Dos tragedias ocurridas el mismo mes, una el 6 y el 7 de noviembre y la otra el 13, una semana después, conmovieron al mundo y al país. Y es la hora en que aún no se ha hecho un juicio de responsabilidad a los verdaderos culpables de ambas, ni al M19, porque sus dirigentes se niegan a reconocer su desastroso papel en la toma del Palacio de Justicia, ni al presidente Belisario Betancur, porque se continúa atribuyendo la desaparición de Armero solo al fenómeno natural.

Que el presidente Petro siga justificando la acción temeraria del M19 como una “genialidad” de la guerrilla constituye una afrenta a la lucha civilizada y democrática de las fuerzas que propugnan un cambio real de la nación.

Al resumir lo sucedido el 6 y el 7 de noviembre, el candidato al Senado por Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, resaltó, primero: la acción del M-19 fue un acto terrorista, agravado porque sucedió en contra de los más altos magistrados y contra los numerosos empleados. Segundo, los hechos mismos y los análisis señalan que la fuerza pública actuó con exceso de fuerza, conducta ilegal que tampoco debe justificarse. Tercero, a los 40 años de esa masacre, el presidente Gustavo Petro Urrego, por esos días militante del M-19, debe pedirles perdón a los familiares de las víctimas, a la justicia y a todos los colombianos y dejar de embellecer el execrable atentado, que dejó 94 víctimas.

Armero

Cuando todavía no se reponía el país de los fatídicos acontecimientos del Palacio de Justicia, sobrevino la otra tragedia que entristeció y llenó aún más de dolor a la nación entera. Fue la avalancha del volcán Arenas del Nevado del Ruiz, el miércoles 13 de noviembre. No fue por primera vez que sucedía el estallido del volcán. Los registros históricos datan de hace siglos, reseñados por Humboldt, que demuestran los ciclos eruptivos conocidos, el uno, el 12 de marzo de 1595, con avalancha sobre Armero, y la última, en 1845, que causó la muerte de mil seiscientas personas.

Esta vez, tampoco hubo ninguna atención del gobierno nacional para evacuar a la población armerita. No solo no se tuvieron en cuenta las investigaciones recopiladas, sino que también se hizo caso omiso de la inminente explosión del cráter Arenas. Fueron muchos los que llamaron la atención e hicieron alertas tempranas de lo que estaba sucediendo en lo más alto del Nevado del Ruiz, y con mucha antelación hubo suficientes signos de la actividad que se estaba evidenciando y del peligro que se cernía para los pobladores cercanos a los ríos que nacen en el Nevado del Ruiz. Pero nada hicieron las autoridades del orden nacional y departamental, encabezados por el presidente de la República, Belisario Betancur, y el gobernador del Tolima, Eduardo Alzate García. No valieron los llamados de geólogos, meteorólogos, periodistas y organismos internacionales.

La catástrofe y la muerte de 25.000 armeritas y 2.700 en Villamaría y Chinchiná, más los miles de heridos y damnificados, dejan en evidencia la magnitud del desastre que estremeció a toda Colombia y conmocionó al mundo entero.

Otra prueba de los signos de alerta que presentaba el fenómeno natural es que un año antes hubo un pequeño deshielo del casquete del glaciar. Se conoció que desprendió algunas rocas e hizo derrumbes en el cañón del río Lagunilla que se acumularon y se atravesaron en la vereda Cirpe, jurisdicción del municipio del Líbano, materiales que formaron una gigantesca represa de enormes proporciones que a la postre terminó siendo un factor multiplicador para que se produjera el más grande desastre natural ocurrido en la historia del país.

