Cuatro años en la presidencia mostraron más de lo mismo

Transcurridos tres años y seis meses del gobierno de Gustavo Petro, valdría la pena contrastar lo propuesto por él en la campaña electoral de 2022 con su accionar en materia de empleo público y trabajo digno.

Es bien sabido que los problemas estructurales de los trabajadores estatales no se originaron en el actual gobierno. Son el producto de las malas políticas en todos los gobiernos anteriores, sin excepción, regímenes que conciben una administración pública minusválida, con baja financiación, poca o nula creación de empleo formal y directo y tercerizada en privados incluso en sus funciones esenciales.

Petro prometió en la campaña dar solución a las reivindicaciones de los trabajadores estatales. Pero al contrario de lo prometido, sus casi cuatro años en la presidencia mostraron más de lo mismo. Lejos de corregir con rigurosidad y seriedad las malas políticas y prácticas de los partidos tradicionales, las igualó o incluso empeoró.

La deuda con el mérito

 La meritocracia ha sido quebrantada de raíz, como lo prueba el escándalo de Juliana Guerrero y su pretendida imposición en el Ministerio de la Igualdad y Equidad. De septiembre a la fecha se conoció que Juliana Guerrero se graduó sin presentar el examen de Saber-Pro y que la Fundación San José anuló su título por no haber registro de actividad académica. No es el único embuchado, son más de veinte los funcionarios que habrían obtenido de manera irregular sus títulos profesionales para poder ser contratados en entidades públicas.

 Para entregarle el Viceministerio de Juventudes a Juliana Guerrero lo intentaron todo. Además de las graves inconsistencias de la aspirante en la hoja de vida que ella dio a conocer, el Gobierno pretendió modificar el Manual de Funciones de la entidad de manera exprés y sin consultar a la organización sindical. Incluso recién posesionada Mariela Barragán en la Función Pública, se intentó modificar el Decreto 1083 de 2015 para disminuir los requisitos de los viceministerios del Ministerio de Igualdad. El Gobierno nacional, en distintas instancias y con la justificación pública del presidente Petro, actuó sistemáticamente para violentar el principio constitucional del mérito, que se consagra como obligación para el ingreso al empleo público.

Las organizaciones sindicales estatales hemos rechazado esas actuaciones de “nombramientos sastre” en otros gobiernos por desprofesionalizar el empleo público, afectar el adecuado desarrollo de la función pública y, en la mayoría de los casos, ser mecanismos encaminados a aceitar la politiquería y el clientelismo.

La deuda con la formalización

Son dos los principales problemas del empleo público, la permanente desformalización y la falta de presupuesto. Las plantas permanentes de personal no solo han permanecido prácticamente congeladas, sino que se han configurado nóminas paralelas mediante órdenes de prestación de servicio mucho más grandes y en muchos casos, desempeñando funciones misionales y permanentes. Es un problema de décadas y que ningún gobierno ha decidido atender con seriedad. Para noviembre de 2022, éramos 612.762 empleados públicos del orden nacional, territorial y de otras ramas, excluyendo a los uniformados y al magisterio colombiano. Sin embargo, había también en las entidades 516.234 trabajadores vinculados a través de órdenes de prestación de servicio y 395.206 tercerizados o vinculados en contratos con personas jurídicas.

“El contrato de prestación servicios debe pasar a la historia”, dijo el candidato Gustavo Petro en la campaña. Hoy, las OPS de entidades orden nacional, adscritas o vinculadas el ejecutivo pasaron de 48 mil personas en 2022 a 64 mil contratadas con esa modalidad en 2024, según datos de La Silla Vacía.

La Función Pública dio a conocer en 2023 un Plan de Formalización Laboral con muchas dudas para su ejecución y presentando las plantas temporales como una vía hacia la formalización, práctica que además de ilegal es inconveniente porque burla la estabilidad a largo plazo. A tales artificios mañosos se ha opuesto históricamente la CUT. Parece que ya no.

Según datos del DAFP, el gobierno Petro apenas incrementó en un 5% la planta permanente de personal del Estado, pero se decidió por crear 5.000 empleos temporales a última hora, como los del Ministerio del Trabajo y la Unidad de Planeación Minero-Energética, al borde de la Ley de Garantías y con terminación en 2026 y 2027, respectivamente. En cambio, las plantas de personal permanentes, que eran compromiso con organizaciones sindicales como es el caso de la UNGRD, no ha visto la luz tampoco bajo la dirección de Carlos Carrillo, con tres años de incumplimiento del acuerdo colectivo y mientras la entidad funciona con una importante nómina de contratistas entre la Unidad y el Fondo de Adaptación.

