La Tribuna habló con el presidente de la Junta Directiva Nacional de SEDIAN, Manuel Castellanos, quién nos explicó que los conflictos internos se deben a una política de empleo errática impulsada desde la administración central. “La DIAN ha venido desvinculando trabajadores sin tener en cuenta pronunciamientos judiciales que revocan ese tipo de determinaciones”, dijo. Según él, se trata de una práctica que “persigue a la dirigencia sindical y desconoce la estabilidad laboral reforzada”.

Una entidad sin timón

La DIAN completa cuatro directores en tres años, tres de ellos encargados. Su efecto se refleja en la desorganización administrativa y la caída del recaudo. “No existe una política clara de empleo ni lineamientos en materia de direccionamiento del recaudo. Esa inestabilidad deja vacíos, y los más perjudicados son la nación y los trabajadores”, afirmó Castellanos.

El dirigente sindical señala que esta falta de liderazgo repercute directamente en la economía: “El descenso en los ingresos del país y el déficit presupuestal tienen relación con la ausencia de una política tributaria seria. A la DIAN le falta liderazgo y visión por parte del gobierno nacional”.

La persecución sindical

Detrás de los reclamos hay un patrón de decisiones administrativas que, según SEDIAN, buscan debilitar la organización sindical. Trabajadores que hacían parte de las mesas de negociación fueron desvinculados en medio del proceso. “Por un lado negocian con nosotros, y por otro despliegan un andamiaje para desvincular a quienes estaban buscando soluciones”, relató Castellanos.

En sus palabras, estas acciones tienen un trasfondo político: “Alguien está interesado en que el clima laboral se vea turbado con la finalidad de ocultar una problemática mayor y desviar la atención pública. Mientras tanto, se castiga a los dirigentes y se mantiene a la entidad en desorden”.

Más de mil trabajadores provisionales en riesgo de ser retirados del servicio

El conflicto también involucra a los empleados provisionales que siguen sin estabilidad por la falta de reglamentación del decreto de carrera administrativa aprobado en 2023. “La población impactada supera los mil trabajadores. Esa es una de las falencias más grandes del régimen de carrera”, precisó Castellanos.

La demora en expedir el decreto impide la designación formal de funcionarios, generando incertidumbre laboral y afectando la continuidad de los procesos internos. El sindicalista agregó que este incumplimiento demuestra “el poco interés con el que se miran los temas inherentes a los trabajadores de la DIAN por parte de los directores seccionales y del propio gobierno nacional.”

Se aprueba un paro nacional.

Las cuatro organizaciones sindicales de la entidad – SEDIAN, Sitach y Sinedian, aprobaron en asamblea iniciar un cese de labores nacional si el gobierno no responde a sus exigencias. “Esperamos una solución a la política de empleo, que cese la persecución sindical y que el Gobierno nombre a alguien en propiedad que actúe con independencia”, indicó Castellanos.

El nombramiento temporal del viceministro de Hacienda Carlos Emilio Betancourt Galeano como director encargado ha aumentado el descontento. “El Gobierno persiste en la idea de encargar a alguien que también está en una misión importante en el Ministerio de Hacienda, lo que resta capacidad operativa frente a los males de la entidad”, agregó el dirigente.

 La CUT da respaldo sindical y político

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresó su respaldo a los empleados de la DIAN. Timoteo Romero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la central, afirmó que “tres directores encargados mandan un mal mensaje en materia de evasión y corrupción. El pato lo pagan los trabajadores”. Propuso que mientras se expide el decreto de carrera se apliquen medidas de reubicación provisional “para evitar una masacre laboral”.

El vicepresidente de la CUT, Édgar Mojica Vanegas, coincidió en que la falta de dirección y el incumplimiento de acuerdos vulneran derechos laborales: “Rechazamos los despidos y pedimos al Gobierno Nacional que busque de inmediato una salida positiva que garantice empleo digno y respeto a los derechos adquiridos”.

Desde el ámbito político, el exsenador Jorge Robledo también respaldó la causa sindical: “La inestabilidad con tres directores en menos de un año demuestra que a este Gobierno le quedó grande la DIAN. No se puede hablar de justicia fiscal ni de lucha contra la evasión mientras se debilita a quienes garantizan el recaudo y sostienen el Estado”.

Incumplimientos y falta de ejecución

Castellanos aseguró que el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de la DIAN se habían comprometido a expedir los encargos en agosto, pero “esa desidia administrativa de querer tener a las organizaciones sindicales sentadas sin dar solución, pese a existir múltiples propuestas y planes conjuntos, ha sido la característica principal”.

El dirigente recordó que durante la gestión de Luis Eduardo Llinás y Pedro Arrieta desde la Dirección de Gestión Corporativa se acumularon compromisos sin ejecutar. Según sus declaraciones, “esa falta de ejecución se suma a investigaciones por supuestos casos de corrupción en las aduanas, mientras se ignoran los problemas estructurales del empleo en la entidad”.

Una crisis que trasciende lo laboral

El deterioro del clima interno tiene consecuencias directas sobre el recaudo y la confianza institucional. Cada cambio de dirección posterga reformas internas, altera equipos de trabajo y deja sin ejecución los compromisos pactados. La ausencia de liderazgo en un organismo que recauda más del 70% de los ingresos del Estado amenaza la estabilidad fiscal.

La situación ha llevado a que los sindicatos interpreten la interinidad como un mecanismo de control político. Sin nombramientos definitivos, los directores encargados dependen del visto bueno del Ministerio de Hacienda, lo que limita su autonomía.

Castellanos lo resume así: “La entidad necesita una cabeza independiente y dedicada al 100 %. No alguien que divida su tiempo entre la DIAN y el Ministerio”.

El silencio del gobierno puede precipitar el paro

A pesar de los reclamos, ni el presidente Gustavo Petro ni el Ministerio de Hacienda se han pronunciado oficialmente. Los trabajadores advierten que la falta de respuesta solo profundiza la crisis. “Son incumplimientos sistemáticos. Hemos presentado todos los informes y sustentaciones que exige la ley, y lo único que recibimos son promesas”, afirmó Castellanos.

La huelga podría declararse en los próximos días si la reunión prevista con la administración no ofrece resultados. De no resolverse, el país enfrentaría el primer paro nacional en la historia reciente de la DIAN, con implicaciones directas en el recaudo fiscal y en la gestión aduanera.

Un laboratorio de improvisaciones

Los trabajadores no solo defienden sus cargos. Reclaman el derecho a un Estado que funcione con coherencia y respeto por quienes sostienen su estructura tributaria. “La DIAN no puede seguir siendo un laboratorio de improvisaciones. Si no hay estabilidad en la dirección, no habrá estabilidad en las finanzas públicas”, concluyó Castellanos.

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El Café de Colombia pierde su identidad y su valor.

La mezcla con cafés importados de baja calidad destruye la prima de excelencia que por décadas distinguió a nuestros caficultores.

Exigimos recuperar la calidad, la soberanía y el orgullo del Café de Colombia.

