En el Consejo de Ministros, el presidente Petro mostró su rostro neoliberal una vez más. Atribuyó la muerte del niño Kevin Acosta, con hemofilia tipo A, al hecho de que su mamá le permitía montar en bicicleta. “Si un niño hemofílico no se pone, no se le deja subir a la bicicleta [sic], pues tiene menos riesgos”, afirmó. Con eso, Petro asumió el criterio neoliberal de que el autocuidado y el cuidado familiar deben encargarse de la prevención de la enfermedad y la mortalidad.

El cuidado familiar como esencia de la prevención en un sistema de salud es un postulado de la lógica del libre mercado con terribles consecuencias para la población en condición de pobreza: entre menos medicinas se provean y, por tanto, aumente el gasto de bolsillo, reciben menos servicios y tecnologías de salud quienes más lo necesitan. Las reformas neoliberales promueven este tipo de privatización de la salud. Esto se confirma cuando se pretende que una madre de escasos ingresos pague más de $200 millones anuales por los medicamentos de su hijo con hemofilia.

Defensores del gobierno lo excusan diciendo que todavía son las EPS las que autorizan los medicamentos, porque la oposición ha impedido aprobar la reforma petrista que elimina el sistema de aseguramiento. ¿Acaso la Nueva EPS no está controlada por interventores y administradores petristas? ¿Proveer los medicamentos para pacientes como Kevin no debía ser la prioridad del gasto con los billones de pesos que recibe mensualmente la Nueva EPS?

Petro debe ignorar los protocolos de la Federación Mundial de Hemofilia (FMH, 2020), pero su ministro de Salud, como cualquier otro médico competente, sí debe conocer que estas guías establecen que la mejor prevención es la profilaxis, es decir, el acceso a los medicamentos que debía entregarle la Nueva EPS. La profilaxis es el cuidado esencial para “prevenir hemorragias, especialmente la hemorragia intracraneal, que puede ser fatal”. La ciencia médica no deja dudas: la vida de Kevin no dependía de prohibirle las actividades propias de su edad, sino de que la Nueva EPS garantizara la continuidad de su tratamiento, pues “cualquier interrupción en la profilaxis expone al paciente a un riesgo inmediato de muerte”.

En salud pública, el fallecimiento de Kevin es el ejemplo típico de una muerte evitable, atribuible al sistema de salud. Un niño con hemofilia, si recibe sus medicamentos con factores de coagulación, está protegido biológicamente contra hemorragias. Bajo tratamiento, un golpe recibido al caer de una bicicleta se traduce en un hematoma. Al no proporcionar el medicamento, la Nueva EPS le retiró su protección, convirtiendo un juego propio de su edad en un alto riesgo de muerte.

¡Cómo duelen las miles de muertes evitables ocurridas en gobiernos anteriores, como la de Rosa Elvira Cely en 2012, a quien una ambulancia no recogió sino hasta dos horas después de que ella misma la solicitó, estando gravemente herida! Esa ambulancia no la llevó a urgencias del hospital localizado a pocos metros, sino a otro en un sitio distante. También duelen las muertes evitables bajo la administración de Petro, el autoproclamado líder de un sistema de salud denominado “preventivo, predictivo y resolutivo”.

La crisis de la Nueva EPS se agrava bajo control de Petro

La Contraloría advirtió el 9 de septiembre que la Nueva EPS acumula anticipos sin legalizar por más de 15 billones, facturas sin auditar por 22 billones y deudas con hospitales que comprometen la sostenibilidad del sistema. Tres días después, en alocución presidencial, Gustavo Petro insistió en culpar al pasado, pero los datos revelan un deterioro bajo su propia intervención.

Petro eludió responder a los hallazgos que generaron alerta de la Contraloría sobre la crítica situación administrativa y financiera de la Nueva EPS.
El presidente Petro, en su alocución del 12 de septiembre, recalcó que “la Nueva EPS ha tenido, casi desde el primer día, y casi desde su primera afiliación, una historia de robo” y que se ha cometido fraude con la salud del pueblo. No hay duda de que la historia de corrupción en las EPS es larga y que la Fiscalía deberá definir responsabilidades. Pero el punto que no puede pasar desapercibido es otro: los hallazgos más recientes de la Contraloría prueban que el deterioro se ha profundizado durante el año y medio en que la Nueva EPS ha estado bajo intervención del propio gobierno.