Hemos demostrado que el causante no fue únicamente el fenómeno natural, sino que también en grandes proporciones tuvo responsabilidad la ineptitud, apatía, negligencia e indolencia con la que actuó el gobierno del “Si se puede”. No fueron pocos el clamor y las súplicas que elevaron distintas personalidades pertenecientes a la sociedad de la región, pidiendo acciones inmediatas de ayuda y evacuación de la población ante la grave amenaza. Es conocido el telegrama que enviaron, encabezado por el alcalde Ramón Antonio Rodríguez; el presidente de la Defensa Civil, Ancízar Rivera; el director del Instituto, Carlos Roberto Darwin; el director del museo del municipio; el presidente de la Cruz Roja, Fernando Cervantes; el presidente del Club Rotario, Octavio García, y el personero municipal. En el oficio, el clamor era que el gobierno nacional y el departamental tomaran las medidas necesarias para salvarlos de la inminente tragedia.

El telegrama enviado decía: “Preocupados por la situación del fenómeno natural ocasionado por el volcán Nevado del Ruiz, imprevisible precisar momentos críticos, amenaza población Armerita solo estos momentos. Conlleva aprender próximos peligros como enorme represamiento del río Lagunilla, se formó hace más de 8 meses por invierno que ahora vuelve a repercutir en inminente bomba de tiempo por los problemas volcán Nevado del Ruiz. Alertados por los científicos como lo conoce el gobierno y opinión pública. Razón suficiente hace pedido al gobierno nacional urgente atención para fenómenos río Lagunilla. Posible desastre en la población, siendo hoy de incalculables proporciones por la superpoblación actual de la ciudad. Agradecemos la atención a este SOS de la ciudadanía Armerita.”

Para que no se pierda la memoria, es importante recabar otras advertencias reseñadas en una de las crónicas que el periodista Germán Santamaría, del diario El Tiempo, publicara el 24 de noviembre de 1985, en que recuerda las advertencias que les hicieron a las autoridades y que fueron premonitorias de lo que iba a ocurrir. Volvió a recalcar lo dicho por el alcalde Ramón Antonio Rodríguez, quien afirmó: “Es que aquí, a unos 15 km de Armero, se represó hace más de 6 meses el río, y si explota el Nevado del Ruiz, como dicen, entonces Armero va a poner los muertos, porque la avalancha del deshielo rompe la represa y nos destruye a todos.” Señaló que detrás de esas gigantescas rocas y derrumbes se formaba un embalse de aproximadamente 50 metros de ancho, cerca de 900 metros de largo, y no se sabrá jamás cuántos metros de profundidad. Agregó el alcalde que la avalancha de las aguas reventaría la represa, donde se hallaban almacenados aproximadamente un millón de metros cúbicos de agua. El resultado de no haber atendido el clamor y haber actuado con desprecio por la vida de los más de 35.000 habitantes de Armero fue que ocurrió lo advertido sabiamente por el alcalde y demás ciudadanos.

Contra los gobernantes de la época, liderados por Belisario Betancur, el juicio de responsabilidades sigue soslayándose y se recurre al tapen-tapen para mostrar como única causa el fenómeno natural. Al alcalde lo trataron de loco y alarmista. Se burlaban cada vez que llegaban con más alertas y solicitudes de atención. Perdió la batalla, como perdieron la vida 25.000 compatriotas de Armero, y fue destruida la ciudad blanca, que tenía una de las economías más prósperas del norte del Tolima y del Magdalena Medio. Su desarrollo se sustentaba en la agroindustria, en los cultivos de algodón, arroz, maíz, maní y sorgo. Fue un pueblo de importancia impresionante. Francisco Mosquera, en sus certeros análisis, llegó a decir: “Alrededor de Armero giraba la economía regional y buena parte de la del Tolima.”

Con estas enseñanzas nos queda es trabajar incansablemente por hacer claridad a las falencias de la nación, para quitarle el ropaje y la careta del falso cambio al que hoy habita como inquilino del Palacio de Nariño, Gustavo Petro, un gobierno que es lo más parecido a los de antes, a los que por décadas le hicieron tanto daño al interés de la nación, a los mismos con las mismas. Un presidente que engaña, pues por la mañana posa de nacionalista y antiimperialista, y por la tarde o en la noche se reúne, concilia y acuerda con los funcionarios y emisarios estadounidenses para continuar mancillando la soberanía y el honor de Colombia. Con su falso y engañoso ambientalismo debilita y marchita la principal empresa estatal, Ecopetrol; se dispone a acabar con las conquistas de los educadores, el FOMAC; permite horadar el suelo colombiano con la presencia de bases gringas en Gorgona, Amazonas y otros lugares de la geografía patria y profundizó el viacrucis de los usuarios y pacientes de la salud, más un largo etcétera de pésimas ejecutorias.

