Sobre la privatización del alumbrado público en Soacha y su mal resultado en Colombia

Este artículo pretende analizar la reciente votación del Concejo de Soacha, donde aprobaron la creación de una sociedad de economía mixta (SEM) para el alumbrado público, en la que el 49% de la operación se entregará a capital privado. Una decisión que afectará el bolsillo de los soachunos, por lo tanto se hace necesaria esta investigación para dejar evidencia de la voz de rechazo a la privatización de los servicios públicos, pero ante todo seguir exigiendo que estos sean motor para el desarrollo económico, la generación de riqueza y formen parte de los sectores estratégicos de la nación, como lo señalé en mi artículo anterior «Sin una empresa pública, Soacha no puede reducir las tarifas de aseo»

Demostraremos que la decisión de crear una SEM para el alumbrado público en Soacha, lejos de ser un acto de modernización, es un negocio que tiene implicaciones negativas y que elevará el costo de los servicios públicos. Y, aunque insistan en que una SEM no equivale a una privatización, el precedente de Sociluz y los distintos casos de privatización en el país nos alertan sobre el destino que podría esperar Soacha con esta decisión en el transcurso de los siguientes veinte años.

El negocio de privatización: un préstamo de 49.300 millones de pesos 

Un análisis detallado de la estructura financiera revela un modelo que beneficia de manera desproporcionada al socio privado desde el inicio de la creación de la SEM, donde el punto central de la negociación es la aportación de capital del socio privado. La estructura financiera del proyecto establece que este aportará 49,300 millones de pesos (Como si se tratará de una inversión de capital). Pero, ¿es esta una inversión de riesgo o un crédito con pago garantizado? Aquí la respuesta extraída de su propio estudio de viabilidad que aclara el rol que tendrá el socio privado:

 “el socio privado recibe la remuneración de la inversión, acumulados y actualizados, equivalen a la devolución total de sus $49 mil millones invertidos más una rentabilidad justa, todo dentro del término de la sociedad.”  Proyecto de Acuerdo municipal No 27, Alcaldía de Soacha, Pág. 27 

“(…) el modelo financiero proyectado estima que una porción de los ingresos anuales del impuesto (aprox. $6,96 millones mensuales, según el estudio) será destinada a amortizar el aporte de capital privado, de modo que en 20 años la inversión inicial esté completamente recuperada.” pag 120, CONTRATO DE CONSULTORÍA 3275-2024

“El costo anual de inversión calculado a partir del mes 13, asciende aproximadamente a $7,2 mil millones de pesos, cifra que representa la porción de los ingresos del alumbrado público destinada a retribuir y amortizar el aporte de capital privado.” pag 173, CONTRATO DE CONSULTORÍA 3275-2024 

Esto no es una inversión, sino un mecanismo de financiamiento similar a un préstamo. El municipio y, por extensión, los ciudadanos de Soacha se comprometen a devolver la totalidad del capital aportado junto con una rentabilidad (intereses) durante los 20 años de esta primera negociación. Este detalle crucial fue omitido tanto por el alcalde en sus intervenciones públicas, silenciado por el ponente del proyecto e ignorado por los concejales quienes lo aprobaron sin ofrecer resistencia ni explicarle a la ciudadanía que se estaba adquiriendo una deuda cuyas condiciones de pago, tasas de interés y plazos exactos quedan ocultos y a merced de la negociación con el futuro socio.

El municipio queda en una clara desventaja, pues un socio operador que cuente con la capacidad financiera para desembolsar casi 50.000 millones de pesos, no es algo que se encuentre con una simple licitación pública, dejando por fuera elementos como el “libre mercado” donde la escasez de competidores otorgará poder de negociación extraordinario a los pocos negociantes que tiene Colombia en el alumbrado público, como Remberto Merlano, conocido como el «Zar del alumbrado público”, o La familia de William Vélez, también conocido como el “Zar de las basuras”, quienes están preparados para imponer sus condiciones en este negocio de Soacha. 

Esto contradice al presidente del concejo Carlos Ospina, quien a través de una simplista invitación le pidió a la ciudadanía que «montara su negocito de alumbrado público» para licitar en este multimillonario negocio. Serán entonces el alcalde Julian Sanchez “Perico” y los concejales de Soacha quienes votaron positivo, los máximos responsables de esta equivocada decisión. 

