El gobierno nacional radicó el proyecto de ley de financiamiento 2025, conocido como la nueva reforma tributaria, presentada bajo la promesa de fortalecer las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad fiscal, propuesta que se vende como un ajuste técnico inevitable.

 Al examinar su contenido y efectos inmediatos, más que un avance hacia la equidad será un aumento del costo de vida de millones de hogares y una directa afectación del poder adquisitivo de los colombianos.

La reforma introduce cambios significativos en la tributación de combustibles, elemento esencial del sistema económico y social del país. A partir de 2026, la gasolina y el diésel empezarán a pagar IVA, 10% en un inicio, para luego escalar hasta la tarifa general del 19%— y un nuevo impuesto al carbono que se suma por galón consumido. Traducido en números, esto significa que el precio de la gasolina subiría en promedio $1.430 por galón en 2026 y $2.371 en 2027, mientras que el ACPM aumentaría $1.003 en 2026 y más de $1.400 en 2028. Dichos incrementos representan entre un 9% y un 15% adicional sobre los valores actuales publicados por la CREG.

Desigualdad disfrazada de Equidad

Más allá de lo técnico, el efecto político y social es evidente, esto porque los combustibles son el corazón del transporte masivo y de carga, de la movilidad de trabajadores y estudiantes, y claramente del precio de los alimentos en las plazas de mercado. Un aumento de esta magnitud, de acuerdo con el Banco de la República, se traduce en alzas de entre 1 y 2 puntos porcentuales en la inflación nacional durante los próximos tres años. En un país donde la inflación anual ya bordea el 5%, esta reforma significa que el costo de vida podría escalar a niveles del 6% o 7% sin que los salarios crezcan al mismo ritmo.

El golpe al poder adquisitivo de los colombianos es innegable, esto se puede evidenciar con un salario mínimo de 1,423,500 pesos más auxilio de transporte de 200 mil pesos, por lo que un trabajador que dependa del transporte público o de una moto para movilizarse perderá entre 19 mil y 30 mil pesos mensuales en capacidad de gasto, simplemente por el efecto inflacionario adicional que provocará la reforma. En la práctica, la medida se convierte en un impuesto silencioso que castiga con más dureza a quienes menos tienen, pues los hogares de bajos ingresos suelen destinar una mayor parte de sus recursos a transporte y alimentación.

Para quienes utilizan carro particular, el impacto es aún más visible en el bolsillo: con un consumo promedio de 40 litros mensuales (aprox. 10,6 galones), el aumento estimado de $1.430 por galón en 2026 es un gasto adicional de $15.200 al mes, es decir, cerca de $182.400 al año. En 2027, cuando la gasolina pase a la tarifa general de IVA, el incremento llegaría a $2.371 por galón, lo que representa $25.100 adicionales cada mes o más de $300.000 al año. Sin duda alguna se trata de un costo fijo que recae directamente sobre la clase media trabajadora, que utiliza el carro no como lujo, como lo ha mencionado en varias ocasiones el presidente, sino como herramienta de movilidad y productividad.

De sostenibilidad fiscal ¡Nada!

En la práctica, la medida se convierte en un impuesto silencioso y regresivo que castiga con más dureza a quienes menos tienen, pues los hogares de bajos ingresos destinan una mayor parte de sus recursos a transporte y alimentación, y a su vez deteriora el presupuesto de la clase media que depende del carro para trabajar o sostener a su familia.

Jurídicamente, el proyecto se presenta como un ejercicio de disciplina fiscal y se justifica en la necesidad de cerrar el déficit y cumplir con la regla fiscal, pero en realidad traslada el peso del ajuste a los consumidores finales, mientras posterga una discusión de fondo sobre progresividad tributaria. La equidad, principio rector del sistema tributario según la Constitución, queda en entredicho cuando el recaudo descansa en impuestos al consumo que afectan por igual a ricos y pobres.

La nueva reforma tributaria difícilmente puede leerse como un simple trámite financiero, es una decisión política que prioriza el balance macroeconómico a costa del bienestar cotidiano de la clase media y baja del país. Bajo el lenguaje de “sostenibilidad fiscal”, lo que se esconde es un incremento sustancial en el precio de la gasolina y el diésel que terminará deteriorando la capacidad de compra de todos los colombianos, especialmente de los más vulnerables. Se trata, en últimas, de un golpe al bolsillo disfrazado de disciplina fiscal, una maniobra política que, bajo la máscara de la responsabilidad económica, traslada a la ciudadanía el costo de decisiones estructurales que el Gobierno evita enfrentar. Este panorama desalentador para los colombianos, debe empezar a generar preguntas frente a la discusión de esta reforma tributaria y despertar el mismo sentimiento cuando se intentó la reforma de Carrasquilla. Por otro lado, es innegable que este tema también debe llevar a pensar en la negociación del aumento del salario mínimo que empezará en pocos meses, no se puede negar el aumento del costo de vida y que debe ser el centro de la discusión con el gobierno a finales del año.

El Presupuesto de 2026, presentado por el gobierno de Gustavo Petro, arranca con un grave desfinanciamiento que podría obligar a una nueva reforma tributaria o a más endeudamiento, mientras la economía productiva sigue estancada.

El gobierno del presidente Gustavo Petro inicia su último año de mandato, y el balance económico es contundente: se ha rajado, tanto en los logros prometidos como en la planificación para los meses restantes, especialmente en lo que respecta a las actividades productivas.

El discurso presidencial sobre sus tres años de gestión no solo estuvo lleno de imprecisiones, sino que convenientemente ocultó la delicada situación económica que atraviesa Colombia. Si bien se habló de una inflación a la baja, se omitió que este fenómeno obedece más a las tendencias económicas internacionales y a la estricta política de altas tasas de interés del Banco de la República, factores que, de paso, han frenado significativamente la recuperación económica.

Asimismo, se mencionaron avances en la reducción de la mortalidad infantil y de la pobreza. Sin embargo, es crucial entender que estas no son victorias atribuibles directamente a la actual administración; son tendencias históricas que resultan de un acumulado de esfuerzos a lo largo de décadas.

