El Banco de la República informó que en febrero de 2026 “la deuda pública de Colombia llegó al máximo histórico, de $1238 billones, equivalente al 62,9 % del PIB proyectado para este año. La deuda externa ha repuntado a unos $364 billones (cerca del 19,7 % del PIB), mientras que el total al cierre de 2025 fue de US$246.801 millones”. Para el 2026, el servicio de la deuda pública (intereses y amortizaciones) se proyecta entre $99 a $102 billones, que será una parte significativa del Presupuesto General de la Nación (PGN) de $557 billones. Los intereses de la deuda pública representan por sí solos cerca del 19,5 % del gasto total del Gobierno Nacional Central. 

Lo anterior indica que, si se va a pagar toda la deuda, Colombia debe destinar $63 de cada $100 que produce, o, siguiendo los acuerdos de pagos, del PGN de 2026, casi el 20 % estaría obligatoriamente designado a la amortización de esa deuda, que se vuelve “eterna”. En síntesis, Colombia produce para pagar deuda pública y allí encontramos la primera traba para el desarrollo y progreso nacional, tema que se ha profundizado con el Gobierno de Gustavo Petro, ya que, según el Banco de la República, “al revisar su evolución desde agosto de 2022, cuando asumió Petro, se ve que el endeudamiento se ha incrementado en más de $433 billones”, creciendo la friolera del 34,97 %, con tasa de interés hasta del 12 % anual.

Colombia es convertida en un cliente riesgoso al que le incrementan las tasas de interés y los banqueros son los grandes beneficiados del Gobierno de Petro y Cepeda: “Debería recibir un premio de los capitalistas colombianos. Los hemos vuelto más ricos”, escribió el mandatario en X. Hoy el país tiene más dificultades para “honrar los pagos de esa deuda eterna”, lo que implica que el Gobierno deje de atender las necesidades de la población, eliminando todo tipo de subsidios y descargando esas obligaciones en las vacías arcas de los Gobiernos Territoriales, a los que apremia a usar la receta del Banco Mundial de ampliar las fuentes de generación de más impuestos locales.

El Catastro Multipropósito lo impulsa el Banco Mundial, quien brinda la asistencia técnica con un préstamo de US$100 millones y exige que se consolide como política pública para modernizar la tenencia de la tierra, lo que el presidente Petro reduce a una lucha contra los terratenientes. Con esa justificación engañosa lo regula en su Plan Nacional de Desarrollo –Ley 2294 de 2023–, desde el artículo 43 y subsiguientes, en: financiación de las regiones, gestión catastral, la política catastral, ejecución del impuesto y reducción del rezago de dicho impuesto. Con base en ello, el director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda –que según la revista Semana del 22 de septiembre de 2022, fue vinculado por el Gobierno Petro dejando anomalías en la actualización catastral de Soacha–, dictó la Resolución 2057 de 2025, que reajusta “a partir del 1 de enero de 2026, los avalúos catastrales rurales en 527 municipios de Colombia, para predios formados antes de 2018”, en cuyo artículo 2 establece unas tablas de incremento absolutamente exorbitantes.

La Resolución cobija a 28 departamentos, incluidos los de la Costa Caribe, en donde hay municipios con incrementos que van desde el 1000 % hasta, en un caso, ¡incluso superior al 2.500.000 %! ¡El Gobierno de Petro y Cepeda empobrece a millones de pequeños y medianos propietarios!

Cuán errados estaban los que creyeron en promesas de “encantadores de serpientes”. En la “Colombia potencia mundial de la vida” se conjugaba uno de los principales anhelos de una población hastiada de la violencia, las masacres, los asesinatos de líderes y callejeros; amén de los atracos, robos, accidentes de tránsito y una larga lista de hechos que convierten a este país en una “potencia mundial de la muerte”. En las penumbras del Gobierno del Cambio de Petro, en materia de seguridad, su ciclo se convirtió en un rotundo fracaso, como lo ha reconocido su ministro del Interior, Armando Benedetti, con su ¡Paz Total! Solo demagogia y populismo, es lo que dicen las cifras.

