Este martes 7 de octubre, Sergio Fajardo presentó los fundamentos de su programa de salud ante representantes de EPS, hospitales, clínicas, farmacéuticas, cajas de compensación y asociaciones de usuarios y paciente y profesionales de la salud. Explicó una política y una ruta técnica para solucionar la profunda crisis que afecta el sistema de salud.

Un plan técnico para recuperar el sistema

Sergio Fajardo presentó una hoja de ruta enfocada en devolver estabilidad al sistema de salud y recuperar la confianza entre pacientes, prestadores y aseguradores. Propuso auditorías externas y otras medidas para garantizar el flujo y el control de los recursos.

Durante el encuentro explicó que su equipo con base en un diagnóstico detallado de la crisis actual ha formulado una serie de medidas para restablecer el orden en el hoy caótico sistema de salud. Señaló la falta de información transparente sobre el estado real de las EPS, el desbalance en la Unidad de Pago por Capitación, UPC y el deterioro institucional. Su plan plantea recalcular los valores de la UPC con base en datos verificables y crear un sistema de información que permita seguimiento público de cada peso destinado a la atención.

También anunció que, desde el primer día de gobierno, instalará un Puesto de Mando Presidencial para la Salud, un mecanismo que concentrará decisiones urgentes y coordinación directa con los ministerios, las entidades territoriales y los prestadores de servicios médicos. El propósito es atender de manera inmediata las fallas críticas del sistema y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Equipo de salud y enfoque técnico

El programa fue diseñado por un grupo con trayectoria en gestión pública, investigación y atención directa en salud. Lo integran Luz María Agudelo, exsecretaria de Salud de Medellín y Antioquia, con experiencia en fortalecimiento hospitalario; Bernardo Useche, presidente del Centro de Estudios del Trabajo -Cedetrabajo, experto en Salud pública y salud mental; Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, con énfasis en evaluación de políticas; y Víctor Correa, médico y exrepresentante a la Cámara, con experiencia en atención primaria y gestión territorial, Arturo Montejo, médico y académico experto en medicina familiar; Marcela Garcés, médica y especialista en salud pública; Javier Criales, expresidente de la Asociación Colombiana de pediatría y Ángela Molina, bacterióloga y epidemióloga.

Entre las primeras acciones, propuso una auditoría independiente a todas las EPS intervenidas y al régimen de salud del magisterio. El objetivo es aclarar el uso de los recursos, las responsabilidades financieras y las obligaciones pendientes con hospitales y trabajadores. Al igual que conocer las razones del dramático incremento de la negación de servicios a los usuarios e identificar las principales barreras asociadas con el acceso a medicamentos.

Fajardo indicó que su plan prioriza la reapertura de servicios cerrados en urgencias, pediatría y salud mental. Estas medidas buscan restablecer la atención básica, reducir los tiempos de espera y garantizar cobertura efectiva en regiones con mayor déficit.

Una presentación ante todos los actores del sistema

La convocatoria reunió a los principales sectores del sistema, con el propósito de compartir los fundamentos técnicos de la propuesta y abrir un proceso de diálogo estructurado.

Fajardo explicó que el sistema no atraviesa una crisis coyuntural, sino un deterioro acumulado que exige orden administrativo, información verificable y gestión sostenida.

Durante su intervención, afirmó que el sistema colombiano arrastra una crisis financiera y de confianza que se refleja en la falta de liquidez, el cierre de servicios y la inequidad territorial. Mencionó que las autoridades desconocen la información real sobre el estado de las EPS y sobre el uso de los recursos públicos en salud, lo que impide tomar decisiones acertadas.

De acuerdo con el documento presentado, la propuesta se desarrollará por etapas. Los primeros cien días estarán dedicados a la estabilización financiera y a la reapertura de servicios básicos. Entre 2026 y 2027 se formulará el plan nacional de desarrollo con el fin de sentar las bases de un nuevo modelo de salud concertado con todos los actores. En la última fase, entre 2028 y 2030, se implementarán los mecanismos acordados para restructurar y saldar la deuda con los hospitales. El enfoque busca mantener la rectoría estatal del sistema de salud.

Respaldo en su experiencia de gestión

Sergio Fajardo respaldó la propuesta en su experiencia como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Recordó que en ambos cargos aplicó políticas de transparencia, control de recursos y fortalecimiento de la red pública hospitalaria. En su exposición, afirmó que la gestión en Antioquia permitió sanear hospitales y firmar pactos de transparencia con los municipios.