Reprimarización y desindustrialización: La verdad oculta

Lo que el presidente sí ocultó es que Colombia continúa inmersa en un peligroso ciclo de reprimarización y desindustrialización. No hay evidencia de los resultados de su cacareada política de reindustrialización, reactivación económica, comercial o de transición energética. De hecho, la economía productiva está estancada, mientras que la economía rentista prospera.

La realidad es que la industria colombiana ha decrecido en 6 de los 12 trimestres de este gobierno. Mientras la economía nacional creció, en promedio, un magro 2% anual durante su mandato, las manufacturas han caído un 1% anual. Las actividades minero-energéticas, en promedio, no registraron crecimiento alguno. Solo las actividades agropecuarias, impulsadas por buenos precios internacionales, muestran un crecimiento de 3,5%, sin embargo, los cultivos ligados al mercado interno como la papa o el arroz están en crisis.

Con el deterioro de la cadena minero-energética, que el Presidente celebró en su discurso, se dispararon las importaciones de gas, que están encareciendo el servicio en todo el país.

Las actividades de transporte y logística han trasladado a los productores y consumidores finales los incrementos de peajes y combustibles, sobre los cuales Petro mintió al señalar que no los había aumentado. Y el comercio ha estado impulsado por el crecimiento de las importaciones, trasladando el ahorro nacional hacia el extranjero.

Mientras la mayoría de las actividades de la producción real no logran levantar cabeza, para las actividades rentistas la realidad es otra. El crecimiento promedio anual de las actividades financieras durante el gobierno Petro es de un notable 5.6%, más del doble de la velocidad de crecimiento de la economía.

Empleo informal y la Ley de Financiamiento: El camino al desfinanciamiento del Presupuesto de 2026

El deterioro de las actividades productivas ha tenido una consecuencia directa y preocupante: la explosión de la economía informal. Actualmente, 7 de cada 10 nuevos empleos se generan en el «rebusque». Además, esta situación es catastrófica para las finanzas públicas, pues implica un menor potencial de recaudo para los próximos años.

La propuesta del Presupuesto de 2026 está desfinanciada. Las cifras preliminares indican que se requerirá una nueva reforma tributaria que recaude entre 19 y 25 billones de pesos para cubrir las necesidades. Sin embargo, lograr la aprobación de una medida de tal calibre, especialmente en un año pre-electoral, es sumamente improbable. Cabe recordar que la ley de financiamiento que se hundió a principios de año buscaba recaudar $12 billones, de los cuales la mitad correspondían a nueva deuda.

El presidente ha insistido en que, si no le aprueban su reforma tributaria, la financiación se hará con «deuda». Pero el servicio de la deuda ya se lleva uno de cada cinco pesos del presupuesto ($99.3 billones, 18.5% del PGN 2026, según reportes recientes). A medida que esta cifra crezca, el país tendrá menos recursos disponibles para la inversión, que es lo que realmente transforma la economía. No es posible salir de la trampa de la deuda si los recursos destinados a inversión son inferiores al pago de intereses y capital, y además se gastan mal.

Más crisis y retrocesos estructurales

La efectividad en la lucha contra la pobreza también se ha reducido, incluso mostrando un crecimiento de la misma en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), aquellos priorizados por el Acuerdo de Paz.

A la promesa de un mejor salario mínimo se le antepone la persistente crisis de la salud, que ha significado un mayor gasto para los hogares colombianos, como lo muestran las cifras de inflación del DANE. La capacidad de consumo de los colombianos se ha deteriorado, un hecho que se ve reflejado en el imparable crecimiento del empleo informal y en la caída del recaudo.

No se observan cambios estructurales significativos ni en lo comercial, ni en lo productivo, ni en lo fiscal. El propio presidente Petro reconoció el fracaso del «Pacto por el Crédito», ya que no se irrigó crédito y nunca hubo reducción en las tasas de interés. Además, los créditos para la economía popular se ofrecen a las tasas más altas del mercado, lo que los hace prácticamente impagables para la mayoría de los emprendedores de bajos ingresos.

Para agravar la situación, la corrupción, el desgobierno y la creciente inseguridad están elevando el costo-país y el costo de endeudamiento, afectando la confianza de los inversionistas y la sostenibilidad fiscal.

Lo que se espera para este último periodo de gobierno es, tristemente, más de lo mismo, pero peor. Peor, porque se entra a un año electoral, donde la polarización política y la ineficacia tienden a acentuarse, dificultando aún más la aprobación de medidas urgentes como la Ley de Financiamiento.

El Gobierno de Gustavo Petro activó la cláusula de escape en 2025 al incumplir la regla fiscal. El déficit supera el 7 % del PIB, aumentan los recortes sociales y se deteriora la inversión. Las medidas del presidente Petro, sin estrategia industrial ni comercial, agravan la crisis económica y comprometen el futuro fiscal del país.

El Gobierno colombiano informó que no cumplirá la regla fiscal en 2025 y activó la cláusula de escape, que le permite suspender temporalmente los límites al déficit y la deuda, y se comprometió a diseñar una ruta de recuperación fiscal para los próximos tres años que restaure el equilibrio.

La medida deja al desnudo el deterioro en el manejo de las finanzas públicas bajo la administración Petro, que ya va por su cuarto ministro de Hacienda. Ha anunciado la presentación de una nueva reforma tributaria, declaró la conmoción interior para justificar cobros adicionales, presionó a Ecopetrol por anticipos de impuestos y ahora planea adelantar las retenciones en la fuente del año entrante.

Ajustes al gasto y caos presupuestal

La DIAN no alcanzó sus metas, los ingresos fueron sobreestimados y ha tenido que hacer ajustes profundos al presupuesto. Se redujo más del 40% la asignación del programa Colombia Mayor, se recortaron subsidios al Icetex, se ajustó a la baja la vivienda social y se limitó la financiación del Programa de Alimentación Escolar, que sirve a los niños más vulnerables.

Los recursos no ejecutados en 2024 fueron elevados. Proyectos clave no se ejecutaron, algo que socava la credibilidad ante los mercados y muestra la ineptitud e improvisación en la ejecución. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que se necesitan entre 40 y 75 billones de pesos adicionales para cumplir la regla, monto que el propio Gobierno admite que no es viable sin reducir sustancialmente el gasto.

