El Gobierno de Gustavo Petro presentó un proyecto que modificaría la fórmula para calcular los precios del etanol y el biodiésel, alineándolos con los valores internacionales. La iniciativa, en revisión desde el 1 de octubre, ha sido rechazada por gremios y sindicatos, que advierten el desmonte de la industria nacional de biocombustibles y la pérdida de miles de empleos rurales.

El proyecto que podría redefinir los biocombustibles en Colombia

La propuesta del Ministerio de Minas y Energía para cambiar la forma en que se calculan los precios del etanol y el biodiésel generó una respuesta inmediata de los sectores de la caña y la palma. El plan plantea reemplazar el sistema vigente por uno basado en paridad de importación, que indexa los valores nacionales a los de Houston y Róterdam. Aunque el Gobierno lo presenta como una actualización técnica, sindicatos y productores advierten que podría desmontar la base productiva construida durante más de dos décadas.

Un cambio que asimila modelos subsidiados

Hasta ahora, los precios de los biocombustibles en Colombia se calculan con base en los costos reales de producción interna más referencias internacionales. Para el etanol, la fórmula parte del precio del azúcar y suma los gastos locales de transformación y transporte. Para el biodiésel, se usa el valor del aceite de palma complementado con los costos del metanol y la mezcla.
 Los proyectos de resolución reemplazarían ese equilibrio por un sistema atado a precios internacionales del etanol de maíz en Houston y del biodiésel FAME 0 RED en Róterdam, ambos formados en mercados con fuertes subsidios.

En Estados Unidos, el etanol se sostiene gracias al programa Renewable Fuel Standard, al Crédito Fiscal a la Producción Limpia y a subsidios que abarcan desde la planta hasta la distribución. En la Unión Europea ocurre algo similar bajo la Directiva de Energías Renovables (RED III), que fija metas obligatorias y otorga exenciones tributarias. En Colombia no existen subsidios energéticos ni fiscales para el etanol o el biodiésel. Por eso, vincular precios locales a mercados protegidos crea una competencia desigual que, según los gremios, puede llevar a la quiebra de las plantas nacionales.

El riesgo económico y laboral

El documento técnico del Ministerio reconoce que la nueva metodología reduciría 14,5 % el ingreso al productor de etanol y 23,9 % el del biodiésel, sin evaluar el efecto sobre la sostenibilidad empresarial ni el empleo. Para Dignidad Agropecuaria Colombiana, las medidas fiscales y tarifarias del Gobierno “destruyen la base productiva de los biocombustibles” y ponen en riesgo miles de empleos rurales, desde el Meta hasta el Valle del Cauca.

En comunicado los sindicatos y federaciones del sector cañero calculan que, de aprobarse las resoluciones, se perderían 28.000 puestos de trabajo inmediatos y que el cierre de plantas de etanol afectaría indirectamente a 350.000 familias vinculadas a la producción de panela, porque la sobreproducción de caña se destinaría a azúcar o panela. A esto se sumarían 18.000 empleos urbanos y rurales vinculados a la cadena del azúcar y la energía.

El peso del sector y la advertencia sindical

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Sintrainagro) advirtió que la política de precios afectaría directamente a un sector que representa 19,5 % del PIB agrícola y 12,1 % del PIB industrial del Valle del Cauca. La organización recordó que la cadena genera 286.000 empleos entre directos e indirectos y que la producción nacional de 456 millones de litros de etanol carburante compite en condiciones desiguales con los 56.000 millones de litros producidos en Estados Unidos gracias a subsidios estatales.

Johnson Torres, dirigente de Sintrainagro, aseguró que el proyecto “responde a las presiones del Banco Interamericano de Desarrollo para abrir el mercado a las importaciones subvencionadas”, lo que entregaría la soberanía energética y agrícola del país. Agregó que “con esas decisiones se destruye la industria nacional y se abre espacio al combustible extranjero más barato, pero altamente subsidiado, lo que “golpea a los trabajadores, a los pequeños productores y a las regiones”.
Las políticas neoliberales de apertura han desplazado cultivos nacionales y que seguir las directrices del BID profundiza la dependencia externa. Su columna recordó que el cultivo de caña y palma ha permitido sostener la economía de departamentos enteros como Valle del Cauca, Meta y Cesar, entre otros.

