La Unión Sindical Obrera (USO), tiene toda la razón al exigir la renuncia de Ricardo Roa, celeridad en las investigaciones, aplicación de justicia y la reparación de los daños causados a las finanzas del Estado. Miente Petro al poner al sindicato del lado del uribismo: todos saben del apoyo económico y político que la USO le dio a su campaña.

Lo que ocurre es que el manejo clientelista y corrupto de la empresa ha alcanzado tales proporciones que, ante la amenaza a la estabilidad de Ecopetrol, la pérdida de la soberanía energética y el daño al bienestar de la población, el sindicato está obrando en consecuencia con su tradición histórica de defender los intereses nacionales y de los trabajadores.

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Una parte considerable de la opinión pública y los accionistas minoritarios también piden la renuncia del presidente de la petrolera, por el grave daño que su permanencia le causa a la imagen y a la economía de la empresa. Sin embargo, Roa se sostiene gracias al respaldo del presidente de la República y de la Junta Directiva, a quienes parece no importarles el impacto negativo que esa decisión tiene sobre Ecopetrol.

Este no es un problema reciente ni exclusivo de un solo gobierno. La ofensiva neoliberal y aperturista impuesta al país por Estados Unidos, desde el gobierno de César Gaviria, ha tenido a Ecopetrol como uno de sus objetivos permanentes. Han sido los trabajadores y amplios sectores de la sociedad quienes, con denuncias y movilizaciones, lo han impedido. Tanto Álvaro Uribe como Gustavo Petro le han causado graves daños a la estatal petrolera. El primero impuso el regreso al antinacional contrato de concesión, privatizó parte de la empresa y prorrogó los contratos de asociación de gas de La Guajira y de los yacimientos de Caño Limón.

Petro, por su parte, la ha debilitado con la irracional satanización de la industria del petróleo y el gas: no ha permitido nuevos contratos de exploración, ha retrasado la explotación de los campos gasíferos recién descubiertos en la Costa Caribe y ha empujado al país a la crítica condición de importador de crudo y gas. Esta dañina política se ha agravado con la terquedad de mantener a Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol, muy a pesar de las investigaciones e imputaciones de la Fiscalía por actos de corrupción en la empresa y por violaciones a la ley en la gerencia de la campaña electoral del propio Petro.

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Vale recordar que Ecopetrol no es una empresa cualquiera. Desde 1951, cuando el decreto que la creó le permitió recibir los campos petroleros de la Concesión De Mares y la Refinería de Barrancabermeja de manos de la Tropical Oil Company, se convirtió en el motor del desarrollo industrial y comercial más importante del país. Durante más de 70 años y en lucha constante contra las multinacionales y las actuaciones privatizadoras y corruptas de varios gobiernos, Ecopetrol se ha consolidado como una empresa que garantiza en buena parte la soberanía energética del país y aporta cuantiosas sumas a las finanzas del Estado, favorece la balanza comercial del país, y estimula el desarrollo económico y social a las regiones petroleras.

Toca rescatar la viabilidad de la empresa, recuperar el autoabastecimiento de crudo y gas y garantizar precios determinados por los costos nacionales de producción que beneficien a los consumidores. La USO, en ejercicio de su autonomía e independencia, reclama por la defensa de los trabajadores, la producción petrolera y la seguridad energética de la nación. Los colombianos debemos apoyar con decisión estos justos reclamos.

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Los recientes bombardeos del ejército de Israel contra la población de La Franja de Gaza, rompen la tregua acordada con Hamas y reactiva el exterminio de un pueblo desarmado que tiene el derecho histórico y cultural a permanecer en su territorio.

En tan solo una semana los soldados israelíes han asesinado a más de 900 ciudadanos inermes, incluyendo niños y ancianos que habían regresado a sus destruidas barriadas. Donald Trump y Benjamin Netanyahu han anunciado el despropósito de sacar a los gazatíes de su tierra y desterrarlos a África y Asia, en una acción reprobable de limpieza étnica. La Organización de las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones Árabes y la inmensa mayoría de gobiernos del mundo rechazan este atropello, sin embargo, Trump y Netanyahu continúan adelante con su criminal proceder.