Incumplimiento de la regla fiscal agrava el déficit

El déficit alcanzó un 6,8 % del PIB en 2024 y se proyecta que supere el 7 % en 2025. La activación de la cláusula aumentará las tasas de interés de futuros préstamos, encarecerá el servicio de la deuda, afectará la calificación crediticia, generará mayor volatilidad cambiaria y alejará la inversión extranjera. Todo eso debilita aún más la confianza en la sostenibilidad económica del país.

También es evidente la falta de una política seria de reindustrialización. La industria manufacturera ha perdido peso en el PIB y el empleo y no hay una estrategia clara para revertir la tendencia. 

No existen avances significativos en una agenda comercial que potencie encadenamientos productivos y reduzca los costos logísticos. La política de comercio exterior mantiene intactos los tratados de libre comercio y la languidez del comportamiento industrial impide que se generen ingresos genuinos y se rompa la trampa de dependencia del endeudamiento.

Sin política industrial ni estrategia comercial

En el sector energético, la decisión de detener la nueva exploración petrolera y adoptar una transición apresurada y desordenada ha comprometido una fuente de ingresos crucial para el país. Además, marchitar a Ecopetrol sin concretar ninguno de los proyectos de energías renovables, ha desencadenado una crisis energética y ha disparado los precios del gas.

Colombia ha sido arrastrada a una espiral en que se tendrá que endeudarse más para pagar deuda. Al próximo gobierno le quedará como herencia una situación crítica que le limitará seriamente la capacidad de inversión y crecimiento.

Estos impactos no son sólo cifras sino que se traducen en desempleo, pues las medidas se deben al crecimiento del rebusque, del empleo público en medio de un desaforado clientelismo y de los empleos temporales. El resultado es menor crecimiento y un creciente deterioro en la calidad de vida. Si esta senda de desorden fiscal persiste, los efectos recaerán sobre las actuales y futuras generaciones, ya sea mediante más impuestos, o mayor endeudamiento y menos inversión social.

Más deuda, menos inversión y peor calidad de vida

Colombia necesita un rumbo fiscal sólido, coherente y estable, no improvisación, rotación constante de ministros y presupuestos basados en supuestos falibles. Si no se actúa con decisión, transparencia y responsabilidad, lo que hoy se presenta como flexibilidad será la puerta a una crisis económica y social de graves consecuencias.

Hoy más que nunca, se requiere rigor técnico, visión de país y respeto por las finanzas públicas. El país que entregará Petro estará endeudado, con graves déficit fiscales y comerciales, sin reglas estables, con incertidumbre para la inversión, sin satisfacción de los anhelos represados de la población, con mayor violencia y en un ambiente de violencia generalizada.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos cumplió 13 años. Lejos de impulsar el crecimiento de las exportaciones, Colombia pasó de registrar un superávit comercial a mantener un déficit persistente. La industria se debilitó, el empleo disminuyó y la renegociación anunciada por el Gobierno de Petro no se concretó.

Desde la puesta en marcha del TLC con EE. UU, el panorama comercial cambió drásticamente. Entre 2000 y 2012, Colombia mantenía un superávit promedio de 3.700 millones de dólares anuales con EE. UU.; sin embargo, desde la implementación del acuerdo, ese superávit se transformó en un déficit promedio de 1.500 millones de dólares.

El propio Gobierno Nacional ha reconocido públicamente los efectos negativos del acuerdo sobre la producción nacional y el empleo. Según estimaciones oficiales, por cada 1 % de aumento en las importaciones, el empleo se reduce en un 0,3 %.

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Comercio sobre el TLC, se ha registrado un aumento de los productos clasificados como “en retirada” o “oportunidades perdidas”, lo que evidencia una debilidad estructural para sostener o ampliar la presencia de la oferta nacional en el mercado estadounidense.

Exportaciones sin valor agregado: petróleo, café, oro y flores

Una de las consecuencias más visibles del TLC con EE. UU  ha sido la profundización de la reprimarización de nuestra economía. Actualmente, la mayor parte de las exportaciones colombianas consiste en materias primas y productos básicos con escaso valor agregado. Cerca del 80 % de lo que se vende a Estados Unidos corresponde a petróleo y sus derivados, oro, café y flores.

Contrario a las expectativas iniciales, el tratado no transformó esta estructura productiva. Por el contrario, consolidó una tendencia que ya venía marcando el rumbo del comercio exterior colombiano desde décadas atrás: aumentar el volumen exportado sin avanzar en la diversificación o sofisticación de la oferta.

Las exportaciones manufactureras tienen una participación marginal dentro de la canasta exportadora y se concentran en unos pocos productos. Esta situación impacta directamente el desarrollo del país, ya que limita la generación de empleo de calidad y el fortalecimiento de sectores con potencial para la innovación y el crecimiento económico sostenible.

Caída de la participación colombiana en el mercado estadounidense

Aunque el objetivo declarado del TLC era ampliar la presencia de Colombia en el mercado de Estados Unidos, en la práctica ha ocurrido lo contrario. Desde la entrada en vigencia del acuerdo, la participación de las exportaciones colombianas en ese mercado se ha reducido a la mitad. Es decir, en términos proporcionales, hoy se exporta menos a Estados Unidos que antes de contar con un tratado preferencial.

La renegociación del TLC con EE. UU: un anuncio sin resultados

El 16 de agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio del proceso de renegociación del TLC con Estados Unidos. No obstante, dicha renegociación no se materializó. Tras varias reuniones con autoridades estadounidenses, el proceso concluyó con una nota interpretativa no vinculante, que no modifica en lo más mínimo los términos del acuerdo.

Además, las reglas del tratado no han sido plenamente respetadas por la contraparte estadounidense. En sus primeros 100 días de gobierno, el presidente Donald Trump impuso aranceles del 10 % a productos colombianos, en abierta contradicción con lo estipulado en el tratado. Asimismo, promovió nuevas exigencias que exceden lo originalmente pactado y que trascienden el ámbito puramente comercial.

Colombia sigue atada a un modelo de apertura sin estrategia

Más allá del TLC, el mayor problema radica en la continuidad de un modelo económico que permanece inalterado desde hace más de tres décadas. Un modelo centrado en la apertura sin estrategia, en la exportación de bienes primarios y en la dependencia de mercados externos, sin un proyecto nacional de desarrollo productivo claro.

