La Unión Sindical Obrera (USO), tiene toda la razón al exigir la renuncia de Ricardo Roa, celeridad en las investigaciones, aplicación de justicia y la reparación de los daños causados a las finanzas del Estado. Miente Petro al poner al sindicato del lado del uribismo: todos saben del apoyo económico y político que la USO le dio a su campaña.

Lo que ocurre es que el manejo clientelista y corrupto de la empresa ha alcanzado tales proporciones que, ante la amenaza a la estabilidad de Ecopetrol, la pérdida de la soberanía energética y el daño al bienestar de la población, el sindicato está obrando en consecuencia con su tradición histórica de defender los intereses nacionales y de los trabajadores.

Una parte considerable de la opinión pública y los accionistas minoritarios también piden la renuncia del presidente de la petrolera, por el grave daño que su permanencia le causa a la imagen y a la economía de la empresa. Sin embargo, Roa se sostiene gracias al respaldo del presidente de la República y de la Junta Directiva, a quienes parece no importarles el impacto negativo que esa decisión tiene sobre Ecopetrol.

Este no es un problema reciente ni exclusivo de un solo gobierno. La ofensiva neoliberal y aperturista impuesta al país por Estados Unidos, desde el gobierno de César Gaviria, ha tenido a Ecopetrol como uno de sus objetivos permanentes. Han sido los trabajadores y amplios sectores de la sociedad quienes, con denuncias y movilizaciones, lo han impedido. Tanto Álvaro Uribe como Gustavo Petro le han causado graves daños a la estatal petrolera. El primero impuso el regreso al antinacional contrato de concesión, privatizó parte de la empresa y prorrogó los contratos de asociación de gas de La Guajira y de los yacimientos de Caño Limón.

Petro, por su parte, la ha debilitado con la irracional satanización de la industria del petróleo y el gas: no ha permitido nuevos contratos de exploración, ha retrasado la explotación de los campos gasíferos recién descubiertos en la Costa Caribe y ha empujado al país a la crítica condición de importador de crudo y gas. Esta dañina política se ha agravado con la terquedad de mantener a Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol, muy a pesar de las investigaciones e imputaciones de la Fiscalía por actos de corrupción en la empresa y por violaciones a la ley en la gerencia de la campaña electoral del propio Petro.

Vale recordar que Ecopetrol no es una empresa cualquiera. Desde 1951, cuando el decreto que la creó le permitió recibir los campos petroleros de la Concesión De Mares y la Refinería de Barrancabermeja de manos de la Tropical Oil Company, se convirtió en el motor del desarrollo industrial y comercial más importante del país. Durante más de 70 años y en lucha constante contra las multinacionales y las actuaciones privatizadoras y corruptas de varios gobiernos, Ecopetrol se ha consolidado como una empresa que garantiza en buena parte la soberanía energética del país y aporta cuantiosas sumas a las finanzas del Estado, favorece la balanza comercial del país, y estimula el desarrollo económico y social a las regiones petroleras.

Toca rescatar la viabilidad de la empresa, recuperar el autoabastecimiento de crudo y gas y garantizar precios determinados por los costos nacionales de producción que beneficien a los consumidores. La USO, en ejercicio de su autonomía e independencia, reclama por la defensa de los trabajadores, la producción petrolera y la seguridad energética de la nación. Los colombianos debemos apoyar con decisión estos justos reclamos.

Cuatro años en la presidencia mostraron más de lo mismo

Transcurridos tres años y seis meses del gobierno de Gustavo Petro, valdría la pena contrastar lo propuesto por él en la campaña electoral de 2022 con su accionar en materia de empleo público y trabajo digno.

Es bien sabido que los problemas estructurales de los trabajadores estatales no se originaron en el actual gobierno. Son el producto de las malas políticas en todos los gobiernos anteriores, sin excepción, regímenes que conciben una administración pública minusválida, con baja financiación, poca o nula creación de empleo formal y directo y tercerizada en privados incluso en sus funciones esenciales.

Petro prometió en la campaña dar solución a las reivindicaciones de los trabajadores estatales. Pero al contrario de lo prometido, sus casi cuatro años en la presidencia mostraron más de lo mismo. Lejos de corregir con rigurosidad y seriedad las malas políticas y prácticas de los partidos tradicionales, las igualó o incluso empeoró.

La deuda con el mérito

 La meritocracia ha sido quebrantada de raíz, como lo prueba el escándalo de Juliana Guerrero y su pretendida imposición en el Ministerio de la Igualdad y Equidad. De septiembre a la fecha se conoció que Juliana Guerrero se graduó sin presentar el examen de Saber-Pro y que la Fundación San José anuló su título por no haber registro de actividad académica. No es el único embuchado, son más de veinte los funcionarios que habrían obtenido de manera irregular sus títulos profesionales para poder ser contratados en entidades públicas.

 Para entregarle el Viceministerio de Juventudes a Juliana Guerrero lo intentaron todo. Además de las graves inconsistencias de la aspirante en la hoja de vida que ella dio a conocer, el Gobierno pretendió modificar el Manual de Funciones de la entidad de manera exprés y sin consultar a la organización sindical. Incluso recién posesionada Mariela Barragán en la Función Pública, se intentó modificar el Decreto 1083 de 2015 para disminuir los requisitos de los viceministerios del Ministerio de Igualdad. El Gobierno nacional, en distintas instancias y con la justificación pública del presidente Petro, actuó sistemáticamente para violentar el principio constitucional del mérito, que se consagra como obligación para el ingreso al empleo público.

Las organizaciones sindicales estatales hemos rechazado esas actuaciones de “nombramientos sastre” en otros gobiernos por desprofesionalizar el empleo público, afectar el adecuado desarrollo de la función pública y, en la mayoría de los casos, ser mecanismos encaminados a aceitar la politiquería y el clientelismo.

La deuda con la formalización

Son dos los principales problemas del empleo público, la permanente desformalización y la falta de presupuesto. Las plantas permanentes de personal no solo han permanecido prácticamente congeladas, sino que se han configurado nóminas paralelas mediante órdenes de prestación de servicio mucho más grandes y en muchos casos, desempeñando funciones misionales y permanentes. Es un problema de décadas y que ningún gobierno ha decidido atender con seriedad. Para noviembre de 2022, éramos 612.762 empleados públicos del orden nacional, territorial y de otras ramas, excluyendo a los uniformados y al magisterio colombiano. Sin embargo, había también en las entidades 516.234 trabajadores vinculados a través de órdenes de prestación de servicio y 395.206 tercerizados o vinculados en contratos con personas jurídicas.