Aunque el informe completo de la Contraloría no se ha dado a conocer al público, en su comunicado del 9 de septiembre, el ente de vigilancia describió un panorama alarmante:

• Anticipos pendientes por legalizar: de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y a $15,27 billones en el primer semestre de 2025.
• Facturas sin auditar: 22,7 millones de registros por $22,1 billones, de los cuales 9,1 millones eran repetidas.
• Cuentas por pagar: $21,37 billones a marzo de 2025.
• Reservas técnicas: subestimadas en $11,1 billones.

Estas cifras no se refieren al pasado remoto de la Nueva EPS ni a la herencia de gobiernos anteriores. Son la radiografía de lo ocurrido bajo el control directo del gobierno nacional desde abril de 2024, cuando la Superintendencia de Salud intervino la entidad. Es aquí donde el discurso presidencial evade la realidad: Petro atribuye el desastre exclusivamente al pasado, pero los números muestran que el desgreño administrativo y financiero se disparó durante su propia gestión.

El espejo de los reclamos de los usuarios

Si las cifras contables de la Contraloría ya eran alarmantes, los datos de la Supersalud completan el cuadro. Entre enero y junio de 2024, la Nueva EPS registró 153.425 reclamos en el régimen contributivo. Un año después, en el mismo período, ya en plena intervención, la cifra saltó a 179.666. En el régimen subsidiado ocurrió lo mismo: de 53.110 quejas en 2024 a 64.750 en 2025.

Es decir, mientras el presidente solo mira al pasado como responsable del saqueo, los afiliados viven un presente de mayor frustración. La intervención del gobierno central no redujo las quejas: por el contrario, las disparó.

Esto debería preocupar al gobierno al igual que cualquier balance maquillado en el pasado. Porque no se trata solo de cifras contables sino de ciudadanos que enfrentan demoras en citas, falta de medicamentos y hospitales ahogados por cuentas impagas. Que una EPS bajo control estatal acumule más reclamos que en los años previos, muestra que la crisis de gestión no se ha corregido; se ha agudizado.

La Resolución 70646 y el riesgo fiscal

El 21 de agosto de 2025, la Superintendencia de Salud expidió la Resolución 70646, modificando los estatutos de la Nueva EPS. A primera vista, se trata de un ajuste técnico que flexibiliza las reglas para la emisión y cesión de acciones. En la práctica, es un paso decisivo para que el gobierno pueda convertirse en accionista mayoritario.

Hoy, el Estado controla el 49,9 % de las acciones, mientras que las cajas de compensación suman el 50,1 %. Con la nueva norma, el gobierno podría hacerse con el control mayoritario o total de la Nueva EPS. No parece ser la medida más oportuna en un momento en que, bajo la Superintendencia de Salud, la Nueva EPS se encuentra al borde del abismo administrativo y financiero.

La responsabilidad de resolver la crisis actual de la Nueva EPS es toda de quien gobierna, independientemente de que haya recibido un lastre de las administraciones anteriores. La Resolución abre la puerta a un riesgo fiscal aún mayor al que la entidad está abocada hoy, sin que se haya intentado siquiera resolver primero sus fallas estructurales. La alerta de la Contraloría debe ser atendida y la solución a las barreras de acceso a los servicios de salud que padecen los 11,5 millones de afiliados a la Nueva EPS como consecuencia de los hallazgos reportados en el informe del ente de vigilancia y control debe ser la prioridad.

La reforma como condición y el enigma de las deudas hospitalarias

En su alocución del 12 de septiembre, Petro fue claro: “señores de la comisión séptima del Senado pueden decidir, mientras ustedes deciden las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar”.  La frase no es menor. Significa que, en el fondo, el presidente condiciona la solución de la crisis de la Nueva EPS y de todo el sistema a la aprobación de su reforma de salud, que apenas inicia trámite en la Comisión Séptima del Senado de la República. El problema es que el presidente Petro no tiene asegurada la mayoría de votos en el Senado, y mientras tanto, la crisis sigue impactando a los usuarios. Lo que debería ser una responsabilidad inmediata del Ejecutivo se traslada al terreno incierto del debate legislativo.

