La primera lectura del Proyecto de Ley que acaba de radicar el gobierno en el Congreso de la República ratifica una apreciación que habíamos expresado desde la conformación del primer equipo del Ministerio de Minas del gobierno Petro. Advertimos entonces sobre el sesgo antiminero de esta administración. Pero con el agravante de que esta nueva iniciativa es una sentencia de muerte para la minería colombiana.

Soy partidario de que Colombia aproveche sus recursos naturales mineros, y aquí caben todos los tamaños de la actividad minera, artesanal o mecanizada, pequeña, mediana o grande. Que cada proyecto consulte la relación costo-beneficio, de tal forma que, si los costos ambientales y sociales no son mitigables o son superiores a los beneficios, será razón para no aprobar un proyecto minero, pero si por el contrario son mitigables y los beneficios los superan, debe procederse con él.

La historia reciente da cuenta de una seguidilla de gobiernos dedicados a servir a la gran minería multinacional y por ese conducto, al capital financiero especulativo que está presente detrás de casi toda ella. La expedición de la Ley 685 de 2001 abrió las puertas para privilegiar casi exclusivamente lo que, en su momento, y todavía hoy, llaman de forma rimbombante “minería bien hecha”.

De forma paralela, en este cuarto de siglo los mineros de hecho, denominación que en el siglo pasado se les daba a quienes ejercían la actividad sin título o licencia, han vivido un verdadero viacrucis. De mineros de hecho pasaron a ser ilegales y aceleradamente, la propaganda oficial y la de las propias multinacionales mineras, que los han considerado rivales o competidores, los convirtieron en criminales. De paso, esa propaganda, como en un efecto boomerang, le dio una connotación negativa en la opinión pública a toda la actividad minera.

Los títulos mineros que se han otorgado a manos llenas desde que está vigente el actual Código de Minas se han obtenido sin el reconocimiento de la minería de hecho, presente en los polígonos concedidos, mucho antes incluso de que fueran solicitados. Estos títulos han sido entregados principalmente a multinacionales mineras y a lo que denominan mineras junior, que no son otra cosa que cazadoras de títulos mineros para especular en bolsa.

¿Minería bien hecha o persecución estatal? El dilema de los mineros nacionales

Minería nacional en Colombia denuncia represión, exclusión del estado y falta de formalización que afecta a más de tres millones de mineros.

Desde ese entonces se ha vivido una inclemente persecución y estigmatización, que llegó al paroxismo con el Decreto 2235 de 2013, que, con falsa motivación, se expidió al amparo de la Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Este instrumento autoriza a la fuerza pública a destruir la maquinaria y equipo de los mineros sin título, pretermitiendo los principios constitucionales de debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa.

En campaña el presidente Petro prometió expresamente que iba a formalizar a los mineros ancestrales y tradicionales sin título y que no los iba a perseguir. Desde luego, obtuvo entre ellos una alta votación. La realidad ha sido que el decreto terrorista, como acertadamente lo denominan los mineros nacionales sin título, sigue vigente y se está aplicando con todo rigor.

Ahora, en las postrimerías del gobierno del “cambio”, presentan un Proyecto de Ley que, aunque anuncia demagógicamente que va a formalizar y legalizar, lo que hace es negar los pocos avances que se habían logrado con la Ley 2250 de 2022, aún sin aplicar, además de colocar trabas enormes a todo tipo de minería, incluida la mediana y la grande mecanizada. Una verdadera sentencia de muerte para toda la minería en Colombia. 

A la gran minería le cuelga una serie de obligaciones de ejecutar acciones frente al cambio climático, a la llamada resiliencia de los territorios, que, por no estar especificados claramente, pueden ser instrumentos para el accionar arbitrario de funcionarios de turno. El artículo 23 llega incluso a prohibir expresamente la exploración y explotación de carbón térmico, un absurdo, habida cuenta de que los combustibles fósiles todavía serán utilizados en el mundo, al menos hasta bien entrada la segunda mitad de este siglo y que Colombia tiene enormes reservas de ese tipo de mineral.

El contenido del Proyecto de Ley prueba que pasamos de gobiernos afectos solo a la gran minería multinacional a uno que se declara enemigo de todo tipo de minería, y le dicta sentencia de muerte, veamos.

