El presupuesto 2026 reduce recursos para la Rama Judicial

El presupuesto 2026 asignado a la Rama Judicial es insuficiente y amenaza con profundizar la crisis estructural de la administración de justicia en Colombia. La reducción de recursos desconoce compromisos adquiridos, como la inclusión de la bonificación como factor salarial para más de 30 mil servidores, y perpetúa un déficit que impacta directamente en el acceso a la justicia. Mientras el Gobierno destina partidas para ampliar la planta de contratistas en entidades bajo su influencia, la Rama Judicial, con una planta de 36.810 servidores, que cargan sobre sus hombros un volumen excesivo de procesos, sigue siendo relegada en las decisiones trascendentales del país. Una financiación adecuada garantiza la independencia de la Rama Judicial y la calidad del servicio, mientras que una financiación deficitaria no solo limita la capacidad operativa del sistema, sino que deteriora las condiciones laborales de quienes lo sostienen y, en consecuencia, vulnera el derecho ciudadano a una justicia pronta y eficaz.

La bonificación judicial, una conquista burlada por todos los gobiernos, incluido el de Petro.

Fue necesario un prolongado cese de labores en el año 2012 para que el gobierno nacional accediera a la nivelación de la remuneración de los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía, lo que se hizo mediante el reconocimiento de una bonificación. Prestación que debía ser parte integrante del salario, pero que todas las administraciones han pagado desconociendo esta condición. Recordemos que el Gobierno firmó el Acuerdo Colectivo 2023-2024, en el cual se habilitó una mesa técnica con el fin de dejar establecido que la bonificación constituye un factor salarial y que, por tal razón, se haría efectiva a partir del 2025, promesa que ha incumplido el presidente. Pero eso no es todo: con miras a la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2026, el Consejo Superior de la Judicatura hizo una propuesta de presupuesto por la suma de $16.015.270 millones, pero el proyecto de presupuesto radicado por el Gobierno Nacional para esa vigencia contempla un valor de $11.622.218 millones.

Promesas vacías y más incumplimiento

El gobierno del presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por ser uno de los que más promesas ha incumplido, y la Rama Judicial ha sido objeto de estas imposturas: en el presupuesto presentado por el Gobierno se excluyen las previsiones para atender necesidades del sector justicia. Por ejemplo, la creación de 7.381 cargos permanentes y un plan de descongestión para garantizar la demanda de justicia pronta y oportuna, con un presupuesto de 724.286 millones para la creación de nuevos cargos y 240.707 millones en descongestión de los despachos judiciales. Ajustes que contribuirían a mitigar la pesada carga laboral de jueces y empleados.

Para el pago de la bonificación judicial como factor salarial se requieren $774.221 millones, de los cuales se cuenta con $224.752 millones. Cabe señalar: se necesita un presupuesto adicional de $549.469 millones para cubrir el total de los servidores judiciales. Esto no es solo una promesa incumplida, sino también un golpe directo al bolsillo de más de 30 mil familias colombianas.

La organización como respuesta

Las promesas del gobierno están lejos de cumplirse. No hay voluntad para materializarlas, por lo que la única salida que tienen los trabajadores judiciales es la organización, como una manera de orientar esfuerzos para la conquista de los derechos que no han sido reconocidos por simple voluntad política. Tal es el panorama, que para el mes de septiembre sigue sin realizarse el pago retroactivo de la bonificación judicial, una muestra de la nula voluntad del Gobierno en atender a los servidores del sector justicia.

Es cierto que las finanzas del país son deficitarias, pero esto no puede servir de excusa para restar presupuesto a sectores que no están alineados con las posiciones del Gobierno. Porque mientras a la Rama le niegan un presupuesto imprescindible para su normal funcionamiento, la contratación por OPS (órdenes de prestación de servicios) realizada por el Gobierno sumó 3,2 billones de pesos en 2024, y cerca de 8 billones desde su posesión. Cabe concluir que con lo gastado en OPS desde la posesión del Gobierno se podría financiar más de 10 veces la bonificación como factor salarial.