El 27 del pasado mes de febrero el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que hubo 14.780 homicidios en Colombia durante 2025, lo que representa un aumento significativo y un promedio de 41 casos diarios, consolidándose como uno de los años más violentos. Esta cifra supera en 1054 casos los reportes del Ministerio de Defensa, evidenciando un desfase del 7,68 % en el registro de muertes violentas, una especie de manipulación de la realidad. Agrega el informe que los homicidios representaron el 48 % de todas las lesiones fatales de causa externa en el país. Lo más grave es que al 29 de marzo de 2026 iban 35 masacres con 133 asesinatos, extendidas en 34 municipios de 17 departamentos del país, con lo cual la inseguridad progresa y en general la población se encuentra indefensa ante los asesinos que pululan.

En Colombia se volvió una “Profesión Peligro” ser líder social, dirigente sindical o defensor de Derechos Humanos. Miles de estos activistas pusieron la esperanza en que el autodenominado de izquierda, Gustavo Petro, como presidente contendría el baño de sangre en este país. Debe quedar claro que Petro de izquierda no tiene nada y su Gobierno del Cambio tampoco lo es, así lo conformen algunos izquierdistas vergonzantes, que junto a su jefe “le vendieron el alma al diablo”, sin chistar, tal como lo afirmó Gustavo Bolívar. Por eso los activistas siguen siendo asesinados ante la incapacidad y desidia del Gobierno del “Pacto de la Picota”.

Veamos otras pruebas de lo anterior: La ONU presentó el 19 del pasado mes de marzo el informe temático sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos en Colombia (2022 – 2025). “Las personas defensoras se han visto gravemente afectadas por defender los derechos a la vida, a la dignidad, al medio ambiente sano, al territorio, a la tierra, a la libertad de expresión, a la seguridad, o al derecho de la niñez a no ser reclutada por grupos armados no estatales. También las personas que defienden los derechos de la población LGBIQ+, y, en particular, las personas trans que defienden sus derechos sufren grados altos e inaceptables de violencia en su contra… No se ha logrado revertir la situación”, dice la introducción del informe.

Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, la ONU documentó 410 casos, en 184 municipios de 28 departamentos, de asesinatos de defensores de Derechos Humanos. Por su parte, entre 2022 y 2026 van asesinados 784 líderes sociales y 160 firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana. Lo irónico es que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, guarda silencio cómplice frente a estos hechos: ¡La seguridad ciudadana es la esencia de la vida y de la Paz! 

Este titular corresponde a publicaciones de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS Cartagena, utilizadas para denunciar, incluso desde antes de la intervención del Gobierno, por los pésimos servicios en esa institución. Con la intervención del Gobierno del Pacto Histórico el mal servicio se extendió a otras entidades que medio funcionaban bien y algunas de ellas, como Famisanar, al menos estaban al día con la medicina. Hoy al unísono Nueva EPS, Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud –SOS– y Capresoca, por órdenes de este Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, quien las administra, violentan los derechos a la vida y a la salud, pactando un concierto para negar medicinas y los servicios a estos usuarios, actitud que raya en lo criminal ante el fallecimiento de los pacientes.

¡Qué ironía!, en el Gobierno de la “Colombia, potencia mundial de la vida”, el “paseo de la muerte” se volvió paisaje; no les importa un comino que los “viejos” –como despectivamente el presidente Petro se refiere a los adultos mayores–, madres gestantes, niños y jóvenes agonicen en largas filas exigiendo el reconocimiento de la medicina, una atención médica o un procedimiento. Muertos en las filas de espera, muertos en las salas y muertos en las casas, con las esperanzas perdidas. El Gobierno del Cambio sigue echándole la culpa a las EPS, que son las responsables, pero es que estas son administradas por el propio ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo, y la Superintendencia de Salud. Jaramillo prometió ahogarlas financieramente y liquidarlas. Esa es la razón por la que no las dejan prestar un buen servicio. 

