. Sin embargo, de manera muy extraña, Emsirva (hoy controlada por un agente interventor nombrado por la SSPD) abrió una nueva licitación pública para contratar a otros privados por dos años más.
El verdadero valor de Emsirva no está en la empresa como tal, sino en su catastro de usuarios: la lista que contiene nombres, direcciones y recibos de los 900.000 hogares que pagan aseo en Cali, y que es la fuente real de ingresos del negocio. Emsirva es la única propietaria de ese catastro, pero el Gobierno nacional la mantiene intervenida desde hace 17 años sin devolverla. Por eso, devolver la empresa sin dejar claro que solo Emsirva tiene el derecho de explotar ese catastro la convertiría en un cascarón vacío, una «empresa fantasma», como la llama el alcalde de Cali, una entidad sin usuarios y, por tanto, sin los recursos que la hacen funcionar. La falta de claridad sobre quién puede usar el catastro y la negativa de los operadores privados a entregar oficialmente esa información constituyen una afrenta a la ciudad, y plantean la pregunta de fondo: ¿para qué devolver la empresa si pretenden entregar el negocio a privados antes de irse?
La Constitución es clarísima: el deber del Estado es asegurar que los servicios públicos funcionen con eficiencia para beneficio de todos los habitantes. El modelo de libre competencia ha traído el caos y el riesgo de los cobros dobles. Es por ello que el Distrito de Cali debe operar el servicio directamente.
Como representantes de la Liga de Usuarios, creemos que EMCALI podría ayudar a recuperar el servicio. ¿Por qué? Porque EMCALI es una empresa consolidada, con una gran infraestructura y el recurso humano y técnico necesario, que además ya tiene a su cargo la distribución de otros servicios públicos domiciliarios claves para una gestión de basuras inteligente como son el acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones. Una empresa de estas calidades puede dar el salto hacia una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos; que cuide las fuentes hídricas y que abra la puerta a proyectos de aprovechamiento, como la generación de energía a partir de residuos. El dinero que pagamos por el servicio de aseo debe quedarse en Cali y usarse para limpiar nuestras calles y mejorar el servicio, y no para que varias empresas privadas compitan por nuestras bolsas en el andén.

Aprendamos del tratamiento que los países avanzados dan a las basuras

Vale la pena mirar hacia los países nórdicos, donde el aseo dejó de entenderse como la simple recolección de basura para convertirse en una verdadera economía circular. En Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia el servicio lo coordinan los municipios y opera bajo una “jerarquía de residuos” que prioriza, en este orden, prevenir, reutilizar y reciclar, dejando la recuperación de energía casi como último recurso; enviar residuos a un relleno sanitario es la opción menos deseable y está prácticamente prohibido para la materia orgánica. Para lograrlo, los hogares separan sus residuos, por ejemplo, en Suecia, desde 2024; separar los residuos de alimentos es obligatorio por ley y funcionan sistemas de depósito y devolución, como el pant sueco, que devuelven dinero al ciudadano por cada envase que recicla.
Lo que no puede reutilizarse ni reciclarse se transforma en plantas de valorización energética que producen electricidad y calefacción para las viviendas, de modo que casi nada termina enterrado. Vista en términos físicos, la idea de fondo es a la vez sencilla y profunda: cada vez que un material se desecha y se entierra, su energía y su orden se dispersan sin remedio y aumentan la entropía del sistema. Mantener los materiales circulando (repararlos, reutilizarlos y reincorporarlos a la producción) hace que ese deterioro ocurra más despacio y que la ciudad extraiga el máximo valor de lo que ya produjo antes de devolverlo a la naturaleza. Esa es, precisamente, la clase de gestión integral y sostenible a la que Cali debería aspirar.
Es hora de que la basura deje de ser un negocio de unos pocos y vuelva a ser un servicio público de calidad, manejado por nuestra propia ciudad.

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La Contraloría General de la República reportó hallazgos fiscales por $21.000 millones, relacionados principalmente con la implementación del nuevo modelo de recaudo del Sistema de Transporte Público de Santa Marta (SEPT). En otras palabras, con corte al año 2026, el contrato suscrito para este fin no se ha cumplido, pese a que los recursos ya fueron desembolsados en el marco de un convenio de cofinanciación entre el Ministerio de Transporte y el SEPT.

El primer hallazgo fiscal que señaló la Contraloría fue por $19.840 millones, relacionado con un contrato firmado en el año 2023 para la implementación del sistema de recaudo centralizado, control de flota e información al usuario del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad.

Un segundo hallazgo, por $1.250 millones, para la ejecución y pago de una interventoría del contrato principal, pero como lo señaló la contraloría, no se advirtieron las irregularidades e incumplimientos de los compromisos pactados, lo que presuntamente podría acarrear consecuencias disciplinarias.

Desembolsos sin ejecución

Es alarmante que los recursos públicos de la ciudad no se manejen de manera correcta. Deja en entredicho el proceder del gobierno de Virna Johnson, aliada del candidato presidencial Carlos Caicedo, para suscribir contratos que no se cumplen. Se nota la falta de rigor a la hora de ejecutar pagos con la plata recaudada de los impuestos de los ciudadanos.

Así mismo le cabe responsabilidad al actual alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello, quien a pesar de haberse pronunciado después de conocerse el informe, manifestando que su administración informó el presunto detrimento de los recursos público, cabe preguntar: ¿por qué aún no está en funcionamiento y no ha resuelto la modernización del recaudo?  Ya pasaron más de dos años de haberse firmado el contrato y solo un poco más de 1 año para finalizar su administración.

Quedó en evidencia cómo terminaron desembolsando todo el dinero a pesar de que no se implementó la modernización del sistema de recaudo. Basta con subirse a los buses del transporte público y ver cómo quedaron instalados los equipos en algunas busetas de la ciudad, pero nunca se pusieron en funcionamiento.

Otro aspecto grave es el pago por la supervisión, que evidentemente no advirtió las fallas ni los incumplimientos del contrato, incluido en el acuerdo de cofinanciación con el Ministerio de Transporte para las vigencias 2023 y el primer semestre de 2025. En ese contexto, si la junta directiva del SEPT está conformada por delegados del Gobierno nacional y el acuerdo se suscribió con una cartera del gobierno de Gustavo Petro, surge una pregunta: ¿por qué el gobierno del “cambio” no veló por los intereses de los samarios?

¿Quiénes deben responder?

Estos hallazgos obligan a establecer no solo la responsabilidad administrativa de los encargados de implementar el sistema de recaudo electrónico, sino también la responsabilidad política de las dos administraciones distritales y del Gobierno nacional vinculados al contrato.

No hay duda de la gravedad de los hallazgos de la Contraloría, es importante que los organismos de control y la Fiscalía general, realicen las debidas investigaciones para encontrar las responsabilidades fiscales, disciplinarias e incluso penales a las que haya lugar. Y también es de suma importancia que los jefes de las administraciones involucradas en este caso asuman la responsabilidad política que les compete y hagan lo que sea necesario para reparar los daños causados a los samarios. Vale la pena mencionar el silencio del Concejo de Santa Marta ante estos presuntos casos de corrupción.