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— DignidadAgropecuaria (@Dignidad_Agro) October 18, 2025

El deterioro del diferencial cafetero golpea la economía nacional

La pérdida del diferencial cafetero, la prima que por años distinguió al café de Colombia en los mercados internacionales, empezó a sentirse en el bolsillo de los productores y en las cifras de exportación. Pasó de 80 a solo 17 centavos de dólar por libra, una caída superior al 75 %.
Esa reducción representa pérdidas anuales de más de 900 millones de dólares, equivalentes a cerca de 3,6 billones de pesos, tomando como referencia una tasa promedio de 3.900 pesos por dólar. El fenómeno no es coyuntural, sino resultado de políticas que permiten mezclar cafés importados de baja calidad con el grano nacional para su reexportación.
Esa práctica, advierte Dignidad Agropecuaria, ha deteriorado la reputación del producto y disminuido los ingresos de miles de familias cafeteras. Lo que antes garantizaba divisas al país y estabilidad a las regiones productoras, hoy favorece a intermediarios y multinacionales que concentran el negocio.

📉 De una prima de 80 centavos de dólar por libra, hoy solo quedan 17.

💸 Más de 900 millones de dólares se pierden al año y miles de familias cafeteras ven reducido su ingreso.

📢 Exigimos recuperar la calidad, la soberanía y el orgullo del Café de Colombia.

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— DignidadAgropecuaria (@Dignidad_Agro) October 18, 2025

Importaciones de café y caída del ingreso cafetero

Las normas que autorizaron la importación de café verde para mezclarlo y venderlo como “Producto de Colombia” terminaron reemplazando el grano nacional de forma silenciosa. Los granos de menor calidad ingresan al sistema productivo, reducen el precio interno y borran la ventaja del café colombiano en los mercados internacionales.

Durante años, el “Excelso – Café de Colombia” mantuvo un valor superior por su calidad, sabor y rigurosidad en los estándares de humedad, tamaño y pureza. Esa certificación era la garantía de origen que sustentaba la prima de calidad en la Bolsa de Nueva York. La introducción del “Café Producto de Colombia” y la flexibilización de las normas de exportación eliminaron esa ventaja.
El resultado es una pérdida progresiva de confianza en los compradores internacionales. Al mezclarse cafés importados de bajo valor, el grano colombiano dejó de ser percibido como un producto diferenciado. El país vende más volumen, pero recibe menos dinero por cada libra exportada.

Del pacto de cuotas al dominio de las multinacionales

La situación actual tiene raíces profundas. En 1989 terminó el pacto internacional de cuotas de la Organización Internacional del Café, un sistema que regulaba la producción y los precios del grano. Durante más de dos décadas ese modelo mantuvo cierta estabilidad: si los precios bajaban, los países exportadores reducían la oferta; si subían, la aumentaban.

Cuando Estados Unidos y sus aliados desmantelaron el acuerdo, impusieron la política del libre comercio. La decisión eliminó los mecanismos que protegían los ingresos de los países productores y abrió la puerta a la concentración del mercado. A partir de ese momento, las grandes compañías multinacionales controlaron las compras, la industrialización y la distribución del café.

Colombia, que había sostenido su reputación en la calidad del grano, comenzó a competir en un escenario de precios impuestos por los compradores. La Federación Nacional de Cafeteros adoptó medidas que, en vez de reforzar la calidad, permitieron la creación del “Café Producto de Colombia”, una versión degradada del tradicional “Excelso – Café de Colombia”. Esa modificación redujo los estándares y habilitó la mezcla de granos nacionales con cafés extranjeros de menor valor.

El comunicado de Dignidad Agropecuaria sostiene que esa transformación benefició a las empresas que comercializan y procesan el café, no a los productores. Mientras las multinacionales diversificaron sus marcas y ganancias, los caficultores vieron disminuir su participación en la renta total del negocio. La brecha se amplió: los costos de producción suben, los precios al productor bajan y la diferencia queda en manos de intermediarios.

La pérdida de confianza en el café de Colombia

Durante décadas, el café colombiano fue sinónimo de calidad en los mercados internacionales. Esa imagen se sustentaba en el control estricto de origen, en las normas de humedad y pureza del grano, y en la reputación del sello “Café de Colombia”. Con la flexibilización de las reglas, la credibilidad del país como proveedor premium se debilitó.

Los compradores internacionales pagan ahora precios más bajos porque no pueden garantizar que el producto corresponda al mismo nivel de calidad de años anteriores. La prima de calidad, que antes representaba un ingreso adicional, se convirtió en un margen que se desvanece. Cada libra vendida sin ese diferencial deja menos divisas al país y menos rentabilidad para los productores.
La pérdida del diferencial cafetero no solo afecta el comercio exterior. También golpea la economía interna de los municipios cafeteros, donde el café sigue siendo la base de la actividad económica. La disminución de ingresos reduce el consumo local, afecta el empleo y limita la inversión en infraestructura rural.

Consecuencias económicas de las importaciones de café

Las pérdidas calculadas por Dignidad Agropecuaria superan los 900 millones de dólares anuales, una muestra del deterioro estructural del ingreso cafetero. La reducción del diferencial cafetero afecta la balanza comercial del país y ha debilitado el flujo de divisas que sostenía la economía rural en los departamentos productores.

Cada libra vendida sin prima de calidad implica menos rentabilidad para el productor. En los municipios cafeteros, el descenso se traduce en menos empleo, menor consumo local y una caída en la inversión pública y privada. Las cooperativas, que antes reinvertían excedentes en programas comunitarios, enfrentan ahora dificultades para sostener su operación.

La pérdida de valor del café colombiano también repercute en la tasa de cambio. Al reducirse las exportaciones con valor agregado, el país depende de un mayor volumen para compensar la caída de ingresos, lo que genera sobreoferta y presiona aún más los precios internacionales.

Propuesta para recuperar la prima del café colombiano

El comunicado de Dignidad Agropecuaria propone revertir la política de flexibilización de calidad y retomar las condiciones originales del “Excelso – Café de Colombia”. El movimiento plantea suprimir la exportación de pasillas, aumentar la producción interna y eliminar el “Café Producto de Colombia”, al que señalan como principal responsable del deterioro del diferencial.

La organización sostiene que el país tiene capacidad para abastecer el consumo nacional con pasillas de producción interna y evitar la dependencia de cafés importados. La medida permitiría mejorar el ingreso rural y recuperar la confianza de los compradores internacionales.

También pide al Gobierno Nacional y al Comité Nacional de Cafeteros adoptar decisiones estructurales: restablecer estrictos controles de calidad, revisar las licencias de importación y fortalecer la certificación de origen. Solo así, afirma el movimiento, podrá volver a ganarse la confianza del mercado internacional con calidad y trazabilidad.

Un llamado a proteger el ingreso rural

Para Dignidad Agropecuaria Colombiana, la pérdida del diferencial cafetero resume un modelo comercial que ha transferido riqueza del campo hacia los grandes compradores internacionales. Cada centavo perdido por libra se traduce en menos ingresos para las familias productoras y en una reducción del valor real del trabajo agrícola.

El movimiento sostiene que el país necesita una política cafetera centrada en el ingreso y no en el volumen exportado. La prioridad, afirma, debe ser volver a ganarse la confianza del mercado internacional con calidad y trazabilidad. El problema ya no es de producción, sino de reglas de juego: las importaciones alteran el equilibrio del mercado y deterioran la marca más reconocida del país.

