En el Consejo de Ministros, el presidente Petro mostró su rostro neoliberal una vez más. Atribuyó la muerte del niño Kevin Acosta, con hemofilia tipo A, al hecho de que su mamá le permitía montar en bicicleta. “Si un niño hemofílico no se pone, no se le deja subir a la bicicleta [sic], pues tiene menos riesgos”, afirmó. Con eso, Petro asumió el criterio neoliberal de que el autocuidado y el cuidado familiar deben encargarse de la prevención de la enfermedad y la mortalidad.

El cuidado familiar como esencia de la prevención en un sistema de salud es un postulado de la lógica del libre mercado con terribles consecuencias para la población en condición de pobreza: entre menos medicinas se provean y, por tanto, aumente el gasto de bolsillo, reciben menos servicios y tecnologías de salud quienes más lo necesitan. Las reformas neoliberales promueven este tipo de privatización de la salud. Esto se confirma cuando se pretende que una madre de escasos ingresos pague más de $200 millones anuales por los medicamentos de su hijo con hemofilia.

Defensores del gobierno lo excusan diciendo que todavía son las EPS las que autorizan los medicamentos, porque la oposición ha impedido aprobar la reforma petrista que elimina el sistema de aseguramiento. ¿Acaso la Nueva EPS no está controlada por interventores y administradores petristas? ¿Proveer los medicamentos para pacientes como Kevin no debía ser la prioridad del gasto con los billones de pesos que recibe mensualmente la Nueva EPS?

Petro debe ignorar los protocolos de la Federación Mundial de Hemofilia (FMH, 2020), pero su ministro de Salud, como cualquier otro médico competente, sí debe conocer que estas guías establecen que la mejor prevención es la profilaxis, es decir, el acceso a los medicamentos que debía entregarle la Nueva EPS. La profilaxis es el cuidado esencial para “prevenir hemorragias, especialmente la hemorragia intracraneal, que puede ser fatal”. La ciencia médica no deja dudas: la vida de Kevin no dependía de prohibirle las actividades propias de su edad, sino de que la Nueva EPS garantizara la continuidad de su tratamiento, pues “cualquier interrupción en la profilaxis expone al paciente a un riesgo inmediato de muerte”.

En salud pública, el fallecimiento de Kevin es el ejemplo típico de una muerte evitable, atribuible al sistema de salud. Un niño con hemofilia, si recibe sus medicamentos con factores de coagulación, está protegido biológicamente contra hemorragias. Bajo tratamiento, un golpe recibido al caer de una bicicleta se traduce en un hematoma. Al no proporcionar el medicamento, la Nueva EPS le retiró su protección, convirtiendo un juego propio de su edad en un alto riesgo de muerte.

¡Cómo duelen las miles de muertes evitables ocurridas en gobiernos anteriores, como la de Rosa Elvira Cely en 2012, a quien una ambulancia no recogió sino hasta dos horas después de que ella misma la solicitó, estando gravemente herida! Esa ambulancia no la llevó a urgencias del hospital localizado a pocos metros, sino a otro en un sitio distante. También duelen las muertes evitables bajo la administración de Petro, el autoproclamado líder de un sistema de salud denominado “preventivo, predictivo y resolutivo”.

La crisis de la Nueva EPS se agrava bajo control de Petro

La Contraloría advirtió el 9 de septiembre que la Nueva EPS acumula anticipos sin legalizar por más de 15 billones, facturas sin auditar por 22 billones y deudas con hospitales que comprometen la sostenibilidad del sistema. Tres días después, en alocución presidencial, Gustavo Petro insistió en culpar al pasado, pero los datos revelan un deterioro bajo su propia intervención.

Petro eludió responder a los hallazgos que generaron alerta de la Contraloría sobre la crítica situación administrativa y financiera de la Nueva EPS.
El presidente Petro, en su alocución del 12 de septiembre, recalcó que “la Nueva EPS ha tenido, casi desde el primer día, y casi desde su primera afiliación, una historia de robo” y que se ha cometido fraude con la salud del pueblo. No hay duda de que la historia de corrupción en las EPS es larga y que la Fiscalía deberá definir responsabilidades. Pero el punto que no puede pasar desapercibido es otro: los hallazgos más recientes de la Contraloría prueban que el deterioro se ha profundizado durante el año y medio en que la Nueva EPS ha estado bajo intervención del propio gobierno.