Una industria estratégica en riesgo

El cambio propuesto pondría en riesgo una de las pocas cadenas agroindustriales que el país ha logrado consolidar en torno a la energía limpia. El sector de los biocombustibles abastece entre el 8 y el 10 % del consumo de combustibles del transporte terrestre y contribuye a reducir cerca del 8 % de las emisiones de CO₂ en ese segmento. Su estructura actual articula agricultura, industria y distribución, lo que ha permitido sostener una producción estable y con empleo formal en las regiones.

Si el nuevo esquema entra en vigencia, el ingreso de los productores quedaría sujeto a factores externos, como los fletes, los aranceles y el tipo de cambio, que no dependen de su gestión. En la práctica, el país terminaría calculando los precios como si importara los biocombustibles, aun cuando se elaboran con materias primas nacionales.

El argumento del Gobierno

El Ministerio de Minas y Energía sostiene que la revisión busca “actualizar metodologías” y “alinearlas con estándares internacionales”. Según su planteamiento, la paridad de importación permitiría reflejar la realidad del mercado global y evitar distorsiones.
 Los productores sostienen que la “realidad global” es de subsidios y protecciones. Estados Unidos y la Unión Europea invierten recursos públicos para sostener su competitividad; Colombia, en cambio, pretende someter su industria a precios foráneos sin respaldo estatal. Para Dignidad Agropecuaria, eso equivale a sustituir trabajo colombiano por trabajo extranjero.

Un precedente internacional

Brasil sirve de espejo. Durante más de treinta años protegió su industria del etanol con precios regulados, créditos blandos y compras garantizadas por Petrobras. Solo cuando alcanzó eficiencia y escala liberó gradualmente los precios. Colombia no ha completado ese ciclo y aún se encuentra consolidando su capacidad productiva. Exponerla a una competencia desleal, advierten expertos, significaría renunciar a la única industria nacional que materializa la transición energética en el territorio.

Una alianza gremial en defensa del trabajo

Los sindicatos de la caña convocaron a las autoridades locales, a los gremios y a la ciudadanía a respaldar un plan de acción nacional para defender el empleo y la producción agroindustrial. Preparan jornadas culturales, foros técnicos y movilizaciones en el Valle del Cauca y los Llanos Orientales.
 El objetivo común es mantener la metodología vigente de la Resolución 18-0643 de 2012, que garantizó estabilidad laboral, inversión y tributación municipal. También preservar las iniciativas de innovación en bioetanol para aviación y uso de vinaza y cachaza para generar energía, consideradas claves para reducir la dependencia del gas y los combustibles fósiles.

La discusión sobre el proyecto del 1 de octubre va más allá de un cálculo de precios. Define si Colombia mantiene una política energética soberana o la somete a los intereses de mercados subsidiados.
 El sector cañero y palmero insiste en que el debate no es ideológico sino económico. Sin protección, la cadena del biocombustible se fragmenta y con ella se pierde empleo, inversión y capacidad industrial.

Un proyecto de decreto de los ministerios de Comercio y Hacienda propone reducir a cero los aranceles de importación de hilados para la industria textil. La iniciativa, presentada como una medida de alivio temporal para las confecciones, podría acabar de hundir la producción nacional de algodón y con ella los empleos rurales que aún dependen de este cultivo.

Productores alertan sobre el fin de la cadena algodonera

En un comunicado del 20 de octubre, Dignidad Agropecuaria Colombiana advirtió que la propuesta del Gobierno daría ventajas inmediatas a los confeccionistas, pero a costa de desmantelar la cadena algodonera. El gremio calcula que la medida pondría en riesgo 500 familias, 2.400 empleos anuales y los jornales rurales que dependen de la siembra. Las tres hilanderías activas quedarían sin materia prima nacional, sujetas a competir con hilados extranjeros y probablemente cerrarían.

El informe también recuerda que el cultivo lleva más de treinta años en declive. En las regiones algodoneras del país, donde antes se sembraban 300.000 hectáreas, hoy sobreviven unas 8.000. Los pequeños productores trabajan en tierras tomadas en arriendo por un solo ciclo y créditos caros. En Córdoba, Sucre, Cesar y Tolima, muchos ya dudan si volverán a sembrar.

El mercado global hunde los precios del algodón

El más reciente Reporte de Coyuntura Económica (semana 41 de 2025) de CONALGODÓN muestra que el precio interno de referencia cayó a $5.534.472 por tonelada, mientras la compensación del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón, FEPA, sigue en $482.510, insuficiente para cubrir los costos reales de producción. Con ese margen, cada hectárea sembrada se convierte en una apuesta arriesgada.