Se mejoró la cobertura de atención primaria, se impulsaron equipos básicos de salud, se fortalecieron los hospitales departamentales y se crearon espacios de seguimiento financiero entre autoridades locales. Fajardo dijo que ese modelo demostró que es posible administrar los recursos públicos con rigor y participación ciudadana.

“En Antioquia no se pierde un peso”, repitió, retomando una frase que lo acompañó en sus anteriores gobiernos. Añadió que el mismo principio regirá la gestión nacional en salud durante su Presidencia.

Una propuesta con cooperación y concertación

El programa presentado busca integrar a todos los actores del sistema. Fajardo insistió en que el sector necesita cooperación, no fragmentación, y que la recuperación de la confianza depende de la participación de cada institución en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Durante el evento, reiteró que el deterioro institucional no se resuelve con confrontación política, sino con planificación, consenso técnico y cumplimiento. Llamó a los gremios, las EPS, los hospitales y los trabajadores del sector a participar en la construcción de soluciones comunes.

Los principales representantes de los gremios del sector salud que asistieron al encuentro resaltaron lo valioso de la convocatoria y la disposición de Sergio Fajardo para escuchar a todos los actores del sistema. Coincidieron en que la reunión marcó una diferencia frente al clima de confrontación que domina la discusión nacional, pues el Fajardo optó por construir su propuesta mediante cooperación y concertación técnica. Destacaron que el diálogo abierto con hospitales, EPS, farmacéuticas, trabajadores y pacientes es el camino para recuperar la confianza y avanzar hacia soluciones reales para el sistema de salud.

La Asociación de Usuarios del Hospital San Félix, “Asuhosanfelix”, radicó una carta al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel y al Gobierno nacional para exigir soluciones urgentes frente a la crisis hospitalaria de La Dorada, agudizada por las deudas de las EPS, principalmente la Nueva EPS, la mayor deudora, y el cierre de servicios.

Usuarios del Hospital San Félix exige soluciones a la crisis hospitalaria en Caldas

En el documento, veedores y líderes de la comunidad denunciaron la degradación del sistema de salud en Caldas y la amenaza de colapso del principal centro hospitalario del Magdalena Medio.

La misiva detalló cómo las citas con médicos generales pueden tardar hasta ocho días y las de especialistas varios meses, incumpliendo lo dispuesto por la normativa que exige plazos de tres y cinco días. Denunció también que los medicamentos formulados nunca se entregan completos, obligando a los pacientes a costear de su bolsillo tratamientos esenciales. La carta agregó que las EPS no cubren los traslados de pacientes remitidos a otras ciudades, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordena, y que incluso se niegan fármacos vitales para la hipertensión, la diabetes o enfermedades renales.

Un hospital ahogado por las deudas

El documento recordó que la deuda de las EPS con el Hospital San Félix ya supera los 40 mil millones de pesos, mientras que en todo Caldas el saldo pendiente asciende a más de 400 mil millones. Esa carga financiera ha obligado al cierre de servicios en varias instituciones y amenaza la supervivencia de la ESE San Félix, que sostiene la atención de cerca de 500 mil habitantes del Magdalena Medio.

La crisis se agudizó con la intervención de la Superintendencia de Salud a la Nueva EPS. Según los usuarios, lejos de mejorar, la situación se deterioró: los atrasos en los pagos crecieron y se disparó el riesgo de un efecto dominó que pondría en jaque a toda la red hospitalaria del departamento.

La voz de los usuarios en las calles

Antes de que la carta fuera radicada, las asociaciones de usuarios ya habían salido a las calles. El 29 de agosto realizaron un plantón frente a la sede de la Nueva EPS en La Dorada. “Estamos en una emergencia porque el hospital vive de vender servicios a las EPS y estas no están pagando, particularmente la Nueva EPS. Llamamos al Gobierno nacional a que pague esta astronómica deuda”, expresó Eduardo Muñetón Bustamante, presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital San Félix.

La protesta fue descrita como un acto pacífico y democrático para defender el derecho a la salud. Con megáfonos y pancartas, los doradenses se reunieron a exigir respuestas, convencidos de que el deterioro del hospital refleja el abandono estatal y la indiferencia frente a una comunidad que se siente condenada a un nuevo “paseo de la muerte”.