Unidad frente a los hechos de corrupción

Los samarios debemos unirnos para levantar una voz de exigencia al Gobierno de Gustavo Petro y a los gobernantes de la ciudad, para que demuestren un compromiso real con la transparencia en la ejecución de los recursos públicos. Son muchas las necesidades de la ciudad, y no tiene presentación que los pocos recursos públicos que hay, no se ejecuten ni se cuiden para que cumplan su objetivo central, que debe ser mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Le acude la razón a Sergio Fajardo, candidato presidencial, explicando parte de los males del país: “es la corrupción, estúpido”.

Coletilla: Envíe un derecho de petición con el fin de esclarecer lo que presuntamente puede ser un caso más de corrupción.

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Soy partidario de que Colombia aproveche sus recursos naturales mineros, y aquí caben todos los tamaños de la actividad minera, artesanal o mecanizada, pequeña, mediana o grande. Que cada proyecto consulte la relación costo-beneficio, de tal forma que, si los costos ambientales y sociales no son mitigables o son superiores a los beneficios, será razón para no aprobar un proyecto minero, pero si por el contrario son mitigables y los beneficios los superan, debe procederse con él.

La historia reciente da cuenta de una seguidilla de gobiernos dedicados a servir a la gran minería multinacional y por ese conducto, al capital financiero especulativo que está presente detrás de casi toda ella. La expedición de la Ley 685 de 2001 abrió las puertas para privilegiar casi exclusivamente lo que, en su momento, y todavía hoy, llaman de forma rimbombante “minería bien hecha”.

De forma paralela, en este cuarto de siglo los mineros de hecho, denominación que en el siglo pasado se les daba a quienes ejercían la actividad sin título o licencia, han vivido un verdadero viacrucis. De mineros de hecho pasaron a ser ilegales y aceleradamente, la propaganda oficial y la de las propias multinacionales mineras, que los han considerado rivales o competidores, los convirtieron en criminales. De paso, esa propaganda, como en un efecto boomerang, le dio una connotación negativa en la opinión pública a toda la actividad minera.

Los títulos mineros que se han otorgado a manos llenas desde que está vigente el actual Código de Minas se han obtenido sin el reconocimiento de la minería de hecho, presente en los polígonos concedidos, mucho antes incluso de que fueran solicitados. Estos títulos han sido entregados principalmente a multinacionales mineras y a lo que denominan mineras junior, que no son otra cosa que cazadoras de títulos mineros para especular en bolsa.

Desde ese entonces se ha vivido una inclemente persecución y estigmatización, que llegó al paroxismo con el Decreto 2235 de 2013, que, con falsa motivación, se expidió al amparo de la Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Este instrumento autoriza a la fuerza pública a destruir la maquinaria y equipo de los mineros sin título, pretermitiendo los principios constitucionales de debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa.

En campaña el presidente Petro prometió expresamente que iba a formalizar a los mineros ancestrales y tradicionales sin título y que no los iba a perseguir. Desde luego, obtuvo entre ellos una alta votación. La realidad ha sido que el decreto terrorista, como acertadamente lo denominan los mineros nacionales sin título, sigue vigente y se está aplicando con todo rigor.

Ahora, en las postrimerías del gobierno del “cambio”, presentan un Proyecto de Ley que, aunque anuncia demagógicamente que va a formalizar y legalizar, lo que hace es negar los pocos avances que se habían logrado con la Ley 2250 de 2022, aún sin aplicar, además de colocar trabas enormes a todo tipo de minería, incluida la mediana y la grande mecanizada. Una verdadera sentencia de muerte para toda la minería en Colombia. 

A la gran minería le cuelga una serie de obligaciones de ejecutar acciones frente al cambio climático, a la llamada resiliencia de los territorios, que, por no estar especificados claramente, pueden ser instrumentos para el accionar arbitrario de funcionarios de turno. El artículo 23 llega incluso a prohibir expresamente la exploración y explotación de carbón térmico, un absurdo, habida cuenta de que los combustibles fósiles todavía serán utilizados en el mundo, al menos hasta bien entrada la segunda mitad de este siglo y que Colombia tiene enormes reservas de ese tipo de mineral.

El contenido del Proyecto de Ley prueba que pasamos de gobiernos afectos solo a la gran minería multinacional a uno que se declara enemigo de todo tipo de minería, y le dicta sentencia de muerte, veamos.

La primera curiosidad que da cuenta de la verdadera intención del proyecto es que la expresión reconversión productiva se repite 27 veces y la palabra diversificación, 22 veces. Ambas expresiones están ligadas al cambio de la actividad minera por otra no explicada por ningún lado en el proyecto y no se sabe entonces cuál o cuáles serían.

Cabe entonces una pregunta: ¿Colombia necesita menos mineros de los que hoy ejercen la actividad? Porque si no es así, ¿para qué reconversión y diversificación? Esta es una de las pruebas de que el proyecto es una sentencia de muerte para la minería. 

Una de las batallas que han librado los mineros de subsistencia es que se les permita la utilización de al menos pequeñas motobombas para extraer arenas de los lechos de los ríos, debido a que en las playas adyacentes ha disminuido notoriamente la recarga de oro, o que hay afluentes sin playas, pero con altos contenidos auríferos en sus lechos. El Proyecto de Ley autoriza la utilización de estos pequeños equipos, pero ojo, solamente para retirar el agua. Autoriza el equipo, pero no para lo que lo necesitan los mineros. Como si alguien le dijeran que puede usar la cuchara, pero no para comer. 

Es bastante curioso que se les esté vendiendo a los mineros ancestrales el proyecto como la puerta para la formalización y legalización, cuando deroga expresamente los artículos 4°, 5° y 9° de la Ley 2250 de 2022. 

El artículo 4° de la Ley 2250 ordena que “los mineros que radiquen la solicitud de formalización, estarán cubiertos por la Directiva Permanente 2014 expedida por el Ministerio de Defensa, en la cual se imparten ‘Instrucciones para la lucha contra la minería criminal y la aplicación del Decreto 2235 de 2012’.” Eso lo que significa es que, si el minero no está incurso en procesos por narcotráfico, terrorismo o vinculación con grupos armados ilegales, al solicitar su formalización y ser caracterizado como minero de hecho, la fuerza pública no le puede quemar la maquinaria. Pues bien, el gobierno del cambio, en lugar de aplicar esta prerrogativa que ya está en la ley y reglamentarla debidamente, propone derogarla. 

El 9° de la 2250 ordena la redacción de un Plan Único de Formalización Minera. Este gobierno redactó uno bien farragoso y lleno de barreras, pero al menos hay algo. Pues este gobierno en el PL, en lugar de propender por su fluidez, lo deroga. 

Prohíbe expresamente la cesión de derechos para un minero que logre terminar un proceso de formalización. Es decir, le podría llegar a otorgar un título, pero no le pertenecería, ya que no lo puede negociar o vender. Es como decimos en Antioquia, tener mamá, pero tenerla muerta. 

Crea un Registro Único de Minería Informal (RUMMI), que aplica exclusivamente para minería de pequeña escala. ¿Qué pasará con la de mediana escala, que usa maquinaria amarilla y que hace una sinergia enorme con los mineros artesanales de subsistencia?