El mismo documento, basado en cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), confirma que el mundo produce más de lo que consume. En septiembre de 2025, la producción alcanzó 119 millones de pacas, frente a 112 millones consumidas, que sumadas a los inventarios iniciales termina con 83 millones en existencias finales. Esa sobreoferta mantiene los precios internacionales deprimidos.

En la Bolsa de Nueva York, los contratos futuros bajaron de 65,59 a 64,91 centavos de dólar por libra. Aunque la diferencia parece mínima, implica una pérdida continua en rentabilidad. Con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, en $3.867,54, la caída se suavizó, pero el ingreso promedio por tonelada se redujo $138.970 en una semana. Los costos de insumos y transporte siguen subiendo, de modo que el productor opera en pérdida.

Analistas del sector advierten que, si se eliminan los aranceles, la presión de precios externos se trasladará de inmediato al mercado interno: las confecciones importarían insumos más baratos y el país perdería su base productiva. Esa mezcla de sobreoferta mundial, precios bajos y apertura arancelaria deja al algodón colombiano en una situación límite.

Golpe regional y abandono del campo

En las zonas rurales donde el algodón todavía se cultiva, la rentabilidad es mínima. Los agricultores trabajan con arrendamientos de corto plazo, sin asistencia técnica ni crédito asequible. Según datos gremiales, unas 500 familias podrían quedarse sin ingresos y 2.400 empleos desaparecerían. En municipios del Caribe y el Tolima- esos jornales son la única fuente de trabajo temporal.

El gremio sostiene que el Estado debe garantizar precios que cubran los costos reales y no seguir atado a la Bolsa de Nueva York, dominada por los grandes exportadores. “Sin un precio justo, el algodón desaparecerá y con él la infraestructura agrícola que aún sobrevive”, advierte el comunicado.

La posible aprobación del decreto consolidaría un modelo de dependencia externa: Colombia pasaría de productor a comprador de insumos básicos. Las hilanderías importarían toda la fibra, pero la industria de las confecciones ya no les compraría a ellos, importar los hilos les saldría más barato, y el vínculo entre campo e industria quedaría roto.

Del auge a la crisis: tres décadas de abandono

En los años setenta, el país sembraba entre 350.000 y 400.000 hectáreas de algodón. La fibra nacional abastecía a la industria textil y generaba exportaciones. Con la apertura económica de los noventa, las importaciones de textiles y fibras sintéticas desplazaron la producción local. Los Tratados de Libre Comercio redujeron la protección arancelaria y el cultivo perdió rentabilidad. En 1990 se producían 150.000 toneladas; hoy apenas 14.000.

El desmonte de las políticas agrícolas dejó al sector sin crédito, sin asistencia técnica y sin infraestructura de riego. Las máquinas de desmote quedaron abandonadas en La Mojana y en el valle del río Sinú y en otras zonas algodoneras del país. Los programas del FEPA y los subsidios al seguro agropecuario ofrecieron alivios momentáneos, pero nunca resolvieron la raíz del problema.

El dilema político

Para Dignidad Agropecuaria, eliminar los aranceles sin exigir compras locales es dejar el mercado en manos de los productores extranjeros. El gremio no pide subsidios nuevos, sino condiciones para competir: precios que reflejen los costos reales, programas de asistencia técnica y canales directos entre agricultores e hilanderías.

Según CONALGODÓN, el ingreso actual del agricultor está por debajo del nivel de sostenibilidad: para cubrir gastos de siembra, transporte y desmote, el precio por tonelada debería superar $7 millones, pero en el mercado ronda los $5,5 millones. Esa brecha explica por qué en cada temporada se pierden productores.

El debate sobre el decreto arancelario no es técnico, es político. De su aprobación depende si Colombia mantiene una base agrícola productiva, y lucha por aumentarla, o se resigna a depender de las importaciones para vestir a su población.

Dignidad Agropecuaria Colombiana denunció que las importaciones de café de baja calidad han reducido la prima del café colombiano de 80 a 17 centavos por libra, una caída que ha recortado más de 900 millones de dólares en ingresos anuales para el país.

