El Gobierno de Gustavo Petro presentó un proyecto que modificaría la fórmula para calcular los precios del etanol y el biodiésel, alineándolos con los valores internacionales. La iniciativa, en revisión desde el 1 de octubre, ha sido rechazada por gremios y sindicatos, que advierten el desmonte de la industria nacional de biocombustibles y la pérdida de miles de empleos rurales.

El proyecto que podría redefinir los biocombustibles en Colombia

La propuesta del Ministerio de Minas y Energía para cambiar la forma en que se calculan los precios del etanol y el biodiésel generó una respuesta inmediata de los sectores de la caña y la palma. El plan plantea reemplazar el sistema vigente por uno basado en paridad de importación, que indexa los valores nacionales a los de Houston y Róterdam. Aunque el Gobierno lo presenta como una actualización técnica, sindicatos y productores advierten que podría desmontar la base productiva construida durante más de dos décadas.

Un cambio que asimila modelos subsidiados

Hasta ahora, los precios de los biocombustibles en Colombia se calculan con base en los costos reales de producción interna más referencias internacionales. Para el etanol, la fórmula parte del precio del azúcar y suma los gastos locales de transformación y transporte. Para el biodiésel, se usa el valor del aceite de palma complementado con los costos del metanol y la mezcla.
 Los proyectos de resolución reemplazarían ese equilibrio por un sistema atado a precios internacionales del etanol de maíz en Houston y del biodiésel FAME 0 RED en Róterdam, ambos formados en mercados con fuertes subsidios.

En Estados Unidos, el etanol se sostiene gracias al programa Renewable Fuel Standard, al Crédito Fiscal a la Producción Limpia y a subsidios que abarcan desde la planta hasta la distribución. En la Unión Europea ocurre algo similar bajo la Directiva de Energías Renovables (RED III), que fija metas obligatorias y otorga exenciones tributarias. En Colombia no existen subsidios energéticos ni fiscales para el etanol o el biodiésel. Por eso, vincular precios locales a mercados protegidos crea una competencia desigual que, según los gremios, puede llevar a la quiebra de las plantas nacionales.

El riesgo económico y laboral

El documento técnico del Ministerio reconoce que la nueva metodología reduciría 14,5 % el ingreso al productor de etanol y 23,9 % el del biodiésel, sin evaluar el efecto sobre la sostenibilidad empresarial ni el empleo. Para Dignidad Agropecuaria Colombiana, las medidas fiscales y tarifarias del Gobierno “destruyen la base productiva de los biocombustibles” y ponen en riesgo miles de empleos rurales, desde el Meta hasta el Valle del Cauca.

En comunicado los sindicatos y federaciones del sector cañero calculan que, de aprobarse las resoluciones, se perderían 28.000 puestos de trabajo inmediatos y que el cierre de plantas de etanol afectaría indirectamente a 350.000 familias vinculadas a la producción de panela, porque la sobreproducción de caña se destinaría a azúcar o panela. A esto se sumarían 18.000 empleos urbanos y rurales vinculados a la cadena del azúcar y la energía.

El peso del sector y la advertencia sindical

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Sintrainagro) advirtió que la política de precios afectaría directamente a un sector que representa 19,5 % del PIB agrícola y 12,1 % del PIB industrial del Valle del Cauca. La organización recordó que la cadena genera 286.000 empleos entre directos e indirectos y que la producción nacional de 456 millones de litros de etanol carburante compite en condiciones desiguales con los 56.000 millones de litros producidos en Estados Unidos gracias a subsidios estatales.

Johnson Torres, dirigente de Sintrainagro, aseguró que el proyecto “responde a las presiones del Banco Interamericano de Desarrollo para abrir el mercado a las importaciones subvencionadas”, lo que entregaría la soberanía energética y agrícola del país. Agregó que “con esas decisiones se destruye la industria nacional y se abre espacio al combustible extranjero más barato, pero altamente subsidiado, lo que “golpea a los trabajadores, a los pequeños productores y a las regiones”.
Las políticas neoliberales de apertura han desplazado cultivos nacionales y que seguir las directrices del BID profundiza la dependencia externa. Su columna recordó que el cultivo de caña y palma ha permitido sostener la economía de departamentos enteros como Valle del Cauca, Meta y Cesar, entre otros.