Los obstáculos van creciendo a medida que se profundiza más en el análisis del proyecto. El gran clamor, especialmente de comunidades negras, para que se sustraigan áreas de reservas forestales, de las contempladas en la Ley 2° de 1959, especialmente aquellas que ya llevan años dedicadas a la explotación minera y que no tienen la categoría de alto valor ambiental. El clamor, aparentemente se recoge con un mecanismo de sustracción exprés, pero ojo, solo hasta de pequeña escala. Tanto que dicen querer a los negros y los condenan a ser pobres de por vida. 

Para los pequeños y medianos mineros de las esmeraldas, que tanto han luchado por tener un régimen especial, por las características particulares de la gema, solo contempla un artículo que dice que la autoridad minera debe elaborar un PTO diferencial, sin fecha en el calendario. Una burla. 

Pero tal vez el problema más grave del Proyecto de Ley es que prohíbe la actividad minera prácticamente en todo el territorio nacional. Establece las denominadas Zonas Excluidas de la Minería (ZEM), con tal grado de amplitud, que no habrá espacio para desarrollar proyectos mineros prácticamente en ningún predio del territorio nacional. Tal vez esta sea la explicación por la que el proyecto habla tanto de reconversión productiva o diversificación. Ante la sentencia de muerte a la minería colombiana, ¿estarán pensando los funcionarios del gobierno de Petro lo mismo que los del de Santos, en convertir a los mineros en peluqueros o estilistas? Averígüelo Vargas.

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Sobre la privatización del alumbrado público en Soacha y su mal resultado en Colombia

Este artículo pretende analizar la reciente votación del Concejo de Soacha, donde aprobaron la creación de una sociedad de economía mixta (SEM) para el alumbrado público, en la que el 49% de la operación se entregará a capital privado. Una decisión que afectará el bolsillo de los soachunos, por lo tanto se hace necesaria esta investigación para dejar evidencia de la voz de rechazo a la privatización de los servicios públicos, pero ante todo seguir exigiendo que estos sean motor para el desarrollo económico, la generación de riqueza y formen parte de los sectores estratégicos de la nación, como lo señalé en mi artículo anterior «Sin una empresa pública, Soacha no puede reducir las tarifas de aseo»

Demostraremos que la decisión de crear una SEM para el alumbrado público en Soacha, lejos de ser un acto de modernización, es un negocio que tiene implicaciones negativas y que elevará el costo de los servicios públicos. Y, aunque insistan en que una SEM no equivale a una privatización, el precedente de Sociluz y los distintos casos de privatización en el país nos alertan sobre el destino que podría esperar Soacha con esta decisión en el transcurso de los siguientes veinte años.

El negocio de privatización: un préstamo de 49.300 millones de pesos 

Un análisis detallado de la estructura financiera revela un modelo que beneficia de manera desproporcionada al socio privado desde el inicio de la creación de la SEM, donde el punto central de la negociación es la aportación de capital del socio privado. La estructura financiera del proyecto establece que este aportará 49,300 millones de pesos (Como si se tratará de una inversión de capital). Pero, ¿es esta una inversión de riesgo o un crédito con pago garantizado? Aquí la respuesta extraída de su propio estudio de viabilidad que aclara el rol que tendrá el socio privado:

 “el socio privado recibe la remuneración de la inversión, acumulados y actualizados, equivalen a la devolución total de sus $49 mil millones invertidos más una rentabilidad justa, todo dentro del término de la sociedad.”  Proyecto de Acuerdo municipal No 27, Alcaldía de Soacha, Pág. 27 

“(…) el modelo financiero proyectado estima que una porción de los ingresos anuales del impuesto (aprox. $6,96 millones mensuales, según el estudio) será destinada a amortizar el aporte de capital privado, de modo que en 20 años la inversión inicial esté completamente recuperada.” pag 120, CONTRATO DE CONSULTORÍA 3275-2024

“El costo anual de inversión calculado a partir del mes 13, asciende aproximadamente a $7,2 mil millones de pesos, cifra que representa la porción de los ingresos del alumbrado público destinada a retribuir y amortizar el aporte de capital privado.” pag 173, CONTRATO DE CONSULTORÍA 3275-2024 

Esto no es una inversión, sino un mecanismo de financiamiento similar a un préstamo. El municipio y, por extensión, los ciudadanos de Soacha se comprometen a devolver la totalidad del capital aportado junto con una rentabilidad (intereses) durante los 20 años de esta primera negociación. Este detalle crucial fue omitido tanto por el alcalde en sus intervenciones públicas, silenciado por el ponente del proyecto e ignorado por los concejales quienes lo aprobaron sin ofrecer resistencia ni explicarle a la ciudadanía que se estaba adquiriendo una deuda cuyas condiciones de pago, tasas de interés y plazos exactos quedan ocultos y a merced de la negociación con el futuro socio.

El municipio queda en una clara desventaja, pues un socio operador que cuente con la capacidad financiera para desembolsar casi 50.000 millones de pesos, no es algo que se encuentre con una simple licitación pública, dejando por fuera elementos como el “libre mercado” donde la escasez de competidores otorgará poder de negociación extraordinario a los pocos negociantes que tiene Colombia en el alumbrado público, como Remberto Merlano, conocido como el «Zar del alumbrado público”, o La familia de William Vélez, también conocido como el “Zar de las basuras”, quienes están preparados para imponer sus condiciones en este negocio de Soacha. 

Esto contradice al presidente del concejo Carlos Ospina, quien a través de una simplista invitación le pidió a la ciudadanía que «montara su negocito de alumbrado público» para licitar en este multimillonario negocio. Serán entonces el alcalde Julian Sanchez “Perico” y los concejales de Soacha quienes votaron positivo, los máximos responsables de esta equivocada decisión. 

La pérdida del patrimonio convertida en ‘aporte’ del socio operador

Los números son claros y provienen de la propia estructuración del negocio, consiste en el cálculo de su valor de vida útil remanente (70.000 millones de pesos); situación que van a resolver con el préstamo mencionado y que está disfrazado de inversión (49.000 millones de pesos). El resultado será la entrega de ese valioso activo (patrimonio público), más los cerca de 20.000 millones de pesos que hoy están disponibles en las cuentas bancarias de Soacha y que serán usados para incrementar el valor de vida útil de estos activos, pero que no se están teniendo en cuenta en la negociación. 

Entregaremos nuestro patrimonio, su valorización y la modernización $91.000 millones por menos del 1% del valor final; será un negocio donde el socio gana mucho y el municipio pierde mucho. Serán veinte años de amortización de una deuda privada superior al valor de vida útil del patrimonio y al valor del crédito inicial a costa de perder el patrimonio público vigente.

Y… ¿Por qué subirán las tarifas del alumbrado público? 

La respuesta se encuentra en la fórmula que determina los costos máximos con la que se remuneran las actividades del Sistema de Alumbrado Público, definida y establecida por el socio operador privado amparado por el régimen de libertad de precios de acuerdo con las reglas previstas en las Leyes 142 y 143 de 1994, las fórmulas definidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y un entorno oculto de costos y gastos operacionales protegidos por el derecho privado de las empresas.

