El pasado 1 de abril, la NASA lanzó la misión Artemis II, un viaje de diez días alrededor de la Luna con cuatro astronautas a bordo, entre ellos Christina Koch, quien se convertirá en la primera mujer en viajar más allá de la órbita terrestre. Según la NASA, el programa Artemis tiene como objetivo explorar los beneficios científicos y económicos de la Luna, por lo que este lanzamiento constituye apenas el primer paso de un proceso más amplio orientado a posibilitar la llegada humana a Marte. El programa prevé una misión adicional en 2027 para poner a prueba las capacidades del sistema, seguida de misiones anuales destinadas a explorar el Polo Sur lunar y avanzar en la construcción de una base lunar en 2028.

Esta iniciativa responde al mandato de 90 días impuesto por Donald Trump para diseñar una estrategia que garantice la hegemonía de Estados Unidos en la exploración espacial. Sin embargo, el desarrollo de este plan ha estado marcado por tensiones políticas, que alcanzaron su punto álgido con el nombramiento de Jared Isaacman como administrador de la NASA: un multimillonario sin experiencia política ni científica, con el título de ser el primer astronauta privado en realizar un paseo espacial y de ser comandante de una misión con civiles. ¡Un personaje con todo el estilo del presidente Trump! Adicionalmente, esta misión es producto de la colaboración entre el gobierno estadounidense y SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, conocida por su visión de colonizar Marte y por su retórica sobre la «expansión de la humanidad», que se beneficia de contratos millonarios financiados con fondos públicos.

Pero ¿por qué Estados Unidos está tan interesado en regresar a la Luna? En una entrevista con la BBC, Sarah Russell, directora del Museo de Historia Natural de Londres, explicó que la Luna alberga recursos esenciales comparables a los de la Tierra: tierras raras, agua, hidrógeno y helio. Estos elementos son clave para establecer una base lunar que facilite la exploración de otros planetas, como Marte. Pero más allá de esto, el programa Artemis prevé instalar reactores nucleares en su base permanente, lo que no solo ampliaría su capacidad energética, sino también su potencial estratégico y de defensa.

La carrera espacial del siglo XXI: EE.UU. vs. China

Recordemos que la última gran carrera lunar tuvo lugar entre 1957 y 1975, en el contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por demostrar su supremacía tecnológica y científica. La misión Apolo 11, que el 20 de julio de 1969 logró el primer alunizaje tripulado, se convirtió en un hito emblemático de esa rivalidad, impulsada por la decisión política de la administración de John F. Kennedy de consolidar el liderazgo estadounidense en un terreno estratégicamente crucial. Hoy, aunque el contexto internacional ha cambiado, asistimos a una dinámica similar: Estados Unidos enfrenta una carrera geopolítica contra China, que se extiende más allá de la Tierra.

China ha logrado avances significativos en tecnología espacial a través de la Administración Espacial Nacional de China (CNSA), destacando el alunizaje de la misión Chang’e 4 en 2019, el primero en la cara oculta de la Luna, y el despliegue del rover Yutu-2, que capturó imágenes inéditas. En 2021, lanzó el primer módulo de su estación espacial Tiangong y lidera el proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), en colaboración con más de 40 instituciones y países en desarrollo, con planes de construir una base en el Polo Sur lunar hacia 2035 y de expandir su infraestructura lunar en las siguientes décadas, posicionándose como un competidor clave en la carrera espacial, junto a Estados Unidos.

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de la ONU (1967) establece que la Luna y otros cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación nacional por reclamación de soberanía, uso, ocupación o cualquier otro medio. Según este acuerdo, la exploración espacial debe llevarse a cabo en beneficio de todos los países y con fines pacíficos. Sin embargo, la astronauta británica Helen Sharman ha señalado que, en la práctica, los países que logren establecer bases lunares podrían operar con autonomía durante periodos prolongados, sin que exista un mecanismo claro para regular o limitar sus actividades.

En este contexto, resulta relevante recordar que, durante su presidencia, Donald Trump impulsó la retirada de Estados Unidos de acuerdos multilaterales clave, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ante este historial de desvinculación de compromisos internacionales, surge una pregunta legítima: si una potencia espacial como Estados Unidos ha incumplido acuerdos fundamentales en la Tierra, ¿qué garantías existen de que respete los tratados que rigen el espacio ultraterrestre?

Un patrón histórico de dominación

La carrera por colonizar un pedazo de la Luna avanza y, con ella, la estrategia de Estados Unidos para defender su posición dominante. El afán de Estados Unidos por colonizar la Luna no es más que la extensión de un patrón histórico de apropiación y explotación: el mismo que ha impulsado la extracción de petróleo, gas y tierras raras en Medio Oriente y Latinoamérica, y que ha justificado intervenciones militares y diplomáticas en países como Dinamarca, siempre bajo el pretexto de «seguridad» o «progreso». Hoy, ese mismo modelo de dominación se proyecta más allá de la Tierra, disfrazado de innovación científica y avance tecnológico.

Aunque es innegable que la exploración espacial abre nuevas posibilidades para el conocimiento humano, es urgente cuestionar quién controla esos avances y con qué fines. La llamada «conquista» de la Luna no es un logro neutral: es una maniobra más del poder estadounidense para replicar en el espacio la lógica colonial que ha regido su relación con el planeta. La explotación de recursos lunares, la militarización de bases y la imposición de normas sin consenso internacional son, en esencia, la continuación de un sistema que prioriza el beneficio económico y geopolítico de unas pocas potencias sobre el bien común de la humanidad. Con la Luna convertida en un negocio de multimillonarios, como Musk e Isaacman, surge la duda: ¿estamos ante una nueva era de descubrimientos científicos o ante la colonización del espacio por parte de quienes ya dominan la Tierra?

Dispone el inciso tercero del artículo 115 de la Constitución que el Gobierno nacional se compone del Presidente de la República y del ministro del ramo en cada negocio particular. A su vez, la Ley 489 de 1998 distribuye la administración nacional en sectores administrativos, cada uno bajo la dirección del ministro o director de departamento administrativo correspondiente. Esta organización responde a la necesidad de estructurar la prestación de los servicios públicos, entre los cuales se encuentran los esenciales.

En materia de salud, la responsabilidad por la dirección, control y vigilancia del servicio público esencial recae en el Gobierno nacional y, específicamente, en los funcionarios encargados de administrarlo. Por ello, resulta particularmente grave que quienes tienen a su cargo esa conducción hayan optado por revictimizar a un paciente frente a una deficiencia del sistema que ellos mismos dirigen.

Resulta incongruente -aunque no sorprendente- que el Gobierno nacional reproche y culpabilice, por una muerte evitable, a la madre de un menor que sufrió un accidente y falleció por la falta de un medicamento. De paso, se reprocha también al niño por hacer lo que cualquier niño desea hacer: jugar y divertirse. Existen, al menos, tres circunstancias que contradicen las afirmaciones oficiales.

La primera es que, si bien la Constitución de 1991 consagra el deber de cuidar la salud, en materia de atención y prestación del servicio no existe la figura de la exclusión de atención del paciente. Independientemente de que una persona se exponga a un riesgo y de que, como consecuencia de este, se produzca un evento adverso que comprometa su bienestar o su vida, el sistema debe propender por ofrecer una atención integral y completa. En Colombia no existe el abandono del paciente por un riesgo atribuible a él mismo. Además, las afirmaciones relacionadas con la bicicleta han sido ampliamente rebatidas.