El Estado colombiano no ha actuado con la decisión ni la coherencia necesarias para transformar su política productiva e inserción internacional. Aunque el contexto global ofrece oportunidades evidentes, el gobierno ha sido lento en diversificar las fuentes de financiamiento, ampliar los mercados de exportación, sofisticar la oferta exportadora y ejecutar las reformas estructurales e inversiones estratégicas que permitan al país competir de forma efectiva en nuevos espacios comerciales.

Alta dependencia de Estados Unidos: exportaciones, remesas e inversión

Colombia continúa atrapada en una estructura comercial fuertemente dependiente de Estados Unidos. El 28,9 % de las exportaciones, más del 50 % de las remesas y el 39 % de la inversión extranjera directa provienen de ese país, lo cual representa una vulnerabilidad estructural frente a la creciente inestabilidad del orden económico global.

Aunque se han dado pasos hacia la diversificación de relaciones comerciales —con acercamientos a mercados como India, China, Brasil y África—, estos esfuerzos aún no se traducen en una estrategia integral de política exterior ni en una transformación productiva que reduzca la dependencia estructural del país.

América Latina: una oportunidad regional desaprovechada

El comercio intraamericano representa apenas el 14 % del total entre países de la región. Sin embargo, América Latina absorbe el 30,6 % de las exportaciones colombianas, de las cuales una cuarta parte corresponde a bienes industriales. A pesar de este potencial, Colombia carece de una estrategia definida para fortalecer su presencia en el mercado regional.

Esta ausencia de planificación estratégica por parte del Estado colombiano es crítica. La falta de una visión de largo plazo sobre el papel del país en el contexto internacional se refleja en la desarticulación institucional entre la Presidencia, la Cancillería, el Ministerio de Comercio y otras entidades. El abandono del Plan Nacional de Desarrollo, el debilitamiento de la reindustrialización y la pasividad ante oportunidades clave —como la del puerto de Chancay en Perú— evidencian esta falta de dirección.

Sin rumbo estratégico ni coordinación estatal

Colombia ha perdido competitividad por el rezago en infraestructura, la escasa inversión en ciencia y tecnología y la incapacidad para ejecutar reformas que impulsen la presencia de los productos nacionales en los mercados globales. Para aspirar a desempeñar un papel relevante en espacios como los BRICS o la iniciativa de la Franja y la Ruta, el país debe priorizar la soberanía económica, adoptar una política industrial decidida y definir con claridad sus intereses estratégicos. Lamentablemente, hasta ahora, este giro estratégico no se ha concretado.

El reciente anuncio de Donald Trump de imponer aranceles globales, disfrazado de “Día de la Liberación”, representa un golpe para la economía colombiana. Sus efectos sobre los colombianos en condición de pobreza o vulnerabilidad, seis de cada diez, podrían ser tan graves como, o incluso peores que, los de la pandemia.

Lo verdaderamente alarmante no es solo la medida en sí, sino la pasividad con la que ha respondido el Gobierno nacional. Mientras el mundo se prepara para una guerra comercial, Colombia permanece dormida: sin ministro de Comercio, sin director de Planeación, con un Plan Nacional de Desarrollo abandonado, la mayoría de las tareas de reindustrialización y reactivación sin ejecutar, y sin un plan claro para proteger la industria, el empleo y la soberanía alimentaria del país.

Reprimarización acelerada

Los aranceles del 10 % profundizarán el proceso de reprimarización derivado de la apertura económica y los tratados de libre comercio (TLC), que han provocado que la mayor parte de nuestras exportaciones se concentren en materias primas.

Sectores con potencial para diversificar la economía —como la industria farmacéutica, química, metalmecánica, de la moda y de los cosméticos, entre otros, particularmente aquellos con alta participación femenina— serán los más afectados.

En contraste, productos que ya dominan nuestra canasta exportadora —como el petróleo, el carbón y el banano— seguirán siendo el eje, perpetuando un modelo extractivista y fuertemente masculinizado. En otras palabras, Trump empuja al país de regreso al siglo XX, mientras el Gobierno ni siquiera parece notarlo.

Inflación, menor demanda y el fantasma del dumping

El impacto no se limitará a una disminución en las ventas, ni el costo recaerá únicamente sobre los consumidores estadounidenses. Los precios más altos en EE. UU. reducirán el consumo de nuestros productos, y posibles represalias de China y Europa encarecerán las importaciones de insumos industriales y bienes esenciales para nuestras exportaciones.

Aún peor: los excedentes de otros países, que ya no podrán ingresar al mercado estadounidense, podrían inundar Latinoamérica a precios irrisorios, afectando gravemente a nuestros productores. ¿Dónde está la estrategia para evitar que Colombia se convierta en el depósito de las mercancías que nadie más quiere?

El petróleo y la tormenta perfecta

Para colmo, el precio del crudo —del que depende gran parte de nuestros ingresos— sigue en picada, producto de la combinación entre las políticas de Trump, las decisiones de la OPEP y la falta de una gestión estratégica en Ecopetrol.
Esto no solo afectará las regalías, sino que agudizará el déficit fiscal, restringiendo aún más la capacidad del Estado para invertir en salud, educación e infraestructura. Mientras tanto, el Gobierno insiste en mantener una política energética errática, sin claridad frente a eventuales sanciones ni una estrategia definida para diversificar la matriz productiva.
Además, en materia fiscal, el nuevo ministro de Hacienda ha reiterado una postura de irresponsabilidad fiscal que agrava el panorama.

La ausencia de respuestas

Lo más grave de todo es la indiferencia.  Aún no se ha designado un nuevo ministro de Comercio, no se ha planteado una renegociación seria de los TLC, ni se han adoptado medidas mínimas de protección, como la suspensión de los periodos de desgravación pendientes en el acuerdo con EE. UU.
¿Por qué seguimos rebajando aranceles a productos como el pollo, los lácteos o los textiles, que están afectando de manera directa a nuestra producción nacional? ¿Por qué no se activan salvaguardias temporales para proteger a los agricultores e industriales frente a la avalancha de importaciones baratas?

¿Gobierno o espectador?