La primera curiosidad que da cuenta de la verdadera intención del proyecto es que la expresión reconversión productiva se repite 27 veces y la palabra diversificación, 22 veces. Ambas expresiones están ligadas al cambio de la actividad minera por otra no explicada por ningún lado en el proyecto y no se sabe entonces cuál o cuáles serían.

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Cabe entonces una pregunta: ¿Colombia necesita menos mineros de los que hoy ejercen la actividad? Porque si no es así, ¿para qué reconversión y diversificación? Esta es una de las pruebas de que el proyecto es una sentencia de muerte para la minería. 

Una de las batallas que han librado los mineros de subsistencia es que se les permita la utilización de al menos pequeñas motobombas para extraer arenas de los lechos de los ríos, debido a que en las playas adyacentes ha disminuido notoriamente la recarga de oro, o que hay afluentes sin playas, pero con altos contenidos auríferos en sus lechos. El Proyecto de Ley autoriza la utilización de estos pequeños equipos, pero ojo, solamente para retirar el agua. Autoriza el equipo, pero no para lo que lo necesitan los mineros. Como si alguien le dijeran que puede usar la cuchara, pero no para comer. 

Es bastante curioso que se les esté vendiendo a los mineros ancestrales el proyecto como la puerta para la formalización y legalización, cuando deroga expresamente los artículos 4°, 5° y 9° de la Ley 2250 de 2022. 

El artículo 4° de la Ley 2250 ordena que “los mineros que radiquen la solicitud de formalización, estarán cubiertos por la Directiva Permanente 2014 expedida por el Ministerio de Defensa, en la cual se imparten ‘Instrucciones para la lucha contra la minería criminal y la aplicación del Decreto 2235 de 2012’.” Eso lo que significa es que, si el minero no está incurso en procesos por narcotráfico, terrorismo o vinculación con grupos armados ilegales, al solicitar su formalización y ser caracterizado como minero de hecho, la fuerza pública no le puede quemar la maquinaria. Pues bien, el gobierno del cambio, en lugar de aplicar esta prerrogativa que ya está en la ley y reglamentarla debidamente, propone derogarla. 

El 9° de la 2250 ordena la redacción de un Plan Único de Formalización Minera. Este gobierno redactó uno bien farragoso y lleno de barreras, pero al menos hay algo. Pues este gobierno en el PL, en lugar de propender por su fluidez, lo deroga. 

Prohíbe expresamente la cesión de derechos para un minero que logre terminar un proceso de formalización. Es decir, le podría llegar a otorgar un título, pero no le pertenecería, ya que no lo puede negociar o vender. Es como decimos en Antioquia, tener mamá, pero tenerla muerta. 

Crea un Registro Único de Minería Informal (RUMMI), que aplica exclusivamente para minería de pequeña escala. ¿Qué pasará con la de mediana escala, que usa maquinaria amarilla y que hace una sinergia enorme con los mineros artesanales de subsistencia?

La Central Hidroituango y la Ingeniería nacional

Consejo de Estado admite demanda del diputado Luis Peláez contra el nombramiento de Jorge Carrillo en ISA

Proyecto de Ley minera de Gustavo Petro, sentencia a muerte para la minería

Los obstáculos van creciendo a medida que se profundiza más en el análisis del proyecto. El gran clamor, especialmente de comunidades negras, para que se sustraigan áreas de reservas forestales, de las contempladas en la Ley 2° de 1959, especialmente aquellas que ya llevan años dedicadas a la explotación minera y que no tienen la categoría de alto valor ambiental. El clamor, aparentemente se recoge con un mecanismo de sustracción exprés, pero ojo, solo hasta de pequeña escala. Tanto que dicen querer a los negros y los condenan a ser pobres de por vida. 

Para los pequeños y medianos mineros de las esmeraldas, que tanto han luchado por tener un régimen especial, por las características particulares de la gema, solo contempla un artículo que dice que la autoridad minera debe elaborar un PTO diferencial, sin fecha en el calendario. Una burla. 