La advertencia llega en un momento crítico. Mientras la inflación encarece los insumos agrícolas, los precios internos del café caen y los márgenes de rentabilidad se estrechan. Si el país no corrige la ruta, Colombia podría perder el estatus de productor premium que durante décadas sustentó parte de su economía.

Dignidad Agropecuaria concluye que recuperar la prima de calidad del café colombiano es una decisión estratégica para la balanza comercial y la sostenibilidad rural. De mantenerse la actual política de importaciones, el país seguirá exportando el nombre del “Café de Colombia”, pero no su valor real.

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 Alfredo Saade llegó pisando fuerte al Gobierno Nacional, hasta el punto de que el presidente Petro lo ubicó como Jefe de Gabinete, por encima de Armando Benedetti, es decir, llegó al cargo que mueve los hilos del “Poder Presidencial”. Es quien pone y quita en el Gobierno. Saade es “el representante de Petro en la Tierra”, ya que él se considera el “salvador” y Saade, sería su pastor. Pero Saade no llega a esa posición de manera gratuita, ya que alcanzar un cargo de esa categoría en este Gobierno no se logra por capacidad, estudios, méritos o experiencia, sino por el conocimiento sobre lo que pueda comprometer al Gobierno, o saber hablarle al oído al Presidente.

 En una especie de balance de los tres años de “Desgobierno de Petro”, en una extensa entrevista en Caracol Radio, el 5 de este mes, Saade dijo que “Colombia va muy bien… Yo quisiera ver al presidente Petro 20 años en el Gobierno”. Esas declaraciones hacen parte de su función de halagar al Presidente, pues entre ellos está el pregonar a voz en cuello en cualquier recinto o evento donde se encuentre: “Reelección, reelección…”, así esta no tenga eco ni en las filas de algunos petristas pura sangre, como Carlos Carrillo, quien no está muy lejos de la naturaleza y característica de Saade; personajes de los cuales tiene muchos este Gobierno.

 Es normal que los funcionarios del Gobierno Nacional pregonen que el balance de gestión es muy bueno, lo cual los aparta de un análisis objetivo y autocrítico, propio de lo que sería una izquierda democrática, puesto que la percepción social dice todo lo contrario. La población sigue padeciendo los efectos de la implementación del modelo neoliberal, la no renegociación del TLC, la sujeción de la economía a las imposiciones del FMI y la banca multilateral, el apego al decálogo de la OCDE, la cesión de bases militares en Leticia e Isla Gorgona, la sumisión al Comando Sur, su permanencia en la OTAN y la aceptación de las instrucciones de los altos funcionarios de EEUU, son decisiones que afectan al pueblo y convierten al presidente Petro en un cipayo de EEUU.

 Pero la tragedia se profundiza con: la participación de altos funcionarios en actos de corrupción, los escándalos en el Gobierno, la inseguridad y violencia que echan por la borda a la “Potencia mundial de la vida”, el fracaso de su Paz Total, las promesas incumplidas, el recorte del presupuesto, el fracaso del modelo de salud del Magisterio que le quiere imponer a toda la población, la desnutrición, el hambre, la miseria y la pobreza del 30 % de los colombianos, la informalidad del 60 % de los habitantes en capacidad de trabajar y el empleo por cuenta propia, con los cuales disfraza el desempleo, el escaso fomento a la producción, el aumento de los costos de los combustibles, el aniquilamiento de Ecopetrol y ser uno de los gobiernos más alcabaleros, entre otros, refuerzan la percepción de un Gobierno que va por mal camino.

 La última encuesta Invamer del 6 de este mes indicó que la desaprobación de su gestión es del 58 % y la aprueba el 37 %; el 60 % considera que el futuro del país con el presidente Petro no es alentador. El 64,4 % aseguró que Colombia no va por buen camino. Para el 35 % hay más corrupción. El 65,5 % está en desacuerdo con que el jefe de Estado utilice su cuenta de X para hacer anuncios gubernamentales. ¡En su tercer año, el Cambio de Petro es un fracaso!

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Boyacá arrancó agosto con paro de mineros indefinido, convocado por campesinos y trabajadores del sector carbonero. La jornada comenzó con bloqueos en vías principales, suspensión del transporte intermunicipal y un ambiente de creciente tensión entre manifestantes y autoridades. Los convocantes exigen al Gobierno Nacional respuestas concretas ante lo que describen como una ofensiva institucional contra la minería tradicional, agravada por nuevas cargas tributarias, deudas sin saldar y decisiones que han golpeado de lleno la economía regional.

Desde el lunes 4 de agosto de 2025, municipios como Paipa, Sogamoso, Tópaga y Mongua se han convertido en epicentros de la movilización. Carreteras estratégicas como la vía Bogotá-Tunja, la glorieta de salida de Paipa y el corredor Cusiana permanecen bloqueadas con volquetas cargadas de carbón y laja, en señal de protesta contra la política minera del Ejecutivo.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó el cierre total de la vía nacional entre Bogotá y Tunja a la altura del Puente de Boyacá. Mientras tanto, la terminal de transporte de Sogamoso suspendió todos los despachos por razones de seguridad, en medio de denuncias de abuso policial en los puntos de protesta.

Las exigencias del paro minero

El pliego de condiciones entregado por los voceros del paro, conocido públicamente en Paipa, expone una lista de demandas dirigidas al Gobierno Nacional y a entidades como la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Gensa y el Ministerio de Minas y Energía.

Entre los puntos más destacados se encuentran: 

• Generación energética: activación inmediata de las termoeléctricas de Boyacá y Cundinamarca, con generación continua de energía, especialmente tras el papel del carbón térmico en la prevención de apagones durante 2024.
• Exportaciones: reactivación de las ventas internacionales de carbón térmico y metalúrgico, suspendidas según los voceros sin que se ofrezcan alternativas productivas.
• Tributación: eliminación del IVA del 29 % a la producción minera incluido en la última reforma tributaria y revisión de los gravámenes ya existentes.
• Regalías: ajuste a la baja en los precios establecidos para el pago de regalías y revisión urgente de la metodología aplicada por la UPME.
• Formalización: desbloqueo de trámites técnicos y legales en la ANM y las CARs para pequeños empresarios mineros que llevan años esperando aprobación.
• Pagos atrasados: exigencia a Gensa del pago inmediato de más de 26 mil millones de pesos adeudados a 35 empresas mineras desde enero de 2025.
• Reconocimiento: inclusión del carbón térmico como mineral estratégico y garantías de seguridad jurídica para más de 1.500 pequeños mineros.
• Transición energética: exigencia de participación comunitaria en la formulación de la transición energética, para evitar desplazamientos productivos forzados.
• No criminalización: cese de las declaraciones oficiales que asocian al sector con delitos ambientales o sociales. “Nosotros no somos delincuentes ni estamos matando a la humanidad”, dice el documento.

Sandra Bernal: “Esta actividad solo genera desarrollo y progreso”

Desde las calles de Paipa, la exalcaldesa de Socha y dirigente minera Sandra Bernal asumió el rol de vocera del movimiento. Durante una intervención pública, declaró:

 “Hoy estamos aquí miles de hombres y mujeres que alzamos la voz ante el Gobierno Nacional, ante las nefastas decisiones que ha tomado, las políticas públicas que han afectado al sector carbonero y a uno de los renglones más importantes de la economía del Departamento de Boyacá”.

