Cuatro años en la presidencia mostraron más de lo mismo

Transcurridos tres años y seis meses del gobierno de Gustavo Petro, valdría la pena contrastar lo propuesto por él en la campaña electoral de 2022 con su accionar en materia de empleo público y trabajo digno.

Es bien sabido que los problemas estructurales de los trabajadores estatales no se originaron en el actual gobierno. Son el producto de las malas políticas en todos los gobiernos anteriores, sin excepción, regímenes que conciben una administración pública minusválida, con baja financiación, poca o nula creación de empleo formal y directo y tercerizada en privados incluso en sus funciones esenciales.

Petro prometió en la campaña dar solución a las reivindicaciones de los trabajadores estatales. Pero al contrario de lo prometido, sus casi cuatro años en la presidencia mostraron más de lo mismo. Lejos de corregir con rigurosidad y seriedad las malas políticas y prácticas de los partidos tradicionales, las igualó o incluso empeoró.

La deuda con el mérito

 La meritocracia ha sido quebrantada de raíz, como lo prueba el escándalo de Juliana Guerrero y su pretendida imposición en el Ministerio de la Igualdad y Equidad. De septiembre a la fecha se conoció que Juliana Guerrero se graduó sin presentar el examen de Saber-Pro y que la Fundación San José anuló su título por no haber registro de actividad académica. No es el único embuchado, son más de veinte los funcionarios que habrían obtenido de manera irregular sus títulos profesionales para poder ser contratados en entidades públicas.

 Para entregarle el Viceministerio de Juventudes a Juliana Guerrero lo intentaron todo. Además de las graves inconsistencias de la aspirante en la hoja de vida que ella dio a conocer, el Gobierno pretendió modificar el Manual de Funciones de la entidad de manera exprés y sin consultar a la organización sindical. Incluso recién posesionada Mariela Barragán en la Función Pública, se intentó modificar el Decreto 1083 de 2015 para disminuir los requisitos de los viceministerios del Ministerio de Igualdad. El Gobierno nacional, en distintas instancias y con la justificación pública del presidente Petro, actuó sistemáticamente para violentar el principio constitucional del mérito, que se consagra como obligación para el ingreso al empleo público.

Las organizaciones sindicales estatales hemos rechazado esas actuaciones de “nombramientos sastre” en otros gobiernos por desprofesionalizar el empleo público, afectar el adecuado desarrollo de la función pública y, en la mayoría de los casos, ser mecanismos encaminados a aceitar la politiquería y el clientelismo.

La deuda con la formalización

Son dos los principales problemas del empleo público, la permanente desformalización y la falta de presupuesto. Las plantas permanentes de personal no solo han permanecido prácticamente congeladas, sino que se han configurado nóminas paralelas mediante órdenes de prestación de servicio mucho más grandes y en muchos casos, desempeñando funciones misionales y permanentes. Es un problema de décadas y que ningún gobierno ha decidido atender con seriedad. Para noviembre de 2022, éramos 612.762 empleados públicos del orden nacional, territorial y de otras ramas, excluyendo a los uniformados y al magisterio colombiano. Sin embargo, había también en las entidades 516.234 trabajadores vinculados a través de órdenes de prestación de servicio y 395.206 tercerizados o vinculados en contratos con personas jurídicas.

“El contrato de prestación servicios debe pasar a la historia”, dijo el candidato Gustavo Petro en la campaña. Hoy, las OPS de entidades orden nacional, adscritas o vinculadas el ejecutivo pasaron de 48 mil personas en 2022 a 64 mil contratadas con esa modalidad en 2024, según datos de La Silla Vacía.

La Función Pública dio a conocer en 2023 un Plan de Formalización Laboral con muchas dudas para su ejecución y presentando las plantas temporales como una vía hacia la formalización, práctica que además de ilegal es inconveniente porque burla la estabilidad a largo plazo. A tales artificios mañosos se ha opuesto históricamente la CUT. Parece que ya no.

Según datos del DAFP, el gobierno Petro apenas incrementó en un 5% la planta permanente de personal del Estado, pero se decidió por crear 5.000 empleos temporales a última hora, como los del Ministerio del Trabajo y la Unidad de Planeación Minero-Energética, al borde de la Ley de Garantías y con terminación en 2026 y 2027, respectivamente. En cambio, las plantas de personal permanentes, que eran compromiso con organizaciones sindicales como es el caso de la UNGRD, no ha visto la luz tampoco bajo la dirección de Carlos Carrillo, con tres años de incumplimiento del acuerdo colectivo y mientras la entidad funciona con una importante nómina de contratistas entre la Unidad y el Fondo de Adaptación.