Pero tal vez el problema más grave del Proyecto de Ley es que prohíbe la actividad minera prácticamente en todo el territorio nacional. Establece las denominadas Zonas Excluidas de la Minería (ZEM), con tal grado de amplitud, que no habrá espacio para desarrollar proyectos mineros prácticamente en ningún predio del territorio nacional. Tal vez esta sea la explicación por la que el proyecto habla tanto de reconversión productiva o diversificación. Ante la sentencia de muerte a la minería colombiana, ¿estarán pensando los funcionarios del gobierno de Petro lo mismo que los del de Santos, en convertir a los mineros en peluqueros o estilistas? Averígüelo Vargas.

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La introducción de la llamada «Tasa Especial de Seguridad y Convivencia» ha desatado una ola de indignación en Antioquia. Esta iniciativa, promovida por el gobernador departamental, busca financiar proyectos de seguridad pública mediante un cobro adicional basado en el consumo eléctrico. Sin embargo, la oposición a la medida no se ha hecho esperar y se extiende desde gremios empresariales hasta organizaciones sociales, pasando incluso por figuras políticas de alto perfil. La controversia surge tanto por la carga económica que impone como por dudas sobre su legalidad.

El costo de la tasa para la seguridad

Según la ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental, la nueva tasa implica un cobro que varía dependiendo del sector: $80 por kilovatio-hora (kw/h) para los hogares, $71 para el comercio y $61 para la industria. Este esquema busca recaudar cerca de 1,1 billones de pesos antes de que termine la actual administración. Sin embargo, detractores de la medida argumentan que la carga es desproporcionada y afecta especialmente a los propietarios de inmuebles alquilados, quienes terminarán pagando por consumos que no les corresponden directamente.

Dudas legales y el papel de EPM

El rechazo también se ha visto alimentado por la postura de Empresas Públicas de Medellín (EPM), cuyo gerente ha sido claro al afirmar que no incluirá este cobro en las facturas de servicios públicos debido a las dudas sobre su legalidad. Esta decisión refuerza la percepción de que la medida no solo es impopular, sino también cuestionable desde un punto de vista jurídico. Mientras tanto, el gobernador insiste en que cuenta con mecanismos para realizar el cobro de manera coactiva.

La desobediencia civil como respuesta

Ante lo que muchos consideran un abuso, Jorge Gómez Gallego, dirigente del Partido Dignidad y Compromiso, ha llamado a la desobediencia civil. Inspirado en figuras históricas como Henry David Thoreau, quien rechazó pagar impuestos injustos en el siglo XIX, Gómez ha declarado su negativa rotunda a pagar la tasa. Además, cita la sentencia T-571 de 2008 de la Corte Constitucional como respaldo a esta acción, enfatizando que la desobediencia civil es un derecho ciudadano cuando se enfrentan «legalidades» percibidas como injustas.

Acciones legales en marcha

El diputado Luis Peláez y otros juristas han interpuesto demandas para frenar la implementación de la tasa antes de que se materialice el cobro. Estas acciones buscan proteger a los ciudadanos de lo que consideran una medida arbitraria y contraria al sentir mayoritario. Sin embargo, el desenlace dependerá de la rapidez con que los tribunales se pronuncien.

Un rechazo unánime

Lo que resulta más sorprendente es la unanimidad en el rechazo a esta medida. Tanto el alcalde de Medellín como sindicatos, gremios empresariales y organizaciones sociales coinciden en que la tasa es inviable y abusiva. Esta situación ha logrado unir a sectores históricamente divididos, creando una oposición colectiva que podría marcar un precedente en la forma en que se responde a decisiones gubernamentales percibidas como perjudiciales.

Una lucha que apenas comienza

La resistencia contra la tasa para la seguridad simboliza algo más grande que un simple rechazo a un cobro. Representa una lucha por la transparencia, la justicia y la protección de los derechos económicos de los antioqueños. Aunque el futuro de esta medida sigue siendo incierto, lo que queda claro es que la población no está dispuesta a aceptar decisiones que impacten negativamente su calidad de vida sin cuestionarlas ni oponerse activamente.

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Luis Eduardo Peláez, diputado por el partido Dignidad y Compromiso, habla de su recorrido político, qué lo inspiró a participar activamente para buscar solución a las necesidades de su municipio, Puerto Berrío, y posteriormente convertirse en el diputado más joven de Antioquia con una larga trayectoria de denuncias sobre la corrupción y con propuestas para el desarrollo industrial y agropecuario del departamento. Su firmeza lo ha llevado a sufrir hostigamientos por parte de los corruptos.