“El contrato de prestación servicios debe pasar a la historia”, dijo el candidato Gustavo Petro en la campaña. Hoy, las OPS de entidades orden nacional, adscritas o vinculadas el ejecutivo pasaron de 48 mil personas en 2022 a 64 mil contratadas con esa modalidad en 2024, según datos de La Silla Vacía.

La Función Pública dio a conocer en 2023 un Plan de Formalización Laboral con muchas dudas para su ejecución y presentando las plantas temporales como una vía hacia la formalización, práctica que además de ilegal es inconveniente porque burla la estabilidad a largo plazo. A tales artificios mañosos se ha opuesto históricamente la CUT. Parece que ya no.

Según datos del DAFP, el gobierno Petro apenas incrementó en un 5% la planta permanente de personal del Estado, pero se decidió por crear 5.000 empleos temporales a última hora, como los del Ministerio del Trabajo y la Unidad de Planeación Minero-Energética, al borde de la Ley de Garantías y con terminación en 2026 y 2027, respectivamente. En cambio, las plantas de personal permanentes, que eran compromiso con organizaciones sindicales como es el caso de la UNGRD, no ha visto la luz tampoco bajo la dirección de Carlos Carrillo, con tres años de incumplimiento del acuerdo colectivo y mientras la entidad funciona con una importante nómina de contratistas entre la Unidad y el Fondo de Adaptación.

No está de más recordar las consecuencias que tiene deslaboralizar el empleo público extendiendo por todas partes las órdenes de prestación de servicio. No solo por el impacto negativo en el funcionamiento de la administración pública, sino además porque a esos cientos de miles de trabajadores que desempeñan funciones misionales y permanentes en el Estado se les violenta la estabilidad y con ello, la adecuada remuneración, el bienestar laboral e incluso el derecho a la asociación y la negociación colectiva. El Estado tiene el 60% de su fuerza laboral precarizada y sigue dependiendo de un ejército de cerca de 900.000 contratistas, muchos de ellos prolongando el mal del clientelismo que “dinamiza” la política electoral.

La deuda con los salarios

 El incremento al salario mínimo del 23% es importante y contribuye a cerrar una deuda histórica con cerca de 1,2 millones de trabajadores. Sin embargo, fue una decisión que adoleció de una falla aún no corregida, pues para sostener dicho incremento se requerían medidas complementarias tendientes a proteger a las pequeñas y medianas empresas que generan el 80% del empleo formal del país. Sin esas medidas, el dinero de más que tendrán los trabajadores resultará invertido en la adquisición de bienes y servicios importados, beneficiando el trabajo y la producción extranjera.

 Tampoco tuvo en cuenta el Gobierno de Petro el impacto sobre los empleados públicos y los correspondientes incrementos salariales, pues se agudizó la brecha estructural negativa que tenemos los servidores públicos frente al incremento del salario mínimo. De 2014 a 2024, los empleados públicos habíamos perdido 10,4 puntos porcentuales frente al salario mínimo, pero en los últimos dos años este dato se profundizó negativamente hasta alcanzar los 29 pp. Mientras en 2014 un profesional grado 12 ganaba un equivalente a 4 SMLV, para el 2026 gana un equivalente a 2,9 SMLV. Es evidente la disminución de nuestro poder adquisitivo y el achatamiento por lo bajo de la estructura salarial del empleo público.

 Con el objetivo de cerrar las brechas históricas, una política salarial responsable requería de parte del Gobierno nacional acciones equilibradas para el sector público y el privado, con medidas complementarias que protegieran a la MIPYMES e incrementos progresivos a lo largo del cuatrienio. Pero, muy por el contrario, el Gobierno promovió en los tres primeros años acuerdos por lo bajo presentando los argumentos de siempre: la regla fiscal y la dificultad presupuestal.

 Esta actitud del Gobierno está plenamente definida en sus decisiones sobre el Presupuesto General de la Nación. Mientras el presupuesto de funcionamiento del Estado, del que se pagan nuestros salarios y nuestros derechos, crece apenas en un 1,15%, el presupuesto para el servicio de la deuda creció un 5,7%.  El pago de la deuda pública absorbió en 2025 $112.8 billones del Presupuesto General de la Nación y nos demuestra que el Gobierno es un excelente pagador con los bancos y el capital financiero internacional, pero un deudor moroso con sus propios trabajadores.

¡Independencia sindical para seguir luchando!

 Los datos son irrebatibles, en estos aspectos estructurales del empleo público, el Gobierno nacional se raja frente a lo propuesto en la campaña electoral. El presupuesto continúa capturado por el servicio de la deuda, la estructura salarial se aplana hacia abajo afectando el poder adquisitivo de los empleados públicos, la formalización laboral camina a paso de tortuga y las órdenes de prestación de servicio continúan creciendo, mientras el mérito se sigue negociando al servicio de los poderosos.

 La crisis estructural del empleo público no nació con este mandato. Es el resultado de décadas de políticas neoliberales que dieron prioridad a la tercerización y el marchitamiento de la carrera administrativa en favor de la clientela política. Sin embargo, resulta paradójico que la administración que llegó con la promesa histórica de dignificar al trabajador estatal haya terminado por profundizar sus problemas.

 Cobra vigencia que el movimiento sindical adopte una política de independencia frente al principal patrón estatal, el Gobierno nacional. Este principio fundacional de nuestras organizaciones permite representar genuinamente los intereses de los trabajadores, valorar el accionar del gobierno de acuerdo con la conveniencia de sus políticas y recurrir a la movilización para oponerse a políticas regresivas, defender derechos laborales adquiridos o conquistar nuevos. El futuro de un empleo público democrático depende en buena parte de la capacidad del sindicalismo de defender sus reivindicaciones más allá del gobierno de turno.