Las medidas de Trump no son solo un asunto comercial; son un síntoma de un sistema global que se está reconfigurando bajo nuevas reglas, donde el proteccionismo y la defensa de los intereses nacionales son la norma. Mientras otros países actúan, Colombia se limita a observar. No hay estrategia, no hay urgencia, no hay liderazgo.

Si el Gobierno no reacciona pronto —con un Ministerio de Comercio funcional, con acciones concretas para proteger la producción nacional y con una política exterior firme en la defensa de nuestros intereses—, el costo lo pagarán los trabajadores, las mujeres, los campesinos, los pequeños industriales y, ahora, también los exportadores.

Se agudiza la crisis económica en Colombia

La crisis económica en Colombia se intensifica con más impuestos, deuda creciente y menor inversión. El déficit fiscal se dispara, la deuda pública alcanza niveles históricos y el gobierno de Petro busca otra reforma tributaria sin solucionar los problemas estructurales que afectan la sostenibilidad económica del país.

El principal problema que enfrentan las finanzas del Estado radica en el modelo económico. Colombia consume más de lo que produce y el déficit lo cubre con deuda. La situación ha llevado a un deterioro progresivo que ha intensificado la crisis económica en Colombia, con efectos visibles en el presupuesto, la inversión y el crecimiento.

Como producto de la apertura neoliberal, desde el año 2005 coexisten dos desbalances en las finanzas del país, el presupuestal y el externo, que se profundizan por momentos. Las importaciones superan a las exportaciones y los gastos del gobierno superan sus ingresos.

El fenómeno macroeconómico es conocido como “déficit gemelos” y se produce cuando un país tiene al mismo tiempo un déficit fiscal y un déficit de cuenta corriente. El hecho preocupa en la economía colombiana por su nivel de ocurrencia y por los impactos negativos sobre la productividad y el desarrollo económico del país.

Dificultades en el frente externo

Desde 2014 Colombia enfrenta una balanza comercial deficitaria de más de USD $5.000 millones anuales por cuenta de factores como la caída de los precios del petróleo, la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio, la ausencia de una política productiva y comercial efectiva y la competencia de productos de bajo costo, entre otros factores.

En el gobierno de Gustavo Petro poco ha cambiado esta realidad. La balanza comercial de Colombia cerró en 2024 con un déficit de US$10.811 millones, un aumento del 11,7% respecto a 2023. Las importaciones crecieron un 2,1% y las exportaciones cayeron un 0,4%.

Los productos tropicales de bajo valor agregado como café, banano, flores, cacao, cítricos, aguacate, uchuva, entre otros, tuvieron un buen año en términos de precios y demanda y por factores externos. Las exportaciones minero-energéticas cayeron 13,1% y las exportaciones de industrias como la de vehículos, de productos farmacéuticos, de productos elaborados de metal, de productos de cuero o de confecciones también retrocedieron.

Tensiones en el ámbito fiscal

Las finanzas públicas enfrentan una presión creciente, lo que despierta dudas sobre la efectividad de la Regla Fiscal para garantizar la estabilidad de la deuda. De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el gobierno nacional enfrenta retos fiscales, presupuestales y de caja.

La mala planificación de los ingresos fiscales en 2023 obligó al Gobierno a recortar $28,3 billones en gastos para 2024 y a aplazar otra buena parte para pagar en 2025, como lo evidencian los retrasos de pagos en el DANE, el sistema de salud, Agrosavia, y otras entidades.

El desequilibrio fue resultado de menores ingresos tributarios y un gasto gubernamental subestimado. Los ingresos tributarios cayeron un 4,4%, al alcanzar $267,2 billones, mientras que el presupuesto se amplió un 18,9%, unos $502,6 billones.

Para compensar el desajuste y equilibrar la caja del Estado, el gobierno se vio obligado a aplazar buena parte de los gastos proyectados. En 2024 se registró el nivel más bajo en los niveles de ejecución del presupuesto público desde 2011, 81,7%.

Los sectores de menor ejecución fueron las tecnologías de la información (30,5%), el deporte y recreación (36%), el transporte (36,3%) y la agricultura (37,6%).

El déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) cerró el 2024 en $115,4 billones, superando en $20,5 billones la proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Pasó del 4,3% del PIB en 2023 al 6,8% en 2024, siendo el más alto desde la pandemia.

Al tiempo, la relación de la deuda neta con respecto al PIB aumentó de 53,8% en 2023 a 60% en 2024, acercándose a niveles históricos.

Para cumplir la Regla Fiscal, de acuerdo con el CARF, en 2025 el gobierno tendrá que recortar el presupuesto en más de $40 billones, además de los $12 billones que ya recortó por cuenta del hundimiento de la reforma tributaria contenida en la “Ley de financiamiento”.

Un sistema tributario agotado

Colombia ha abordado su déficit recurriendo a tres fórmulas tradicionales: aumento de impuestos indirectos, reducción del gasto público y mayor endeudamiento.

El gobierno de Petro ha aplicado las tres estrategias y continuará por esta vía en 2025, con Armando Benedetti como su principal negociador en el Congreso para tramitar la nueva reforma tributaria y ejecutar recortes en sectores como los aplicados en Prosperidad Social, ICETEX o el sector agropecuario.

El país perdió la oportunidad de establecer una hoja de ruta para cambiar el modelo económico y enfrentar la crisis estructural. No se avanzó en reformas fiscales que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas, ni en políticas productivas insinuadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

El sistema tributario colombiano está desgastado, agotado y altamente erosionado. Como afirma Jairo Villabona, Colombia es el país de Latinoamérica con mayores privilegios tributarios (7,4% del PIB, cuando el promedio en la región es de 4,3%), pues tiene más de 294. Si no se hace una reforma estructural, todos los gobiernos van a tener que seguir haciendo reformas recaudatorias cada dos años.

Además, Colombia pierde anualmente cerca de $100 billones por evasión fiscal, $50 billones por corrupción y $36 billones por contrabando, según la DIAN. Controlar apenas el 10% de estos recursos evitaría la necesidad de reformas tributarias recurrentes.

Sin cambios profundos, el país seguirá atrapado en un modelo que agrava sus problemas estructurales profundiza la crisis económica y limita su desarrollo a largo plazo.

