Dispone el inciso tercero del artículo 115 de la Constitución que el Gobierno nacional se compone del Presidente de la República y del ministro del ramo en cada negocio particular. A su vez, la Ley 489 de 1998 distribuye la administración nacional en sectores administrativos, cada uno bajo la dirección del ministro o director de departamento administrativo correspondiente. Esta organización responde a la necesidad de estructurar la prestación de los servicios públicos, entre los cuales se encuentran los esenciales.

En materia de salud, la responsabilidad por la dirección, control y vigilancia del servicio público esencial recae en el Gobierno nacional y, específicamente, en los funcionarios encargados de administrarlo. Por ello, resulta particularmente grave que quienes tienen a su cargo esa conducción hayan optado por revictimizar a un paciente frente a una deficiencia del sistema que ellos mismos dirigen.

Resulta incongruente -aunque no sorprendente- que el Gobierno nacional reproche y culpabilice, por una muerte evitable, a la madre de un menor que sufrió un accidente y falleció por la falta de un medicamento. De paso, se reprocha también al niño por hacer lo que cualquier niño desea hacer: jugar y divertirse. Existen, al menos, tres circunstancias que contradicen las afirmaciones oficiales.

La primera es que, si bien la Constitución de 1991 consagra el deber de cuidar la salud, en materia de atención y prestación del servicio no existe la figura de la exclusión de atención del paciente. Independientemente de que una persona se exponga a un riesgo y de que, como consecuencia de este, se produzca un evento adverso que comprometa su bienestar o su vida, el sistema debe propender por ofrecer una atención integral y completa. En Colombia no existe el abandono del paciente por un riesgo atribuible a él mismo. Además, las afirmaciones relacionadas con la bicicleta han sido ampliamente rebatidas.

La segunda circunstancia es que, en el ámbito del derecho médico, existe la figura de la pérdida de oportunidad. Esta consiste en la supresión, como consecuencia de un error en la atención en salud, de la posibilidad de que el paciente conozca si un tratamiento habría sido efectivo. Esa oportunidad fue eliminada por el sistema y, en particular, por la EPS intervenida por el Gobierno -sobre cuya administración, además, se han suscitado dudas en torno a la designación de sus interventores, en un contexto que evidenció desorden institucional cuando dos funcionarios se atribuyeron mutuamente la responsabilidad-. En consecuencia, nunca se sabrá si Kevin habría vivido, por cuánto tiempo, qué habría sido en su adultez, cómo habría sido su vida o si su calidad de vida habría mejorado.

La tercera consideración es aún más evidente: se trata de un niño, cuyos derechos prevalecen, como lo establece el artículo 44 de la Constitución de 1991. El derecho a la salud también está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y ha sido reiterado en abundante jurisprudencia constitucional, que recuerda el deber de eliminar las barreras administrativas que impidan la garantía y el goce efectivo del derecho, tanto en la prevención como en la atención y paliación de la enfermedad.

Finalmente, las expresiones ligeras a que nos tienen acostumbrados desde la dirección del sistema, el silencio de la EPS, la crisis de medicamentos y la administración estatal de una entidad que, lejos de resolver sus dificultades, las profundizó, evidencian que la voluntad política -tristemente denominada como el “chuchuchú”- puede imponerse al ejercicio del control ciudadano y al ejercicio de los derechos fundamentales. Resulta inquietante que un sistema que muchos considerábamos deficiente haya podido deteriorarse aún más bajo la promesa de su transformación. El sistema ya era malo y no creíamos que podría a ser peor.

Este martes 7 de octubre, Sergio Fajardo presentó los fundamentos de su programa de salud ante representantes de EPS, hospitales, clínicas, farmacéuticas, cajas de compensación y asociaciones de usuarios y paciente y profesionales de la salud. Explicó una política y una ruta técnica para solucionar la profunda crisis que afecta el sistema de salud.

Un plan técnico para recuperar el sistema

Sergio Fajardo presentó una hoja de ruta enfocada en devolver estabilidad al sistema de salud y recuperar la confianza entre pacientes, prestadores y aseguradores. Propuso auditorías externas y otras medidas para garantizar el flujo y el control de los recursos.

Durante el encuentro explicó que su equipo con base en un diagnóstico detallado de la crisis actual ha formulado una serie de medidas para restablecer el orden en el hoy caótico sistema de salud. Señaló la falta de información transparente sobre el estado real de las EPS, el desbalance en la Unidad de Pago por Capitación, UPC y el deterioro institucional. Su plan plantea recalcular los valores de la UPC con base en datos verificables y crear un sistema de información que permita seguimiento público de cada peso destinado a la atención.