Bernal pidió la presencia urgente de los ministerios competentes, y reclamó un “pacto de no agresión” que permita destrabar los procesos legales, cesar la persecución y garantizar que la minería pueda seguir operando sin ser tratada como delito.

Campesinos paramunos también se suman

A la movilización minera se unieron líderes campesinos de las provincias de Ricaurte y Gutiérrez. Según declaraciones de Roberto Arango en el noticiero 6AM, el paro se mantendrá “mientras no haya cumplimiento real de los acuerdos previamente pactados con el Ejecutivo”. Desde su perspectiva, el Gobierno ha incumplido compromisos firmados con el sector rural, y la actual crisis es una respuesta colectiva al abandono institucional.

El norte del departamento también se encuentra afectado. En el municipio de Belén, se reportan concentraciones en el sector conocido como “El Topón”, mientras que en Sogamoso los bloqueos se trasladaron hacia la glorieta Gustavo Jiménez.

La Policía Nacional desplegó al menos 150 uniformados para acompañar las protestas y garantizar el orden público, pero la tensión sigue creciendo. Voceros comunitarios denuncian presencia de escuadrones antidisturbios en sectores mineros, lo que ha provocado resistencia.

Guaqueros de Coscuez, otra chispa en el conflicto

En paralelo al paro minero generalizado, los guaqueros del municipio de San Pablo de Borbur anunciaron un plantón en Bogotá tras denuncias contra Fura Gemas, la empresa concesionaria de la mina de esmeraldas de Coscuez, una de las más importantes del occidente de Boyacá.

La comunidad asegura que la firma, con sede en Dubái, solicitó a la Policía el desalojo forzado de guaqueros y la quema de sus motobombas, lo cual habría generado enfrentamientos y destrucción de maquinaria. Desde la llegada de la multinacional, el conflicto con las comunidades tradicionales se ha intensificado.

Aunque Fura Gemas lleva cinco años operando en la región, solo ha reportado pagos por 43 mil millones de pesos en impuestos y regalías, cifra que los habitantes consideran irrisoria frente al volumen de extracción y las condiciones de vida locales.

Escalada y ruta hacia Bogotá

Todo apunta a una escalada del paro hacia la capital. Según confirmaron fuentes locales, está previsto que una parte de los manifestantes se trasladen a Bogotá para visibilizar sus reclamos ante el Congreso y las sedes ministeriales.

San Pablo de Borbur ya rechazó la invitación del Gobierno Departamental para instalar una mesa técnica en Paipa. Los líderes consideran que no se han dado garantías reales de solución, y acusan al Gobierno de ignorar las propuestas de las comunidades mineras.

Se espera que en las próximas horas continúen los bloqueos en puntos estratégicos y que se intensifiquen las protestas si no hay una respuesta formal. Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha confirmado presencia de delegados ministeriales en los territorios.

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La crisis del arroz se agudiza: paro nacional arranca el 14 de julio

La decisión está tomada. A partir del lunes 14 de julio, organizaciones de productores de arroz en Colombia iniciarán una movilización nacional indefinida. El anuncio fue hecho por Dignidad Agropecuaria Colombiana , Dignidad Arrocera Nacional y sectores de arroceros independientes tras evaluar la caída en el precio de compra del arroz paddy verde, el incumplimiento de acuerdos previos por parte del Gobierno nacional y la continuidad de una política comercial que, según denuncian, ha debilitado la producción nacional de alimentos claves en la dieta de los colombianos.

El comunicado conjunto, firmado el 25 de junio de 2025, plantea que “un bajonazo de precios en diciembre de 2024 y otro en junio de 2025 configuran un desastre para los arroceros colombianos, frente a los costos crecientes de sus cultivos”. En el comunicado advierten que las decisiones de la industria molinera, el contrabando de arroz y las condiciones impuestas por los tratados de libre comercio han afectado a pequeños, medianos y grandes productores, por igual.

Rebaja de precios sin concertación

La medida que precipitó el paro fue la reducción en el precio de compra del arroz paddy verde anunciada por la industria molinera durante el último fin de semana de junio. La carga de 125 kilogramos fue rebajada de $171.000 a $158.000 en la región del Ariari, una de las principales zonas productoras. También se registraron recortes de $15.000 en el centro del país y de $11.000 en el Meta y otras regiones llaneras.

Según Dignidad Agropecuaria, la decisión fue tomada después de una reunión en la que participaron representantes del Ministerio de Agricultura, la industria y los productores. En dicho encuentro, las organizaciones presentaron datos sobre los elevados costos de producción y la inviabilidad del precio anterior. La reducción posterior, afirman, contradijo lo discutido y profundizó la indignación.

Declaración de Dignidad Agropecuaria y Dignidad Arrocera frente a las últimas decisiones de la industria arrocera en cuanto al precio pagarán a productores de arroz en el Ariari, el Meta y el resto del país.

Mucha indignación causa tan arbitraria medida.
Difundamos el vídeo pic.twitter.com/ghyo3Fr0FA

— DignidadAgropecuaria (@Dignidad_Agro) July 1, 2025

“Están condenando al arroz nacional”

Óscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria, difundió un video en el que expresó la gravedad del escenario actual. Allí explicó que la industria rebajó el precio luego de conocer la difícil situación de los agricultores. “El precio que tenían, antes de este que acaban de rebajar, ya era deficitario y les estaba generando elevadísimas pérdidas frente a los costos de producción”, señaló.

Gutiérrez advirtió que decisiones como esta empujan a la quiebra a miles de productores y debilitan la posibilidad de que Colombia consuma arroz cultivado en su territorio. “Quieren acabar con otro cultivo más como ya lo hicieron con el trigo, el sorgo, la soya, el algodón y otros más”. En ese contexto, convocó a una protesta nacional y pidió al Gobierno que actúe y resuelva la crisis.

Una cadena dominada por pocos

El comunicado del 1 de julio recuerda que la industria molinera que controla el mercado opera como un duopolio. Según el texto, este esquema de concentración ha sido tolerado por los distintos gobiernos, mientras los consumidores siguen pagando precios altos. En contraste, los agricultores reciben pagos cada vez más bajos por su producción.

Las organizaciones plantean que la política de precios actual no solo impone pérdidas recurrentes al productor, sino que distorsiona toda la cadena agroalimentaria. Proponen establecer acuerdos que permitan cubrir los costos reales y asegurar utilidades razonables, sin excluir a ningún eslabón.

“Los acuerdos de precios no quieren llevar a excluir a ningún sector de su tasa de ganancia, tampoco persiguen arruinar a alguno”, se lee en el comunicado. El objetivo, aseguran, es que los consumidores paguen precios ajustados a los costos reales y no a decisiones monopólicas.

Casanare, Tolima y Huila se suman a la protesta

Productores de arroz de departamentos como Casanare, Tolima y Huila confirmaron su adhesión al paro nacional. En Yopal, cerca de 1.300 agricultores respaldaron la convocatoria y solicitaron una reunión urgente con el Ministerio de Agricultura. Según declaraciones recogidas por medios locales, la situación en estas regiones es especialmente compleja por el precio del arrendamiento de tierras.