La segunda circunstancia es que, en el ámbito del derecho médico, existe la figura de la pérdida de oportunidad. Esta consiste en la supresión, como consecuencia de un error en la atención en salud, de la posibilidad de que el paciente conozca si un tratamiento habría sido efectivo. Esa oportunidad fue eliminada por el sistema y, en particular, por la EPS intervenida por el Gobierno -sobre cuya administración, además, se han suscitado dudas en torno a la designación de sus interventores, en un contexto que evidenció desorden institucional cuando dos funcionarios se atribuyeron mutuamente la responsabilidad-. En consecuencia, nunca se sabrá si Kevin habría vivido, por cuánto tiempo, qué habría sido en su adultez, cómo habría sido su vida o si su calidad de vida habría mejorado.

La tercera consideración es aún más evidente: se trata de un niño, cuyos derechos prevalecen, como lo establece el artículo 44 de la Constitución de 1991. El derecho a la salud también está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y ha sido reiterado en abundante jurisprudencia constitucional, que recuerda el deber de eliminar las barreras administrativas que impidan la garantía y el goce efectivo del derecho, tanto en la prevención como en la atención y paliación de la enfermedad.

Finalmente, las expresiones ligeras a que nos tienen acostumbrados desde la dirección del sistema, el silencio de la EPS, la crisis de medicamentos y la administración estatal de una entidad que, lejos de resolver sus dificultades, las profundizó, evidencian que la voluntad política -tristemente denominada como el “chuchuchú”- puede imponerse al ejercicio del control ciudadano y al ejercicio de los derechos fundamentales. Resulta inquietante que un sistema que muchos considerábamos deficiente haya podido deteriorarse aún más bajo la promesa de su transformación. El sistema ya era malo y no creíamos que podría a ser peor.

Cuatro años en la presidencia mostraron más de lo mismo

Transcurridos tres años y seis meses del gobierno de Gustavo Petro, valdría la pena contrastar lo propuesto por él en la campaña electoral de 2022 con su accionar en materia de empleo público y trabajo digno.

Es bien sabido que los problemas estructurales de los trabajadores estatales no se originaron en el actual gobierno. Son el producto de las malas políticas en todos los gobiernos anteriores, sin excepción, regímenes que conciben una administración pública minusválida, con baja financiación, poca o nula creación de empleo formal y directo y tercerizada en privados incluso en sus funciones esenciales.

Petro prometió en la campaña dar solución a las reivindicaciones de los trabajadores estatales. Pero al contrario de lo prometido, sus casi cuatro años en la presidencia mostraron más de lo mismo. Lejos de corregir con rigurosidad y seriedad las malas políticas y prácticas de los partidos tradicionales, las igualó o incluso empeoró.

La deuda con el mérito

 La meritocracia ha sido quebrantada de raíz, como lo prueba el escándalo de Juliana Guerrero y su pretendida imposición en el Ministerio de la Igualdad y Equidad. De septiembre a la fecha se conoció que Juliana Guerrero se graduó sin presentar el examen de Saber-Pro y que la Fundación San José anuló su título por no haber registro de actividad académica. No es el único embuchado, son más de veinte los funcionarios que habrían obtenido de manera irregular sus títulos profesionales para poder ser contratados en entidades públicas.

 Para entregarle el Viceministerio de Juventudes a Juliana Guerrero lo intentaron todo. Además de las graves inconsistencias de la aspirante en la hoja de vida que ella dio a conocer, el Gobierno pretendió modificar el Manual de Funciones de la entidad de manera exprés y sin consultar a la organización sindical. Incluso recién posesionada Mariela Barragán en la Función Pública, se intentó modificar el Decreto 1083 de 2015 para disminuir los requisitos de los viceministerios del Ministerio de Igualdad. El Gobierno nacional, en distintas instancias y con la justificación pública del presidente Petro, actuó sistemáticamente para violentar el principio constitucional del mérito, que se consagra como obligación para el ingreso al empleo público.

Las organizaciones sindicales estatales hemos rechazado esas actuaciones de “nombramientos sastre” en otros gobiernos por desprofesionalizar el empleo público, afectar el adecuado desarrollo de la función pública y, en la mayoría de los casos, ser mecanismos encaminados a aceitar la politiquería y el clientelismo.

La deuda con la formalización

Son dos los principales problemas del empleo público, la permanente desformalización y la falta de presupuesto. Las plantas permanentes de personal no solo han permanecido prácticamente congeladas, sino que se han configurado nóminas paralelas mediante órdenes de prestación de servicio mucho más grandes y en muchos casos, desempeñando funciones misionales y permanentes. Es un problema de décadas y que ningún gobierno ha decidido atender con seriedad. Para noviembre de 2022, éramos 612.762 empleados públicos del orden nacional, territorial y de otras ramas, excluyendo a los uniformados y al magisterio colombiano. Sin embargo, había también en las entidades 516.234 trabajadores vinculados a través de órdenes de prestación de servicio y 395.206 tercerizados o vinculados en contratos con personas jurídicas.

“El contrato de prestación servicios debe pasar a la historia”, dijo el candidato Gustavo Petro en la campaña. Hoy, las OPS de entidades orden nacional, adscritas o vinculadas el ejecutivo pasaron de 48 mil personas en 2022 a 64 mil contratadas con esa modalidad en 2024, según datos de La Silla Vacía.

La Función Pública dio a conocer en 2023 un Plan de Formalización Laboral con muchas dudas para su ejecución y presentando las plantas temporales como una vía hacia la formalización, práctica que además de ilegal es inconveniente porque burla la estabilidad a largo plazo. A tales artificios mañosos se ha opuesto históricamente la CUT. Parece que ya no.

Según datos del DAFP, el gobierno Petro apenas incrementó en un 5% la planta permanente de personal del Estado, pero se decidió por crear 5.000 empleos temporales a última hora, como los del Ministerio del Trabajo y la Unidad de Planeación Minero-Energética, al borde de la Ley de Garantías y con terminación en 2026 y 2027, respectivamente. En cambio, las plantas de personal permanentes, que eran compromiso con organizaciones sindicales como es el caso de la UNGRD, no ha visto la luz tampoco bajo la dirección de Carlos Carrillo, con tres años de incumplimiento del acuerdo colectivo y mientras la entidad funciona con una importante nómina de contratistas entre la Unidad y el Fondo de Adaptación.

No está de más recordar las consecuencias que tiene deslaboralizar el empleo público extendiendo por todas partes las órdenes de prestación de servicio. No solo por el impacto negativo en el funcionamiento de la administración pública, sino además porque a esos cientos de miles de trabajadores que desempeñan funciones misionales y permanentes en el Estado se les violenta la estabilidad y con ello, la adecuada remuneración, el bienestar laboral e incluso el derecho a la asociación y la negociación colectiva. El Estado tiene el 60% de su fuerza laboral precarizada y sigue dependiendo de un ejército de cerca de 900.000 contratistas, muchos de ellos prolongando el mal del clientelismo que “dinamiza” la política electoral.