El deterioro del diferencial cafetero golpea la economía nacional

La pérdida del diferencial cafetero, la prima que por años distinguió al café de Colombia en los mercados internacionales, empezó a sentirse en el bolsillo de los productores y en las cifras de exportación. Pasó de 80 a solo 17 centavos de dólar por libra, una caída superior al 75 %.
Esa reducción representa pérdidas anuales de más de 900 millones de dólares, equivalentes a cerca de 3,6 billones de pesos, tomando como referencia una tasa promedio de 3.900 pesos por dólar. El fenómeno no es coyuntural, sino resultado de políticas que permiten mezclar cafés importados de baja calidad con el grano nacional para su reexportación.
Esa práctica, advierte Dignidad Agropecuaria, ha deteriorado la reputación del producto y disminuido los ingresos de miles de familias cafeteras. Lo que antes garantizaba divisas al país y estabilidad a las regiones productoras, hoy favorece a intermediarios y multinacionales que concentran el negocio.

Importaciones de café y caída del ingreso cafetero

Las normas que autorizaron la importación de café verde para mezclarlo y venderlo como “Producto de Colombia” terminaron reemplazando el grano nacional de forma silenciosa. Los granos de menor calidad ingresan al sistema productivo, reducen el precio interno y borran la ventaja del café colombiano en los mercados internacionales.

Durante años, el “Excelso – Café de Colombia” mantuvo un valor superior por su calidad, sabor y rigurosidad en los estándares de humedad, tamaño y pureza. Esa certificación era la garantía de origen que sustentaba la prima de calidad en la Bolsa de Nueva York. La introducción del “Café Producto de Colombia” y la flexibilización de las normas de exportación eliminaron esa ventaja.
El resultado es una pérdida progresiva de confianza en los compradores internacionales. Al mezclarse cafés importados de bajo valor, el grano colombiano dejó de ser percibido como un producto diferenciado. El país vende más volumen, pero recibe menos dinero por cada libra exportada.

Del pacto de cuotas al dominio de las multinacionales

La situación actual tiene raíces profundas. En 1989 terminó el pacto internacional de cuotas de la Organización Internacional del Café, un sistema que regulaba la producción y los precios del grano. Durante más de dos décadas ese modelo mantuvo cierta estabilidad: si los precios bajaban, los países exportadores reducían la oferta; si subían, la aumentaban.

Cuando Estados Unidos y sus aliados desmantelaron el acuerdo, impusieron la política del libre comercio. La decisión eliminó los mecanismos que protegían los ingresos de los países productores y abrió la puerta a la concentración del mercado. A partir de ese momento, las grandes compañías multinacionales controlaron las compras, la industrialización y la distribución del café.

Colombia, que había sostenido su reputación en la calidad del grano, comenzó a competir en un escenario de precios impuestos por los compradores. La Federación Nacional de Cafeteros adoptó medidas que, en vez de reforzar la calidad, permitieron la creación del “Café Producto de Colombia”, una versión degradada del tradicional “Excelso – Café de Colombia”. Esa modificación redujo los estándares y habilitó la mezcla de granos nacionales con cafés extranjeros de menor valor.

El comunicado de Dignidad Agropecuaria sostiene que esa transformación benefició a las empresas que comercializan y procesan el café, no a los productores. Mientras las multinacionales diversificaron sus marcas y ganancias, los caficultores vieron disminuir su participación en la renta total del negocio. La brecha se amplió: los costos de producción suben, los precios al productor bajan y la diferencia queda en manos de intermediarios.

La pérdida de confianza en el café de Colombia

Durante décadas, el café colombiano fue sinónimo de calidad en los mercados internacionales. Esa imagen se sustentaba en el control estricto de origen, en las normas de humedad y pureza del grano, y en la reputación del sello “Café de Colombia”. Con la flexibilización de las reglas, la credibilidad del país como proveedor premium se debilitó.

Los compradores internacionales pagan ahora precios más bajos porque no pueden garantizar que el producto corresponda al mismo nivel de calidad de años anteriores. La prima de calidad, que antes representaba un ingreso adicional, se convirtió en un margen que se desvanece. Cada libra vendida sin ese diferencial deja menos divisas al país y menos rentabilidad para los productores.
La pérdida del diferencial cafetero no solo afecta el comercio exterior. También golpea la economía interna de los municipios cafeteros, donde el café sigue siendo la base de la actividad económica. La disminución de ingresos reduce el consumo local, afecta el empleo y limita la inversión en infraestructura rural.

Consecuencias económicas de las importaciones de café

Las pérdidas calculadas por Dignidad Agropecuaria superan los 900 millones de dólares anuales, una muestra del deterioro estructural del ingreso cafetero. La reducción del diferencial cafetero afecta la balanza comercial del país y ha debilitado el flujo de divisas que sostenía la economía rural en los departamentos productores.