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Al mismo tiempo, los números no cuadran. Según la Contraloría, a marzo de 2025 la Nueva EPS acumulaba deudas con hospitales y prestadores por $21,37 billones. Esto ocurre en un contexto en el que la ADRES asegura que gira oportunamente y por giro directo el valor de la UPC. Para este año, con cerca de 11,5 millones de afiliados y una UPC anual fijada en $1.521.489,60 (contributivo) y $1.323.403,20 (subsidiado), la Nueva EPS debería recibir aproximadamente $16 billones.

¿Cómo explicar entonces que, con semejante flujo de recursos, las deudas a hospitales no disminuyen sino que crecen?

Hay dos lecturas posibles: o la gestión de los recursos es tan deficiente que se transforman en anticipos no legalizados y facturas represadas, o existe un manejo opaco que desvía parte de esos giros sin traducirse en pagos efectivos a los prestadores.

En cualquier caso, la conclusión es la misma: los hospitales se asfixian financieramente, carecen de liquidez y se ven obligados a cerrar servicios o dejar de prestarlos a una Nueva EPS que no les paga. Difícil de creer, pero mientras el Ministro de Salud repite una y otra vez que la plata sí alcanza y que los recursos son girados oportunamente desde la ADRES, los pacientes continúan enfrentando barreras de acceso y sufriendo muertes evitables.

Responsabilidad y cuentas claras

Petro insiste una y otra vez en que heredó un sistema saqueado. Esa afirmación tiene algún sustento pero es sesgada, puesto que también hay un legado de 30 años de un sistema de aseguramiento cuya eliminación improvisada, sin que existan condiciones para reemplazarlo, solo traería más problemas. La historia de corrupción en las EPS y demás agentes del sistema de salud es larga y la Fiscalía debe llegar hasta el final. Pero el comunicado de la Contraloría del 9 de septiembre dejó claro algo que no admite excusas: La crisis de la Nueva EPS se ha agravado bajo la intervención del gobierno.

Las cifras de la Nueva EPS son contundentes: anticipos sin legalizar por $15,27 billones a junio de 2025, 22,7 millones de facturas pendientes por $22,1 billones —9,1 millones repetidas—, cuentas por pagar por $21,37 billones y reservas técnicas subestimadas en $11,1 billones. El desproporcionado incremento en estas cifras ocurrió después de abril de 2024, cuando el gobierno asumió el control directo de la Nueva EPS.

La Contraloría resume con precisión su diagnóstico: “La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud”.

La voz de los usuarios no deja dudas: las quejas, como ya se anotó, crecieron tanto en el régimen contributivo (de 153.425 a 179.666) como en el subsidiado (de 53.110 a 64.750) en el último año. La intervención no redujo los reclamos, los aumentó.

Mientras tanto, la Resolución 70646 del 21 de agosto de 2025 flexibiliza los estatutos de la Nueva EPS para que el gobierno adquiera la mayoría accionaria sin haber corregido los problemas estructurales de gestión.

En conclusión, la Contraloría probó que la intervención no ha ordenado la casa. Al contrario, la Nueva EPS en 2025 ha agudizado su crisis financiera, ha multiplicado las barreras de atención en salud a sus afiliados y terminado por profundizar los obstáculos para una solución política a la necesaria reforma a la salud. La Fiscalía deberá perseguir el delito, ayer y hoy. La Contraloría tendrá que activar la responsabilidad fiscal donde haya mérito. Al gobierno, antes que imponer su modelo de reforma a la salud a retazos mediante decretos y resoluciones, adelantándose a si el Senado de la República la apruebe tal y como el presidente quiere, le corresponde demostrar con hechos que puede frenar la hemorragia financiera y administrativa. País que respeta su sistema de salud no posterga el llamado a responder a incendios: primero los apaga.

La industria farmacéutica transnacional, con lineamientos del Banco Mundial, impulsa un plan para convertir a Colombia en centro regional de ensayos clínicos en América Latina. Documentos y declaraciones empresariales muestran que se busca redirigir recursos públicos, reformar los comités de ética y ampliar la presencia de multinacionales en el sistema de salud.

La Ley 100 introdujo como actores principales en el sistema a las EPS y el modelo de aseguramiento social en salud. En el panorama que se avecina luego del desbarajuste ocasionado con la política implementada por el presidente Petro y sus ministros de salud, las multinacionales farmacéuticas representadas por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO, buscan jugar un rol preponderante en el nuevo sistema de salud que termine por configurarse.