Los demócratas del mundo debemos elevar nuestra condena contra los gobiernos genocidas de Israel y Estados Unidos, pedir que se continúe con la tregua, que Hamas libere a los rehenes y cese cualquier acción terrorista, se desbloquee la ayuda humanitaria y que la comunidad internacional ayude a la reconstrucción de Gaza.

La solución definitiva del conflicto entre Israel y Palestina debe darse sobre la base del acatamiento de las varias resoluciones de la ONU que prevén la existencia de dos Estados y la devolución de los territorios ocupados por Israel después de la guerra de 1967. Estados Unidos que es responsable de financiar y armar al Estado de Israel, ha saboteado permanentemente la concreción de esta solución y por el contrario aúpa el genocidio y la política imperialista de Israel en Oriente Medio, convirtiéndolo en punta de lanza de sus intereses.

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Los titulares advierten sobre una comprometida situación de la empresa por los resultados económicos y misionales, de lo cual poco énfasis se hace, y también por las denuncias de corrupción que comprometen al presidente de la compañía y exgerente de la campaña de Gustavo Petro, Ricardo Roa.

Los organismos de control interno de la empresa, los del Estado y los de la justicia deben investigar a fondo las denuncias de corrupción que prestigiosos medios y periodistas han divulgado y que ni el gobierno ni Ecopetrol ni Ricardo Roa han desvirtuado satisfactoriamente. Se destaca la relacionada con la adquisición y mantenimiento de un apartamento de Ricardo Roa que lo involucra en relaciones anómalas con el empresario William Vélez, quien acaba de cerrar el gran negocio de venderle a Ecopetrol la generadora de electricidad TermoMorichal, en el departamento de Meta, por 42 millones de dólares. A William Vélez se le concedió la operación de dicha unidad por un año a razón de 2 millones de dólares mensuales, tal como lo denuncia Daniel Coronell en la revista Cambio.

También son de extrema preocupación las extensas denuncias de corrupción reveladas por La Silla Vacía y Caracol 6 AM sobre la injerencia del señor Julián Caicedo, compañero sentimental del presidente de Ecopetrol, no solo en la definición de distintas contrataciones de la subsidiaria de Ecopetrol, Cenit, empresa encargada del transporte de hidrocarburos, sino también por los nombramientos de personal en distintos puestos de trabajo.

Las denuncias de corrupción deben ser investigadas con rigor y despejar cualquier duda, pues se trata del manejo de una empresa que incide en la generación de empleo, la activación de firmas de servicios e ingeniería, el comercio y los ingresos de la nación por regalías, utilidades e impuestos, con más de 50 billones de pesos al año.

El segundo aspecto de las menciones sobre Ecopetrol se relaciona con el manejo que el gobierno de Gustavo Petro y sus ministros de Minas han determinado sobre la política petrolera nacional, y cuyas consecuencias le hacen un gran daño a la economía y al bienestar de la población y atentan contra una transición responsable y soberana, pues se trata de la seguridad energética.

Los flacos resultados financieros de Ecopetrol en estos nueve meses de 2024, la amenazante posibilidad de perder la autosuficiencia en la producción de crudo y gas, el alarmante endeudamiento de la empresa, la caída de casi un 50% de su valor en bolsa y la decisión irracional de no firmar nuevos contratos de exploración, deben movilizar a la opinión pública y a las fuerzas políticas a exigir que se revise de raíz la orientación de la política petrolera y energética del gobierno, única garantía para una transición responsable y soberana.

En los primeros nueve meses de 2024, Ecopetrol tuvo una caída en los ingresos por refinación de 132.7%, al pasar de 2,78 billones en 2023 a menos 900 mil millones en 2024, pérdida motivada por la disminución de los márgenes de refinación y por falta de optimización y mantenimiento adecuado de sus unidades.

Las utilidades del tercer trimestre de 2024 cayeron 28,7% con respecto al 2023, de 5,8 billones a 3,6 billones. En total, las utilidades de estos nueve meses han caído un 25,6%. Por supuesto que influye la fluctuación de los precios del crudo, el hecho de que el gas que compran las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena aumentó más del 30%, mientras que la demanda interna de refinados bajó 3.9%.