Este plan del Gobierno del Pacto Histórico está elaborado, pues según comunicado de la Casa de Nariño del 16 de este mes: “Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) quebradas, porque el Congreso de la República no aprobó la Reforma a la Salud que incluía un salvavidas a estas empresas. Además, el mandatario fue enfático en decir que el Gobierno nacional no va a pagar la deuda de las EPS que actualmente asciende a 50 billones de pesos”. Las EPS que están en camino a la liquidación son: Famisanar (2,9 millones de afiliados), Coosalud (3,2 millones), Asmet Salud (1,8 millones), Emssanar (1,7 millones), Savia Salud (1,6 millones), SOS (750.000) y Capresoca (170.000). Estos afiliados serán arreados como “reses al matadero” de la Nueva EPS, en donde nada funciona bien, a pesar de haber sido nacionalizada. 

Este plan del Pacto Histórico, que en cuatro años ha visto morir la gente por falta de medicinas y atención en hospitales, debido a que las EPS no les pagan, fue respaldado por su candidato presidencial, que cual títere petrista, dijo ante los periodistas: “Yo respaldo plenamente eso”, para congraciarse con el omnipotente presidente Petro, y defendió la medida, inmerso en el debate nacional por el futuro del sistema de salud en Colombia. Sería más fácil reestructurar esas EPS y combatir el cáncer de la corrupción.

Hay cálculos que indican que solo el régimen contributivo de salud en Colombia recauda más de $50 billones anuales (cifra de 2024), compuesto mayoritariamente por cotizaciones de trabajadores y pensionados. Señores presidente Petro y ministro Jaramillo: ¿Dónde diablos está la plata, puesto que ustedes administran las mayores EPS? Tiene razón la asociación de usuarios: ¡Gente matando gente!

Gran parte de los dirigentes políticos colombianos se convirtieron en sinónimo de corrupción, trampa, demagogia y hasta de filibusteros que llegan al Congreso de la República para entrar “a saco roto” a saquear los recursos públicos. Por eso le “venden el alma al diablo” por una curul. Personajes –hombres y mujeres– que no representan nada ni a nadie terminan dirigiendo los destinos de Colombia.

La excepción es encontrar un congresista estudioso, capacitado, honesto, transparente, incorruptible, coherente con sus convicciones y trabajador. Es raro encontrar estas personas, que son vistos en el Congreso como “bichos raros”. Jorge Robledo, entre los años 2002 y 2022, fue uno de esos especímenes en medio de un establo con todo tipo de animales. En ese período hizo más de 200 debates de control político, presentó cerca de 100 proyectos de ley propios y en coautoría y publicó más de 1500 artículos de coyuntura y análisis. Esta labor lo convirtió en un “personaje” incómodo tanto para la derecha como para la izquierda, quienes se disputan el título de más corruptos.

Robledo, un arquitecto y profesor por más de 20 años de la universidad Nacional, decidió en 2022, habida cuenta de su prestigio, presentarse como precandidato presidencial en una coalición de centro con Sergio Fajardo y Claudia López, por lo cual salió voluntariamente del Senado. Aprovechó ese período sabático para escribir dos libros y continuar publicando artículos en diferentes medios, pero ante la situación internacional y nacional y la falta de control político en el Congreso, decidió volver a presentar su nombre para el Senado en las elecciones del 8 de este mes.

 “El país sabe que he tomado la decisión de hacer parte de una coalición que hemos constituido con Sergio Fajardo y la idea es que mi nombre vuelva a estar como un candidato al Senado… considero que la política se ha degradado mucho en Colombia y una persona, como es mi caso, está en condiciones de contribuirle al país como senador nuevamente… Vuelvo al Senado a defender a Colombia. Lo hago porque ya no se hace control político, creo en este país y sé que puedo seguir aportándole”, publicó Robledo.

 Deben estar de fiestas los corruptos, tanto de derecha como de la autodenominada izquierda, porque a Robledo no le alcanzaron los votos para ser elegido Senador. De alguna parte salió la campaña sucia en contra de su candidatura y no es descartable que sus votos hayan quedado refundidos en el proceso de escrutinios. “…los esfuerzos políticos nos permitieron pasar el umbral y, con el Senado de Jennifer Pedraza, preservarle la personería jurídica a Dignidad & Compromiso… agradezco el gran trabajo de los numerosos voluntarios, los cuales, sin cobrar, pusieron todo su empeño en promover estas candidaturas, en particular, la mía.