Se agudiza la crisis económica en Colombia

La crisis económica en Colombia se intensifica con más impuestos, deuda creciente y menor inversión. El déficit fiscal se dispara, la deuda pública alcanza niveles históricos y el gobierno de Petro busca otra reforma tributaria sin solucionar los problemas estructurales que afectan la sostenibilidad económica del país.

El principal problema que enfrentan las finanzas del Estado radica en el modelo económico. Colombia consume más de lo que produce y el déficit lo cubre con deuda. La situación ha llevado a un deterioro progresivo que ha intensificado la crisis económica en Colombia, con efectos visibles en el presupuesto, la inversión y el crecimiento.

Como producto de la apertura neoliberal, desde el año 2005 coexisten dos desbalances en las finanzas del país, el presupuestal y el externo, que se profundizan por momentos. Las importaciones superan a las exportaciones y los gastos del gobierno superan sus ingresos.

El fenómeno macroeconómico es conocido como “déficit gemelos” y se produce cuando un país tiene al mismo tiempo un déficit fiscal y un déficit de cuenta corriente. El hecho preocupa en la economía colombiana por su nivel de ocurrencia y por los impactos negativos sobre la productividad y el desarrollo económico del país.

Dificultades en el frente externo

Desde 2014 Colombia enfrenta una balanza comercial deficitaria de más de USD $5.000 millones anuales por cuenta de factores como la caída de los precios del petróleo, la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio, la ausencia de una política productiva y comercial efectiva y la competencia de productos de bajo costo, entre otros factores.

En el gobierno de Gustavo Petro poco ha cambiado esta realidad. La balanza comercial de Colombia cerró en 2024 con un déficit de US$10.811 millones, un aumento del 11,7% respecto a 2023. Las importaciones crecieron un 2,1% y las exportaciones cayeron un 0,4%.

Los productos tropicales de bajo valor agregado como café, banano, flores, cacao, cítricos, aguacate, uchuva, entre otros, tuvieron un buen año en términos de precios y demanda y por factores externos. Las exportaciones minero-energéticas cayeron 13,1% y las exportaciones de industrias como la de vehículos, de productos farmacéuticos, de productos elaborados de metal, de productos de cuero o de confecciones también retrocedieron.

Tensiones en el ámbito fiscal

Las finanzas públicas enfrentan una presión creciente, lo que despierta dudas sobre la efectividad de la Regla Fiscal para garantizar la estabilidad de la deuda. De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el gobierno nacional enfrenta retos fiscales, presupuestales y de caja.

La mala planificación de los ingresos fiscales en 2023 obligó al Gobierno a recortar $28,3 billones en gastos para 2024 y a aplazar otra buena parte para pagar en 2025, como lo evidencian los retrasos de pagos en el DANE, el sistema de salud, Agrosavia, y otras entidades.

El desequilibrio fue resultado de menores ingresos tributarios y un gasto gubernamental subestimado. Los ingresos tributarios cayeron un 4,4%, al alcanzar $267,2 billones, mientras que el presupuesto se amplió un 18,9%, unos $502,6 billones.

Para compensar el desajuste y equilibrar la caja del Estado, el gobierno se vio obligado a aplazar buena parte de los gastos proyectados. En 2024 se registró el nivel más bajo en los niveles de ejecución del presupuesto público desde 2011, 81,7%.

Los sectores de menor ejecución fueron las tecnologías de la información (30,5%), el deporte y recreación (36%), el transporte (36,3%) y la agricultura (37,6%).

El déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) cerró el 2024 en $115,4 billones, superando en $20,5 billones la proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Pasó del 4,3% del PIB en 2023 al 6,8% en 2024, siendo el más alto desde la pandemia.

Al tiempo, la relación de la deuda neta con respecto al PIB aumentó de 53,8% en 2023 a 60% en 2024, acercándose a niveles históricos.

Para cumplir la Regla Fiscal, de acuerdo con el CARF, en 2025 el gobierno tendrá que recortar el presupuesto en más de $40 billones, además de los $12 billones que ya recortó por cuenta del hundimiento de la reforma tributaria contenida en la “Ley de financiamiento”.

Un sistema tributario agotado

Colombia ha abordado su déficit recurriendo a tres fórmulas tradicionales: aumento de impuestos indirectos, reducción del gasto público y mayor endeudamiento.

El gobierno de Petro ha aplicado las tres estrategias y continuará por esta vía en 2025, con Armando Benedetti como su principal negociador en el Congreso para tramitar la nueva reforma tributaria y ejecutar recortes en sectores como los aplicados en Prosperidad Social, ICETEX o el sector agropecuario.

El país perdió la oportunidad de establecer una hoja de ruta para cambiar el modelo económico y enfrentar la crisis estructural. No se avanzó en reformas fiscales que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas, ni en políticas productivas insinuadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

El sistema tributario colombiano está desgastado, agotado y altamente erosionado. Como afirma Jairo Villabona, Colombia es el país de Latinoamérica con mayores privilegios tributarios (7,4% del PIB, cuando el promedio en la región es de 4,3%), pues tiene más de 294. Si no se hace una reforma estructural, todos los gobiernos van a tener que seguir haciendo reformas recaudatorias cada dos años.

Además, Colombia pierde anualmente cerca de $100 billones por evasión fiscal, $50 billones por corrupción y $36 billones por contrabando, según la DIAN. Controlar apenas el 10% de estos recursos evitaría la necesidad de reformas tributarias recurrentes.

Sin cambios profundos, el país seguirá atrapado en un modelo que agrava sus problemas estructurales profundiza la crisis económica y limita su desarrollo a largo plazo.

El comercio exterior de Colombia sigue sin rumbo ante la falta de estrategia del gobierno de Gustavo Petro. La inversión extranjera cae, las exportaciones no se diversifican y los acuerdos comerciales no avanzan, mientras la economía sigue atada a la dependencia de materias primas sin cambios estructurales en la producción.

En el Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025, el país fue testigo de la confesión de Gustavo Petro: el gobierno ha incumplido 146 de los 195 compromisos adquiridos, un 75% de la agenda, y los incumplimientos en áreas como educación (95%), transición energética (84%) y seguridad (65%) despertaron las primeras alertas. Las seis horas del evento evidenciaron la total desconexión del presidente con sus subalternos y con la realidad del país y del mundo. El programa de gobierno se quedó en simples promesas.