Cronología de una crisis anunciada

San Félix, en caída desde marzo

El deterioro del Hospital San Félix no comenzó en septiembre. En un comunicado del 17 de marzo, la gerencia señaló que la deuda exigible y conciliada de la Nueva EPS alcanzaba los 25 mil millones de pesos. Ese mismo documento exigía un giro inmediato de 10.376 millones para poder sostener los servicios básicos, advirtiendo que la situación financiera había llegado a un límite. Sin embargo, este valor era sólo una parte de la cartera.

Pero la deuda con el Hospital podría ser mayor. Un informe de cartera publicado en el mes de mayo mostró que las cuentas por cobrar de la institución superaban los 48.200 millones de pesos. De ese total, 31.823 millones correspondían a la Nueva EPS, equivalentes a dos de cada tres pesos adeudados. Esa cifra incluía servicios facturados, pero aún sin pago, muchos en proceso de conciliación o con glosas pendientes. A la deuda de la Nueva EPS se sumaban 5.095 millones de Asmet Salud, 2.355 millones de Famisanar y montos menores de otras entidades. La administración advirtió que más del 60 % de esas cuentas llevaba más de 90 días vencida, lo que comprometía la atención de miles de usuarios, pues los pagos mínimos recibidos no alcanzaban para sostener servicios de mediana y alta complejidad.

Agosto: la suspensión de servicios

El 22 de agosto, un nuevo comunicado del hospital informó que la deuda reconocida con la Nueva EPS había llegado a los 26 mil millones y que la falta de recursos comprometía la atención crítica. “La salud de nuestros pacientes no puede depender de pagos mínimos ni de la desatención financiera por parte de la EPS”, advirtió la institución.

El 25 de agosto se materializó lo que parecía inevitable: el Hospital San Félix suspendió los servicios a más de 48 mil usuarios de la Nueva EPS en La Dorada. A esa crisis se sumaron la Clínica Avidanti en Manizales, el Hospital Universitario de Caldas, que también cerraron atención a la aseguradora. En conjunto, tres de las principales instituciones del departamento dejaron de recibir pacientes por la imposibilidad de cubrir los costos básicos.

Septiembre: efecto dominó en Caldas

La crisis del San Félix provocó un traslado masivo de pacientes hacia Manizales. El Hospital Santa Sofía reportó una sobreocupación de más del 200 por ciento en sus servicios de urgencias, lo que agravó la situación de la red hospitalaria del departamento. La Territorial de Salud anunció un plan de contingencia para mitigar los efectos, pero los usuarios denunciaron que las medidas eran insuficientes y que los servicios seguían colapsados. El 16 de septiembre la Alcaldía de Manizales informó que el Hospital Infantil Rafael Henao Toro de Manizales, también se uniría a la lista de instituciones que le cerraron las puertas a los usuarios de la Nueva EPS.

La Nueva EPS bajo intervención

Mientras los hospitales se ahogan, la Nueva EPS sigue bajo control de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, auditorías recientes revelaron un deterioro mayor. Un informe de la Contraloría documentó anticipos pendientes por 15,27 billones de pesos, 22 millones de facturas sin auditar, 9 millones de ellas repetidas, y deudas hospitalarias por más de 21 billones.

Pese a esas cifras, el presidente Gustavo Petro insistió en su alocución del 12 de septiembre en que no rescataría a las EPS. “La Nueva EPS ha tenido, casi desde el primer día, una historia de robo. No voy a salvar las EPS, que la Comisión Séptima mire a ver”, declaró en cadena nacional.

Mientras el Gobierno  descarga la responsabilidad en el Congreso, la gente de La Dorada sigue esperando una cita médica, un medicamento o un traslado que nunca llegaba.

La distancia entre Bogotá y La Dorada

Para los usuarios del Hospital San Félix, no se trata de salvar a las EPS, sino de salvar vidas. La gente no espera discursos ni excusas: necesita médicos, medicamentos y transporte para ser atendida. La comunidad percibe que, mientras el gobierno de Gustavo Petro se enreda en debates políticos, en Caldas se mueren personas que pudieron recibir atención a tiempo.

El costo humano de la crisis hospitalaria

Vidas en suspenso en La Dorada

En La Dorada, conseguir una cita médica se convirtió en una carrera contra el tiempo. Los usuarios relatan que deben esperar semanas para un médico general y meses para un especialista, a pesar de que la norma exige plazos de tres y cinco días. Cada retraso aumenta el riesgo de complicaciones, y muchas veces las enfermedades se agravan hasta volverse irreversibles.