En recuerdo de las víctimas, se demanda a los continuadores de su causa que prestemos nuestros esfuerzos con todo entusiasmo para fortalecer aún más a Dignidad y Compromiso y a la coalición Ahora Colombia, que conduzcan a tener nuevamente en el Senado de la República a Jorge Enrique Robledo y a llevar a la presidencia de la nación a Sergio Fajardo.

Dos apuntes finales: digamos con Francisco Mosquera y con Alfonso Calderón, Sandra White, Luis Eduardo Fuentes, Carmenza Piñeros, Jairo Ramírez y Flor Moreno “que con certeza, continuaremos amando lo que amaron, odiando lo que odiaron, luchando por lo que lucharon. No les decimos adiós, sino hasta siempre. Nadie es más respetable que quien respalda sus ideas con sus actos. No nos preguntamos cuánto nos falta todavía; aprenderemos de nuestros mártires que, si bien no contemplaron el triunfo, lo han hecho factible con su ejemplo”.

Memoria eterna.

El presidente Gustavo Petro presentó al Congreso una nueva consulta popular con cuatro preguntas sobre salud. El objetivo no es mejorar el sistema, sino legitimar su modelo preventivo y desmantelar las EPS. La propuesta aplaza soluciones urgentes, utiliza recursos públicos con fines políticos y carece de condiciones reales para su implementación. Se trata de preguntas cargadas de demagogia, ya que, incluso si fueran aprobadas, no hay garantía de que el Gobierno pueda resolver los problemas que promete abordar.

 Detrás de esas cuatro preguntas, Petro plantea una reforma radical del modelo de aseguramiento social en salud, que incluye, entre otros, los siguientes puntos:

• Política farmacéutica: regulación de precios, compra y producción de medicamentos.
• Desmonte del sistema de salud vigente, eliminación del aseguramiento (EPS) y creación de un pagador único.
• Modelo de Atención Primaria en Salud: programas de prevención y promoción, articulación de los distintos niveles de atención, conformación de redes de prestadores y organización de los servicios.
• Formalización laboral de los trabajadores del sector salud.

 Lo más grave es que las cuatro preguntas se utilizan para reafirmar la equivocada posición del Gobierno, según la cual la única solución a la tragedia que viven a diario pacientes y usuarios en medio de la crisis del sistema de salud es una reforma que establezca el modelo preventivo del presidente Petro. Planteadas de esta forma, las preguntas postergan medidas urgentes, como la corrección de la ineficiencia en la prestación de servicios por parte de las EPS intervenidas por el mismo Gobierno.

Sólo promesas sobre medicamentos y política farmacéutica

La primera pregunta pretende hacer creer al pueblo que, con un simple “sí” como respuesta, el Gobierno va a comprar o producir “los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes”.

 Es demagogia crear esa expectativa cuando, luego de dos años y nueve meses del gobierno del cambio, “la entrega completa y oportuna” de medicamentos es mucho peor que en las administraciones anteriores. Y cuando el ministro de Salud dilata la implementación de los mecanismos ordenados en recientes autos de la Corte Constitucional, orientados a fortalecer la capacidad de compra de tecnologías y servicios en el sistema.

 Desde distintos sectores, esta pregunta fue criticada de inmediato por ignorar la política farmacéutica vigente, la cual —según expertos— contiene herramientas para enfrentar, en primera instancia, la crisis actual en la entrega de medicamentos.