La pérdida del patrimonio convertida en ‘aporte’ del socio operador

Los números son claros y provienen de la propia estructuración del negocio, consiste en el cálculo de su valor de vida útil remanente (70.000 millones de pesos); situación que van a resolver con el préstamo mencionado y que está disfrazado de inversión (49.000 millones de pesos). El resultado será la entrega de ese valioso activo (patrimonio público), más los cerca de 20.000 millones de pesos que hoy están disponibles en las cuentas bancarias de Soacha y que serán usados para incrementar el valor de vida útil de estos activos, pero que no se están teniendo en cuenta en la negociación. 

Entregaremos nuestro patrimonio, su valorización y la modernización $91.000 millones por menos del 1% del valor final; será un negocio donde el socio gana mucho y el municipio pierde mucho. Serán veinte años de amortización de una deuda privada superior al valor de vida útil del patrimonio y al valor del crédito inicial a costa de perder el patrimonio público vigente.

Y… ¿Por qué subirán las tarifas del alumbrado público? 

La respuesta se encuentra en la fórmula que determina los costos máximos con la que se remuneran las actividades del Sistema de Alumbrado Público, definida y establecida por el socio operador privado amparado por el régimen de libertad de precios de acuerdo con las reglas previstas en las Leyes 142 y 143 de 1994, las fórmulas definidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y un entorno oculto de costos y gastos operacionales protegidos por el derecho privado de las empresas.

Esta condición la estamos viviendo con todos los servicios públicos privatizados, donde los costos (suministrado por el operador) se someten a un “(…)régimen de tarifas de libre negociación entre las empresas comercializadoras de energía eléctrica (…)” una práctica que, por experiencia, termina incrementando los valores reales de la operación, maximizando la rentabilidad (ganancias) del operador, trasladado vía tarifa (o impuesto) al usuario final.

Ni el presidente, ni el Alcalde, ni el Concejo, ni la ciudadanía y por supuesto ni usted que está leyendo este artículo, ni yo quien lo escribió, podremos auditar con plenas garantías la estructura de costos que definirán la tarifa final. Por lo tanto, quiero puntualizar elementos del proyecto de Acuerdo, porque aquí es donde se estableció el negocio:

Problema 1. El «socio estratégico»: control total de la operación

El proyecto de Acuerdo denomina al actor privado como «socio estratégico u operador especializado». Esta no es una simple cuestión de semántica. Como se detalla en el estudio técnico del proyecto, este socio ejecutará las actividades operativas y de mantenimiento bajo un esquema de «a todo costo y riesgo». Este socio definirá cuánto cuesta mantener el sistema, comprar insumos, contratar personal y, en última instancia, fijar el precio de su «eficiencia», que en conclusión son elementos importantes de la fórmula tarifaría que define la remuneración final de este servicio.

Por lo tanto, el municipio queda relegado a un rol de supervisión sobre indicadores de desempeño (como la disponibilidad del servicio), pero sin tener el control sobre la estructura de costos que el socio presente.(…) el Estudio Técnico de Referencia desagrega la distribución interna de dicho costo dentro del modelo operativo propuesto, distinguiendo los costos administrativos propios de la nueva sociedad de economía mixta y los costos de operación y mantenimiento a ser contratados con el operador especializado.

En efecto, se prevé que la sociedad de economía mixta asuma directamente ciertos gastos administrativos (personal directivo, arrendamientos, seguros, servicios públicos, gastos legales, etc.) asociados a la gestión del alumbrado público, mientras que las actividades estrictamente operativas y de mantenimiento del sistema serán ejecutadas por el socio operador bajo un esquema de “a todo costo y riesgo” y con indicadores de desempeño (p. ej. niveles de disponibilidad) pactados. (…) (Proyecto de Acuerdo No 27 de 2025, Alcaldía de Soacha) pag 18

Problema 2. El objetivo: la máxima rentabilidad posible

Este modelo no es nuevo y la experiencia previa nos sirve de advertencia. En 2024, en un análisis que realizamos en la USPD sobre empresas de servicios públicos como Urbaser, Intraseo, Veolia, entre otras, demostramos que sus utilidades están por cerca del 30% de sus ingresos. Más revelador aún es el caso de Sociluz, la anterior operadora del alumbrado público de Soacha, que de acuerdo a los análisis realizados de los datos expuestos por la propia alcaldía, esta empresa llegó a tener utilidades cercanas al 40% de sus ingresos durante sus 23 años de operación; demostrando que, durante años, los soachunos podríamos haber pagado tarifas significativamente más bajas si el servicio hubiera sido gestionado con un enfoque de servicio público, en lugar del modelo de privatización que está al servicio de maximizar las ganancias.