 El objetivo va más allá: “… consolidar a Colombia como un hub regional de investigación” en América Latina. El interés de la industria farmacéutica en este empeño se basa en el hecho de que el mercado farmacéutico latinoamericano es uno de los de mayor crecimiento en el mundo con una población creciente de 660 millones adultos mayores. Interés incentivado por las recientes órdenes ejecutivas expedidas por el presidente Trump con el propósito de acelerar la producción de nuevas medicinas y disminuir los precios de los medicamentos en Estados Unidos, lo que obliga a las grandes farmacéuticas a aumentar los precios y los mercados en el exterior (Executive Order 14273 of April 15, 2025; Executive Order 14293 of May 5, 2025 – Executive Order 14297 of May 12, 2025)

El papel del Banco Mundial

 Si en 1993 la reforma neoliberal de salud en Colombia en beneficio de las compañías aseguradoras en salud fue diseñada por el Banco Mundial, hoy, el Banco ha definido también las líneas centrales de la política de participación de las gran industria farmacéutica en los sistemas de salud en América Latina y el Caribe: 1) Obtener mayor contratación pública que conlleve incremento de compras de sus medicamentos con recursos del Estado, 2) Mantener las normas de propiedad intelectual que protegen las patentes de sus productos farmacéuticos y 3) Aumentar exponencialmente el número de ensayos clínicos que generen nuevos medicamentos y otras tecnologías de salud patentables.

 Las orientaciones del Banco Mundial se han materializado en una estrategia formulada por la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, organización que agrupa “empresas farmacéuticas multinacionales líderes” y que actualmente está bajo la dirección de Yaneth Giha, exdirectora de AFIDRO y Ministra de Educación en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos.

Aseguradoras y farmacéuticas

 El propósito de los grandes laboratorios y compañías farmacéuticas es en primer lugar, articularse a los sistemas de salud y elevar las ventas de sus medicamentos y tecnologías con cargo a los recursos del Estado. Otro documento de la federación es claro al respecto: “El llamado que hacemos desde FIFARMA (…) es que los gobiernos de la región pongan en marcha planes de incremento en sus presupuestos para el sector salud”.

 Aseguradoras y farmacéuticas coinciden en que se aumente el presupuesto general en salud, pero tienen entre sí una contradicción económica. A mayor gasto en medicamentos menor presupuesto disponible para el aseguramiento. En la superficie se clama por el aumento del financiamiento público de la salud y de la UPC para responder a las tutelas, quejas y reclamos de la población, lo cual tiene sentido en la crisis actual de la salud, profundizada en el presente gobierno.

En el fondo, las casas farmacéuticas se aprestan a competir con las aseguradoras por un mayor monto de los recursos del Estado. Esto implica una disputa por los servicios y tecnologías que se incluyan en el plan de beneficios y que se contraten con hospitales y clínicas. A propósito, un riguroso estudio reciente del sistema de salud de Taiwán encontró que a medida que, con recursos del Estado, aumentaron las ganancias de las farmacéuticas, más se afectó la estabilidad financiera de los hospitales.

Más ensayos clínicos en Latinoamérica, parte de la estrategia global de frenar a China

 En este contexto, las multinacionales farmacéuticas han lanzado un plan para convertir a Colombia en tierra fértil que produzca un “crecimiento exponencial” de los ensayos clínicos con los que la industria crea productos farmacéuticos de “innovación” cuyas patentes garantizan altísimos precios y monopolios en el mercado.

 No extraña entonces que el Dr. Ignacio Gaitán, presidente actual de AFIDRO, haya declarado que: “América Latina podría cuadruplicar su participación en estudios clínicos”.  Este plan de expansión de los estudios clínicos en los que se evalúa si un nuevo medicamento tiene efecto preventivo o curativo (eficacia), y si no produce efectos adversos de consideración para la salud de los participantes (seguridad), se encuadra en el reconocimiento por parte de la industria de que “la investigación clínica es una actividad altamente competitiva, que se desarrolla en un entorno global”.

 En particular, para las multinacionales norteamericanas incrementar el número de ensayos clínicos en Latinoamérica se inscribe en la estrategia global de la industria de frenar el avance de China en la Investigación y Desarrollo (I & D) de productos farmacéuticos innovadores.