Cada libra vendida sin prima de calidad implica menos rentabilidad para el productor. En los municipios cafeteros, el descenso se traduce en menos empleo, menor consumo local y una caída en la inversión pública y privada. Las cooperativas, que antes reinvertían excedentes en programas comunitarios, enfrentan ahora dificultades para sostener su operación.

La pérdida de valor del café colombiano también repercute en la tasa de cambio. Al reducirse las exportaciones con valor agregado, el país depende de un mayor volumen para compensar la caída de ingresos, lo que genera sobreoferta y presiona aún más los precios internacionales.

Propuesta para recuperar la prima del café colombiano

El comunicado de Dignidad Agropecuaria propone revertir la política de flexibilización de calidad y retomar las condiciones originales del “Excelso – Café de Colombia”. El movimiento plantea suprimir la exportación de pasillas, aumentar la producción interna y eliminar el “Café Producto de Colombia”, al que señalan como principal responsable del deterioro del diferencial.

La organización sostiene que el país tiene capacidad para abastecer el consumo nacional con pasillas de producción interna y evitar la dependencia de cafés importados. La medida permitiría mejorar el ingreso rural y recuperar la confianza de los compradores internacionales.

También pide al Gobierno Nacional y al Comité Nacional de Cafeteros adoptar decisiones estructurales: restablecer estrictos controles de calidad, revisar las licencias de importación y fortalecer la certificación de origen. Solo así, afirma el movimiento, podrá volver a ganarse la confianza del mercado internacional con calidad y trazabilidad.

Un llamado a proteger el ingreso rural

Para Dignidad Agropecuaria Colombiana, la pérdida del diferencial cafetero resume un modelo comercial que ha transferido riqueza del campo hacia los grandes compradores internacionales. Cada centavo perdido por libra se traduce en menos ingresos para las familias productoras y en una reducción del valor real del trabajo agrícola.

El movimiento sostiene que el país necesita una política cafetera centrada en el ingreso y no en el volumen exportado. La prioridad, afirma, debe ser volver a ganarse la confianza del mercado internacional con calidad y trazabilidad. El problema ya no es de producción, sino de reglas de juego: las importaciones alteran el equilibrio del mercado y deterioran la marca más reconocida del país.

La advertencia llega en un momento crítico. Mientras la inflación encarece los insumos agrícolas, los precios internos del café caen y los márgenes de rentabilidad se estrechan. Si el país no corrige la ruta, Colombia podría perder el estatus de productor premium que durante décadas sustentó parte de su economía.

Dignidad Agropecuaria concluye que recuperar la prima de calidad del café colombiano es una decisión estratégica para la balanza comercial y la sostenibilidad rural. De mantenerse la actual política de importaciones, el país seguirá exportando el nombre del “Café de Colombia”, pero no su valor real.

Organizaciones de arroceros anunciaron un paro nacional indefinido desde el 14 de julio. La decisión surge tras una nueva rebaja en el precio del arroz paddy verde, el incumplimiento de compromisos pactados en marzo y las dificultades generadas por el contrabando y los tratados de libre comercio. El arroz se siembra en más de 200 municipios.

La crisis del arroz se agudiza: paro nacional arranca el 14 de julio

La decisión está tomada. A partir del lunes 14 de julio, organizaciones de productores de arroz en Colombia iniciarán una movilización nacional indefinida. El anuncio fue hecho por Dignidad Agropecuaria Colombiana , Dignidad Arrocera Nacional y sectores de arroceros independientes tras evaluar la caída en el precio de compra del arroz paddy verde, el incumplimiento de acuerdos previos por parte del Gobierno nacional y la continuidad de una política comercial que, según denuncian, ha debilitado la producción nacional de alimentos claves en la dieta de los colombianos.

El comunicado conjunto, firmado el 25 de junio de 2025, plantea que “un bajonazo de precios en diciembre de 2024 y otro en junio de 2025 configuran un desastre para los arroceros colombianos, frente a los costos crecientes de sus cultivos”. En el comunicado advierten que las decisiones de la industria molinera, el contrabando de arroz y las condiciones impuestas por los tratados de libre comercio han afectado a pequeños, medianos y grandes productores, por igual.

Rebaja de precios sin concertación

La medida que precipitó el paro fue la reducción en el precio de compra del arroz paddy verde anunciada por la industria molinera durante el último fin de semana de junio. La carga de 125 kilogramos fue rebajada de $171.000 a $158.000 en la región del Ariari, una de las principales zonas productoras. También se registraron recortes de $15.000 en el centro del país y de $11.000 en el Meta y otras regiones llaneras.