Asistimos hoy a un cambio del orden global, en que el gobierno de Donald Trump mantiene los mismos objetivos geoestratégicos de Biden: afianzar por la fuerza de las armas la hegemonía de Estados Unidos, en declive. Así se entiende su agresión a Venezuela, que sienta un precedente para Latinoamérica y Colombia.

La explicación en contexto

 Cada gobierno norteamericano lanza su propia Estrategia de Seguridad Nacional (NSS por sus siglas en inglés), acorde con sus intereses globales y con las condiciones geoestratégicas cambiantes. Mientras las NSS de Trump 01 y de Biden priorizaban su estrategia en el Indo-Pacífico al considerar a China como su mayor amenaza, la de Trump 02 la enfoca en el Hemisferio Occidental y fundamentalmente en su patio trasero, acudiendo a la Doctrina Monroe, tal como lo explica el aspirante al Senado Jorge Enrique Robledo en reciente nota de La Tribuna.

Claro que China sigue siendo la mayor amenaza comercial para los intereses de Washington, pero a Trump, al parecer, le resulta más práctico cortar las relaciones de Pekín con la débil Latinoamérica, para que ellas se hagan exclusivamente con Estados Unidos. Es un ataque directo contra la asociación comercial de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica) y todos aquellos que pretenden desprenderse de la hegemonía del dólar, lo que se ha llamado el ‘Sur global’.

En el mundo está decayendo el orden unipolar, comandado por Estados Unidos, mientras emerge uno multipolar que amenaza la hegemonía del primero. En ese marco, en que el comercio de los BRICS se consolida en el mundo y el poder de Wall Street ya no puede competir en pie de igualdad, el Pentágono recurre al poder de la fuerza y se está convirtiendo en el mayor peligro para la paz global.

Así se entiende lo que ha pasado en Venezuela y también lo que se ha venido preparando en el patio trasero norteamericano con un nuevo ingrediente: la violación del Derecho Internacional ya sin tapujos.

Las implicaciones de las NSS para Colombia

 Después del ataque a Venezuela, Trump amenazó a Colombia. Pero eso no es nuevo, porque hace parte de la continuidad estratégica de seguridad del Pentágono, que se remonta a varios años. El primer gobierno de Trump incluyó a nuestro país como primer “socio global” no miembro de la OTAN en Latinoamérica, una ampliación ofensiva del Atlántico Norte al Indo-Pacífico.

El papel de la OTAN radica en controlar militarmente al mundo al servicio de los Estados Unidos, con el objeto de mantener su hegemonía global. Eso explica la creación de “socios globales”, aunque no miembros, porque no pertenecen a la Alianza atlántica del Norte. Estos países son Australia, Corea del Sur, Japón, Mongolia, Nueva Zelanda, Irak y Pakistán, todos relacionados con los intereses estadounidenses en el Indo-Pacífico, para cercar a China. ¿Por qué se agregó a Colombia como primer país latinoamericano a esa lista?

Si observamos la ubicación geoestratégica privilegiada de nuestro país, entendemos por qué se lo ancló, durante el mandato Trump 01, ratificado después por el de Biden, en esa alianza militar comandada por Estados Unidos. Primero, tiene costa en el Pacífico y está mirando a Asia; segundo, con costa en el Caribe, límites con Venezuela y próximo al Canal de Panamá, que une los dos océanos, porque uno de los objetivos estratégicos para los intereses globales de Estados Unidos es controlar las rutas navales.

Los gobiernos colombianos, el de Juan Manuel Santos con Trump 01, el de Iván Duque con Biden y después el de Gustavo Petro también con Biden, lo aceptaron sumisos, pero ninguno de ellos se percató de las graves implicaciones para la soberanía de Colombia. Es más, durante el gobierno de Petro es cuando más visitas a nuestro país hizo la comandante del Comando Sur del Pentágono, Laura Richardson, quien dijo claramente que la “seguridad nacional” de Estados Unidos estaba ligada a los recursos naturales de la región, y mencionó el “triángulo del litio” (Argentina, Chile, Bolivia), el petróleo de Venezuela y el agua dulce de la Amazonia, que implica a Colombia.

Por eso, la NSS de Trump es continuidad de la de Biden, solo que con mayor énfasis en su patio trasero según la Doctrina Monroe. Y con mayor descaro, puesto que ya no utiliza el guante de terciopelo humanitario para embaucar a incautos y guardarles las formas a gobiernos embaucadores como el de Petro.

Además, en otro gesto de obsecuencia, Petro llegó incluso a proponer una “OTAN amazónica” supuestamente para preservar el recurso hídrico y otros del subsuelo, dejándose llevar por el falso ambientalismo de Biden. Ahora, bajo Trump, intenta salirse de la OTAN, no por considerarla una amenaza para nuestra soberanía, sino con el pretexto del rechazo del apoyo de Trump al genocidio en Gaza, como si Biden no lo hubiera también apoyado.

Las NSS de Estados Unidos de Biden y Trump tienen los mismos intereses geoestratégicos, que se pueden entender hoy dentro del contexto de cambio de orden global, en el que los gobiernos de Colombia se han supeditado a la hegemonía norteamericana poniendo en peligro la seguridad nacional del país.

Este martes 7 de octubre, Sergio Fajardo presentó los fundamentos de su programa de salud ante representantes de EPS, hospitales, clínicas, farmacéuticas, cajas de compensación y asociaciones de usuarios y paciente y profesionales de la salud. Explicó una política y una ruta técnica para solucionar la profunda crisis que afecta el sistema de salud.

Un plan técnico para recuperar el sistema

Sergio Fajardo presentó una hoja de ruta enfocada en devolver estabilidad al sistema de salud y recuperar la confianza entre pacientes, prestadores y aseguradores. Propuso auditorías externas y otras medidas para garantizar el flujo y el control de los recursos.

Durante el encuentro explicó que su equipo con base en un diagnóstico detallado de la crisis actual ha formulado una serie de medidas para restablecer el orden en el hoy caótico sistema de salud. Señaló la falta de información transparente sobre el estado real de las EPS, el desbalance en la Unidad de Pago por Capitación, UPC y el deterioro institucional. Su plan plantea recalcular los valores de la UPC con base en datos verificables y crear un sistema de información que permita seguimiento público de cada peso destinado a la atención.