En Tolima y Huila, el arriendo por hectárea puede alcanzar los $ 2 millones/año. En cambio, en los Llanos Orientales, el promedio está entre $500.000 y $700.000. Esta diferencia de costos genera desventajas adicionales para los productores de estas zonas, que, además, deben afrontar alzas en los insumos, fertilizantes y transporte.

El contrabando que no cesa

Uno de los factores más reiterados en los comunicados de Dignidad Agropecuaria es el contrabando. En el texto del 25 de junio, se señala que este fenómeno “golpea la economía de toda la cadena y nutre de recursos mafias que, además, pervierten y corrompen a importantes agentes del Estado”.

El arroz ingresado ilegalmente desde Ecuador y Venezuela, afirman, genera una competencia desleal, afecta los precios internos y crea un mercado paralelo sin control ni trazabilidad. Además, los productores advierten que estas redes ilícitas están acompañadas de actores armados que imponen sus intereses y profundizan la informalidad en el sector.

TLC en la mira

Las organizaciones arroceras también responsabilizan a los tratados de libre comercio de haber generado condiciones adversas para la producción nacional. En su análisis, los TLC suscritos por Colombia han creado una competencia desleal y apabullante que desestimula la siembra y pone en riesgo la soberanía alimentaria.

“El otro asunto, que no es de menor importancia, es la desigualdad generada por la suscripción de tratados de libre comercio”, señala el comunicado del 25 de junio. En el mismo documento, se afirma que dichos acuerdos deben ser revisados, renegociados o eliminados si no superan las condiciones desiguales que han impuesto al agro.

Un llamado a intervenir el mercado

En las conversaciones con el Gobierno, las organizaciones plantearon la necesidad de que el Estado intervenga en la fijación de precios. Consideran que la vieja ley de la oferta y la demanda ya no es suficiente para garantizar un sistema justo de comercialización.

“Si no se intervienen o acuerdan entre los participantes de la cadena alimentaria y con la presencia rectora del Estado, se generarán graves distorsiones”, advierten. Para los productores, el precio de compra debe servir como base para la conformación del precio al consumidor, de modo que todos los actores de la cadena puedan operar sin pérdidas.

Fedearroz expresa su preocupación

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), aunque no forma parte directa del paro, también expresó su preocupación. En un comunicado emitido el 1 de julio, su gerente, Rafael Hernández, advirtió que la disminución del precio del arroz paddy verde entre $10.000 y $15.000 por carga es una mala noticia para el sector.

“Esta situación implica una noticia nefasta para el sector arrocero colombiano, como quiera que golpea directamente al eslabón más débil de la cadena, como es el productor”, indicó. Fedearroz también señaló que la tendencia a la baja se ha venido presentando desde comienzos de 2025.

El Consejo Nacional del Arroz fue convocado

Tras conocer el anuncio del paro, el Ministerio de Agricultura convocó una reunión extraordinaria del Consejo Nacional del Arroz. Dignidad Agropecuaria informó que asistirán al encuentro, pero reiteraron que la movilización seguirá en pie hasta que se anuncien soluciones concretas.

“Queremos señalar que se requieren soluciones inmediatas, el reajuste del precio interno a niveles que no impliquen pérdidas para los arroceros y un comportamiento que defienda la producción nacional de arroz”, afirmaron en el comunicado del 1 de julio.

Una movilización por la permanencia en el campo

Los organizadores del paro afirman que la protesta es pacífica, civilizada y busca defender el derecho a seguir cultivando arroz en Colombia. El cereal se produce en más de 200 municipios y abastece el consumo interno. Según los gremios, permitir que la producción local desaparezca afectaría no solo a los agricultores, sino a toda la economía rural del país.

“Nos resistimos a desaparecer. El arroz es el único cultivo semestral que abastece el consumo interno. Invitamos a los demás sectores de la economía, a las organizaciones gremiales y sociales, a las autoridades locales y a la ciudadanía en general a entender nuestra protesta”, señala el comunicado del 7 de julio.

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Una agenda común basada en principios éticos y representación parlamentaria

Sin compartir una ideología única, sin fusionarse, y sin definir aún una fórmula presidencial, tres partidos políticos colombianos formalizaron este 24 de junio la coalición Ahora Colombia, una alianza legislativa que busca conquistar curules en el Senado y la Cámara en las elecciones de 2026. El Nuevo Liberalismo, el Partido MIRA y Dignidad & Compromiso coincidieron en que el país necesita un nuevo referente político que supere los extremos y ponga en el centro la ética, el respeto institucional y el trabajo colectivo.

Durante la presentación, leyeron una declaración conjunta que establece una hoja de ruta basada en diez líneas programáticas: lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la democracia representativa, independencia de los poderes públicos, participación política efectiva de las mujeres, derechos sociales, derechos fundamentales, protección de la niñez, medio ambiente, seguridad ciudadana, y generación de ingresos con cultura ciudadana.

Cada partido mantiene su independencia jurídica e ideológica. La alianza no fusiona organizaciones ni plataformas internas. “Este es un proyecto de cooperación, no de absorción”, advirtieron. La selección de candidatos seguirá siendo responsabilidad de cada organización, aunque habrá compromisos comunes para aplicar filtros éticos, sociales y profesionales.

Colombia necesita romper la polarización y recuperar la confianza

El exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín y vocero nacional de Dignidad & Compromiso, Sergio Fajardo, abrió la jornada con un mensaje contra la confrontación permanente: “Colombia está atrapada entre extremos. Nosotros decidimos construir desde las diferencias, sin insultos, sin agredir. La transparencia es lo único que puede enfrentar la corrupción”, dijo. Aseguró que el gobierno actual deja “una situación de desorden” que requerirá trabajo conjunto para ser enfrentada.

Ana Paola Agudelo, senadora y vicepresidenta del Partido MIRA, reiteró que uno de los pilares de esta nueva fuerza política será la participación de las mujeres. “Esta coalición tiene el compromiso de abrir espacios reales y garantizar equidad. No queremos más gestos de protocolo, sino mujeres liderando, decidiendo y transformando”, señaló. Añadió que la coalición también priorizará la protección de la infancia y la adolescencia.

Desde el Nuevo Liberalismo, el exsenador Juan Manuel Galán insistió en que esta alianza no es simplemente electoral, sino una apuesta por reconstruir el vínculo de confianza entre ciudadanía e instituciones. “Tenemos diferencias, sí, pero compartimos principios. Queremos un Congreso con gente capaz, íntegra, que piense en los jóvenes, en las mujeres, en los adultos mayores y que defienda la Constitución del 91”, afirmó. Definió la diversidad como una oportunidad, no como un obstáculo, y denunció que la falta de oportunidades está expulsando del país a las nuevas generaciones.

La Coalición incluye enfoque de género, participación juvenil, control al clientelismo y defensa de la Constitución del 91

Alexandra Gómez Valek, secretaria de Mujeres de Dignidad & Compromiso, puso sobre la mesa el compromiso del bloque con la equidad de género. Aseguró que la coalición no admitirá prácticas políticas que reproduzcan exclusiones históricas. “Este acuerdo también es un acto de resistencia. No vamos a retroceder en derechos, ni vamos a permitir que la política siga siendo un espacio cerrado para las mujeres”, afirmó.