No está de más recordar las consecuencias que tiene deslaboralizar el empleo público extendiendo por todas partes las órdenes de prestación de servicio. No solo por el impacto negativo en el funcionamiento de la administración pública, sino además porque a esos cientos de miles de trabajadores que desempeñan funciones misionales y permanentes en el Estado se les violenta la estabilidad y con ello, la adecuada remuneración, el bienestar laboral e incluso el derecho a la asociación y la negociación colectiva. El Estado tiene el 60% de su fuerza laboral precarizada y sigue dependiendo de un ejército de cerca de 900.000 contratistas, muchos de ellos prolongando el mal del clientelismo que “dinamiza” la política electoral.

La deuda con los salarios

 El incremento al salario mínimo del 23% es importante y contribuye a cerrar una deuda histórica con cerca de 1,2 millones de trabajadores. Sin embargo, fue una decisión que adoleció de una falla aún no corregida, pues para sostener dicho incremento se requerían medidas complementarias tendientes a proteger a las pequeñas y medianas empresas que generan el 80% del empleo formal del país. Sin esas medidas, el dinero de más que tendrán los trabajadores resultará invertido en la adquisición de bienes y servicios importados, beneficiando el trabajo y la producción extranjera.

 Tampoco tuvo en cuenta el Gobierno de Petro el impacto sobre los empleados públicos y los correspondientes incrementos salariales, pues se agudizó la brecha estructural negativa que tenemos los servidores públicos frente al incremento del salario mínimo. De 2014 a 2024, los empleados públicos habíamos perdido 10,4 puntos porcentuales frente al salario mínimo, pero en los últimos dos años este dato se profundizó negativamente hasta alcanzar los 29 pp. Mientras en 2014 un profesional grado 12 ganaba un equivalente a 4 SMLV, para el 2026 gana un equivalente a 2,9 SMLV. Es evidente la disminución de nuestro poder adquisitivo y el achatamiento por lo bajo de la estructura salarial del empleo público.

 Con el objetivo de cerrar las brechas históricas, una política salarial responsable requería de parte del Gobierno nacional acciones equilibradas para el sector público y el privado, con medidas complementarias que protegieran a la MIPYMES e incrementos progresivos a lo largo del cuatrienio. Pero, muy por el contrario, el Gobierno promovió en los tres primeros años acuerdos por lo bajo presentando los argumentos de siempre: la regla fiscal y la dificultad presupuestal.

 Esta actitud del Gobierno está plenamente definida en sus decisiones sobre el Presupuesto General de la Nación. Mientras el presupuesto de funcionamiento del Estado, del que se pagan nuestros salarios y nuestros derechos, crece apenas en un 1,15%, el presupuesto para el servicio de la deuda creció un 5,7%.  El pago de la deuda pública absorbió en 2025 $112.8 billones del Presupuesto General de la Nación y nos demuestra que el Gobierno es un excelente pagador con los bancos y el capital financiero internacional, pero un deudor moroso con sus propios trabajadores.

¡Independencia sindical para seguir luchando!

 Los datos son irrebatibles, en estos aspectos estructurales del empleo público, el Gobierno nacional se raja frente a lo propuesto en la campaña electoral. El presupuesto continúa capturado por el servicio de la deuda, la estructura salarial se aplana hacia abajo afectando el poder adquisitivo de los empleados públicos, la formalización laboral camina a paso de tortuga y las órdenes de prestación de servicio continúan creciendo, mientras el mérito se sigue negociando al servicio de los poderosos.

 La crisis estructural del empleo público no nació con este mandato. Es el resultado de décadas de políticas neoliberales que dieron prioridad a la tercerización y el marchitamiento de la carrera administrativa en favor de la clientela política. Sin embargo, resulta paradójico que la administración que llegó con la promesa histórica de dignificar al trabajador estatal haya terminado por profundizar sus problemas.

 Cobra vigencia que el movimiento sindical adopte una política de independencia frente al principal patrón estatal, el Gobierno nacional. Este principio fundacional de nuestras organizaciones permite representar genuinamente los intereses de los trabajadores, valorar el accionar del gobierno de acuerdo con la conveniencia de sus políticas y recurrir a la movilización para oponerse a políticas regresivas, defender derechos laborales adquiridos o conquistar nuevos. El futuro de un empleo público democrático depende en buena parte de la capacidad del sindicalismo de defender sus reivindicaciones más allá del gobierno de turno.