Medicamentos incompletos y tratamientos interrumpidos

La carta enviada al gobernador describe cómo, de los cuatro o cinco fármacos recetados, los dispensarios entregan solo dos o tres. Lo que falta debe pagarse del bolsillo de cada familia o simplemente se deja de tomar. Ese vacío en los tratamientos ha conducido a recaídas y fallecimientos que los usuarios consideran evitables.

El “paseo de la muerte” en Caldas

Cuando los pacientes son remitidos a otras ciudades, la situación se agrava. Las EPS no reconocen el transporte del enfermo ni del acompañante, a pesar de que la Corte Constitucional lo ordena. Quienes no tienen recursos deben aplazar o renunciar a la atención, lo que convierte el traslado en un nuevo “paseo de la muerte” para los habitantes de La Dorada y el Magdalena Medio.

Un hospital sin oxígeno financiero

Mientras tanto, el Hospital San Félix, que debería ser el soporte del oriente de Caldas, sobrevive con una deuda que supera los 40 mil millones de pesos. La institución cerró servicios en varias áreas y funciona en estado de precariedad, lo que pone en riesgo a los cerca de 500 mil habitantes que dependen de él.

Radiografía del desorden nacional

La crisis de la salud en Caldas es una radiografía del desorden nacional. La intervención de la Nueva EPS no ha mejorado la situación, y los hospitales están al borde del colapso. Los usuarios del San Félix, respaldados por cientos de firmas y movilizaciones, han dicho basta. El llamado es directo al gobernador y al Gobierno nacional: actuar ya o asumir la responsabilidad por cada vida perdida en este laberinto hospitalario.

La Asociación de Usuarios de la IPS Clínica San Rafael y otras 14 organizaciones ciudadanas en un comunicado enviado al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud denunciaron que la situación de los afiliados a la Nueva EPS es “Un caos total”. Acusan a los interventores de agravar el colapso del servicio, señalan desabastecimiento de medicamentos y exigen un plan de contingencia inmediato para enfrentar lo que consideran una emergencia nacional.

Lea el comunicado aquí —- Por mi salud por tu salud—-

Intervención sin mejora: deudas, rezagos y un modelo en ruinas

La intervención a la Nueva EPS comenzó en abril de 2024. Ya entonces arrastraba una deuda superior a los $5 billones, múltiples fallas en la red de atención, una entrega deficiente de medicamentos y cerca de 280 mil quejas represadas, para finales de 2024 ya iban 358.319 quejas radicadas y solo en los tres primeros meses de 2025, se registraron más de 124.000 quejas según cifras de la Superintendencia. Lo que debía ser un proceso de saneamiento administrativo, terminó acentuando los problemas: los usuarios denuncian que hoy hay más trabas, más demoras y menos capacidad operativa que hace un año.

Medicamentos que no llegan, citas imposibles y hospitales desfinanciados

En el comunicado de los usuarios de la Clínica San Rafael y en el derecho de petición enviado al Ministerio de Salud por ASUDSALUD —firmado por más de 500 personas—, se documentan que los usuarios no reciben los medicamentos esenciales, enfrentan cancelaciones reiteradas de cirugías y no encuentran citas con especialistas. Hay fallas graves en el sistema de autorizaciones, demoras ilegales en la asignación de citas —que según el Decreto 019 de 2012 y la Resolución 1552 de 2013 no deberían superar cinco días— y barreras económicas impuestas por prestadores que no reciben pagos de la EPS.

Gobierno admite presión sobre las EPS para forzar la reforma

En una audiencia pública del Senado el 13 de mayo de 2025, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo declaró que el gobierno mantiene a las EPS «en cuidados intensivos» como mecanismo de presión para lograr la aprobación de la reforma. Las declaraciones que fueron registradas por diversos medios causaron rechazo inmediato. Legisladores de oposición, asociaciones de usuarios y profesionales de la salud calificaron la estrategia como un chantaje inaceptable, “Están jugando con la vida de la gente para defender una ideología, cuando lo que necesitamos es un método para poner orden y dar soluciones reales.” Afirmó Sergio Fajardo.

Proselitismo a nombre de la reforma

Bernardo Useche, director de Salud de Cedetrabajo ha señalado que la reforma de salud propuesta por el gobierno de Petro se enmarca en su estrategia de proselitismo electoral, más que en la solución efectiva de la crisis actual.