La deuda con los salarios

 El incremento al salario mínimo del 23% es importante y contribuye a cerrar una deuda histórica con cerca de 1,2 millones de trabajadores. Sin embargo, fue una decisión que adoleció de una falla aún no corregida, pues para sostener dicho incremento se requerían medidas complementarias tendientes a proteger a las pequeñas y medianas empresas que generan el 80% del empleo formal del país. Sin esas medidas, el dinero de más que tendrán los trabajadores resultará invertido en la adquisición de bienes y servicios importados, beneficiando el trabajo y la producción extranjera.

 Tampoco tuvo en cuenta el Gobierno de Petro el impacto sobre los empleados públicos y los correspondientes incrementos salariales, pues se agudizó la brecha estructural negativa que tenemos los servidores públicos frente al incremento del salario mínimo. De 2014 a 2024, los empleados públicos habíamos perdido 10,4 puntos porcentuales frente al salario mínimo, pero en los últimos dos años este dato se profundizó negativamente hasta alcanzar los 29 pp. Mientras en 2014 un profesional grado 12 ganaba un equivalente a 4 SMLV, para el 2026 gana un equivalente a 2,9 SMLV. Es evidente la disminución de nuestro poder adquisitivo y el achatamiento por lo bajo de la estructura salarial del empleo público.

 Con el objetivo de cerrar las brechas históricas, una política salarial responsable requería de parte del Gobierno nacional acciones equilibradas para el sector público y el privado, con medidas complementarias que protegieran a la MIPYMES e incrementos progresivos a lo largo del cuatrienio. Pero, muy por el contrario, el Gobierno promovió en los tres primeros años acuerdos por lo bajo presentando los argumentos de siempre: la regla fiscal y la dificultad presupuestal.

 Esta actitud del Gobierno está plenamente definida en sus decisiones sobre el Presupuesto General de la Nación. Mientras el presupuesto de funcionamiento del Estado, del que se pagan nuestros salarios y nuestros derechos, crece apenas en un 1,15%, el presupuesto para el servicio de la deuda creció un 5,7%.  El pago de la deuda pública absorbió en 2025 $112.8 billones del Presupuesto General de la Nación y nos demuestra que el Gobierno es un excelente pagador con los bancos y el capital financiero internacional, pero un deudor moroso con sus propios trabajadores.

¡Independencia sindical para seguir luchando!

 Los datos son irrebatibles, en estos aspectos estructurales del empleo público, el Gobierno nacional se raja frente a lo propuesto en la campaña electoral. El presupuesto continúa capturado por el servicio de la deuda, la estructura salarial se aplana hacia abajo afectando el poder adquisitivo de los empleados públicos, la formalización laboral camina a paso de tortuga y las órdenes de prestación de servicio continúan creciendo, mientras el mérito se sigue negociando al servicio de los poderosos.

 La crisis estructural del empleo público no nació con este mandato. Es el resultado de décadas de políticas neoliberales que dieron prioridad a la tercerización y el marchitamiento de la carrera administrativa en favor de la clientela política. Sin embargo, resulta paradójico que la administración que llegó con la promesa histórica de dignificar al trabajador estatal haya terminado por profundizar sus problemas.

 Cobra vigencia que el movimiento sindical adopte una política de independencia frente al principal patrón estatal, el Gobierno nacional. Este principio fundacional de nuestras organizaciones permite representar genuinamente los intereses de los trabajadores, valorar el accionar del gobierno de acuerdo con la conveniencia de sus políticas y recurrir a la movilización para oponerse a políticas regresivas, defender derechos laborales adquiridos o conquistar nuevos. El futuro de un empleo público democrático depende en buena parte de la capacidad del sindicalismo de defender sus reivindicaciones más allá del gobierno de turno.

El Gobierno de Gustavo Petro presentó un proyecto que modificaría la fórmula para calcular los precios del etanol y el biodiésel, alineándolos con los valores internacionales. La iniciativa, en revisión desde el 1 de octubre, ha sido rechazada por gremios y sindicatos, que advierten el desmonte de la industria nacional de biocombustibles y la pérdida de miles de empleos rurales.

El proyecto que podría redefinir los biocombustibles en Colombia

La propuesta del Ministerio de Minas y Energía para cambiar la forma en que se calculan los precios del etanol y el biodiésel generó una respuesta inmediata de los sectores de la caña y la palma. El plan plantea reemplazar el sistema vigente por uno basado en paridad de importación, que indexa los valores nacionales a los de Houston y Róterdam. Aunque el Gobierno lo presenta como una actualización técnica, sindicatos y productores advierten que podría desmontar la base productiva construida durante más de dos décadas.

Un cambio que asimila modelos subsidiados

Hasta ahora, los precios de los biocombustibles en Colombia se calculan con base en los costos reales de producción interna más referencias internacionales. Para el etanol, la fórmula parte del precio del azúcar y suma los gastos locales de transformación y transporte. Para el biodiésel, se usa el valor del aceite de palma complementado con los costos del metanol y la mezcla.
 Los proyectos de resolución reemplazarían ese equilibrio por un sistema atado a precios internacionales del etanol de maíz en Houston y del biodiésel FAME 0 RED en Róterdam, ambos formados en mercados con fuertes subsidios.

En Estados Unidos, el etanol se sostiene gracias al programa Renewable Fuel Standard, al Crédito Fiscal a la Producción Limpia y a subsidios que abarcan desde la planta hasta la distribución. En la Unión Europea ocurre algo similar bajo la Directiva de Energías Renovables (RED III), que fija metas obligatorias y otorga exenciones tributarias. En Colombia no existen subsidios energéticos ni fiscales para el etanol o el biodiésel. Por eso, vincular precios locales a mercados protegidos crea una competencia desigual que, según los gremios, puede llevar a la quiebra de las plantas nacionales.

El riesgo económico y laboral

El documento técnico del Ministerio reconoce que la nueva metodología reduciría 14,5 % el ingreso al productor de etanol y 23,9 % el del biodiésel, sin evaluar el efecto sobre la sostenibilidad empresarial ni el empleo. Para Dignidad Agropecuaria Colombiana, las medidas fiscales y tarifarias del Gobierno “destruyen la base productiva de los biocombustibles” y ponen en riesgo miles de empleos rurales, desde el Meta hasta el Valle del Cauca.

En comunicado los sindicatos y federaciones del sector cañero calculan que, de aprobarse las resoluciones, se perderían 28.000 puestos de trabajo inmediatos y que el cierre de plantas de etanol afectaría indirectamente a 350.000 familias vinculadas a la producción de panela, porque la sobreproducción de caña se destinaría a azúcar o panela. A esto se sumarían 18.000 empleos urbanos y rurales vinculados a la cadena del azúcar y la energía.

El peso del sector y la advertencia sindical

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Sintrainagro) advirtió que la política de precios afectaría directamente a un sector que representa 19,5 % del PIB agrícola y 12,1 % del PIB industrial del Valle del Cauca. La organización recordó que la cadena genera 286.000 empleos entre directos e indirectos y que la producción nacional de 456 millones de litros de etanol carburante compite en condiciones desiguales con los 56.000 millones de litros producidos en Estados Unidos gracias a subsidios estatales.