Aunque el informe completo de la Contraloría no se ha dado a conocer al público, en su comunicado del 9 de septiembre, el ente de vigilancia describió un panorama alarmante:

• Anticipos pendientes por legalizar: de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y a $15,27 billones en el primer semestre de 2025.
• Facturas sin auditar: 22,7 millones de registros por $22,1 billones, de los cuales 9,1 millones eran repetidas.
• Cuentas por pagar: $21,37 billones a marzo de 2025.
• Reservas técnicas: subestimadas en $11,1 billones.

Estas cifras no se refieren al pasado remoto de la Nueva EPS ni a la herencia de gobiernos anteriores. Son la radiografía de lo ocurrido bajo el control directo del gobierno nacional desde abril de 2024, cuando la Superintendencia de Salud intervino la entidad. Es aquí donde el discurso presidencial evade la realidad: Petro atribuye el desastre exclusivamente al pasado, pero los números muestran que el desgreño administrativo y financiero se disparó durante su propia gestión.

El espejo de los reclamos de los usuarios

Si las cifras contables de la Contraloría ya eran alarmantes, los datos de la Supersalud completan el cuadro. Entre enero y junio de 2024, la Nueva EPS registró 153.425 reclamos en el régimen contributivo. Un año después, en el mismo período, ya en plena intervención, la cifra saltó a 179.666. En el régimen subsidiado ocurrió lo mismo: de 53.110 quejas en 2024 a 64.750 en 2025.

Es decir, mientras el presidente solo mira al pasado como responsable del saqueo, los afiliados viven un presente de mayor frustración. La intervención del gobierno central no redujo las quejas: por el contrario, las disparó.

Esto debería preocupar al gobierno al igual que cualquier balance maquillado en el pasado. Porque no se trata solo de cifras contables sino de ciudadanos que enfrentan demoras en citas, falta de medicamentos y hospitales ahogados por cuentas impagas. Que una EPS bajo control estatal acumule más reclamos que en los años previos, muestra que la crisis de gestión no se ha corregido; se ha agudizado.

La Resolución 70646 y el riesgo fiscal

El 21 de agosto de 2025, la Superintendencia de Salud expidió la Resolución 70646, modificando los estatutos de la Nueva EPS. A primera vista, se trata de un ajuste técnico que flexibiliza las reglas para la emisión y cesión de acciones. En la práctica, es un paso decisivo para que el gobierno pueda convertirse en accionista mayoritario.

Hoy, el Estado controla el 49,9 % de las acciones, mientras que las cajas de compensación suman el 50,1 %. Con la nueva norma, el gobierno podría hacerse con el control mayoritario o total de la Nueva EPS. No parece ser la medida más oportuna en un momento en que, bajo la Superintendencia de Salud, la Nueva EPS se encuentra al borde del abismo administrativo y financiero.

La responsabilidad de resolver la crisis actual de la Nueva EPS es toda de quien gobierna, independientemente de que haya recibido un lastre de las administraciones anteriores. La Resolución abre la puerta a un riesgo fiscal aún mayor al que la entidad está abocada hoy, sin que se haya intentado siquiera resolver primero sus fallas estructurales. La alerta de la Contraloría debe ser atendida y la solución a las barreras de acceso a los servicios de salud que padecen los 11,5 millones de afiliados a la Nueva EPS como consecuencia de los hallazgos reportados en el informe del ente de vigilancia y control debe ser la prioridad.

La reforma como condición y el enigma de las deudas hospitalarias

En su alocución del 12 de septiembre, Petro fue claro: “señores de la comisión séptima del Senado pueden decidir, mientras ustedes deciden las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar”.  La frase no es menor. Significa que, en el fondo, el presidente condiciona la solución de la crisis de la Nueva EPS y de todo el sistema a la aprobación de su reforma de salud, que apenas inicia trámite en la Comisión Séptima del Senado de la República. El problema es que el presidente Petro no tiene asegurada la mayoría de votos en el Senado, y mientras tanto, la crisis sigue impactando a los usuarios. Lo que debería ser una responsabilidad inmediata del Ejecutivo se traslada al terreno incierto del debate legislativo.