También anunció que, desde el primer día de gobierno, instalará un Puesto de Mando Presidencial para la Salud, un mecanismo que concentrará decisiones urgentes y coordinación directa con los ministerios, las entidades territoriales y los prestadores de servicios médicos. El propósito es atender de manera inmediata las fallas críticas del sistema y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Equipo de salud y enfoque técnico

El programa fue diseñado por un grupo con trayectoria en gestión pública, investigación y atención directa en salud. Lo integran Luz María Agudelo, exsecretaria de Salud de Medellín y Antioquia, con experiencia en fortalecimiento hospitalario; Bernardo Useche, presidente del Centro de Estudios del Trabajo -Cedetrabajo, experto en Salud pública y salud mental; Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, con énfasis en evaluación de políticas; y Víctor Correa, médico y exrepresentante a la Cámara, con experiencia en atención primaria y gestión territorial, Arturo Montejo, médico y académico experto en medicina familiar; Marcela Garcés, médica y especialista en salud pública; Javier Criales, expresidente de la Asociación Colombiana de pediatría y Ángela Molina, bacterióloga y epidemióloga.

Entre las primeras acciones, propuso una auditoría independiente a todas las EPS intervenidas y al régimen de salud del magisterio. El objetivo es aclarar el uso de los recursos, las responsabilidades financieras y las obligaciones pendientes con hospitales y trabajadores. Al igual que conocer las razones del dramático incremento de la negación de servicios a los usuarios e identificar las principales barreras asociadas con el acceso a medicamentos.

Fajardo indicó que su plan prioriza la reapertura de servicios cerrados en urgencias, pediatría y salud mental. Estas medidas buscan restablecer la atención básica, reducir los tiempos de espera y garantizar cobertura efectiva en regiones con mayor déficit.

Una presentación ante todos los actores del sistema

La convocatoria reunió a los principales sectores del sistema, con el propósito de compartir los fundamentos técnicos de la propuesta y abrir un proceso de diálogo estructurado.

Fajardo explicó que el sistema no atraviesa una crisis coyuntural, sino un deterioro acumulado que exige orden administrativo, información verificable y gestión sostenida.

Durante su intervención, afirmó que el sistema colombiano arrastra una crisis financiera y de confianza que se refleja en la falta de liquidez, el cierre de servicios y la inequidad territorial. Mencionó que las autoridades desconocen la información real sobre el estado de las EPS y sobre el uso de los recursos públicos en salud, lo que impide tomar decisiones acertadas.

De acuerdo con el documento presentado, la propuesta se desarrollará por etapas. Los primeros cien días estarán dedicados a la estabilización financiera y a la reapertura de servicios básicos. Entre 2026 y 2027 se formulará el plan nacional de desarrollo con el fin de sentar las bases de un nuevo modelo de salud concertado con todos los actores. En la última fase, entre 2028 y 2030, se implementarán los mecanismos acordados para restructurar y saldar la deuda con los hospitales. El enfoque busca mantener la rectoría estatal del sistema de salud.

Respaldo en su experiencia de gestión

Sergio Fajardo respaldó la propuesta en su experiencia como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Recordó que en ambos cargos aplicó políticas de transparencia, control de recursos y fortalecimiento de la red pública hospitalaria. En su exposición, afirmó que la gestión en Antioquia permitió sanear hospitales y firmar pactos de transparencia con los municipios.

Se mejoró la cobertura de atención primaria, se impulsaron equipos básicos de salud, se fortalecieron los hospitales departamentales y se crearon espacios de seguimiento financiero entre autoridades locales. Fajardo dijo que ese modelo demostró que es posible administrar los recursos públicos con rigor y participación ciudadana.

“En Antioquia no se pierde un peso”, repitió, retomando una frase que lo acompañó en sus anteriores gobiernos. Añadió que el mismo principio regirá la gestión nacional en salud durante su Presidencia.

Una propuesta con cooperación y concertación

El programa presentado busca integrar a todos los actores del sistema. Fajardo insistió en que el sector necesita cooperación, no fragmentación, y que la recuperación de la confianza depende de la participación de cada institución en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Durante el evento, reiteró que el deterioro institucional no se resuelve con confrontación política, sino con planificación, consenso técnico y cumplimiento. Llamó a los gremios, las EPS, los hospitales y los trabajadores del sector a participar en la construcción de soluciones comunes.

Los principales representantes de los gremios del sector salud que asistieron al encuentro resaltaron lo valioso de la convocatoria y la disposición de Sergio Fajardo para escuchar a todos los actores del sistema. Coincidieron en que la reunión marcó una diferencia frente al clima de confrontación que domina la discusión nacional, pues el Fajardo optó por construir su propuesta mediante cooperación y concertación técnica. Destacaron que el diálogo abierto con hospitales, EPS, farmacéuticas, trabajadores y pacientes es el camino para recuperar la confianza y avanzar hacia soluciones reales para el sistema de salud.

El presupuesto 2026 reduce recursos para la Rama Judicial

El presupuesto 2026 asignado a la Rama Judicial es insuficiente y amenaza con profundizar la crisis estructural de la administración de justicia en Colombia. La reducción de recursos desconoce compromisos adquiridos, como la inclusión de la bonificación como factor salarial para más de 30 mil servidores, y perpetúa un déficit que impacta directamente en el acceso a la justicia. Mientras el Gobierno destina partidas para ampliar la planta de contratistas en entidades bajo su influencia, la Rama Judicial, con una planta de 36.810 servidores, que cargan sobre sus hombros un volumen excesivo de procesos, sigue siendo relegada en las decisiones trascendentales del país. Una financiación adecuada garantiza la independencia de la Rama Judicial y la calidad del servicio, mientras que una financiación deficitaria no solo limita la capacidad operativa del sistema, sino que deteriora las condiciones laborales de quienes lo sostienen y, en consecuencia, vulnera el derecho ciudadano a una justicia pronta y eficaz.

La bonificación judicial, una conquista burlada por todos los gobiernos, incluido el de Petro.