En comunicado publicado por Tribuna Sindical denuncia la reforma laboral impulsada por el gobierno Petro. Acusan cesiones políticas, abandono de derechos laborales y sumisión sindical.

Abandono de derechos laborales por parte del gobierno

Mientras el Congreso ajusta los últimos artículos del proyecto de reforma laboral, desde Tribuna Sindical se emitió un pronunciamiento que desmonta el discurso triunfalista del Ejecutivo. Lo califican como un cúmulo de concesiones, silencios cómplices y oportunismo electoral.

Lo que iba a ser una transformación del modelo laboral terminó convertido en una propuesta de mínimos, mutilada por los cálculos de la coalición de gobierno y la presión de gremios empresariales. La promesa de acabar con la precarización se evaporó entre pactos políticos y comunicados tibios. Mientras tanto, los trabajadores —dice Tribuna Sindical— quedan nuevamente a la espera.

El gobierno de Gustavo Petro ha convertido el proceso en un juego de estrategias electorales, dejando de lado los compromisos con los trabajadores. Acusan al Ejecutivo de ceder los puntos esenciales del proyecto original, incluyendo el capítulo de derechos colectivos, el control a la tercerización, los contratos a término fijo y la promesa de eliminar las OPS.

Sindicalismo sin voz propia

Para Tribuna Sindical, una de las razones del vaciamiento de la reforma es la falta de autonomía de las centrales obreras. «Un amplio sector de la dirigencia sindical se convirtió en apéndice del gobierno», se lee en el documento. Esa subordinación, dicen, permitió que fueran el presidente y el ministro de Trabajo quienes definieran los contenidos del proyecto, guiados no por el interés de la clase trabajadora sino por los cálculos de la coalición oficialista.

El texto acusa al sindicalismo oficialista de guardar silencio ante la exclusión de temas neurálgicos. Ni los pactos colectivos, ni el abuso del contrato por obra o labor, ni el desmonte del trabajo por horas fueron enfrentados con firmeza. Tampoco hubo una defensa consistente de los derechos de las MiPymes y sus trabajadores. Para el colectivo, estos actores también saldrán golpeados por la reforma: los primeros sin las garantías adecuadas, los segundos con derechos a medias.

Gobierno impone consulta popular «esperpento electoral»

El comunicado también rechaza la estrategia del presidente Petro de recurrir a una consulta popular para forzar la aprobación de su agenda laboral. La califican como «esperpento electoral» que no resuelve las omisiones del proyecto y que, aún si prosperara, tendría que superar barreras de participación y volver al Congreso para su implementación.

Según Tribuna Sindical, esta maniobra, lejos de ampliar la democracia, la distorsiona. Desvía la lucha del sindicalismo hacia terrenos inciertos y desvincula el debate de las vías institucionales. También critican los pronunciamientos del nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien insinúa la posibilidad de una Asamblea Constituyente sin el filtro del Congreso.

Mientras tanto, el Senado discute los 19 artículos restantes de la reforma, entre ellos la eliminación del contrato por horas, la regulación del trabajo en plataformas digitales, y el restablecimiento de recargos nocturnos y dominicales. Todos ellos, según el propio gobierno, conforman el «ADN de la reforma». Pero para Tribuna Sindical, ese ADN ya está mutilado.

Hay que retomar la lucha sindical y rechaza la consulta como atajo antidemocrático

Tribuna sindica hace una llamado a: recuperar la independencia del sindicalismo, reconstruir una vocería propia, movilizar en defensa de los derechos laborales que no se conquistaron y abandonar las salidas electorales sin sustancia. «Aventurarse por mecanismos inciertos como la consulta popular es una pérdida de tiempo y de recursos», sentencia el comunicado.

Para Tribuna Sindical, el movimiento obrero no puede seguir haciendo fila detrás de ningún presidente. Le toca recuperar la vocería, retomar la calle y reconquistar la posición original de defensores de los trabajadores. No para defender lo que quedó, sino para reconstruir lo que fue entregado sin pelea.

El Primero de Mayo en Colombia fue usado por el gobierno de Gustavo Petro para promover su consulta popular. El mandatario busca movilizar a los trabajadores con fines electorales, en lugar de reivindicar sus derechos, según denuncian dirigentes sindicales independientes.