Rebaja de tarifas impagables y auditoría a AIR-E:exigencias de la Liga de Servicios Públicos

Alumbrado público en Cali, atrapado en la sombra de la privatización

No soy yo; es el modelo, dice Petro sobre las altas tarifas de servicios públicos.

Es necesario que se garanticen los recursos de la Rama Judicial y que no queden sometidos a los intereses del círculo del Gobierno de turno, que al final terminaría transformándose en una manera de socavar a una de las ramas del poder público.

Exigir el cumplimiento de las promesas es solo una manera de garantizar a todos los trabajadores judiciales una mejoría en su calidad de vida y la de sus familias, exigencia que se viene gestando desde hace muchos años. El camino, entonces, es la organización. La participación de todas y todos los funcionarios de la Rama Judicial alrededor de puntos tan vitales como la independencia de este órgano del Estado, la actualización tecnológica, la bonificación, la creación de nuevos cargos. Así es como la historia del país, y del mundo, ha demostrado que se obtienen nuevos derechos. Y así es como se tendrá que hacer.

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Primer contacto entre AIR-E y la Liga de Usuarios

El 26 de noviembre se llevó a cabo la primera mesa técnica entre AIR-E y la Liga Nacional de Usuarios capítulo Caribe, con la participación de delegados de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Edwin Palma Egea, agente especial interventor de la empresa, destacó que esta instancia busca construir soluciones conjuntas, aunque reconoció que ciertos aspectos, como los ajustes regulatorios, dependen de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Palma subrayó la importancia de atender los reclamos de los usuarios con rigor en el debido proceso, mejorar el recaudo y reducir pérdidas no técnicas. También mencionó proyectos en barrios subnormales y la posibilidad de comprar energía a largo plazo a generadores públicos como EPM de Medellín, Urrá y Gecelca para reducir la dependencia de la bolsa diaria.

Lo que exigen los usuarios

Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en la Costa, expuso las principales demandas de los usuarios. Entre las más destacadas, se incluyen:

• Intervención con fines de liquidación: Los usuarios proponen que el Estado administre AIR-E debido a su capacidad financiera para asumir los altos costos operativos.
• Auditoría forense: Solicitan una revisión exhaustiva de la empresa para esclarecer su situación actual.
• Reforma tarifaria: Insisten en derogar el régimen especial que penaliza a los costeños y eliminar la sobretasa del 20% a la comercialización de energía.
• Modernización de la red eléctrica: Consideran prioritario actualizar la infraestructura, calificada como la más obsoleta del país.
• Cumplimiento del debido proceso: Rechazan la persistencia de prácticas abusivas por parte de AIR-E en su trato con la comunidad

Múltiples voces

El encuentro fue calificado como cordial por ambas partes. Representantes de AIR-E como Ramiro Castilla, gerente comercial; Víctor de Luque, director de trabajo comunitario, y María Fernanda Ferreira, directora jurídica, participaron activamente en las discusiones. Por parte de los usuarios, intervinieron líderes de cada departamento como Juana Cordero y Felipe Rodríguez, de La Guajira; Luis Alberto Riascos, del Magdalena; y Emilio Rodríguez, del Atlántico, entre otros.El abogado y académico Ricardo Núñez, integrante del Comité Atlántico de Servicios Públicos, cerró las intervenciones resaltando la necesidad de mantener el diálogo abierto para alcanzar soluciones concretas.

Un camino largo por recorrer

Con un plazo establecido hasta el 12 de enero para definir el carácter de la intervención, este primer encuentro sienta las bases para un diálogo que promete ser crucial en la transformación del servicio energético en la Costa Caribe.

¿Qué sigue ahora?

La respuesta del gobierno y las acciones de AIR-E serán determinantes para atender las demandas de una comunidad cansada de promesas incumplidas y de un sistema que no logra responder a sus necesidades básicas.El diálogo abre una ventana de oportunidad. Sin embargo, queda por ver si se traducirá en soluciones reales para los usuarios costeños o si será un episodio más en la larga historia de tensiones con las empresas de energía en la región.