El propósito de emplear la discusión sobre la reforma a la salud como medio de agitación en la campaña electoral se confirma con el reciente anuncio del presidente de incluir en una nueva consulta popular preguntas sobre la producción y el acceso a medicamentos.

El Dr. Useche además, denuncia que el gobierno no está haciendo uso de las herramientas legales ya vigentes para obligar a cumplir los plazos en la entrega de medicamentos y citas, como lo establecen la Sentencia T-259 de 2019 o el Decreto 019 de 2012.
lo cierto es que ninguna de las acciones recientes del gobierno ha estado encaminada a aliviar el sufrimiento de la gente. El reciente decreto propuesto por el gobierno sobre el modelo preventivo no enfrenta las causas inmediatas del colapso en la atención, ni da respuesta a la falta de medicamentos y el no pago a hospitales. El Dr. Useche, cuestiona que se anuncien transformaciones estructurales sin financiación clara, mientras se mantiene la desprotección de los usuarios.

Lo urgente no es ampliar la retórica sobre un nuevo sistema, sino decretar de inmediato un plan de contingencia real: pagar las deudas a clínicas y hospitales, garantizar el suministro de medicamentos y resolver el acceso a servicios que hoy están paralizados, afirmó.

Cinco medidas urgentes para detener el deterioro del sistema de salud

El partido Dignidad y Compromiso ha llamado la atención respecto a que se debe solucionar la crisis con o sin reforma, para esto, hace seis (6) meses propuso acciones inmediatas para mitigar la emergencia:

• Desembolsar pagos atrasados a hospitales y clínicas.
• Activar el plan de liquidez solicitado desde 2023 por la ACHC.
• Refinanciar de forma urgente la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
• Sancionar prácticas de corrupción en contratación y manejo presupuestal.
• Garantizar mejores condiciones laborales al personal de salud mientras se discute la reforma.

Petición desde los territorios: un decreto de emergencia sanitaria

Las asociaciones de usuarios firmantes del comunicado del 16 de mayo piden que el gobierno expida un decreto nacional que permita enfrentar la crisis con medidas inmediatas. Exigen:

• Pagos urgentes a IPS y ESE.
• Contratación de nuevos operadores para entrega de medicamentos.
• Asignación de citas en los plazos establecidos por ley.
• Acciones que eviten despidos en hospitales sin liquidez.

Para los firmantes, la inacción del Ministerio de Salud y la Superintendencia está profundizando la crisis. Exigen que se asuman responsabilidades antes de continuar cualquier discusión legislativa sobre la reforma.

Una grabación revelada por W Radio expuso que el modelo de salud del magisterio colombiano, impuesto por el gobierno de Petro, ha perdido $2 billones. El vicepresidente del FOMAG admitió falta total de control. Docentes y expertos denuncian un colapso anunciado.

El nuevo modelo de salud del magisterio colapsa

La revelación de W Radio confirmó lo que durante meses denunciaron docentes, sindicatos y expertos en salud pública: el nuevo modelo de salud del magisterio, implementado por el gobierno de Gustavo Petro desde mayo de 2024, acumula pérdidas por más de $2 billones de pesos. La grabación, registrada en la sede del Ministerio de Educación durante una sesión del Consejo Directivo del FOMAG, dejó al descubierto la inexistencia de auditoría, el descontrol sobre más de 2.300 contratos adjudicados sin supervisión, y una gestión calificada como “perversa” por el mismo vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena.

Un sistema “perverso”: lo que reveló la grabación

Durante la sesión del Consejo Directivo del Fomag del 29 de abril de 2025, el funcionario Aldo Cadena afirmó que el modelo actual no cuenta con ninguna forma efectiva de vigilancia. Dijo que el nuevo sistema, diseñado por el gobierno como piloto de la futura reforma nacional de salud, repite —y amplifica— los errores del pasado. La contratación directa, sin licitación, y la falta de sistemas de control han llevado a lo que Cadena describió como “un chorro abierto” de corrupción.

“No hay forma de saber a dónde van los recursos. No existe supervisión. Se hicieron más de 2.300 contratos sin auditoría, y en los primeros cuatro meses la facturación aumentó en un 50 %”, explicó Cadena en la reunión. Aunque el objetivo era presentar la nueva red de operadores de salud, la Fiduprevisora no entregó ningún informe técnico sólido, y el encuentro terminó abruptamente.