Esta condición la estamos viviendo con todos los servicios públicos privatizados, donde los costos (suministrado por el operador) se someten a un “(…)régimen de tarifas de libre negociación entre las empresas comercializadoras de energía eléctrica (…)” una práctica que, por experiencia, termina incrementando los valores reales de la operación, maximizando la rentabilidad (ganancias) del operador, trasladado vía tarifa (o impuesto) al usuario final.

Ni el presidente, ni el Alcalde, ni el Concejo, ni la ciudadanía y por supuesto ni usted que está leyendo este artículo, ni yo quien lo escribió, podremos auditar con plenas garantías la estructura de costos que definirán la tarifa final. Por lo tanto, quiero puntualizar elementos del proyecto de Acuerdo, porque aquí es donde se estableció el negocio:

Problema 1. El «socio estratégico»: control total de la operación

El proyecto de Acuerdo denomina al actor privado como «socio estratégico u operador especializado». Esta no es una simple cuestión de semántica. Como se detalla en el estudio técnico del proyecto, este socio ejecutará las actividades operativas y de mantenimiento bajo un esquema de «a todo costo y riesgo». Este socio definirá cuánto cuesta mantener el sistema, comprar insumos, contratar personal y, en última instancia, fijar el precio de su «eficiencia», que en conclusión son elementos importantes de la fórmula tarifaría que define la remuneración final de este servicio.

Por lo tanto, el municipio queda relegado a un rol de supervisión sobre indicadores de desempeño (como la disponibilidad del servicio), pero sin tener el control sobre la estructura de costos que el socio presente.(…) el Estudio Técnico de Referencia desagrega la distribución interna de dicho costo dentro del modelo operativo propuesto, distinguiendo los costos administrativos propios de la nueva sociedad de economía mixta y los costos de operación y mantenimiento a ser contratados con el operador especializado.

En efecto, se prevé que la sociedad de economía mixta asuma directamente ciertos gastos administrativos (personal directivo, arrendamientos, seguros, servicios públicos, gastos legales, etc.) asociados a la gestión del alumbrado público, mientras que las actividades estrictamente operativas y de mantenimiento del sistema serán ejecutadas por el socio operador bajo un esquema de “a todo costo y riesgo” y con indicadores de desempeño (p. ej. niveles de disponibilidad) pactados. (…) (Proyecto de Acuerdo No 27 de 2025, Alcaldía de Soacha) pag 18

Problema 2. El objetivo: la máxima rentabilidad posible

Este modelo no es nuevo y la experiencia previa nos sirve de advertencia. En 2024, en un análisis que realizamos en la USPD sobre empresas de servicios públicos como Urbaser, Intraseo, Veolia, entre otras, demostramos que sus utilidades están por cerca del 30% de sus ingresos. Más revelador aún es el caso de Sociluz, la anterior operadora del alumbrado público de Soacha, que de acuerdo a los análisis realizados de los datos expuestos por la propia alcaldía, esta empresa llegó a tener utilidades cercanas al 40% de sus ingresos durante sus 23 años de operación; demostrando que, durante años, los soachunos podríamos haber pagado tarifas significativamente más bajas si el servicio hubiera sido gestionado con un enfoque de servicio público, en lugar del modelo de privatización que está al servicio de maximizar las ganancias.

Por lo tanto, el Concejo de Soacha ha aprobado un modelo en el que se cede el control total de la operación a un privado, que otorga un préstamo disfrazado de inversión, se le entrega  un patrimonio con un precio inferior al que realmente será y se le permitirá definir los costos que determinarán la tarifa final donde estarán cubiertos bajo el amparo del secreto comercial. La historia y la lógica económica indican que el resultado solo puede ser uno: tarifas impagables para los ciudadanos.

Sobre la privatización del alumbrado público en Soacha y cuál será su resultado

Para dimensionar el verdadero alcance de este acuerdo aprobado por la mayoría del Concejo, en complicidad del alcalde Julián Sánchez “Perico”, es necesario hacer un cálculo aproximado de lo que esto representará en plusvalía para el socio operador privado. La cifra, aunque impactante, es una estimación conservadora. Se le está entregando un negocio cuyo valor total se acerca a los $400.000 millones de pesos en ingresos para este “socio estratégico” (cerca de medio billón de pesos) de la siguiente manera:

• Devolución del préstamo con intereses: El aporte inicial de $49.300 millones no es una inversión de riesgo, sino un crédito que Soacha debe pagar vía tarifa. Considerando una tasa de interés comercial a veinte años, el monto devuelto (capital + intereses) puede multiplicarse varias veces, superando fácilmente los $200.000 o $300.000 millones.
• Utilidades de la operación: Como se demostró, la operación genera utilidades de cerca del 40%. El socio privado recibirá el 49% de estos excedentes. Si se proyectan unas utilidades anuales de $12.000 millones, el socio obtendría casi $6.000 millones cada año, lo que sumaría $120.000 millones a lo largo del contrato sin tener presente los incrementos que se harían cada año.
• El «regalo» del patrimonio: Al socio se le permitirá controlar activos que estarán valorados en $70 mil millones y ser dueño del 49% de la empresa, a cambio de un aporte a capital social, que no representa ni el 1% de ese valor. Es un beneficio patrimonial inmediato y gigantesco.

Nadie en su sano juicio aceptaría un negocio en estos términos. La modernización tecnológica es posible y necesaria, pero el camino elegido es inconveniente para Soacha.

Nuestra propuesta: una empresa 100% pública; un camino descartado a conveniencia de quien presentó el proyecto y de quienes lo votaron

Existía una alternativa lógica y financieramente viable: crear una empresa 100% pública. Los $49.300 millones necesarios para la modernización podrían haberse obtenido mediante un crédito público, el cual se habría pagado con los propios excedentes del 40% que genera el servicio. Esta ruta habría permitido una reducción de tarifas para los ciudadanos por dos vías:

1. Reducción directa: Una vez pagada la deuda (en un plazo estimado de 4 a 5 años), los excedentes podrían haberse usado para bajar directamente las tarifas.
2. Eficiencia tecnológica: La modernización con luminarias LED reduce el consumo de energía, disminuyendo los costos operativos y, por ende, la tarifa final.

En lugar de esto, se optó por un modelo que, según estimaciones, le entregará a un operador privado cerca de $500.000 millones de pesos durante la vida del contrato. La gravedad de esta decisión, que hipoteca el futuro de un servicio esencial, exige una ciudadanía informada, indignada y movilizada contra la privatización que la administración de Julián Sánchez “Perico” y sus concejales aliados le han impuesto a Soacha. Se repite la historia de los mismos de siempre, que pertenecen a los mismos partidos de siempre, tomando decisiones siempre contra la gente, en complicidad con los mismos de siempre.

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¿En serio, un mar? 

Un amigo con buen sentido del humor comentó que, así como Trump exige que en los mapas el Golfo de México se llame de América, el alcalde de Medellín aspira a que, en los mapas del futuro, empiece a aparecer el Mar de Fico.

Sería el primer mar artificial del planeta. Hasta ahora el ser humano ha podido crear playas artificiales en riberas de mar o de ríos que no las tienen. Se han creado islas en cuerpos de agua dulce e incluso en el mar, tal cual lo han hecho en el deslumbrante y ficticio emirato de Dubái, con grandes obras de ingeniería desde luego; incluso se pueden hacer piscinas con algún tipo de playa y hasta con olas, pero mar, propiamente lo que se llama mar, definitivamente sería el primero en el mundo: el Mar de Fico. 