Según Dignidad Agropecuaria, la decisión fue tomada después de una reunión en la que participaron representantes del Ministerio de Agricultura, la industria y los productores. En dicho encuentro, las organizaciones presentaron datos sobre los elevados costos de producción y la inviabilidad del precio anterior. La reducción posterior, afirman, contradijo lo discutido y profundizó la indignación.

“Están condenando al arroz nacional”

Óscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria, difundió un video en el que expresó la gravedad del escenario actual. Allí explicó que la industria rebajó el precio luego de conocer la difícil situación de los agricultores. “El precio que tenían, antes de este que acaban de rebajar, ya era deficitario y les estaba generando elevadísimas pérdidas frente a los costos de producción”, señaló.

Gutiérrez advirtió que decisiones como esta empujan a la quiebra a miles de productores y debilitan la posibilidad de que Colombia consuma arroz cultivado en su territorio. “Quieren acabar con otro cultivo más como ya lo hicieron con el trigo, el sorgo, la soya, el algodón y otros más”. En ese contexto, convocó a una protesta nacional y pidió al Gobierno que actúe y resuelva la crisis.

Una cadena dominada por pocos

El comunicado del 1 de julio recuerda que la industria molinera que controla el mercado opera como un duopolio. Según el texto, este esquema de concentración ha sido tolerado por los distintos gobiernos, mientras los consumidores siguen pagando precios altos. En contraste, los agricultores reciben pagos cada vez más bajos por su producción.

Las organizaciones plantean que la política de precios actual no solo impone pérdidas recurrentes al productor, sino que distorsiona toda la cadena agroalimentaria. Proponen establecer acuerdos que permitan cubrir los costos reales y asegurar utilidades razonables, sin excluir a ningún eslabón.

“Los acuerdos de precios no quieren llevar a excluir a ningún sector de su tasa de ganancia, tampoco persiguen arruinar a alguno”, se lee en el comunicado. El objetivo, aseguran, es que los consumidores paguen precios ajustados a los costos reales y no a decisiones monopólicas.

Casanare, Tolima y Huila se suman a la protesta

Productores de arroz de departamentos como Casanare, Tolima y Huila confirmaron su adhesión al paro nacional. En Yopal, cerca de 1.300 agricultores respaldaron la convocatoria y solicitaron una reunión urgente con el Ministerio de Agricultura. Según declaraciones recogidas por medios locales, la situación en estas regiones es especialmente compleja por el precio del arrendamiento de tierras.

En Tolima y Huila, el arriendo por hectárea puede alcanzar los $ 2 millones/año. En cambio, en los Llanos Orientales, el promedio está entre $500.000 y $700.000. Esta diferencia de costos genera desventajas adicionales para los productores de estas zonas, que, además, deben afrontar alzas en los insumos, fertilizantes y transporte.

El contrabando que no cesa

Uno de los factores más reiterados en los comunicados de Dignidad Agropecuaria es el contrabando. En el texto del 25 de junio, se señala que este fenómeno “golpea la economía de toda la cadena y nutre de recursos mafias que, además, pervierten y corrompen a importantes agentes del Estado”.

El arroz ingresado ilegalmente desde Ecuador y Venezuela, afirman, genera una competencia desleal, afecta los precios internos y crea un mercado paralelo sin control ni trazabilidad. Además, los productores advierten que estas redes ilícitas están acompañadas de actores armados que imponen sus intereses y profundizan la informalidad en el sector.

TLC en la mira

Las organizaciones arroceras también responsabilizan a los tratados de libre comercio de haber generado condiciones adversas para la producción nacional. En su análisis, los TLC suscritos por Colombia han creado una competencia desleal y apabullante que desestimula la siembra y pone en riesgo la soberanía alimentaria.

“El otro asunto, que no es de menor importancia, es la desigualdad generada por la suscripción de tratados de libre comercio”, señala el comunicado del 25 de junio. En el mismo documento, se afirma que dichos acuerdos deben ser revisados, renegociados o eliminados si no superan las condiciones desiguales que han impuesto al agro.

Un llamado a intervenir el mercado

En las conversaciones con el Gobierno, las organizaciones plantearon la necesidad de que el Estado intervenga en la fijación de precios. Consideran que la vieja ley de la oferta y la demanda ya no es suficiente para garantizar un sistema justo de comercialización.