Las advertencias de Vicky Avendaño: “Saltamos al vacío desde una casa en el aire”

Para Vicky Avendaño Pedrozo, dirigente de Tribuna Magisterial y ejecutiva de Fecode, este colapso era la crónica de un desastre anunciado. En su comunicado del 13 de mayo, recordó que votó en contra del acuerdo 03 de abril de 2024, mediante el cual se impuso el nuevo modelo de contratación. Señaló que entregar a la Fiduprevisora la contratación nacional sin preparación técnica ni redes consolidadas era una decisión irresponsable, que ponía en riesgo la vida de maestros y sus familias.

Un año después, sus temores se confirman: no hay redes de IPS funcionando, las deudas con prestadores crecen, no hay entrega completa de medicamentos, las plataformas de autogestión no sirven y no se han pagado viáticos para traslados médicos. “Seguimos saltando al vacío desde una casa en el aire”, repitió.

Bernardo Useche ya lo había advertido en 2023

El Dr. en Salud Pública, Bernardo Useche, fue uno de los primeros en alertar sobre la eliminación del régimen especial de salud del magisterio sin reforma estructural ni participación sindical. En octubre de 2023 calificó el nuevo modelo como un “desmonte encubierto” de los derechos consagrados en la Ley 91 de 1989.

Denunció que el gobierno estaba reemplazando el sistema por una centralización burocrática en la Fiduprevisora, sin control ciudadano ni capacidades técnicas. En su opinión, la narrativa anticorrupción del gobierno, que debería tomarse en serio, fue usada simplemente como excusa para desmontar el modelo anterior sin proponer soluciones reales. Hoy, las evidencias reveladas confirman sus pronósticos: corrupción, caos, falta de atención y colapso operativo.

Robledo: “Petro cometió un error gravísimo”

El exsenador Jorge Enrique Robledo fue aún más contundente. Calificó lo sucedido como “un inmenso escándalo de corrupción” y responsabilizó directamente al gobierno Petro. “Esto estaba advertido. Vicky Avendaño le advirtió en la Casa de Nariño al presidente, y este la maltrató. Hoy tenemos maestros enfermándose y muriendo de males que la medicina sabe curar”, declaró.

Robledo exigió una rectificación inmediata del sistema y advirtió que la pérdida de $2 billones no pueden quedar sin consecuencias penales ni políticas. En sus palabras, la Fiduprevisora ha sido convertida en un operador sin reglas, sin auditoría y con manga ancha para la contratación opaca.

Fecode y la consulta popular en riesgo

Durante la misma reunión, la fiscal de Fecode, María Eugenia Londoño, expresó que el deterioro del sistema amenaza incluso la capacidad del gobierno de movilizar apoyo para su consulta popular. “¿Con qué moral se va a movilizar el magisterio si los maestros no tienen medicamentos?”, preguntó.

Londoño exigió una reunión urgente con el presidente Petro para resolver la crisis, advirtiendo que esta situación puede “revolcar al país”.

Un modelo sin redes, sin control y sin legitimidad

La grabación conocida por W Radio revela no sólo el colapso técnico del nuevo modelo, sino también una ruptura política entre el magisterio y el gobierno Petro. Lo que el Ejecutivo presentó como una innovación para eliminar la corrupción y optimizar la atención, ha derivado en mayores sobrecostos, peor servicio y absoluta opacidad en el manejo de recursos públicos.

Los operadores siguen siendo los mismos, los contratos no han sido auditados, y la Fiduprevisora no ha respondido a los requerimientos del propio Ministerio de Educación. El propio ministro Daniel Rojas, en la grabación, le exige a Cadena que entregue denuncias formales y un informe por escrito. Hasta la fecha, nada de eso ha ocurrido.

El régimen especial en peligro

La Ley 91 de 1989 reconoce al magisterio colombiano un régimen especial de salud y prestaciones sociales, que ha sido defendido históricamente por sus organizaciones sindicales. Con la implementación del nuevo modelo, ese régimen ha sido vulnerado de facto, sin que haya mediado una reforma legislativa ni una consulta a los afectados.

El “piloto” del gobierno Petro para la reforma nacional de salud se ha convertido, en el caso del magisterio, en un ejemplo de lo que no se debe hacer: centralizar sin capacidad técnica, eliminar sin planificar cómo sustituir el modelo y prometer sin cumplir.

¿Y ahora qué hacemos?

El país entero espera respuestas. La grabación difundida por W Radio ha encendido todas las alarmas. Las advertencias, ignoradas por el Ejecutivo, hoy se confirman con crudeza. $2 billones desaparecidos, miles de docentes sin atención médica adecuada y una institucionalidad que se derrumba.