Tal vez lo más parecido hasta ahora era el Seagai Ocean Dome en la ciudad japonesa de Miyazaki, solo que ese era al nivel del mar y no a los 1.500 MSNM y tenía el verdadero cuerpo de agua salada a tan solo 300 metros de distancia. Pero el muy creativo alcalde de Medellín ha anunciado que lo hará a 220 kilómetros de la playa más cercana en línea recta y de la que nos separa nada más que parte de la cordillera central y toda la occidental. ¡Verdaderamente portentoso! 

Bueno recordar que el tal Seagai Ocean Dome era una enorme piscina con olas y arena, incluso con techo corredizo que se cerraba en el invierno y se abría en el verano. Ese experimento cerró en 2007, fue demolido en 2017 y quedó como un mal recuerdo de la burbuja japonesa de los años 90 del siglo pasado. 

Hay varias playas artificiales en el mundo, pero todas a la orilla del mar, o de playas con arena artificial en piscinas de agua dulce o ríos. Incluso, los holandeses han hecho lo contrario, robarle tierra al mar, el famoso Flevopolder. Mencionemos la playa Larvotto en Montecarlo, en el exclusivo principado de Mónaco, la Playa Soleada, Shanghái, las de Odiaba en Tokio, la creada en Malé, Islas Maldivas, todas a la orilla del mar de verdad, o las playas fluviales como la del Río Sena Paris-Plages en Francia. 

Pero el alcalde nos anuncia que con menos de USD $50 millones, en Medellín tendremos un mar. Por fortuna el alcalde no cuenta con más dinero, pues nos podría ofrecer, no ya el Mar de Fico, sino el Océano Fíquico y ahí si nos fregaríamos todos, pues nos tendríamos que ir a vivir cerca al páramo de Sonsón o al de Belmira. 

¿El Mar de Fico armoniza con alguna de las líneas del Plan Distrital de Desarrollo? 

Aparte de lo chistosa y ridícula que suena la propuesta del Mar de Fico, que a mi juicio no pasa de ser una montañerada, de aquellas que, no sin razón en algunas ocasiones, nos han valido el calificativo de exagerados a nosotros los antioqueños, examinemos si la costosísima piscina con olas y arena, tiene algún asidero en el Plan de Desarrollo Distrital, PDD, carta de navegación de la alcaldía. 

Busqué en cual línea del PDD podría caber, primero en lo que concierne al espacio público, y allí no aparece para nada el Mar de Fico, entre otras cosas, porque si tuviera el propósito de sumar espacio público para la ciudadanía, no agregaría ni un metro  cuadrado más, pues se haría en lo que hoy es ya espacio público. 

El Plan de Desarrollo en ese tema es bastante tacaño en una ciudad que escasamente posee 3,96 M2 de espacio público por habitante. Siendo extremadamente generoso con el cálculo del espacio público que pudiera sumarse con este PDD, escasamente lo subiría a 4,03 M2 por habitante, cuando la recomendación de la OMS es de entre 10 y 15 M2. 

Y si hablamos de escenarios deportivos, que podría ser otra de las líneas en que a la brava podría meter el Mar de Fico, tampoco. Escarbando en el PDD, encontré que lo único que este contempla al respecto es el mantenimiento y rehabilitación de cerca de 500 unidades. Eso quiere decir que nuestro triatlonista alcalde olvidó incluir en su Plan lo que él describe como el mejor escenario del mundo para esa disciplina deportiva. 

¿Y lo único que le falta a Medellín es el mar? 

Esta es la pregunta clave para el alcalde y la ciudadanía. Cualquiera que mire, así sea superficialmente que le falta a Medellín, encontrará, antes que Mar de Fico, existe una lista grande de pendientes con sus habitantes. 

Empecemos por un tema que prácticamente afecta a todos los habitantes de nuestra ciudad: la construcción de vivienda. Esta sí que es una auténtica prioridad, pues si se incentivara en serio, de carambola le pegaría, por un lado, a la gentrificación bárbara, o turistificación como la llaman ahora, que está viviendo La Bella Villa, y por otro, al tema de la adaptación a la crisis climática y a la mitigación de sus efectos, en virtud de que la escasez y encarecimiento de vivienda, obliga a los más pobres de los pobres a asentarse en sitios de altísimo riesgo, con tragedias dolorosas como las que se vivieron en la última temporada invernal. 

Según una investigación sobre la incidencia de la planeación urbana territorial en la producción de vivienda de interés social, elaborada para obtener su grado de maestría en Estudios Urbano-Regionales de la Universidad Nacional, Diego Palacio encontró que entre 2019 y 2023, en Medellín se duplicó la escasez de vivienda. Se llegó a la cifra de 16.000 viviendas faltantes y casi 100.000 hogares con vivienda en condiciones absolutamente inadecuadas. 

En 2019 se elaboró el Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHMED), justo en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, y en él se fijó la meta de reducir ese déficit significativamente para 2030. Estamos a escasos cinco años de que se cumpla ese plazo, y de aquello nada, el déficit, en lugar de reducirse, aumenta. 

El Plan Distrital de Desarrollo vigente fijó la meta de algo así como 1.300 hogares con vivienda nueva y de unos 12.000 mejoramientos de vivienda. Una verdadera burla, que este alcalde, que le propuso a la ciudad en 2019 una reducción significativa de los déficits cuantitativo y cualitativo de vivienda, nos ofrezca en el PDD de su segundo mandato, que buscará, a escasos tres años de la fecha fijada en el PEHMED, reducirlos escasamente un 8% en el cuantitativo y un 12% el cualitativo. Ahora, esto es en el papel, a estas alturas y ya llegando casi a la mitad de su mandato, hay evidencia de que no se ha avanzado mayor cosa en esa paupérrima meta. 

La conclusión es muy evidente: si se llega a materializar el tal Mar de Fico, con esa enorme inversión, lo más que se logrará será el brillo de unas piscinas grandes con arena artificial, sin crecer un milímetro el área de espacio público para la ciudadanía. 

Y lo que es peor, este megalómano proyecto, no solo no está en Plan Distrital de Desarrollo vigente, sino que no apunta a resolver ni de lejos alguna de las principales necesidades de Medellín; es más, podemos decir que los agravaría, pues acentuaría la turistificación que ha disparado los precios de la vivienda y acrecentado los problemas de asentamientos subnormales. 

Dicen que, si piensas mal, es muy posible que aciertes. Sería bueno averiguar quién está detrás de esta absurda idea y qué intereses lo mueven, no vaya a ser que estemos ante una versión desmejorada del tal Central Park de Luis Pérez.

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Boyacá arrancó agosto con paro de mineros indefinido, convocado por campesinos y trabajadores del sector carbonero. La jornada comenzó con bloqueos en vías principales, suspensión del transporte intermunicipal y un ambiente de creciente tensión entre manifestantes y autoridades. Los convocantes exigen al Gobierno Nacional respuestas concretas ante lo que describen como una ofensiva institucional contra la minería tradicional, agravada por nuevas cargas tributarias, deudas sin saldar y decisiones que han golpeado de lleno la economía regional.