Fue necesario un prolongado cese de labores en el año 2012 para que el gobierno nacional accediera a la nivelación de la remuneración de los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía, lo que se hizo mediante el reconocimiento de una bonificación. Prestación que debía ser parte integrante del salario, pero que todas las administraciones han pagado desconociendo esta condición. Recordemos que el Gobierno firmó el Acuerdo Colectivo 2023-2024, en el cual se habilitó una mesa técnica con el fin de dejar establecido que la bonificación constituye un factor salarial y que, por tal razón, se haría efectiva a partir del 2025, promesa que ha incumplido el presidente. Pero eso no es todo: con miras a la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2026, el Consejo Superior de la Judicatura hizo una propuesta de presupuesto por la suma de $16.015.270 millones, pero el proyecto de presupuesto radicado por el Gobierno Nacional para esa vigencia contempla un valor de $11.622.218 millones.

Promesas vacías y más incumplimiento

El gobierno del presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por ser uno de los que más promesas ha incumplido, y la Rama Judicial ha sido objeto de estas imposturas: en el presupuesto presentado por el Gobierno se excluyen las previsiones para atender necesidades del sector justicia. Por ejemplo, la creación de 7.381 cargos permanentes y un plan de descongestión para garantizar la demanda de justicia pronta y oportuna, con un presupuesto de 724.286 millones para la creación de nuevos cargos y 240.707 millones en descongestión de los despachos judiciales. Ajustes que contribuirían a mitigar la pesada carga laboral de jueces y empleados.

Para el pago de la bonificación judicial como factor salarial se requieren $774.221 millones, de los cuales se cuenta con $224.752 millones. Cabe señalar: se necesita un presupuesto adicional de $549.469 millones para cubrir el total de los servidores judiciales. Esto no es solo una promesa incumplida, sino también un golpe directo al bolsillo de más de 30 mil familias colombianas.

La organización como respuesta

Las promesas del gobierno están lejos de cumplirse. No hay voluntad para materializarlas, por lo que la única salida que tienen los trabajadores judiciales es la organización, como una manera de orientar esfuerzos para la conquista de los derechos que no han sido reconocidos por simple voluntad política. Tal es el panorama, que para el mes de septiembre sigue sin realizarse el pago retroactivo de la bonificación judicial, una muestra de la nula voluntad del Gobierno en atender a los servidores del sector justicia.

Es cierto que las finanzas del país son deficitarias, pero esto no puede servir de excusa para restar presupuesto a sectores que no están alineados con las posiciones del Gobierno. Porque mientras a la Rama le niegan un presupuesto imprescindible para su normal funcionamiento, la contratación por OPS (órdenes de prestación de servicios) realizada por el Gobierno sumó 3,2 billones de pesos en 2024, y cerca de 8 billones desde su posesión. Cabe concluir que con lo gastado en OPS desde la posesión del Gobierno se podría financiar más de 10 veces la bonificación como factor salarial.

Es necesario que se garanticen los recursos de la Rama Judicial y que no queden sometidos a los intereses del círculo del Gobierno de turno, que al final terminaría transformándose en una manera de socavar a una de las ramas del poder público.

Exigir el cumplimiento de las promesas es solo una manera de garantizar a todos los trabajadores judiciales una mejoría en su calidad de vida y la de sus familias, exigencia que se viene gestando desde hace muchos años. El camino, entonces, es la organización. La participación de todas y todos los funcionarios de la Rama Judicial alrededor de puntos tan vitales como la independencia de este órgano del Estado, la actualización tecnológica, la bonificación, la creación de nuevos cargos. Así es como la historia del país, y del mundo, ha demostrado que se obtienen nuevos derechos. Y así es como se tendrá que hacer.

La Asociación de Usuarios del Hospital San Félix, “Asuhosanfelix”, radicó una carta al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel y al Gobierno nacional para exigir soluciones urgentes frente a la crisis hospitalaria de La Dorada, agudizada por las deudas de las EPS, principalmente la Nueva EPS, la mayor deudora, y el cierre de servicios.

Usuarios del Hospital San Félix exige soluciones a la crisis hospitalaria en Caldas

En el documento, veedores y líderes de la comunidad denunciaron la degradación del sistema de salud en Caldas y la amenaza de colapso del principal centro hospitalario del Magdalena Medio.

La misiva detalló cómo las citas con médicos generales pueden tardar hasta ocho días y las de especialistas varios meses, incumpliendo lo dispuesto por la normativa que exige plazos de tres y cinco días. Denunció también que los medicamentos formulados nunca se entregan completos, obligando a los pacientes a costear de su bolsillo tratamientos esenciales. La carta agregó que las EPS no cubren los traslados de pacientes remitidos a otras ciudades, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordena, y que incluso se niegan fármacos vitales para la hipertensión, la diabetes o enfermedades renales.

Un hospital ahogado por las deudas

El documento recordó que la deuda de las EPS con el Hospital San Félix ya supera los 40 mil millones de pesos, mientras que en todo Caldas el saldo pendiente asciende a más de 400 mil millones. Esa carga financiera ha obligado al cierre de servicios en varias instituciones y amenaza la supervivencia de la ESE San Félix, que sostiene la atención de cerca de 500 mil habitantes del Magdalena Medio.

La crisis se agudizó con la intervención de la Superintendencia de Salud a la Nueva EPS. Según los usuarios, lejos de mejorar, la situación se deterioró: los atrasos en los pagos crecieron y se disparó el riesgo de un efecto dominó que pondría en jaque a toda la red hospitalaria del departamento.

La voz de los usuarios en las calles

Antes de que la carta fuera radicada, las asociaciones de usuarios ya habían salido a las calles. El 29 de agosto realizaron un plantón frente a la sede de la Nueva EPS en La Dorada. “Estamos en una emergencia porque el hospital vive de vender servicios a las EPS y estas no están pagando, particularmente la Nueva EPS. Llamamos al Gobierno nacional a que pague esta astronómica deuda”, expresó Eduardo Muñetón Bustamante, presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital San Félix.

La protesta fue descrita como un acto pacífico y democrático para defender el derecho a la salud. Con megáfonos y pancartas, los doradenses se reunieron a exigir respuestas, convencidos de que el deterioro del hospital refleja el abandono estatal y la indiferencia frente a una comunidad que se siente condenada a un nuevo “paseo de la muerte”.