El representante a la Cámara por Caldas, Juan Sebastián Gómez, expresó que esta unión es un acto de responsabilidad política. “Podríamos quedarnos cómodos en las trincheras ideológicas, pero elegimos construir. No vinimos a buscar lo que nos separa, sino lo que nos une. Eso requiere valentía”, dijo. Cuestionó la tendencia de sectores políticos a reducir el debate público a caricaturas y ataques personales, y propuso que esta coalición sea el inicio de un nuevo centro político más amplio, con raíces sociales y representación diversa.

En su intervención, el exsenador Jorge Enrique Robledo fue directo: “Este gobierno lo ha hecho mal, pero los anteriores también. No nos vamos a alinear con el desastre ni con la nostalgia del desastre. Estamos aquí para ofrecer una tercera opción. No queremos una economía arrodillada ni un Congreso comprado”. Robledo fue claro al señalar que la coalición es una plataforma para defender el desarrollo productivo, pero sin clientelismo ni pactos burocráticos.

Manuel Virgüez, senador y presidente del Partido MIRA, agregó que la apuesta de la coalición está en construir un Congreso “honesto, independiente, que no esté esperando favores de ministros”. Aseguró que cada candidato será evaluado bajo criterios de integridad personal, compromiso con lo público y preparación técnica. “No todo se soluciona en la Presidencia. Un Congreso sin dignidad es un país sin equilibrio”, señaló.

La coalición Ahora Colombia se lanza sin candidato presidencial y con foco legislativo

Uno de los puntos que más se subrayaron durante la rueda de prensa fue la ausencia de una candidatura presidencial única definida. Sergio Fajardo aclaró que el objetivo actual es consolidar una bancada fuerte en el Congreso. “No hay compromisos sobre candidaturas. No estamos aquí por ambición personal, sino por convicción colectiva”, dijo.

Pese a ello, Jorge Enrique Robledo dejó abierta la posibilidad de que la coalición llegue a un acuerdo sobre una candidatura presidencial. “Lo evaluaremos más adelante, pero primero vamos a demostrar que es posible trabajar juntos sin dobleces, con listas que reflejen lo mejor de cada partido”.

El cierre del evento estuvo a cargo del dirigente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien resumió el mensaje central: “Esta coalición no es una suma de nombres. Es un compromiso con Colombia. Vamos a recorrer el país, a escuchar, a construir con quienes se identifiquen con estos principios. Queremos dar esperanza y confianza en medio de la incertidumbre”.

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Abandono de derechos laborales por parte del gobierno

Mientras el Congreso ajusta los últimos artículos del proyecto de reforma laboral, desde Tribuna Sindical se emitió un pronunciamiento que desmonta el discurso triunfalista del Ejecutivo. Lo califican como un cúmulo de concesiones, silencios cómplices y oportunismo electoral.

Lo que iba a ser una transformación del modelo laboral terminó convertido en una propuesta de mínimos, mutilada por los cálculos de la coalición de gobierno y la presión de gremios empresariales. La promesa de acabar con la precarización se evaporó entre pactos políticos y comunicados tibios. Mientras tanto, los trabajadores —dice Tribuna Sindical— quedan nuevamente a la espera.

El gobierno de Gustavo Petro ha convertido el proceso en un juego de estrategias electorales, dejando de lado los compromisos con los trabajadores. Acusan al Ejecutivo de ceder los puntos esenciales del proyecto original, incluyendo el capítulo de derechos colectivos, el control a la tercerización, los contratos a término fijo y la promesa de eliminar las OPS.

Sindicalismo sin voz propia

Para Tribuna Sindical, una de las razones del vaciamiento de la reforma es la falta de autonomía de las centrales obreras. «Un amplio sector de la dirigencia sindical se convirtió en apéndice del gobierno», se lee en el documento. Esa subordinación, dicen, permitió que fueran el presidente y el ministro de Trabajo quienes definieran los contenidos del proyecto, guiados no por el interés de la clase trabajadora sino por los cálculos de la coalición oficialista.

El texto acusa al sindicalismo oficialista de guardar silencio ante la exclusión de temas neurálgicos. Ni los pactos colectivos, ni el abuso del contrato por obra o labor, ni el desmonte del trabajo por horas fueron enfrentados con firmeza. Tampoco hubo una defensa consistente de los derechos de las MiPymes y sus trabajadores. Para el colectivo, estos actores también saldrán golpeados por la reforma: los primeros sin las garantías adecuadas, los segundos con derechos a medias.

Gobierno impone consulta popular «esperpento electoral»

El comunicado también rechaza la estrategia del presidente Petro de recurrir a una consulta popular para forzar la aprobación de su agenda laboral. La califican como «esperpento electoral» que no resuelve las omisiones del proyecto y que, aún si prosperara, tendría que superar barreras de participación y volver al Congreso para su implementación.

Según Tribuna Sindical, esta maniobra, lejos de ampliar la democracia, la distorsiona. Desvía la lucha del sindicalismo hacia terrenos inciertos y desvincula el debate de las vías institucionales. También critican los pronunciamientos del nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien insinúa la posibilidad de una Asamblea Constituyente sin el filtro del Congreso.

Mientras tanto, el Senado discute los 19 artículos restantes de la reforma, entre ellos la eliminación del contrato por horas, la regulación del trabajo en plataformas digitales, y el restablecimiento de recargos nocturnos y dominicales. Todos ellos, según el propio gobierno, conforman el «ADN de la reforma». Pero para Tribuna Sindical, ese ADN ya está mutilado.

Hay que retomar la lucha sindical y rechaza la consulta como atajo antidemocrático

Tribuna sindica hace una llamado a: recuperar la independencia del sindicalismo, reconstruir una vocería propia, movilizar en defensa de los derechos laborales que no se conquistaron y abandonar las salidas electorales sin sustancia. «Aventurarse por mecanismos inciertos como la consulta popular es una pérdida de tiempo y de recursos», sentencia el comunicado.

Para Tribuna Sindical, el movimiento obrero no puede seguir haciendo fila detrás de ningún presidente. Le toca recuperar la vocería, retomar la calle y reconquistar la posición original de defensores de los trabajadores. No para defender lo que quedó, sino para reconstruir lo que fue entregado sin pelea.

Lea el comunicado aquí: Comunicado Tribuna sindical

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El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0572 el 28 de mayo de 2025, que aumenta las tarifas de retención y autorretención en la fuente a partir del 1 de junio. Esto quiere decir que muchas personas naturales, empresas, cooperativas, clínicas y hospitales tendrán que adelantar una parte del impuesto de renta que pagarían en 2026.

El Gobierno argumenta que no es un nuevo impuesto, sino un mecanismo para que el recaudo ocurra en el mismo año en que se genera el ingreso. Sin embargo, varios sectores lo califican como una reforma tributaria hecha por decreto, que afecta el flujo de caja, la contratación, la producción de alimentos y la operación de hospitales y clínicas.