Desde el lunes 4 de agosto de 2025, municipios como Paipa, Sogamoso, Tópaga y Mongua se han convertido en epicentros de la movilización. Carreteras estratégicas como la vía Bogotá-Tunja, la glorieta de salida de Paipa y el corredor Cusiana permanecen bloqueadas con volquetas cargadas de carbón y laja, en señal de protesta contra la política minera del Ejecutivo.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó el cierre total de la vía nacional entre Bogotá y Tunja a la altura del Puente de Boyacá. Mientras tanto, la terminal de transporte de Sogamoso suspendió todos los despachos por razones de seguridad, en medio de denuncias de abuso policial en los puntos de protesta.

Las exigencias del paro minero

El pliego de condiciones entregado por los voceros del paro, conocido públicamente en Paipa, expone una lista de demandas dirigidas al Gobierno Nacional y a entidades como la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Gensa y el Ministerio de Minas y Energía.

Entre los puntos más destacados se encuentran: 

• Generación energética: activación inmediata de las termoeléctricas de Boyacá y Cundinamarca, con generación continua de energía, especialmente tras el papel del carbón térmico en la prevención de apagones durante 2024.
• Exportaciones: reactivación de las ventas internacionales de carbón térmico y metalúrgico, suspendidas según los voceros sin que se ofrezcan alternativas productivas.
• Tributación: eliminación del IVA del 29 % a la producción minera incluido en la última reforma tributaria y revisión de los gravámenes ya existentes.
• Regalías: ajuste a la baja en los precios establecidos para el pago de regalías y revisión urgente de la metodología aplicada por la UPME.
• Formalización: desbloqueo de trámites técnicos y legales en la ANM y las CARs para pequeños empresarios mineros que llevan años esperando aprobación.
• Pagos atrasados: exigencia a Gensa del pago inmediato de más de 26 mil millones de pesos adeudados a 35 empresas mineras desde enero de 2025.
• Reconocimiento: inclusión del carbón térmico como mineral estratégico y garantías de seguridad jurídica para más de 1.500 pequeños mineros.
• Transición energética: exigencia de participación comunitaria en la formulación de la transición energética, para evitar desplazamientos productivos forzados.
• No criminalización: cese de las declaraciones oficiales que asocian al sector con delitos ambientales o sociales. “Nosotros no somos delincuentes ni estamos matando a la humanidad”, dice el documento.

Sandra Bernal: “Esta actividad solo genera desarrollo y progreso”

Desde las calles de Paipa, la exalcaldesa de Socha y dirigente minera Sandra Bernal asumió el rol de vocera del movimiento. Durante una intervención pública, declaró:

 “Hoy estamos aquí miles de hombres y mujeres que alzamos la voz ante el Gobierno Nacional, ante las nefastas decisiones que ha tomado, las políticas públicas que han afectado al sector carbonero y a uno de los renglones más importantes de la economía del Departamento de Boyacá”.

Bernal pidió la presencia urgente de los ministerios competentes, y reclamó un “pacto de no agresión” que permita destrabar los procesos legales, cesar la persecución y garantizar que la minería pueda seguir operando sin ser tratada como delito.

Campesinos paramunos también se suman

A la movilización minera se unieron líderes campesinos de las provincias de Ricaurte y Gutiérrez. Según declaraciones de Roberto Arango en el noticiero 6AM, el paro se mantendrá “mientras no haya cumplimiento real de los acuerdos previamente pactados con el Ejecutivo”. Desde su perspectiva, el Gobierno ha incumplido compromisos firmados con el sector rural, y la actual crisis es una respuesta colectiva al abandono institucional.

El norte del departamento también se encuentra afectado. En el municipio de Belén, se reportan concentraciones en el sector conocido como “El Topón”, mientras que en Sogamoso los bloqueos se trasladaron hacia la glorieta Gustavo Jiménez.

La Policía Nacional desplegó al menos 150 uniformados para acompañar las protestas y garantizar el orden público, pero la tensión sigue creciendo. Voceros comunitarios denuncian presencia de escuadrones antidisturbios en sectores mineros, lo que ha provocado resistencia.

Guaqueros de Coscuez, otra chispa en el conflicto

En paralelo al paro minero generalizado, los guaqueros del municipio de San Pablo de Borbur anunciaron un plantón en Bogotá tras denuncias contra Fura Gemas, la empresa concesionaria de la mina de esmeraldas de Coscuez, una de las más importantes del occidente de Boyacá.

La comunidad asegura que la firma, con sede en Dubái, solicitó a la Policía el desalojo forzado de guaqueros y la quema de sus motobombas, lo cual habría generado enfrentamientos y destrucción de maquinaria. Desde la llegada de la multinacional, el conflicto con las comunidades tradicionales se ha intensificado.

Aunque Fura Gemas lleva cinco años operando en la región, solo ha reportado pagos por 43 mil millones de pesos en impuestos y regalías, cifra que los habitantes consideran irrisoria frente al volumen de extracción y las condiciones de vida locales.

Escalada y ruta hacia Bogotá

Todo apunta a una escalada del paro hacia la capital. Según confirmaron fuentes locales, está previsto que una parte de los manifestantes se trasladen a Bogotá para visibilizar sus reclamos ante el Congreso y las sedes ministeriales.

San Pablo de Borbur ya rechazó la invitación del Gobierno Departamental para instalar una mesa técnica en Paipa. Los líderes consideran que no se han dado garantías reales de solución, y acusan al Gobierno de ignorar las propuestas de las comunidades mineras.

Se espera que en las próximas horas continúen los bloqueos en puntos estratégicos y que se intensifiquen las protestas si no hay una respuesta formal. Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha confirmado presencia de delegados ministeriales en los territorios.

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Los recientes resultados del DANE, de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), señalan que el desempleo en Santa Marta disminuyó. La ciudad, se destaca por su desempeño laboral con una tasa de desempleo de 9,8%, que la ubica como la quinta ciudad con menor desempleo del país y la primera entre las capitales de la región Caribe.

La tasa de ocupación alcanza el 52,8%, con más de 206.000 personas activas en el mercado laboral. Sectores como el comercio y la reparación de vehículos (20%), transporte y almacenamiento (12,4%), administración pública (12,3%), servicios de alojamiento y comida (12,2%) y la construcción (10%) concentran la mayor parte del empleo.

Desafío

Sin embargo, esta foto positiva tiene matices importantes. La informalidad laboral en Santa Marta alcanza el 60,9%, lo que representa más de 125.000 personas, casi 7 de cada 10 personas con trabajo en la ciudad se dedican al rebusque. A esto se suma una tasa de subocupación del 8,8%. En otras palabras, sí hay empleo, pero no necesariamente en condiciones dignas, estables, ni bien remuneradas. Son escasos los contratos formales, que implican pago a afiliación a salud y pensión, ni la seguridad, ni que cuente con una estabilidad económica en el futuro próximo.

Dificultades del sector productivo

Entre las problemáticas del sector productivo de la ciudad están: el pésimo servicio eléctrico de la ciudad, con redes eléctricas obsoletas, racionamientos de energía, tarifas elevadas, los empresarios sufren el día a día su operación, afectando la sostenibilidad del sector productivo evitando que crezca y con el tiempo pueda generar empleo de calidad, o digno.