 Para ampliar la producción nacional, se necesitaría invertir en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), un sector que el Gobierno tiene totalmente desfinanciado. El presupuesto para CTI disminuyó un 30 % en términos reales entre 2023 y 2025. Este año, apenas representa el 0,06 % del Presupuesto General de la Nación: el nivel más bajo en los últimos 20 años.

 Si el objetivo es incrementar la producción de medicamentos genéricos, lo primero sería superar las barreras impuestas a la industria farmacéutica nacional por el capítulo 16 sobre propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un tratado que Petro prometió renegociar, pero que su gobierno se ha limitado a revisar superficialmente, sin resultados concretos.

 Si realmente se quisiera avanzar hacia la soberanía farmacéutica que en síntesis consiste en no depender de la importación de productos farmacéuticos, soberanía que proclama Petro, ya se habrían introducido cambios sustanciales en el INVIMA, con el fin de ofrecer garantías reales a la industria farmacéutica nacional.

 Tan alejada de la realidad está la pregunta sobre medicamentos en la consulta de Petro, que su gobierno no se ha pronunciado sobre las nuevas barreras que imponen las órdenes ejecutivas recientes del expresidente Trump, dirigidas a reducir los precios de los medicamentos dentro de Estados Unidos, a costa de que las trasnacionales los encarezcan aún más en países como Colombia.

 Urge renegociar o revisar a fondo el TLC, fortalecer la capacidad instalada de las más de cien plantas farmacéuticas existentes en el país y, además, ir mucho más allá de simples convenios marco o cartas de intención entre el Gobierno y proyectos como VaxThera, en Antioquia, y Bogotá Bio.

Una reforma para eliminar las EPS sin respaldo político

La segunda pregunta sobre salud incluida en la consulta popular inquiere si se está de acuerdo con eliminar la intermediación financiera de las EPS y si la ADRES debe convertirse en la agencia estatal encargada de pagar a hospitales y clínicas.

 La exministra Carolina Corcho ha sostenido la tesis de que las EPS son simples intermediarias de los recursos públicos destinados a la salud, y que no son propiamente aseguradoras. Sin embargo, en esta pregunta, el Gobierno propone que las EPS transfieran a la ADRES la función de compra de servicios de salud, una función que es propia del aseguramiento.

 Es decir, que se pase de un sistema con múltiples pagadores —donde cada EPS actúa como tal— a un modelo con un único pagador: la ADRES. Una contradicción que sólo puede existir en el imaginario de un Gobierno que, por conveniencia política, se ha negado a reconocer que, en Colombia, con la Ley 100, se introdujo el modelo internacional de aseguramiento en salud.

 Esa negación de las EPS como aseguradoras, era conveniente para que Petro se aliara, al inicio de su mandato, con el principal promotor de la Ley 100, César Gaviria, y nombrar como ministro al principal defensor de las aseguradoras en el país, el doctor Alejandro Gaviria.

 Una reforma que elimine el aseguramiento del sistema de salud exige condiciones políticas para aprobarse y ser viable. Así lo demuestra la historia de las reformas en salud en el mundo. Fue así como se creó, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra en 1948, sin aseguradoras, o como, tras años de disputa política, se adoptó en los Países Bajos, en 2006, un modelo de aseguramiento similar al de la Ley 100.

 La pregunta sobre la eliminación de las EPS representa un punto máximo de radicalización del discurso del gobierno en contra de la industria del aseguramiento en salud. Con ella, lo único que han logrado Petro y su ministro de salud es galvanizar un frente amplio del conjunto de los actores del sistema y de los gremios y partidos políticos que los representan.

 Un frente con objetivos justos, el principal de ellos: la salud de los colombianos, pero en el que se corre el riesgo que sean las mismas políticas que dieron origen a la Ley 100 y sus inequidades en salud, sean las que predominen.

La Atención Primaria en Salud de Petro es la misma del Banco Mundial y el BID

La tercera pregunta busca que la ciudadanía se pronuncie a favor del modelo de salud preventivo y predictivo lanzado por Petro en Aracataca, el 3 de noviembre de 2022, cuyo eje central es la política de Atención Primaria en Salud (APS).