La producción de crudo está en 752.000 barriles diarios y tiene un componente de producción en campos asociados en Estados Unidos, cuya rentabilidad está por probarse y cuyo volumen alcanza los 95.200 barriles diarios, lo que permite deducir que la producción real en Colombia es de tan solo 656.800 barriles diarios.

Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, de los 40 pozos exploratorios que se deberían perforar en 2024, sólo se han perforado 11 al mes de agosto, y según declaraciones recientes de Ricardo Roa, apenas se llegaría a 16, cifra deficiente para lograr reponer y aumentar las reservas del país. Según esta misma fuente, las compañías que operan en Colombia se han comprometido a perforar 110 pozos exploratorios hasta 2030, y de ahí en adelante no hay programación porque no hay firmados nuevos contratos. Las reservas probadas del país están estipuladas para siete años, hasta el 2031, y de ahí en adelante reina la incertidumbre.

A lo anterior se debe agregar que a partir de 2025 habrá importación de gas natural, sin que se haya establecido aún el volumen, que dependerá del avance en los trabajos de explotación de los recientes descubrimientos mar adentro en el Caribe y que la ministra Susana Muhamad ha torpedeado constantemente.

Muy desafortunado que la Unión Sindical Obrera, USO, considere de menor cuantía las acusaciones de corrupción y salga a defender a Ricardo Roa, sin que medien explicaciones contundentes y sin que ningún organismo de control o de justicia haya investigado y fallado al respecto. Es un desacierto invocar en el respaldo a Roa que hubo anteriores escándalos de corrupción, mayores que este que nos ocupa, casos también acertadamente denunciados por la USO y por quienes actualmente rechazan los desaciertos de este gobierno. Tan graves como los escándalos de REFICAR, INVERCOLSA, las ventas a futuro de crudos y las inversiones en Perú y Brasil, que en su momento alertó el senador Jorge Enrique Robledo, son las actuales denuncias de corrupción. Corrupción es corrupción, en cualquier momento de la historia y en cualquier tipo de gobierno, llámese de derecha, izquierda o centro. El deber de los trabajadores y sus organizaciones es defender la soberanía, el trabajo y la producción nacionales. Hoy, el patrimonio y el esfuerzo de los colombianos que representa Ecopetrol se ven amenazados por una política de transición energética aventurera que favorece los intereses de las multinacionales de la energía y que atornilla en la presidencia de la empresa a un personaje fuertemente cuestionado por denuncias de corrupción y además por violaciones a la ley en la gerencia de la campaña presidencial.

Toca unir al país por una transición energética responsable y soberana, garantizar la autosuficiencia de hidrocarburos y asegurar la permanencia de Ecopetrol como motor del desarrollo nacional. La USO sentirá el acompañamiento de todos los demócratas y progresistas de Colombia en la medida en que tenga coherencia con esta sentida problemática.

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El gas natural y el propano GLP (Gas Licuado del Petróleo) cubren la demanda calorífica de más de 11 millones de hogares, el país es autosuficiente en ACPM, combustible de aviación, combustóleo y puede serlo en gasolinas, lo que vuelve prioritarios encontrar y desarrollar nuevos yacimientos de crudo y gas. Hay 1.8 millones de hogares que usan leña y reemplazarla por gas domiciliario o GLP ayuda a contener la deforestación y a contaminar menos porque el gas produce 25% menos de CO2 y menos óxidos de nitrógeno que el carbón y el petróleo. Luego es demencial detener o demorar los trabajos de explotación de los promisorios campos gasíferos descubiertos en la Costa Caribe, como muy bien lo explicó el expresidente de Ecopetrol Felipe Bayón en Caracol.

Las declaraciones de Gustavo Petro ordenándole al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, que la política de su gobierno es cero carbón, cero petróleo y cero gas, son lapidarias para el autoabastecimiento y la seguridad energética. Ricardo Roa había anunciado recientemente el compromiso de desarrollar los yacimientos descubiertos en el mar Caribe, para lo cual se requiere gestión empresarial y recursos, de lo contrario la producción se retarda y las implicaciones en la economía y el bienestar de la población serán desastrosas.