Por lo tanto, el Concejo de Soacha ha aprobado un modelo en el que se cede el control total de la operación a un privado, que otorga un préstamo disfrazado de inversión, se le entrega  un patrimonio con un precio inferior al que realmente será y se le permitirá definir los costos que determinarán la tarifa final donde estarán cubiertos bajo el amparo del secreto comercial. La historia y la lógica económica indican que el resultado solo puede ser uno: tarifas impagables para los ciudadanos.

Sobre la privatización del alumbrado público en Soacha y cuál será su resultado

Para dimensionar el verdadero alcance de este acuerdo aprobado por la mayoría del Concejo, en complicidad del alcalde Julián Sánchez “Perico”, es necesario hacer un cálculo aproximado de lo que esto representará en plusvalía para el socio operador privado. La cifra, aunque impactante, es una estimación conservadora. Se le está entregando un negocio cuyo valor total se acerca a los $400.000 millones de pesos en ingresos para este “socio estratégico” (cerca de medio billón de pesos) de la siguiente manera:

• Devolución del préstamo con intereses: El aporte inicial de $49.300 millones no es una inversión de riesgo, sino un crédito que Soacha debe pagar vía tarifa. Considerando una tasa de interés comercial a veinte años, el monto devuelto (capital + intereses) puede multiplicarse varias veces, superando fácilmente los $200.000 o $300.000 millones.
• Utilidades de la operación: Como se demostró, la operación genera utilidades de cerca del 40%. El socio privado recibirá el 49% de estos excedentes. Si se proyectan unas utilidades anuales de $12.000 millones, el socio obtendría casi $6.000 millones cada año, lo que sumaría $120.000 millones a lo largo del contrato sin tener presente los incrementos que se harían cada año.
• El «regalo» del patrimonio: Al socio se le permitirá controlar activos que estarán valorados en $70 mil millones y ser dueño del 49% de la empresa, a cambio de un aporte a capital social, que no representa ni el 1% de ese valor. Es un beneficio patrimonial inmediato y gigantesco.

Nadie en su sano juicio aceptaría un negocio en estos términos. La modernización tecnológica es posible y necesaria, pero el camino elegido es inconveniente para Soacha.

Nuestra propuesta: una empresa 100% pública; un camino descartado a conveniencia de quien presentó el proyecto y de quienes lo votaron

Existía una alternativa lógica y financieramente viable: crear una empresa 100% pública. Los $49.300 millones necesarios para la modernización podrían haberse obtenido mediante un crédito público, el cual se habría pagado con los propios excedentes del 40% que genera el servicio. Esta ruta habría permitido una reducción de tarifas para los ciudadanos por dos vías:

1. Reducción directa: Una vez pagada la deuda (en un plazo estimado de 4 a 5 años), los excedentes podrían haberse usado para bajar directamente las tarifas.
2. Eficiencia tecnológica: La modernización con luminarias LED reduce el consumo de energía, disminuyendo los costos operativos y, por ende, la tarifa final.

En lugar de esto, se optó por un modelo que, según estimaciones, le entregará a un operador privado cerca de $500.000 millones de pesos durante la vida del contrato. La gravedad de esta decisión, que hipoteca el futuro de un servicio esencial, exige una ciudadanía informada, indignada y movilizada contra la privatización que la administración de Julián Sánchez “Perico” y sus concejales aliados le han impuesto a Soacha. Se repite la historia de los mismos de siempre, que pertenecen a los mismos partidos de siempre, tomando decisiones siempre contra la gente, en complicidad con los mismos de siempre.

Si usted viaja de Bogotá a Facatativá en un vehículo de categoría I, seguramente se encontrará en un trancón que le hará perder entre una, dos y hasta tres horas. Deberá pagar por el peaje del Río Bogotá $12.050; esto es, el 25,3 % de un salario mínimo diario, y de regreso una suma igual, en medio de otro trancón. Las tarifas que pagan quienes tienen carro y quienes no son injustamente costosas y se han venido incrementando con las alzas nacionales decretadas por el Gobierno. Si Gustavo Petro quisiera, podría bajarlas.

La vía sobre la que están ubicados los dos peajes conecta uno de los más importantes corredores industriales de Colombia, por donde se mueve una intensa demanda de carga y pasajeros. Pero no solo la vía es insuficiente, sino que está cercada, además, con dos peajes que representan una talanquera para la producción y para la calidad de vida de la gente.

Historia de los dos peajes

Ambos fueron montados en 1998 por el Contrato 0937/1994, suscrito entre el Estado y la concesionaria CCFC S. A. S. El hecho desató inmensas movilizaciones entre la comunidad, dirigidas por el Comité Regional Sabana de Occidente. El contrato se proponía mejorar la vía entre Bogotá y Facatativá-Los Alpes, que no sobrepasa los 38 kilómetros de longitud.