Johnson Torres, dirigente de Sintrainagro, aseguró que el proyecto “responde a las presiones del Banco Interamericano de Desarrollo para abrir el mercado a las importaciones subvencionadas”, lo que entregaría la soberanía energética y agrícola del país. Agregó que “con esas decisiones se destruye la industria nacional y se abre espacio al combustible extranjero más barato, pero altamente subsidiado, lo que “golpea a los trabajadores, a los pequeños productores y a las regiones”.
Las políticas neoliberales de apertura han desplazado cultivos nacionales y que seguir las directrices del BID profundiza la dependencia externa. Su columna recordó que el cultivo de caña y palma ha permitido sostener la economía de departamentos enteros como Valle del Cauca, Meta y Cesar, entre otros.

Una industria estratégica en riesgo

El cambio propuesto pondría en riesgo una de las pocas cadenas agroindustriales que el país ha logrado consolidar en torno a la energía limpia. El sector de los biocombustibles abastece entre el 8 y el 10 % del consumo de combustibles del transporte terrestre y contribuye a reducir cerca del 8 % de las emisiones de CO₂ en ese segmento. Su estructura actual articula agricultura, industria y distribución, lo que ha permitido sostener una producción estable y con empleo formal en las regiones.

Si el nuevo esquema entra en vigencia, el ingreso de los productores quedaría sujeto a factores externos, como los fletes, los aranceles y el tipo de cambio, que no dependen de su gestión. En la práctica, el país terminaría calculando los precios como si importara los biocombustibles, aun cuando se elaboran con materias primas nacionales.

El argumento del Gobierno

El Ministerio de Minas y Energía sostiene que la revisión busca “actualizar metodologías” y “alinearlas con estándares internacionales”. Según su planteamiento, la paridad de importación permitiría reflejar la realidad del mercado global y evitar distorsiones.
 Los productores sostienen que la “realidad global” es de subsidios y protecciones. Estados Unidos y la Unión Europea invierten recursos públicos para sostener su competitividad; Colombia, en cambio, pretende someter su industria a precios foráneos sin respaldo estatal. Para Dignidad Agropecuaria, eso equivale a sustituir trabajo colombiano por trabajo extranjero.

Un precedente internacional

Brasil sirve de espejo. Durante más de treinta años protegió su industria del etanol con precios regulados, créditos blandos y compras garantizadas por Petrobras. Solo cuando alcanzó eficiencia y escala liberó gradualmente los precios. Colombia no ha completado ese ciclo y aún se encuentra consolidando su capacidad productiva. Exponerla a una competencia desleal, advierten expertos, significaría renunciar a la única industria nacional que materializa la transición energética en el territorio.

Una alianza gremial en defensa del trabajo

Los sindicatos de la caña convocaron a las autoridades locales, a los gremios y a la ciudadanía a respaldar un plan de acción nacional para defender el empleo y la producción agroindustrial. Preparan jornadas culturales, foros técnicos y movilizaciones en el Valle del Cauca y los Llanos Orientales.
 El objetivo común es mantener la metodología vigente de la Resolución 18-0643 de 2012, que garantizó estabilidad laboral, inversión y tributación municipal. También preservar las iniciativas de innovación en bioetanol para aviación y uso de vinaza y cachaza para generar energía, consideradas claves para reducir la dependencia del gas y los combustibles fósiles.

La discusión sobre el proyecto del 1 de octubre va más allá de un cálculo de precios. Define si Colombia mantiene una política energética soberana o la somete a los intereses de mercados subsidiados.
 El sector cañero y palmero insiste en que el debate no es ideológico sino económico. Sin protección, la cadena del biocombustible se fragmenta y con ella se pierde empleo, inversión y capacidad industrial.

Un proyecto de decreto de los ministerios de Comercio y Hacienda propone reducir a cero los aranceles de importación de hilados para la industria textil. La iniciativa, presentada como una medida de alivio temporal para las confecciones, podría acabar de hundir la producción nacional de algodón y con ella los empleos rurales que aún dependen de este cultivo.

Productores alertan sobre el fin de la cadena algodonera

En un comunicado del 20 de octubre, Dignidad Agropecuaria Colombiana advirtió que la propuesta del Gobierno daría ventajas inmediatas a los confeccionistas, pero a costa de desmantelar la cadena algodonera. El gremio calcula que la medida pondría en riesgo 500 familias, 2.400 empleos anuales y los jornales rurales que dependen de la siembra. Las tres hilanderías activas quedarían sin materia prima nacional, sujetas a competir con hilados extranjeros y probablemente cerrarían.

El informe también recuerda que el cultivo lleva más de treinta años en declive. En las regiones algodoneras del país, donde antes se sembraban 300.000 hectáreas, hoy sobreviven unas 8.000. Los pequeños productores trabajan en tierras tomadas en arriendo por un solo ciclo y créditos caros. En Córdoba, Sucre, Cesar y Tolima, muchos ya dudan si volverán a sembrar.

El mercado global hunde los precios del algodón

El más reciente Reporte de Coyuntura Económica (semana 41 de 2025) de CONALGODÓN muestra que el precio interno de referencia cayó a $5.534.472 por tonelada, mientras la compensación del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón, FEPA, sigue en $482.510, insuficiente para cubrir los costos reales de producción. Con ese margen, cada hectárea sembrada se convierte en una apuesta arriesgada.

El mismo documento, basado en cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), confirma que el mundo produce más de lo que consume. En septiembre de 2025, la producción alcanzó 119 millones de pacas, frente a 112 millones consumidas, que sumadas a los inventarios iniciales termina con 83 millones en existencias finales. Esa sobreoferta mantiene los precios internacionales deprimidos.

En la Bolsa de Nueva York, los contratos futuros bajaron de 65,59 a 64,91 centavos de dólar por libra. Aunque la diferencia parece mínima, implica una pérdida continua en rentabilidad. Con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, en $3.867,54, la caída se suavizó, pero el ingreso promedio por tonelada se redujo $138.970 en una semana. Los costos de insumos y transporte siguen subiendo, de modo que el productor opera en pérdida.

Analistas del sector advierten que, si se eliminan los aranceles, la presión de precios externos se trasladará de inmediato al mercado interno: las confecciones importarían insumos más baratos y el país perdería su base productiva. Esa mezcla de sobreoferta mundial, precios bajos y apertura arancelaria deja al algodón colombiano en una situación límite.

Golpe regional y abandono del campo

En las zonas rurales donde el algodón todavía se cultiva, la rentabilidad es mínima. Los agricultores trabajan con arrendamientos de corto plazo, sin asistencia técnica ni crédito asequible. Según datos gremiales, unas 500 familias podrían quedarse sin ingresos y 2.400 empleos desaparecerían. En municipios del Caribe y el Tolima- esos jornales son la única fuente de trabajo temporal.

El gremio sostiene que el Estado debe garantizar precios que cubran los costos reales y no seguir atado a la Bolsa de Nueva York, dominada por los grandes exportadores. “Sin un precio justo, el algodón desaparecerá y con él la infraestructura agrícola que aún sobrevive”, advierte el comunicado.

La posible aprobación del decreto consolidaría un modelo de dependencia externa: Colombia pasaría de productor a comprador de insumos básicos. Las hilanderías importarían toda la fibra, pero la industria de las confecciones ya no les compraría a ellos, importar los hilos les saldría más barato, y el vínculo entre campo e industria quedaría roto.