Cronología de una crisis anunciada

San Félix, en caída desde marzo

El deterioro del Hospital San Félix no comenzó en septiembre. En un comunicado del 17 de marzo, la gerencia señaló que la deuda exigible y conciliada de la Nueva EPS alcanzaba los 25 mil millones de pesos. Ese mismo documento exigía un giro inmediato de 10.376 millones para poder sostener los servicios básicos, advirtiendo que la situación financiera había llegado a un límite. Sin embargo, este valor era sólo una parte de la cartera.

Pero la deuda con el Hospital podría ser mayor. Un informe de cartera publicado en el mes de mayo mostró que las cuentas por cobrar de la institución superaban los 48.200 millones de pesos. De ese total, 31.823 millones correspondían a la Nueva EPS, equivalentes a dos de cada tres pesos adeudados. Esa cifra incluía servicios facturados, pero aún sin pago, muchos en proceso de conciliación o con glosas pendientes. A la deuda de la Nueva EPS se sumaban 5.095 millones de Asmet Salud, 2.355 millones de Famisanar y montos menores de otras entidades. La administración advirtió que más del 60 % de esas cuentas llevaba más de 90 días vencida, lo que comprometía la atención de miles de usuarios, pues los pagos mínimos recibidos no alcanzaban para sostener servicios de mediana y alta complejidad.

Agosto: la suspensión de servicios

El 22 de agosto, un nuevo comunicado del hospital informó que la deuda reconocida con la Nueva EPS había llegado a los 26 mil millones y que la falta de recursos comprometía la atención crítica. “La salud de nuestros pacientes no puede depender de pagos mínimos ni de la desatención financiera por parte de la EPS”, advirtió la institución.

El 25 de agosto se materializó lo que parecía inevitable: el Hospital San Félix suspendió los servicios a más de 48 mil usuarios de la Nueva EPS en La Dorada. A esa crisis se sumaron la Clínica Avidanti en Manizales, el Hospital Universitario de Caldas, que también cerraron atención a la aseguradora. En conjunto, tres de las principales instituciones del departamento dejaron de recibir pacientes por la imposibilidad de cubrir los costos básicos.

Septiembre: efecto dominó en Caldas

La crisis del San Félix provocó un traslado masivo de pacientes hacia Manizales. El Hospital Santa Sofía reportó una sobreocupación de más del 200 por ciento en sus servicios de urgencias, lo que agravó la situación de la red hospitalaria del departamento. La Territorial de Salud anunció un plan de contingencia para mitigar los efectos, pero los usuarios denunciaron que las medidas eran insuficientes y que los servicios seguían colapsados. El 16 de septiembre la Alcaldía de Manizales informó que el Hospital Infantil Rafael Henao Toro de Manizales, también se uniría a la lista de instituciones que le cerraron las puertas a los usuarios de la Nueva EPS.

La Nueva EPS bajo intervención

Mientras los hospitales se ahogan, la Nueva EPS sigue bajo control de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, auditorías recientes revelaron un deterioro mayor. Un informe de la Contraloría documentó anticipos pendientes por 15,27 billones de pesos, 22 millones de facturas sin auditar, 9 millones de ellas repetidas, y deudas hospitalarias por más de 21 billones.

Pese a esas cifras, el presidente Gustavo Petro insistió en su alocución del 12 de septiembre en que no rescataría a las EPS. “La Nueva EPS ha tenido, casi desde el primer día, una historia de robo. No voy a salvar las EPS, que la Comisión Séptima mire a ver”, declaró en cadena nacional.

Mientras el Gobierno  descarga la responsabilidad en el Congreso, la gente de La Dorada sigue esperando una cita médica, un medicamento o un traslado que nunca llegaba.

La distancia entre Bogotá y La Dorada

Para los usuarios del Hospital San Félix, no se trata de salvar a las EPS, sino de salvar vidas. La gente no espera discursos ni excusas: necesita médicos, medicamentos y transporte para ser atendida. La comunidad percibe que, mientras el gobierno de Gustavo Petro se enreda en debates políticos, en Caldas se mueren personas que pudieron recibir atención a tiempo.

El costo humano de la crisis hospitalaria

Vidas en suspenso en La Dorada

En La Dorada, conseguir una cita médica se convirtió en una carrera contra el tiempo. Los usuarios relatan que deben esperar semanas para un médico general y meses para un especialista, a pesar de que la norma exige plazos de tres y cinco días. Cada retraso aumenta el riesgo de complicaciones, y muchas veces las enfermedades se agravan hasta volverse irreversibles.

Medicamentos incompletos y tratamientos interrumpidos

La carta enviada al gobernador describe cómo, de los cuatro o cinco fármacos recetados, los dispensarios entregan solo dos o tres. Lo que falta debe pagarse del bolsillo de cada familia o simplemente se deja de tomar. Ese vacío en los tratamientos ha conducido a recaídas y fallecimientos que los usuarios consideran evitables.

El “paseo de la muerte” en Caldas

Cuando los pacientes son remitidos a otras ciudades, la situación se agrava. Las EPS no reconocen el transporte del enfermo ni del acompañante, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordena. Quienes no tienen recursos deben aplazar o renunciar a la atención, lo que convierte el traslado en un nuevo “paseo de la muerte” para los habitantes de La Dorada y el Magdalena Medio.

Un hospital sin oxígeno financiero

Mientras tanto, el Hospital San Félix, que debería ser el soporte del oriente de Caldas, sobrevive con una deuda que supera los 40 mil millones de pesos. La institución cerró servicios en varias áreas y funciona en estado de precariedad, lo que pone en riesgo a los cerca de 500 mil habitantes que dependen de él.

Radiografía del desorden nacional

La crisis de la salud en Caldas es una radiografía del desorden nacional. La intervención de la Nueva EPS no ha mejorado la situación, y los hospitales están al borde del colapso. Los usuarios del San Félix, respaldados por cientos de firmas y movilizaciones, han dicho basta. El llamado es directo al gobernador y al Gobierno nacional: actuar ya o asumir la responsabilidad por cada vida perdida en este laberinto hospitalario.

El gobierno nacional radicó el proyecto de ley de financiamiento 2025, conocido como la nueva reforma tributaria, presentada bajo la promesa de fortalecer las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad fiscal, propuesta que se vende como un ajuste técnico inevitable.

