Norman Alarcón Rodas: La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos es una organización gremial orientada a la defensa de los usuarios de servicios públicos, de carácter amplio, extendida por buena parte del país y que lleva décadas en su actividad.

Surgió después de expedida la Ley 142 de 1994, hace unos treinta años, normativa que dio la partida para la privatización de los servicios públicos domiciliarios de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución de 1991, norma que también ordenó como criterio principal para definir las tarifas de los servicios públicos la tasa de rentabilidad llamada suficiencia financiera, artículo 87.7 de la misma ley 142 de 1994, y que prohibió la existencia hacia adelante de empresas industriales y comerciales del Estado en los servicios públicos, para dejarle el campo abierto a los monopolios privados, nacionales y extranjeros.

L.T: ¿Qué papel desempeñas en la Liga de usuarios de servicios públicos?

N.A.R: Hace unos veinte años me vengo desempeñando como defensor y asesor de los usuarios de los servicios públicos en Barranquilla, el departamento del Atlántico y la Costa Caribe. Actualmente soy el coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la Región Caribe. Hace unos años fui coordinador del Movimiento de Indignados con Electricaribe enfrentando a la multinacional europea Gas Natural Fenosa, propietaria de esta empresa privatizada, durante más de diez años.

L.T: ¿Cómo está organizada la Liga en la costa Caribe?

N.A.R: La Liga Caribe tiene capítulos en cada uno de los siete departamentos, a saber: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. En cada uno de ellos tenemos coordinadores departamentales e impulsamos la construcción de Frentes Amplio de Usuarios con las fuerzas vivas de cada departamento.

L.T: ¿Cuál es el mayor problema por el cual lucha la Liga en la Costa Caribe?

N.A.R: En los últimos años el clamor general de más de once millones de costeños está dirigido contra las más altas tarifas eléctricas del país, producto de un régimen especial tarifario aprobado por el Congreso de la República en 2019, a instancias del gobierno de Iván Duque, en el cual nos cobran los fraudes y los hurtos de energía y las inversiones futuras en forma anticipada en la tarifa, como sucede sólo en la Costa Caribe. Es por ello que las tarifas en esta parte de Colombia están más de un treinta por ciento por encima del Interior del país.

También luchamos por defender el carácter público de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Valledupar, Emdupar, que está en peligro de ser privatizada. Durante mucho tiempo luchamos por recuperar el patrimonio público de la empresa Triple A de Barranquilla, que le brinda el servicio de agua, alcantarillado y aseo a Barranquilla y catorce municipios del Atlántico. Últimamente el distrito de Barranquilla ha logrado recuperar la mayoría accionaria en la Triple A.

L.T: ¿Por qué las tarifas de energía siguen tan altas en la Costa Caribe?

N.A.R: El Gobierno actual del presidente Gustavo Petro se comprometió en la campaña presidencial, de ganar las elecciones, a rebajar las tarifas y echar atrás el oneroso régimen tarifario del servicio eléctrico en el Caribe; sin embargo, llevando más de dos años de su periodo no le ha dado cumplimiento a dicho compromiso. Por eso las tarifas eléctricas continúan impagables, pero también arrecian las luchas y las movilizaciones exigiendo unas tarifas pagables.

L.T: ¿A qué acuerdos ha llegado el Gobierno de Gustavo Petro para bajar las tarifas
en la Costa Caribe?

N.A.R: No ha habido acuerdo de rebajas de las tarifas eléctricas con el actual gobierno, sino todo lo contrario, las tarifas han aumentado por un rubro llamado “opción tarifaria” que son presuntas deudas de los usuarios desde la época de la Pandemia cuando las empresas AIR-E y AFINIA-EPM no habían llegado a la Región Caribe. Sin embargo, el gobierno de Petro aprobó que los usuarios de todo el país pagarán casi cinco billones de pesos por dichas deudas, incluyendo los de la Costa Caribe, con un plazo de hasta diez años pagando un gota a gota mensual.

Sin embargo, la empresa AIR-E se aceleró a cobrar en menos de un año esa deuda, de la cual le corresponden $830.000 millones de pesos, que acabó de cobrarlos con la factura del mes de septiembre de 2024, cuando el presidente Petro se había comprometido en el pasado mes de mayo, en una visita a Barranquilla, que iba a pagar esa opción tarifaria en todo el país. La semana pasada la empresa AIR-E tiró la toalla y le entregó al gobierno la empresa, llevándose un dineral producto de las gabelas obtenidas desde el gobierno de Duque.