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El encuentro se centrará en el impacto que las  tarifas tienen sobre los usuarios y se debatirán las propuestas de modificación a la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos en Colombia. 

Uno de los temas principales será el régimen tarifario especial de la Región Caribe, una zona que ha sido particularmente afectada por los elevados costos de energía y agua, donde la movilización ciudadana ha logrado importantes avances.

Además se abordarán aspectos del Plan Nacional de Desarrollo y se crearán espacios de diálogo para promover  soluciones que favorezcan a los usuarios. 

Las organizaciones y asistentes podrán presentar ponencias y participar en las mesas de trabajo para proponer acciones y cambios que mejoren la regulación de los servicios públicos en el país.

Las inscripciones para asistir al evento o presentar una ponencia están abiertas en el siguiente enlace link: https://tinyurl.com/22s72xrz. 

La Liga Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios invita a la ciudadanía a participar activamente y a difundir la información a través de sus redes sociales.

Para mayor información puede contactar en: https://wa.me/573242723368

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La propuesta que haré surge de un análisis detallado de lo que debería suceder para reducir las tarifas del servicio público de aseo en Soacha. Lo primero que quiero destacar es que, a diferencia de las múltiples voces que equivocadamente insisten en expulsar a Urbaser de Soacha, la presente está sustentada en lo que podemos hacer como municipio. Sin embargo, es importante aclarar que los cambios verdaderos para garantizar una tarifa justa deben darse a nivel nacional, con un cambio de modelo y con la modificación en el Congreso de la República de la Ley 142, que permita otorgarle a los servicios públicos su fin natural, esto es garantizar la calidad de vida de la gente y el desarrollo nacional.

La Constitución de Colombia establece que los servicios públicos deben cumplir con una función social y contribuir al bienestar general (Artículo 365); sin embargo, en la práctica, las tarifas elevadas, la falta de eficiencia en los costos operativos y la búsqueda de una exagerada rentabilidad, por parte de las empresas privadas, muchas de ellas multinacionales, contradicen esta finalidad, pues como lo hemos demostrado antes, estas empresas han estado simplemente detrás del gran negocio que representan los servicios públicos, en dónde ganan hasta 10 veces más de lo que ganarían en otro país (EMIS University Global). ¡Así se lo permitimos en Colombia!

(En el artículo Alumbrado público en Cali, atrapado en la sombra de la privatización, se puede entender como este modelo está en todos los servicios públicos.)

Para ejemplificar esta afirmación, les voy a ofrecer esta pequeña muestra de empresas que debido a sus elevadas tarifas, altos costos de operación, baja eficiencia en la prestación del servicio público de aseo, ganaron una elevadísima utilidad neta en el año 2023:

Información financiera De 6 empresas de aseo en Colombia

Criterio de selección: 6 de más de 60 empresas con las tarifas más altas de barrido en el país.

El régimen de privatización de los servicios públicos, decretado por la Ley 142 de 1994, hoy permite que las empresas de capital mixto o totalmente privadas controlen estos servicios, estableciendo tarifas altas en todos los componentes tarifarios y que tiene en máxima preocupación al país. Una situación de tal gravedad que no solo afecta a los usuarios residenciales, si no también a los sectores comerciales e industriales del país, dificultando el acceso equitativo a los servicios públicos domiciliarios como priorización para el desarrollo o como “una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza.” Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Es por ello que, en tres pasos simples, planteo una alternativa para que el municipio de Soacha, bajo la administración de Julian Sanchez “Perico” se enfoque en mejorar la competitividad, en reducir las elevadas tarifas del servicio público de aseo de la factura y en garantizar un precio justo sin ganarnos una demanda por parte de Urbaser en el intento. No sería la primera vez que a Colombia la demanden por defender sus intereses públicos y estratégicos. De ahí que, no solamente es luchar, sino luchar correctamente.
En concreto las propuestas son:

1. Modificar el PGIRS y zonificar el municipio.

Esta es una propuesta sencilla pero esencial. Actualmente, Soacha cuenta con 6 comunas, cada una con características sociales, económicas y ambientales que requieren tratamientos diferenciados. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) es un documento técnico que guía el trabajo de las empresas de aseo, determinando las variables de las tarifas que se cobran a los suscriptores. En este plan se definen aspectos como la cantidad de árboles y césped a podar, la longitud de vías a barrer, el número de usuarios a atender, el espacio público a limpiar, y otros elementos que inciden en la prestación del servicio y sus tarifas.