Con la misma lógica con la que actuamos, Dignidad & Compromiso seguirá respaldando las candidaturas de Sergio Fajardo y Edna Bonilla a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, sin ganar votos vendiéndole el alma a los diablos de la política tradicional colombiana, como sí lo hizo Petro para ganar la Presidencia, según lo explicó Gustavo Bolívar. Y como también lo han confirmado hasta la saciedad los numerosos escándalos de corrupción de jefes petristas en este Gobierno, así Petro, con su conocido cinismo, intente ocultarlo”, escribió Robledo en mascolombia.com este 13 de marzo. Y en sus redes sociales dijo: “No me voy a retirar de la política. Seguiremos trabajando por el país y ahora el objetivo es claro, sacar adelante la candidatura de Sergio Fajardo”.

¡A todo señor, todo honor!

Los petristas se esfuerzan por posicionar un relato que muestre a su “ídolo” Gustavo Petro como un gran estadista e incluso tratan de hacerle creer a los colombianos que es el mejor presidente de la historia de este país. Además de petristas, son lo bastante masoquistas para negarse a aceptar que el “Gobierno del Cambio” es la continuidad de “los mismos con las mismas”, que implementan un modelo económico neoliberal impuesto por el Consenso de Washington y que las tales “reformas sociales” fueron negociadas con el Congreso de EEUU para continuar beneficiando a las multinacionales y a los potentados, con la consiguiente pauperización de la mayoría de la población, especialmente de las clases media y baja. Para evitar este debate y su responsabilidad en los escándalos de corrupción, la estrategia del Gobierno ha sido extender su burocracia, gastar multimillonarios recursos en eventos públicos de campaña política permanente, cooptar dirigentes y darle migajas a la población, es decir, “pan y circo” que distraiga a la galería, como el ahora “Petro, actor de reparto”.

El jueves 5 de marzo los colombianos conocieron que “Petro se estrenó como actor en una millonaria producción, mientras el país tiene una crisis económica. El presidente fue blanco de críticas”, tituló un artículo del portal Infobae Colombia, que al interior de la nota reveló: “La firma de un contrato cercano a los $15.000 millones para la producción de una película sobre el almirante José Prudencio Padilla –héroe naval de la independencia– desató una fuerte controversia política en Colombia; muchos líderes políticos ‘estallaron’ en contra de la administración gubernamental… Sin embargo, el protagonismo del presidente Gustavo Petro en la película provocó debate, tanto por el monto de la inversión como por su participación como actor en el filme como un militar de la época, con algunas líneas de diálogo. El objetivo del proyecto sería estrenar la película antes de que finalice el mandato del actual presidente”. Esto es el uso de recursos públicos al servicio de fortalecer la imagen de un pésimo presidente.

El debate creció rápidamente, ya que hay centenares de proyectos culturales sin financiación de un Gobierno que solo respalda a quienes simpatizan políticamente con el petrismo; pero también por la multimillonaria inversión, que según el Gobierno sería de dos millones de dólares –más de $7.500 millones–, cuando hay decretada una emergencia económica y cerca de un millón de damnificados por la ola invernal, con la UNGRD que dice no tener recursos para atenderlos. El presidente Petro, como es su costumbre, negó haber ordenado hacer la película: “No, señores de La Silla Vacía, no desinformen. Yo no ordeno hacer películas”, escribió el mandatario. Pero la mentira salió a flote puesto que las redes sociales publicaron un video del 20 de julio de 2025, de RTVC, en el que la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC–, Carina Murcia Yela, dice: “Fue una de las tareas que el señor presidente encomendó que hiciéramos en el Ministerio. Y hoy que veo materializado este sueño, soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y soy una colombiana orgullosa de la historia y de la cultura de mi país… Empezamos el día siguiente de mi posesión como ministra de las TIC”, dijo la ministra Murcia.

No es raro pillar al presidente Petro diciendo una mentira; es mucho más difícil agarrarlo diciendo una verdad, pues es un mitómano compulsivo. Es la personalidad del ídolo de barro al que la historia colocará en su lugar: ¡Petro es un actor “de quinta”!