Peláez cuenta con una trayectoria académica que le da credibilidad a sus denuncias, y ha demostrado ser un político serio, comprometido, transparente y de gran reputación. Fue candidato de su partido a la Alcaldía de Medellín en las pasadas elecciones.

Luis Eduardo Peláez lleva tres periodos en la Asamblea denunciando las jugadas de algunos personajes que han pasado por el gobierno del departamento y de Medellín. Ha estado comprometido en las en luchas regionales y municipales, fiel a sus principios y guiado por el lema de que sí es posible hacerlo bien. Logró detener la privatización de Savia Salud, como también la injusta valorización en varias veredas de Antioquia y obligó a,renunciar al gerente de EPM por mentir en su hoja de vida.

Tiene 33 años y es oriundo de Puerto Berrío, un municipio en el Magdalena Medio antioqueño castigado por la violencia y la desigualdad a pesar de ser de las ciudades más importantes del departamento. Es el diputado más joven y el único en oposición al actual gobierno departamental. Fue también destacado opositor de Daniel Quintero. Actualmente, Luis Eduardo Peláez es el copresidente del partido Dignidad y Compromiso. Es abogado de la Universidad de Antioquia, Especialista en Ciencias Penales de la Universidad San Buenaventura y con Estudios avanzados en derecho penal de la Universidad de Camahue, Argentina, y Estudios avanzados en derecho penal de la Universidad del Litoral, Argentina. Además, es Candidato a Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

La Universidad de Antioquia le cambió la vida, dice, y por eso ha salido en defensa de la educación pública y de calidad exigiendo el adecuado financiamiento del Alma Mater. “Si no hubiese sido por el programa de derecho de la Universidad de Antioquia, no hubiese podido ser el diputado que soy, caracterizado por la transparencia”.

La Tribuna lo entrevistó para conocer un poco más de su recorrido y destacar la importancia de que la gente joven se involucre en la agenda política.

LT. ¿Qué le llevó a meterse en la política?

La estatura humana de figuras tan emblemáticas como Carlos Gaviria Díaz, por quien conocí a Jorge Enrique Robledo. Yo estaba en la universidad y empecé a leer sobre temas sociales que comenzaron a ser de mi interés. Soy de Puerto Berrío y allí la política es de gamonales, de politiquería y malas prácticas; y precisamente eso fue lo que me empujó a involucrarme para cambiar el panorama. Desde lo familiar me motivó mucho mi papá, dirigente jubilado de la policía y creador de mi emblema “sí es posible hacerlo bien”. Claro que para mi familia fue un golpe duro verme tan comprometido en este mundo de la izquierda, porque las mismas ideas y propuestas que yo defendía habían llevado a la muerte a varios líderes. Mis padres se preocuparon porque hablar contra el statu quo es peligroso en un contexto como el de mi municipio. Sin embargo, y bajo cualquier pronóstico, mi principal motivación fue querer cambiar las cosas.

LT. ¿Cuándo empezó a meterse de lleno en la política?

Mi primera elección fue al concejo de Puerto Berrío. Yo empezaba a dirigir la campaña de un amigo a esta misma corporación, estamos hablando del 2007, y en medio de todo le propuse ser su gerente de campaña. Empecé a estudiar cifra repartidora, cociente electoral, todas las formas de elegir, y lo primero que me encuentro es que hay sólo cinco candidatos en esta lista y, por lo mismo, le propuse que nos dividiéramos y fuéramos candidatos, porque la mejor forma de tener una lista competitiva es que esté completa y, a su vez todos puedan empujar y llegar al objetivo. Esa vez saqué 16 votos y aunque otros creyeron que fue desmotivante, resultó todo lo contrario, porque aprendí, conocí mucho mejor mi municipio, que lo caminé de norte a sur y, sobre todo, entendí la política real, la de la gente, la de los líderes que gestionan y trabajan por su comunidad. Me volví a lanzar al concejo por petición del partido, puse mi nombre, no hice campaña porque tenía otras obligaciones, pero sólo con el hecho de haber realizado una publicación saqué cien votos, cien personas que ese día se levantaron creyendo que sí era posible una alternativa diferente a la que ofrecían los de siempre.

LT. ¿Cómo llegó a la Asamblea?