La conmemoración del Primero de Mayo como el día universal de los trabajadores, cuyas marchas en todo el mundo tienen por objetivo rememorar las grandes gestas que libraron los trabajadores por obtener la reivindicación de las ocho horas de trabajo, ocho horas de educación y ocho horas de descanso y que llevaron al encarcelamiento, tortura y muerte de centenares de sus dirigentes, ha venido siendo apropiada por diferentes gobiernos para hacer proselitismo político en beneficio de sus ideas. Esta ha sido la táctica política de Gustavo Petro, quien desde su Presidencia ha cooptado, o mejor “comprado”, a otrora importantes dirigentes obreros que hoy posan como sus “lugartenientes”, con “jugosas mermeladas” para poder ejercer la manipulación.

Desde su Gobierno, Gustavo Petro pidió a estos dirigentes que convocaran a los trabajadores colombianos a las plazas públicas, según él, para exigir del Congreso de la República la aprobación de las Reformas Sociales, las cuales les ha vendido como la panacea para todos sus males. El engaño de Petro es por partida doble: De una parte, dichas reformas sociales son las mismas que él acordó con los organismos multilaterales como el FMI, BM, OCDE y el Congreso de EEUU, lo cual testimonió la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Y por otra, Petro tiene debilitados y divididos, no solo a los trabajadores sino a los movimientos sociales, con lo cual consigue neutralizar la capacidad de lucha y movilización en contra de las medidas de su Gobierno, poniéndolos a su servicio, castrándoles su autonomía e independencia.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró en un arranque de sobriedad: “La “mini reelección” del presidente Petro es el primero de mayo en la marcha que se va a hacer y en la consulta popular, una vez que pase en el Senado de la República”, en declaraciones hechas el 25 de abril en la instalación de un comité de apoyo al “Sí” de la consulta popular en Yopal (Casanare), donde también se llevó a cabo la Cumbre de Gobernadores: Turismo, Agroindustria y Oportunidades para las Regiones, organizada por la Federación Nacional de Departamentos. Benedetti agregó que “es la respuesta a lo que sucedió en el Senado de la República” sobre el hundimiento de la Reforma Laboral en la Comisión Séptima del Senado, como si la decisión de esta Institución no fuera democrática o fuera ilegal. Benedetti trató luego de corregir, pero hay que recordar que ya está sobrio, pues él mismo confesó que está en tratamiento contra la adicción.

 Lo que está claro es que el presidente Petro manipula a una parte del movimiento obrero en beneficio propio y que toda su “tacada” política está dirigida a insistir en su reelección, así sea, en últimas, “en cuerpo ajeno”, lo que le permite mantener su poder. Por eso los utilizará el Primero de Mayo para lanzar dicha estrategia política, que toma la forma de Consulta Popular, para “movilizar el aparato estatal y aprovechar el descontento social para fines puramente electorales. No resuelve los problemas laborales. Es una maniobra para anticipar su campaña electoral de 2026, utilizando el aparato estatal, el descontento social y los derechos laborales como estrategia política”, escribió en La Tribuna Colombia el dirigente político y sindical Gustavo Triana. ¡El movimiento obrero tiene que recuperar su autonomía e independencia si quiere avanzar en la reivindicación de los derechos de los trabajadores!

Como los Mártires de Chicago se conoce en la historia a ocho dirigentes obreros, cinco de ellos condenados a morir en la horca y el resto, sentenciados a cadena perpetua, en el marco de una huelga lanzada el 1° de mayo de 1886 por la jornada de ocho horas.

 “Llegará el día en el que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy están ustedes ahogando”, fueron las últimas palabras pronunciadas por Albert Parsons al subir al patíbulo. La profunda verdad de sus palabras resuena con fuerza ciento treinta nueve años después.

“¿En qué consiste mi crimen? –dijo en el juicio otro de los condenados a muerte, George Engel–. En que he trabajado por implantar un sistema social en el que sea imposible que, mientras unos pocos amontonan millones, miles y miles caen en la desesperación y la miseria”.

Louis Lingg, otro de los sentenciados a la horca, desafió al tribunal: “Yo repito que soy enemigo del orden actual y que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras respire”.

 Albert Fischer: “No hablaré mucho. Me limitaré a protestar contra la injusta pena de muerte que me imponen ustedes, porque no he cometido crimen alguno. Pero si ustedes van a ahorcarme por profesar mis ideas, por mi amor a la libertad, entonces no tengo nada que objetar”.