La incapacidad del gobierno para atender los problemas que enfrenta el país es evidente. El gobierno es incapaz de articular una estrategia económica clara ante una muy lenta recuperación, mientras recrudece el conflicto interno y crece la incertidumbre global por la escalada de disputas comerciales y bélicas.

Los cinco ejes de la política

Inicialmente, Gustavo Petro prometió diversificar las exportaciones para reducir la dependencia de las economías fósiles, convirtiendo a Colombia en Potencia Mundial de la Vida. Proponía una economía sustentada en el uso de fuentes de energía renovable que, junto con Joe Biden, iba a liderar “la construcción de una gran Alianza por el Progreso en las Américas” para expandir la libertad, la democracia y la transición hacia energías más limpias.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó cinco ejes centrales para guiar la estrategia: inversión extranjera sostenible, internacionalización de los territorios, integración con el Sur Global, multilateralismo activo y una internacionalización justa.

Colombia no es atractiva para la Inversión Extranjera

En el primer eje de la política de comercio exterior, el gobierno esperaba reorientar la inversión extranjera directa (IED) hacia sectores sostenibles y de transición energética, alejándose del enfoque tradicional en minería y energía, que representó el 60% de la IED en las últimas dos décadas.

En diciembre de 2024 el país cerró con ocho meses consecutivos de caídas en los niveles de IED. Los flujos de IED cayeron en 2024 un 17,6% frente a 2023 y aportaron a la economía unos USD $10.800 millones, un monto inferior al de las remesas de los trabajadores colombianos en el exterior, que aportaron a la economía colombiana cerca de USD $12.000 millones en 2024.

La caída de la IED en el sector minero-energético, producto de la política antipetrolera de Petro, no logró ser compensada con el comportamiento de la inversión en los sectores productivos, pues la IED mantuvo su preferencia por las actividades financieras. Se puso en evidencia que no hubo cambios en la composición de la IED.

Educación, innovación y exportaciones: promesas incumplidas

El gobierno había prometido fortalecer la formación en bilingüismo, tecnologías digitales y análisis de datos para impulsar la productividad y la competitividad del país en el comercio exterior. Sin embargo, la inversión en ciencia, tecnología e innovación sigue siendo irrisoria y el Ministerio de Educación, como quedó demostrado en el Consejo de Ministros, es el que menos promesas del gobierno ha cumplido.

Petro incluso prometió 100 universidades, entre las que se encontraban la Universidad del Catatumbo, la Universidad Indígena wayúu, el multicampus de Kennedy y sedes en regiones como Caquetá y San Andrés, que siguen en el aire.

Sofisticación y diversificación en veremos

En 2024, las exportaciones de Colombia registraron una leve contracción del 0,44%, principalmente debido a la caída en el valor del carbón y el petróleo, que no logró ser compensada con el aumento en la demanda de productos agrícolas como café y flores.

La sofisticación de la oferta exportable agrícola y la diversificación de la canasta exportadora industrial siguen en veremos. La evolución de la canasta exportadora muestra que el país se ha especializado en la exportación de productos tropicales como café, banano, flores y otros frutos.

La promoción de las exportaciones de municipios con menos de 200.000 habitantes y de las regiones PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) está lejos de realizarse. El fracaso de la paz total y del tan publicitado acuerdo nacional, así como la agudización del conflicto en Cauca, Chocó y Norte de Santander, marginados económicamente, pero claves para el desarrollo productivo y exportador, dejan allí al descubierto la ausencia del Estado,

Protección ineficaz y TLC sin renegociar

Para proteger la industria nacional y promover su transformación, el gobierno prometió la aplicación de aranceles inteligentes y el fomento y protección de pymes locales para mejorar la competitividad en el comercio exterior. El ofrecimiento aún no se materializa, particularmente en sectores económicos como el automotriz, agroindustrial, farmacéutico, de defensa y de energía.

Las medidas de protección han sido inocuas, lentas, reactivas y de bajo impacto. El establecimiento de barreras de protección en sectores como confecciones, autopartes o metalurgia se ha demorado y no se ha visto acompañado de políticas de promoción de la producción nacional en los sectores afectados.

Las exportaciones del sector automotriz cayeron un 9% en 2024, las de productos farmacéuticos un 8,4%, las de productos elaborados de metal un 4%, las de productos de cuero un 12% y las de confecciones un 10%.

Tras dos años de gestiones, la renegociación de los TLC se redujo a una revisión superficial que terminó en una nota interpretativa no vinculante. En contraste, en menos de un mes de gobierno, Donald Trump amenazó con barreras arancelarias que violan de facto los compromisos del TLC con Colombia, dejando al país en una posición todavía más vulnerable.

La lucha contra fenómenos como el contrabando, que representa cerca del 10% de las importaciones, es otra tarea pendiente del gobierno por sus bajos resultados y por la vinculación del zar del contrabando, “Papá Pitufo”, a la financiación de la campaña del presidente.

Una política sin rumbo

El gobierno de Petro prometió también fortalecer las relaciones comerciales con América Latina, Asia y África, pero los resultados muestran que el país sigue dependiendo de los mercados tradicionales. Mientras las exportaciones a América del Norte crecieron un 7% y concentraron el 34,3% de las exportaciones totales, las exportaciones a Asia apenas crecieron un 1,5%, a Europa cayeron un 18% y a África, objetivo de la Vicepresidenta, se desplomaron un 41%.

Lejos de diversificar la oferta productiva y los mercados, la política comercial del gobierno ha sido ineficaz. La falta de estrategia y ejecución ha dejado a Colombia sin avances en la integración regional e internacional y sin una transformación productiva real. La economía sigue dependiendo de la exportación de materias primas y productos agrícolas, mientras el país pierde oportunidades en sectores industriales y de valor agregado.

En el ámbito multilateral, el gobierno prometió un papel activo y responsable en el relacionamiento con organismos internacionales, pero en la práctica ha seguido al pie de la letra las recomendaciones del FMI, el Banco Mundial y la OCDE, sin cuestionarlas ni adaptarlas a las necesidades del país.