Jorge Gómez era el diputado y tenía en peligro su curul, la que representaba la oposición en Antioquia. Entonces muchos decidimos acompañarlo poniendo nuestro nombre y nuestra voluntad para sumar, para impulsar una idea y una forma limpia de actuar en la política. Convencimos a 26 candidatos, algunos que no tenían recorrido, y a partir de esa experiencia aprendimos cómo se hace una campaña, cómo entregar un volante tratando de convencer a la gente de que había una forma diferente de hacer política, cómo diseñar una propuesta metiéndonos de lleno en lo que eso implicaba. Hay una teoría que pusimos en práctica: los mínimos para llegar a los máximos. Nosotros no teníamos plata para hacer una campaña y sabíamos que era difícil, pero leímos a Antioquia, dónde estaban nuestros amigos y las personas que estaban dispuestas a apoyarnos y recibirnos. Repartí mi propuesta en casi la mayoría de municipios del departamento, me quedaba en la casa de quienes me recibían, gestionaba algún almuerzo o transporte, pero para caminar no se necesita plata y para hablar con la gente tampoco. Logramos 6.700 votos después de que alguna vez me dijeron que yo era un relleno. Ahí me convencí de que nadie es un relleno en una lista, porque todos entregan lo mejor de sí mismos para sacar el objetivo adelante. Bueno, en resumen, lo logramos. Yo llego a la asamblea después de que Jorge Gómez renuncia a mitad de periodo. Llegué en el metro y con muchos nervios porque cuando fui asesor en la asamblea, creía que ser diputado era algo casi inalcanzable. Sin embargo, en los primeros días puse un trino, casi que mi primer inicio en la lucha contra la corrupción, que decía “la asamblea se va a dedicar a hacer paquetazos”, porque había como 17 proyectos de ordenanza. Ese trino me convocó a una rueda de prensa al otro día y tuve que aprender a vivir con el miedo, pues claro, a veces siento nervios aún.

LT. ¿Cuál es el gran reto de ser un denunciante acérrimo de la corrupción en Antioquia?

Denunciar la corrupción es de lo más complicado. Cuando llegamos a la asamblea teníamos enfrente al gobernador Luis Pérez y empezamos a hacer investigaciones que nos llevaron a encontrar posibles delitos. Convocamos debates de control político para averiguar dónde estaba la plata, formulamos denuncias con pruebas, testimonios y documentos. ¿Cuál ha sido el gran reto? Lo que la gente no conoce es todo lo que hemos sacrificado: nuestra propia seguridad y la de la familia, tener que estar con escoltas y carro blindado, sacrificar la misma tranquilidad, pero aún así nos propusimos no dejar ganar a los corruptos, acorralarlos y desenmascararlos. Me duele más a veces la incredulidad de la gente sobre si realmente es posible acabar con la corrupción. Es una tarea de largo aliento, pero afortunadamente hay jóvenes que vienen a nuestro lado para dar esa lucha cuando no estemos y eso me da esperanza a lo que quiero: ver un país distinto, un país que no piense que hay que robarse los recursos para salir adelante.

LT. ¿Qué mensaje le dejas a las nuevas generaciones que están dudosas de involucrarse en un oficio tan mal referenciado como la política?

Hay esperanza, hay una posibilidad de cambiar el país y el departamento. Es lo que he visto desde adentro, porque los corruptos son pocos y la gente buena es más. El norte que el país requiere es el de la producción de riqueza, trabajo, salud, y para ello debemos organizarnos. Yo pensaba que no existía posibilidad de que las cosas cambiaran, pero con el paso de los años creo que sí y he visto avances, pero eso requiere que mucha gente buena se meta en política, los y las necesitamos acá ya, de candidatos y candidatas, haciendo preguntas incómodas, participando en los espacios de nuestra sociedad, porque el momento de cambiar este país es ya. Tenemos un buen clima, es propicio, sí es posible hacerlo bien.