“Si no se intervienen o acuerdan entre los participantes de la cadena alimentaria y con la presencia rectora del Estado, se generarán graves distorsiones”, advierten. Para los productores, el precio de compra debe servir como base para la conformación del precio al consumidor, de modo que todos los actores de la cadena puedan operar sin pérdidas.

Fedearroz expresa su preocupación

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), aunque no forma parte directa del paro, también expresó su preocupación. En un comunicado emitido el 1 de julio, su gerente, Rafael Hernández, advirtió que la disminución del precio del arroz paddy verde entre $10.000 y $15.000 por carga es una mala noticia para el sector.

“Esta situación implica una noticia nefasta para el sector arrocero colombiano, como quiera que golpea directamente al eslabón más débil de la cadena, como es el productor”, indicó. Fedearroz también señaló que la tendencia a la baja se ha venido presentando desde comienzos de 2025.

El Consejo Nacional del Arroz fue convocado

Tras conocer el anuncio del paro, el Ministerio de Agricultura convocó una reunión extraordinaria del Consejo Nacional del Arroz. Dignidad Agropecuaria informó que asistirán al encuentro, pero reiteraron que la movilización seguirá en pie hasta que se anuncien soluciones concretas.

“Queremos señalar que se requieren soluciones inmediatas, el reajuste del precio interno a niveles que no impliquen pérdidas para los arroceros y un comportamiento que defienda la producción nacional de arroz”, afirmaron en el comunicado del 1 de julio.

Una movilización por la permanencia en el campo

Los organizadores del paro afirman que la protesta es pacífica, civilizada y busca defender el derecho a seguir cultivando arroz en Colombia. El cereal se produce en más de 200 municipios y abastece el consumo interno. Según los gremios, permitir que la producción local desaparezca afectaría no solo a los agricultores, sino a toda la economía rural del país.

“Nos resistimos a desaparecer. El arroz es el único cultivo semestral que abastece el consumo interno. Invitamos a los demás sectores de la economía, a las organizaciones gremiales y sociales, a las autoridades locales y a la ciudadanía en general a entender nuestra protesta”, señala el comunicado del 7 de julio.

El Gobierno impone nuevas retenciones sin pasar por el Congreso

El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0572 el 28 de mayo de 2025, que aumenta las tarifas de retención y autorretención en la fuente a partir del 1 de junio. Esto quiere decir que muchas personas naturales, empresas, cooperativas, clínicas y hospitales tendrán que adelantar una parte del impuesto de renta que pagarían en 2026.

El Gobierno argumenta que no es un nuevo impuesto, sino un mecanismo para que el recaudo ocurra en el mismo año en que se genera el ingreso. Sin embargo, varios sectores lo califican como una reforma tributaria hecha por decreto, que afecta el flujo de caja, la contratación, la producción de alimentos y la operación de hospitales y clínicas.

Golpe directo al campo colombiano

Dignidad Agropecuaria Colombiana calificó el Decreto 0572 como un «garrotazo tributario» al agro. La organización explicó que el gobierno aumentó las tarifas de retención y autorretención y, al mismo tiempo, bajó las bases mínimas desde las cuales se cobra. Esto significa que más campesinos deben pagar anticipadamente el impuesto de renta, incluso sin estar obligados a declarar.

Por ejemplo, antes una compra general estaba sujeta a retención si superaba los $1,34 millones. Ahora basta con una venta de $498.000 para que se cobre. En el caso del café pergamino y en cereza, antes se retenía desde $7,9 millones. Ahora, desde $3,48 millones, duplicando el número de caficultores afectados, sin cambiar la tarifa del 0,5 %.

Esto no solo disminuye los ingresos del productor. También crea un desbalance en el mercado: las cooperativas deben retener y cumplir la norma, mientras que compradores privados, informales o de ocasión no lo hacen. Según Dignidad Agropecuaria, eso deja a las cooperativas en clara desventaja y debilita las estructuras organizadas del campo.

El decreto también afecta a quienes venden leche, maíz, frutas, hortalizas o cualquier producto en pequeña escala. Estos productores ahora quedan obligados a cumplir con trámites tributarios para recuperar lo retenido: inscribirse en el RUT, declarar renta y contratar contadores. Muchos no tienen cómo asumir ese costo ni entienden el proceso.

“La mayoría del campesinado ni factura ni está formalizado. Ahora los quieren obligar a pagar como si fueran empresas grandes. Es una decisión injusta y desconectada del campo colombiano”, dijo Óscar Gutiérrez y añadió “a los campesinos los están castigando por vender su cosecha”.