 En el período 2000-2004, el número de ensayos clínicos iniciados en China (274) fue 40 veces menor que los estudios emprendidos por Estados Unidos (11.830). En el período 2020-2024, Estados Unidos inició 48.192 ensayos clínicos, solo dos veces el número de los estudios iniciados por China (23.137). De continuar su ritmo de crecimiento, China será en corto tiempo el país a la vanguardia en la investigación farmacéutica, lo que tendrá un gran impacto en el mercado global a mediano plazo.

Evolución de los estudios clínicos iniciados en USA, CHINA y América Latina del 2000 hasta 2024

Fuente: Gráfico adaptado por La Tribuna – tomado de Informe FIFARMA – mayo 2025

Las grandes farmacéuticas consideran que Colombia y otros países latinoamericanos ofrecen condiciones muy favorables para su política de competir con China en la investigación de nuevos productos. El gasto público en salud crece, la población es étnicamente y racialmente diversa, el sistema de salud cubre la casi totalidad de la población, los costos de los ensayos clínicos son muy inferiores a los realizados en Europa o Norteamérica.

El gobierno de Gustavo Petro ha visto con buenos ojos el posicionamiento de las multinacionales en el país. Un documento del Ministerio de Salud de 2023 lo plantea: “En Colombia, la investigación clínica patrocinada por la industria farmacéutica ha ido avanzando en los últimos 30 años, posicionándose en el cuarto lugar en Latinoamérica y siendo uno de los países de gran interés por parte de la industria gracias a la infraestructura, calidad de los profesionales de la salud y cobertura del sistema de salud”.

 En consonancia con el Ministerio, el mes de mayo pasado, María Fernanda Velasco, directora médica de Pfizer Colombia informó: “Pfizer ha invertido más de 524.5 millones de dólares en investigación clínica desde 2020, posicionando la región como un punto estratégico para la validación científica de tratamientos innovadores para enfermedades complejas que afectan a muchas personas”. La Doctora Velasco agregó que Pfizer cuenta con más de 300 centros de investigación en Brasil y más de 250 en otros países de la región, incluyendo a Colombia. 

El papel de los Comités de Ética en Investigación

Ahora, multiplicar de manera expedita los ensayos clínicos requiere que los estudios obtengan rápida aprobación por Comités de Ética de la Investigación (CEI).  Estos comités surgieron luego de constatarse la comisión de delitos atroces en los experimentos médicos con prisioneros en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.

Abusos con los participantes en estudios clínicos en campos de concentración en la Segunda guerra Mundial

Posteriormente, en distintos momentos de la historia se ha documentado la existencia de condenables abusos con personas incluidas en diversos estudios clínicos (ver Tabla). Se hizo entonces necesario formular criterios y normas éticas y crear los CEI para garantizar la protección de las personas o pacientes participantes en este tipo de estudios.

Casos emblemáticos de medicamentos retirados del mercado por efectos adversos graves

Las compañías transnacionales de productos farmacéuticos consideran que el funcionamiento de los CEI es lento, que los criterios y normas éticas reguladoras de la investigación clínica se deben unificar internacionalmente y en últimas, que la aprobación de los ensayos debería hacerse en el país “por parte de un único comité”.

La propuesta se orienta a que los CEI sean reemplazados por Organizaciones de Investigación por Contrato o CROs por sus iniciales en inglés (Contract Research Organizations), compañías privadas afines a los intereses de la gran industria farmacéutica.

Los CEI no están exentos de problemas. Un estudio en ocho países latinoamericanos, que hicimos bajo la dirección de Nuria Homedes y Antonio Ugalde, encontró que, tanto en Colombia como en la región, los comités adolecen de falencias que debilitan su función protectora de los participantes, están expuestos a conflictos de interés con los patrocinadores y tienden a no dar prioridad a proyectos de investigación dirigidos a resolver las necesidades de salud de las poblaciones locales.

Sin embargo, un fuerte sistema de comités de ética independientes de la industria, centrado en la protección de los pacientes y en un conocimiento científico que ofrezca garantía de la seguridad y eficacia de los medicamentos investigados, podría dar mejores resultados que comités con protocolos orientados a favorecer la inversión de las multinacionales.