No está de más recordar las consecuencias que tiene deslaboralizar el empleo público extendiendo por todas partes las órdenes de prestación de servicio. No solo por el impacto negativo en el funcionamiento de la administración pública, sino además porque a esos cientos de miles de trabajadores que desempeñan funciones misionales y permanentes en el Estado se les violenta la estabilidad y con ello, la adecuada remuneración, el bienestar laboral e incluso el derecho a la asociación y la negociación colectiva. El Estado tiene el 60% de su fuerza laboral precarizada y sigue dependiendo de un ejército de cerca de 900.000 contratistas, muchos de ellos prolongando el mal del clientelismo que “dinamiza” la política electoral.

La deuda con los salarios

 El incremento al salario mínimo del 23% es importante y contribuye a cerrar una deuda histórica con cerca de 1,2 millones de trabajadores. Sin embargo, fue una decisión que adoleció de una falla aún no corregida, pues para sostener dicho incremento se requerían medidas complementarias tendientes a proteger a las pequeñas y medianas empresas que generan el 80% del empleo formal del país. Sin esas medidas, el dinero de más que tendrán los trabajadores resultará invertido en la adquisición de bienes y servicios importados, beneficiando el trabajo y la producción extranjera.

 Tampoco tuvo en cuenta el Gobierno de Petro el impacto sobre los empleados públicos y los correspondientes incrementos salariales, pues se agudizó la brecha estructural negativa que tenemos los servidores públicos frente al incremento del salario mínimo. De 2014 a 2024, los empleados públicos habíamos perdido 10,4 puntos porcentuales frente al salario mínimo, pero en los últimos dos años este dato se profundizó negativamente hasta alcanzar los 29 pp. Mientras en 2014 un profesional grado 12 ganaba un equivalente a 4 SMLV, para el 2026 gana un equivalente a 2,9 SMLV. Es evidente la disminución de nuestro poder adquisitivo y el achatamiento por lo bajo de la estructura salarial del empleo público.

 Con el objetivo de cerrar las brechas históricas, una política salarial responsable requería de parte del Gobierno nacional acciones equilibradas para el sector público y el privado, con medidas complementarias que protegieran a la MIPYMES e incrementos progresivos a lo largo del cuatrienio. Pero, muy por el contrario, el Gobierno promovió en los tres primeros años acuerdos por lo bajo presentando los argumentos de siempre: la regla fiscal y la dificultad presupuestal.

 Esta actitud del Gobierno está plenamente definida en sus decisiones sobre el Presupuesto General de la Nación. Mientras el presupuesto de funcionamiento del Estado, del que se pagan nuestros salarios y nuestros derechos, crece apenas en un 1,15%, el presupuesto para el servicio de la deuda creció un 5,7%.  El pago de la deuda pública absorbió en 2025 $112.8 billones del Presupuesto General de la Nación y nos demuestra que el Gobierno es un excelente pagador con los bancos y el capital financiero internacional, pero un deudor moroso con sus propios trabajadores.

¡Independencia sindical para seguir luchando!

 Los datos son irrebatibles, en estos aspectos estructurales del empleo público, el Gobierno nacional se raja frente a lo propuesto en la campaña electoral. El presupuesto continúa capturado por el servicio de la deuda, la estructura salarial se aplana hacia abajo afectando el poder adquisitivo de los empleados públicos, la formalización laboral camina a paso de tortuga y las órdenes de prestación de servicio continúan creciendo, mientras el mérito se sigue negociando al servicio de los poderosos.

 La crisis estructural del empleo público no nació con este mandato. Es el resultado de décadas de políticas neoliberales que dieron prioridad a la tercerización y el marchitamiento de la carrera administrativa en favor de la clientela política. Sin embargo, resulta paradójico que la administración que llegó con la promesa histórica de dignificar al trabajador estatal haya terminado por profundizar sus problemas.

 Cobra vigencia que el movimiento sindical adopte una política de independencia frente al principal patrón estatal, el Gobierno nacional. Este principio fundacional de nuestras organizaciones permite representar genuinamente los intereses de los trabajadores, valorar el accionar del gobierno de acuerdo con la conveniencia de sus políticas y recurrir a la movilización para oponerse a políticas regresivas, defender derechos laborales adquiridos o conquistar nuevos. El futuro de un empleo público democrático depende en buena parte de la capacidad del sindicalismo de defender sus reivindicaciones más allá del gobierno de turno.

La reforma laboral que se tramitaba en el congreso devolvía algunos derechos arrebatados por el gobierno de Uribe, pero hacía recortes que iban en contra a las históricas reivindicaciones del movimiento obrero. Recortes que debieron ser rechazados por la cúpula de las centrales obreras.

 Dentro del movimiento sindical, algunos sectores hemos defendido la idea de abordar los debates legislativos con independencia y autonomía siempre en defensa de los intereses de los trabajadores. Manifestamos que no debía firmarse un cheque en blanco a las reformas propuestas y que era necesario rechazar sin ambigüedades los aspectos negativos y cualquier retroceso que surgiera en el trámite legislativo. Bajo esos mismos principios debe analizarse el contenido del Proyecto de Ley 1900 de 2024 que cursaba en el Congreso de la República y que terminó siendo archivado.

