Un proyecto antinacional que ningún gobierno detuvo en los últimos 15 años.

Según el investigador Darío González Posso, de Indepaz, el proyecto tiene origen en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), en acuerdo con el Comando Sur de los EE. UU. y financiado a través de la “oficina internacional de Asistencia Antinarcóticos” de ese país. Lo que se presentó como una modesta “subestación naval de guardacostas” es en realidad un complejo militar que comprende una torre para radar (ya construida), un radar de alta potencia, un muelle de 182 metros, alojamiento para 28 infantes de marina, cocina, comedor y un tanque de almacenamiento de 7.000 galones de combustible.

Este proyecto forma parte de un plan estratégico más amplio: el “corredor marítimo ecuatorial oriental” que conecta con el archipiélago de Galápagos, las islas de Malpelo y Gorgona de Colombia, Coiba de Panamá y Coco de Costa Rica, con proyección al mar caribe Es el plan siniestro de la “seguridad hemisférica” de Estados Unidos.

El gobierno de Santos lo autorizó y el de Duque lo continuó. Según el abogado Andrés Pachón, vocero del Comité Salvemos Gorgona, (Cámara de Representantes de Colombia, 2024, p. 71. pg72) el proyecto no se detuvo en ningún momento durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), quien inició la construcción de la torre del radar en el Cerro La Trinidad, el punto más alto de la isla, a unos 330 metros sobre el nivel del mar. Esta torre de 55 metros fue el primer componente en materializarse de todo el complejo militar y su construcción se completó durante ese mismo gobierno. El gobierno de Duque también dio vía libre al muelle de 132 metros para darle accesibilidad al parque natural de Gorgona.

Y la administración Petro no solo continuó, sino que reactivó y defendió el proyecto. El 12 de febrero de 2024, tras varias mesas de trabajo con la población, el Ejecutivo confirmó oficialmente que seguiría adelante con el proyecto militar. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que el Gobierno nacional continuaría con la “ampliación de la base de la Armada Nacional” en la isla, lo que incluiría la construcción de una estación de guardacostas, un muelle y la instalación de un radar.

El propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, ratificó la decisión: “el manejo del radar es exclusivamente de la Armada Nacional. Aquí no hay presencia militar ni control norteamericano”. Según el funcionario, el proyecto era necesario para combatir el narcotráfico y la pesca ilegal, y se había dado “un cumplimiento estricto a una serie de exigencias, advertencias y prevenciones de la ANLA”. Las obras arrancarían y el muelle debía estar listo antes del 30 de junio, cuando inicia el avistamiento de ballenas, temporada en la que estos cetáceos regresan al Pacífico colombiano para aparearse y dar a luz a sus crías.

Como señaló Darío González Posso en su columna para Indepaz “al igual que los gobiernos precedentes, (el gobierno Petro) niega a las comunidades y Pueblos del litoral el derecho de la consulta previa, obligatoria para la licencia ambiental”. Es decir, tres gobiernos consecutivos han actuado de la misma manera: obsecuentes ante la supremacía de Estados Unidos y con desprecio por la soberanía nacional, la protección de un patrimonio natural único en el mundo y los derechos de los afrodescendientes del Pacífico.

Petro aprobó la licencia ambiental de la base militar

 Persisten los reparos de investigadores y de la comunidad a la actualización que el gobierno del presidente Petro le dio al proyecto de la Armada en el PNN-Gorgona. Se incluyeron nuevos elementos al proyecto para lograr su aceptación: se eliminó la palabra «militar» y se incluyeron los conceptos de ecoturismo, educación ambiental, investigación y lucha contra delitos ambientales.

La reactivación del proyecto bajo el mandato de Petro desató una fuerte reacción de la sociedad civil. El Comité Salvemos a Gorgona calificó la medida como un error monumental y convocó marchas para defender la isla. «Esta actitud que está tomando demuestra que es un falso cambio y también demuestra su falso ambientalismo. Petro, qué defraudados nos sentimos desde la sociedad civil, resultó un falso cambio y resultó un falso ambientalista«, sentenció Andrés Pachón, vocero del comité.

Las obras han permanecido de hecho paralizadas debido a la presión ciudadana, las acciones jurídicas y la veeduría permanente del Comité Salvemos Gorgona. Pero la amenaza persiste: la torre del radar ya está construida, el muelle fue aprobado y la licencia ambiental sigue vigente. En noviembre de 2025, el director de la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres, Carlos Carrillo, afirmó tras una visita oficial que la base militar denunciada era una “base militar fantasma”. La declaración generó rechazo inmediato entre quienes llevan años denunciando el proyecto. Andrés Pachón respondió en términos categóricos: “Que Carrillo ‘no haya encontrado’ esta estación no es prueba de inexistencia: es prueba de resistencia. Tres años de movilización, veeduría y acciones jurídicas hicieron público lo que se quiso hacer en silencio. La base militar en Isla Gorgona sigue siendo una amenaza real para la soberanía y para el ecosistema”.