El dilema de Petro, del lado de las transnacionales o de la industria farmacéutica nacional

El gobierno a través del INVIMA convocó a la Primera Mesa Nacional de Investigación Clínica el pasado 11 de junio donde AFIDRO compartió su política de dar pasos adelante en posicionar al país como un hub en América Latina para el desarrollo de medicamentos que puedan ser patentados por las multinacionales farmacéuticas.

La gran industria farmacéutica debe mantener un lugar importante en el sistema de salud colombiano, pero la industria farmacéutica nacional debe fortalecerse.  Las decisiones que se tomen sobre los CEI y las condiciones en que agilicen los trámites del INVIMA y la regularización de los ensayos clínicos van a definir el nivel de incidencia de las multinacionales en el sistema de salud colombiano. Es una prioridad que se revise el capítulo 16 del TLC con Estados Unidos sobre propiedad intelectual. Es fundamental que la investigación clínica con recursos públicos conduzca a productos con patentes nacionales. Es el único camino para que Colombia se ubique en la senda de la seguridad y la soberanía farmacéutica.

El presidente Gustavo Petro presentó al Congreso una nueva consulta popular con cuatro preguntas sobre salud. El objetivo no es mejorar el sistema, sino legitimar su modelo preventivo y desmantelar las EPS. La propuesta aplaza soluciones urgentes, utiliza recursos públicos con fines políticos y carece de condiciones reales para su implementación. Se trata de preguntas cargadas de demagogia, ya que, incluso si fueran aprobadas, no hay garantía de que el Gobierno pueda resolver los problemas que promete abordar.

 Detrás de esas cuatro preguntas, Petro plantea una reforma radical del modelo de aseguramiento social en salud, que incluye, entre otros, los siguientes puntos:

• Política farmacéutica: regulación de precios, compra y producción de medicamentos.
• Desmonte del sistema de salud vigente, eliminación del aseguramiento (EPS) y creación de un pagador único.
• Modelo de Atención Primaria en Salud: programas de prevención y promoción, articulación de los distintos niveles de atención, conformación de redes de prestadores y organización de los servicios.
• Formalización laboral de los trabajadores del sector salud.

 Lo más grave es que las cuatro preguntas se utilizan para reafirmar la equivocada posición del Gobierno, según la cual la única solución a la tragedia que viven a diario pacientes y usuarios en medio de la crisis del sistema de salud es una reforma que establezca el modelo preventivo del presidente Petro. Planteadas de esta forma, las preguntas postergan medidas urgentes, como la corrección de la ineficiencia en la prestación de servicios por parte de las EPS intervenidas por el mismo Gobierno.

Sólo promesas sobre medicamentos y política farmacéutica

La primera pregunta pretende hacer creer al pueblo que, con un simple “sí” como respuesta, el Gobierno va a comprar o producir “los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes”.

 Es demagogia crear esa expectativa cuando, luego de dos años y nueve meses del gobierno del cambio, “la entrega completa y oportuna” de medicamentos es mucho peor que en las administraciones anteriores. Y cuando el ministro de Salud dilata la implementación de los mecanismos ordenados en recientes autos de la Corte Constitucional, orientados a fortalecer la capacidad de compra de tecnologías y servicios en el sistema.

 Desde distintos sectores, esta pregunta fue criticada de inmediato por ignorar la política farmacéutica vigente, la cual —según expertos— contiene herramientas para enfrentar, en primera instancia, la crisis actual en la entrega de medicamentos.

 Para ampliar la producción nacional, se necesitaría invertir en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), un sector que el Gobierno tiene totalmente desfinanciado. El presupuesto para CTI disminuyó un 30 % en términos reales entre 2023 y 2025. Este año, apenas representa el 0,06 % del Presupuesto General de la Nación: el nivel más bajo en los últimos 20 años.

 Si el objetivo es incrementar la producción de medicamentos genéricos, lo primero sería superar las barreras impuestas a la industria farmacéutica nacional por el capítulo 16 sobre propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un tratado que Petro prometió renegociar, pero que su gobierno se ha limitado a revisar superficialmente, sin resultados concretos.