También anunció que, desde el primer día de gobierno, instalará un Puesto de Mando Presidencial para la Salud, un mecanismo que concentrará decisiones urgentes y coordinación directa con los ministerios, las entidades territoriales y los prestadores de servicios médicos. El propósito es atender de manera inmediata las fallas críticas del sistema y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Equipo de salud y enfoque técnico

El programa fue diseñado por un grupo con trayectoria en gestión pública, investigación y atención directa en salud. Lo integran Luz María Agudelo, exsecretaria de Salud de Medellín y Antioquia, con experiencia en fortalecimiento hospitalario; Bernardo Useche, presidente del Centro de Estudios del Trabajo -Cedetrabajo, experto en Salud pública y salud mental; Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, con énfasis en evaluación de políticas; y Víctor Correa, médico y exrepresentante a la Cámara, con experiencia en atención primaria y gestión territorial, Arturo Montejo, médico y académico experto en medicina familiar; Marcela Garcés, médica y especialista en salud pública; Javier Criales, expresidente de la Asociación Colombiana de pediatría y Ángela Molina, bacterióloga y epidemióloga.

Entre las primeras acciones, propuso una auditoría independiente a todas las EPS intervenidas y al régimen de salud del magisterio. El objetivo es aclarar el uso de los recursos, las responsabilidades financieras y las obligaciones pendientes con hospitales y trabajadores. Al igual que conocer las razones del dramático incremento de la negación de servicios a los usuarios e identificar las principales barreras asociadas con el acceso a medicamentos.

Fajardo indicó que su plan prioriza la reapertura de servicios cerrados en urgencias, pediatría y salud mental. Estas medidas buscan restablecer la atención básica, reducir los tiempos de espera y garantizar cobertura efectiva en regiones con mayor déficit.

Una presentación ante todos los actores del sistema

La convocatoria reunió a los principales sectores del sistema, con el propósito de compartir los fundamentos técnicos de la propuesta y abrir un proceso de diálogo estructurado.

Fajardo explicó que el sistema no atraviesa una crisis coyuntural, sino un deterioro acumulado que exige orden administrativo, información verificable y gestión sostenida.

Durante su intervención, afirmó que el sistema colombiano arrastra una crisis financiera y de confianza que se refleja en la falta de liquidez, el cierre de servicios y la inequidad territorial. Mencionó que las autoridades desconocen la información real sobre el estado de las EPS y sobre el uso de los recursos públicos en salud, lo que impide tomar decisiones acertadas.

De acuerdo con el documento presentado, la propuesta se desarrollará por etapas. Los primeros cien días estarán dedicados a la estabilización financiera y a la reapertura de servicios básicos. Entre 2026 y 2027 se formulará el plan nacional de desarrollo con el fin de sentar las bases de un nuevo modelo de salud concertado con todos los actores. En la última fase, entre 2028 y 2030, se implementarán los mecanismos acordados para restructurar y saldar la deuda con los hospitales. El enfoque busca mantener la rectoría estatal del sistema de salud.

Respaldo en su experiencia de gestión

Sergio Fajardo respaldó la propuesta en su experiencia como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Recordó que en ambos cargos aplicó políticas de transparencia, control de recursos y fortalecimiento de la red pública hospitalaria. En su exposición, afirmó que la gestión en Antioquia permitió sanear hospitales y firmar pactos de transparencia con los municipios.

Se mejoró la cobertura de atención primaria, se impulsaron equipos básicos de salud, se fortalecieron los hospitales departamentales y se crearon espacios de seguimiento financiero entre autoridades locales. Fajardo dijo que ese modelo demostró que es posible administrar los recursos públicos con rigor y participación ciudadana.

“En Antioquia no se pierde un peso”, repitió, retomando una frase que lo acompañó en sus anteriores gobiernos. Añadió que el mismo principio regirá la gestión nacional en salud durante su Presidencia.

Una propuesta con cooperación y concertación

El programa presentado busca integrar a todos los actores del sistema. Fajardo insistió en que el sector necesita cooperación, no fragmentación, y que la recuperación de la confianza depende de la participación de cada institución en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Durante el evento, reiteró que el deterioro institucional no se resuelve con confrontación política, sino con planificación, consenso técnico y cumplimiento. Llamó a los gremios, las EPS, los hospitales y los trabajadores del sector a participar en la construcción de soluciones comunes.

Los principales representantes de los gremios del sector salud que asistieron al encuentro resaltaron lo valioso de la convocatoria y la disposición de Sergio Fajardo para escuchar a todos los actores del sistema. Coincidieron en que la reunión marcó una diferencia frente al clima de confrontación que domina la discusión nacional, pues el Fajardo optó por construir su propuesta mediante cooperación y concertación técnica. Destacaron que el diálogo abierto con hospitales, EPS, farmacéuticas, trabajadores y pacientes es el camino para recuperar la confianza y avanzar hacia soluciones reales para el sistema de salud.