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Al mismo tiempo, los números no cuadran. Según la Contraloría, a marzo de 2025 la Nueva EPS acumulaba deudas con hospitales y prestadores por $21,37 billones. Esto ocurre en un contexto en el que la ADRES asegura que gira oportunamente y por giro directo el valor de la UPC. Para este año, con cerca de 11,5 millones de afiliados y una UPC anual fijada en $1.521.489,60 (contributivo) y $1.323.403,20 (subsidiado), la Nueva EPS debería recibir aproximadamente $16 billones.

¿Cómo explicar entonces que, con semejante flujo de recursos, las deudas a hospitales no disminuyen sino que crecen?

Hay dos lecturas posibles: o la gestión de los recursos es tan deficiente que se transforman en anticipos no legalizados y facturas represadas, o existe un manejo opaco que desvía parte de esos giros sin traducirse en pagos efectivos a los prestadores.

En cualquier caso, la conclusión es la misma: los hospitales se asfixian financieramente, carecen de liquidez y se ven obligados a cerrar servicios o dejar de prestarlos a una Nueva EPS que no les paga. Difícil de creer, pero mientras el Ministro de Salud repite una y otra vez que la plata sí alcanza y que los recursos son girados oportunamente desde la ADRES, los pacientes continúan enfrentando barreras de acceso y sufriendo muertes evitables.

Responsabilidad y cuentas claras

Petro insiste una y otra vez en que heredó un sistema saqueado. Esa afirmación tiene algún sustento pero es sesgada, puesto que también hay un legado de 30 años de un sistema de aseguramiento cuya eliminación improvisada, sin que existan condiciones para reemplazarlo, solo traería más problemas. La historia de corrupción en las EPS y demás agentes del sistema de salud es larga y la Fiscalía debe llegar hasta el final. Pero el comunicado de la Contraloría del 9 de septiembre dejó claro algo que no admite excusas: La crisis de la Nueva EPS se ha agravado bajo la intervención del gobierno.

Las cifras de la Nueva EPS son contundentes: anticipos sin legalizar por $15,27 billones a junio de 2025, 22,7 millones de facturas pendientes por $22,1 billones —9,1 millones repetidas—, cuentas por pagar por $21,37 billones y reservas técnicas subestimadas en $11,1 billones. El desproporcionado incremento en estas cifras ocurrió después de abril de 2024, cuando el gobierno asumió el control directo de la Nueva EPS.

La Contraloría resume con precisión su diagnóstico: “La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud”.

La voz de los usuarios no deja dudas: las quejas, como ya se anotó, crecieron tanto en el régimen contributivo (de 153.425 a 179.666) como en el subsidiado (de 53.110 a 64.750) en el último año. La intervención no redujo los reclamos, los aumentó.

Mientras tanto, la Resolución 70646 del 21 de agosto de 2025 flexibiliza los estatutos de la Nueva EPS para que el gobierno adquiera la mayoría accionaria sin haber corregido los problemas estructurales de gestión.

En conclusión, la Contraloría probó que la intervención no ha ordenado la casa. Al contrario, la Nueva EPS en 2025 ha agudizado su crisis financiera, ha multiplicado las barreras de atención en salud a sus afiliados y terminado por profundizar los obstáculos para una solución política a la necesaria reforma a la salud. La Fiscalía deberá perseguir el delito, ayer y hoy. La Contraloría tendrá que activar la responsabilidad fiscal donde haya mérito. Al gobierno, antes que imponer su modelo de reforma a la salud a retazos mediante decretos y resoluciones, adelantándose a si el Senado de la República la apruebe tal y como el presidente quiere, le corresponde demostrar con hechos que puede frenar la hemorragia financiera y administrativa. País que respeta su sistema de salud no posterga el llamado a responder a incendios: primero los apaga.