Del auge a la crisis: tres décadas de abandono

En los años setenta, el país sembraba entre 350.000 y 400.000 hectáreas de algodón. La fibra nacional abastecía a la industria textil y generaba exportaciones. Con la apertura económica de los noventa, las importaciones de textiles y fibras sintéticas desplazaron la producción local. Los Tratados de Libre Comercio redujeron la protección arancelaria y el cultivo perdió rentabilidad. En 1990 se producían 150.000 toneladas; hoy apenas 14.000.

El desmonte de las políticas agrícolas dejó al sector sin crédito, sin asistencia técnica y sin infraestructura de riego. Las máquinas de desmote quedaron abandonadas en La Mojana y en el valle del río Sinú y en otras zonas algodoneras del país. Los programas del FEPA y los subsidios al seguro agropecuario ofrecieron alivios momentáneos, pero nunca resolvieron la raíz del problema.

El dilema político

Para Dignidad Agropecuaria, eliminar los aranceles sin exigir compras locales es dejar el mercado en manos de los productores extranjeros. El gremio no pide subsidios nuevos, sino condiciones para competir: precios que reflejen los costos reales, programas de asistencia técnica y canales directos entre agricultores e hilanderías.

Según CONALGODÓN, el ingreso actual del agricultor está por debajo del nivel de sostenibilidad: para cubrir gastos de siembra, transporte y desmote, el precio por tonelada debería superar $7 millones, pero en el mercado ronda los $5,5 millones. Esa brecha explica por qué en cada temporada se pierden productores.

El debate sobre el decreto arancelario no es técnico, es político. De su aprobación depende si Colombia mantiene una base agrícola productiva, y lucha por aumentarla, o se resigna a depender de las importaciones para vestir a su población.

Dignidad Agropecuaria Colombiana denunció que las importaciones de café de baja calidad han reducido la prima del café colombiano de 80 a 17 centavos por libra, una caída que ha recortado más de 900 millones de dólares en ingresos anuales para el país.

El deterioro del diferencial cafetero golpea la economía nacional

La pérdida del diferencial cafetero, la prima que por años distinguió al café de Colombia en los mercados internacionales, empezó a sentirse en el bolsillo de los productores y en las cifras de exportación. Pasó de 80 a solo 17 centavos de dólar por libra, una caída superior al 75 %.
Esa reducción representa pérdidas anuales de más de 900 millones de dólares, equivalentes a cerca de 3,6 billones de pesos, tomando como referencia una tasa promedio de 3.900 pesos por dólar. El fenómeno no es coyuntural, sino resultado de políticas que permiten mezclar cafés importados de baja calidad con el grano nacional para su reexportación.
Esa práctica, advierte Dignidad Agropecuaria, ha deteriorado la reputación del producto y disminuido los ingresos de miles de familias cafeteras. Lo que antes garantizaba divisas al país y estabilidad a las regiones productoras, hoy favorece a intermediarios y multinacionales que concentran el negocio.

Importaciones de café y caída del ingreso cafetero

Las normas que autorizaron la importación de café verde para mezclarlo y venderlo como “Producto de Colombia” terminaron reemplazando el grano nacional de forma silenciosa. Los granos de menor calidad ingresan al sistema productivo, reducen el precio interno y borran la ventaja del café colombiano en los mercados internacionales.

Durante años, el “Excelso – Café de Colombia” mantuvo un valor superior por su calidad, sabor y rigurosidad en los estándares de humedad, tamaño y pureza. Esa certificación era la garantía de origen que sustentaba la prima de calidad en la Bolsa de Nueva York. La introducción del “Café Producto de Colombia” y la flexibilización de las normas de exportación eliminaron esa ventaja.
El resultado es una pérdida progresiva de confianza en los compradores internacionales. Al mezclarse cafés importados de bajo valor, el grano colombiano dejó de ser percibido como un producto diferenciado. El país vende más volumen, pero recibe menos dinero por cada libra exportada.

Del pacto de cuotas al dominio de las multinacionales

La situación actual tiene raíces profundas. En 1989 terminó el pacto internacional de cuotas de la Organización Internacional del Café, un sistema que regulaba la producción y los precios del grano. Durante más de dos décadas ese modelo mantuvo cierta estabilidad: si los precios bajaban, los países exportadores reducían la oferta; si subían, la aumentaban.

Cuando Estados Unidos y sus aliados desmantelaron el acuerdo, impusieron la política del libre comercio. La decisión eliminó los mecanismos que protegían los ingresos de los países productores y abrió la puerta a la concentración del mercado. A partir de ese momento, las grandes compañías multinacionales controlaron las compras, la industrialización y la distribución del café.

Colombia, que había sostenido su reputación en la calidad del grano, comenzó a competir en un escenario de precios impuestos por los compradores. La Federación Nacional de Cafeteros adoptó medidas que, en vez de reforzar la calidad, permitieron la creación del “Café Producto de Colombia”, una versión degradada del tradicional “Excelso – Café de Colombia”. Esa modificación redujo los estándares y habilitó la mezcla de granos nacionales con cafés extranjeros de menor valor.

El comunicado de Dignidad Agropecuaria sostiene que esa transformación benefició a las empresas que comercializan y procesan el café, no a los productores. Mientras las multinacionales diversificaron sus marcas y ganancias, los caficultores vieron disminuir su participación en la renta total del negocio. La brecha se amplió: los costos de producción suben, los precios al productor bajan y la diferencia queda en manos de intermediarios.

La pérdida de confianza en el café de Colombia

Durante décadas, el café colombiano fue sinónimo de calidad en los mercados internacionales. Esa imagen se sustentaba en el control estricto de origen, en las normas de humedad y pureza del grano, y en la reputación del sello “Café de Colombia”. Con la flexibilización de las reglas, la credibilidad del país como proveedor premium se debilitó.

Los compradores internacionales pagan ahora precios más bajos porque no pueden garantizar que el producto corresponda al mismo nivel de calidad de años anteriores. La prima de calidad, que antes representaba un ingreso adicional, se convirtió en un margen que se desvanece. Cada libra vendida sin ese diferencial deja menos divisas al país y menos rentabilidad para los productores.
La pérdida del diferencial cafetero no solo afecta el comercio exterior. También golpea la economía interna de los municipios cafeteros, donde el café sigue siendo la base de la actividad económica. La disminución de ingresos reduce el consumo local, afecta el empleo y limita la inversión en infraestructura rural.

Consecuencias económicas de las importaciones de café

Las pérdidas calculadas por Dignidad Agropecuaria superan los 900 millones de dólares anuales, una muestra del deterioro estructural del ingreso cafetero. La reducción del diferencial cafetero afecta la balanza comercial del país y ha debilitado el flujo de divisas que sostenía la economía rural en los departamentos productores.

Cada libra vendida sin prima de calidad implica menos rentabilidad para el productor. En los municipios cafeteros, el descenso se traduce en menos empleo, menor consumo local y una caída en la inversión pública y privada. Las cooperativas, que antes reinvertían excedentes en programas comunitarios, enfrentan ahora dificultades para sostener su operación.

La pérdida de valor del café colombiano también repercute en la tasa de cambio. Al reducirse las exportaciones con valor agregado, el país depende de un mayor volumen para compensar la caída de ingresos, lo que genera sobreoferta y presiona aún más los precios internacionales.