Además, siendo que el carbón, la electricidad y el petróleo representan el 45% de las exportaciones del país y que Ecopetrol le aporta al fisco más de 50 billones de pesos en impuestos, regalías y utilidades; en la medida que no reemplacemos las reservas no tendremos exportaciones ni regalías, y sufriremos el impacto negativo del valor de las importaciones de petróleo y gas en el fisco y en el bolsillo de los colombianos.

La transición energética que plantea el gobierno de Gustavo Petro es demencial y dañina, y es muy grave que por afinidad ideológica o por intereses burocráticos, una parte del sindicalismo, las organizaciones sociales, la academia y los partidos que se reclaman alternativos, no levanten la voz contra estos desaciertos. Para nada riñe con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y la instalación de plantas de generación eléctrica solares y eólicas, con reponer y aumentar las reservas de gas natural, gas que está calificado como una fuente de energía limpia por todas las autoridades ambientales del mundo.

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La condición de autosuficiencia debería ser una ventaja comparativa para el desarrollo industrial, agropecuario y de servicios del país. Sin embargo, no es así. Lo impiden los altos precios de los combustibles, las extorsivas tarifas de la energía eléctrica y la falta de asistencia técnica y financiera para acometer proyectos mineros y energéticos de envergadura.

Desde hace muchas décadas, pero particularmente desde el “revolcón” de César Gaviria, los distintos gobiernos no han dejado de aplicar políticas antinacionales. No solo han privatizado el sector, sino que les imponen a los combustibles el precio internacional, les permiten utilidades desmedidas a las comercializadoras y distribuidoras de electricidad y se empecinan en firmar contratos leoninos para la explotación de los hidrocarburos, el carbón y la generación eléctrica. Más recientemente, el capital financiero internacional y las multinacionales han estado presionando al gobierno para hacerlo embarcar en una transición energética atropellada, que puede llevar a la quiebra de Ecopetrol, a debilitar las finanzas nacionales, a la pérdida de la autosuficiencia energética y a un mayor empobrecimiento de la población.

Desde los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque se viene acatando esta imposición, pero ha sido Gustavo Petro quien la ha asumido como el asunto central de su mandato. Es irracional desistir del uso de los combustibles fósiles para reemplazarlos por energías alternativas que no están a disposición y cuya puesta en práctica ha de hacerse de manera gradual y a costos muy altos, como está demostrado, por ser más cara su producción y no necesariamente menos dañina para el medio ambiente, pues requieren inmensas cantidades de minerales y materiales de escasa y costosa producción e igualmente contaminantes.

Los parques de energía solar inaugurados en este gobierno y contratados por sus antecesores no aportan ni el 2% de la electricidad y la mayoría han sido contratados a multinacionales europeas, canadienses y chinas que obtienen jugosas ganancias en su construcción y operación. Los 16 parques eólicos proyectados por este y los anteriores gobiernos y concesionados en su mayoría a multinacionales europeas, no han podido concretarse por falta de licencias ambientales y de consultas previas a las poblaciones nativas.

Las definiciones en materia energética hechas por Gustavo Petro y sus ministros de Minas y Energía, primero Irene Vélez y ahora Andrés Camacho, son aventureras e irresponsables. Desconocen la realidad del país y les hacen el juego a las multinacionales de Estados Unidos que hoy nos venden el faltante de gas natural licuado por caída de las reservas y los 35 mil barriles diarios de gasolina y naftas, este último déficit causado por el atraso en la modernización y ampliación de las refinerías. El gobierno ha impuesto medidas como la de no firmar nuevos contratos de exploración y la de recortar las inversiones de Ecopetrol en las áreas de exploración y producción en un 45% con respecto a 2023, asunto que rechazó la USO y que a la fecha no ha tenido respuesta por parte de la administración. Tampoco se concreta la ampliación y optimización de las refinerías para asegurar el autoabastecimiento de gasolina, naftas, JP1A, ACPM y GLP, entre otros. La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, ha suspendido trabajos en proyectos de importancia y negado licencias ambientales en zonas de gran potencialidad y de cuya entrada en producción depende superar la alarmante deficiencia de gas natural. CAMPETROL, gremio de los prestadores de servicios de la industria petrolera, señala que entre noviembre de 2022 y abril de 2024 dejaron de operar 28 taladros en labores de desarrollo y mantenimiento de pozos, que representan 3.650 empleos directos y 20.000 indirectos.