Aunque el problema principal es el modelo de desarrollo económico que adoptó el país desde comienzos de los años noventa, con la llamada Apertura Económica; y con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos, transcurridos más de 13 años desde su entrada en vigencia, el resultado ha sido una grave afectación para la industria y la agricultura, con la masiva importación de productos agrícolas – subsidiados- que bien podrían ser producidos en el país, para generar así empleo y riqueza en nuestra Nación, garantizando seguridad y soberanía alimentarias; esas importaciones han venido debilitando nuestra producción nacional así lo asegura Cedetrabajo.

Como otra consecuencia de ese “Libre Comercio” se está llevando a la quiebra a muchos de nuestros empresarios pequeños, medianos y grandes. Esa quiebra de la producción nacional origina los mayores índices trabajo informal y aumento de la pobreza, debido a que los pobladores están reducidos al rebusque.

Además, el trabajo en Santa Marta también se ve afectado.  Por ejemplo el cierre de la planta Tropical Coffee Company, productora de las marcas Cafe Sello Rojo y La Bastilla. Perjudicando a 170 trabajadores. Situación que pone en vilo a las familias de la ciudad. 

Finalmente, para que se pueda consolidar el desarrollo económico y social, es fundamental que el gobierno del presidente Petro priorice implementar una política de fomento a la industria e incentivar el sector productivo, así mismo la solución del tema energético en la región Caribe. Mejorar la infraestructura eléctrica, reducir las tarifas,  no solo facilitará la operación de los empresarios locales, sino que también atraerá nuevas inversiones y generará empleos de calidad; así mismo una política industrial que promueva la generación de riqueza en el país. Esas deberían ser unas exigencias que podemos impulsar desde las regiones.

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Los hechos y las cifras demuestran que ese convenio no se necesita y que, si hubiese la voluntad política, con los recursos disponibles ya se habrían iniciado las obras que le faltan al corredor vial. Adicionalmente a los 2.5 billones de pesos que pagó la ciudadanía entre 1998 y el 27 de marzo del 2024, con el modelo financiero que decidieron Petro y Rey, se recaudarán 1.6 billones de pesos durante diez años, de ellos, por las obras invertidas sólo se destinarán $626.303´000.000, sin que se sepa a dónde irán a parar los $976.262´000.000 restantes. Por las mismas obras y con las mismas tarifas, si se invirtieran directamente los recursos, el tiempo máximo para recaudar el dinero sería de cuatro años y seis meses. Eso, sin invertir los recursos que ya están. 

El estado de la vía

 La vía actual entre Bogotá y Facatativá se caracteriza por los trancones diarios, que afectan gravemente a los habitantes de la Sabana de Occidente, que habitualmente pierden una, dos y hasta tres horas por recorrido entre Bogotá y municipios como Facatativá, Zipacón, Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza.

Tales trancones tienen causa en la incapacidad de la vía para transportar la demanda vehicular de la región. Según cálculos hechos a partir de información aportada por el anterior concesionario, CCFC S.A.S., si todos los vehículos se organizaran para pasar por el peaje de manera ordenada y repartida, 17 vehículos por minuto atravesarían el peaje del Río Bogotá, y ello sin contar los miles de motos. La gravedad de los trancones son una consecuencia directa del incumplimiento de la anterior concesionaria, pues las obras que descongestionarían la movilidad en la vía, como el tercer carril entre Bogotá y Mosquera o la variante en Cartagenita, no fueron construidas por la concesionaria aún cuando fueron pactadas en el otrosí 9 de 2014, que amplió el objeto del contrato de concesión entre el Estado Colombiano y CCFC S.A.S.

Por ello, la vía cuenta apenas con dos carriles y carece de ciclovías, puentes y otros equipamientos necesarios para evitar la accidentalidad; carencias que, en suma, causan los trancones que sufrimos los ciudadanos de la Sabana de Occidente.

El Convenio 331 del 2025 y las “Vías del Tunjo”

El convenio está encuadrado en un proyecto denominado “Vías del Tunjo” y concretamente pretende construir la obra que no ejecutó la Concesión. El objeto del Convenio es el de “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA QUE EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES SE REALICEN ACTIVIDADES CONJUNTAS DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN TENDIENTES A LA PLANEACIÓN, ASÍ COMO, LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN INTEGRAL VÍAS SOSTENIBLES DEL INVIAS – FIVIS.” -.

La Cláusula Segunda, “Alcance del Objeto”, señala: “Adelantar las gestiones pertinentes desde las competencias de las partes para definir los aspectos estratégicos, de planeación, técnicos y financieros con los cuales determinará el plan de inversión y la operación que apalancará, inicialmente y sin limitarse a ello, con el recaudo de la tasa de los peajes de las estaciones del Río Bogotá y El Corzo”. En tanto que la Cláusula Séptima, “Compromisos del INVIAS”, numeral 6°, define “Realizar la contratación derivada que permitan el cumplimiento del objeto del presente Convenio con cargo a los recursos netos del recaudo de los peajes correspondientes, operaciones de crédito respaldadas con estos recursos si los hubiere y potenciales fuentes alternativas de financiación”.

Más allá de la peligrosa ambigüedad y de que sospechosamente el convenio comprometa a las partes en materia de confidencialidad durante cinco veces, lo que queda claro es que el convenio existe en función de un modelo de financiación consistente en solicitar uno o varios créditos al sistema financiero, directa o indirectamente, que serían apalancados con los recursos de los peajes.

De ahí que no sea difícil llegar a la conclusión de que los créditos que proyecta el convenio no se necesitan, pues, los recursos a invertirse ya se han recaudado en buena proporción y los que faltan se están recaudando en una fuente segura de ingresos que son los mismos peajes. Los datos disponibles definen que incluso dan para proyectar una reducción de las tarifas a corto plazo.

Tampoco se necesita la intermediación de un tercero para contratar las obras a construir, pues INVIAS tiene la capacidad jurídica, técnica y operativa suficiente para contratar y supervisarlas, cosa que podría hacer si la voluntad política del presidente Gustavo Petro fuera la de maximizar los recursos.

Si no se necesitan ni los créditos de los que habla el convenio, ni la intermediación técnica, jurídica u operativa de un tercero, ni siquiera de la Gobernación de Cundinamarca, se colige con facilidad que el convenio no es sino otra forma de armarle un negociado a un tercero para darle a participar innecesariamente de unos recursos escasos y que la ciudadanía de la Sabana de Occidente paga con sendos esfuerzos. 

Las obras que se van a llevar a cabo y sus costos.

Según la exposición de INVIAS, las obras a construir son:

• Segunda calzada entre variante a Cartagenita y empalme con la Carrera Primera de Facatativá.
• Variante a Cartagenita.
• Tercer carril entre Bogotá y Mosquera.
• Tres puentes peatonales sin ubicación definida.
• Intercambiador del sector de Purina.