 Al examinar su contenido y efectos inmediatos, más que un avance hacia la equidad será un aumento del costo de vida de millones de hogares y una directa afectación del poder adquisitivo de los colombianos.

La reforma introduce cambios significativos en la tributación de combustibles, elemento esencial del sistema económico y social del país. A partir de 2026, la gasolina y el diésel empezarán a pagar IVA, 10% en un inicio, para luego escalar hasta la tarifa general del 19%— y un nuevo impuesto al carbono que se suma por galón consumido. Traducido en números, esto significa que el precio de la gasolina subiría en promedio $1.430 por galón en 2026 y $2.371 en 2027, mientras que el ACPM aumentaría $1.003 en 2026 y más de $1.400 en 2028. Dichos incrementos representan entre un 9% y un 15% adicional sobre los valores actuales publicados por la CREG.

Desigualdad disfrazada de Equidad

Más allá de lo técnico, el efecto político y social es evidente, esto porque los combustibles son el corazón del transporte masivo y de carga, de la movilidad de trabajadores y estudiantes, y claramente del precio de los alimentos en las plazas de mercado. Un aumento de esta magnitud, de acuerdo con el Banco de la República, se traduce en alzas de entre 1 y 2 puntos porcentuales en la inflación nacional durante los próximos tres años. En un país donde la inflación anual ya bordea el 5%, esta reforma significa que el costo de vida podría escalar a niveles del 6% o 7% sin que los salarios crezcan al mismo ritmo.

El golpe al poder adquisitivo de los colombianos es innegable, esto se puede evidenciar con un salario mínimo de 1,423,500 pesos más auxilio de transporte de 200 mil pesos, por lo que un trabajador que dependa del transporte público o de una moto para movilizarse perderá entre 19 mil y 30 mil pesos mensuales en capacidad de gasto, simplemente por el efecto inflacionario adicional que provocará la reforma. En la práctica, la medida se convierte en un impuesto silencioso que castiga con más dureza a quienes menos tienen, pues los hogares de bajos ingresos suelen destinar una mayor parte de sus recursos a transporte y alimentación.

Para quienes utilizan carro particular, el impacto es aún más visible en el bolsillo: con un consumo promedio de 40 litros mensuales (aprox. 10,6 galones), el aumento estimado de $1.430 por galón en 2026 es un gasto adicional de $15.200 al mes, es decir, cerca de $182.400 al año. En 2027, cuando la gasolina pase a la tarifa general de IVA, el incremento llegaría a $2.371 por galón, lo que representa $25.100 adicionales cada mes o más de $300.000 al año. Sin duda alguna se trata de un costo fijo que recae directamente sobre la clase media trabajadora, que utiliza el carro no como lujo, como lo ha mencionado en varias ocasiones el presidente, sino como herramienta de movilidad y productividad.

De sostenibilidad fiscal ¡Nada!

En la práctica, la medida se convierte en un impuesto silencioso y regresivo que castiga con más dureza a quienes menos tienen, pues los hogares de bajos ingresos destinan una mayor parte de sus recursos a transporte y alimentación, y a su vez deteriora el presupuesto de la clase media que depende del carro para trabajar o sostener a su familia.

Jurídicamente, el proyecto se presenta como un ejercicio de disciplina fiscal y se justifica en la necesidad de cerrar el déficit y cumplir con la regla fiscal, pero en realidad traslada el peso del ajuste a los consumidores finales, mientras posterga una discusión de fondo sobre progresividad tributaria. La equidad, principio rector del sistema tributario según la Constitución, queda en entredicho cuando el recaudo descansa en impuestos al consumo que afectan por igual a ricos y pobres.

La nueva reforma tributaria difícilmente puede leerse como un simple trámite financiero, es una decisión política que prioriza el balance macroeconómico a costa del bienestar cotidiano de la clase media y baja del país. Bajo el lenguaje de “sostenibilidad fiscal”, lo que se esconde es un incremento sustancial en el precio de la gasolina y el diésel que terminará deteriorando la capacidad de compra de todos los colombianos, especialmente de los más vulnerables. Se trata, en últimas, de un golpe al bolsillo disfrazado de disciplina fiscal, una maniobra política que, bajo la máscara de la responsabilidad económica, traslada a la ciudadanía el costo de decisiones estructurales que el Gobierno evita enfrentar. Este panorama desalentador para los colombianos, debe empezar a generar preguntas frente a la discusión de esta reforma tributaria y despertar el mismo sentimiento cuando se intentó la reforma de Carrasquilla. Por otro lado, es innegable que este tema también debe llevar a pensar en la negociación del aumento del salario mínimo que empezará en pocos meses, no se puede negar el aumento del costo de vida y que debe ser el centro de la discusión con el gobierno a finales del año.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el pasado 20 de agosto que acometerá la que calificó como la obra más ambiciosa de su administración, consistente en un complejo deportivo y recreativo que incluye un mar, al que los antioqueños con su característico sentido del humor han empezado a llamar el Mar de Fico y que, de acuerdo a lo expresado por él, tendrá un área de playa comparable con la de Johnny Cay. 

¿En serio, un mar? 

Un amigo con buen sentido del humor comentó que, así como Trump exige que en los mapas el Golfo de México se llame de América, el alcalde de Medellín aspira a que, en los mapas del futuro, empiece a aparecer el Mar de Fico.

Sería el primer mar artificial del planeta. Hasta ahora el ser humano ha podido crear playas artificiales en riberas de mar o de ríos que no las tienen. Se han creado islas en cuerpos de agua dulce e incluso en el mar, tal cual lo han hecho en el deslumbrante y ficticio emirato de Dubái, con grandes obras de ingeniería desde luego; incluso se pueden hacer piscinas con algún tipo de playa y hasta con olas, pero mar, propiamente lo que se llama mar, definitivamente sería el primero en el mundo: el Mar de Fico. 

Tal vez lo más parecido hasta ahora era el Seagai Ocean Dome en la ciudad japonesa de Miyazaki, solo que ese era al nivel del mar y no a los 1.500 MSNM y tenía el verdadero cuerpo de agua salada a tan solo 300 metros de distancia. Pero el muy creativo alcalde de Medellín ha anunciado que lo hará a 220 kilómetros de la playa más cercana en línea recta y de la que nos separa nada más que parte de la cordillera central y toda la occidental. ¡Verdaderamente portentoso! 

