La Contraloría General de la República reveló este 3 de julio hallazgos fiscales por más de $81.593 millones tras auditar el manejo del FOMAG. El nuevo modelo de salud, de autoría del gobierno Petro, resultó en contratos irregulares, sobrecostos y omisiones presupuestales, tal como habían advertido organizaciones docentes.

Auditoría de la Contraloría al FOMAG evidencia deterioro del servicio y desvíos financieros en el nuevo modelo de salud

La promesa gubernamental de mejorar la atención médica del magisterio terminó convertida en un costoso experimento fallido. Así lo demostró la auditoría financiera publicada por la Contraloría General de la Nación el 3 de julio de 2025, tras examinar la gestión fiscal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) durante 2024.

El documento reveló 21 hallazgos, de los cuales siete tienen incidencia fiscal, tres con posible connotación penal y veinte posibles faltas disciplinarias. La cifra de hallazgos fiscales alcanza los $81.593 millones. Los tres componentes auditados fueron pensiones, cesantías y servicios de salud, incluyendo la implementación del nuevo modelo impuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La investigación abarcó tanto el funcionamiento del sistema tradicional como el modelo instaurado en mayo de 2024. Este último fue presentado como una alternativa eficiente, pero según el informe, agravó la situación financiera y administrativa del FOMAG.

Contratación improvisada y sin respaldo presupuestal

Entre los hallazgos más delicados figura la omisión del Certificado de Registro Presupuestal (CRP) en el cierre de 2024, lo que dejó $75 mil millones en obligaciones sin respaldo legal. En 13 contratos por cerca de $525 mil millones, la ejecución inició sin CRP. Otros 52 contratos, por $648 mil millones, carecían de acta de inicio; seis contratos más, por $168 mil millones, no contaban con garantías.

La Contraloría también advirtió que el contrato 12076-024-2024, firmado inicialmente por $31 mil millones, terminó ampliándose a más de $776 mil millones sin liberación oportuna de los saldos iniciales, lo cual “evidencia un alto grado de improvisación en la contratación de servicios médicos”.

Para Bernardo Useche, director del equipo de salud de Cedetrabajo, “los hallazgos de la Contraloría confirman que el nuevo modelo de salud que los ministros de Petro en el Consejo Directivo del FOMAG impusieron al magisterio, con el beneplácito de la mayoría de los directivos nacionales de FECODE, ha sido un completo fracaso”.

Servicios más costosos y de menor calidad

Según la profe Victoria Avendaño, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, el gasto entre mayo y diciembre de 2024, ya bajo el nuevo modelo, fue de $2.46 billones. Entre enero y abril, el gasto fue de $1.195 billones. Es decir, el modelo nuevo duplicó el gasto en salud en menos de un año, con un sobrecosto acumulado del 44%.

La Fiduprevisora —entidad que administra el FOMAG— solicitó una adición presupuestal de $1.7 billones para 2025. Este dinero se extraería de los excedentes financieros del fondo, que deberían destinarse también a pensiones y cesantías.

“Dedicar todos los excedentes a cubrir estos déficits de salud deja desamparados a todos los demás sectores”, advirtió la profe Vicky. Actualmente hay más de 200 mil solicitudes represadas, entre pensiones de jubilación, sustitución y cesantías definitivas o parciales. En sus palabras, “el servicio médico empeoró y el gasto se disparó”.

Uso irregular de recursos y contratación sin control

Los sobrecostos no son el único problema. La Contraloría identificó pagos de sanciones moratorias por $48.100 millones con recursos del FOMAG, incumpliendo la destinación específica establecida por ley. Esto motivó traslados a la Fiscalía por presunta connotación penal.

Además, la Fiduprevisora firmó 10 contratos de transacción por $1.2 billones sin aprobación del Consejo Directivo, lo que constituye otra violación de los procedimientos legales y será también investigado penalmente.

En el contrato con la UT Riesgos Laborales, se evidenció una adición del 127,6%, superando ampliamente el límite del 50% permitido. En ese mismo contrato, se incumplieron los plazos para el pago de 43 facturas.

FOMAG, escenario de prácticas que el modelo prometía eliminar

Lo más preocupante es que varios hallazgos apuntan a posibles esquemas de corrupción. Según el comunicado de la Contraloría, se recibieron denuncias sobre conformación indebida de grupos empresariales para beneficiar a algunas IPS, creación de sociedades ficticias y transferencia de fondos a empresas en el extranjero.

También se investiga la ejecución de contratos con prestadores no habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Aunque no se ha verificado aún la pérdida efectiva de recursos, la Contraloría considera que se trata de un riesgo latente y recurrente.