Si bien hay un debate pendiente sobre qué tipo de APS conviene al país, formulada en términos generales, nadie en el sector salud se opone ni a la APS ni a la prevención.

Aunque el introducir la APS se presenta como una gran innovación y hasta como una medida revolucionaria del gobierno actual, lo cierto es que Petro y sus ministros de Salud han adherido a la legislación ya vigente sobre APS y a las políticas internacionales definidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2007, en lo que se denomina “APS renovada”.

Desde sus inicios, el Gobierno ha contratado los equipos territoriales de salud con base en el marco jurídico de la Ley 1438 de 2011, cuyo articulado presenta tantas similitudes con la propuesta de reforma de Petro que, según expertos en salud pública como el Dr. Jorge Hernández, no se necesita una nueva reforma para consolidar la atención primaria en el sistema de salud.

La “APS renovada” es una versión revisada de la Atención Primaria lanzada en la conferencia de Alma-Ata en 1978, que, con la llegada del neoliberalismo, fue modificada para adaptarse a la economía dependiente y atrasada de los países del Tercer Mundo.

Lo esencial de esta renovación es que la APS debe integrarse a los sistemas de aseguramiento en salud vigentes en cada país. Esto explica por qué la Ley 1438 de 2011 introdujo la APS en Colombia bajo la tutela de las EPS, y la inclusión de la APS en los planes decenales de salud pública y en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Petro, en realidad, ha dado continuidad —y mayor visibilidad— al modelo de Atención Primaria promovido por la OPS y adoptado por gobiernos anteriores. Al mismo tiempo, mantiene un doble discurso: por un lado, denigra de las EPS y del sistema de aseguramiento en salud, y por el otro, se alinea con las políticas de la nueva alianza entre la OPS, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creada para fortalecer los sistemas de salud de aseguramiento en América Latina mediante la atención primaria.

Dos préstamos recientes al Gobierno de Colombia evidencian que Petro no se diferencia sustancialmente de los gobiernos anteriores en el diseño e implementación de políticas de salud financiadas por la banca internacional. El primero, del Banco Mundial (préstamo No. 1805349), por 304,5 millones de dólares, se hizo público, el 21 de marzo de 2023. El segundo, del BID (préstamo No. 5853/OC-CO), por 150 millones de dólares, se firmó el 8 de octubre de 2024.

Estos préstamos tienen como objetivo fortalecer la resiliencia y la capacidad del sistema de salud actual, con sus EPS y demás componentes, consolidarlo y mejorar el acceso efectivo a los servicios. También buscan financiar el nuevo programa gubernamental “Modelo de Salud Preventivo y Predictivo para una Colombia Potencia Mundial de la Vida, mediante el fortalecimiento de la APS y el aumento del personal de salud en territorios dispersos, rurales o con indicadores deficientes”.

Sin embargo, el dinero parece haber sido insuficiente. Aunque uno de los préstamos establece como resultado esperado “el incremento de CAPS, adecuados con infraestructura, equipamiento y brindando atención”, el actual ministro de Hacienda informó hace pocos días al Congreso que no hay recursos para financiar los Centros de Atención Primaria en Salud. (CAPS).

Demagogia con la mejora de las condiciones laborales y salariales

La cuarta pregunta sobre salud solicita el consentimiento popular para que el gobierno nacional establezca un régimen laboral especial que garantice a empleados y trabajadores del sector salud contratos laborales estables y salarios justos.

Tal parece que Petro no solo propone eliminar las EPS, sino que también tiene en la mira a hospitales y clínicas. Las millonarias deudas acumuladas por las EPS y el propio Gobierno con las IPS han generado desde mandatos anteriores un gravísimo problema de liquidez en las instituciones hospitalarias que continúa sin solucionarse.

El insuficiente aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el presente año obligó a la ACHC y a ACESI —gremios de hospitales privados y públicos, respectivamente— a expresar su rechazo, toda vez que el mismo Gobierno previamente había incrementado el salario mínimo en un 9,54 %, un poco más de cuatro puntos porcentuales por encima del aumento de la UPC (5,36 %).