La Asociación de Usuarios del Hospital San Félix, “Asuhosanfelix”, radicó una carta al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel y al Gobierno nacional para exigir soluciones urgentes frente a la crisis hospitalaria de La Dorada, agudizada por las deudas de las EPS, principalmente la Nueva EPS, la mayor deudora, y el cierre de servicios.

Usuarios del Hospital San Félix exige soluciones a la crisis hospitalaria en Caldas

En el documento, veedores y líderes de la comunidad denunciaron la degradación del sistema de salud en Caldas y la amenaza de colapso del principal centro hospitalario del Magdalena Medio.

La misiva detalló cómo las citas con médicos generales pueden tardar hasta ocho días y las de especialistas varios meses, incumpliendo lo dispuesto por la normativa que exige plazos de tres y cinco días. Denunció también que los medicamentos formulados nunca se entregan completos, obligando a los pacientes a costear de su bolsillo tratamientos esenciales. La carta agregó que las EPS no cubren los traslados de pacientes remitidos a otras ciudades, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordena, y que incluso se niegan fármacos vitales para la hipertensión, la diabetes o enfermedades renales.

Un hospital ahogado por las deudas

El documento recordó que la deuda de las EPS con el Hospital San Félix ya supera los 40 mil millones de pesos, mientras que en todo Caldas el saldo pendiente asciende a más de 400 mil millones. Esa carga financiera ha obligado al cierre de servicios en varias instituciones y amenaza la supervivencia de la ESE San Félix, que sostiene la atención de cerca de 500 mil habitantes del Magdalena Medio.

La crisis se agudizó con la intervención de la Superintendencia de Salud a la Nueva EPS. Según los usuarios, lejos de mejorar, la situación se deterioró: los atrasos en los pagos crecieron y se disparó el riesgo de un efecto dominó que pondría en jaque a toda la red hospitalaria del departamento.

La voz de los usuarios en las calles

Antes de que la carta fuera radicada, las asociaciones de usuarios ya habían salido a las calles. El 29 de agosto realizaron un plantón frente a la sede de la Nueva EPS en La Dorada. “Estamos en una emergencia porque el hospital vive de vender servicios a las EPS y estas no están pagando, particularmente la Nueva EPS. Llamamos al Gobierno nacional a que pague esta astronómica deuda”, expresó Eduardo Muñetón Bustamante, presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital San Félix.

La protesta fue descrita como un acto pacífico y democrático para defender el derecho a la salud. Con megáfonos y pancartas, los doradenses se reunieron a exigir respuestas, convencidos de que el deterioro del hospital refleja el abandono estatal y la indiferencia frente a una comunidad que se siente condenada a un nuevo “paseo de la muerte”.

Cronología de una crisis anunciada

San Félix, en caída desde marzo

El deterioro del Hospital San Félix no comenzó en septiembre. En un comunicado del 17 de marzo, la gerencia señaló que la deuda exigible y conciliada de la Nueva EPS alcanzaba los 25 mil millones de pesos. Ese mismo documento exigía un giro inmediato de 10.376 millones para poder sostener los servicios básicos, advirtiendo que la situación financiera había llegado a un límite. Sin embargo, este valor era sólo una parte de la cartera.

Pero la deuda con el Hospital podría ser mayor. Un informe de cartera publicado en el mes de mayo mostró que las cuentas por cobrar de la institución superaban los 48.200 millones de pesos. De ese total, 31.823 millones correspondían a la Nueva EPS, equivalentes a dos de cada tres pesos adeudados. Esa cifra incluía servicios facturados, pero aún sin pago, muchos en proceso de conciliación o con glosas pendientes. A la deuda de la Nueva EPS se sumaban 5.095 millones de Asmet Salud, 2.355 millones de Famisanar y montos menores de otras entidades. La administración advirtió que más del 60 % de esas cuentas llevaba más de 90 días vencida, lo que comprometía la atención de miles de usuarios, pues los pagos mínimos recibidos no alcanzaban para sostener servicios de mediana y alta complejidad.

Agosto: la suspensión de servicios

El 22 de agosto, un nuevo comunicado del hospital informó que la deuda reconocida con la Nueva EPS había llegado a los 26 mil millones y que la falta de recursos comprometía la atención crítica. “La salud de nuestros pacientes no puede depender de pagos mínimos ni de la desatención financiera por parte de la EPS”, advirtió la institución.