Bueno recordar que el tal Seagai Ocean Dome era una enorme piscina con olas y arena, incluso con techo corredizo que se cerraba en el invierno y se abría en el verano. Ese experimento cerró en 2007, fue demolido en 2017 y quedó como un mal recuerdo de la burbuja japonesa de los años 90 del siglo pasado. 

Hay varias playas artificiales en el mundo, pero todas a la orilla del mar, o de playas con arena artificial en piscinas de agua dulce o ríos. Incluso, los holandeses han hecho lo contrario, robarle tierra al mar, el famoso Flevopolder. Mencionemos la playa Larvotto en Montecarlo, en el exclusivo principado de Mónaco, la Playa Soleada, Shanghái, las de Odiaba en Tokio, la creada en Malé, Islas Maldivas, todas a la orilla del mar de verdad, o las playas fluviales como la del Río Sena Paris-Plages en Francia. 

Pero el alcalde nos anuncia que con menos de USD $50 millones, en Medellín tendremos un mar. Por fortuna el alcalde no cuenta con más dinero, pues nos podría ofrecer, no ya el Mar de Fico, sino el Océano Fíquico y ahí si nos fregaríamos todos, pues nos tendríamos que ir a vivir cerca al páramo de Sonsón o al de Belmira. 

¿El Mar de Fico armoniza con alguna de las líneas del Plan Distrital de Desarrollo? 

Aparte de lo chistosa y ridícula que suena la propuesta del Mar de Fico, que a mi juicio no pasa de ser una montañerada, de aquellas que, no sin razón en algunas ocasiones, nos han valido el calificativo de exagerados a nosotros los antioqueños, examinemos si la costosísima piscina con olas y arena, tiene algún asidero en el Plan de Desarrollo Distrital, PDD, carta de navegación de la alcaldía. 

Busqué en cual línea del PDD podría caber, primero en lo que concierne al espacio público, y allí no aparece para nada el Mar de Fico, entre otras cosas, porque si tuviera el propósito de sumar espacio público para la ciudadanía, no agregaría ni un metro  cuadrado más, pues se haría en lo que hoy es ya espacio público. 

El Plan de Desarrollo en ese tema es bastante tacaño en una ciudad que escasamente posee 3,96 M2 de espacio público por habitante. Siendo extremadamente generoso con el cálculo del espacio público que pudiera sumarse con este PDD, escasamente lo subiría a 4,03 M2 por habitante, cuando la recomendación de la OMS es de entre 10 y 15 M2. 

Y si hablamos de escenarios deportivos, que podría ser otra de las líneas en que a la brava podría meter el Mar de Fico, tampoco. Escarbando en el PDD, encontré que lo único que este contempla al respecto es el mantenimiento y rehabilitación de cerca de 500 unidades. Eso quiere decir que nuestro triatlonista alcalde olvidó incluir en su Plan lo que él describe como el mejor escenario del mundo para esa disciplina deportiva. 

¿Y lo único que le falta a Medellín es el mar? 

Esta es la pregunta clave para el alcalde y la ciudadanía. Cualquiera que mire, así sea superficialmente que le falta a Medellín, encontrará, antes que Mar de Fico, existe una lista grande de pendientes con sus habitantes. 

Empecemos por un tema que prácticamente afecta a todos los habitantes de nuestra ciudad: la construcción de vivienda. Esta sí que es una auténtica prioridad, pues si se incentivara en serio, de carambola le pegaría, por un lado, a la gentrificación bárbara, o turistificación como la llaman ahora, que está viviendo La Bella Villa, y por otro, al tema de la adaptación a la crisis climática y a la mitigación de sus efectos, en virtud de que la escasez y encarecimiento de vivienda, obliga a los más pobres de los pobres a asentarse en sitios de altísimo riesgo, con tragedias dolorosas como las que se vivieron en la última temporada invernal. 

Según una investigación sobre la incidencia de la planeación urbana territorial en la producción de vivienda de interés social, elaborada para obtener su grado de maestría en Estudios Urbano-Regionales de la Universidad Nacional, Diego Palacio encontró que entre 2019 y 2023, en Medellín se duplicó la escasez de vivienda. Se llegó a la cifra de 16.000 viviendas faltantes y casi 100.000 hogares con vivienda en condiciones absolutamente inadecuadas. 

En 2019 se elaboró el Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHMED), justo en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, y en él se fijó la meta de reducir ese déficit significativamente para 2030. Estamos a escasos cinco años de que se cumpla ese plazo, y de aquello nada, el déficit, en lugar de reducirse, aumenta. 

El Plan Distrital de Desarrollo vigente fijó la meta de algo así como 1.300 hogares con vivienda nueva y de unos 12.000 mejoramientos de vivienda. Una verdadera burla, que este alcalde, que le propuso a la ciudad en 2019 una reducción significativa de los déficits cuantitativo y cualitativo de vivienda, nos ofrezca en el PDD de su segundo mandato, que buscará, a escasos tres años de la fecha fijada en el PEHMED, reducirlos escasamente un 8% en el cuantitativo y un 12% el cualitativo. Ahora, esto es en el papel, a estas alturas y ya llegando casi a la mitad de su mandato, hay evidencia de que no se ha avanzado mayor cosa en esa paupérrima meta. 

La conclusión es muy evidente: si se llega a materializar el tal Mar de Fico, con esa enorme inversión, lo más que se logrará será el brillo de unas piscinas grandes con arena artificial, sin crecer un milímetro el área de espacio público para la ciudadanía. 

Y lo que es peor, este megalómano proyecto, no solo no está en Plan Distrital de Desarrollo vigente, sino que no apunta a resolver ni de lejos alguna de las principales necesidades de Medellín; es más, podemos decir que los agravaría, pues acentuaría la turistificación que ha disparado los precios de la vivienda y acrecentado los problemas de asentamientos subnormales. 

Dicen que, si piensas mal, es muy posible que aciertes. Sería bueno averiguar quién está detrás de esta absurda idea y qué intereses lo mueven, no vaya a ser que estemos ante una versión desmejorada del tal Central Park de Luis Pérez.