L.T: Con respecto a los anuncios de quiebra de la empresa Air-e y la intervención por
parte del gobierno y la posible intervención igualmente de Afinia ¿Que salida propone
la Liga de Usuarios en la Costa Caribe?

N.A.R: En primer lugar, lo más posible es que la empresa AIR-E no se quebró porque desde que llegó en el gobierno de Iván Duque no ha hecho sino recibir prebendas. Por ejemplo, está probado, con documento en mano, que los dueños de esa empresa (Alberto Ríos Velilla figura como uno de los principales accionistas, pero se sabe que también tiene socios del sector financiero asentado en Panamá) pagaron $230.00 millones de pesos por los activos de Electricaribe en Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG evaluó los mismos activos en la Resolución 078 de 2021 en $2.44 billones de pesos, suma que es la base para determinar las tarifas. En ese solo negociado se ganaron más de dos billones de pesos. Además, el Ministerio de Hacienda les entregó otro billón de pesos de garantías a AIR-E y a AFINIA (los vendedores encimándole plata a los compradores) y otros tantos beneficios, como consta en la Resolución 1877 de 2020, firmada por Alberto Carrasquilla como Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Para terminar, Norman Alarcón Rodas nos contó, que el lunes 16 de septiembre se realizó una Audiencia Pública convocada por la CREG en Barranquilla sobre la problemática tarifaria de AIR-E, por una Acción Popular de los Personeros Distritales de Barranquilla y Santa Marta. Allí presentó ponencia a nombre de la Liga de Usuarios con las siguientes propuestas:

• Que el gobierno realice una Auditoría Forense a la empresa AIR-E para examinar de manera exhaustiva los aspectos contables, económicos, y financieros de esa empresa, para poder descubrir todo el entramado de negocios turbios y posible corrupción.

• Una rebaja tarifaría de mínimo $400 el kilovatio hora, descontando la Opción Tarifaría y el Régimen Especial Tarifario para descontar los hurtos y fraudes y las inversiones futuras en forma anticipada.

• Que el Gobierno Nacional mantenga indefinidamente la administración y control de la empresa porque es el único que tiene músculo financiero para comprar la energía que se requiere para los tres departamentos, la operación y mantenimiento, el pago a trabajadores y a proveedores, etc.

• Que se modernice la infraestructura eléctrica obsoleta de la Costa Caribe, que es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano por el abandono de décadas de esta Región tan empobrecida, para lo cual se pueden utilizar recursos de las regalías mineras sin subir las tarifas como lo autoriza una norma del Plan Nacional de Desarrollo.

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En primer lugar, un reconocimiento a los personeros distritales de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edwar Orozco, por hacer posible esta Audiencia Pública.