Propuesta para recuperar la prima del café colombiano

El comunicado de Dignidad Agropecuaria propone revertir la política de flexibilización de calidad y retomar las condiciones originales del “Excelso – Café de Colombia”. El movimiento plantea suprimir la exportación de pasillas, aumentar la producción interna y eliminar el “Café Producto de Colombia”, al que señalan como principal responsable del deterioro del diferencial.

La organización sostiene que el país tiene capacidad para abastecer el consumo nacional con pasillas de producción interna y evitar la dependencia de cafés importados. La medida permitiría mejorar el ingreso rural y recuperar la confianza de los compradores internacionales.

También pide al Gobierno Nacional y al Comité Nacional de Cafeteros adoptar decisiones estructurales: restablecer estrictos controles de calidad, revisar las licencias de importación y fortalecer la certificación de origen. Solo así, afirma el movimiento, podrá volver a ganarse la confianza del mercado internacional con calidad y trazabilidad.

Un llamado a proteger el ingreso rural

Para Dignidad Agropecuaria Colombiana, la pérdida del diferencial cafetero resume un modelo comercial que ha transferido riqueza del campo hacia los grandes compradores internacionales. Cada centavo perdido por libra se traduce en menos ingresos para las familias productoras y en una reducción del valor real del trabajo agrícola.

El movimiento sostiene que el país necesita una política cafetera centrada en el ingreso y no en el volumen exportado. La prioridad, afirma, debe ser volver a ganarse la confianza del mercado internacional con calidad y trazabilidad. El problema ya no es de producción, sino de reglas de juego: las importaciones alteran el equilibrio del mercado y deterioran la marca más reconocida del país.

La advertencia llega en un momento crítico. Mientras la inflación encarece los insumos agrícolas, los precios internos del café caen y los márgenes de rentabilidad se estrechan. Si el país no corrige la ruta, Colombia podría perder el estatus de productor premium que durante décadas sustentó parte de su economía.

Dignidad Agropecuaria concluye que recuperar la prima de calidad del café colombiano es una decisión estratégica para la balanza comercial y la sostenibilidad rural. De mantenerse la actual política de importaciones, el país seguirá exportando el nombre del “Café de Colombia”, pero no su valor real.

Este martes 7 de octubre, Sergio Fajardo presentó los fundamentos de su programa de salud ante representantes de EPS, hospitales, clínicas, farmacéuticas, cajas de compensación y asociaciones de usuarios y paciente y profesionales de la salud. Explicó una política y una ruta técnica para solucionar la profunda crisis que afecta el sistema de salud.

Un plan técnico para recuperar el sistema

Sergio Fajardo presentó una hoja de ruta enfocada en devolver estabilidad al sistema de salud y recuperar la confianza entre pacientes, prestadores y aseguradores. Propuso auditorías externas y otras medidas para garantizar el flujo y el control de los recursos.

Durante el encuentro explicó que su equipo con base en un diagnóstico detallado de la crisis actual ha formulado una serie de medidas para restablecer el orden en el hoy caótico sistema de salud. Señaló la falta de información transparente sobre el estado real de las EPS, el desbalance en la Unidad de Pago por Capitación, UPC y el deterioro institucional. Su plan plantea recalcular los valores de la UPC con base en datos verificables y crear un sistema de información que permita seguimiento público de cada peso destinado a la atención.

También anunció que, desde el primer día de gobierno, instalará un Puesto de Mando Presidencial para la Salud, un mecanismo que concentrará decisiones urgentes y coordinación directa con los ministerios, las entidades territoriales y los prestadores de servicios médicos. El propósito es atender de manera inmediata las fallas críticas del sistema y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Equipo de salud y enfoque técnico

El programa fue diseñado por un grupo con trayectoria en gestión pública, investigación y atención directa en salud. Lo integran Luz María Agudelo, exsecretaria de Salud de Medellín y Antioquia, con experiencia en fortalecimiento hospitalario; Bernardo Useche, presidente del Centro de Estudios del Trabajo -Cedetrabajo, experto en Salud pública y salud mental; Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, con énfasis en evaluación de políticas; y Víctor Correa, médico y exrepresentante a la Cámara, con experiencia en atención primaria y gestión territorial, Arturo Montejo, médico y académico experto en medicina familiar; Marcela Garcés, médica y especialista en salud pública; Javier Criales, expresidente de la Asociación Colombiana de pediatría y Ángela Molina, bacterióloga y epidemióloga.

Entre las primeras acciones, propuso una auditoría independiente a todas las EPS intervenidas y al régimen de salud del magisterio. El objetivo es aclarar el uso de los recursos, las responsabilidades financieras y las obligaciones pendientes con hospitales y trabajadores. Al igual que conocer las razones del dramático incremento de la negación de servicios a los usuarios e identificar las principales barreras asociadas con el acceso a medicamentos.

Fajardo indicó que su plan prioriza la reapertura de servicios cerrados en urgencias, pediatría y salud mental. Estas medidas buscan restablecer la atención básica, reducir los tiempos de espera y garantizar cobertura efectiva en regiones con mayor déficit.

Una presentación ante todos los actores del sistema

La convocatoria reunió a los principales sectores del sistema, con el propósito de compartir los fundamentos técnicos de la propuesta y abrir un proceso de diálogo estructurado.

Fajardo explicó que el sistema no atraviesa una crisis coyuntural, sino un deterioro acumulado que exige orden administrativo, información verificable y gestión sostenida.

Durante su intervención, afirmó que el sistema colombiano arrastra una crisis financiera y de confianza que se refleja en la falta de liquidez, el cierre de servicios y la inequidad territorial. Mencionó que las autoridades desconocen la información real sobre el estado de las EPS y sobre el uso de los recursos públicos en salud, lo que impide tomar decisiones acertadas.

De acuerdo con el documento presentado, la propuesta se desarrollará por etapas. Los primeros cien días estarán dedicados a la estabilización financiera y a la reapertura de servicios básicos. Entre 2026 y 2027 se formulará el plan nacional de desarrollo con el fin de sentar las bases de un nuevo modelo de salud concertado con todos los actores. En la última fase, entre 2028 y 2030, se implementarán los mecanismos acordados para restructurar y saldar la deuda con los hospitales. El enfoque busca mantener la rectoría estatal del sistema de salud.

Respaldo en su experiencia de gestión

Sergio Fajardo respaldó la propuesta en su experiencia como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Recordó que en ambos cargos aplicó políticas de transparencia, control de recursos y fortalecimiento de la red pública hospitalaria. En su exposición, afirmó que la gestión en Antioquia permitió sanear hospitales y firmar pactos de transparencia con los municipios.

Se mejoró la cobertura de atención primaria, se impulsaron equipos básicos de salud, se fortalecieron los hospitales departamentales y se crearon espacios de seguimiento financiero entre autoridades locales. Fajardo dijo que ese modelo demostró que es posible administrar los recursos públicos con rigor y participación ciudadana.

“En Antioquia no se pierde un peso”, repitió, retomando una frase que lo acompañó en sus anteriores gobiernos. Añadió que el mismo principio regirá la gestión nacional en salud durante su Presidencia.