Golpe directo al campo colombiano

Dignidad Agropecuaria Colombiana calificó el Decreto 0572 como un «garrotazo tributario» al agro. La organización explicó que el gobierno aumentó las tarifas de retención y autorretención y, al mismo tiempo, bajó las bases mínimas desde las cuales se cobra. Esto significa que más campesinos deben pagar anticipadamente el impuesto de renta, incluso sin estar obligados a declarar.

Por ejemplo, antes una compra general estaba sujeta a retención si superaba los $1,34 millones. Ahora basta con una venta de $498.000 para que se cobre. En el caso del café pergamino y en cereza, antes se retenía desde $7,9 millones. Ahora, desde $3,48 millones, duplicando el número de caficultores afectados, sin cambiar la tarifa del 0,5 %.

Esto no solo disminuye los ingresos del productor. También crea un desbalance en el mercado: las cooperativas deben retener y cumplir la norma, mientras que compradores privados, informales o de ocasión no lo hacen. Según Dignidad Agropecuaria, eso deja a las cooperativas en clara desventaja y debilita las estructuras organizadas del campo.

El decreto también afecta a quienes venden leche, maíz, frutas, hortalizas o cualquier producto en pequeña escala. Estos productores ahora quedan obligados a cumplir con trámites tributarios para recuperar lo retenido: inscribirse en el RUT, declarar renta y contratar contadores. Muchos no tienen cómo asumir ese costo ni entienden el proceso.

“La mayoría del campesinado ni factura ni está formalizado. Ahora los quieren obligar a pagar como si fueran empresas grandes. Es una decisión injusta y desconectada del campo colombiano”, dijo Óscar Gutiérrez y añadió “a los campesinos los están castigando por vender su cosecha”.

Clínicas y hospitales sin margen para pagar

El sector salud también quedó atrapado. El decreto sube de 1,1 % a 3,5 % la autorretención en actividades como hospitalización, servicios diagnósticos y terapéuticos, y atención a pacientes con trastornos mentales. Instituciones públicas y privadas deberán pagar más al Estado, aunque no estén recibiendo sus ingresos completos.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) alertó sobre el impacto de esta medida sobre la ya grave situación de iliquidez de las IPS. La cartera por cobrar supera los 20 billones de pesos. Esto pone en riesgo la compra de insumos, el pago de personal y la atención a los pacientes.

En carta enviada al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la ACHC pidió excluir a clínicas y hospitales de este esquema de anticipos. También propuso aplicar medidas para mitigar la crisis, como ampliar el giro directo, capitalizar EPS intervenidas y mejorar el sistema de reclamaciones del SOAT.

Bernardo Useche, director de Salud de Cedetrabajo, afirmó que, “el aumento en las tarifas de retención en la fuente, ordenado por el Decreto 0572, terminará por afectar no solo a los prestadores, sino también a los demás actores del sistema de salud, en especial a los pacientes y usuarios.”

Empresas: menos caja, menos empleo

El nuevo esquema de retención afecta directamente el flujo de caja de las empresas. Ahora deben adelantar pagos sobre ingresos que aún no han recibido. Esto limita su capacidad para invertir, contratar o mantener su operación al día.

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que el decreto le quita liquidez a las empresas sin explicar en qué se gastará el dinero adicional. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo. “Sin caja no hay empresa. Sin empresa no hay empleo. Y sin empleo, no hay país”.

Según Miguel Ángel Rodríguez, director de investigaciones de Cedetrabajo, la medida afecta especialmente a las microempresas, que representan el 93 % del tejido empresarial del país. Muchas no podrán sostenerse si deben pagar impuestos por adelantado, lo que podría llevar a cierres o despidos.

Los alimentos podrían subir de precio

La medida también afectará los precios de la canasta básica. Si el supermercado debe pagar más impuestos anticipados por la compra de alimentos o transporte de carga, ese sobrecosto lo traslada al precio final.

En abril de 2025, la inflación anual fue de 5,16 %. Los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más subieron. Con el nuevo decreto se espera un nuevo repunte en los precios, lo que afecta sobre todo a los hogares de menores ingresos.

El apuro fiscal y la presión del FMI

El Gobierno justificó el Decreto 0572 como una estrategia para suavizar el recaudo y reducir la evasión. Pero la verdadera razón parece ser otra: la urgencia por conseguir recursos. En 2024, el déficit fiscal alcanzó el 6,7 % del PIB. El Fondo Monetario Internacional advirtió que, si no se cumplen las metas fiscales, Colombia perdería el acceso a la Línea de Crédito Flexible.

En lugar de hacer una reforma tributaria abierta, el Ejecutivo optó por imponer estos cambios a través de un decreto. Esto genera inseguridad jurídica, porque un decreto puede ser tumbado más fácilmente en los tribunales.

La DIAN espera recaudar con esta medida unos 7,3 billones de pesos. Fedesarrollo calcula que podrían ser hasta 13,9 billones. Pero se trata de ingresos que el país dejaría de recibir en 2026. Es una salida temporal, que no soluciona el problema estructural del déficit.

Demandas y advertencias legales

Varias voces políticas ya anunciaron que demandarán el Decreto 0572 ante el Consejo de Estado. Denuncian que se trata de una reforma tributaria inconstitucional, hecha por decreto sin participación del Congreso.

El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, también criticó la medida. Dijo que es irresponsable y podría provocar ceses de pago masivos en las empresas. Para él, el decreto vulnera los principios de legalidad tributaria y equidad.

¿Quién paga realmente esta decisión?

Con el Decreto 0572 de 2025, el Gobierno intenta mejorar su flujo de caja, pero traslada la carga a sectores que ya están ahogados: campesinos, pequeñas empresas, hospitales. Quienes deberían ser protegidos, terminan sacrificados.

Lo grave es que esta medida no resuelve el problema fiscal de fondo. Solo adelanta ingresos. En 2026 habrá menos plata. Y si el decreto se cae por vía judicial, el hueco fiscal será más grande.

El agro, la salud y el empleo formal son pilares que deberían fortalecerse, no debilitarse. Este decreto hace lo contrario.

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Gobierno, salud y promesas rotas: así se vive el modelo Petro en el magisterio

Hace doce meses, con bombos, platillos y discursos que vendían esperanza, el gobierno de Gustavo Petro impuso un nuevo modelo de salud para el magisterio colombiano. Según el Presidente, se trataba de una transformación urgente que beneficiaría a más de 800.000 personas, entre docentes activos, pensionados y sus familias. Hoy esas promesas se desmoronan en medio de filas interminables, medicamentos ausentes y cuentas sin pagar.

Tribuna Magisterial, organización con presencia nacional, expidió un comunicado que no escatima en denuncias. El documento detalla con precisión lo que docentes y beneficiarios han vivido durante un año de improvisaciones y burocracia excesiva.

Según este, la reforma —que comenzó con un piloto hecho sobre la marcha— ha derivado en fallos sistemáticos que el gobierno no ha corregido. “Le salió mal la jugada al presidente Petro”, escriben sin rodeos, haciendo eco del sentir de miles de maestros que han tenido que marchar, protestar y hasta viajar a Bogotá para exigir lo básico: atención médica oportuna.