En un juicio tramposo, sin pruebas, un jurado los condenó a morir en la horca por el asesinato de un agente de policía en el curso de una concentración obrera que tuvo lugar el 4 de mayo frente a la Haymarket, la plaza de mercado de Chicago. Como la policía no consiguió encontrar al verdadero culpable, puso presos a quienes habían actuado aquella tarde como oradores, como también a los periodistas del Arbeiter Zeitung, un periódico de sello anarquista que se editaba en alemán para los miles de inmigrantes y desde cuyas páginas se venía agitando desde el 1° de mayo la consigna de la jornada laboral de ocho horas. Los oradores comprobaron en el juicio que ya se habían retirado de la plaza. Aun así, fueron condenados por el homicidio.

Tres años después y en homenaje a los Mártires de Chicago, la Segunda Internacional decidió consagrar el 1° de Mayo como el Día Internacional de la Clase Obrera.

Los nombres

 ¿Quiénes son ellos?

Condenados a morir en la horca:

•  August Spies, alemán, director del periódico.
• George Engel, alemán, periodista.
• Adolph Fischer, alemán, periodista.
• Louis Lingg, alemán, carpintero.
• Albert Parsons, estadinense, periodista.

Condenados a cadena perpetua:

•  Michael Schwabb, alemán, tipógrafo.
• Samuel Fielden, alemán, obrero textil.
• Oscar Neebe, alemán, vendedor ambulante.

Los hechos

 Desde el 1° de mayo y reclamando la jornada de ocho horas, entró en huelga a lo largo de Estados Unidos un millón de trabajadores, afiliados la mayoría a la American Federation of Labour, AFL. En Chicago declararon el cese más de doscientos mil, no solo por la jornada de ocho horas, sino también en solidaridad con la huelga en la McCormick Harvester, que acababa de ser aplastada por un grupo paramilitar a sueldo de la empresa, los tristemente célebres Pinkerton.

El 3 de mayo se hizo una manifestación frente a la portería de la empresa McCormick. Los oradores fueron August Spies y Samuel Fielden. Mientras Fielden intervenía, la banda paramilitar arremetió contra los miles de manifestantes y, en el caótico entrevero, disparó a quemarropa sobre ellos. Sobre el campo quedaron seis víctimas mortales.

En protesta, la AFL citó a otra concentración para el día siguiente por la tarde y pidió autorización a la alcaldía, que le fue concedida. Ante unos cuarenta mil trabajadores, los oradores fueron August Spies, Albert Parsons y Samuel Fielden. El evento terminó hacia las siete y media y la gente empezó a retirarse, incluidos los dirigentes.

En la Haymarket, todavía a las ocho, no había menos de unas diez mil personas. Fue entonces cuando la policía decidió arremeter. Tornó a armarse la gresca y, en medio del desorden, alguien lanzó un petardo, que provocó la muerte a un agente. La policía respondió disparando sobre la multitud. Hubo esta vez varios muertos y decenas de heridos.

Toda la noche se hicieron allanamientos y batidas y fueron puestos presos los más conocidos jefes de la protesta, más tarde condenados a muerte o a presidio perpetuo. Son los Mártires de Chicago, a quienes hoy rinde homenaje La Tribuna.

Siete años después, en 1893, se levantó en Estados Unidos un movimiento cívico con 60 mil firmas para exigir que el juicio fuera revisado. El gobernador de Illinois, J. Altfield, también candidato a la presidencia nombró una comisión de expertos, que halló decenas de vicios en el proceso. El gobernador declaró entonces inocentes a los cinco líderes muertos e indultó a los tres detenidos.

El salario mínimo en 2025 subirá un 9.5%, lo que genera críticas de empresarios que lo califican de populista y de trabajadores que lo consideran insuficiente. Este aumento, lejos de ser elevado, sigue los promedios de gobiernos anteriores y presenta cifras maquilladas para aparentar mayor beneficio. Sin medidas que apoyen a las Mipymes, principales generadoras de empleo, persisten las dificultades económicas tanto para trabajadores como empresarios, manteniendo la precariedad económica en el país.

Una coincidencia equivocada

El decreto que incrementa en un 9.5% el salario mínimo en 2025, puso a coincidir a voceros de los empresarios con el gobierno, en el sentido de señalarlo como muy alto. Los primeros para señalar la medida como populista y peligrosa para sus intereses y el presidente Petro para engañar nuevamente a los trabajadores.