“Gorgona es nuestra vida”

La base militar en Isla Gorgona representa una amenaza directa para uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. La isla es un laboratorio natural que combina una riqueza excepcional de flora y fauna terrestre con una vida marina diversa de incalculable valor. Desde su declaratoria como Parque Nacional Natural hace 38 años, ha sido refugio para especies endémicas y migratorias, y un espacio destinado a la investigación científica y la educación ambiental.

El Comité Científico del Parque Nacional Natural Gorgona ha advertido que «cambiar el carácter de área de estrictamente de conservación a punto de control militar convierte a la isla en objetivo o blanco de ataques militares», según el concepto técnico citado por Parques Nacionales. Además, «la poca actividad económica proveniente del turismo se vería afectada con la construcción de la estación ya que la isla se convertiría en objetivo militar». El investigador Jimmy Viera ha comparado la magnitud de esta entrega con la del  robo de Panamá, señalando que la comunidad científica ha advertido que el proyecto «amenaza con causar graves impactos a la riqueza biológica de la isla y con cercenar la soberanía nacional en un grado solo comparable al robo de Panamá»

A esto se suma que las comunidades afrodescendientes del litoral Pacífico han denunciado que la base militar desconoce sus derechos territoriales. En un comunicado público, la Mesa para la Gobernanza Ambiental de la Subregión Sanquianga Gorgona, conformada por autoridades étnicas y organizaciones de ocho municipios del litoral caucano y nariñense, señaló: «La Gorgona es nuestra vida, nuestro ombligo, la sala cuna de ballenas, delfines, especies de peces, crustáceos, moluscos y muchos más. Es nuestro sustento de vida, dependemos de la Isla para nuestra pervivencia y soberanía alimentaria».

Abelardo de la Espriella: el lacayo que faltaba

 El nuevo presidente no sólo tiene doble nacionalidad:  colombiana y estadounidense, sino que ha autorizado “operaciones militares conjuntas” con Estados Unidos en territorio colombiano con el subterfugio de combatir el narcoterrorismo, según confirmó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegsenth.

En su primer acto de gobierno, De la Espriella anunció que Colombia se uniría a la alianza regional antidroga de Trump conocida como Escudo de las Américas, convirtiéndose en el miembro número 19 de la Coalición contra los Carteles de las Américas. El gobierno estadounidense respondió con el anuncio de un paquete de asistencia de 1.000 millones de dólares para apoyar su administración.

Andrés Pachón ya había advertido que el proyecto en la isla forma parte de una estrategia promovida por Estados Unidos centrada en controlar el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, una zona considerada de alto valor estratégico. «Este proyecto implica que una potencia extranjera como EE. UU. tenga presencia en nuestro territorio, o por lo menos, acceso privilegiado a información sensible como la que se puede obtener a través de un radar. Son muchos los riesgos», señaló el vocero del Comité Salvemos Gorgona, en declaraciones recogidas por Infobae.

El exsenador Jorge Enrique Robledo también ha sido una de las voces más críticas frente a la entrega de Gorgona a los intereses de Estados Unidos. En su columna Salvemos a Gorgona, Robledo advirtió que la base de la Armada Nacional, «con sus tropas, su muelle y sus barcos, más lo que se les ocurra montar, son para protegerle un radar a las fuerzas armadas de Estados Unidos, país que financia este golpe al patrimonio natural y medioambiental de Colombia y nuestra soberanía nacional».

Robledo ha sido enfático en señalar el doble discurso que tuvo el de Petro. «Es desvergonzada la posición de @petrogustavo y de @susanamuhamad al posar de ambientalistas y, al mismo tiempo, insistir en instalarle a EEUU un radar y una base militar en el parque natural Isla Gorgona, único en el mundo. Y cómo suena la posición de la bancada de la @ColombiaHumana_ en el Congreso, que sobre este debate nacional ha asumido una posición de silencio cómplice»

Con este panorama, la base militar en Isla Gorgona dejará de ser una simple «estación de guardacostas» para convertirse en un enclave militar estadounidense en el corazón del Pacífico colombiano. La pregunta ya no es si De la Espriella detendrá el proyecto, sino cuánto más permitirá que Estados Unidos profundice su control sobre el territorio nacional.

Gorgona es un bien inalienable

La defensa de la Isla de Gorgona no es una causa ambientalista, académica o de comunidades locales. Es una causa de todos los colombianos. Porque Gorgona es Colombia. Es nuestro patrimonio natural, una parte de nuestra integridad territorial, y de nuestra identidad como nación. Permitir que se convierta en un enclave militar extranjero es aceptar que nuestro territorio, los mares y recursos naturales están en venta al mejor postor.

La comunidad científica ya lo dijo: el proyecto puede constituir un ecocidio. Las comunidades afrodescendientes ya lo dijeron: Gorgona es su vida, su sustento, su soberanía alimentaria. Los académicos ya lo dijeron: la licencia se otorgó sin estudios suficientes. El Comité Salvemos Gorgona lo reclamó: es un proyecto «absolutamente militar» financiado por Estados Unidos que debe ser cancelado». No permitamos que una base militar se convierta en un despojo de nuestra soberanía. Alcemos nuestras voces. Actuemos con determinación y exijamos al gobierno que detenga este proyecto.

La entrada Gorgona, una cuestión de soberanía se publicó primero en La Tribuna.