1. Después que los dueños de AIR-E pusieron pies en polvorosa, dejando una estela de problemas, las más altas tarifas del Sistema Interconectado Nacional SIN, violaciones flagrantes al debido proceso, abusivos cortes del servicio a centenares de miles de familias pobres de los barrios subnormales, además de embolsillarse billones de pesos con lesión enorme al patrimonio público, la Liga Nacional de usuarios propuso que es necesario que las autoridades respectivas realicen una auditoría forense para examinar con lupa toda la situación contable, financiera y económica de dicha empresa y hagan uso de las facultades que los artículos 45 a 52 de la ley 142 de 1994, otorgan a la Superintendencia y a los auditores externos, para vigilar y controlar la viabilidad financiera de la empresa. Así como hicieron las autoridades con Interbolsa, descubriendo el entramado de corrupción que no se hubiera conocido de forma diferente.
2. Apreciamos la designación del ingeniero eléctrico Carlos Diago, quien ha sido un líder entusiasta en defensa de los usuarios del sector eléctrico. Buen viento y buena mar. La prioridad ahora es que el gobierno nacional garantice el servicio eléctrico continuo y de calidad y que mantenga el control y administración de la empresa con fines de liquidación porque la región no toleraría el regreso de semejantes defraudadores del interés público o de prestadores privados de similar condición. El Estado es el único con músculo financiero para acometer la gestión eficiente de los cuantiosos recursos que se requieren, a través del Fondo Empresarial de la Superservicios. Incluso, se puede hacer necesario un crédito puente del Banco de la República para las inversiones requeridas.
3. Se debe descartar la fracasada política de privatización que hizo agua por la experiencia negativa con la española Unión Fenosa en Electricaribe, que dejó la infraestructura obsoleta y una corrupción rampante; y la última de AIR-E que no tiene nombre. Las fuerzas vivas de la Costa no debieron haber dejado debilitar ni liquidar a CORELCA, un patrimonio regional que levantó las redes eléctricas en los siete departamentos del Caribe con una sobretasa en las tarifas.
4. Se requiere una rebaja tarifaria inmediata, dejando de lado el oprobioso régimen tarifario especial contra los costeños (con el que nos cobran los hurtos y fraudes e inversiones futuras anticipadamente) y dejar de cobrar, ipso facto, la llamada opción tarifaria que ya AIR-E nos cobró $715.600 millones de un total de $850.000 millones, la cual el actual gobierno les aprobó con Resolución CREG 101 028 de noviembre pasado, pagadero a diez años, pero AIR-E la cobró aceleradamente, antes de salir corriendo. Además, el gobierno debe derogar la Resolución 400272 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía que le impuso solo a la Costa una sobretasa en el ítem de comercialización del 20%. En esta forma tendríamos una rebaja de la tarifa de alrededor de $400 el kilovatio hora, lo que sería un justo alivio para alrededor de cinco millones de usuarios y sector productivo, lo cual llevaría a una mejora importante del recaudo de la factura eléctrica. El Índice de Pérdidas de Referencia cuando llegó AIR-E era de 28.48% y a julio de 2024 estaba en 27.5%, lo que muestra el fracaso total en este punto crucial (en cuatro años no rebajó ni un punto), que muestra la ineficiencia de la empresa que se la cobran a los usuarios.
5. Es necesario un plan urgente de mejora de la infraestructura eléctrica en la Región Caribe, donde está más del 90% de la informalidad eléctrica del país, lo que demuestra la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con una de las regiones con mayor pobreza monetaria, multidimensional y energética del país. Para este menester, ha venido recabando la Liga de Usuarios, se debe aprovechar la norma que está en el Plan Nacional de Desarrollo que permite utilizar recursos de las regalías mineras para modernizar la infraestructura eléctrica de la Costa, a condición de no subir las tarifas a los usuarios, y se debe utilizar también el fondo Fonenergía, como lo propone el exministro Amilkar Acosta.
6. El gobierno nacional debe pagar los subsidios adeudados a las comercializadoras eléctricas del país, que según Asocodis suman $1.3 billones de pesos, además de cumplir con el pago de la opción tarifaria (como se comprometió el presidente Petro el 7 de mayo pasado en Barranquilla) utilizando el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, sin acudir a la reforma de la ley de financiamiento o tributaria que está tan embolatada. Además de devolverle el pago de la misma opción tarifaria a los usuarios de AIR-E que ya pagaron más del 84% de la misma.
7. En la reforma de la Ley 142 de 1994 es necesario modificar el artículo 87 para que no siga primando el criterio de la “suficiencia financiera” o la más alta rentabilidad para fijar las tarifas en los servicios públicos.
8. Proponemos que las generadoras públicas de la Costa Caribe, como la hidroeléctrica de Urrá (investigada por entes de control por presunta corrupción en la venta de energía) y Gecelca (la que quedó de CORELCA), apoyen a la región con precios pagables de la energía eléctrica; lo mismo que las generadoras privadas, como Tebsa y Termoflores, y Enel que está terminando la granja con energía solar más grande del país en Sabanalarga, Atlántico. Toda esta energía generada en la región tiene menores costos de transmisión lo que debería llevar a una reducción del precio del kilovatio hora. 

Finalmente, hacemos un llamado a la unidad de las fuerzas vivas de la Región Caribe para aunar esfuerzos para sacar adelante estas propuestas en beneficio del interés colectivo.

Norman Alarcón Rodas

Coordinador Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe

Barranquilla, 16 de septiembre de 2024

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