Este documento debe ser actualizado periódicamente por los gobiernos municipales de manera obligatoria. Para el caso de Soacha, la última actualización aplicada del PGIRS fue en el 2020, pero no refleja las condiciones reales del municipio debido al crecimiento y los cambios que ha experimentado Soacha. Cabe aclarar que el gobierno de Juan Carlos Saldarriaga invirtió 700 millones de pesos en la actualización del PGIRS en el año 2023, sin embargo, esta actualización, no está siendo aplicada por imprecisiones en la información y el municipio tendrá que volver a realizarla.

Zonificar el municipio implicaría organizar el servicio de aseo por comuna, permitiendo tarifas más justas y un tratamiento especial en las zonas más vulnerables de Soacha, que hoy se encuentra de esta manera:

2. Utilizar nuestra empresa 100% pública EPUXUA para la prestación del servicio de aseo.

En atención a la Constitución de 1991 y la Ley 142 de Servicios Públicos, retirar a Urbaser sin lo que en derecho llaman motivación válida, podría acarrear una demanda en contra del municipio. La propuesta tampoco puede estar orientada a crear otra empresa privada o a traerla, sea la misma que utilizó Juan Carlos Saldarriaga para hacer la actualización del PGIRS, (como equivocadamente lo han sugerido algunos concejales y otros personajes en Soacha) u otra. Lo que debemos hacer es fomentar que Epuxua, una empresa que es 100% pública y nuestra, preste este servicio de manera gradual y proporcional, asumiendo inicialmente el servicio en ciertas zonas de Soacha. Se busca crear un esquema de competencia real, con ganancias justas para crear un marco leal con Urbaser, posterior a esto el municipio estaría obligado a exigir la reducción de sus tarifas o igualarlas con las de la empresa pública.

Se debe prestar el servicio con una empresa pública, que tenga un mejor control de los costos, garantizando eficiencia y productividad en su operación. Una solicitud por la que nos debemos unir todos los sectores sociales, económicos y políticos de Soacha, pues se hace necesario priorizar el desarrollo de iniciativas sostenibles para el manejo de los residuos sólidos, y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, priorizando el fortalecimiento económico y ambiental del municipio.

3. Reducir las tarifas del servicio público de aseo mediante la eficiencia en el servicio.

Implementando las dos medidas anteriores, solo quedaría enfocarnos en la competitividad y la eficiencia en todos los componentes tarifarios del servicio de aseo, partiendo con garantizar tarifas justas y pagables en los costos fijos y, una estrategía enfocada en los costos variables relacionados con los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables; acciones que requieren de inversión pública y un enfoque que reconozca el papel estratégico y productivo de los servicios públicos domiciliarios a cargo del estado. De esta manera podremos influir directamente a la reducción de la tarifa de aseo, algo que profundizaré en otro artículo donde nos referiremos específicamente a los asuntos relacionados con el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos.

De hacerse efectiva esta propuesta, solo queda ser vigilantes de la empresa pública para que no se convierta en otra casa más del clientelismo y de la corrupción, sino que la empresa mejore las condiciones de prestación y calidad del servicio, promueva el correcto acceso a los servicios públicos a un costo más bajo y con tarifas verdaderamente justas, y para que así lo garantice, se requiere ejercer presión sobre Urbaser desde todos los sectores políticos, económicos y sociales, en beneficio de los usuarios.