Dado que entre el 60 % y el 70 % de los gastos del sector corresponden al pago de nómina, es evidente que este desfase entre el ingreso por UPC y el aumento salarial tendrá un impacto negativo en el presupuesto de los hospitales.

Le puede interesar: El modelo Bismark, la clase obrera y el primer sistema de salud en el mundo

El Decreto 572 del 28 de mayo de 2025, que obliga a los hospitales a pagar impuestos por adelantado, es otra medida que afecta gravemente las finanzas de las instituciones prestadoras. La crisis laboral se sigue agravando, y no se resolverá simplemente con reglamentar un estatuto o decretar mejoras salariales.

En las reformas de salud de Petro se ha propuesto que se otorguen facultades al presidente para reglamentar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la salud. Medida conveniente en campaña electoral y altamente riesgosa en un país donde el financiamiento del sistema de salud debe ser rigurosamente planeado.

Precisamente, un común denominador de las 4 preguntas de salud agregadas improvisadamente a la consulta popular es el no tener en cuenta la crisis financiera del país.  Mientras la deuda externa y el déficit fiscal aumenta todos los días, a Petro parece no importarle la sostenibilidad financiera del sistema de salud a mediano y largo plazo.

Trump toma medidas extremas en materia comercial contra sus principales socios en medio del declive de la economía estadounidense. Mientras tanto, los países dependientes periféricos sufrirán las consecuencias de los mayores aranceles.

El 1 de febrero, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para imponer nuevos aranceles a las importaciones provenientes de sus principales socios comerciales. En particular, Trump decidió castigar al 40% de las importaciones del país.

La medida establece aranceles del 25% para la mayor parte de los productos originarios de México y Canadá, y del 10% para los bienes procedentes de China. La acción viola el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, acuerdo renegociado por el propio Trump durante su primer mandato.
Inicialmente, México, Canadá y China anunciaron represalias proporcionales, mientras que Europa y América Latina enfrentan un contexto de incertidumbre con consecuencias impredecibles.

Trump ataca a sus principales socios comerciales

Estados Unidos desempeña un papel clave en el comercio global como el mayor importador y el segundo mayor exportador de bienes, además de liderar en la exportación de servicios.
El comercio exterior representa solo una cuarta parte de su PIB, a pesar de que el país mantiene una red comercial extensa y diversificada al contar con 14 acuerdos de libre comercio, 5 programas de comercio preferencial y múltiples tratados bilaterales de inversión.
Las medidas anunciadas por Trump afectan el comercio con tres de sus principales socios comerciales, que junto a Alemania y Japón completan el top 5 de países con los que más intercambia Estados Unidos.
El 16% de las exportaciones y el 14% de las importaciones de Estados Unidos son con México. El 17% de las exportaciones y el 13% de las importaciones son con Canadá y el 8% de las exportaciones y el 17% de las importaciones son con China.
Según datos de Comtrade, las principales exportaciones estadounidenses incluyen productos como aceites refinados de petróleo, gases naturales, crudo, automóviles y circuitos electrónicos integrados. En paralelo, sus principales importaciones abarcan derivados del petróleo, vehículos, equipos informáticos, dispositivos telefónicos y medicamentos.

Pagarán los de abajo

Los nuevos aranceles podrían interrumpir cadenas de suministro fundamentales en sectores como el automotriz, el de maquinaria o de productos agropecuarios, que dependen de la integración productiva entre México, Canadá y Estados Unidos. Al eliminar las ventajas de la especialización y las economías de escala, la productividad y competitividad de la región se verán afectadas.

Los costos adicionales derivados de los aranceles se trasladarán a los consumidores, impulsando un alza en los precios que podría obligar a la Reserva Federal a incrementar las tasas de interés, frenando el crecimiento económico y empobreciendo a las clases populares.
La estrategia proteccionista de Trump, impuesta sin consultas ni negociaciones previas, ha generado incertidumbre en los mercados. Aunque Estados Unidos argumenta motivos para exigir reciprocidad en materia comercial, su enfoque ha sido abrupto y desordenado.