Es curiosa esta coincidencia, que, de paso, está inscrita en la estrategia de mantener la polarización que tanto daño le está causando al país. La verdad es que ambas posiciones son erradas. Es demostrable que lejos de ser elevado, el incremento definido se encuentra en el promedio de los últimos gobiernos neoliberales, distante, tanto de las peticiones de los trabajadores como de los incrementos de gobiernos de otras latitudes denominados progresistas que tanto se traen a colación.

El salario mínimo a medios cálculos

En plata blanca, mantener el valor del salario mínimo debe corresponder a la sumatoria de la inflación causada, más la productividad del trabajo acumulada en el año. Eso nos daría que 5.2 % de inflación, más 3.43% de productividad laboral, arroja la cifra de 8.63%, solo para mantener el valor del salario mínimo en 2025. Es decir, el incremento real no llegó ni al 2%.

El movimiento sindical ha reclamado siempre que se tome para la sumatoria la productividad del trabajo, pero asumamos que este gobierno, al igual que todos los anteriores tomó como referente el 1.73%, que es la productividad global. En ese caso, el cálculo del incremento del salario mínimo escasamente llegaría al 2.57%, muy similar a los promedios de Uribe, Santos y Duque, con la excepción del concertado en el 2022, de 1 millón de pesos (más del 4%), resultado de la petición unificada del movimiento sindical y aceptada por Duque y los empresarios.

Como podemos ver, bastante lejana de la hoy escandalera en la gran alza, tanto por gobierno como por voceros del empresariado. Engaña Petro a los trabajadores sobrevalorando este incremento y por tratar de adornarlo con el incremento en el auxilio de transporte y la inflación del año entrante, para insinuar que su aumento llega a más del 6%, porque además vincula la fórmula de la inflación esperada para las sumatorias, engañifa neoliberal que las Cortes enterraron hace tiempo.

Impacto en los pequeños y medianos empresarios

En las peticiones democráticas para fijar un incremento mayor, tal como se acordó en el Comité Ejecutivo de la CUT por mayoría, se incluyó un paquete de medidas para proteger al gran universo de los pequeños y medianos empresarios, para que, al atender el positivo incremento, no se pusiera en riesgo su sostenibilidad.

Quienes propusimos desde el sindicalismo independiente y autónomo, que el salario mínimo en 2025 debía llegar a 1.5 millones (15%), lo ligamos indisolublemente a un planteamiento que nuevamente consignamos y que desde luego, tiene plena vigencia: Lo que hay que conjugar, y es lo que no ha sabido hacer el gobierno actual ni los anteriores, garantizar que mejoren las condiciones de la población empobrecida con un alza dignificadora de los salarios y, simultáneamente, dar a los empleadores y al sector productivo, principalmente el de las Mipymes, generadoras del 80% del empleo, las condiciones de todo tipo para que tengan la capacidad de pagarlos.

Eso se traduce en proteger el mercado interno, renegociar los TLC, estimular las exportaciones, frenar las importaciones, frenar el abuso del capital financiero que asfixia al sector productivo con tasas de interés confiscatorio, garantizando créditos baratos y darles estímulos tributarios y apoyo a los aportes a la seguridad social de los trabajadores, que les eviten sucumbir frente a las grandes empresas y las multinacionales. Este debe ser el eje de la discusión sobre las alzas salariales.

El compromiso del movimiento sindical

El movimiento sindical tiene que discutir salidas integrales que apunten a defender la soberanía, el trabajo y la producción nacionales, postura que obliga a mantener independencia frente a patronos, gobiernos y cualquier poder extranjero. Asuntos que hoy están en entredicho por la actitud colaboracionista de buena parte de la dirigencia sindical con el gobierno de Petro.

Por eso reiteramos, el incremento no es ni muy, muy elevado y positivo para los trabajadores como lo afirma el coro petrista, ni tan, tan dañino para la generación de empleo como se propala por voceros del empresariado, claro está, si no va acompañado de medidas que protejan la producción nacional, cuya ausencia es la verdadera causa de sus penurias.

*Firmado por Tribuna Sindical

• Timoteo Romero, ejecutivo CUT Nacional; Jhonson Torres, ejecutivo CUT Nacional.
• Carmen Helena Dussan, Ejecutiva CUT Cundinamarca.
• Victoria Avendaño Pedrozo, secretaria de Mujer y Género, Inclusión e Igualdad – Ejecutiva de Fecode.