El llamado en general es a toda la ciudadanía a que conformemos una plataforma capaz de ofrecer, respaldar y acompañar las discusiones que se dan hoy y que se promueven desde los Comités de Desarrollo y Control en el país y la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios (USPD) con respecto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, un esfuerzo que es necesario, oportuno y que requiere de una apoyo amplio, de diversos sectores y actores para ofrecer la única alternativa viable para los ciudadanos: que los servicios públicos sean un motor del desarrollo económico, la generación de riqueza y que haga parte de los sectores estratégicos de la nación.

En conclusión, es necesario insistir en que la solución al problema que hoy enfrentamos en materia de servicios públicos en Soacha y en Colombia, no se logra solo con sacar a empresas privadas o mixtas como Urbaser, que si bien los usuarios buscan que las acciones conlleven a reducir las tarifas del servicio público de aseo, también se requiere la voluntad política de modificar estructuralmente la Política de Servicios Públicos Domiciliarios, particularmente el artículo 17 de la Ley 142 de 1994. No debe perderse de vista la responsabilidad que tiene el presidente de la República en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y en el daño tan tremendo que nos ha hecho este modelo económico, una política neoliberal que solo ha permitido enriquecer a unas pocas multinacionales, de la que los servicios públicos domiciliarios hacen parte escencial, que fue instalada en los 90s y que al día de hoy, Septiembre de 2024, se mantiene en las decisiones de este gobierno.

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Norman Alarcón Rodas: La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos es una organización gremial orientada a la defensa de los usuarios de servicios públicos, de carácter amplio, extendida por buena parte del país y que lleva décadas en su actividad.

Surgió después de expedida la Ley 142 de 1994, hace unos treinta años, normativa que dio la partida para la privatización de los servicios públicos domiciliarios de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución de 1991, norma que también ordenó como criterio principal para definir las tarifas de los servicios públicos la tasa de rentabilidad llamada suficiencia financiera, artículo 87.7 de la misma ley 142 de 1994, y que prohibió la existencia hacia adelante de empresas industriales y comerciales del Estado en los servicios públicos, para dejarle el campo abierto a los monopolios privados, nacionales y extranjeros.

L.T: ¿Qué papel desempeñas en la Liga de usuarios de servicios públicos?

N.A.R: Hace unos veinte años me vengo desempeñando como defensor y asesor de los usuarios de los servicios públicos en Barranquilla, el departamento del Atlántico y la Costa Caribe. Actualmente soy el coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la Región Caribe. Hace unos años fui coordinador del Movimiento de Indignados con Electricaribe enfrentando a la multinacional europea Gas Natural Fenosa, propietaria de esta empresa privatizada, durante más de diez años.

L.T: ¿Cómo está organizada la Liga en la costa Caribe?

N.A.R: La Liga Caribe tiene capítulos en cada uno de los siete departamentos, a saber: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. En cada uno de ellos tenemos coordinadores departamentales e impulsamos la construcción de Frentes Amplio de Usuarios con las fuerzas vivas de cada departamento.

L.T: ¿Cuál es el mayor problema por el cual lucha la Liga en la Costa Caribe?

N.A.R: En los últimos años el clamor general de más de once millones de costeños está dirigido contra las más altas tarifas eléctricas del país, producto de un régimen especial tarifario aprobado por el Congreso de la República en 2019, a instancias del gobierno de Iván Duque, en el cual nos cobran los fraudes y los hurtos de energía y las inversiones futuras en forma anticipada en la tarifa, como sucede sólo en la Costa Caribe. Es por ello que las tarifas en esta parte de Colombia están más de un treinta por ciento por encima del Interior del país.

También luchamos por defender el carácter público de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Valledupar, Emdupar, que está en peligro de ser privatizada. Durante mucho tiempo luchamos por recuperar el patrimonio público de la empresa Triple A de Barranquilla, que le brinda el servicio de agua, alcantarillado y aseo a Barranquilla y catorce municipios del Atlántico. Últimamente el distrito de Barranquilla ha logrado recuperar la mayoría accionaria en la Triple A.

L.T: ¿Por qué las tarifas de energía siguen tan altas en la Costa Caribe?