La situación es concreta y los números encienden las alarmas frente al autoabastecimiento y la seguridad energética del país. Colombia dispone de la siguiente canasta energética: 65% de gas y petróleo, 13% de energía hidráulica, 9% de carbón y 13% de eólica, solar, leña y biomasa, matriz que no se puede cambiar abruptamente como lo propone el gobierno. Y en materia de electricidad, la situación se torna aún más angustiosa por las consecuencias del cambio climático, pues dependemos de la generación hidráulica en 66%, del gas natural en 15.5%, del carbón en 8.5%, del ACPM en 4.5%, de la solar en 2%, la biomasa 1% y la eólica 1%, porcentajes que varían con el régimen de lluvias y otros factores de demanda y disponibilidad de energéticos. El cuadro se ve alterado por fenómenos como El Niño y por la declinación en la producción de gas, que será deficitaria en 8% para 2025, como lo anuncian Ecopetrol y Minminas, y en 20% para 2026, déficit suplido con importaciones que elevarán la factura del gas domiciliario en 12%, según cálculos de Ecopetrol, y en 32%, según el gerente de Promigas.

A estas vicisitudes se debe agregar que el peso de las exportaciones de petróleo, carbón y electricidad representa más del 45% del comercio exterior y resulta por tanto determinante en la balanza comercial. Aclaremos que el carbón de Colombia goza de alta demanda por su rendimiento calorífico y bajo contenido de azufre y de cenizas. Luego dejar de extraerlo y exportarlo afecta las finanzas nacionales, las regalías a las regiones productoras y el empleo, como lo puso en evidencia el cierre de la mina de Calenturitas, operada por Prodeco en el Cesar y que significó la pérdida de más de 5.000 empleos entre directos e indirectos. Y de todas maneras el carbón que Colombia no pone en el mercado mundial es remplazado por otros productores como Estados Unidos, Rusia, Turquía y Australia.

En resumen, lo responsable con las finanzas nacionales, la estabilidad de la economía y el bienestar de la población es optar por una transición energética soberana y responsable. Firmar nuevos contratos de exploración petrolera, garantizar el desarrollo de los campos de gas recién descubiertos, aumentar la inversión de Ecopetrol en el mantenimiento y reacondicionamiento de pozos, mejorar el recobro en todos los yacimientos de crudo y gas, ampliar la capacidad de refinación y llevar a la práctica proyectos de energías limpias de manera planificada y segura. Lo contrario es abocar al país a convertirse en importador de energéticos y quedar expuesto a la dependencia de la potencias económicas y energéticas, cuyos gobiernos no han cumplido ningún compromiso con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero GEI ni con la mitigación de los daños que el cambio climático les está provocando a los países más pobres. Colombia solamente es responsable de menos del 0.5% de esas emisiones.

Las cifras aconsejan un cambio en la política, Colombia cuenta con reservas de petróleo para 7.1 años y de gas para 6.1 años, y se verá obligada a importar el 8% del gas en 2025 y el 30% en 2026. Adicionalmente el presidente de la USO, Cesar Loza, ha advertido que, en tres años la producción interna de crudo solo alcanzará para proveer los 440 mil barriles diarios que cargan las refinerías y que no habrá excedentes para exportación.

Mientras Colombia desiste de la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos, países como Brasil, Bolivia y México se aplican a optimizar y a hacer crecer la industria petrolera y al mismo tiempo, sin entrar en contradicción, adelantan ambiciosos proyectos de energías más limpias.

La discusión de un tema tan trascendente para la sociedad debe abordarse con el mayor rigor, con apego a la ciencia y la tecnología, sin sesgos políticos e ideológicos, de tal manera que se opte por las salidas más convenientes para el desarrollo económico nacional y el bienestar de nuestra población.

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