El 25 de agosto se materializó lo que parecía inevitable: el Hospital San Félix suspendió los servicios a más de 48 mil usuarios de la Nueva EPS en La Dorada. A esa crisis se sumaron la Clínica Avidanti en Manizales, el Hospital Universitario de Caldas, que también cerraron atención a la aseguradora. En conjunto, tres de las principales instituciones del departamento dejaron de recibir pacientes por la imposibilidad de cubrir los costos básicos.

Septiembre: efecto dominó en Caldas

La crisis del San Félix provocó un traslado masivo de pacientes hacia Manizales. El Hospital Santa Sofía reportó una sobreocupación de más del 200 por ciento en sus servicios de urgencias, lo que agravó la situación de la red hospitalaria del departamento. La Territorial de Salud anunció un plan de contingencia para mitigar los efectos, pero los usuarios denunciaron que las medidas eran insuficientes y que los servicios seguían colapsados. El 16 de septiembre la Alcaldía de Manizales informó que el Hospital Infantil Rafael Henao Toro de Manizales, también se uniría a la lista de instituciones que le cerraron las puertas a los usuarios de la Nueva EPS.

La Nueva EPS bajo intervención

Mientras los hospitales se ahogan, la Nueva EPS sigue bajo control de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, auditorías recientes revelaron un deterioro mayor. Un informe de la Contraloría documentó anticipos pendientes por 15,27 billones de pesos, 22 millones de facturas sin auditar, 9 millones de ellas repetidas, y deudas hospitalarias por más de 21 billones.

Pese a esas cifras, el presidente Gustavo Petro insistió en su alocución del 12 de septiembre en que no rescataría a las EPS. “La Nueva EPS ha tenido, casi desde el primer día, una historia de robo. No voy a salvar las EPS, que la Comisión Séptima mire a ver”, declaró en cadena nacional.

Mientras el Gobierno  descarga la responsabilidad en el Congreso, la gente de La Dorada sigue esperando una cita médica, un medicamento o un traslado que nunca llegaba.

La distancia entre Bogotá y La Dorada

Para los usuarios del Hospital San Félix, no se trata de salvar a las EPS, sino de salvar vidas. La gente no espera discursos ni excusas: necesita médicos, medicamentos y transporte para ser atendida. La comunidad percibe que, mientras el gobierno de Gustavo Petro se enreda en debates políticos, en Caldas se mueren personas que pudieron recibir atención a tiempo.

El costo humano de la crisis hospitalaria

Vidas en suspenso en La Dorada

En La Dorada, conseguir una cita médica se convirtió en una carrera contra el tiempo. Los usuarios relatan que deben esperar semanas para un médico general y meses para un especialista, a pesar de que la norma exige plazos de tres y cinco días. Cada retraso aumenta el riesgo de complicaciones, y muchas veces las enfermedades se agravan hasta volverse irreversibles.

Medicamentos incompletos y tratamientos interrumpidos

La carta enviada al gobernador describe cómo, de los cuatro o cinco fármacos recetados, los dispensarios entregan solo dos o tres. Lo que falta debe pagarse del bolsillo de cada familia o simplemente se deja de tomar. Ese vacío en los tratamientos ha conducido a recaídas y fallecimientos que los usuarios consideran evitables.

El “paseo de la muerte” en Caldas

Cuando los pacientes son remitidos a otras ciudades, la situación se agrava. Las EPS no reconocen el transporte del enfermo ni del acompañante, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordena. Quienes no tienen recursos deben aplazar o renunciar a la atención, lo que convierte el traslado en un nuevo “paseo de la muerte” para los habitantes de La Dorada y el Magdalena Medio.

Un hospital sin oxígeno financiero

Mientras tanto, el Hospital San Félix, que debería ser el soporte del oriente de Caldas, sobrevive con una deuda que supera los 40 mil millones de pesos. La institución cerró servicios en varias áreas y funciona en estado de precariedad, lo que pone en riesgo a los cerca de 500 mil habitantes que dependen de él.

Radiografía del desorden nacional

La crisis de la salud en Caldas es una radiografía del desorden nacional. La intervención de la Nueva EPS no ha mejorado la situación, y los hospitales están al borde del colapso. Los usuarios del San Félix, respaldados por cientos de firmas y movilizaciones, han dicho basta. El llamado es directo al gobernador y al Gobierno nacional: actuar ya o asumir la responsabilidad por cada vida perdida en este laberinto hospitalario.

El Gobierno impone nuevas retenciones sin pasar por el Congreso

El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0572 el 28 de mayo de 2025, que aumenta las tarifas de retención y autorretención en la fuente a partir del 1 de junio. Esto quiere decir que muchas personas naturales, empresas, cooperativas, clínicas y hospitales tendrán que adelantar una parte del impuesto de renta que pagarían en 2026.