En varias ocasiones el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha repetido que las Empresas Promotoras de Salud –EPS- se roban los recursos, por lo cual les advirtió que las iba a asfixiar financieramente como un plan para llevarlas a las causales de liquidación y así obligar al Congreso a aprobar la Reforma de la salud. Efectivamente varias de ellas entraron en barrena y el gobierno del Cambio, a través del Superintendente de Salud, nombrado por el presidente Petro, asumió el control y administración de: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS, Emssanar, Capresoca EPS, Coosalud, entre otras, que sumaban más del 50 por ciento de los afiliados especialmente del régimen contributivo.

Con la administración del Gobierno Petro, las EPS en vez de mejorar el servicio, agudizaron las barreras a los usuarios, con postergaciones de procedimientos, exámenes clínicos y la entrega de medicamentos. Las quejas ante la propia Superintendencia –chistoso presentar el reclamo ante el que niega el servicio- se hicieron innumerables y el drama de los enfermos por todo el país exigiendo pendientes de medicinas, ha sido el pan de cada día. Mientras tanto el ministro de Salud, al igual que el Gobierno de Petro, descarga la culpa en los que se robaron la plata, como si no fuera ellos mismos quienes están administrando tales recursos. Este drama también llegó a las IPS –clínicas y hospitales- cuyos trabajadores sufren el retraso de los salarios, a cuya denuncia Jaramillo respondió: “Los ricos también lloran.

El 13 de este mes murió Kevin Arley Acosta Pico, un niño de tan solo 7 años, a quien le dejaron de suministrar un medicamento indispensable que le controlaba una hemofilia; ante la denuncia el presidente Petro y el ministro Jaramillo le echaron la culpa a la madre de Kevin por haberlo dejado golpear montando en una bicicleta. Este ha sido siempre el comportamiento del Gobierno Nacional, buscar culpables en otras partes para no aceptar su incapacidad, insensibilidad e ignominia. Médicos especialistas y científicos refutaron al gobierno y demostraron que el niño Kevin muere por la falta de suministros del medicamento por parte del gobierno Petro, que administra a la Nueva EPS. Kevin se convierte en otra, de miles de víctimas que deja este pésimo sistema de salud. 

Una visión general de IA de Google dice: “No existe una cifra oficial única que consolide cuántas personas mueren específicamente por la falta de medicamentos de las EPS en Colombia. Sin embargo, estudios del Instituto Nacional de Salud (INS) (2010-2019) indicaron que cerca de 364,000 muertes evitables ocurrieron por fallas en el sistema, incluyendo barreras de acceso. Y el Observatorio Nacional de Salud del INS encontró que, antes de la pandemia, el 17% de las muertes en el país podrían haberse evitado con una intervención adecuada del sistema de salud”.

La madre de Kevin Arley explicó las diligencias que hizo ante la Nueva EPS, pero “La única respuesta es que tenía que esperar a que hubiera un nuevo contrato; mientras tanto, a mi niño se le fue yendo la vida”, dijo. Como ella millones de personas desfilan por las EPS y sus dispensarios implorando citas y medicamentos, mientras también se les agosta la vida. Ante esto el presidente Petro dijo: “Mentirosos los que hablan de un caos en la salud”. Por el presidente Petro: ¡Las víctimas son las mentirosas!

Los bonzos son sacerdotes o monjes budistas originarios de Asia Oriental y el nombre es adoptado del japonés bōzu. La visión general de IA de Google describe que el 11 de junio de 1963 en Saigón, Vietnam del Sur, el monje Thich Quang Duc se inmoló rociándose con gasolina y prendiéndose fuego para protestar contra las políticas represivas del gobierno hacia el budismo. De ahí se desprende la expresión a la que muchas personas se hacen merecedoras por su extrema obediencia a una religión, secta, dogma de fe o un “ídolo” político. Muchos de ellos adoran hasta a ídolos de barro, quienes los arrastran de tal manera que les hacen perder el juicio y la razón. El presidente Petro tiene su séquito de bonzos, a los que no les importa sus mentiras y equivocaciones, ni que le haya “vendido el alma al diablo”. Los bonzos sindicales petristas terminaron siendo utilizados para más de lo mismo: corrupción, clientelismo y politiquería.