Una propuesta con cooperación y concertación

El programa presentado busca integrar a todos los actores del sistema. Fajardo insistió en que el sector necesita cooperación, no fragmentación, y que la recuperación de la confianza depende de la participación de cada institución en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Durante el evento, reiteró que el deterioro institucional no se resuelve con confrontación política, sino con planificación, consenso técnico y cumplimiento. Llamó a los gremios, las EPS, los hospitales y los trabajadores del sector a participar en la construcción de soluciones comunes.

Los principales representantes de los gremios del sector salud que asistieron al encuentro resaltaron lo valioso de la convocatoria y la disposición de Sergio Fajardo para escuchar a todos los actores del sistema. Coincidieron en que la reunión marcó una diferencia frente al clima de confrontación que domina la discusión nacional, pues el Fajardo optó por construir su propuesta mediante cooperación y concertación técnica. Destacaron que el diálogo abierto con hospitales, EPS, farmacéuticas, trabajadores y pacientes es el camino para recuperar la confianza y avanzar hacia soluciones reales para el sistema de salud.

El presupuesto 2026 reduce recursos para la Rama Judicial

El presupuesto 2026 asignado a la Rama Judicial es insuficiente y amenaza con profundizar la crisis estructural de la administración de justicia en Colombia. La reducción de recursos desconoce compromisos adquiridos, como la inclusión de la bonificación como factor salarial para más de 30 mil servidores, y perpetúa un déficit que impacta directamente en el acceso a la justicia. Mientras el Gobierno destina partidas para ampliar la planta de contratistas en entidades bajo su influencia, la Rama Judicial, con una planta de 36.810 servidores, que cargan sobre sus hombros un volumen excesivo de procesos, sigue siendo relegada en las decisiones trascendentales del país. Una financiación adecuada garantiza la independencia de la Rama Judicial y la calidad del servicio, mientras que una financiación deficitaria no solo limita la capacidad operativa del sistema, sino que deteriora las condiciones laborales de quienes lo sostienen y, en consecuencia, vulnera el derecho ciudadano a una justicia pronta y eficaz.

La bonificación judicial, una conquista burlada por todos los gobiernos, incluido el de Petro.

Fue necesario un prolongado cese de labores en el año 2012 para que el gobierno nacional accediera a la nivelación de la remuneración de los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía, lo que se hizo mediante el reconocimiento de una bonificación. Prestación que debía ser parte integrante del salario, pero que todas las administraciones han pagado desconociendo esta condición. Recordemos que el Gobierno firmó el Acuerdo Colectivo 2023-2024, en el cual se habilitó una mesa técnica con el fin de dejar establecido que la bonificación constituye un factor salarial y que, por tal razón, se haría efectiva a partir del 2025, promesa que ha incumplido el presidente. Pero eso no es todo: con miras a la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2026, el Consejo Superior de la Judicatura hizo una propuesta de presupuesto por la suma de $16.015.270 millones, pero el proyecto de presupuesto radicado por el Gobierno Nacional para esa vigencia contempla un valor de $11.622.218 millones.

Promesas vacías y más incumplimiento

El gobierno del presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por ser uno de los que más promesas ha incumplido, y la Rama Judicial ha sido objeto de estas imposturas: en el presupuesto presentado por el Gobierno se excluyen las previsiones para atender necesidades del sector justicia. Por ejemplo, la creación de 7.381 cargos permanentes y un plan de descongestión para garantizar la demanda de justicia pronta y oportuna, con un presupuesto de 724.286 millones para la creación de nuevos cargos y 240.707 millones en descongestión de los despachos judiciales. Ajustes que contribuirían a mitigar la pesada carga laboral de jueces y empleados.

Para el pago de la bonificación judicial como factor salarial se requieren $774.221 millones, de los cuales se cuenta con $224.752 millones. Cabe señalar: se necesita un presupuesto adicional de $549.469 millones para cubrir el total de los servidores judiciales. Esto no es solo una promesa incumplida, sino también un golpe directo al bolsillo de más de 30 mil familias colombianas.

La organización como respuesta

Las promesas del gobierno están lejos de cumplirse. No hay voluntad para materializarlas, por lo que la única salida que tienen los trabajadores judiciales es la organización, como una manera de orientar esfuerzos para la conquista de los derechos que no han sido reconocidos por simple voluntad política. Tal es el panorama, que para el mes de septiembre sigue sin realizarse el pago retroactivo de la bonificación judicial, una muestra de la nula voluntad del Gobierno en atender a los servidores del sector justicia.

Es cierto que las finanzas del país son deficitarias, pero esto no puede servir de excusa para restar presupuesto a sectores que no están alineados con las posiciones del Gobierno. Porque mientras a la Rama le niegan un presupuesto imprescindible para su normal funcionamiento, la contratación por OPS (órdenes de prestación de servicios) realizada por el Gobierno sumó 3,2 billones de pesos en 2024, y cerca de 8 billones desde su posesión. Cabe concluir que con lo gastado en OPS desde la posesión del Gobierno se podría financiar más de 10 veces la bonificación como factor salarial.

Es necesario que se garanticen los recursos de la Rama Judicial y que no queden sometidos a los intereses del círculo del Gobierno de turno, que al final terminaría transformándose en una manera de socavar a una de las ramas del poder público.

Exigir el cumplimiento de las promesas es solo una manera de garantizar a todos los trabajadores judiciales una mejoría en su calidad de vida y la de sus familias, exigencia que se viene gestando desde hace muchos años. El camino, entonces, es la organización. La participación de todas y todos los funcionarios de la Rama Judicial alrededor de puntos tan vitales como la independencia de este órgano del Estado, la actualización tecnológica, la bonificación, la creación de nuevos cargos. Así es como la historia del país, y del mundo, ha demostrado que se obtienen nuevos derechos. Y así es como se tendrá que hacer.

La Asociación de Usuarios del Hospital San Félix, “Asuhosanfelix”, radicó una carta al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel y al Gobierno nacional para exigir soluciones urgentes frente a la crisis hospitalaria de La Dorada, agudizada por las deudas de las EPS, principalmente la Nueva EPS, la mayor deudora, y el cierre de servicios.

Usuarios del Hospital San Félix exige soluciones a la crisis hospitalaria en Caldas

En el documento, veedores y líderes de la comunidad denunciaron la degradación del sistema de salud en Caldas y la amenaza de colapso del principal centro hospitalario del Magdalena Medio.

La misiva detalló cómo las citas con médicos generales pueden tardar hasta ocho días y las de especialistas varios meses, incumpliendo lo dispuesto por la normativa que exige plazos de tres y cinco días. Denunció también que los medicamentos formulados nunca se entregan completos, obligando a los pacientes a costear de su bolsillo tratamientos esenciales. La carta agregó que las EPS no cubren los traslados de pacientes remitidos a otras ciudades, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordena, y que incluso se niegan fármacos vitales para la hipertensión, la diabetes o enfermedades renales.

Un hospital ahogado por las deudas

El documento recordó que la deuda de las EPS con el Hospital San Félix ya supera los 40 mil millones de pesos, mientras que en todo Caldas el saldo pendiente asciende a más de 400 mil millones. Esa carga financiera ha obligado al cierre de servicios en varias instituciones y amenaza la supervivencia de la ESE San Félix, que sostiene la atención de cerca de 500 mil habitantes del Magdalena Medio.