Senadores juntos en esto

 Es lamentable que senadores del Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, MIRA y Colombia Justa Libres hayan decidido hundir varios contenidos democráticos y reivindicativos que el sindicalismo ha defendido por décadas, tales como la recuperación de la jornada diurna, el pago adecuado de dominicales y festivos, el carácter laboral del contrato de aprendizaje, la remuneración para el internado médico, la concreción de nuevas licencias y medidas contra la violencias, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo.

El Gobierno cedió y el sindicalismo guardó silencio

Fue penosa la decisión que ya habían tomado el Gobierno nacional y la bancada del Pacto Histórico, en acuerdo con los partidos tradicionales, de eliminar o modificar aspectos que beneficiaban a los trabajadores y que hacían parte del documento inicial. Penoso también que el movimiento sindical no se opusiera con firmeza a que el Gobierno aceptara eliminarlos. Resulta entonces contradictorio y oportunista que el presidente Petro recurra a la demagogia, buscando apoyo popular sobre temas que él mismo ya había decidido abandonar. A continuación, algunos de los puntos:

El proyecto de ley ya archivado establecía el trabajo diurno entre las 6:00 am y las 7:00 pm, con una hora de diferencia frente a lo exigido por las Centrales. Algo similar sucedió con la remuneración de dominicales y festivos, que aunque se pagarían con un recargo del 100%, el cambio solo se aplicaría totalmente a partir de julio de 2027.

La prohibición de los pactos colectivos no sería definitiva, como se prometió, sino que seguirá vigente si las organizaciones sindicales agrupan a menos de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. Y la prohibición de los contratos sindicales tiene un parágrafo que les da plena vigencia a los que se encuentran suscritos a la fecha.

Contrato de aprendizaje: una reinvindicación a medias

 Igual suerte vivió la legítima reivindicación de recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje, porque el último documento afirmaba que se remuneraría sólo en un 60% durante la etapa lectiva y 100% en la etapa práctica, abriendo una muy perversa posibilidad de retribuir un contrato laboral por menos del mínimo y permitiendo una tasa de monetización más baja, que desincentivaba a los empresarios a cumplir la cuota de aprendices. 

Sin apoyo real a las pequeñas empresas

 Además, la propuesta tenía muy graves omisiones y aspectos profundamente regresivos. El primer vacío está en la falta de medidas concretas del Gobierno para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, para mejorar su contexto productivo renegociando el TLC, rebajando aranceles y estableciendo una tarifa diferencial de renta, además de subsidios, créditos blandos y otras herramientas para contribuir con el pago de las obligaciones laborales que se verían incrementadas. En un contexto de apertura y TLC, el incremento de los nuevos costos laborales sería asumido fácilmente por una gran empresa o multinacional, pero resultaría un esfuerzo mayúsculo para la empresa nacional, que requiere medidas estatales para equilibrar la balanza. Aunque estos no son temas de una reforma laboral, no existen proyectos de ley ni medidas concretas del gobierno en este sentido. 

Abandonan los derechos laborales colectivos

 La segunda deuda está en la decisión de eliminar todos los artículos relacionados con el derecho laboral colectivo. Una actualización democrática y progresiva de la normatividad sobre la asociación, la negociación colectiva y la huelga, fue abandonada por la bancada del Pacto Histórico. También se suprimió la propuesta de recuperar la anterior tabla de indemnización de despido sin justa causa y la obligación de contar con autorización del Inspector del Trabajo para el despido de prepensionados o personas con discapacidad. 

Reforma laboral sin límites claros a la tercerización

 Y aunque se pretendía recuperar derechos arrebatados por la Ley 789 de 2002 de Álvaro Uribe, la reforma de Petro no controvertía en forma alguna la Ley 50 de 1990 de César Gaviria, que atentó contra la estabilidad laboral y el empleo directo. En cambio, en el proyecto se ampliaba de 3 a 4 años el límite de los contratos a término fijo haciendo más fácil la evasión del contrato indefinido; se retiró el artículo que establecía límites a los contratos de prestación de servicio en el sector privado, y no había ni una sola palabra que prohibiera la intermediación laboral de funciones misionales y permanentes, males estructurales de los que mayoritariamente se aprovechan las grandes empresas y las multinacionales.

El sindicalismo debe volver a su esencia

Una actitud correcta del sindicalismo debió ser, como lo hemos hecho por décadas, la de denunciar cada aspecto antinacional y regresivo en la reforma y rechazar las rebajas y concesiones. Las trabajadoras y trabajadores colombianos han sufrido por años el envilecimiento de sus condiciones laborales y, más allá de ser usados en medio del entrampamiento mediático entre el falso cambio y los mismos con las mismas, requieren un debate serio e informado que permita levantar las banderas de la agenda laboral que aprobamos en la Conferencia Nacional del Trabajo y encaminadas a fortalecer el trabajo y la producción nacionales.