Clínicas y hospitales sin margen para pagar

El sector salud también quedó atrapado. El decreto sube de 1,1 % a 3,5 % la autorretención en actividades como hospitalización, servicios diagnósticos y terapéuticos, y atención a pacientes con trastornos mentales. Instituciones públicas y privadas deberán pagar más al Estado, aunque no estén recibiendo sus ingresos completos.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) alertó sobre el impacto de esta medida sobre la ya grave situación de iliquidez de las IPS. La cartera por cobrar supera los 20 billones de pesos. Esto pone en riesgo la compra de insumos, el pago de personal y la atención a los pacientes.

En carta enviada al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la ACHC pidió excluir a clínicas y hospitales de este esquema de anticipos. También propuso aplicar medidas para mitigar la crisis, como ampliar el giro directo, capitalizar EPS intervenidas y mejorar el sistema de reclamaciones del SOAT.

Bernardo Useche, director de Salud de Cedetrabajo, afirmó que, “el aumento en las tarifas de retención en la fuente, ordenado por el Decreto 0572, terminará por afectar no solo a los prestadores, sino también a los demás actores del sistema de salud, en especial a los pacientes y usuarios.”

Empresas: menos caja, menos empleo

El nuevo esquema de retención afecta directamente el flujo de caja de las empresas. Ahora deben adelantar pagos sobre ingresos que aún no han recibido. Esto limita su capacidad para invertir, contratar o mantener su operación al día.

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que el decreto le quita liquidez a las empresas sin explicar en qué se gastará el dinero adicional. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo. “Sin caja no hay empresa. Sin empresa no hay empleo. Y sin empleo, no hay país”.

Según Miguel Ángel Rodríguez, director de investigaciones de Cedetrabajo, la medida afecta especialmente a las microempresas, que representan el 93 % del tejido empresarial del país. Muchas no podrán sostenerse si deben pagar impuestos por adelantado, lo que podría llevar a cierres o despidos.

Los alimentos podrían subir de precio

La medida también afectará los precios de la canasta básica. Si el supermercado debe pagar más impuestos anticipados por la compra de alimentos o transporte de carga, ese sobrecosto lo traslada al precio final.

En abril de 2025, la inflación anual fue de 5,16 %. Los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más subieron. Con el nuevo decreto se espera un nuevo repunte en los precios, lo que afecta sobre todo a los hogares de menores ingresos.

El apuro fiscal y la presión del FMI

El Gobierno justificó el Decreto 0572 como una estrategia para suavizar el recaudo y reducir la evasión. Pero la verdadera razón parece ser otra: la urgencia por conseguir recursos. En 2024, el déficit fiscal alcanzó el 6,7 % del PIB. El Fondo Monetario Internacional advirtió que, si no se cumplen las metas fiscales, Colombia perdería el acceso a la Línea de Crédito Flexible.

En lugar de hacer una reforma tributaria abierta, el Ejecutivo optó por imponer estos cambios a través de un decreto. Esto genera inseguridad jurídica, porque un decreto puede ser tumbado más fácilmente en los tribunales.

La DIAN espera recaudar con esta medida unos 7,3 billones de pesos. Fedesarrollo calcula que podrían ser hasta 13,9 billones. Pero se trata de ingresos que el país dejaría de recibir en 2026. Es una salida temporal, que no soluciona el problema estructural del déficit.

Demandas y advertencias legales

Varias voces políticas ya anunciaron que demandarán el Decreto 0572 ante el Consejo de Estado. Denuncian que se trata de una reforma tributaria inconstitucional, hecha por decreto sin participación del Congreso.

El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, también criticó la medida. Dijo que es irresponsable y podría provocar ceses de pago masivos en las empresas. Para él, el decreto vulnera los principios de legalidad tributaria y equidad.

¿Quién paga realmente esta decisión?

Con el Decreto 0572 de 2025, el Gobierno intenta mejorar su flujo de caja, pero traslada la carga a sectores que ya están ahogados: campesinos, pequeñas empresas, hospitales. Quienes deberían ser protegidos, terminan sacrificados.

Lo grave es que esta medida no resuelve el problema fiscal de fondo. Solo adelanta ingresos. En 2026 habrá menos plata. Y si el decreto se cae por vía judicial, el hueco fiscal será más grande.

El agro, la salud y el empleo formal son pilares que deberían fortalecerse, no debilitarse. Este decreto hace lo contrario.