Una industria estratégica en riesgo

El cambio propuesto pondría en riesgo una de las pocas cadenas agroindustriales que el país ha logrado consolidar en torno a la energía limpia. El sector de los biocombustibles abastece entre el 8 y el 10 % del consumo de combustibles del transporte terrestre y contribuye a reducir cerca del 8 % de las emisiones de CO₂ en ese segmento. Su estructura actual articula agricultura, industria y distribución, lo que ha permitido sostener una producción estable y con empleo formal en las regiones.

Si el nuevo esquema entra en vigencia, el ingreso de los productores quedaría sujeto a factores externos, como los fletes, los aranceles y el tipo de cambio, que no dependen de su gestión. En la práctica, el país terminaría calculando los precios como si importara los biocombustibles, aun cuando se elaboran con materias primas nacionales.

El argumento del Gobierno

El Ministerio de Minas y Energía sostiene que la revisión busca “actualizar metodologías” y “alinearlas con estándares internacionales”. Según su planteamiento, la paridad de importación permitiría reflejar la realidad del mercado global y evitar distorsiones.
 Los productores sostienen que la “realidad global” es de subsidios y protecciones. Estados Unidos y la Unión Europea invierten recursos públicos para sostener su competitividad; Colombia, en cambio, pretende someter su industria a precios foráneos sin respaldo estatal. Para Dignidad Agropecuaria, eso equivale a sustituir trabajo colombiano por trabajo extranjero.

Un precedente internacional

Brasil sirve de espejo. Durante más de treinta años protegió su industria del etanol con precios regulados, créditos blandos y compras garantizadas por Petrobras. Solo cuando alcanzó eficiencia y escala liberó gradualmente los precios. Colombia no ha completado ese ciclo y aún se encuentra consolidando su capacidad productiva. Exponerla a una competencia desleal, advierten expertos, significaría renunciar a la única industria nacional que materializa la transición energética en el territorio.

Una alianza gremial en defensa del trabajo

Los sindicatos de la caña convocaron a las autoridades locales, a los gremios y a la ciudadanía a respaldar un plan de acción nacional para defender el empleo y la producción agroindustrial. Preparan jornadas culturales, foros técnicos y movilizaciones en el Valle del Cauca y los Llanos Orientales.
 El objetivo común es mantener la metodología vigente de la Resolución 18-0643 de 2012, que garantizó estabilidad laboral, inversión y tributación municipal. También preservar las iniciativas de innovación en bioetanol para aviación y uso de vinaza y cachaza para generar energía, consideradas claves para reducir la dependencia del gas y los combustibles fósiles.

La discusión sobre el proyecto del 1 de octubre va más allá de un cálculo de precios. Define si Colombia mantiene una política energética soberana o la somete a los intereses de mercados subsidiados.
 El sector cañero y palmero insiste en que el debate no es ideológico sino económico. Sin protección, la cadena del biocombustible se fragmenta y con ella se pierde empleo, inversión y capacidad industrial.

Un proyecto de decreto de los ministerios de Comercio y Hacienda propone reducir a cero los aranceles de importación de hilados para la industria textil. La iniciativa, presentada como una medida de alivio temporal para las confecciones, podría acabar de hundir la producción nacional de algodón y con ella los empleos rurales que aún dependen de este cultivo.

Productores alertan sobre el fin de la cadena algodonera

En un comunicado del 20 de octubre, Dignidad Agropecuaria Colombiana advirtió que la propuesta del Gobierno daría ventajas inmediatas a los confeccionistas, pero a costa de desmantelar la cadena algodonera. El gremio calcula que la medida pondría en riesgo 500 familias, 2.400 empleos anuales y los jornales rurales que dependen de la siembra. Las tres hilanderías activas quedarían sin materia prima nacional, sujetas a competir con hilados extranjeros y probablemente cerrarían.

El informe también recuerda que el cultivo lleva más de treinta años en declive. En las regiones algodoneras del país, donde antes se sembraban 300.000 hectáreas, hoy sobreviven unas 8.000. Los pequeños productores trabajan en tierras tomadas en arriendo por un solo ciclo y créditos caros. En Córdoba, Sucre, Cesar y Tolima, muchos ya dudan si volverán a sembrar.