 Si realmente se quisiera avanzar hacia la soberanía farmacéutica que en síntesis consiste en no depender de la importación de productos farmacéuticos, soberanía que proclama Petro, ya se habrían introducido cambios sustanciales en el INVIMA, con el fin de ofrecer garantías reales a la industria farmacéutica nacional.

 Tan alejada de la realidad está la pregunta sobre medicamentos en la consulta de Petro, que su gobierno no se ha pronunciado sobre las nuevas barreras que imponen las órdenes ejecutivas recientes del expresidente Trump, dirigidas a reducir los precios de los medicamentos dentro de Estados Unidos, a costa de que las trasnacionales los encarezcan aún más en países como Colombia.

 Urge renegociar o revisar a fondo el TLC, fortalecer la capacidad instalada de las más de cien plantas farmacéuticas existentes en el país y, además, ir mucho más allá de simples convenios marco o cartas de intención entre el Gobierno y proyectos como VaxThera, en Antioquia, y Bogotá Bio.

Una reforma para eliminar las EPS sin respaldo político

La segunda pregunta sobre salud incluida en la consulta popular inquiere si se está de acuerdo con eliminar la intermediación financiera de las EPS y si la ADRES debe convertirse en la agencia estatal encargada de pagar a hospitales y clínicas.

 La exministra Carolina Corcho ha sostenido la tesis de que las EPS son simples intermediarias de los recursos públicos destinados a la salud, y que no son propiamente aseguradoras. Sin embargo, en esta pregunta, el Gobierno propone que las EPS transfieran a la ADRES la función de compra de servicios de salud, una función que es propia del aseguramiento.

 Es decir, que se pase de un sistema con múltiples pagadores —donde cada EPS actúa como tal— a un modelo con un único pagador: la ADRES. Una contradicción que sólo puede existir en el imaginario de un Gobierno que, por conveniencia política, se ha negado a reconocer que, en Colombia, con la Ley 100, se introdujo el modelo internacional de aseguramiento en salud.

 Esa negación de las EPS como aseguradoras, era conveniente para que Petro se aliara, al inicio de su mandato, con el principal promotor de la Ley 100, César Gaviria, y nombrar como ministro al principal defensor de las aseguradoras en el país, el doctor Alejandro Gaviria.

 Una reforma que elimine el aseguramiento del sistema de salud exige condiciones políticas para aprobarse y ser viable. Así lo demuestra la historia de las reformas en salud en el mundo. Fue así como se creó, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra en 1948, sin aseguradoras, o como, tras años de disputa política, se adoptó en los Países Bajos, en 2006, un modelo de aseguramiento similar al de la Ley 100.

 La pregunta sobre la eliminación de las EPS representa un punto máximo de radicalización del discurso del gobierno en contra de la industria del aseguramiento en salud. Con ella, lo único que han logrado Petro y su ministro de salud es galvanizar un frente amplio del conjunto de los actores del sistema y de los gremios y partidos políticos que los representan.

 Un frente con objetivos justos, el principal de ellos: la salud de los colombianos, pero en el que se corre el riesgo que sean las mismas políticas que dieron origen a la Ley 100 y sus inequidades en salud, sean las que predominen.

La Atención Primaria en Salud de Petro es la misma del Banco Mundial y el BID

La tercera pregunta busca que la ciudadanía se pronuncie a favor del modelo de salud preventivo y predictivo lanzado por Petro en Aracataca, el 3 de noviembre de 2022, cuyo eje central es la política de Atención Primaria en Salud (APS).

Si bien hay un debate pendiente sobre qué tipo de APS conviene al país, formulada en términos generales, nadie en el sector salud se opone ni a la APS ni a la prevención.

Aunque el introducir la APS se presenta como una gran innovación y hasta como una medida revolucionaria del gobierno actual, lo cierto es que Petro y sus ministros de Salud han adherido a la legislación ya vigente sobre APS y a las políticas internacionales definidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2007, en lo que se denomina “APS renovada”.

Desde sus inicios, el Gobierno ha contratado los equipos territoriales de salud con base en el marco jurídico de la Ley 1438 de 2011, cuyo articulado presenta tantas similitudes con la propuesta de reforma de Petro que, según expertos en salud pública como el Dr. Jorge Hernández, no se necesita una nueva reforma para consolidar la atención primaria en el sistema de salud.