Tal contrato tuvo más de cuarenta modificaciones y ampliaciones, con la obligación, a cargo de la concesionaria, de construir el tercer carril entre Bogotá y Mosquera, la variante a Cartagenita en Facatativá, ciclovías, puentes peatonales, pasaganados, intersecciones a desnivel (Contrato de Concesión 0937/1994, Otrosí 9.º, 17 de diciembre del 2014, cláusula tercera), entre otros. Obras que, en buena medida, no fueron construidas, pero sí cobradas en peajes durante la vigencia de la concesión.

Según datos aportados por la propia CCFC S. A. S., durante los 26 años que el concesionario fue responsable del recaudo de los peajes, la ciudadanía pagó más de un billón y medio de pesos, suma que, si se trae al valor del peso en 2024, supera los 2,5 billones. A contramano, la concesión entregó apenas una vía de dos carriles, donde la gente está condenada a graves trancones diarios, pues, según los mismos datos, si todos los vehículos se organizaran para pasar por el peaje de manera ordenada y repartida, 17 vehículos por minuto atravesarían el peaje del Río Bogotá, y ello sin contar los miles de motos.

La etapa operativa de la concesión finalizó el 27 de marzo de 2024, por lo que el recaudo del peaje, la operación, el mantenimiento y la administración de la vía quedó a cargo del Invías. Se debe señalar, además, que la etapa de liquidación inicialmente pactada se terminó el pasado 27 de marzo y sus resultados no han sido publicados. La gente les sirve a quienes gobiernan —hoy y ayer— como carne de urna y como fuente de recursos. ¡Para nada más!

Es posible y necesario bajar la tarifa

La gente de la Sabana de Occidente, directa o indirectamente, paga hoy tarifas más caras que las vigentes cuando estaba la concesión, pues han sufrido los incrementos nacionales hechos por orden del gobierno de Petro.
Tal situación es sumamente injusta, toda vez que, en el marco de una concesión, los peajes se fijan contractualmente en atención a: I) los costos financieros en que incurre el concesionario para desarrollar el proyecto; II) las inversiones OPEX y CAPEX en que incurrirá el concesionario, y III) la rentabilidad del concesionario.

Como entidad que hace parte del Gobierno nacional y por su naturaleza, el Invías no ha incurrido en ningún costo financiero, no ha hecho ninguna inversión CAPEX a largo plazo y, mucho menos, debe garantizar una rentabilidad, pues esa es la ventaja de que sea una entidad pública. Por ello, lo razonable y coherente con la necesidad de desarrollar económicamente la región es que el Invías solo cobre en los peajes lo que corresponde a lo que ha invertido; es decir, la administración, el mantenimiento y la operación de la vía, suma a la que se le puede agregar un porcentaje pequeño, temporalmente, para completar el pago de las obras venideras.

Tal decisión recae en el presidente de la República, como jefe natural del Ministerio de Transporte —la entidad que define unilateralmente la tarifa de los peajes— y jefe del Invías.

¿En cuánto se beneficiaría la gente?

La reducción de la tarifa generaría enormes beneficios a la Sabana de Occidente en materia de ahorro y en la reducción de los costos de producción de bienes y servicios. También aportaría beneficios a trabajadores, estudiantes y usuarios del transporte público. Y bajaría el precio al consumidor de aquellos productos de consumo que se traen de Bogotá y otros lugares por fuera de la región.

De acuerdo con los valores aportados por CCFC S. A. S., y en virtud de los cuales se concluye que la concesionaria recaudó en 2023 la suma de $135 926 185 900, valor que se tiene como referencia; se presenta el ahorro estimado en la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia de datos entregados por CCFC S.A.S.

Por cada cien pesos que Petro les baje a los peajes del Río Bogotá y El Corzo, la Sabana de Occidente se ahorra más de mil millones de pesos, lo que se refleja en un ahorro individual de $36.500 para quien viaje todos los días a Bogotá y pague la categoría I.

Ni concesiones ni tarifas altas
Los hechos y las cifras permiten concluir: I) que no le fue bien a la Sabana de Occidente con el modelo de concesiones, y la posición correcta es oponernos a que Petro le entregue la vía a una nueva concesión vial o a alguna figura financiera similar para armarle un negociado a un privado; y II) que es posible bajarle a la tarifa del peaje, que depende de Petro hacerlo y que, si no tiene la voluntad política, es a la gente organizada a la que le corresponde obligarlo.

Manos a la obra. Vamos al estudio, la organización y la movilización para evitar una nueva concesión vial y que sigan las tarifas impagables en los peajes.