N.A.R: El Gobierno actual del presidente Gustavo Petro se comprometió en la campaña presidencial, de ganar las elecciones, a rebajar las tarifas y echar atrás el oneroso régimen tarifario del servicio eléctrico en el Caribe; sin embargo, llevando más de dos años de su periodo no le ha dado cumplimiento a dicho compromiso. Por eso las tarifas eléctricas continúan impagables, pero también arrecian las luchas y las movilizaciones exigiendo unas tarifas pagables.

L.T: ¿A qué acuerdos ha llegado el Gobierno de Gustavo Petro para bajar las tarifas
en la Costa Caribe?

N.A.R: No ha habido acuerdo de rebajas de las tarifas eléctricas con el actual gobierno, sino todo lo contrario, las tarifas han aumentado por un rubro llamado “opción tarifaria” que son presuntas deudas de los usuarios desde la época de la Pandemia cuando las empresas AIR-E y AFINIA-EPM no habían llegado a la Región Caribe. Sin embargo, el gobierno de Petro aprobó que los usuarios de todo el país pagarán casi cinco billones de pesos por dichas deudas, incluyendo los de la Costa Caribe, con un plazo de hasta diez años pagando un gota a gota mensual.

Sin embargo, la empresa AIR-E se aceleró a cobrar en menos de un año esa deuda, de la cual le corresponden $830.000 millones de pesos, que acabó de cobrarlos con la factura del mes de septiembre de 2024, cuando el presidente Petro se había comprometido en el pasado mes de mayo, en una visita a Barranquilla, que iba a pagar esa opción tarifaria en todo el país. La semana pasada la empresa AIR-E tiró la toalla y le entregó al gobierno la empresa, llevándose un dineral producto de las gabelas obtenidas desde el gobierno de Duque.

L.T: Con respecto a los anuncios de quiebra de la empresa Air-e y la intervención por
parte del gobierno y la posible intervención igualmente de Afinia ¿Que salida propone
la Liga de Usuarios en la Costa Caribe?

N.A.R: En primer lugar, lo más posible es que la empresa AIR-E no se quebró porque desde que llegó en el gobierno de Iván Duque no ha hecho sino recibir prebendas. Por ejemplo, está probado, con documento en mano, que los dueños de esa empresa (Alberto Ríos Velilla figura como uno de los principales accionistas, pero se sabe que también tiene socios del sector financiero asentado en Panamá) pagaron $230.00 millones de pesos por los activos de Electricaribe en Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG evaluó los mismos activos en la Resolución 078 de 2021 en $2.44 billones de pesos, suma que es la base para determinar las tarifas. En ese solo negociado se ganaron más de dos billones de pesos. Además, el Ministerio de Hacienda les entregó otro billón de pesos de garantías a AIR-E y a AFINIA (los vendedores encimándole plata a los compradores) y otros tantos beneficios, como consta en la Resolución 1877 de 2020, firmada por Alberto Carrasquilla como Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Para terminar, Norman Alarcón Rodas nos contó, que el lunes 16 de septiembre se realizó una Audiencia Pública convocada por la CREG en Barranquilla sobre la problemática tarifaria de AIR-E, por una Acción Popular de los Personeros Distritales de Barranquilla y Santa Marta. Allí presentó ponencia a nombre de la Liga de Usuarios con las siguientes propuestas:

• Que el gobierno realice una Auditoría Forense a la empresa AIR-E para examinar de manera exhaustiva los aspectos contables, económicos, y financieros de esa empresa, para poder descubrir todo el entramado de negocios turbios y posible corrupción.

• Una rebaja tarifaría de mínimo $400 el kilovatio hora, descontando la Opción Tarifaría y el Régimen Especial Tarifario para descontar los hurtos y fraudes y las inversiones futuras en forma anticipada.

• Que el Gobierno Nacional mantenga indefinidamente la administración y control de la empresa porque es el único que tiene músculo financiero para comprar la energía que se requiere para los tres departamentos, la operación y mantenimiento, el pago a trabajadores y a proveedores, etc.