Inicialmente, el mandatario justificó los aranceles argumentando la necesidad de combatir el tráfico de drogas y la inmigración irregular, pero cambió posteriormente su discurso hacia razones económicas, afirmando que el país no necesita depender de importaciones extranjeras.

Estados Unidos en declive

De acuerdo con Emmanuel Todd, historiador, demógrafo, sociólogo y politólogo francés, Estados Unidos enfrenta un problema estructural: consume más de lo que produce. Su déficit comercial se financia mediante la emisión de dólares y bonos del Tesoro, respaldados por el estatus del dólar como moneda de reserva mundial.

El desequilibrio se refleja en la balanza comercial, que en 2021 mostraba un déficit de 220.000 millones de dólares con la Unión Europea, cifra que asciende a 400.000 millones si se incluyen Japón, Suiza, Corea del Sur y Taiwán.
El sector agrícola, tradicionalmente una fortaleza del país, también se ha debilitado. La producción de trigo estadounidense cayó de 65 millones de toneladas en 1980 a 47 millones en 2022, mientras que Rusia duplicó su producción en la última década.
Estados Unidos ha perdido peso en la industria global. En 1928, la producción industrial representaba el 44,8% del total mundial, cifra que se redujo al 16,8% en 2019. En el mismo período, países europeos como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia experimentaron caídas similares. En contraste, las economías asiáticas han fortalecido el sector manufacturero, con China liderando el crecimiento.
En la fabricación de maquinaria, Estados Unidos representó solo el 6,6% de la producción global en 2018, mientras que China alcanzó el 24,8%, Alemania, Austria y Suiza el 21,1%, y Japón el 15,6%.
Además, la formación de ingenieros también muestra una brecha preocupante. En 2020, solo el 7,2% de los graduados universitarios estadounidenses optaron por ingeniería, comparado con el 23,4% en Rusia, el 18,5% en Japón y el 24,2% en Alemania.
Por otra parte, la dependencia de profesionales extranjeros en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) también ha crecido. En 2000, el 16,5% de estos trabajadores en Estados Unidos había nacido en el extranjero, cifra que ascendió al 23,1% en 2019, con India y China como los principales países de origen.
Al tiempo, las políticas económicas de las últimas décadas han ampliado la brecha social en Estados Unidos. El índice de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0,454 en 1993 a 0,494 en 2021, reflejando un país donde la concentración de la riqueza es cada vez mayor.

Nueva agenda internacional para Colombia

Aunque las medidas arancelarias de Trump quedaron aplazadas por un mes, profundizan las tensiones comerciales y económicas, exacerbando problemas estructurales que van más allá de la coyuntura actual.

Las medidas restrictivas presentadas por Estados Unidos sobre las exportaciones mexicanas y canadienses evidencian el riesgo de que el Tratado de Libre Comercio, que ya perjudica a Colombia, sea usado para ejercer presiones políticas, determinar cambios en medidas internas o imponer la arbitrariedad, el chantaje y la búsqueda de ventajas adicionales.

Cualquier decisión sobre el comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos afectará una parte significativa de la economía colombiana, ya que EE.UU. compra el 26% de las exportaciones colombianas, aporta el 42% de la inversión extranjera directa y más del 50% de las remesas.

La incertidumbre provocada por el proteccionismo estadounidense obliga a Colombia a fortalecer sus relaciones comerciales con otros bloques económicos, particularmente con sus vecinos y con los BRICS, además de impulsar la industrialización y la producción nacional para reducir vulnerabilidades.

Es fundamental que Colombia defienda sus intereses en los espacios multilaterales y explore estrategias de cooperación regional con América Latina para mitigar los impactos de las políticas de Trump. La crisis actual es una señal de alerta. La estabilidad económica del país no puede depender de decisiones unilaterales externas.