El Gobierno argumenta que no es un nuevo impuesto, sino un mecanismo para que el recaudo ocurra en el mismo año en que se genera el ingreso. Sin embargo, varios sectores lo califican como una reforma tributaria hecha por decreto, que afecta el flujo de caja, la contratación, la producción de alimentos y la operación de hospitales y clínicas.

Golpe directo al campo colombiano

Dignidad Agropecuaria Colombiana calificó el Decreto 0572 como un «garrotazo tributario» al agro. La organización explicó que el gobierno aumentó las tarifas de retención y autorretención y, al mismo tiempo, bajó las bases mínimas desde las cuales se cobra. Esto significa que más campesinos deben pagar anticipadamente el impuesto de renta, incluso sin estar obligados a declarar.

Por ejemplo, antes una compra general estaba sujeta a retención si superaba los $1,34 millones. Ahora basta con una venta de $498.000 para que se cobre. En el caso del café pergamino y en cereza, antes se retenía desde $7,9 millones. Ahora, desde $3,48 millones, duplicando el número de caficultores afectados, sin cambiar la tarifa del 0,5 %.

Esto no solo disminuye los ingresos del productor. También crea un desbalance en el mercado: las cooperativas deben retener y cumplir la norma, mientras que compradores privados, informales o de ocasión no lo hacen. Según Dignidad Agropecuaria, eso deja a las cooperativas en clara desventaja y debilita las estructuras organizadas del campo.

El decreto también afecta a quienes venden leche, maíz, frutas, hortalizas o cualquier producto en pequeña escala. Estos productores ahora quedan obligados a cumplir con trámites tributarios para recuperar lo retenido: inscribirse en el RUT, declarar renta y contratar contadores. Muchos no tienen cómo asumir ese costo ni entienden el proceso.

“La mayoría del campesinado ni factura ni está formalizado. Ahora los quieren obligar a pagar como si fueran empresas grandes. Es una decisión injusta y desconectada del campo colombiano”, dijo Óscar Gutiérrez y añadió “a los campesinos los están castigando por vender su cosecha”.

Clínicas y hospitales sin margen para pagar

El sector salud también quedó atrapado. El decreto sube de 1,1 % a 3,5 % la autorretención en actividades como hospitalización, servicios diagnósticos y terapéuticos, y atención a pacientes con trastornos mentales. Instituciones públicas y privadas deberán pagar más al Estado, aunque no estén recibiendo sus ingresos completos.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) alertó sobre el impacto de esta medida sobre la ya grave situación de iliquidez de las IPS. La cartera por cobrar supera los 20 billones de pesos. Esto pone en riesgo la compra de insumos, el pago de personal y la atención a los pacientes.

En carta enviada al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la ACHC pidió excluir a clínicas y hospitales de este esquema de anticipos. También propuso aplicar medidas para mitigar la crisis, como ampliar el giro directo, capitalizar EPS intervenidas y mejorar el sistema de reclamaciones del SOAT.

Bernardo Useche, director de Salud de Cedetrabajo, afirmó que, “el aumento en las tarifas de retención en la fuente, ordenado por el Decreto 0572, terminará por afectar no solo a los prestadores, sino también a los demás actores del sistema de salud, en especial a los pacientes y usuarios.”

Empresas: menos caja, menos empleo

El nuevo esquema de retención afecta directamente el flujo de caja de las empresas. Ahora deben adelantar pagos sobre ingresos que aún no han recibido. Esto limita su capacidad para invertir, contratar o mantener su operación al día.

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que el decreto le quita liquidez a las empresas sin explicar en qué se gastará el dinero adicional. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo. “Sin caja no hay empresa. Sin empresa no hay empleo. Y sin empleo, no hay país”.

Según Miguel Ángel Rodríguez, director de investigaciones de Cedetrabajo, la medida afecta especialmente a las microempresas, que representan el 93 % del tejido empresarial del país. Muchas no podrán sostenerse si deben pagar impuestos por adelantado, lo que podría llevar a cierres o despidos.

Los alimentos podrían subir de precio

La medida también afectará los precios de la canasta básica. Si el supermercado debe pagar más impuestos anticipados por la compra de alimentos o transporte de carga, ese sobrecosto lo traslada al precio final.

En abril de 2025, la inflación anual fue de 5,16 %. Los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más subieron. Con el nuevo decreto se espera un nuevo repunte en los precios, lo que afecta sobre todo a los hogares de menores ingresos.