El mercado global hunde los precios del algodón

El más reciente Reporte de Coyuntura Económica (semana 41 de 2025) de CONALGODÓN muestra que el precio interno de referencia cayó a $5.534.472 por tonelada, mientras la compensación del Fondo de Estabilización de Precios de Algodón, FEPA, sigue en $482.510, insuficiente para cubrir los costos reales de producción. Con ese margen, cada hectárea sembrada se convierte en una apuesta arriesgada.

El mismo documento, basado en cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), confirma que el mundo produce más de lo que consume. En septiembre de 2025, la producción alcanzó 119 millones de pacas, frente a 112 millones consumidas, que sumadas a los inventarios iniciales termina con 83 millones en existencias finales. Esa sobreoferta mantiene los precios internacionales deprimidos.

En la Bolsa de Nueva York, los contratos futuros bajaron de 65,59 a 64,91 centavos de dólar por libra. Aunque la diferencia parece mínima, implica una pérdida continua en rentabilidad. Con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, TRM, en $3.867,54, la caída se suavizó, pero el ingreso promedio por tonelada se redujo $138.970 en una semana. Los costos de insumos y transporte siguen subiendo, de modo que el productor opera en pérdida.

Analistas del sector advierten que, si se eliminan los aranceles, la presión de precios externos se trasladará de inmediato al mercado interno: las confecciones importarían insumos más baratos y el país perdería su base productiva. Esa mezcla de sobreoferta mundial, precios bajos y apertura arancelaria deja al algodón colombiano en una situación límite.

Golpe regional y abandono del campo

En las zonas rurales donde el algodón todavía se cultiva, la rentabilidad es mínima. Los agricultores trabajan con arrendamientos de corto plazo, sin asistencia técnica ni crédito asequible. Según datos gremiales, unas 500 familias podrían quedarse sin ingresos y 2.400 empleos desaparecerían. En municipios del Caribe y el Tolima- esos jornales son la única fuente de trabajo temporal.

El gremio sostiene que el Estado debe garantizar precios que cubran los costos reales y no seguir atado a la Bolsa de Nueva York, dominada por los grandes exportadores. “Sin un precio justo, el algodón desaparecerá y con él la infraestructura agrícola que aún sobrevive”, advierte el comunicado.

La posible aprobación del decreto consolidaría un modelo de dependencia externa: Colombia pasaría de productor a comprador de insumos básicos. Las hilanderías importarían toda la fibra, pero la industria de las confecciones ya no les compraría a ellos, importar los hilos les saldría más barato, y el vínculo entre campo e industria quedaría roto.

Del auge a la crisis: tres décadas de abandono

En los años setenta, el país sembraba entre 350.000 y 400.000 hectáreas de algodón. La fibra nacional abastecía a la industria textil y generaba exportaciones. Con la apertura económica de los noventa, las importaciones de textiles y fibras sintéticas desplazaron la producción local. Los Tratados de Libre Comercio redujeron la protección arancelaria y el cultivo perdió rentabilidad. En 1990 se producían 150.000 toneladas; hoy apenas 14.000.

El desmonte de las políticas agrícolas dejó al sector sin crédito, sin asistencia técnica y sin infraestructura de riego. Las máquinas de desmote quedaron abandonadas en La Mojana y en el valle del río Sinú y en otras zonas algodoneras del país. Los programas del FEPA y los subsidios al seguro agropecuario ofrecieron alivios momentáneos, pero nunca resolvieron la raíz del problema.

El dilema político

Para Dignidad Agropecuaria, eliminar los aranceles sin exigir compras locales es dejar el mercado en manos de los productores extranjeros. El gremio no pide subsidios nuevos, sino condiciones para competir: precios que reflejen los costos reales, programas de asistencia técnica y canales directos entre agricultores e hilanderías.

Según CONALGODÓN, el ingreso actual del agricultor está por debajo del nivel de sostenibilidad: para cubrir gastos de siembra, transporte y desmote, el precio por tonelada debería superar $7 millones, pero en el mercado ronda los $5,5 millones. Esa brecha explica por qué en cada temporada se pierden productores.

El debate sobre el decreto arancelario no es técnico, es político. De su aprobación depende si Colombia mantiene una base agrícola productiva, y lucha por aumentarla, o se resigna a depender de las importaciones para vestir a su población.