La pregunta es si el gobierno asumirá su responsabilidad o insistirá en sostener un modelo inviable. Mientras tanto, la salud de más de 800.000 personas entre maestros y beneficiarios sigue en riesgo, y los derechos conquistados por décadas de lucha sindical se desmoronan entre improvisaciones y contratos opacos.

La decisión del presidente Gustavo Petro de declarar emergencia sanitaria por fiebre amarilla ha encendido las alarmas entre expertos en salud pública, médicos, epidemiólogos y analistas. Como es costumbre en el mandatario, en un giro brusco y contradictorio, pasó de afirmar que su modelo preventivo había logrado contener el virus en el Tolima, a ordenar una vacunación masiva de toda la población colombiana en un plazo de dos meses.

¿Qué cambió entre noviembre de 2024 y abril de 2025?

En noviembre del año pasado, Petro celebraba que su estrategia de salud pública había evitado la propagación humana de la fiebre amarilla en el Tolima, atribuyendo el logro al despliegue de brigadas médicas y jornadas de vacunación. En abril de 2025, durante un Consejo de Ministros televisado, insistió en que su modelo había funcionado. «Ya no hay casos en el Tolima», dijo.

Sin embargo, pocos días después, el 16 de abril, declaró emergencia sanitaria y económica en todo el país. Desde su cuenta de X (antes Twitter), ordenó la vacunación de la totalidad de los colombianos, incluyendo a soldados, docentes y funcionarios públicos, afirmando que el virus es mortal en un 50% y que se ha desplazado a zonas templadas. En esa misma publicación escribió: «En dos meses toda la población colombiana debe estar vacunada contra la fiebre amarilla. Debemos hacerlo y nuestro sistema de salud debe garantizarlo. El ejército y el magisterio deben ayudarnos en esta campaña por la Vida. Todo soldado y maestra o maestro deben estar vacunados cuanto antes.»

¿Se justifica la vacunación masiva contra fiebre amarilla?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido clara en sus lineamientos: la vacunación contra la fiebre amarilla debe priorizar las zonas de transmisión activa y a las poblaciones en riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud, las campañas de vacunación deben centrarse en zonas de transmisión activa o donde se ha confirmado un brote. En su hoja informativa actualizada en 2023 («Yellow fever – Key facts«), la OMS enfatiza que una sola dosis de la vacuna proporciona protección de por vida y que la vacunación masiva solo se recomienda cuando hay riesgo de epidemia. Además, el informe anual 2023 de la Estrategia EYE (Yellow Fever Epidemic Elimination Strategy) señala que las campañas preventivas masivas deben ejecutarse únicamente en áreas de alto riesgo para elevar rápidamente la inmunidad colectiva. El Manual de laboratorio para la fiebre amarilla (2024) también reafirma que la vigilancia debe centrarse en las zonas endémicas, no en todo el país indiscriminadamente.

Los vectores de transmisión —principalmente los mosquitos Haemagogus (selváticos) y Aedes aegypti (urbanos)— tienen distribución geográfica limitada. De acuerdo con la OMS, las ciudades ubicadas en altitudes superiores a los 2.300 metros, como Bogotá, están fuera de las zonas de transmisión probable. Es decir, vacunar en regiones donde el vector no puede sobrevivir no solo es innecesario, sino que desvía recursos de las áreas donde verdaderamente se necesita.

Expertos alertan sobre la propagación del miedo

Moisés Wasserman (@mwassermannl), exrector de la Universidad Nacional, explicó: “Hay dos insectos que la transmiten; el Aedes es urbano pero muy mal transmisor. Llevamos siglos sin epidemia urbana. Eso puede cambiar por adaptación, pero no de forma súbita”. Agregó que el Haemagogus, vector selvático, “no va a pasear por Bogotá”, e insistió en que el control debe ser estratégico. “No salir a cazar patos con bazuca. Mucha vacunación en los lugares donde sucede la infección, no en Manizales ni en Bogotá”, dijo.

En la misma línea, el doctor Camilo Prieto (@CamiloPrietoVal), médico y ambientalista, recordó que Bogotá no se encuentra dentro de las zonas endémicas de fiebre amarilla y que los casos identificados en la ciudad corresponden a infecciones importadas, sin evidencia de transmisión autóctona. “Aunque se han vacunado muchos residentes por razones preventivas, especialmente viajeros a regiones de riesgo, no existe evidencia científica que sustente la presencia estable de Aedes aegypti a la altitud de Bogotá”, afirmó. Por ello, concluye que no se justifica una alarma epidemiológica por riesgo de transmisión secundaria en la capital., dijo.