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Veamos si hay razón en estas palabras pronunciadas desde el itinerante atril presidencial. En Colombia bien podemos hablar de transición energética con la puesta en operación de la primera gran central de generación hidroeléctrica Guadalupe I, en Antioquia, en septiembre de 1932, hace exactamente 92 años. Pensemos cuántos fogones de leña se apagaron desde aquella fecha y cuántos más se han ido apagando con la entrada sucesiva de nueva energía hidroeléctrica de los demás grandes embalses en distintas regiones del país. Son decenas de miles de hogares que pasaron de la leña a la parrilla de resistencia. Cuántos bosques respiraron, cuántos millones de árboles salvados del hacha y la motosierra por cuenta de la generación hídrica, gracias a los estudios de Ingenieros que apreciaron la virtud propia de nuestro país al contar con las cuencas de tres cordilleras enormes. Esto es transición energética y bien hecha.

La realidad actual de nuestro sistema eléctrico nacional deja ver que la Central Hidroituango nos salvó de un posible racionamiento, pero además, con la entrada en el 2027 de sus otros 1.200 megavatios al sistema interconectado nacional, la Central Hidroituango ayudará a la confiabilidad del servicio, en momentos de tanta incertidumbre. Por eso es razonable que ante el preocupante diagnóstico de los gremios del sector y hasta del propio gerente de Ecopetrol por el agotamiento de las reservas de gas y la prolongación del fenómeno de El Niño, las autoridades de planeación del sector, como la UPME, decidan consolidar la matriz con energía firme, cuyo recurso, el agua, todavía tiene mucho por aportar con el desarrollo de nuevas grandes centrales hidroeléctricas en Colombia.

Ahora, es cierto que no se pueden construir obras públicas sin resolver las afectaciones a las comunidades. Atender a los afectados por obras públicas y en general por las políticas públicas de toda estirpe es lo coherente y democrático. Pero si se trata de escuchar las justas quejas de las comunidades, apliquemos coherencia: ¿Por qué no se ha atendido la reclamación unánime de millones de colombianos afectados por las altas tarifas, quienes durante 25 meses de este mandato presidencial han tenido la paciencia de oír una y otra vez “a mí no me da miedo bajar las tarifas”, mientras el valor total de la factura sigue asustando a todos?

Las Facultades de Ingeniería Eléctrica

Sería aconsejable que el Presidente estudiara la historia de la Central Hidroituango y demás centrales hidroeléctricas en Colombia y comprendiera cómo su desarrollo constructivo, además de importantes obras de infraestructura para la generación eléctrica, nos legó las Facultades de Ingeniería Eléctrica, hoy auténticos centros de formación de profesionales al servicio del país, no solo para las empresas, sino también para la función pública en los Ministerios, la UPME, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, y para la academia y la investigación científica. No es casualidad que las Facultades de Ingeniería Eléctrica hayan surgido precisamente por la época de construcción de nuestras grandes centrales de generación: en 1946 en la Universidad del Valle, en 1947 en la Universidad Industrial de Santander UIS, en 1948 en la Universidad Pontificia Bolivariana UPB de Medellín, en 1950 en la Universidad de Los Andes y en 1959 en la Universidad Nacional de Bogotá. Era una necesidad.

Exaltar a las Facultades de Ingeniería Eléctrica viene muy a propósito por el recién concluido trabajo de taponamiento del túnel de desviación derecho en la Central Hidroituango, siniestrado en 2018, toda una hazaña de nuestros Ingenieros al servicio de EPM en la gigantesca obra, pues como lo dijo el director de la operación: “Teníamos que tapar un túnel al que no podíamos entrar, literalmente trabajábamos a ciegas, yo digo que hicimos ingeniería de braille”. Estudie esto, Presidente, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y usted, a diferencia del Ingeniero de la Central Hidroituango, no tiene que hacer Presidencia de braille.

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La venta de UNE es el último paso de un proceso que viene desde la fusión con Millicom en el 2014, donde se le entregó a la multinacional sueca la mitad de la empresa y el control de la compañía.

“La historia de las telecomunicaciones en Medellín no empezó con Millicom. entre 1995 y 2015 EPM le transfirió 9 billones de pesos. Si mantenemos que el 28% están originados en el sector de telecomunicaciones su aporte ha sido de 2.52 billones de pesos” manifestó Javier Gaviria, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliaros.

La Alcaldía privatizó la empresa sin tener el valor total de las acciones de UNE, los Concejales lo aprobaron sin saber con seguridad a dónde irán los recursos e incluso aceptaron que no podrán responder por las denuncias de una posible masacre laboral al término de la venta.

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