El 19 de mayo de 2025, Gustavo Bolívar –el mismo que le declaró “amor eterno” al presidente Gustavo Petro en un Consejo de Ministros, cuando fungía como Director del Departamento de Prosperidad Social– dijo que su “ídolo” le “vendió el alma al diablo”. En una entrevista con José Manuel Acevedo, director de noticia RCN, dijo: “Yo lo disculpo que se meta con esta clase política, porque su fin último era sacar unas reformas sociales (…) Eso ya pagó la vendida del alma al diablo, porque es lo que le tocó hacer al presidente, porque su lucha es la justicia social”, afirmó Bolívar, entonces precandidato presidencial; y, sin mencionar nombres, aseguró que hay una clase política enquistada a la que el jefe de Estado se tuvo que unir para ser elegido. En esa coalición gubernamental, politiquera y corrupta, quedaron atrapados los bonzos sindicales petristas, que también le vendieron el alma a ese ídolo de barro, que los compensa con una frondosa burocracia sindical y poder politiquero.

 A cambio, los bonzos sindicales le entregaron a Petro los principios del sindicalismo mundial, que tiene entre sus ejes la independencia, la autonomía y el pluralismo, las principales herramientas para enfrentar a gobiernos y patronos. Está probado que el gobierno de Petro gira alrededor del neoliberalismo, es absolutamente pro-imperialista, continuador del Consenso de Washington y de todas las políticas e imposiciones del Fondo Monetario Internacional y defensor del Tratado de Libre Comercio con EEUU, por lo cual también es causante, junto a los gobiernos anteriores, de la profunda crisis económica, social y política que padecen los colombianos. A los bonzos sindicales solo les interesa “vivir sabroso”.

Con la entrega –en cuerpo y alma– de los bonzos sindicales a Petro, el sindicalismo perdió movilización, defensa de los derechos de los trabajadores y de la población, la autonomía para deliberar y decidir, además de la tolerancia para escuchar a quienes no comparten su petrismo. Los bonzos generaron el más profundo sectarismo y no permiten que todos los sectores que representan a los afiliados de sus organizaciones se puedan expresar a lo interno, como sucedió en los foros de la Central Unitaria de Trabajadores, en la cual solo participa quien aplaude a Petro. Así sucedió con Jorge Robledo y Sergio Fajardo, a quienes les impidieron intervenir, actitud sectaria defendida por una mayoría en su Comité Ejecutivo.

¡Solo la unidad, independencia, autonomía, democracia y pluralismo garantizan la fortaleza del sindicalismo!

Entre las muchas críticas que se le hacen al gobierno del presidente Gustavo Petro, está el haber disparado el presupuesto general de la Nación en contratación de personal, especialmente por Órdenes de Prestación de Servicios –OPS–, que son definidas por la IA de Google como: “acuerdos de naturaleza civil o comercial, no laboral, donde una persona (contratista) se compromete a realizar una labor específica para otra (contratante) por un tiempo determinado. Se caracterizan por la autonomía técnica del contratista, la ausencia de subordinación, y la falta de prestaciones sociales (primas, cesantías)”. Estas hacen parte de las estrategias empleadas por los politiqueros para pagar los favores electorales con recursos del Estado. De hecho, las denuncias indican la existencia de una cuantiosa burocracia en este Gobierno petrista.

Gustavo Petro “se echó la mayoría de los sindicatos al bolsillo” con sus miles de promesas, pero quizás lo que más los movió fue la de acabar con esas OPS impulsando una política de formalización laboral que jamás llegó a las entidades del Estado, ni menos se reglamentó para el sector privado. Las OPS vinculadas al Estado además se caracterizan por no tener en cuenta la preparación académica y la capacidad del empleado; por eso es muy normal encontrar en las entidades del Estado personal sin idoneidad ni preparación académica asumiendo responsabilidades que los sobrepasan.