Lo más preocupante es que el gobierno ha hecho un manejo clientelista de los cargos diplomáticos. En el último año, Petro abrió nueve embajadas en países como Etiopía, Guyana, Rumania y Senegal, además de reactivar la representación ante la FAO, para contentar a Benedetti, y de reencauchar a Laura Sarabia como Ministra de Relaciones Exteriores. El manejo de la política exterior es oneroso y desgastante. Cada embajada representa un gasto anual superior a 150.000 dólares por embajador.

Lejos de fortalecer la inserción de Colombia en la economía global, el gobierno ha desperdiciado oportunidades claves para diversificar mercados y modernizar la oferta exportadora.

La falta de una estrategia clara, sumada al manejo clientelista de la política exterior, ha dejado al país sin rumbo en el comercio internacional. Mientras el mundo se reconfigura en medio de disputas comerciales y conflictos geopolíticos, Colombia sigue sin una hoja de ruta que garantice la competitividad y el desarrollo productivo. Es urgente corregir el rumbo antes de que la inacción pase una factura aún más costosa.

El salario mínimo en 2025 subirá un 9.5%, lo que genera críticas de empresarios que lo califican de populista y de trabajadores que lo consideran insuficiente. Este aumento, lejos de ser elevado, sigue los promedios de gobiernos anteriores y presenta cifras maquilladas para aparentar mayor beneficio. Sin medidas que apoyen a las Mipymes, principales generadoras de empleo, persisten las dificultades económicas tanto para trabajadores como empresarios, manteniendo la precariedad económica en el país.

Una coincidencia equivocada

El decreto que incrementa en un 9.5% el salario mínimo en 2025, puso a coincidir a voceros de los empresarios con el gobierno, en el sentido de señalarlo como muy alto. Los primeros para señalar la medida como populista y peligrosa para sus intereses y el presidente Petro para engañar nuevamente a los trabajadores.

Es curiosa esta coincidencia, que, de paso, está inscrita en la estrategia de mantener la polarización que tanto daño le está causando al país. La verdad es que ambas posiciones son erradas. Es demostrable que lejos de ser elevado, el incremento definido se encuentra en el promedio de los últimos gobiernos neoliberales, distante, tanto de las peticiones de los trabajadores como de los incrementos de gobiernos de otras latitudes denominados progresistas que tanto se traen a colación.

El salario mínimo a medios cálculos

En plata blanca, mantener el valor del salario mínimo debe corresponder a la sumatoria de la inflación causada, más la productividad del trabajo acumulada en el año. Eso nos daría que 5.2 % de inflación, más 3.43% de productividad laboral, arroja la cifra de 8.63%, solo para mantener el valor del salario mínimo en 2025. Es decir, el incremento real no llegó ni al 2%.

El movimiento sindical ha reclamado siempre que se tome para la sumatoria la productividad del trabajo, pero asumamos que este gobierno, al igual que todos los anteriores tomó como referente el 1.73%, que es la productividad global. En ese caso, el cálculo del incremento del salario mínimo escasamente llegaría al 2.57%, muy similar a los promedios de Uribe, Santos y Duque, con la excepción del concertado en el 2022, de 1 millón de pesos (más del 4%), resultado de la petición unificada del movimiento sindical y aceptada por Duque y los empresarios.

Como podemos ver, bastante lejana de la hoy escandalera en la gran alza, tanto por gobierno como por voceros del empresariado. Engaña Petro a los trabajadores sobrevalorando este incremento y por tratar de adornarlo con el incremento en el auxilio de transporte y la inflación del año entrante, para insinuar que su aumento llega a más del 6%, porque además vincula la fórmula de la inflación esperada para las sumatorias, engañifa neoliberal que las Cortes enterraron hace tiempo.

Impacto en los pequeños y medianos empresarios

En las peticiones democráticas para fijar un incremento mayor, tal como se acordó en el Comité Ejecutivo de la CUT por mayoría, se incluyó un paquete de medidas para proteger al gran universo de los pequeños y medianos empresarios, para que, al atender el positivo incremento, no se pusiera en riesgo su sostenibilidad.

Quienes propusimos desde el sindicalismo independiente y autónomo, que el salario mínimo en 2025 debía llegar a 1.5 millones (15%), lo ligamos indisolublemente a un planteamiento que nuevamente consignamos y que desde luego, tiene plena vigencia: Lo que hay que conjugar, y es lo que no ha sabido hacer el gobierno actual ni los anteriores, garantizar que mejoren las condiciones de la población empobrecida con un alza dignificadora de los salarios y, simultáneamente, dar a los empleadores y al sector productivo, principalmente el de las Mipymes, generadoras del 80% del empleo, las condiciones de todo tipo para que tengan la capacidad de pagarlos.

Eso se traduce en proteger el mercado interno, renegociar los TLC, estimular las exportaciones, frenar las importaciones, frenar el abuso del capital financiero que asfixia al sector productivo con tasas de interés confiscatorio, garantizando créditos baratos y darles estímulos tributarios y apoyo a los aportes a la seguridad social de los trabajadores, que les eviten sucumbir frente a las grandes empresas y las multinacionales. Este debe ser el eje de la discusión sobre las alzas salariales.

El compromiso del movimiento sindical

El movimiento sindical tiene que discutir salidas integrales que apunten a defender la soberanía, el trabajo y la producción nacionales, postura que obliga a mantener independencia frente a patronos, gobiernos y cualquier poder extranjero. Asuntos que hoy están en entredicho por la actitud colaboracionista de buena parte de la dirigencia sindical con el gobierno de Petro.

Por eso reiteramos, el incremento no es ni muy, muy elevado y positivo para los trabajadores como lo afirma el coro petrista, ni tan, tan dañino para la generación de empleo como se propala por voceros del empresariado, claro está, si no va acompañado de medidas que protejan la producción nacional, cuya ausencia es la verdadera causa de sus penurias.

*Firmado por Tribuna Sindical

• Timoteo Romero, ejecutivo CUT Nacional; Jhonson Torres, ejecutivo CUT Nacional.
• Carmen Helena Dussan, Ejecutiva CUT Cundinamarca.
• Victoria Avendaño Pedrozo, secretaria de Mujer y Género, Inclusión e Igualdad – Ejecutiva de Fecode.