El apuro fiscal y la presión del FMI

El Gobierno justificó el Decreto 0572 como una estrategia para suavizar el recaudo y reducir la evasión. Pero la verdadera razón parece ser otra: la urgencia por conseguir recursos. En 2024, el déficit fiscal alcanzó el 6,7 % del PIB. El Fondo Monetario Internacional advirtió que, si no se cumplen las metas fiscales, Colombia perdería el acceso a la Línea de Crédito Flexible.

En lugar de hacer una reforma tributaria abierta, el Ejecutivo optó por imponer estos cambios a través de un decreto. Esto genera inseguridad jurídica, porque un decreto puede ser tumbado más fácilmente en los tribunales.

La DIAN espera recaudar con esta medida unos 7,3 billones de pesos. Fedesarrollo calcula que podrían ser hasta 13,9 billones. Pero se trata de ingresos que el país dejaría de recibir en 2026. Es una salida temporal, que no soluciona el problema estructural del déficit.

Demandas y advertencias legales

Varias voces políticas ya anunciaron que demandarán el Decreto 0572 ante el Consejo de Estado. Denuncian que se trata de una reforma tributaria inconstitucional, hecha por decreto sin participación del Congreso.

El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, también criticó la medida. Dijo que es irresponsable y podría provocar ceses de pago masivos en las empresas. Para él, el decreto vulnera los principios de legalidad tributaria y equidad.

¿Quién paga realmente esta decisión?

Con el Decreto 0572 de 2025, el Gobierno intenta mejorar su flujo de caja, pero traslada la carga a sectores que ya están ahogados: campesinos, pequeñas empresas, hospitales. Quienes deberían ser protegidos, terminan sacrificados.

Lo grave es que esta medida no resuelve el problema fiscal de fondo. Solo adelanta ingresos. En 2026 habrá menos plata. Y si el decreto se cae por vía judicial, el hueco fiscal será más grande.

El agro, la salud y el empleo formal son pilares que deberían fortalecerse, no debilitarse. Este decreto hace lo contrario.

La Asociación de Usuarios de la IPS Clínica San Rafael y otras 14 organizaciones ciudadanas en un comunicado enviado al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud denunciaron que la situación de los afiliados a la Nueva EPS es “Un caos total”. Acusan a los interventores de agravar el colapso del servicio, señalan desabastecimiento de medicamentos y exigen un plan de contingencia inmediato para enfrentar lo que consideran una emergencia nacional.

Lea el comunicado aquí —- Por mi salud por tu salud—-

Intervención sin mejora: deudas, rezagos y un modelo en ruinas

La intervención a la Nueva EPS comenzó en abril de 2024. Ya entonces arrastraba una deuda superior a los $5 billones, múltiples fallas en la red de atención, una entrega deficiente de medicamentos y cerca de 280 mil quejas represadas, para finales de 2024 ya iban 358.319 quejas radicadas y solo en los tres primeros meses de 2025, se registraron más de 124.000 quejas según cifras de la Superintendencia. Lo que debía ser un proceso de saneamiento administrativo, terminó acentuando los problemas: los usuarios denuncian que hoy hay más trabas, más demoras y menos capacidad operativa que hace un año.

Medicamentos que no llegan, citas imposibles y hospitales desfinanciados

En el comunicado de los usuarios de la Clínica San Rafael y en el derecho de petición enviado al Ministerio de Salud por ASUDSALUD —firmado por más de 500 personas—, se documentan que los usuarios no reciben los medicamentos esenciales, enfrentan cancelaciones reiteradas de cirugías y no encuentran citas con especialistas. Hay fallas graves en el sistema de autorizaciones, demoras ilegales en la asignación de citas —que según el Decreto 019 de 2012 y la Resolución 1552 de 2013 no deberían superar cinco días— y barreras económicas impuestas por prestadores que no reciben pagos de la EPS.

Gobierno admite presión sobre las EPS para forzar la reforma

En una audiencia pública del Senado el 13 de mayo de 2025, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo declaró que el gobierno mantiene a las EPS «en cuidados intensivos» como mecanismo de presión para lograr la aprobación de la reforma. Las declaraciones que fueron registradas por diversos medios causaron rechazo inmediato. Legisladores de oposición, asociaciones de usuarios y profesionales de la salud calificaron la estrategia como un chantaje inaceptable, “Están jugando con la vida de la gente para defender una ideología, cuando lo que necesitamos es un método para poner orden y dar soluciones reales.” Afirmó Sergio Fajardo.

Proselitismo a nombre de la reforma

Bernardo Useche, director de Salud de Cedetrabajo ha señalado que la reforma de salud propuesta por el gobierno de Petro se enmarca en su estrategia de proselitismo electoral, más que en la solución efectiva de la crisis actual.