La crisis se agudizó con la intervención de la Superintendencia de Salud a la Nueva EPS. Según los usuarios, lejos de mejorar, la situación se deterioró: los atrasos en los pagos crecieron y se disparó el riesgo de un efecto dominó que pondría en jaque a toda la red hospitalaria del departamento.

La voz de los usuarios en las calles

Antes de que la carta fuera radicada, las asociaciones de usuarios ya habían salido a las calles. El 29 de agosto realizaron un plantón frente a la sede de la Nueva EPS en La Dorada. “Estamos en una emergencia porque el hospital vive de vender servicios a las EPS y estas no están pagando, particularmente la Nueva EPS. Llamamos al Gobierno nacional a que pague esta astronómica deuda”, expresó Eduardo Muñetón Bustamante, presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital San Félix.

La protesta fue descrita como un acto pacífico y democrático para defender el derecho a la salud. Con megáfonos y pancartas, los doradenses se reunieron a exigir respuestas, convencidos de que el deterioro del hospital refleja el abandono estatal y la indiferencia frente a una comunidad que se siente condenada a un nuevo “paseo de la muerte”.

Cronología de una crisis anunciada

San Félix, en caída desde marzo

El deterioro del Hospital San Félix no comenzó en septiembre. En un comunicado del 17 de marzo, la gerencia señaló que la deuda exigible y conciliada de la Nueva EPS alcanzaba los 25 mil millones de pesos. Ese mismo documento exigía un giro inmediato de 10.376 millones para poder sostener los servicios básicos, advirtiendo que la situación financiera había llegado a un límite. Sin embargo, este valor era sólo una parte de la cartera.

Pero la deuda con el Hospital podría ser mayor. Un informe de cartera publicado en el mes de mayo mostró que las cuentas por cobrar de la institución superaban los 48.200 millones de pesos. De ese total, 31.823 millones correspondían a la Nueva EPS, equivalentes a dos de cada tres pesos adeudados. Esa cifra incluía servicios facturados, pero aún sin pago, muchos en proceso de conciliación o con glosas pendientes. A la deuda de la Nueva EPS se sumaban 5.095 millones de Asmet Salud, 2.355 millones de Famisanar y montos menores de otras entidades. La administración advirtió que más del 60 % de esas cuentas llevaba más de 90 días vencida, lo que comprometía la atención de miles de usuarios, pues los pagos mínimos recibidos no alcanzaban para sostener servicios de mediana y alta complejidad.

Agosto: la suspensión de servicios

El 22 de agosto, un nuevo comunicado del hospital informó que la deuda reconocida con la Nueva EPS había llegado a los 26 mil millones y que la falta de recursos comprometía la atención crítica. “La salud de nuestros pacientes no puede depender de pagos mínimos ni de la desatención financiera por parte de la EPS”, advirtió la institución.

El 25 de agosto se materializó lo que parecía inevitable: el Hospital San Félix suspendió los servicios a más de 48 mil usuarios de la Nueva EPS en La Dorada. A esa crisis se sumaron la Clínica Avidanti en Manizales, el Hospital Universitario de Caldas, que también cerraron atención a la aseguradora. En conjunto, tres de las principales instituciones del departamento dejaron de recibir pacientes por la imposibilidad de cubrir los costos básicos.

Septiembre: efecto dominó en Caldas

La crisis del San Félix provocó un traslado masivo de pacientes hacia Manizales. El Hospital Santa Sofía reportó una sobreocupación de más del 200 por ciento en sus servicios de urgencias, lo que agravó la situación de la red hospitalaria del departamento. La Territorial de Salud anunció un plan de contingencia para mitigar los efectos, pero los usuarios denunciaron que las medidas eran insuficientes y que los servicios seguían colapsados. El 16 de septiembre la Alcaldía de Manizales informó que el Hospital Infantil Rafael Henao Toro de Manizales, también se uniría a la lista de instituciones que le cerraron las puertas a los usuarios de la Nueva EPS.

La Nueva EPS bajo intervención

Mientras los hospitales se ahogan, la Nueva EPS sigue bajo control de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, auditorías recientes revelaron un deterioro mayor. Un informe de la Contraloría documentó anticipos pendientes por 15,27 billones de pesos, 22 millones de facturas sin auditar, 9 millones de ellas repetidas, y deudas hospitalarias por más de 21 billones.

Pese a esas cifras, el presidente Gustavo Petro insistió en su alocución del 12 de septiembre en que no rescataría a las EPS. “La Nueva EPS ha tenido, casi desde el primer día, una historia de robo. No voy a salvar las EPS, que la Comisión Séptima mire a ver”, declaró en cadena nacional.

Mientras el Gobierno  descarga la responsabilidad en el Congreso, la gente de La Dorada sigue esperando una cita médica, un medicamento o un traslado que nunca llegaba.

La distancia entre Bogotá y La Dorada

Para los usuarios del Hospital San Félix, no se trata de salvar a las EPS, sino de salvar vidas. La gente no espera discursos ni excusas: necesita médicos, medicamentos y transporte para ser atendida. La comunidad percibe que, mientras el gobierno de Gustavo Petro se enreda en debates políticos, en Caldas se mueren personas que pudieron recibir atención a tiempo.

El costo humano de la crisis hospitalaria

Vidas en suspenso en La Dorada

En La Dorada, conseguir una cita médica se convirtió en una carrera contra el tiempo. Los usuarios relatan que deben esperar semanas para un médico general y meses para un especialista, a pesar de que la norma exige plazos de tres y cinco días. Cada retraso aumenta el riesgo de complicaciones, y muchas veces las enfermedades se agravan hasta volverse irreversibles.

Medicamentos incompletos y tratamientos interrumpidos

La carta enviada al gobernador describe cómo, de los cuatro o cinco fármacos recetados, los dispensarios entregan solo dos o tres. Lo que falta debe pagarse del bolsillo de cada familia o simplemente se deja de tomar. Ese vacío en los tratamientos ha conducido a recaídas y fallecimientos que los usuarios consideran evitables.

El “paseo de la muerte” en Caldas

Cuando los pacientes son remitidos a otras ciudades, la situación se agrava. Las EPS no reconocen el transporte del enfermo ni del acompañante, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordena. Quienes no tienen recursos deben aplazar o renunciar a la atención, lo que convierte el traslado en un nuevo “paseo de la muerte” para los habitantes de La Dorada y el Magdalena Medio.

Un hospital sin oxígeno financiero

Mientras tanto, el Hospital San Félix, que debería ser el soporte del oriente de Caldas, sobrevive con una deuda que supera los 40 mil millones de pesos. La institución cerró servicios en varias áreas y funciona en estado de precariedad, lo que pone en riesgo a los cerca de 500 mil habitantes que dependen de él.

Radiografía del desorden nacional

La crisis de la salud en Caldas es una radiografía del desorden nacional. La intervención de la Nueva EPS no ha mejorado la situación, y los hospitales están al borde del colapso. Los usuarios del San Félix, respaldados por cientos de firmas y movilizaciones, han dicho basta. El llamado es directo al gobernador y al Gobierno nacional: actuar ya o asumir la responsabilidad por cada vida perdida en este laberinto hospitalario.