Nóminas infladas, contratos irregulares y medicamentos perdidos

Uno de los apartes más delicados del informe se refiere al gasto administrativo. A 31 de octubre de 2024 se habían contratado 1073 funcionarios para operar el sistema, aunque el consejo directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) solo había autorizado 971. El Ministerio de Salud recomendó apenas 775, tras analizar el perfil necesario del personal.

El resultado: $9.327 millones mensuales en contratos con empresas temporales. Una cifra que proyectada al año suma más de $111.000 millones. A eso se le agregan $996 millones anuales para pagar a siete profesionales de apoyo de la llamada Gerencia Nacional de Salud, cuya existencia ni siquiera está avalada por el Acuerdo 03 de 2024.

Los números no paran ahí. En cargos directivos hay sobrecupo: 76 nombramientos, cuando el modelo aprobaba apenas 51.

El documento denuncia también los vacíos en la red de atención. Según la Fiduprevisora, 716 IPS prestaron servicios de atención primaria en 2024. De estas, 125 firmaron contratos por capitación con pagos adelantados. Pese a esto, abundaron las quejas de incumplimientos, sin que se activaran controles o sanciones.

Tampoco se salvó la red pública. Solo 156 de las 516 ESE contratadas para atención complementaria tenían contratos firmados y legalizados a enero de 2025. Un desorden que terminó dejando sin servicios a muchas regiones.

En cuanto a pagos, la deuda es escandalosa: de $2,38 billones facturados, solo se habían girado $1,23 billones, es decir, la mitad.

De la promesa a la frustración: «no hay nuevo modelo de salud»

Aunque el Ministerio de Salud admitió en noviembre de 2024 que no se había cumplido lo prometido, el comunicado de Tribuna Magisterial recalca que no hay señales de mejora. “El propio Minsalud diagnosticó que no hay nuevo modelo”, se lee.

A pesar de ese diagnóstico, la Fiduprevisora —bajo la dirección de Aldo Cadena— sigue tomando decisiones que no solucionan la crisis de fondo. El comunicado señala que las y los maestros viven en una «casa en el aire», obligados a saltar sin red.

Los problemas son múltiples:

• Medicamentos que no llegan.
• Viáticos sin pagar.
• Fallas en el sistema de referencia y contrarreferencia.
• Clínicas que rechazan pacientes por deudas.
• Hijos de docentes esperando tratamientos sin respuesta.

Todo mientras la Fiduprevisora gasta miles de millones en cargos que nadie autorizó y funcionarios sin función clara.

Ni Petro, ni la Fiduprevisora responden: el magisterio debe volver a la calle

Ante el abandono, los sindicatos han retomado la movilización. La conmemoración del 1 de mayo fue también una jornada de denuncia. El llamado no solo fue a mejores salarios. También exigía respeto por la salud, cumplimiento de contratos y dignidad para los maestros.

Según el comunicado, la única respuesta posible es la movilización organizada. Fecode y sus filiales deben preparar nuevas jornadas de protesta para presionar al gobierno “La única salida es la calle”, afirman.

Victoria Avendaño, ejecutiva de Fecode y firmante del comunicado, insiste en que la lucha por una salud digna no puede quedarse en papeles firmados que nadie cumple. A su voz se suman líderes sindicales como Timoteo Romero, Jhonson Torres y Diógenes Orjuela.

Tribuna Magisterial recuerda que esta no es una pelea nueva. Ya en gobiernos anteriores hubo incumplimientos, pero ahora el problema está agravado por la desorganización del modelo actual.

El silencio del gobierno y la presión que no cede

Hasta ahora, ni el Ministerio de Salud ni la Presidencia han emitido una respuesta oficial al comunicado. Tampoco la Fiduprevisora. El silencio institucional ha sido interpretado como desdén por parte del magisterio.

Entre tanto, las redes sociales de Tribuna Magisterial y de las seccionales de Fecode se han llenado de testimonios. Videos de maestros esperando horas por una cita. Fotos de pacientes sin atención. Reclamos de madres y padres que no pueden conseguir una medicina para sus hijos.

El costo político no es menor. El gobierno de Petro, que se ha presentado como aliado del pueblo trabajador, ve deteriorarse su credibilidad entre uno de los sectores más organizados del país.

¿Qué sigue para el magisterio?

La pregunta no tiene respuesta clara. Lo único seguro es que los docentes no piensan quedarse callados. Con movilizaciones, demandas jurídicas y denuncias públicas, buscan que el país no olvide que hoy hay un sistema de salud que no funciona.

El comunicado cierra con dos frases contundentes:

“¡Magisterio de Colombia, defendiendo sus derechos con independencia y autonomía!”
“¡Viva el Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Obrera!”

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Jugó un papel descollante en las diversas batallas que el sindicato libró en defensa de los intereses de los trabajadores y de la naturaleza pública de la empresa. Rápidamente se convirtió en miembro de la Junta Directiva seccional. En 1974 decidió hacerse militante del MOIR. Se pensionó en 1992, después de haberse desempeñado como telegrafista y jefe de oficina en muchos municipios de Antioquia. En 1992 hace parte del destacamento que lideró la primera gran huelga contra el primer intento de privatizar Telecom en el gobierno de César Gaviria, intento que fue derrotado por la vigorosa lucha. Después de esa batalla victoriosa obtiene su pensión de jubilación, pero no se retira a sus cuarteles de invierno, sino que sigue vinculado al trabajo sindical y a las luchas sociales.
Fue notoria su contribución a la creación de la CGTD y de la USD en ese mismo año.

Su gran experiencia en la conducción de luchas sindicales hizo que fuera invitado por diversas organizaciones sociales para que les prestara asesoría en sus luchas. Fue así como estuvo presente como asesor en el paro cívico de Caucasia en el año 2000 para defender la naturaleza pública del sistema de acueducto y alcantarillado, en la movilización ciudadana promovida por el Comité Anti-peajes en el norte del Valle de Aburrá en el año 2004 y en el paro nacional minero, también en Caucasia en el año 2013. Con su experiencia, hizo grandes aportes a estas y otras muchas más luchas sociales en defensa de la soberanía nacional, el trabajo y prosperidad de la nación.

Fue animador entusiasta de la creación del Polo Democrático Alternativo en 2006 y activista incansable en las campañas electorales de ese partido y especialmente de las que llevaron en varias ocasiones al Senado a Jorge Enrique Robledo. Cuando se produjo la escisión del POLO y se creó Dignidad y posteriormente se hizo la fusión de Dignidad con Compromiso Ciudadano y se fundó Dignidad y Compromiso, también dijo presente.

Desde 2023 su situación de salud se complicó y a pesar de tener que librar una batalla permanente contra la tramitología del sistema de salud y de las graves dolencias que lo aquejaron, no dejó de asistir a los eventos que Dignidad y Compromiso programó en el municipio de La Ceja, donde vivió los últimos años.

A su amor por Colombia y por las gentes humildes, a su valor civil, su lealtad a los principios a los que no renunció ni les hizo el quite, se sumó su bonhomía, su carácter afable, fraternal y alegre, su afición por la música afrocaribeña y su espíritu bohemio.
Su vida ejemplar servirá de guía a nuevas generaciones de luchadores y su legado será preservado por su familia y el enorme círculo de compañeros y amigos que hoy lamentamos su partida.

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