El propósito de emplear la discusión sobre la reforma a la salud como medio de agitación en la campaña electoral se confirma con el reciente anuncio del presidente de incluir en una nueva consulta popular preguntas sobre la producción y el acceso a medicamentos.

El Dr. Useche además, denuncia que el gobierno no está haciendo uso de las herramientas legales ya vigentes para obligar a cumplir los plazos en la entrega de medicamentos y citas, como lo establecen la Sentencia T-259 de 2019 o el Decreto 019 de 2012.
lo cierto es que ninguna de las acciones recientes del gobierno ha estado encaminada a aliviar el sufrimiento de la gente. El reciente decreto propuesto por el gobierno sobre el modelo preventivo no enfrenta las causas inmediatas del colapso en la atención, ni da respuesta a la falta de medicamentos y el no pago a hospitales. El Dr. Useche, cuestiona que se anuncien transformaciones estructurales sin financiación clara, mientras se mantiene la desprotección de los usuarios.

Lo urgente no es ampliar la retórica sobre un nuevo sistema, sino decretar de inmediato un plan de contingencia real: pagar las deudas a clínicas y hospitales, garantizar el suministro de medicamentos y resolver el acceso a servicios que hoy están paralizados, afirmó.

Cinco medidas urgentes para detener el deterioro del sistema de salud

El partido Dignidad y Compromiso ha llamado la atención respecto a que se debe solucionar la crisis con o sin reforma, para esto, hace seis (6) meses propuso acciones inmediatas para mitigar la emergencia:

• Desembolsar pagos atrasados a hospitales y clínicas.
• Activar el plan de liquidez solicitado desde 2023 por la ACHC.
• Refinanciar de forma urgente la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
• Sancionar prácticas de corrupción en contratación y manejo presupuestal.
• Garantizar mejores condiciones laborales al personal de salud mientras se discute la reforma.

Petición desde los territorios: un decreto de emergencia sanitaria

Las asociaciones de usuarios firmantes del comunicado del 16 de mayo piden que el gobierno expida un decreto nacional que permita enfrentar la crisis con medidas inmediatas. Exigen:

• Pagos urgentes a IPS y ESE.
• Contratación de nuevos operadores para entrega de medicamentos.
• Asignación de citas en los plazos establecidos por ley.
• Acciones que eviten despidos en hospitales sin liquidez.

Para los firmantes, la inacción del Ministerio de Salud y la Superintendencia está profundizando la crisis. Exigen que se asuman responsabilidades antes de continuar cualquier discusión legislativa sobre la reforma.

Una grabación revelada por W Radio expuso que el modelo de salud del magisterio colombiano, impuesto por el gobierno de Petro, ha perdido $2 billones. El vicepresidente del FOMAG admitió falta total de control. Docentes y expertos denuncian un colapso anunciado.

El nuevo modelo de salud del magisterio colapsa

La revelación de W Radio confirmó lo que durante meses denunciaron docentes, sindicatos y expertos en salud pública: el nuevo modelo de salud del magisterio, implementado por el gobierno de Gustavo Petro desde mayo de 2024, acumula pérdidas por más de $2 billones de pesos. La grabación, registrada en la sede del Ministerio de Educación durante una sesión del Consejo Directivo del FOMAG, dejó al descubierto la inexistencia de auditoría, el descontrol sobre más de 2.300 contratos adjudicados sin supervisión, y una gestión calificada como “perversa” por el mismo vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena.

Un sistema “perverso”: lo que reveló la grabación

Durante la sesión del Consejo Directivo del Fomag del 29 de abril de 2025, el funcionario Aldo Cadena afirmó que el modelo actual no cuenta con ninguna forma efectiva de vigilancia. Dijo que el nuevo sistema, diseñado por el gobierno como piloto de la futura reforma nacional de salud, repite —y amplifica— los errores del pasado. La contratación directa, sin licitación, y la falta de sistemas de control han llevado a lo que Cadena describió como “un chorro abierto” de corrupción.

“No hay forma de saber a dónde van los recursos. No existe supervisión. Se hicieron más de 2.300 contratos sin auditoría, y en los primeros cuatro meses la facturación aumentó en un 50 %”, explicó Cadena en la reunión. Aunque el objetivo era presentar la nueva red de operadores de salud, la Fiduprevisora no entregó ningún informe técnico sólido, y el encuentro terminó abruptamente.

Las advertencias de Vicky Avendaño: “Saltamos al vacío desde una casa en el aire”

Para Vicky Avendaño Pedrozo, dirigente de Tribuna Magisterial y ejecutiva de Fecode, este colapso era la crónica de un desastre anunciado. En su comunicado del 13 de mayo, recordó que votó en contra del acuerdo 03 de abril de 2024, mediante el cual se impuso el nuevo modelo de contratación. Señaló que entregar a la Fiduprevisora la contratación nacional sin preparación técnica ni redes consolidadas era una decisión irresponsable, que ponía en riesgo la vida de maestros y sus familias.