• Que se modernice la infraestructura eléctrica obsoleta de la Costa Caribe, que es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano por el abandono de décadas de esta Región tan empobrecida, para lo cual se pueden utilizar recursos de las regalías mineras sin subir las tarifas como lo autoriza una norma del Plan Nacional de Desarrollo.

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El resultado de más de dos décadas de privatización deja un pésimo saldo para los caleños. Solo una de cada tres luminarias en Cali está modernizada, según Roger Mina, Gerente de EMCALI, la ciudad se ilumina con lámparas de sodio, costosas en mantenimiento, consumo de energía y más contaminantes. Los únicos ganadores con este modelo han sido los privados y sus socios; porque, además, la ciudad les terminó pagando $500 mil millones durante el tiempo que duró la concesión.

En Colombia el alumbrado público está altamente privatizado, los datos indican que el 88% de las empresas que prestan estos servicios son privadas o mixtas y solo el 12% son públicas [1]. El debate es muy importante pues el alumbrado público, contribuye de manera directa al disfrute de derechos como: la vida, la seguridad, la movilidad y la recreación.

Está a punto de ejecutarse un nuevo contrato de modernización y operación del alumbrado público en Cali, bajo el mismo viejo modelo de concesiones, donde el grupo Ethus, otra vez de propiedad de William Veléz, mantendrá el 30% del negocio. Es hora de que la Administración Distrital, el Concejo y EMCALI abonen el camino para que sea esta última -EMCALI, la entidad de todos los caleños, la que opere de manera directa el alumbrado público, como la única forma de garantizar altos estándares de calidad, tarifas pagables y la universalidad del servicio para toda la ciudadanía.

[1] https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Producto4_Resumen_Ejecutivo_Alumbrado_Publico.pdf

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En primer lugar, un reconocimiento a los personeros distritales de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edwar Orozco, por hacer posible esta Audiencia Pública.