 Un caso emblemático del Gobierno del Cambio es el de Juliana Guerrero, quien sin terminar estudios superiores e incluso presuntamente “comprando un título universitario”, su cercanía con el presidente Petro la ha llevado a ocupar cargos en la Secretaría de Transparencia, el Ministerio del Interior y el Despacho de la Presidencia. La representante de Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza aseguró que “más de 770 funcionarios vinculados al Gobierno Petro han presentado títulos irregulares de la Fundación San José”. ¿Qué tal que se investigue en el resto de Fundaciones Universitarias, de las cuales muchas son de garaje?

Una investigación de José David Castellanos, experto en gestión pública, publicada por El Colombiano el 30 de enero de 2025 con el título “Feria de contratos: Petro ha duplicado la burocracia antes de elecciones y de la ley de garantías”, indica que “Petro ha aumentado la contratación por servicios en 7000 cargos que suman $19,3 billones… El aumento equivale a casi la mitad de los $16 billones que el Gobierno buscaba recaudar con su más reciente reforma tributaria… De acuerdo con una auditoría independiente, el valor de estos contratos pasó de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025, además que dichos ajustes entre un año y otro representó un aumento de $7,2 billones en apenas tres años”. La investigación analizó más de 105.000 contratos registrados en las plataformas Secop I y Secop II, correspondientes a todos los ministerios y entidades del nivel central.

 Como cualquier politiquero de pacotilla, Gustavo Petro utiliza las necesidades de empleo para obligar a los servidores públicos a que le hagan campaña. Esta burocracia petrista pisotea a personas estudiadas que no encuentran oportunidades y muchas veces les toca migrar. ¡Petro: politiquero: más de lo mismo!

Muchos de quienes conocen al presidente Petro han revelado que tiene la tendencia a obligar a los demás a hacer solo lo que a él “le da la gana”. Son los rasgos egocéntrico e individualista de su personalidad, que han aflorado en su actuar como mandatario de la Nación. El presidente Petro tiene propensión a no acatar –o hacerlo “como le dé la gana”– las determinaciones y fallos de las Instituciones. Para ejecutar esa inconformidad peligrosa siempre recurre al atajo o a la amenaza, como en el caso de la convocatoria de consultas populares o constituyentes, para tratar de imponer su visión. Esto deja al descubierto también su tendencia dictatorial y autocrática.

Según la visión general de la IA de Google, “un autócrata es una persona que ejerce el poder absoluto y supremo en un Estado, gobernando sin restricciones y donde su voluntad es la ley. Se caracteriza por concentrar todo el control político”, y un dictador es “un gobernante que ejerce el poder de manera absoluta, personalista y sin limitaciones jurídicas, apoyándose generalmente en la fuerza, la coacción o el fraude”. Muchas de las actuaciones e incluso investigaciones pendientes que tiene el Gobierno del Cambio encajarían en esas definiciones.

El presidente Petro nunca ha aceptado que el Congreso de la República es una Institución del Estado tan, o quizás más representativa de la democracia, que la figura del presidente; mientras el presidente Petro obtuvo 11.291.986 votos y representa solo la ideología del Pacto Histórico, el Congreso consiguió 18.636.732 y, con todos sus defectos y virtudes, allí están representadas todas las tendencias políticas que tuvieron la oportunidad de obtener curules y son los responsables de dictar las leyes que rigen a los colombianos. Por eso es que la Constitución llama a las dos Instituciones a trabajar en armonía, voluntad que no ha tenido el presidente Petro, quien solo busca imponer su ideología a un Congreso en donde no tiene las mayorías.

El último round entre el Presidente Petro y Congreso tuvo que ver con que el Congreso, el pasado 9 de diciembre de 2025, no aprobó una reforma tributaria con la que el presidente buscaba financiar un Presupuesto General de la Nación del actual ejercicio fiscal que se encuentra desfinanciado. El Gobierno del Cambio, en vez de hacer lo que es lógico, un recorte del gasto o aplazar algunas acciones del Estado, decidió declarar la Emergencia Económica y Social del país, sin haber hechos sobrevivientes, como lo exige la Constitución. Esta “jugadita” la hace mientras las Instituciones del Estado estaban de vacaciones y le permitió decretar su reforma tributaria, cuyos impuestos recaen sobre casi el 90 % de los colombianos –clases media y pobre–, y no solo sobre “megarricos”. Es decir, impone una reforma tributaria que una Institución democrática ya le había negado. Esto es autoritarismo.