Para el Dr. Useche, el informe confirma que “la incompetencia administrativa de los funcionarios petristas asignados a la implementación del nuevo modelo de salud es abismal”.

Repercusiones sobre derechos laborales del magisterio

La utilización de recursos destinados a pensiones y cesantías para cubrir sobrecostos en salud vulnera los derechos laborales de miles de docentes. La sanción moratoria por retraso en el pago de cesantías, por ejemplo, ya ha costado al Estado más de $4.220 millones.

La Contraloría advierte que más de cien solicitudes han llegado desde juzgados administrativos y tribunales exigiendo investigación fiscal por estos retrasos. Las fallas estructurales en la gestión de la Fiduprevisora y las entidades territoriales fueron señaladas con claridad.

El costo político de una reforma improvisada

El gobierno había presentado el nuevo modelo como ejemplo de la transformación que pretendía llevar a toda la red pública. El documento de la Contraloría, sin embargo, muestra que no sólo se repitieron las prácticas que se intentaban erradicar, sino que algunas se profundizaron.

“Hoy no lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría General de la Nación”, recalcó la profe Vicky. Tanto los informes como las cifras coinciden con las alertas tempranas lanzadas por organizaciones sindicales y académicas desde 2023.

El silencio del gobierno tras la publicación del informe ha generado indignación entre los docentes. La expectativa ahora recae sobre la Fiscalía y la Procuraduría, a quienes se trasladaron los hallazgos.

Conclusión técnica del órgano de control

La Contraloría concluyó que las fallas en la implementación del nuevo modelo —como la falta de CRP, la ejecución sin garantías, los pagos sin autorización del Consejo Directivo y el desvío de recursos— configuran responsabilidades fiscales y penales que deben ser esclarecidas.

Desde 2023 hasta la fecha, la entidad ha detectado 61 hallazgos en el FOMAG, de los cuales 23 tienen connotación fiscal por más de $548 mil millones. Otros 54 hallazgos fueron calificados como presuntas faltas disciplinarias, y cuatro tienen posible implicación penal.

Razones suficientes para ir a paro nacional

Ante el deterioro del servicio, el desvío de recursos y el silencio institucional, Victoria Avendaño llamó a no ceder ni guardar silencio. “Insisto: hay razones suficientes para que FECODE convoque paro nacional del magisterio en defensa de la Ley 91, el FOMAG y el derecho a la salud y la vida”, afirmó. Para ella, el momento exige acción colectiva, pues los hallazgos fiscales de la Contraloría confirman lo que durante meses se denunció sin respuesta: el modelo impuesto por el gobierno no sólo no resolvió los problemas, sino que los agravó.

Una grabación revelada por W Radio expuso que el modelo de salud del magisterio colombiano, impuesto por el gobierno de Petro, ha perdido $2 billones. El vicepresidente del FOMAG admitió falta total de control. Docentes y expertos denuncian un colapso anunciado.

El nuevo modelo de salud del magisterio colapsa

La revelación de W Radio confirmó lo que durante meses denunciaron docentes, sindicatos y expertos en salud pública: el nuevo modelo de salud del magisterio, implementado por el gobierno de Gustavo Petro desde mayo de 2024, acumula pérdidas por más de $2 billones de pesos. La grabación, registrada en la sede del Ministerio de Educación durante una sesión del Consejo Directivo del FOMAG, dejó al descubierto la inexistencia de auditoría, el descontrol sobre más de 2.300 contratos adjudicados sin supervisión, y una gestión calificada como “perversa” por el mismo vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena.

Un sistema “perverso”: lo que reveló la grabación

Durante la sesión del Consejo Directivo del Fomag del 29 de abril de 2025, el funcionario Aldo Cadena afirmó que el modelo actual no cuenta con ninguna forma efectiva de vigilancia. Dijo que el nuevo sistema, diseñado por el gobierno como piloto de la futura reforma nacional de salud, repite —y amplifica— los errores del pasado. La contratación directa, sin licitación, y la falta de sistemas de control han llevado a lo que Cadena describió como “un chorro abierto” de corrupción.

“No hay forma de saber a dónde van los recursos. No existe supervisión. Se hicieron más de 2.300 contratos sin auditoría, y en los primeros cuatro meses la facturación aumentó en un 50 %”, explicó Cadena en la reunión. Aunque el objetivo era presentar la nueva red de operadores de salud, la Fiduprevisora no entregó ningún informe técnico sólido, y el encuentro terminó abruptamente.