1. Después que los dueños de AIR-E pusieron pies en polvorosa, dejando una estela de problemas, las más altas tarifas del Sistema Interconectado Nacional SIN, violaciones flagrantes al debido proceso, abusivos cortes del servicio a centenares de miles de familias pobres de los barrios subnormales, además de embolsillarse billones de pesos con lesión enorme al patrimonio público, la Liga Nacional de usuarios propuso que es necesario que las autoridades respectivas realicen una auditoría forense para examinar con lupa toda la situación contable, financiera y económica de dicha empresa y hagan uso de las facultades que los artículos 45 a 52 de la ley 142 de 1994, otorgan a la Superintendencia y a los auditores externos, para vigilar y controlar la viabilidad financiera de la empresa. Así como hicieron las autoridades con Interbolsa, descubriendo el entramado de corrupción que no se hubiera conocido de forma diferente.
2. Apreciamos la designación del ingeniero eléctrico Carlos Diago, quien ha sido un líder entusiasta en defensa de los usuarios del sector eléctrico. Buen viento y buena mar. La prioridad ahora es que el gobierno nacional garantice el servicio eléctrico continuo y de calidad y que mantenga el control y administración de la empresa con fines de liquidación porque la región no toleraría el regreso de semejantes defraudadores del interés público o de prestadores privados de similar condición. El Estado es el único con músculo financiero para acometer la gestión eficiente de los cuantiosos recursos que se requieren, a través del Fondo Empresarial de la Superservicios. Incluso, se puede hacer necesario un crédito puente del Banco de la República para las inversiones requeridas.
3. Se debe descartar la fracasada política de privatización que hizo agua por la experiencia negativa con la española Unión Fenosa en Electricaribe, que dejó la infraestructura obsoleta y una corrupción rampante; y la última de AIR-E que no tiene nombre. Las fuerzas vivas de la Costa no debieron haber dejado debilitar ni liquidar a CORELCA, un patrimonio regional que levantó las redes eléctricas en los siete departamentos del Caribe con una sobretasa en las tarifas.
4. Se requiere una rebaja tarifaria inmediata, dejando de lado el oprobioso régimen tarifario especial contra los costeños (con el que nos cobran los hurtos y fraudes e inversiones futuras anticipadamente) y dejar de cobrar, ipso facto, la llamada opción tarifaria que ya AIR-E nos cobró $715.600 millones de un total de $850.000 millones, la cual el actual gobierno les aprobó con Resolución CREG 101 028 de noviembre pasado, pagadero a diez años, pero AIR-E la cobró aceleradamente, antes de salir corriendo. Además, el gobierno debe derogar la Resolución 400272 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía que le impuso solo a la Costa una sobretasa en el ítem de comercialización del 20%. En esta forma tendríamos una rebaja de la tarifa de alrededor de $400 el kilovatio hora, lo que sería un justo alivio para alrededor de cinco millones de usuarios y sector productivo, lo cual llevaría a una mejora importante del recaudo de la factura eléctrica. El Índice de Pérdidas de Referencia cuando llegó AIR-E era de 28.48% y a julio de 2024 estaba en 27.5%, lo que muestra el fracaso total en este punto crucial (en cuatro años no rebajó ni un punto), que muestra la ineficiencia de la empresa que se la cobran a los usuarios.
5. Es necesario un plan urgente de mejora de la infraestructura eléctrica en la Región Caribe, donde está más del 90% de la informalidad eléctrica del país, lo que demuestra la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con una de las regiones con mayor pobreza monetaria, multidimensional y energética del país. Para este menester, ha venido recabando la Liga de Usuarios, se debe aprovechar la norma que está en el Plan Nacional de Desarrollo que permite utilizar recursos de las regalías mineras para modernizar la infraestructura eléctrica de la Costa, a condición de no subir las tarifas a los usuarios, y se debe utilizar también el fondo Fonenergía, como lo propone el exministro Amilkar Acosta.
6. El gobierno nacional debe pagar los subsidios adeudados a las comercializadoras eléctricas del país, que según Asocodis suman $1.3 billones de pesos, además de cumplir con el pago de la opción tarifaria (como se comprometió el presidente Petro el 7 de mayo pasado en Barranquilla) utilizando el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, sin acudir a la reforma de la ley de financiamiento o tributaria que está tan embolatada. Además de devolverle el pago de la misma opción tarifaria a los usuarios de AIR-E que ya pagaron más del 84% de la misma.
7. En la reforma de la Ley 142 de 1994 es necesario modificar el artículo 87 para que no siga primando el criterio de la “suficiencia financiera” o la más alta rentabilidad para fijar las tarifas en los servicios públicos.
8. Proponemos que las generadoras públicas de la Costa Caribe, como la hidroeléctrica de Urrá (investigada por entes de control por presunta corrupción en la venta de energía) y Gecelca (la que quedó de CORELCA), apoyen a la región con precios pagables de la energía eléctrica; lo mismo que las generadoras privadas, como Tebsa y Termoflores, y Enel que está terminando la granja con energía solar más grande del país en Sabanalarga, Atlántico. Toda esta energía generada en la región tiene menores costos de transmisión lo que debería llevar a una reducción del precio del kilovatio hora. 

Finalmente, hacemos un llamado a la unidad de las fuerzas vivas de la Región Caribe para aunar esfuerzos para sacar adelante estas propuestas en beneficio del interés colectivo.

Norman Alarcón Rodas

Coordinador Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe

Barranquilla, 16 de septiembre de 2024

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La venta de UNE es el último paso de un proceso que viene desde la fusión con Millicom en el 2014, donde se le entregó a la multinacional sueca la mitad de la empresa y el control de la compañía.

“La historia de las telecomunicaciones en Medellín no empezó con Millicom. entre 1995 y 2015 EPM le transfirió 9 billones de pesos. Si mantenemos que el 28% están originados en el sector de telecomunicaciones su aporte ha sido de 2.52 billones de pesos” manifestó Javier Gaviria, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliaros.

La Alcaldía privatizó la empresa sin tener el valor total de las acciones de UNE, los Concejales lo aprobaron sin saber con seguridad a dónde irán los recursos e incluso aceptaron que no podrán responder por las denuncias de una posible masacre laboral al término de la venta.

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