Al regreso del período vacacional, la Corte Constitucional asume las demandas y decide suspender sus efectos, mientras toma una determinación de fondo. No es cualquier cosa la que estudia la Corte Constitucional, puesto que detrás está si se defiende el papel del Congreso en la democracia o se permite un régimen aún más presidencialista, en el cuál a cada negativa de este, el presidente acuda a un atajo, llámese Emergencia Económica u otra figura, como la Constituyente.

¡Petro peló el cobre!

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, “sancionó el Decreto 2296 de 2025, que prohíbe, bajo cualquier concepto o finalidad la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico y el cordón amurallado”. El alcalde Turbay ratificó: “En Cartagena nos tomamos en serio toda lucha de hacer valer los derechos de los animales y escuchar el clamor de la mayoría de cartageneros y visitantes, quienes ruegan por esta transición”. En el decreto, “el Distrito ha sido enfático: no habrá espacio para carruajes eléctricos “piratas”. De acuerdo con el Decreto 2258, se ha fijado un tope máximo de 62 carrozas eléctricas, cifra que corresponde al número de coches tradicionales censados. El Distrito es el dueño de los 62 vehículos, de la estación de carga y de los equipos tecnológicos”, dice el comunicado 2023 de la Alcaldía. Aquí inicia un forcejeo entre los Cocheros Tradicionales y la Alcaldía por una transacción financiera en un sector que mueve miles de millones de pesos. Alcalde, ¡cuál es el negocio, socio!

Cartagena tiene una larga y penosa historia de concesiones y privatizaciones que han “legalizado” su despatrimonialización, casi siempre a menos precio. Son emblemáticos los casos como: Puertos de Cartagena, playas, empresas de servicios públicos, Sistema de Transporte Público –Transcaribe–, peajes urbanos en el Corredor de Carga, los parques y plazas históricas, monumentos, etc. Pero también un agresivo proceso de desarraigo, casi que de despojo, a su población nativa, que debido al desarrollo turístico, altos impuestos y costos, se han visto obligados a vender sus edificaciones y territorios en la bahía de Bocagrande, el Centro Histórico, los corregimientos insulares, la Boquilla y la zona Norte; y está en la mira la gran zona suroriental, donde viven cerca de medio millón de personas, la mayoría hacinados en la miseria, pero es estratégica por su posición geográfica, su extensión y estar cubierta de gratificantes fuentes de agua que comunican a la ciénaga de La Virgen con el mar.

El pasado 25 de diciembre Cartagena estaba colmada de personas; turistas y nativos se disputaban un metro cuadrado en el Centro Histórico para caminar. Ahí aún se veían los Coches Tradicionales tirados por caballos que se establecieron en la ciudad como transporte urbano en la época colonial y turístico en el siglo XIX, y eran parte del embrujo de “las callecitas de Cartagena”. Los millones de turistas que visitan “La Heroica” lo hacen por dos razones: su patrimonio histórico y sus tradiciones culturales. Esos caballos cocheros hacían parte del entorno tradicional y cultural que inspiraron a artistas; ciudades como Nueva York, París, Roma, Viena, Praga y Sevilla los conservan, cuidando bien sus caballos, haciendo respetar su cultura y tradiciones. Esa debió ser la ruta de Cartagena.

Cualquier acuerdo entre el alcalde Turbay y los Cocheros Tradicionales para convenir su desplazamiento laboral será solo una parte del inmenso negocio de un alcalde que despoja a los cartageneros de una tradición cultural –a un motor eléctrico no se le canta igual que a un bien cuidado y lindo caballo–. Por eso el alcalde Turbay tiene que aclarar las razones de este despojo, los costos de este negocio, así como el futuro del mismo ¿Estará destinada la operación del negocio a otros beneficiarios? O de seguro: ¡Se abre paso otra concesión!