Un año después, sus temores se confirman: no hay redes de IPS funcionando, las deudas con prestadores crecen, no hay entrega completa de medicamentos, las plataformas de autogestión no sirven y no se han pagado viáticos para traslados médicos. “Seguimos saltando al vacío desde una casa en el aire”, repitió.

Bernardo Useche ya lo había advertido en 2023

El Dr. en Salud Pública, Bernardo Useche, fue uno de los primeros en alertar sobre la eliminación del régimen especial de salud del magisterio sin reforma estructural ni participación sindical. En octubre de 2023 calificó el nuevo modelo como un “desmonte encubierto” de los derechos consagrados en la Ley 91 de 1989.

Denunció que el gobierno estaba reemplazando el sistema por una centralización burocrática en la Fiduprevisora, sin control ciudadano ni capacidades técnicas. En su opinión, la narrativa anticorrupción del gobierno, que debería tomarse en serio, fue usada simplemente como excusa para desmontar el modelo anterior sin proponer soluciones reales. Hoy, las evidencias reveladas confirman sus pronósticos: corrupción, caos, falta de atención y colapso operativo.

Robledo: “Petro cometió un error gravísimo”

El exsenador Jorge Enrique Robledo fue aún más contundente. Calificó lo sucedido como “un inmenso escándalo de corrupción” y responsabilizó directamente al gobierno Petro. “Esto estaba advertido. Vicky Avendaño le advirtió en la Casa de Nariño al presidente, y este la maltrató. Hoy tenemos maestros enfermándose y muriendo de males que la medicina sabe curar”, declaró.

Robledo exigió una rectificación inmediata del sistema y advirtió que la pérdida de $2 billones no pueden quedar sin consecuencias penales ni políticas. En sus palabras, la Fiduprevisora ha sido convertida en un operador sin reglas, sin auditoría y con manga ancha para la contratación opaca.

Fecode y la consulta popular en riesgo

Durante la misma reunión, la fiscal de Fecode, María Eugenia Londoño, expresó que el deterioro del sistema amenaza incluso la capacidad del gobierno de movilizar apoyo para su consulta popular. “¿Con qué moral se va a movilizar el magisterio si los maestros no tienen medicamentos?”, preguntó.

Londoño exigió una reunión urgente con el presidente Petro para resolver la crisis, advirtiendo que esta situación puede “revolcar al país”.

Un modelo sin redes, sin control y sin legitimidad

La grabación conocida por W Radio revela no sólo el colapso técnico del nuevo modelo, sino también una ruptura política entre el magisterio y el gobierno Petro. Lo que el Ejecutivo presentó como una innovación para eliminar la corrupción y optimizar la atención, ha derivado en mayores sobrecostos, peor servicio y absoluta opacidad en el manejo de recursos públicos.

Los operadores siguen siendo los mismos, los contratos no han sido auditados, y la Fiduprevisora no ha respondido a los requerimientos del propio Ministerio de Educación. El propio ministro Daniel Rojas, en la grabación, le exige a Cadena que entregue denuncias formales y un informe por escrito. Hasta la fecha, nada de eso ha ocurrido.

El régimen especial en peligro

La Ley 91 de 1989 reconoce al magisterio colombiano un régimen especial de salud y prestaciones sociales, que ha sido defendido históricamente por sus organizaciones sindicales. Con la implementación del nuevo modelo, ese régimen ha sido vulnerado de facto, sin que haya mediado una reforma legislativa ni una consulta a los afectados.

El “piloto” del gobierno Petro para la reforma nacional de salud se ha convertido, en el caso del magisterio, en un ejemplo de lo que no se debe hacer: centralizar sin capacidad técnica, eliminar sin planificar cómo sustituir el modelo y prometer sin cumplir.

¿Y ahora qué hacemos?

El país entero espera respuestas. La grabación difundida por W Radio ha encendido todas las alarmas. Las advertencias, ignoradas por el Ejecutivo, hoy se confirman con crudeza. $2 billones desaparecidos, miles de docentes sin atención médica adecuada y una institucionalidad que se derrumba.

La pregunta es si el gobierno asumirá su responsabilidad o insistirá en sostener un modelo inviable. Mientras tanto, la salud de más de 800.000 personas entre maestros y beneficiarios sigue en riesgo, y los derechos conquistados por décadas de lucha sindical se desmoronan entre improvisaciones y contratos opacos.