De ahí, surgen varios reparos que cabe señalar:

1. Salvo la segunda calzada entre la variante a Cartagenita y su empalme con la Carrera primera de Facatativá, las obras a ejecutar eran objeto del contrato de concesión con CCFC SAS -., que no fueron construidas y por las que se cobraron peajes durante cerca de diez años; pese a ello y sin empacho alguno, el Gobierno de Petro a través de la ANI, declara que el contrato no fue incumplido.
2. No está claro de cuánto es el presupuesto proyectado para cada una de las obras, lo que hace imposible armarse a un juicio sobre si son acertados los valores que se pretenden invertir en cada una de ellas.
3. Es grave que se pretenda construir solamente tres puentes, cuando – se necesitan muchos más, y peor aún, que a estas alturas no esté definido el lugar donde serán ubicados.

Para estas obras, se tienen proyectadas las siguientes inversiones:

Fuente: elaboración propia a partir de información expuesta por INVIAS en el Concejo de Mosquera – Cundinamarca, que pueden verse aquí: (https://www.facebook.com/100064257087156/videos/1695566051103897),

Así las cosas, durante los próximos diez años, se recaudarán $1.602.565.000.000 ¡1.6 billones de pesos! Pero solo se invertirán $626.303´000.000 en las obras ya reseñadas. Es decir, queda un remanente de $976.262´000.000 del que no se sabe cuál será su destino; mucho menos se sabe en qué se gastarán los $128.000´000.000 que reconoció CCFC SAS. debía devolver —y que a estas alturas ya debió haber entregado— o el dinero recaudado posteriormente al 27 de marzo del 2024, que, según datos entregados por INVIAS, sólo hasta el 28 de febrero del 2025 se habían recaudado $116.911.292.926.

Ahora bien, un cálculo aritmético simple señala que- si anualmente se recaudan $135.000.000.000, —pues eso fue lo que recaudó CCFC S.A.S. en el 2023, según información aportada por la misma concesionaria—, bastarían 4.6 años para recaudar la plata total de la inversión pagando la misma tarifa del 2023. Y si se invierten los $128.000´000.000 que reconoció CCFC S.A.S. que debe devolver y los $116.911.292.926 que se recaudaron entre el 27 de marzo del 2024 y el 28 de febrero del 2025, se podría recaudar la totalidad del dinero a invertir en 2.8 años. En adelante se podría reducir significativamente la tarifa de los peajes.

De ahí que, democrática y organizadamente, la ciudadanía de la Sabana de Occidente debe exigir que se termine sin ningún efecto, el Convenio 331 del 2025 y que, en cambio, se construyan directa e inmediatamente las obras que no construyó CCFC S.A.S.

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¿De dónde sale la plata para el transporte escolar?

De acuerdo con la circular  No. 079 de 2025 emitida por la Secretaría de Educación del Meta,  el Sistema General de Regalías (SGR) es el principal mecanismo que financia el servicio de transporte escolar en el Meta. En algunos municipios, como Villavicencio, se complementa con recursos propios, pero la mayor parte del financiamiento proviene de estos fondos nacionales. El proceso administrativo debería ser sencillo: el Ministerio de Hacienda administra el SGR, expide los decretos para asignar los recursos y le corresponde a los gobiernos locales presentar proyectos para materializar estos recursos, gestionando las licitaciones necesarias para garantizar que el servicio se mantenga operativo. Sin embargo, el proceso administrativo ha sido ineficiente, lo que ha desencadenado una crisis para las y los estudiantes y sus familias.

Aunque el transporte escolar en el Meta se financia principalmente con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), esta no debería ser la fuente principal. Según lo establecido, el Sistema General de Participaciones (SGP) es el encargado de cubrir programas educativos como este. Sin embargo, los recortes históricos a la educación por parte de gobiernos anteriores han dejado desfinanciados estos servicios, obligando a recurrir a fondos inestables como el SGR para garantizar su continuidad.

Una negligencia que pagan las y los estudiantes y sus familias

En el Meta, cerca de 12.000 estudiantes se encuentran sin poder asistir a clases debido a la interrupción del servicio de transporte escolar, que lleva suspendido más de un mes. Este servicio es fundamental para estudiantes de áreas rurales, donde el acceso a las instituciones educativas depende en gran medida de este medio de transporte, y las familias no tienen los recursos para solventar opciones privadas. Según la Circular No. 082 de la Secretaría de Educación del Meta, la crisis actual se originó por problemas administrativos que han dejado a miles de estudiantes sin la posibilidad de continuar con su educación, corroborando una vez más que la gratuidad de la educación es una quimera.

La falla comenzó cuando el Ministerio de Hacienda no expidió a tiempo el decreto necesario para cerrar el bienio correspondiente al periodo 2023-2024, lo que impidió la transferencia de recursos para la licitación del servicio escolar de 2025-2026. Aunque el Decreto 379 de 2025 resolvió parcialmente esta situación, el servicio no se restablecería,  hasta el 5 de mayo, lo que ha generado una espera insostenible de más de un mes.

Mientras tanto, municipios como Cumaral han visto a más de 400 estudiantes fuera de las aulas, y este problema afecta a otros 12 municipios donde el transporte escolar ha sido suspendido. Sin el transporte escolar, el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes más vulnerables queda comprometido, y la desigualdad se profundiza, puesto que, muchos de estos estudiantes provienen de familias de bajos ingresos que no tienen cómo cubrir el costo de un transporte privado.

En medio de la falta de respuesta del gobierno, algunas comunidades han decidido tomar cartas en el asunto. En Acacías, por ejemplo, un grupo de estudiantes, padres de familia y ciudadanos se unió para ofrecer una solución temporal. Con la colaboración de actores locales como la alcaldía y empresas, lograron reunir recursos suficientes para poner en marcha 10 buses, con monitoras, conductores y combustible, permitiendo que los estudiantes pudieran continuar asistiendo a clases. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes a largo plazo, y la situación sigue sin resolverse en muchos otros municipios.

¿Y ahora qué sigue?

Este caos no es fruto de un evento inesperado, sino el resultado de una gestión irresponsable de los recursos y una planificación inadecuada por parte de las autoridades nacionales. Es inaceptable que el gobierno de Gustavo Petro, que se comprometió a defender los derechos de los jóvenes y estudiantes y, la gratuidad de la educación, permita, que miles de ellos queden sin su acceso debido a desidias administrativas. Esta crisis pone de manifiesto una falta de compromiso con la educación pública, que debería ser una prioridad para cualquier gobierno.

Las y los estudiantes rechazamos esta falta de acción y exigimos una respuesta urgente por parte del gobierno. Es fundamental que el presidente Petro y su equipo trabajen en conjunto con las autoridades locales y departamentales para restablecer el servicio de transporte escolar de manera permanente. Los estudiantes no pueden seguir siendo víctimas de la ineficiencia administrativa; su derecho a la educación no debe depender de burocracias inoperantes, ni de recortes presupuestales.

Valoramos las soluciones propuestas, como las de Acacías, que es un esfuerzo de la sociedad, y hacemos un llamado a todos los sectores, incluidos jóvenes, docentes, padres y líderes comunitarios, a mantenerse unidos en la lucha por garantizar el acceso a una educación pública, gratuita y la calidad para todos y todas. El derecho a la educación no puede seguir siendo una promesa vacía; es hora de que el gobierno nacional tome medidas concretas.

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