La “APS renovada” es una versión revisada de la Atención Primaria lanzada en la conferencia de Alma-Ata en 1978, que, con la llegada del neoliberalismo, fue modificada para adaptarse a la economía dependiente y atrasada de los países del Tercer Mundo.

Lo esencial de esta renovación es que la APS debe integrarse a los sistemas de aseguramiento en salud vigentes en cada país. Esto explica por qué la Ley 1438 de 2011 introdujo la APS en Colombia bajo la tutela de las EPS, y la inclusión de la APS en los planes decenales de salud pública y en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Petro, en realidad, ha dado continuidad —y mayor visibilidad— al modelo de Atención Primaria promovido por la OPS y adoptado por gobiernos anteriores. Al mismo tiempo, mantiene un doble discurso: por un lado, denigra de las EPS y del sistema de aseguramiento en salud, y por el otro, se alinea con las políticas de la nueva alianza entre la OPS, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creada para fortalecer los sistemas de salud de aseguramiento en América Latina mediante la atención primaria.

Dos préstamos recientes al Gobierno de Colombia evidencian que Petro no se diferencia sustancialmente de los gobiernos anteriores en el diseño e implementación de políticas de salud financiadas por la banca internacional. El primero, del Banco Mundial (préstamo No. 1805349), por 304,5 millones de dólares, se hizo público, el 21 de marzo de 2023. El segundo, del BID (préstamo No. 5853/OC-CO), por 150 millones de dólares, se firmó el 8 de octubre de 2024.

Estos préstamos tienen como objetivo fortalecer la resiliencia y la capacidad del sistema de salud actual, con sus EPS y demás componentes, consolidarlo y mejorar el acceso efectivo a los servicios. También buscan financiar el nuevo programa gubernamental “Modelo de Salud Preventivo y Predictivo para una Colombia Potencia Mundial de la Vida, mediante el fortalecimiento de la APS y el aumento del personal de salud en territorios dispersos, rurales o con indicadores deficientes”.

Sin embargo, el dinero parece haber sido insuficiente. Aunque uno de los préstamos establece como resultado esperado “el incremento de CAPS, adecuados con infraestructura, equipamiento y brindando atención”, el actual ministro de Hacienda informó hace pocos días al Congreso que no hay recursos para financiar los Centros de Atención Primaria en Salud. (CAPS).

Demagogia con la mejora de las condiciones laborales y salariales

La cuarta pregunta sobre salud solicita el consentimiento popular para que el gobierno nacional establezca un régimen laboral especial que garantice a empleados y trabajadores del sector salud contratos laborales estables y salarios justos.

Tal parece que Petro no solo propone eliminar las EPS, sino que también tiene en la mira a hospitales y clínicas. Las millonarias deudas acumuladas por las EPS y el propio Gobierno con las IPS han generado desde mandatos anteriores un gravísimo problema de liquidez en las instituciones hospitalarias que continúa sin solucionarse.

El insuficiente aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el presente año obligó a la ACHC y a ACESI —gremios de hospitales privados y públicos, respectivamente— a expresar su rechazo, toda vez que el mismo Gobierno previamente había incrementado el salario mínimo en un 9,54 %, un poco más de cuatro puntos porcentuales por encima del aumento de la UPC (5,36 %).

Dado que entre el 60 % y el 70 % de los gastos del sector corresponden al pago de nómina, es evidente que este desfase entre el ingreso por UPC y el aumento salarial tendrá un impacto negativo en el presupuesto de los hospitales.

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El Decreto 572 del 28 de mayo de 2025, que obliga a los hospitales a pagar impuestos por adelantado, es otra medida que afecta gravemente las finanzas de las instituciones prestadoras. La crisis laboral se sigue agravando, y no se resolverá simplemente con reglamentar un estatuto o decretar mejoras salariales.

En las reformas de salud de Petro se ha propuesto que se otorguen facultades al presidente para reglamentar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la salud. Medida conveniente en campaña electoral y altamente riesgosa en un país donde el financiamiento del sistema de salud debe ser rigurosamente planeado.

Precisamente, un común denominador de las 4 preguntas de salud agregadas improvisadamente a la consulta popular es el no tener en cuenta la crisis financiera del país.  Mientras la deuda externa y el déficit fiscal aumenta todos los días, a Petro parece no importarle la sostenibilidad financiera del sistema de salud a mediano y largo plazo.