Las advertencias de Vicky Avendaño: “Saltamos al vacío desde una casa en el aire”

Para Vicky Avendaño Pedrozo, dirigente de Tribuna Magisterial y ejecutiva de Fecode, este colapso era la crónica de un desastre anunciado. En su comunicado del 13 de mayo, recordó que votó en contra del acuerdo 03 de abril de 2024, mediante el cual se impuso el nuevo modelo de contratación. Señaló que entregar a la Fiduprevisora la contratación nacional sin preparación técnica ni redes consolidadas era una decisión irresponsable, que ponía en riesgo la vida de maestros y sus familias.

Un año después, sus temores se confirman: no hay redes de IPS funcionando, las deudas con prestadores crecen, no hay entrega completa de medicamentos, las plataformas de autogestión no sirven y no se han pagado viáticos para traslados médicos. “Seguimos saltando al vacío desde una casa en el aire”, repitió.

Bernardo Useche ya lo había advertido en 2023

El Dr. en Salud Pública, Bernardo Useche, fue uno de los primeros en alertar sobre la eliminación del régimen especial de salud del magisterio sin reforma estructural ni participación sindical. En octubre de 2023 calificó el nuevo modelo como un “desmonte encubierto” de los derechos consagrados en la Ley 91 de 1989.

Denunció que el gobierno estaba reemplazando el sistema por una centralización burocrática en la Fiduprevisora, sin control ciudadano ni capacidades técnicas. En su opinión, la narrativa anticorrupción del gobierno, que debería tomarse en serio, fue usada simplemente como excusa para desmontar el modelo anterior sin proponer soluciones reales. Hoy, las evidencias reveladas confirman sus pronósticos: corrupción, caos, falta de atención y colapso operativo.

Robledo: “Petro cometió un error gravísimo”

El exsenador Jorge Enrique Robledo fue aún más contundente. Calificó lo sucedido como “un inmenso escándalo de corrupción” y responsabilizó directamente al gobierno Petro. “Esto estaba advertido. Vicky Avendaño le advirtió en la Casa de Nariño al presidente, y este la maltrató. Hoy tenemos maestros enfermándose y muriendo de males que la medicina sabe curar”, declaró.

Robledo exigió una rectificación inmediata del sistema y advirtió que la pérdida de $2 billones no pueden quedar sin consecuencias penales ni políticas. En sus palabras, la Fiduprevisora ha sido convertida en un operador sin reglas, sin auditoría y con manga ancha para la contratación opaca.

Fecode y la consulta popular en riesgo

Durante la misma reunión, la fiscal de Fecode, María Eugenia Londoño, expresó que el deterioro del sistema amenaza incluso la capacidad del gobierno de movilizar apoyo para su consulta popular. “¿Con qué moral se va a movilizar el magisterio si los maestros no tienen medicamentos?”, preguntó.

Londoño exigió una reunión urgente con el presidente Petro para resolver la crisis, advirtiendo que esta situación puede “revolcar al país”.

Un modelo sin redes, sin control y sin legitimidad

La grabación conocida por W Radio revela no sólo el colapso técnico del nuevo modelo, sino también una ruptura política entre el magisterio y el gobierno Petro. Lo que el Ejecutivo presentó como una innovación para eliminar la corrupción y optimizar la atención, ha derivado en mayores sobrecostos, peor servicio y absoluta opacidad en el manejo de recursos públicos.

Los operadores siguen siendo los mismos, los contratos no han sido auditados, y la Fiduprevisora no ha respondido a los requerimientos del propio Ministerio de Educación. El propio ministro Daniel Rojas, en la grabación, le exige a Cadena que entregue denuncias formales y un informe por escrito. Hasta la fecha, nada de eso ha ocurrido.

El régimen especial en peligro

La Ley 91 de 1989 reconoce al magisterio colombiano un régimen especial de salud y prestaciones sociales, que ha sido defendido históricamente por sus organizaciones sindicales. Con la implementación del nuevo modelo, ese régimen ha sido vulnerado de facto, sin que haya mediado una reforma legislativa ni una consulta a los afectados.

El “piloto” del gobierno Petro para la reforma nacional de salud se ha convertido, en el caso del magisterio, en un ejemplo de lo que no se debe hacer: centralizar sin capacidad técnica, eliminar sin planificar cómo sustituir el modelo y prometer sin cumplir.

¿Y ahora qué hacemos?

El país entero espera respuestas. La grabación difundida por W Radio ha encendido todas las alarmas. Las advertencias, ignoradas por el Ejecutivo, hoy se confirman con crudeza. $2 billones desaparecidos, miles de docentes sin atención médica adecuada y una institucionalidad que se derrumba.

La pregunta es si el gobierno asumirá su responsabilidad o insistirá en sostener un modelo inviable. Mientras tanto, la salud de más de 800.000 personas entre maestros y beneficiarios sigue en riesgo, y los derechos conquistados por décadas de lucha sindical se desmoronan entre improvisaciones y contratos opacos.