Postura política y recursos mal dirigidos

Las declaraciones del mandatario también provocaron reacciones políticas. El exsenador Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) calificó la decisión como «irresponsable» y «politiquera», señalando que se malgastarán recursos públicos en una medida sin fundamento técnico. “Otra vez Petro abusando de la impunidad legal de la que goza”, escribió.

Desde el Tolima, el médico Wilson Cediel Marin (@cedielmarin) afirmó: «La afirmación de Petro de que toda la población debe vacunarse en dos meses es tan irresponsable como imposible de llevar a cabo. No es comparable con la pandemia de covid-19. La vacunación contra la fiebre amarilla debe enfocarse en las zonas de brote y personas en mayor riesgo». Cediel pidió al Ministerio de Salud dirigir los recursos a fortalecer la red hospitalaria pública en regiones selváticas como el Tolima.

Falta de planificación y recursos

El exministro de Salud, Fernando Ruiz, también criticó la iniciativa. Calificó la vacunación masiva como una «afrenta a la población» y aseguró que no hay una justificación técnica para declarar emergencia sanitaria y económica. Ruiz alertó sobre la insuficiencia de vacunas en el país: “Colombia no cuenta con reservas suficientes para vacunar a 50 millones de personas en dos meses”.

Julián Fernández Niño, exsubsecretario de Salud Pública de Bogotá, aclaró que en la capital la vacunación se dirige a viajeros por motivos preventivos, no por transmisión local. Según él, “la altitud de Bogotá impide la presencia estable del vector” y por tanto, no existe riesgo epidemiológico real en esa zona.

¿Qué implica declarar una emergencia sanitaria?

Una declaratoria de emergencia como la que hizo Petro permite al Gobierno emitir decretos con fuerza de ley sin necesidad de pasar por el Congreso. Según la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este tipo de medidas se justifica solo en casos excepcionales, cuando hay una amenaza grave e inminente para la salud pública o la economía del país.

Los críticos señalan que no hay evidencia suficiente de que el brote actual de fiebre amarilla cumpla estos criterios. Los casos registrados se concentran en zonas selváticas del sur del país y no hay indicios de una propagación nacional que justifique esta medida extraordinaria.

Además, algunos analistas y voces críticas han señalado que la declaratoria podría permitir al Ejecutivo ejecutar recursos sin el debido control legislativo. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, calificó la medida como «carente de rigor técnico», y el abogado Camilo Cuervo advirtió que, aunque el Presidente puede declarar emergencias, «la Corte Constitucional tiene la última palabra» sobre su validez. Estas opiniones reflejan la preocupación sobre el uso de mecanismos extraordinarios para gobernar por decreto en ausencia de una justificación plenamente sustentada.

Debilitamiento institucional y falta de liderazgo

Gerson Bermont, exdirector de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, criticó el desmonte de capacidades del Instituto Nacional de Salud: “Esto no se combate con decretos económicos, sino con ciencia, equipos de campo y vigilancia epidemiológica”.

El doctor Bernardo Useche (@BernardoUseche) ya había advertido en marzo de 2024 sobre el aumento de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue hemorrágico en ciudades como Cali y Bucaramanga. “El país necesita programas estructurales y sostenibles, no medidas reactivas y desordenadas”, dijo.

Una estrategia sin foco

Por ahora, el Gobierno insiste en la vacunación masiva y en el despliegue de todas las fuerzas institucionales, incluyendo al Ejército y el magisterio. Petro reiteró que «la prevención es fundamental» y que “todo consiste en ganarle en velocidad al mosquito”. Pero la desconfianza crece. Expertos, funcionarios y sectores políticos ven en esta declaratoria un uso excesivo del poder ejecutivo, sin respaldo científico ni logístico.

En un país con enormes brechas en infraestructura sanitaria, y donde los recursos para la atención en salud son escasos, la salud pública no puede depender de improvisaciones ni discursos televisados. Requiere planeación, evidencia y trabajo territorial. Como advirtió Wasserman, «prohibir movimientos y pedir certificados obligatorios de vacunación muestra que no se entiende el problema. Tenemos expertos. Lo sabio sería dejarlo en sus manos.»